Ejecución penal y derechos humanos - Ministerio de Justicia ...

LA EJECUCIÓN DE LA PENA
riores a cualquier organización y normativa, pasa a ser de interés y regulación
internacional, así, se formulan varias declaraciones y suscriben convenios
en los que los Estados se obligan a respetar y garantizar los derechos de
todas las personas bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna.
Si tal como señalamos, el derecho penal es el ámbito en el que más claramente
se refleja el conflicto entre Estado y derechos individuales y, dado
que, “la salvaguarda de la persona frente al ejercicio arbitrario del poder
público es el objetivo primordial de la protección internacional de los derechos
humanos” 51 , la tutela de los derechos humanos durante la ejecución de
la pena reviste especial importancia por ser este campo en el que mayores
violaciones se pueden producir.
Por lo tanto, dada la relación de absoluta sujeción que existe entre la
persona privada de la libertad y el Estado, en vista de que es el Estado el responsable
de los centros en los que se ejecuta la pena y, ya que es el Estado
el que asume la custodia de todas las personas que han sido condenadas, es
indudablemente el Estado el garante directo de los derechos de todas las
personas privadas de la libertad 52 .
En virtud de su condición de garante, el Estado debe reconocer claramente,
tanto en su normativa superior como en la legislación secundaria, que las
personas condenadas al cumplimiento de una pena continúan siendo titulares
de todos aquellos derechos fundamentales que no hayan sido legítimamente
restringidos por una sentencia condenatoria, debe eliminar todas las disposiciones
directamente violatorias de derechos y también las que permitan un
amplio espacio de discrecionalidad y arbitrariedad a las autoridades penitenciarias
y debe crear mecanismos para garantizar la efectividad de los derechos.
Es así como se debe mejorar la condición de las cárceles y no elaborando
tratamientos clínicos y pedagógicos, luchando para que a pesar de la
paradoja intrínseca funcionen de la mano la reclusión con la reinserción,
con la finalidad de transformar a las personas al modelo que la sociedad creó
para los diferentes estratos socio-económicos.
51 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Acosta Calderón, párr. 92, Cfr. Caso Tibi,
párr. 130; Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, párr. 239; y Caso Baena Ricardo y otros.
Competencia. párr. 78.
52 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Petruzzi, párr. 195, Caso Acosta
Calderón, párr. 91, Caso Tibi, párr. 129.
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