La interpretación del convenio colectivo - Ministerio de Empleo y ...

La interpretación del convenio
colectivo
(Apuntes de Derecho comparado)
1. LA INTERPRETACIÓN,
PRESUPUESTO DE LA APLICACIÓN
DEL CONVENIO
El convenio colectivo típico es una singular
figura jurídica que aúna el
carácter contractual y el normativo.
Esta extraña mixtura, tan ajena a la naturaleza
de la fuente del Derecho por excelencia,
la ley, tuvo sus orígenes en las construcciones
jurídicas, a caballo entre el Derecho internacional
y los nacionales, de la Vereinbarung, el
acto-regla, la institución-regla o el contratoley,
construcciones cuya aparición fue acogida
con grandes reticencias por la doctrina.
Así, todavía a mediados del siglo XX, el maestro
Federico de Castro incluía a los que empezaron
denominándose «contratos de tarifa»
entre las que él consideraba no más que «pretendidas
fuentes del Derecho», producto a su
juicio de «una moda, más ruidosa que de
general aceptación» 1 ; opiniones más que
explicables en el momento en que se emitieron,
cuando el convenio colectivo se hallaba
rigurosamente prohibido en España y la
* Catedrático de Derecho del Trabajo. Universidad
Complutense de Madrid.
1 F. DE CASTRO: Derecho Civil de España, t. I, Madrid,
1949, págs. 334 y ss.
ALFREDO MONTOYA MELGAR*
autonomía colectiva de sindicatos y organizaciones
empresariales se encontraba sustituida
por un estricto intervencionismo estatal
plasmado, en materia de fuentes del Derecho
del Trabajo, en la figura de las Reglamentaciones
de Trabajo que aprobaba la Administración
laboral para los distintos sectores de
la producción.
El tiempo, sin embargo, se ha encargado
de consolidar aquella extraña y precaria institución
que, de hecho, ha pasado a ser la
norma reguladora más abundante e inmediata
de las relaciones laborales, que todo
intérprete debe consultar ineludiblemente;
norma cuya singularidad es, al tiempo, uno
de los más fuertes rasgos definidores de la
peculiaridad y autonomía del Derecho del
Trabajo.
Tanto en su dimensión contractual como
en la normativa, el convenio colectivo es un
instituto jurídico nacido para ser aplicado en
el doble sentido a que responde su híbrida y
peculiar naturaleza: aplicado como pacto por
los propios sujetos contratantes en lo que refiere
al compromiso obligacional por ellos
contraído, y aplicado como norma a los destinatarios
–trabajadores y empresarios– incluidos
en el ámbito de aplicación del convenio.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 68
101

102
ESTUDIOS
Obviamente, la aplicación del convenio colectivo
presupone su interpretación; para
aplicar el convenio, sea con carácter normal
y pacífico o en situación litigiosa, es necesario
conocer su verdadero sentido, que en esto
consiste la tarea interpretativa.
Si la norma legal no se libra de incurrir en
vaguedades, oscuridades e incluso contradicciones,
tales defectos son más frecuentes en
el caso de la negociación colectiva, cuyos protagonistas
carecen de la cualificada asistencia
técnico-jurídica con que cuenta el poder
público (legisladores y gobiernos) y además
persiguen, por encima de pruritos de rigor
normativo, finalidades prácticas ajustadas
ante todo a la conciliación de sus intereses.
Con frecuencia se observa en el texto de los
convenios (y de los acuerdos bipartitos o tripartitos
derivados de la concertación o diálogo
social, algunos de los cuales operan como
antecedente de la llamada «legislación negociada»)
fórmulas ambiguas que lo son porque
los intereses de los pactantes no han permitido
mayores cotas de precisión. Nuestro maestro
inolvidable, Manuel Alonso Olea, advirtió
este hecho con su lucidez de siempre cuando
explicó que «los pasajes oscuros o poco decisorios
de un convenio colectivo son así porque
las partes que han convenido quisieron que
fueran así, porque fueron incapaces de llegar
a un acuerdo y sabían que si forzaban la
negociación hasta el punto de conseguir la
claridad absoluta, sobre esa claridad absoluta
no iban a poder pactar» 2 . El precio para
alcanzar el acuerdo es, pues, en muchas ocasiones,
la adopción de una «ambigüedad calculada»,
expresión consagrada, por cierto,
para explicar ciertas oscuridades de nuestra
Constitución, que, de haberse optado por
fórmulas más precisas, no hubiera logrado
alcanzar el necesario consenso para su aceptación.
2 M. ALONSO OLEA: «Los principios básicos de la
nueva Ley de Convenios Colectivos», Estudios de Deusto,
Bilbao, 1977, vol. XXV, pág. 10.
2. REGLAS DE INTERPRETACIÓN
DEL CONVENIO
La singular naturaleza mixta o compuesta
del convenio colectivo –contrato con efectos
normativos, o norma de origen contractual–,
explica en buena parte las vacilaciones doctrinales
a la hora de determinar qué reglas
han de aplicarse para interpretar el convenio:
si las propias de la interpretación de la ley, si
las de la interpretación del contrato, si las
primeras para interpretar la parte normativa
y las segundas para interpretar la obligacional
o, en fin, si unas y otras conjuntamente
para interpretar cualesquiera cláusulas,
obligacionales o normativas, del convenio.
Doctrina de autoridad viene poniendo de
manifiesto las diferencias que se derivan de
la aceptación de una u otra postura 3 . Ello con
independencia de los complejos problemas
que plantea, cada una por su lado, la interpretación
de la ley y la interpretación del
contrato.
2.1. Las reglas de interpretación
de la ley
En efecto, por lo que se refiere a la interpretación
de la ley, no hay una posición unívoca
acerca del contenido que deba tener esta
tarea: para unos habría de indagarse exclusivamente
el texto de la norma, lo que las palabras
de la ley dicen; para otros habría que remontarse
a la voluntad del legislador; para
unos terceros, con criterio más sociológico,
sería necesario buscar la interpretación más
congruente con la adecuación social de la norma
al tiempo en que se aplica 4 .
3 Por todos, M.V. RUSSOMANO: «Interpretación de las
convenciones colectivas de trabajo», en el libro Estudios
sobre la negociación colectiva en memoria de Francisco
de Ferrari, Montevideo, 1973, págs. 111 y ss.
4 Una completa síntesis de las teorías sobre la interpretación
de la norma jurídica, en F. DE CASTRO: Derecho
Civil de España, cit., págs. 446 y ss.; N. DE BUEN:
Derecho del Trabajo, I, México, 2002, págs. 473 y ss.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 68

En España rigió, hasta la modificación del
Código civil en 1974, una difusa línea de interpretación
de la ley, basada tanto en criterios
doctrinales –la interpretación gramatical,
lógica, histórica y sistemática de Savigny–
como, en ocasiones, en la recepción de los criterios
de interpretación de los contratos 5 . La
reforma del Código civil llevada a cabo en
1974 supuso la introducción de una serie de
reglas interpretativas de las normas, que se
suman entre sí con criterio ecléctico. Según
el art. 3.1 del Código, los criterios que el
intérprete de la norma ha de seguir en su tarea
hermenéutica son los muy conocidos siguientes:
– el sentido propio de las palabras en las
que se vierte la norma.
– el contexto en el que se inscribe la norma.
– los antecedentes históricos y legislativos
de la norma.
– la realidad social del tiempo en que se
aplica la norma.
– el espíritu y la finalidad de la norma.
No es éste el momento de entrar en las
discusiones doctrinales acerca de la mayor o
menor pertinencia de estos criterios, sobre
los que no hay unanimidad ni siquiera en lo
que respecta a su obligatoriedad; pues para
algunos autores se trata de meras recomendaciones
del Código, mientras que para
otros se está ante auténticos mandatos de
obligado cumplimiento. Menos oportuno aún
sería entrar en el inacabable tema de las
distintas opciones doctrinales, jurisprudenciales
y legales existentes en el Derecho
comparado acerca de los criterios utilizables
para la interpretación de la ley. Bástenos,
como ejemplo próximo y concreto, al que aca-
5 Cf. J.L. LACRUZ BERDEJO et al.: Elementos de Derecho
Civil. I. Parte General. Vol. 1º, Madrid, 1999, págs.
217 y ss.
ALFREDO MONTOYA MELGAR
bamos de referirnos, el art. 3.1 del Código civil
español.
En síntesis, la interpretación de la norma
legal ha de basarse en el sentido gramatical,
incluido el sintáctico, de la proposición normativa,
en el contexto histórico, social, etc.
en que la norma se aplica, y por supuesto en
el fin perseguido por ésta.
2.2. Las reglas de interpretación
del contrato
Si de la interpretación de la ley pasamos a
la del contrato, la gran cuestión es si la diferente
naturaleza de una y otro exige distintos
medios interpretativos. Doctrina consolidada
viene sosteniendo que la interpretación de la
ley tiene carácter objetivo, aplicándose sin
más al texto de la proposición normativa en
sí misma, mientras que la interpretación del
contrato atiende principalmente a la voluntad
de los contratantes. Pese a los intentos de
alcanzar una teoría general de la interpretación
común a la ley y al contrato (Shreier,
Heck, etc.), la doctrina más autorizada entiende
que «no puede llegarse a una absoluta
equiparación» porque «el contrato y la ley son
reglas jurídicas, pero mientras la ley es una
regla abstracta y general, el contrato es un
precepto concreto; y mientras la ley es un
precepto heterónomo, el contrato es un precepto
de autonomía privada», de donde se deduce
que la interpretación de la ley ha de
atender al sentido o significado objetivo de
ésta, mientras que la del contrato ha de indagar
de modo predominante en la voluntad de
los contratantes 6 . De este modo, y sin perjuicio
de admitir un buen número de criterios
interpretativos del contrato de carácter objetivo
(el sentido literal de las palabras cuando
es claro, la opción a favor del sentido más
adecuado, la aplicación de la interpretación
6 L. DÍEZ-PICAZO: Fundamentos del Derecho civil patrimonial.
I. Introducción. Teoría del contrato, Madrid.
1996, pág. 395.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 68
103

104
ESTUDIOS
sistemática, la interpretación de las cláusulas
a la luz de los usos y costumbres 7 ), el Código
civil español incluye criterios interpretativos
subjetivos; así, la interpretación literal
cederá cuando no quede clara la intención de
las partes, en cuyo caso, esto es, «si las palabras
parecieren contrarias a la intención evidente
de los contratantes, prevalecerá ésta
sobre aquéllas» (Art. 1281 CC). El art. 1282
CC completa esta disciplina añadiendo una
regla para entender cuál fue la intención de
los contratantes: «deberá atenderse principalmente
a los actos de éstos, coetáneos y
posteriores al contrato». El art. 1283 invoca el
propósito de los contratantes para interpretar
el alcance de lo pactado. En fin, criterio
interpretativo subjetivo es también el contenido
en el art. 1288 CC cuando dispone que
«la interpretación de las cláusulas oscuras de
un contrato no deberá favorecer a la parte
que hubiese ocasionado la oscuridad».
Desde luego, en aquellos ordenamientos
en que se admite explícitamente –v.g., el belga–
o más bien de facto –caso español– el
convenio colectivo de eficacia limitada, la
opinión dominante le asigna puro carácter
contractual, por lo que las reglas interpretativas
aplicables a sus cláusulas son las propias
y exclusivas del contrato. En el derecho
belga, en caso de discrepancia entre las partes
signatarias del pacto, es frecuente que tal
disidencia se resuelva mediante la suscripción
de un nuevo convenio 8 .
2.3. La interpretación del convenio
colectivo, ¿legal, contractual
o ambas cosas?
Admitiendo las diferencias descritas anteriormente
entre la interpretación de la ley y
7 Arts. 1281, 1284, 1285, 1286 y 1287 CC.
8 Ch. ENGELS y L. SALAS: «La negociación colectiva
en Bélgica», en el libro colectivo de la Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos: La negociación
colectiva en Europa, Madrid, 2004, pág. 72.
la del contrato, sigue en pie la pregunta sobre
si el convenio colectivo ha de ser interpretado
como si fuera un contrato, como si
fuera una norma, o de acuerdo con ambas
naturalezas.
Una respuesta elemental nos llevaría a
afirmar que, puesto que en el convenio colectivo
hay una parte obligacional y otra normativa,
a la primera corresponderían las reglas
de la interpretación contractual y a la segunda
las de la interpretación legal. Frente a este
tipo de respuesta, hace más de treinta años
que el maestro Russomano declaró que «existiendo
o pudiendo existir, en las convenciones
colectivas, cláusulas obligacionales y cláusulas
normativas, sería muy simple que se dijera
que las primeras deben ser interpretadas
según la manifestación conjunta de las partes
y las segundas dentro del sistema de hermenéutica
de las leyes» 9 . En efecto, por mucho
que se diga, con fundamento último en la
famosa frase de Carnelutti que otorga al convenio
alma de ley y cuerpo de contrato, que el
convenio colectivo consta de esta doble naturaleza,
lo cierto es que la institución se configura
de un modo unitario, en muchos sistemas
jurídicos como una auténtica norma (en
otros sistemas, sobre todo en los basados en
la negociación de empresa, el convenio reviste
mero carácter contractual 10 ). Por otra parte,
en aquellos Ordenamientos en que el convenio
colectivo posee una parte obligacional y
otra normativa, la primera suele tener una
significación muy inferior a la segunda, hasta
el punto de que el contenido obligacional
–concretado básicamente en el deber de bue-
9 M.V. RUSSOMANO: «Interpretación de las convenciones
colectivas de trabajo», cit., pág. 112.
10 Tal el caso peruano, en el que, pese a que el Reglamento
de la Ley de Relaciones Colectivas (1992) dispone
que las cláusulas normativas se interpretan como
propias de una ley y las obligacionales como propias de
un contrato, la realidad generalizada se basa en convenios
de empresa puramente contractuales (M. PASCO
COSMÓPOLIS: «Negociación colectiva en el Perú», en el
libro, en prensa, del GRUPO DE LOS 9: La negociación colectiva
en Iberoamérica).
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 68

na fe que vincula a los pactantes, y que puede
concretarse en la adopción de cláusulas de renuncia
a la adopción de medidas de conflicto
colectivo, incluida la huelga– «puede faltar
dentro de la estructura del contrato colectivo
sin que se lesione ni dañe la existencia del
que está conformado sólo de cláusulas normativas»
11 . Como dijo el maestro Alonso
Olea, ya en la primera edición de su Derecho
del Trabajo, el contenido obligatorio del convenio
«ni es necesario ni es típico» 12 en esta
institución; muestra de ello es que hay importantes
sistemas jurídicos –como el francés–
en los que no rige el deber de paz absoluto, de
modo que la celebración de un convenio colectivo
no obliga al sindicato o sindicatos pactantes
a abstenerse durante su vigencia de
realizar actos reivindicativos, sino que sólo
exige «un vago grado de neutralidad» generador
de «una obligación de paz muy aguada» 13 .
El propio Derecho español configura las cláusulas
de paz como meramente facultativas
(Art. 82.2 del Estatuto de los Trabajadores:
las partes del convenio colectivo «podrán regular
la paz laboral a través de las obligaciones
que se pacten»).
Puede decirse que en muchos casos el sincretismo
preside en la práctica las reglas de
interpretación del convenio colectivo, sincretismo
que en principio opera con independencia
de que se esté interpretando una
cláusula obligacional o normativa, aunque
su juego habitual se produzca respecto de la
interpretación de las cláusulas más frecuentes
e importantes, que son sin ninguna duda
las que conforman la parte normativa del
convenio colectivo.
11 A. ARRIA SALAS: Contratación colectiva. Vol. I. Parte
General, Caracas, 1987, pág. 286.
12 M. ALONSO OLEA: Derecho del Trabajo, Madrid,
1971, pág. 331; insistiendo en esta idea en «El concepto
de convenio colectivo», en Estudios sobre la negociación
colectiva en memoria de Francisco de Ferrari, cit.,
pág. 11.
13 J. ROJOT: «Los convenios colectivos en Francia»,
en Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos:
La negociación colectiva en Europa, cit., pág. 124.
ALFREDO MONTOYA MELGAR
En tal sentido, el Tribunal Supremo español
(Sala de lo Social), separándose de la
tesis de la doble interpretación –legal para la
parte normativa del convenio y contractual
para la parte obligacional– viene aplicando
conjuntamente ambos criterios cuando se enfrenta
con la interpretación de un precepto
–normalmente, un precepto normativo– del
convenio. No falta lógica a este método, pues
también la parte normativa del convenio tiene
origen contractual, lo que permite no descartar
el recurso a los criterios propios de la
interpretación de los contratos. Jurisprudencia
reiterada viene así contemplando al
convenio como una unidad –«el convenio colectivo,
aunque surgido de la autonomía colectiva,
tiene en nuestro ordenamiento valor
normativo y eficacia general, de forma que se
inserta en el sistema de fuentes» (STS de 24
de noviembre de 2004)– y declarando en tal
sentido que la interpretación de todas las
cláusulas del convenio debe combinar los criterios
lógico, gramatical e histórico propios
de la interpretación de la ley (Ss. de 6 y 13 de
abril de 1992) con el criterio, propio de la interpretación
del contrato, de la atención a las
palabras y la intención de los contratantes
(S. de 1 de julio de 1994). La doctrina de la
necesaria combinación de los criterios hermenéuticos
normativos y contractuales se
encuentra, entre otras, en las sentencias del
Tribunal Supremo de 20 de mayo de 1997, 13
de junio de 2000 y 19 de septiembre y 10 de
octubre de 2003. Como dice la STS de 20 de
marzo de 1997, reiterada por la de 22 de
marzo de 2004, «en materia de interpretación
de cláusulas de convenios (…) se combinan
las reglas de interpretación de las normas
con las de la interpretación de los
contratos». O, en los términos de la STS de
30 de enero de 2004, al participar el convenio
colectivo de «la doble naturaleza de
acuerdo entre partes y de fuente de derechos
y obligaciones erga omnes, no es suficiente el
único auxilio del corpus iuscivilista para interpretar
la voluntad del órgano representante
de la voluntad de los trabajadores (y
del que representa a los empresarios»), de
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 68
105

106
ESTUDIOS
donde deduce que sin desechar la utilidad de
la indagación de tal voluntad pactante «también
deberá considerarse la vertiente de interés
general que posee la actuación de la representación
de los trabajadores» (y la de los
empresarios). Los criterios hermenéuticos
puramente contractuales, «plenamente válidos
entre sujetos estrictamente privados»
–concluye la citada sentencia– son ineficaces
cuando las partes contratantes asumen «una
voluntad colectiva … cuyas decisiones vinculan
tanto a quienes le otorgaron su representación
como a quienes se la negaron».
En resumen, las reglas interpretativas
de los contratos vendrán a auxiliar a las reglas
de la interpretación normativa cuando
éstas se revelen insuficientes: cuando los
términos de la cláusula del convenio objeto
de interpretación son claros y no plantean
dudas acerca de la voluntad de los pactantes,
huelga entrar en la averiguación de ésta
(SsTS de 2 de febrero de 2000 y 5 de junio
de 2001); y a la inversa, cuando la estricta
interpretación gramatical y sistemática de
aquellos términos ofrezca dudas o parezca
contrariar la voluntad de los contratantes,
habrá de indagarse ésta (STS de 29 de junio
de 1999) 14 .
Algo parecido ocurre en el Derecho holandés,
en el que, si en principio el convenio
se interpreta teniendo en cuenta su carácter
de norma y atendiendo por tanto al contenido
expresado en su texto, la intención de las
partes no deja de tener alguna relevancia,
aunque sea menor 15 .
En ocasiones, la opción sincrética sigue el
criterio inverso, de modo que la interpreta-
14 Cfr. J. GARCÍA BLASCO y A.L. DE VAL TENA: «La negociación
colectiva en España», en Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos: La negociación colectiva
en Europa, cit., pág. 286.
15 I. ASCHER-VONK: «Los convenios colectivos en los
Países Bajos», en Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos: La negociación colectiva en Europa,
cit., pág. 152.
ción utilizada básicamente es la subjetiva o
contractual, aplicándose la legal u objetiva
sólo cuando aquélla no es viable o suficiente;
de este sistema –un ejemplo relevante de él
es el Derecho italiano– se ha dicho que oscila
«como un péndulo» entre el principio de interpretación
objetivista y el subjetivista. En
Italia coexisten, en efecto, opiniones distintas
y cambiantes sobre el tipo de interpretación
que debe presidir la hermenéutica de los
convenios colectivos; mientras que el Tribunal
de Casación es partidario de aplicar las
reglas de interpretación de los contratos,
dando prioridad a la intención de las partes y
atendiendo al texto acordado sólo en defecto
de ésta, otra dirección doctrinal, acogida en
ocasiones por el propio Tribunal de Casación,
se inclina por la tesis objetivista 16 .
En algún otro sistema jurídico se produce
una contradicción entre el tipo de interpretación
que procede legalmente y el que efectivamente
se emplea en la práctica. Tal es el
caso del convenio colectivo brasileño, configurado
como una ley (ley delegada) y de hecho
interpretado como un contrato. Después
de un largo período de dominio de la concepción
contractualista para definir el convenio
colectivo, la actual consideración de éste como
una norma legal lleva a la conclusión de
que las reglas apropiadas para su interpretación
han de ser las instituidas para interpretar
las leyes (interpretación literal, histórica,
sistemática, teleológica, etc.). Sin embargo,
en la práctica los convenios «son interpretados
como los contratos, dándose mayor valor
a la intención de los contratantes que al sentido
literal de las palabras» 17 .
No es posible, por tanto, fijar un común
denominador de valor universal y absoluto,
ni legal ni doctrinal, en cuanto a las reglas
16 B. VENEZIANI: «La negociación colectiva en Italia»,
en Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos:
La negociación colectiva en Europa, cit., pág. 179.
17 Vid. W.D. GIGLIO: «Negociación colectiva en Brasil»,
en el libro, en prensa, del GRUPO DE LOS 9: La negociación
colectiva en Iberoamérica.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 68

adecuadas para interpretar un convenio colectivo.
La diversidad de las posiciones de los
Ordenamientos jurídicos, de los Tribunales y
de los autores, unida a la frecuente e indiferenciada
utilización de reglas interpretativas
legales y contractuales, impiden extraer
una conclusión que pueda englobar a todas
esas posiciones. Quizá éstas sean las razones
por las que, pragmáticamente, se ha declarado
que «la discusión tiene muy poco sentido
práctico», sobre todo porque «la interpretación
de un texto legal se parece mucho a la de
un acto jurídico privado» 18 .
El criterio que viene manteniendo nuestra
jurisprudencia parece adecuado para salir de
una situación que en otro caso sería de excesiva
indefinición. Nos referimos al criterio de
acudir en primer lugar a la interpretación
objetivista, tratando al convenio en su integridad
como una norma, y sólo cuando esa
interpretación no arrojara resultados suficientemente
terminantes, acudir a la indagación
de la voluntad de las partes 19 (expresada,
por ejemplo, en las actas que se hubieran
levantado a lo largo de sus deliberaciones).
De este modo se aunarían la interpretación
normativa y la contractual, por lo demás no
tan alejadas; así, la interpretación literal rige
para leyes (Art. 3.1 CC) y para contratos
(Art. 1281 CC), y del mismo modo que cuando
las palabras de la ley no son suficientemente
claras puede acudirse a los «antecedentes
legislativos» –art. 3.1 CC– (esto es, al
iter seguido por la ley en su tramitación),
cuando la literalidad de las cláusulas contractuales
no basta para entenderlas puede
acudirse a la investigación de la «intención
de los contratantes» –art. 1281 CC–. Los contratantes
son, en la norma convencional, lo
18 Vid. R. ALBURQUERQUE: «La negociación colectiva
en la República Dominicana» en el libro, en prensa, del
GRUPO DE LOS 9: La negociación colectiva en Iberoamérica.
19 Criterio opuesto sigue, sin embargo, el Código civil
italiano en sus arts. 1362 a 1371. Cfr. B. VENEZIANI:
«La negociación colectiva en Italia», cit., págs. 178-179.
ALFREDO MONTOYA MELGAR
que el legislador (usando esta palabra en
sentido amplio: el Parlamento, el Gobierno)
es en la norma estatal; aquéllos no son puros
y simples sujetos de un contrato sino además
poderes creadores de una norma. Por ello,
del mismo modo que puede buscarse el sentido
de la norma legal en sus antecedentes
parlamentarios, puede indagarse el significado
del convenio colectivo en las actas que
documentan su negociación.
2.4. La jerarquía normativa,
la analogía, los principios
del Derecho del Trabajo
y el problema de la selección
del convenio aplicable
En la interpretación del convenio colectivo
ha de tenerse en cuenta, por lo pronto, la jerarquía
normativa, consagrada constitucionalmente
y legalmente en numerosos Ordenamientos
(el español entre ellos). De acuerdo
con ese principio, el convenio ha de adecuarse
a la ley, tanto en su elaboración como en el
respeto de los mínimos legales (Art. 85.1 ET).
Una primera interpretación de la cláusula de
un convenio es la que nos llevaría a pronunciarnos
acerca de su legalidad, e incluso, ascendiendo
en la pirámide normativa, acerca
de su constitucionalidad. De acuerdo con el
principio de jerarquía de las normas, la cláusula
de un convenio que vulnerara derechos
fundamentales sería nula de pleno derecho, e
igual ocurriría con los preceptos que establecieran
condiciones de trabajo inferiores a las
fijadas por norma estatal (p. ej.: salario inferior
al mínimo interprofesional, o jornada superior
a la máxima legal). En tales casos, la
norma ilegal se tendría por no puesta, y el
intérprete debería sustituirla por la norma
legal no respetada por aquélla.
En la interpretación del convenio serán
aplicables los principios generales del Derecho
y los específicos del Derecho del Trabajo.
Así, principios como los de buena fe y pacta
sunt servanda son, obviamente, consustan-
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 68
107

108
ESTUDIOS
ciales a la interpretación y aplicación de todo
convenio; y el principio pro operario, ha de
regir en caso de duda interpretativa de un
precepto convencional. Lógicamente, principios
como el de irrenunciabilidad, el de no
discriminación o el de primacía de la realidad
han de ser tenidos en cuenta en la interpretación
y aplicación del convenio 20 , por
más que algunos de estos principios ofrezcan
recientes muestras de erosión en más de un
Ordenamiento 21 .
El rechazo de la analogía como método de
interpretación del convenio colectivo está
bastante generalizado, y es lógico que así sea
ya que cada convenio posee sus específicos
ámbitos, lo que hace difícil el recurso a la
aplicación analógica de la regla de otro convenio.
En algunos ordenamientos, es la propia
ley la que prohibe la aplicación analógica
(caso del Derecho argentino) 22 . Sólo entre
convenios de ámbitos muy similares cabría
por excepción aplicar la técnica hermenéutica
de la analogía. Menos problemas plantea
la que pudiéramos llamar analogía interna,
esto es, la interpretación de un precepto de
un convenio en relación analógica con otro
que aborde un supuesto semejante dentro
del mismo convenio 23 .
Misión de la labor interpretativa es también
decidir, en caso de existencia de varios
convenios que en principio podrían regir una
determinada relación laboral, cuál es el realmente
aplicable. La concurrencia de conve-
20 Vid. la obra colectiva del GRUPO DE LOS 9, coordinada
por M. PASO COSMÓPOLIS: En torno a los principios
del Derecho del trabajo. Homenaje al Dr. Américo Plá
Rodríguez, México, 2005.
21 W.D. GIGLIO: «Negociación colectiva en Brasil»,
cit. Para el Derecho español, A. DESDENTADO BONETE:
«¿Existe realmente el principio in dubio pro operario?»,
RL, 2003, I, págs. 605 y ss.
22 M. ACKERMAN: «La negociación colectiva en Argentina»
(en el libro, en prensa, del GRUPO DE LOS 9: La
negociación colectiva en Iberoamérica).
23 Sobre esta posibilidad, A. ARRIA SALAS: Contratación
colectiva, cit., pág. 301.
nios constituye en los distintos Ordenamientos
un difícil problema, al que se puede atender
con criterios diversos: aplicando el convenio
más favorable en su conjunto (solución
por la que pueden optar facultativamente las
partes del convenio en ciertos supuestos, en
el Derecho holandés 24 ), o la cláusula específica
más favorable, o el conjunto homogéneo de
cláusulas más favorable, o el convenio más
específico, o el de mayor ámbito, o el primero
en el tiempo, o el más reciente… También se
plantean problemas delicados sobre el convenio
aplicable a los trabajadores de una empresa
objeto de transmisión, fusión, absorción,
etc.; problemas que a veces resuelve el
propio legislador; así ocurre en el Derecho holandés,
en el que las condiciones laborales fijadas
en el convenio de procedencia se mantienen
hasta la firma de un nuevo convenio 25 .
El abordaje de la concurrencia de convenios
en nuestro Ordenamiento excede del propósito
de este estudio, máxime cuando ese tema
es objeto de detenido análisis en otro trabajo
incluido en este mismo volumen 26 .
3. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN
DEL CONVENIO EN INSTANCIAS
PRIVADA Y PÚBLICA
¿A quién corresponde interpretar y aplicar
el convenio colectivo? En primer lugar, y
en todos los supuestos de normalidad laboral,
a los trabajadores y empresarios destinatarios
del convenio. La aplicación cotidiana
de lo pactado por unos y otros presupone un
entendimiento previo –esto es, una interpretación–
de lo que las cláusulas aplicadas sig-
24 I. ASCHER-VONK: «Los convenios colectivos en los
Países Bajos», en Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos: La negociación colectiva en Europa,
cit., pág. 154.
25 I. ASCHER-VONK: «Los convenios colectivos en los
Países Bajos», en Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos: La negociación colectiva en Europa,
cit., pág. 1523-154.
26 Vid. el estudio de J. CRUZ VILLALÓN: «Estructura y
concurrencia entre convenios colectivos».
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 68

nifican. Lo normal es que la interpretación
de ambas partes del contrato de trabajo sea
coincidente, y que, por tanto, la aplicación
del convenio discurra pacíficamente. Sin embargo,
también es posible que trabajador y
empresario discrepen en la interpretación (y,
sucesivamente, en cuanto a la aplicación)
que haya de darse a una determinada regla
del convenio.
En algún sistema europeo de negociación
colectiva –el alemán– tiene un gran protagonismo
en la interpretación y aplicación del
convenio el Consejo de Empresa (Betriebsrat),
que resuelve, por la vía de la cogestión,
conflictos derivados de la aplicación del pacto,
de manera que «tras la firma de un convenio
colectivo se sucede un segundo nivel de
negociación, la codeterminación en la empresa,
que se encarga de adaptar las disposiciones
de la empresa» 27 . De modo similar, en el
Derecho belga los representantes sindicales
–en primera instancia los de la propia empresa;
en su defecto, los representantes externos–
pueden denunciar la inaplicación general
o colectiva del convenio, una vez
frustrada la reclamación ante el propio empresario,
ante el comité de conciliación competente
según el sector productivo al que corresponda
la empresa 28 . Algo parecido ocurre
en el Derecho finlandés donde las discrepancias
sobre interpretación del convenio colectivo
se intentan zanjar en primera instancia
a través de acuerdos entre los delegados sindicales
y los representantes del empresario
29 , y en el ordenamiento italiano, en el que
27 U. ZACHERT: «La negociación colectiva en Alemania»,
en Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos: La negociación colectiva en Europa, cit.,
pág. 48.
28 Ch. ENGELS y L. SALAS: «La negociación colectiva
en Bélgica», en Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos: La negociación colectiva en Europa,
cit., pág. 72.
29 N. BRUUN: «Los convenios colectivos en Finlandia»,
en Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos: La negociación colectiva en Europa, cit.,
pág. 90.
ALFREDO MONTOYA MELGAR
las discrepancias derivadas de la aplicación
del convenio se intentan resolver en principio
mediante acuerdos entre los representantes,
sindicales y unitarios, de los trabajadores
y los representantes de la empresa, y
fracasado ese intento, ante instancias conciliadoras
de composición obrero-patronal 30 .
Por lo que se refiere al Derecho español, el
Comité de empresa y los delegados de personal
están facultados para vigilar el cumplimiento
de los convenios colectivos, ejercitando
en su caso las oportunas reclamaciones
ante el empresario y ante los órganos administrativos
y judiciales competentes (Art.
64.1.9º.a del Estatuto de los Trabajadores).
Naturalmente, también las propias partes
negociadoras del convenio ejercen una lógica
labor interpretativa de éste, para comprobar
si se aplica y cómo su parte normativa y para
analizar, en su caso, el cumplimiento de la
parte obligacional del convenio.
Esta interpretación y aplicación «privada»
conoce en diversos Ordenamientos una forma
institucional, concretada en la figura de
las Comisiones mixtas o paritarias creadas
en los propios convenios colectivos precisamente
para definir, en caso de discrepancia,
la que pudiera llamarse interpretación
auténtica del pacto, asegurando con ello su
recta aplicación 31 . Por el contrario, algunos
sistemas jurídicos –v-g., el finlandés– desconocen
la figura de la comisión paritaria 32 .
Estas comisiones reciben del propio convenio
colectivo su fuerza, en cierto modo reguladora,
complementaria de la eficacia norma-
30 B. VENEZIANI: «La negociación colectiva en Italia»,
en Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos:
La negociación colectiva en Europa, cit., pág. 179.
31 Vid. sobre la regulación de tal figura en nuestro
Derecho, el estudio de F. CAVAS MARTÍNEZ incluido en
este mismo volumen.
32 N. BRUUN: «Los convenios colectivos en Finlandia»,
en Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos: La negociación colectiva en Europa, cit.,
pág. 90.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 68
109

110
ESTUDIOS
tiva del pacto colectivo. El régimen jurídico
de las decisiones interpretativas y decisoras
de dichas comisiones varía de unos Ordenamientos
a otros. En unos casos el legislador
dota de fuerza vinculante a los pronunciamientos
de dichas comisiones, lo que disipa
dudas sobre su obligatoriedad, aunque plantea
con frecuencia el problema de la posible
impugnación de esos pronunciamientos ante
los órganos jurisdiccionales. Hay Ordenamientos
en los que son las propias partes del
convenio las que deciden el alcance que han
de tener las decisiones de las comisiones paritarias,
a saber, si se trata de meras recomendaciones
o de resoluciones vinculantes,
planteándose el problema adicional de la naturaleza
de dichas decisiones cuando las partes
del convenio no formulan ninguna regla
al respecto 33 . La solución más frecuente es
aquella que otorga a las decisiones de las comisiones
mixtas la misma naturaleza y eficacia
que las reglas del convenio colectivo.
También como regla general, el hecho de
que la comisión paritaria emita un pronunciamiento
interpretativo o resolutorio de una
discrepancia no cierra el paso al acudimiento
ulterior a la Jurisdicción, cuando la labor de
la comisión no haya solucionado el conflicto
34 .
Muestra de la gran variedad existente en
cuanto a la naturaleza y configuración de estas
comisiones paritarias es el hecho de que
algún ordenamiento –por ejemplo, el argentino–
supedite la creación de la comisión a la
decisión de la Administración, previa propuesta
de cualquiera de las partes del convenio;
la influencia del poder público en este tipo
de comisiones se manifiesta además en el
hecho de que la comisión esté presidida por
un funcionario público designado por la propia
autoridad administrativa, y de que su la-
33 Vid. al respecto, R. ALBURQUERQUE: «La negociación
colectiva en la República Dominicana», cit.
34 Así, W.D. GIGLIO: «Negociación colectiva en Brasil»,
cit.
bor interpretativa pueda desenvolverse a
instancia de las partes del convenio o de la
propia Administración laboral 35 . El Derecho
europeo de la negociación colectiva conoce
también estas comisiones mixtas creadas en
los convenios colectivos para resolver discrepancias
surgidas de la aplicación de determinadas
cláusulas (por ejemplo, en materia de
clasificación profesional); así ocurre en el Ordenamiento
alemán, en el que, a falta de una
regulación legal uniforme de la materia, son
los convenios sectoriales los encargados de
definir las competencias de dichas comisiones
36 ; también en el Derecho francés las partes
del convenio pueden crear comisiones
conjuntas de interpretación de éste 37 . Por lo
que se refiere al Derecho español, el Estatuto
de los Trabajadores reconoce expresamente
la competencia de las comisiones paritarias
para conocer y resolver «los conflictos derivados
de la aplicación e interpretación con
carácter general de los convenios colectivos»
(Art. 91) 38 , fórmula con la que se quiere indicar
que a dichas comisiones corresponde una
labor de interpretación y aplicación general
de las cláusulas convencionales, sin que sea
misión suya dirimir litigios individuales derivados
de la aplicación del propio convenio
colectivo, cuya solución corresponde a la jurisdicción.
Muestra de la importancia que el
Estatuto de los Trabajadores reconoce a estas
comisiones es el hecho de que su constitución
forma parte del contenido mínimo obligatorio
de todo convenio colectivo; como dice
el art. 85.3.d del citado Estatuto, los convenios
han de designar una comisión paritaria
de la representación de las partes firmantes
35 Cfr. M. ACKERMAN: «La negociación colectiva en
Argentina», cit.
36 U. ZACHERT: «La negociación colectiva en Alemania»,
cit., pág. 48.
37 J. ROJOT: «Los convenios colectivos en Francia»,
en Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos:
La negociación colectiva en Europa, cit., pág. 128.
38 Vid. en este mismo volumen, el trabajo de F. CA-
VAS MARTÍNEZ: «Las comisiones paritarias y la solución de
los conflictos laborales…», etc.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 68

del pacto. En caso de que la comisión paritaria
no logre alcanzar una solución sobre la interpretación
y aplicación del convenio, puede
instar la iniciación de los procedimientos de
solución de conflictos a cargo del Servicio Interconfederal
de Mediación y Arbitraje 39 . En
último término, los conflictos jurídicos derivados
de la interpretación y aplicación del
convenio pueden ser planteados ante los órganos
de la jurisdicción laboral a través del
proceso de conflicto colectivo.
Junto a las comisiones paritarias, ejercen
una importante función en la aplicación (y
por tanto en la interpretación) de los convenios
colectivos los procedimientos de conciliación,
mediación y arbitraje, tanto públicos
como privados, voluntarios como obligatorios.
Muestra de ellos en el Derecho español
son los regulados en el citado III Acuerdo sobre
solución extrajudicial de conflictos laborales.
Algunos sistemas de relaciones laborales
atribuyen a la Administración la función de
interpretar el sentido del convenio, así como
la de controlar su cumplimiento y, como consecuencia
de ello, plantear las oportunas denuncias
ante los tribunales 40 . En otros Ordenamientos
–entre ellos, el español vigente–
la Administración carece de potestad interpretativa
sobre el convenio colectivo, a diferencia
de lo que ocurrió con anterioridad a la
promulgación del ET, en la que el hecho de
que el pacto fuera aprobado u homologado
39 La materia está regulada actualmente por el III
Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales
(ASEC III, de 29 de diciembre de 2004, con vigencia
hasta 31 de diciembre de 2008, suscrito por la
Unión General de Trabajadores y la Confederación Sindical
de Comisiones Obreras, de un lado, y por la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales y
la Confederación Española de la Pequeña y Mediana
Empresa).
40 En este sentido, E. MORGADO VALENZUELA: «La negociación
colectiva en Chile» (en el libro, en prensa, del
GRUPO DE LOS 9: La negociación colectiva en Iberoamérica).
ALFREDO MONTOYA MELGAR
por la Administración justificaba que ésta
ejerciese una suerte de interpretación auténtica
de las cláusulas del convenio. La Administración
española no tiene otra intervención
que la de registrar y depositar el
convenio; en el caso de que encontrara en él
cláusulas ilegales o gravemente lesivas del
interés de terceros, se limitaría a ponerlo en
conocimiento de la Jurisdicción laboral (Art.
90.5 del Estatuto de los Trabajadores). Por
otra parte, en nuestro Derecho, la Administración
laboral puede imponer a los empresarios
sanciones administrativas por incumplimiento
del convenio, sin perjuicio de poder
promover simultáneamente el llamado «procedimiento
de oficio» ante la jurisdicción, con
el fin de defender los intereses de los trabajadores
perjudicados.
En fin, la modalidad típica de interpretación
oficial del convenio colectivo es la jurisdiccional.
Con independencia de que puedan
existir sistemas privados de interpretación
del convenio –a cargo de las comisiones paritarias
o de otras instancias conciliadoras,
mediadoras o arbitrales–, la última instancia
interpretativa del pacto es la judicial. El
debate acerca de si la decisión interpretativa
privada puede tener naturaleza de cosa juzgada
impidiendo el ulterior acceso a la jurisdicción,
se zanja mayoritariamente en sentido
negativo, atribuyendo la última facultad
revisora, con cauces procesales más o menos
estrechos, a los órganos judiciales.
La labor judicial de interpretación y aplicación
general de los convenios colectivos
viene discurriendo por dos cauces fundamentales:
el proceso colectivo para obtener la interpretación
y aplicación generales o, en su
caso, la anulación de una cláusula convencional
(o del convenio en su integridad) y los
procesos individuales sobre aplicación del
convenio. Algunos sistemas jurídicos –el español
entre ellos– regulan procesos laborales,
de los que conoce la jurisdicción social,
habilitados tanto para la solución de conflictos
colectivos derivados de la interpretación
y aplicación general del convenio como para
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 68
111

112
ESTUDIOS
la impugnación de convenios que contengan
cláusulas ilegales o lesivas de intereses de
terceros, procesos estos últimos que pueden
concluir con sentencia que declare (o no) la
nulidad de la cláusula impugnada. La naturaleza
colectiva de estos procedimientos determina
que la legitimación activa para promoverlos
corresponda a sujetos colectivos
(organizaciones sindicales o empresariales y
órganos de representación de los trabajadores);
lógicamente están legitimados para pedir
la declaración de lesividad del convenio
los terceros perjudicados por él. En otros sistemas
jurídicos, como el francés, se produce
una escisión entre los órganos judiciales que
conocen de la interpretación general de los
convenios y de los litigios entre los firmantes
de éstos sobre la parte obligacional del pacto
–los tribunales civiles ordinarios– y los que
resuelven los conflictos individuales de aplicación
del convenio colectivo –los tribunales
laborales o Conseils de prud’hommes– 41 . En
Italia, los órganos de la jurisdicción ordinaria
conocen tanto las reclamaciones sobre
aplicación general del convenio como sobre
aplicación individual 42 .
41 J. ROJOT: «Los convenios colectivos en Francia»,
en Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos:
La negociación colectiva en Europa, cit., pág. 129.
42 B. VENEZIANI: «La negociación colectiva en Italia»,
en Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos:
La negociación colectiva en Europa, cit., pág. 178.
La vía judicial más frecuente de interpretación
y aplicación de los convenios es la que
tiene su origen en demandas individuales de
derechos reconocidos en las cláusulas normativas
de los convenios. De este modo, la vulneración
de un precepto del convenio en un
caso concreto abre la vía del proceso individual
de trabajo, a través del cual el trabajador
presuntamente perjudicado puede ejercitar
una acción, bien declarativa bien de
condena al empresario infractor. Así ocurre
en el Derecho español y en el Derecho belga,
en los que tales acciones son conocidas y resueltas
por los órganos especializados de la
jurisdicción social, que incluso pueden declarar
inaplicable una cláusula convencional
por oponerse a una regla de superior jerarquía
43 ; también ocurre así en el Derecho finlandés,
en el que los Tribunales de Trabajo
pueden imponer multas compensatorias a los
empresarios (y, al menos en teoría, también a
los trabajadores) que infrinjan lo convenido
colectivamente 44 . En el Ordenamiento francés
los conflictos individuales derivados de la
aplicación de los convenios colectivos son conocidos
por la peculiar jurisdicción social de
los Prud’hommes 45 .
43 Ch. ENGELS y L. SALAS: «La negociación colectiva
en Bélgica», en Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos: La negociación colectiva en Europa,
cit., pág. 73.
44 N. BRUUN: «Los convenios colectivos en Finlandia»,
en Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos: La negociación colectiva en Europa, cit.,
pág. 91.
45 J. ROJOT: «Los convenios colectivos en Francia»,
en Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos:
La negociación colectiva en Europa, Madrid,
2004, pág. 129.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 68

ALFREDO MONTOYA MELGAR
RESUMEN Partiendo de la naturaleza dual del convenio colectivo –contrato y norma–, se estudian, a
la luz del Derecho comparado, las reglas propias de la interpretación de cada una de estas
figuras jurídicas, así como los criterios doctrinales y jurisprudenciales sustentados al respecto.
El autor propone, como regla hermenéutica, acudir en primer lugar a la interpretación
objetivista, tratando al convenio en su integridad como una norma, y sólo cuando esa
interpretación no arroje resultados suficientemente terminantes, acudir a la indagación de
la voluntad de las partes.
Tras reflexionar brevemente sobre diversas cuestiones atinentes a la interpretación del
convenio –la jerarquía normativa, la analogía, los principios del Derecho del Trabajo y el
problema de la selección del convenio aplicable–, el presente trabajo concluye con unas
observaciones sobre la interpretación y aplicación del convenio por instancias públicas y
privadas.
REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 68
113