Ejecución penal y derechos humanos - Ministerio de Justicia ...

LA EJECUCIÓN DE LA PENA
tema punitivo, ¿acaso ahora el ius puniendi estatal no se fundamenta en el
miedo, en el terror generalizado, en la tan proclamada, mal utilizada y tergiversada
“inseguridad ciudadana”? y más importante aún, ¿no se considera
al sujeto pasivo del sistema penal como el “otro” al que hay que eliminar, la
amenaza al orden constituido, el enemigo? Posiblemente se objetara ante
estas reflexiones que las penas actuales difieren sustancialmente de los crueles
castigos aplicados en el pasado y que su justificación como defensa social
es absolutamente válida pues la peligrosidad de ciertas personas es experimentada
a diario por los buenos ciudadanos. Tales aspectos son temas de un
debate mucho más amplio y con mayor intervención de la criminología en
el análisis; de lo que se quiere dejar constancia aquí es que no hemos abandonado
los elementos presentes en los orígenes del derecho penal y que tales
elementos permitieron ilegítimas intervenciones estatales en la vida de
millones de personas pues fundamentaron un poder punitivo ilimitado, la
realidad demostró los excesos que se pueden cometer en el ejercicio de tal
poder.
2.2. Las penas en el antiguo régimen
En el antiguo régimen la relación entre delito y pecado es absoluta a través
de la concepción de un Derecho Natural que abarca tanto lo espiritual
como lo terrenal; 15 el Estado toma de la Iglesia el concepto de estado en
pecado, el hecho es simplemente la manifestación externa de tal estado y el
proceso inquisitorial la mejor forma de evidenciarlo, su equivalente civil
será la enemistad con el soberano 16 .
El pecado es entonces la base del castigo y en tal virtud éste está dirigido
a la personalidad del infractor, el delito no es una cuestión de acto sino
de autor, y el castigo tiene como finalidad redimir del pecado y enmendar
la personalidad; se fundamenta así la absoluta arbitrariedad de las penas y la
legitimación del poder para imponerlas, no existen parámetros objetivos
para limitar el poder punitivo estatal el cual además se fundamenta en un
derecho superior y natural.
15 Ibíd., pág. 23
16 Ibíd., pág. 21
125