Ejecución penal y derechos humanos - Ministerio de Justicia ...

Introducción
Desde los momentos más remotos que se conocen, se ha podido establecer
una vinculación permanente del ejercicio del poder con el encierro
de todos los excluidos, sean estos propios o extraños al grupo social.
Quien ha estado en el poder, sea este económico, político o social, pretende
eliminar a cualquiera, que aún remota o potencionalmente pueda intentar
cuestionar, o peor aún reemplazar a quien ejerce el poder. Desde esa
constatación, con Michel Foucault, pero no exclusivamente con él, el análisis
de los métodos de ejecución penal pasan por el encierro como condición
necesaria y previa al destierro, el desaparecimiento de las personas, o la
ejecución oficial o extraoficial, en un desfile interminable y permanente de
excluidos, tanto en regímenes llamados democráticos, como y sobre todo,
en cualquiera de las formas de dictadura y totalitarismo. Por eso, desde la
Academia, pasando por la Judicatura consciente o en el análisis de líderes
preocupados de construir alguna forma de humanismo, desde el siglo XIX
y principios del XX, con Concepción Arenal o Pedro Dorado Montero, se
esbozó alguna forma de construcción de derechos para las víctimas de ejecución
penal, en particular para los prisionizados, sea en la sugerencia de la
reeducación, en la resocialización, en la rehabilitación o en la reinserción
social, todo lo cual parte de una base falsa: por lo general los excluidos
mediante cualquier forma de ejecución penal, nunca tuvieron oportunidad
de ubicación personal en el tejido social; por consiguiente, todos los intentos
de reinserción se vuelven imposibles porque previamente había que
“insertarlos”, puesto que jamás tuvieron participación en el grupo social. En
esta visión panorámica y en el clima necesario de forjar una aplicación real
y efectiva de los Derechos Humanos, por fin en el Ecuador se cuenta con
un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dedicado con el máximo