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Economía
Normas & Tributos
Las instituciones de inversión
colectiva se adaptan a la UE
La reforma del Reglamento incluye la definición de IIC
principales y subordinadas y las fusiones transfronterizas
Xavier Gil Pecharromán
MADRID. La Dirección General del
Tesoro ha iniciado el trámite de audiencia
pública del proyecto que
modifica Reglamento de Instituciones
de Inversión Colectiva (IIC),
en el que se incluyen como novedad
las fusiones transfronterizas,
se definen y regulan las ICC principales
y subordinadas y los criterios
para identificar y gestionar los
conflictos de interés.
En el texto normativo se articulan
las reglas que regirán la autorización
de fusiones cuando al menos
una de las IIC fusionadas o la
IIC haya sido autorizada en España,
así como el proyecto de la operación,
la comprobación y validación
por un depositario o un auditor
independiente, las normas
relativas a la información y el derecho
de separación de los partícipes
o accionistas mediante la desinversión,
recompra o reembolso
de sus participaciones o acciones.
El proyecto define e incluye las
IIC subordinadas y principales. Las
primeras son instituciones de inversión
colectiva que hayan sido
autorizadas a invertir, como mínimo,
el 85 por ciento de sus activos
en participaciones o acciones de
otra IIC, que recibirá el nombre de
IIC principal.
La IIC principal deberá contar
entre sus partícipes o accionistas al
menos una IIC subordinada, siempre
que no lo sea ella misma y no
posea acciones ni participaciones
en una subordinada.
Las subordinadas podrán invertir
hasta el 15 por ciento de sus activos
en efectivo, depósitos o cuentas
a la vista en el depositario o en
otra entidad de crédito si aquél no
tiene esa consideración, o en com-
X. G. P.
MADRID. No puede tenerse por efectuado
el depósito de las cuentas
anuales de una sociedad si no se
presenta el correspondiente informe
del auditor de cuentas cuando
en las sociedades no obligadas a verificación
contable se hubiese solicitado
por los socios minoritarios
el nombramiento registral (artículo
366.1.5.° del Reglamento del Registro
Mercantil).
Así, se establece en una resolución
de la Dirección General de los
Registros y el Notariado (DGRN),
de 15 de noviembre de 20011, en la
que se reitera la doctrina de este
Centro Directivo.
En este caso existió tal solicitud,
por parte de los socios minoritarios,
por lo que el registrador Mercantil
aceptó la procedencia del nombramiento,
sin que al presentarse las
cuentas del ejercicio 2009 para su
depósito la sociedad hubiera aportado
el preceptivo informe.
La registradora señaló que faltaba
aportar el informe de auditoría,
según el expediente abierto en base
a una solicitud formulada al amparo
del artículo 265.2 de la Ley de
Sociedades de Capital. Pendiente
de resolución por la DGRN y notificado
por email.
La resolución reconoce que “aunque
es cierto que, como indicó la
representación recurrente, al tiempo
de interponer el recurso gubernativo
que hoy se resuelve la citada
resolución no era definitiva en
vía administrativa, puesto que fue
recurrida en alzada y este Centro
directivo no se había pronunciado
todavía en relación con el citado recurso,
también lo es que, en tanto
dicha decisión se produjo, la Registradora
Mercantil actuó acertadamente
y conforme a derecho, de-
LUNES, 20 DE FEBRERO DE 2012 EL ECONOMISTA
La solicitud de nombrar auditor impide el deposito de cuentas
El Registro deberá
designarlo a instancia
de los minoritarios en
sociedades sin obligación
praventa con pacto de recompra a
un día en deuda pública. También,
podrán hacerlo en instrumentos financieros
derivados con la finalidad
de asegurar una adecuada cobertura
de los riesgos asumidos en
toda o parte de la cartera que pueden
ser utilizados únicamente a
efectos de cobertura. Y, en su caso
en bienes muebles e inmuebles indispensables
para el ejercicio directo
de su actividad, cuando la IIC
sea una sociedad de inversión.
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Finalmente, la futura norma incluye
los criterios para identificar
los conflictos de interés, entre los
que se puede citar como ejemplo
que las personas que controlan la
IIC vayan a obtener una ventaja financieraoaevitar
una pérdida a
expensas de la institución o que
puedan tener un interés diferente
al de la IIC en operaciones con terceros
ajenos a la sociedad.
La política sobre conflictos de interés
se ajustará al tamaño de la IIC.
La notificación defectuosa
será eficaz desde que
el interesado la recurra
El Supremo determina
que la fecha de la
reclamación fija el
inicio de sus efectos
Lucía Sicre
MADRID. Las notificaciones defectuosas
de la Administración, en materia
de impuestos, tendrán efectos
en caso de que el interesado realice
actuaciones que supongan el conocimiento
del contenido de la resolución
o acto objeto de la notificación
o interponga un recurso, por
lo que se fija que surten efecto desde
el momento en que se inicien tales
actuaciones.
Lo establece así una sentencia del
Tribunal Supremo, de la que es ponente
el magistrado Trillo Torres,
y dictada con fecha de 12 de enero
de 2012, en la que se aclara el caso
de una notificación de resolución
de expediente sancionador en el
domicilio personal del administrador
del deudor, que, según éste, “no
puede considerarse válidamente
realizada y, en consecuencia, no debe
conservar el efecto de evitar la
caducidad del expediente sancionador
por el transcurso de más de
seis meses en su resolución”.
En el supuesto de la sentencia, al
demandante le fue notificado el 30
de mayo de 2001 el acuerdo de inicio
de un expediente sancionador
-sin éxito- y, posteriormente, un día
antes de finalizar el plazo para resolver
ese expediente, se le volvió
a notificar en el domicilio personal
del administrador del obligado tributario.
En este contexto, el deudor alegó
que la notificación en el domicilio
del administrador no podía considerarse
válidamente realizada, ya
que “en el expediente sancionador
instruido, así como en el seguido en
el procedimiento de inspección, no
figura la designación del domicilio
del Administrador como domicilio
a efecto de notificaciones”, ni es
tampoco, aseguró, “el domicilio social
o fiscal de la entidad inspeccionada”.
A pesar de ello, la resolución del
expediente sancionador fue notificada
en el domicilio del administrador,
sin que llegara a practicarse
en el domicilio social y fiscal de
la entidad, y sin que fuera recepcionado
por éste. Por ello, entiende
el deudor que “la notificación
que pretende el conocimiento formal
del hecho notificado no se produjo
dentro del plazo legalmente
establecido, sino con posterioridad,
ya que fue recibido por el servicio
doméstico el día en que finalizaba
el plazo de resolución”, cuestión
que el fallo reconoce.
Caducidad del plazo
El fallo aclara la cuestión asegurando
que debe ser la fecha en que
se interpuso la reclamación económico-administrativa
la que se de
considerarse como “de notificación
de la resolución sancionadora” y,
dado que en aquella fecha ya se habían
consumado con anterioridad
los seis meses de plazo legalmente
previstos para las actuaciones sancionadoras,
“procede que, habiendo
éstas caducado, es procedente
el recurso de casación”, en relación
con determinados ejercicios.
Al contrario, el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña había
desestimado el recurso. Sin embargo,
el Supremo recuerda que el
artículo 58.3 de la Ley 30/1992 es
claro al establecer que las notificaciones
defectuosas surtirán efecto
a partir de la fecha en que el interesado
realice actuaciones que supongan
el conocimiento del contenido
de la resolución o acto objeto
de la notificación, o interponga el
recurso procedente, por lo que “no
hay duda” de la caducidad.
negando el depósito de los documentos
contables de la sociedad correspondientes
a dicho ejercicio
económico, puesto que la solicitud
de auditoría se había producido”.
Sobre esta última cuestión, recuerda
la DGRN que, con fecha de
26 de septiembre de 2011, desestimó
el recurso de alzada interpuesto
por la sociedad de referencia contra
la decisión del Registrador Mercantil
que declaró la procedencia
del nombramiento solicitado por
la minoría.