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244 Miguel A. Orti Belmonte
de las aguas que vierten en las calles. Como ciudad agrícola y
de extenso término se ocupan en las Ordenanzas sobre los campos,
montes y los fuegos en la sierra; de los baldíos y tierras
realengas; de la ganadería y de los ganados forasteros que venían
a pastar a sus pastizales. Recogen las ordenanzas de algunos
gremios, que son las más antiguas de la federación gremial,
como las de los jaboneros, sastres, calceteros, zapateros, peleros,
pintores, tintoreros y alarifes.
La copia que conserva al Archivo Municipal, es del 1460 y
es un magnífico códice escrito en letra gótica de 250 folios y
13 de diligencias con rectificación de algunos de sus preceptos.
En 1531 y 1575 se volvieron a codificar las Ordenanzas, pero.
en lo fundainenal siguieron siendo las de Alvarado.
Estos datos del derecho municipal cordobés son completamente
inéditos y nadie se ha ocupado ni estudiado este aspecto
de la vida del Concejo.
En el reinado de. Juan II los tributos y rentas estaban arrendados,
pero no rendían cuentas los arrendatarios. Los Jurados,
con un escribano real que levantó acta, se presentaron ante el
Concejo y denuncian que, el impuesto sobre las carnes y vinos
que se anunció en arriendo en 200.000 maravedís, por seis meses
se había presentado una proposición de 50.000 maravedís
y se, había. admitido, mediante cohecho de 16.500 maravedís que
se dieron a algunos oficiales, y denunciaban también que las
escribanías se daban a personas que las vendían. Las obras de
reparación del puente eran semilleros de robos y latrocinios.
Creó el Concejo impuestos sobre el agua, y el peso de la harina,
lo que motivó protestas. En 1451, quitó a los vecinos de
Córdoba, de la obligación de pagar Almojarifazgo y Almotacenazgo
y ordenó que las rentas de propios se arrendasen públicamente
en subasta y por un año, prohibiendo darlas a censo
por vida.
Las murallas y fortalezas de la jurisdicción de Córdoba era
obligación del Concejo el conservarlas; en 1404 se hicieron
obras a destajo y no habiéndose hecho bien las obras, vino un
juez pesquisidor, el bachiller Juan Arias del Villar, que tomó las
cuentas de las obras realizadas sin que sepamos si hubo condenas,
pero el problema de la conservación de las murallas se
agravó cuando Juan II concedió a don Alvaro de Luna y al Almirante
don Alonso Enríquez las rentas de las Tahurerías, cuyos
ingresos se destinaban a las obras y reparación de las murallas.
El juego estaba muy extendido en todas las clases sociales
y reglamentado por el Ordenamiento de las Pafurerías. Los
Jurados hicieron una eXposición al Rey quejándose de la merced
concedida, y el daño que ocasionaba porque era en deservicio
de Dios y del Rey, pues aplicadas a la reparación de las
murallas, evitaba que los moros pudieran apoderarse de la ciu-