Fuentes del derecho internacional de los derechos humanos

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Fuentes del derecho internacional de los derechos humanos
El Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas ha completado los estándares internacionales
sobre consulta 67 puntualizando que:
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En todos los casos en que una medida propuesta afecte los intereses particulares de los pueblos indígenas, la
obtención de su consentimiento deberá ser la finalidad de las consultas.
Los principios de buena fe han sido concebidos para crear un diálogo en el que los Estados y los pueblos indígenas
puedan trabajar con miras al logro del consenso y procuren seriamente llegar a un acuerdo mutuamente
satisfactorio.
Los pueblos indígenas afectados podrían estar justificados para abstenerse de dar su consentimiento en relación
con una iniciativa propuesta, y dicha iniciativa no debería ponerse en práctica sin el consentimiento de éstos,
si el Estado no ha demostrado que los derechos de los pueblos indígenas afectados estarán debidamente protegidos
en virtud del proyecto propuesto, o si el Estado no ha adoptado las medidas adecuadas para mitigar los
efectos adversos del proyecto propuesto.
En esencia, el derecho a la consulta implica la obligación a cargo de las autoridades del Estado de iniciar un
proceso de diálogo en el que participen todas las personas indígenas que estuvieran en posibilidad de verse
afectadas en el goce y ejercicio de sus derechos por causa de la realización de ciertas acciones o proyectos
que pudieran impactar o modificar sus condiciones de vida.
Si bien el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no prevé reglas estrictas sobre cómo deberían
llevarse a cabo dichos procesos de consulta, el principio general consiste en que los procesos de consulta
se deben adecuar a las circunstancias y características concretas de las personas participantes y respetar un
conjunto de pautas en virtud de las cuales se exige que el proceso de consulta sea libre, previo, informado,
de buena fe y participativo, conforme a la siguiente interpretación: 68
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Libre, implica que en el proceso no haya coerción, intimidación ni manipulación de ningún tipo sobre los
participantes.
Previo, implica que el proceso se inicie con suficiente antelación a cualquier acción de parte de las autoridades.
Informado, implica que se proporcione información clara, veraz, oportuna y exhaustiva sobre las acciones que
se llevarán a cabo y sobre cómo se afectarán los derechos de los participantes en la consulta.
Buena fe. En el ámbito del derecho, se entiende por “buena fe” la sinceridad u honestidad de las partes en su
actuación; por lo tanto, podría aplicarse en este ámbito como la obligación del Estado de realizar la consulta en
un clima de confianza, con la intención de tomar en cuenta la opinión que expresen los pueblos indígenas sin
que se les pretenda engañar, traicionar o brindar información sesgada o parcial.
67 onu-Asamblea General, Reporte a la Asamblea General del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y la libertades
fundamentales de los indígenas (reporte de actividades: el impacto de las industrias extractivas en los pueblos indígenas), James Anaya.
Doc. A/66/288, 10 de agosto de 2011, párrs. 77-86.
68 Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la onu, Informe del Seminario internacional sobre metodologías relativas al consentimiento
libre, previo e informado y los pueblos indígenas, 2005. E/C.19/2005/3.