REPUBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL ... - Rama Judicial

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCO
Quibdó, veintiocho (28) de enero de dos mil trece (2013)
REFERENCIA: EXPEDIENTE NÚMERO 2012-00069
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL
ACTOR: YESID MOSQUERA CAMPAS
CONTRA: YESID ALBERTO CHAMAT LUNA
MAGISTRADA PONENTE: NORMA MORENO MOSQUERA
INTERLOCUTORIO No.025
Entra el proceso de la referencia al despacho y se observa en los folios 82 al 85
que el demandante, señor YESID MOSQUERA CAMPAS, solicita que la suscrita
se declare impedida, para conocer del presente asunto y de manera subsidiaria en
el evento de no despachar favorablemente su solicitud imprimirle al presente
escrito el procedimiento dispuesto para la recusación de Magistrados, debido a
que conoció de la acción de tutela que instauró el señor YESID ALBERTO
CHAMAT LUNA.
La Ley consagra el trámite que se le debe dar a los impedimentos y las
recusaciones en las siguientes disposiciones:
Artículo 131 de la Ley 1437 del 2011. Trámite de los impedimentos. Para el
trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas:
“1. El juez administrativo en quien concurra alguna de las causales de que trata el
artículo anterior deberá declararse impedido cuando advierta su existencia,
expresando los hechos en que se fundamenta, en escrito dirigido al juez que le
siga en turno para que resuelva de plano si es o no fundado y, de aceptarla,
asumirá el conocimiento del asunto; si no, lo devolverá para que aquel continúe
con el trámite. Si se trata de juez único, ordenará remitir el expediente al
correspondiente tribunal para que decida si el impedimento es fundado, caso en el
cual designará el juez ad hoc que lo reemplace. En caso contrario, devolverá el
expediente para que el mismo juez continúe con el asunto.
2. Si el juez en quien concurra la causal de impedimento estima que comprende a
todos los jueces administrativos, pasará el expediente al superior expresando los
hechos en que se fundamenta. De aceptarse el impedimento, el tribunal designará
conjuez para el conocimiento del asunto.
3. Cuando en un Magistrado concurra alguna de las causales señaladas en el
artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a
quien le siga en turno si el impedido es este, expresando los hechos en que se
fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o
subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra
fundado, lo aceptará y sólo cuando se afecte el quórum decisorio se ordenará
sorteo de conjuez.

4. Si el impedimento comprende a todos los integrantes de la sección o
subsección del Consejo de Estado o del tribunal, el expediente se enviará a la
sección o subsección que le siga en turno en el orden numérico, para que decida
de plano sobre el impedimento; si lo declara fundado, avocará el conocimiento del
proceso. En caso contrario, devolverá el expediente para que la misma sección o
subsección continúe el trámite del mismo.
5. Si el impedimento comprende a todo el Tribunal Administrativo, el expediente se
enviará a la Sección del Consejo de Estado que conoce del tema relacionado con
la materia objeto de controversia, para que decida de plano. Si se declara
fundado, devolverá el expediente al tribunal de origen para el sorteo de conjueces,
quienes deberán conocer del asunto. En caso contrario, devolverá el expediente al
referido tribunal para que continúe su trámite.
6. Si el impedimento comprende a todos los miembros de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, o de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado, sus integrantes deberán declararse impedidos en forma conjunta o
separada, expresando los hechos en que se fundamenta. Declarado el
impedimento por la sala respectiva se procederá al sorteo de conjueces quienes
de encontrar fundado el impedimento asumirán el conocimiento del asunto.
7. Las decisiones que se profieran durante el trámite de los impedimentos no son
susceptibles de recurso alguno”.
Artículo 132 de la Ley 1437 del 2011. Trámite de las recusaciones. Para el
trámite de las recusaciones se observarán las siguientes reglas:
“1. La recusación se propondrá por escrito ante el juez o Magistrado Ponente con
expresión de la causal legal y de los hechos en que se fundamente, acompañando
las pruebas que se pretendan hacer valer.
2. Cuando el recusado sea un juez administrativo, mediante auto expresará si
acepta los hechos y la procedencia de la causal y enviará el expediente al juez
que le siga en turno para que resuelva de plano si es o no fundada la recusación;
en caso positivo, asumirá el conocimiento del asunto, si lo encuentra infundado, lo
devolverá para que aquel continúe el trámite. Si se trata de juez único, remitirá el
expediente al correspondiente tribunal para que decida si la recusación es
fundada, caso en el cual designará juez ad hoc que lo reemplace; en caso
contrario, devolverá el expediente para que el mismo juez continúe el trámite del
proceso. Si la recusación comprende a todos los jueces administrativos, el juez
recusado pasará el expediente al superior expresando los hechos en que se
fundamenta. De aceptarse, el tribunal designará conjuez para el conocimiento del
asunto.
3. Cuando el recusado sea un Magistrado, mediante escrito dirigido al ponente, o
a quien le siga en turno si el recusado es este, expresará si acepta o no la
procedencia de la causal y los hechos en que se fundamenta, para que la sala,
sección o subsección resuelva de plano sobre la recusación. Si la encuentra
fundada, la aceptará y sólo cuando se afecte el quórum decisorio se ordenará
sorteo de conjuez.
4. Si la recusación comprende a toda la sección o subsección del Consejo de
Estado o del tribunal, se presentará ante los recusados para que manifiesten
conjunta o separadamente si aceptan o no la recusación. El expediente se enviará
a la sección o subsección que le siga en turno, para que decida de plano sobre la
recusación; si la declara fundada, avocará el conocimiento del proceso, en caso
contrario, devolverá el expediente para que la misma sección o subsección
continúe el trámite del mismo.
5. Si la recusación comprende a todo el Tribunal Administrativo, se presentará
ante los recusados para que manifiesten conjunta o separadamente si aceptan o
no la recusación. El expediente se enviará a la Sección del Consejo de Estado que
conoce del tema relacionado con la materia objeto de controversia, para que
decida de plano. Si se declara fundada la recusación, enviará el expediente al

tribunal de origen para el sorteo de conjueces, quienes deberán conocer del
asunto. En caso contrario, devolverá el expediente al referido tribunal para que
continúe su trámite.
6. Cuando la recusación comprenda a todos los miembros de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo o de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado, se presentará a los recusados para que manifiesten en forma conjunta
o separada si la aceptan o no. Aceptada la recusación por la sala respectiva, se
procederá al sorteo de Conjueces para que asuman el conocimiento del proceso,
en caso contrario, la misma sala continuará el trámite del proceso.
7. Las decisiones que se profieran durante el trámite de las recusaciones no son
susceptibles de recurso alguno.
En el mismo auto mediante el cual se declare infundada la recusación, si se
encontrare que la parte recusante y su apoderado han actuado con temeridad o
mala fe, se les condenará solidariamente a pagar una multa en favor del Consejo
Superior de la Judicatura de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales
legales vigentes, sin perjuicio de la investigación disciplinaria a que hubiere lugar.
La decisión, en cuanto a la multa, será susceptible únicamente de reposición”
En sentencia C-881 del 2011, la Corte Constitucional sobre los
impedimentos manifiesta que “la jurisprudencia colombiana ha destacado
el carácter excepcional de los impedimentos y las recusaciones y por ende
el carácter taxativo de las causales en que se originan, lo cual exige una
interpretación restrictiva de las mismas: “Técnicamente, el impedimento es
una facultad excepcional otorgada al juez para declinar su competencia en
un asunto específico, separándose de su conocimiento, cuando considere
que existen motivos fundados para que su imparcialidad se encuentre
seriamente comprometida. Sin embargo, con el fin de evitar que el
impedimento se convierta en una forma de evadir el ejercicio de la tarea
esencial del juez, y en una limitación excesiva al derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia (Artículo 228, C.P.), jurisprudencia
coincidente y consolidada de los órganos de cierre de cada jurisdicción, ha
determinado que los impedimentos tienen un carácter taxativo y que su
interpretación debe efectuarse de forma restringida”.
De conformidad con lo anterior tenemos que el impedimento es una facultad del
Juez y no opera mediante solicitud de las partes, por lo cual, la suscrita
Magistrada no se declarará impedida, para conocer del presente asunto, tal como
lo indicó la sala en el auto interlocutorio número 128 del 5 de diciembre del 2012 1 .
Además el actor solicita la recusación con base en el artículo 130 de la Ley 1437
del 2011 que dice “los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o
serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos:
1. Cuando el juez, su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de
sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
único civil, hubieren participado en la expedición del acto enjuiciado, en la
formación o celebración del contrato o en la ejecución del hecho u operación
administrativa materia de la controversia.
2. Cuando el juez, su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de
sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
único civil, hubieren intervenido en condición de árbitro, de parte, de tercero
interesado, de apoderado, de testigo, de perito o de agente del Ministerio Público,
en el proceso arbitral respecto de cuyo laudo se esté surtiendo el correspondiente
recurso de anulación ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
1 Ver folio 63 al 72 del expediente

3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los
parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad
o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles directivo,
asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran al respectivo
proceso en calidad de parte o de tercero interesado.
4. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los
parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad
o único civil, tengan la calidad de asesores o contratistas de alguna de las partes o
de los terceros interesados vinculados al proceso, o tengan la condición de
representantes legales o socios mayoritarios de una de las sociedades contratistas
de alguna de las partes o de los terceros interesados”.
Artículo 150 numeral 2 del Código de procedimiento civil que dice “son causales
de recusaciones las siguientes:
2. Haber conocido del proceso en instancia anterior, el juez, su cónyuge o alguno
de sus parientes indicados en el numeral precedente”.
El Consejo de Estado y la Corte Constitucional, respecto a las causales de
impedimento y de recusación de los magistrados, en cuanto hayan conocido de
acciones de tutela. Particularmente dijo la Corte Constitucional en la sentencia T-
800/06 2 :
“Como se puede observar esta sentencia, citada por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, está mal interpretada,
pues se refiere a una hipótesis distinta a la ocurrida en este caso concreto.
El supuesto de hecho es diverso, ya que se trata de que el mismo juez que
ha dictado una sentencia, no debe conocer de la tutela contra su propia
sentencia.
Ahora bien, ningún pronunciamiento de un juez dentro de un proceso,
mediante una providencia judicial, constituye prejuzgamiento, falta de
imparcialidad, y no puede dar lugar a recusación o impedimento, ya
que implica el cumplimiento del deber de fallar o proferir decisiones
judiciales, salvo que se de el supuesto de que la demanda de tutela se
dirija en contra de una sentencia que el mismo juez haya proferido.
Además también resulta pertinente resaltar que ni los jueces ni los
magistrados escogen los asuntos que ante ellos se demandan, ya que
éstos les corresponden por reparto. Aceptar la tesis de una causal de
impedimento en esos casos es, a manera de ejemplo, tanto como afirmar
que en la Corte Constitucional los magistrados no pudieran tomar
decisiones en sede de tutela si una norma, relevante en el caso que se
estudia, se encuentra demandada en sede de constitucionalidad.
En este sentido debe recordarse que el debate propio de la acción de
tutela, es decir su objeto, es la protección de los derechos
fundamentales de las personas. Son múltiples las situaciones en las
cuales la contravención de normas legales o reglamentarias no da lugar a la
violación de derechos fundamentales. Así pues, el pronunciamiento de
fondo que hace el juez de tutela –si preserva el mecanismo procesal y no
incurre en su abuso- es acerca de tales derechos. En sentido contrario,
cuando obra como juzgador de la justicia ordinaria o de la contenciosa
administrativa, en principio su juicio es de legalidad (en sentido amplio)
De lo que se concluye –y desea reiterarlo la Sala- que entre dos
procesos, uno tramitado por procedimientos de otras jurisdicciones y
el otro por vía de tutela, por sí sólo no constituye motivo para que el
2 Sentencia 22 de septiembre de dos mil seis (2006), Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, M.P. dr. Jaime Araujo Rentería

juez deba declararse impedido y para que, de no hacerlo, deba
sancionársele disciplinariamente tal y como lo prevé el artículo 39 del
decreto 2591 de 1991.
4.4 Ahora bien, también es claro para esta Corte que los
pronunciamientos emitidos por un juez dentro del cumplimiento de las
funciones que le asignan la Carta Política y la ley, como hacer parte de
las deliberaciones y debates que se lleven a cabo en las
corporaciones, no pueden ser consideradas como causales de
impedimento”.
Por lo anterior no se aceptara la recusación solicitada por la parte actora.
Con fundamento en lo expuesto, el despacho
RESUELVE:
Primero: Niègase el impedimento solicitado por la parte actora, por las razones
antes expuestas.
Segundo: No se acepta la recusación solicitada por la parte actora.
Tercero: vaya el presente proceso al Magistrado que sigue en turno, de
conformidad con el artículo 132 numeral 2 de la Ley 1437 del 2011.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NORMA MORENO MOSQUERA
Magistrada