VOLVER A INVENTAR LA COMPAÑIA PERIODÍSTICA ...

Para encarar la situación, la SIP creó el Proyecto de Inmunidad (www.impunidad.com), en
donde se documentan los casos de asesinatos de periodistas y se someten los datos a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
La comisión ha dictado en varios casos fallos decisivos para poner de relieve el problema de
la impunidad.
La SIP instauró también la Unidad de Respuesta Rápida, compuesta de cuatro periodistas
independientes que se ponen a investigar de inmediato cualquier atentado criminal importante
contra miembros de la prensa.
Hay otros problemas menos definidos que se sitúan en una zona más gris que claramente
blanca o negra.
“Ya quedaron atrás las épocas en donde los gobiernos clausuraban periódicos y encarcelaban
a editores sin razón alguna,” dijo Pederson. “Pero se ejercen ahora, en cambio, presiones de
índole más sutil. Vemos países donde la prensa es víctima de juicios y de leyes de prensa de
tipo restrictivo y represivo, y vemos la presión que están ejerciendo ciertos gobiernos sobre
los periódicos a través de medidas económicas, incluyendo la manipulación de publicidad
gubernamental.”
Entre los casos estudiados cabe citar:
Venezuela
La nueva constitución incluye provisiones para el “derecho a la réplica” y el “derecho a
información oportuna y verídica.” Ambas provisiones parecen justas y razonables en la
superficie, pero suelen usarse como instrumento de castigo y de restricción.
“Lo más frecuente es que se pretenda que cualquier error de hecho sea rectificado con un
artículo de la misma extensión e importancia que el original,” dijo Pederson. “Peor aún, el
llamado derecho a la omisión constituye a menudo parte del acuerdo. Si alguien dijo algo que
no se publica, se espera que el periódico asuma la responsabilidad de publicar la parte omitida
como corrección o clarificación.”
El derecho a la información verídica aparece como una Nueva Orden de Información Mundial
recauchutada, explicó Pederson. “¿Se trata de la verdad de quién? ¿Y según los objetivos de
quién? ¿Y quién es el juez? Es una ley que da amplio lugar a abusos.”
Perú
Pederson citó el caso de Baruch Ivcher, el propietario del Canal 2 de televisión en Lima. “El
canal trasmitió unos importantes boletines sobre las actividades del gobierno, incluyendo
denuncias de tortura contra oficiales del Servicio de Inteligencia del Ejército, de escuchas
telefónicas sistemáticas de conversaciones de periodistas, autoridades gubernamentales y
políticos de la oposición, y del sueldo anual de un millón de dólares recibido por el jefe de
inteligencia de Fujimori.”
Se le hizo a Ivcher un juicio a resultas del cual se le revocó la ciudadanía peruana, se lo
expulsó del país, y se pasó el Canal 2 a manos de un gerente más transigente. “El Sr. Ivcher,
radicado actualmente en Miami, está aún buscando una reparación internacional por las
injusticias cometidas contra su persona,” dijo Pederson.