Cartografi?a social 129-159:Maquetación 1 - Fundación La Salle

ANTROPOLÓGICA 2010
TOMO LIV n° 114: 129-159
Introducción
Cartografía Social y Territorio
en América Latina - Memorias
del Seminario de Rio de
Janeiro, julio 2010
Recibido: 11/01/2011. Aceptado: 21/02/2011
Edwin Muñoz Gaviria y
Luz Stella Rodríguez Cáceres
El presente documento es el resultado de la sistematización de las
presentaciones e intervenciones en el seminario de Cartografía Social y
Territorio en América Latina, realizado en Río de Janeiro entre el 21 y 23
de julio de 2010 y promovido por el Laboratorio ETTERN/IPPUR/UFRJ
(Laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza do Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional-Universidade Federal do Rio
de Janeiro) con el apoyo de la Fundación Ford.
Al proponernos la organización de las memorias del seminario,
optamos por un texto que pudiera contener de mejor manera los valiosos
aportes que se fueron sumando en el desarrollo del evento. Para tal fin, el
camino seguido no fue el registro por separado de las diferentes ideas
expuestas en las mesas y discusiones, sino más bien, el examen de los
contenidos y la identificación de cuestiones centrales en torno a las cuales
se desarrollaron las refle-xiones del seminario, por esta razón la
presentación de los expositores se irá dando a lo largo del texto. El
resultado del ejercicio es una síntesis que esperamos se constituya en
una contribución a la reflexión y el debate sobre la cartografía social en
América Latina.
El contenido de la memoria se estructura en cuatro secciones que
corresponden a igual cantidad de cuestiones centrales identificadas. En
la primera sección se aborda el tema de las epistemologías sobre el
territorio y sus representaciones, donde se despliega una discusión sobre
los paradigmas y cosmovisiones que se encuentran y desencuentran en
los procesos de cartografía social. En la segunda sección se emprende una
descripción de los contextos y conflictos territoriales específicos a las
experiencias cartográficas, así como un análisis de los sujetos políticos
que en este proceso se construyen. Este tema da pie para señalar algunas
diferencias que se presentan entre las experiencias brasileñas y las

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hispanoamericanas. Luego, en la tercera sección, se aborda una discusión
relacionada con la disputa propiamente cartográfica y las cuestiones de i)
si es posible o no un diálogo entre prácticas cartografías en condiciones
desiguales de poder, ii) de cómo se usa la información cartográfica y iii) de
cuáles serían sus potencialidades y riesgos. Posteriormente en la cuarta
sección, se presenta la discusión sobre las formas diferenciadas en que,
desde las diversas experiencias, se considera la contribución que la cartografía
social está realizando a los procesos de autonomía y de “empoderamiento”
de los sujetos. Finalmente, a modo de conclusión, se plantean
inquietudes e interrogantes que quedaron abiertos con el seminario, así
como algunos desafíos que se vislumbran para la cartografía social en
América Latina.
Epistemologías del territorio y sus representaciones
La cartografía social puede ser entendida como la apropiación de
técnicas y modos de representación cartográficos modernos por parte de
grupos sociales en desventaja para hacerse visibles como etnia o
identidad territorializada, posicionar su visión sobre el territorio y reivindicar
tierras, territorios y acceso a recursos naturales. De este modo, ella
confronta aquella cartografía “oficial”, sin sujeto, que tradicionalmente
había permanecido en manos del Estado y a su servicio; y monopolio,
según Alfredo Wagner de Almeida (Brasil, investigador del Proyecto Nueva
Cartografía Social, Universidad Federal del Amazonas) de los institutos
geográficos nacionales y las fuerzas militares y recientemente de
empresas.
Sin embargo, a la luz de las exposiciones sobre las perspectivas y los
intereses involucrados en la cuestión dentro del contexto latinoamericano,
con sus variados agentes, locales o globales, comunitarios o
estatales, esta primera definición que articula la apropiación de técnicas
modernas de representación espacial y la función social de defensa
territorial, podría funcionar como punto de partida, pero sería insuficiente
para abarcar la complejidad de las experiencias de Latinoamérica
presentadas en el seminario, pues la cartografía social se redefine continuamente
en razón de las prácticas de los actores sociales que se
vinculan a ella de manera diferenciada.
En las discusiones relacionadas con la definición de cartografía social,
una de las más significativas giró en torno de la problematización de los
conceptos. En primer lugar, fue colocado en discusión el adjetivo “social”,
el cual nos ha llevado a un tipo de encantamiento o de salida humanista
que enfrentaría la racionalidad burocrática y científica de la cartografía

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moderna. Se ha enfatizado (intervención de Patricia Vargas, antropóloga
acompañante del proceso de la Asociación del Consejo Comunitario
General de Nuquí Los Riscales y coordinadora de la formulación del
Proyecto Etnoeducativo e Intercultural, Colombia), para eso, el carácter
social ineludible de toda cartografía, y este contrapunto resultó imprescindible.
Siguiendo el razonamiento de Brian Harley, cabría no olvidar que
los mapas siempre estarán relacionados al orden social al que pertenecen,
expresando el espíritu social de la época y del lugar. En este sentido, los
mapas siempre son culturales y sociales porque manifiestan procesos
intelectuales, artísticos, de conocimiento, de poder, permitiendo interpretar
formas de posicionarse en el mundo.
Sin embargo, al considerar la propuesta de clasificación de
“cartografías modernas” y “cartografías propias” 1 propuesta por Patricia
Vargas, no se podría desconocer que las “cartografías propias”, al
desarrollarse en contextos de confrontación con el Estado, o con emprendimientos
económicos de distinto orden, tienen también su carácter
moderno. Por otro lado, al intentar rescatar el sentido de lo “propio” en
diferentes culturas, vemos que éstas no siempre se reconocen internamente
como categorías cartográficas, porque están ligadas a formas
cosmogónicas de concebir y posicionarse en el mundo y a las distintas
maneras de construir conocimiento. A partir de distintos ejemplos, se
hace posible explorar los modos de representación y percepción del
territorio, donde el mapa aparece apenas como una más entre otras
formas de representación y concepción espacial.
Carl Sauer destacó que la infalibilidad de la imagen contenida en el
mapa está dada por su eficacia en la comunicación, más allá de palabras
y textos, en tal grado de síntesis, que le permite expresar varias ideas al
mismo tiempo y en un pequeño espacio. En síntesis, la cartografía cualquiera
que ella sea nos permite conocer la imagen del mundo que tiene y
adquiere un individuo o un grupo determinado.
No obstante, la contundencia del mapa nos aparta de la comprensión
de otras formas de concepción del espacio, las cuales se desdoblan en
maneras alternativas de representar el territorio. Estas formas de representación
se encuentran ligadas, de acuerdo a Martín Vidal (líder indígena
de la Asociación de Autoridades de la Ukawesx Nasa Cxab de Caldono
Cauca, Colombia), a epistemologías culturalmente diferenciadas donde el
territorio, por ejemplo, es antes que cartografiado, tejido, recorrido,
cantado, bailado, soñado, narrado y hasta incorporado. Estaríamos antes
que nada frente a matrices de pensamiento contrastivas de las formas de
concepción de tiempo y espacio empleadas en occidente.
1 Aquéllas que todos y cada uno de nosotros llevamos para ubicarnos en el mundo (ibid).

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Es bajo la epistemología occidental que es posible la concepción de un
espacio despojado de eventos y prácticas, que alimenta la lógica del territorio
como un vacío. Vale la pena retomar aquí las ideas de Sack (1986) 2
para quien dicha abstracción permite la delimitación de fronteras claras
y precisas, las cuales surgen cuando las sociedades tienen la estructura
tecnológica y geométrica para representar el espacio como neutro e
independientemente de los eventos. En la conquista y colonia de América,
por ejemplo, los mapas se anticiparon a la ocupación del territorio. La
dominación fue primero nominal, marcando fronteras sobre los horizontes
y deseos de ocupación y señorío (intervención de P. Vargas). El
análisis de la cartografía histórica, que es el antecedente inmediato de la
cartografía moderna, nos lleva a comprender que la consolidación del
Estado-nación necesitó acallar las diferencias para conseguir afirmarse.
Para Martín Vidal el sistema cartesiano de representación del mundo,
característico de la civilización occidental, encarna un “problema de
representación y conocimiento” del territorio cuando es llevado a las
comunidades. Este problema es un elemento central en la discusión sobre
las implicaciones del uso de la cartografía social, pues allí “se pone en
juego nuestra visión de mundo”.
Un ejemplo de cómo esa visión de mundo puede imponerse en la
cartografía social fue el trabajo de mapeo de los Mirañas del río Caquetá,
el cual conjugó la cartografía propia y la moderna con fines de planeación
territorial. La orientación que estos indígenas dieron al mapa no fue
norte-sur, sino que siguió la orientación del río, eje de la cosmogonía indígena.
En esa concepción la bocana del río es el nacimiento y la cabecera
el lugar donde muere; ya que es el rastro dejado por la mítica anaconda,
que al subir por el lecho del río dio origen a las sociedades de esa región
amazónica.
El pueblo Nasa, a su vez, aprehende el cosmos a partir de una concepción
de tiempo en espiral y no lineal, adaptada a los ritmos naturales
de los diversos ecosistemas de montaña: “somos culturas del agua más
que del sol, para nosotros existe un ritmo discreto, no continuo, así mismo
es nuestra forma de vida, nuestro pensamiento y representación”. Así es
como en la racionalidad occidental, tiempo y espacio son entendidos como
dimensiones separadas, y es por esto que el mapa cartesiano excluye el
eje temporal. Martín Vidal señala que en el mundo indígena, por el
contrario, la “información espacial” es trasmitida a partir de formas de
conocimiento que no contemplan siempre la forma del mapa. Sus
representaciones territoriales “no matan el tiempo porque se representa
mientras se teje, es el movimiento… El tiempo es una concepción circular”.
A partir de esta concepción espacio-temporal, surgen formas de
2 Sack, Robert, 1986. Human territoriality. Its theory and history. Cambrigde University Press.

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representación que se objetivan, entre otras, en las mochilas que tejen las
mujeres, por ejemplo. Estas manufacturas se constituyen en “mapas” en
sí, donde diseños geométricos y abstractos significan caminos, rozas, ríos
y territorios. Son mapas que se elaboran y actualizan permanentemente,
incorporando la dimensión temporal en el tejer.
Así, “el espacio territorial se representa a sí mismo… así lo vemos en
los rituales, en el cuerpo, en los mitos”. El carácter relacional entre cultura
y territorio implica que éste y su representación se actualicen en varias
manifestaciones de la vida social. Esta postura epistemológica evidencia
algunos límites del trabajo en cartografía social, así como sus desafíos,
toda vez que el acto de “cartografiar” puede realizarse en acciones como
“tejer el territorio en el pensamiento y la acción”, o caminar “en las
marchas y luchas para exigir los derechos, en las mingas”. Estas actividades
son en suma “formas de sintetizar el pensamiento del territorio”. En
contraste, la utilización de las tecnologías SIG – para conocer el territorio
“no pasan de ser un asunto mecánico que no implica pensamiento de
cambio dinámico” (intervención de Martín Vidal).
El territorio está inscrito, así, en el cotidiano de muchas comunidades
locales, no como algo externo, sino como parte constitutiva del ser individual
y colectivo. La identidad está ligada a la apropiación del espacio
como puede apreciarse en los rituales afrocolombianas. Adith Bonilla
(Consejo Comunitario Mayor de Comunidades Negras del Medio Atrato-
COCOMACIA, Colombia), representante de las comunidades negras del
Chocó en el Pacífico colombiano, resalta que, para ellas, el territorio está
incorporado a la persona desde de su nacimiento. Cada niño es
“ombligado” con el territorio a partir de un ritual en el que el ombligo, una
vez se ha desprendido, es enterrado junto a un árbol que será reconocido
por el niño y adulto como “su ombligo”, y el lugar donde éste fue enterrado
será parte constitutiva e identitaria de su ser. La identidad de la persona
está ligada al árbol y al lugar. Este acto ritual establece una estrecha
relación entre personas y territorios, que pasa por lo sagrado.
En el caso de los mapuche, la investigadora suiza Irène Hirt, desde su
experiencia con el territorio de Chodoy Lof Mapu 3 en las provincias de
Valdivia y Cautín, destaca la importancia de los sueños en la orientación
y localización territorial. Los sueños como forma de comunicación espiri-
3 El lof mapu era la base de la organización socio-territorial de los mapuches, correspondiente
a las familias pertenecientes a un mismo linaje. Los límites de un lof eran generalmente
geográficos. Cada lof era autónomo pero varios lof agrupados formaban entidades
mayores para objetivos religiosos, políticos, o para enfrentar guerras o catástrofes naturales:
Irène Hirt, 2009, “¿Para qué construir irreversibilidades”? La reconstrucción de Chody
Lof Mapu, una experiencia autónoma de cartografía mapuche en el sur de Chile. En Jorge
Calbucura y Fabien Le Bonniec (org) Território y Territorialidade en contexto post-colonial.
Estado de Chile- Nación Mapuche Working Paper Series 30 Ñuke Mapuförlaget, Estocolmo,
Suecia.

134 Cartografía Social …
tual, funcionan en la construcción del conocimiento, orientan la toma de
decisiones políticas y son fuente de poder e información geográfica, la cual
puede ser usada en los ejercicios de cartografía social para confirmar y
corroborar datos sobre los cuales se tienen antecedentes.
En la elaboración de la cartografía mapuche huilliche, los sueños
fueron incorporados como parte de la metodología. Con frecuencia el
“ngenpin” -oficiante religioso en las ceremonias mapuche, y cuyo significado
en mapudungun es “dueño de la palabra”- se comunicaba con los
espíritus para intentar localizar los sitios sagrados que habían sido
usurpados desde el siglo XIX y de los que las personas tenían, apenas,
vagos recuerdos. No obstante, el uso de los sueños confronta la racionalidad
científica occidental que invalida ese tipo de conocimiento por
considerarlo “subjetivo”. Sin embargo, para Hirt, la inclusión de los
sueños en esos procesos es un aspecto importante en la construcción de
metodologías interculturales para la producción de conocimientos
relevantes y un necesario paso en la descolonización de las mismas.
Por su parte, Eglée Zent (etnobióloga del Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas) narra, a partir de su trabajo de mapeo participativo
con los Jodï en la Guayana venezolana, la relación directa entre
territorio e historias de vida. En la medida en que no existen títulos
jurídicos formales, la palabra y la oralidad son documentos que señalan
el grado de incorporación de territorio en la cultura local. Las personas de
la comunidad asocian cada nombre de lugar en su territorio a mitos.
Al recitar ciertos nombres de lugar, valores y tradiciones son reafirmados,
por lo cual el paisaje es fuente de sabiduría para el pueblo
indígena. En el análisis de las historias de vida, por ejemplo, fueron rastreados
los lugares, que pueden llegar a más de cien, por donde las
personas vivieron a lo largo de su vida por cortos o largos períodos de
tiempo. Sea por razones rituales, o como parte de las actividades de
subsistencia de caza y recolección, las personas transitan continuamente
por el espacio en varios momentos de su vida, por lo que los hijos de una
familia nacen en lugares distantes y diferentes. El territorio no sólo es
movimiento y palabra, sino que la principal forma de su conocimiento se
produce recorriéndolo y narrándolo; éste no existiría fuera de esas prácticas.
Ese sentido de la movilidad se constituyó en una de las bases para
la sustentación de reclamos territoriales de los indígenas Jodï en
Venezuela.
Así, una cartografía sensibilizada con las epistemologías no occidentales
revela las formas cómo los grupos reflexionan sobre su historia, se
narran a sí mismos y se relacionan con la naturaleza, relación que llega
a describir mejor las formas epistemológicas del pensamiento indígena.
Hirt discute cómo en la experiencia chilena, antes de iniciar los trabajos

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con GPS en los lugares de importancia cultural, espiritual o histórica, los
mapuches pedían permiso a los espíritus de la naturaleza. Este acto se
deriva de una conexión distinta con esos seres, ya que para los mapuches
éstos no son concebidos como objetos manipulables y controlables, sino
como entidades vivas con poder de acción sobre la realidad. Se corrobora
así lo expuesto por Vargas al respecto de esta relación diferenciada con la
naturaleza, que lejos de ser cosa del pasado permanece actualizada, aún
en contextos de globalización.
Por su lado, Zent señala que en el caso de los Jodï, sus lugares
sagrados contienen una noción que va más allá de lo mitológico; la
creencia de que una montaña es la casa de una entidad que sustenta la
vida, enuncia más que una manera alternativa de entendimiento, una
forma de aproximación más horizontal con la naturaleza. Este principio
cosmológico, que a nuestros ojos combina ecología y mitología, sustenta
la idea respecto a que las mayores reservas de biodiversidad vegetal y
animal y recursos hídricos, se encuentran en los territorios pertenecientes
a grupos étnicos; y que es imposible (intervención de A. Warner de
Almeida) la aprehensión del patrimonio genético sin la mediación del
conocimiento local.
Respecto al vínculo entre naturaleza, lugares sagrados y mapeo,
Burga (intervención de Carol Burga. Geógrafa de la ONG Shinai Serjai,
Perú) Hirt, Vidal y Zent, resaltaron que, no obstante la importancia para
el grupo en sus procesos de auto-reconocimiento y fortalecimiento
interno, los datos referentes al ámbito de lo sagrado no siempre son
usados en los mapas finales y permanecen como una información
privilegiada y exclusiva para la comunidad, propia de los desarrollos y
discusiones internas y prescindible del mapa que se presenta para hacer
las reivindicaciones frente al Estado.
El ámbito de lo sagrado cumple, en algunos casos, una función de
diferenciación con otros grupos vecinos o campesinos que, a su vez,
pueden establecer relaciones más subordinantes con la naturaleza. En el
caso de los mapuches del sur de Chile, durante la realización de la
cartografía, el aspecto religioso tuvo un papel en el fortalecimiento interno
y la recuperación del poder de las autoridades tradicionales, pero no hizo
parte de lo que las comunidades querían exponer para fuera.
Así, podríamos decir que en el campo de la cartografía social en
América Latina, referente a grupos étnicos, es manifiesta la existencia de
disputas epistemológicas donde estos grupos reivindican formas propias
de concebir el territorio y sus formas de representación. Este aspecto es
indudablemente central en la constitución de los grupos étnicos como
sujetos políticos. Sin embargo, como se verá en la siguiente sección, otros
colectivos también se constituyen en sujetos políticos a partir de formas
diversas de identidad colectiva, que sin expresar construcciones

136 Cartografía Social …
epistemológicas propias, utilizan estratégicamente las técnicas convencionales
de cartografía en su accionar político. En ambos casos, las
características de esta dinámica política se configuran en función de los
cambios económicos e institucionales que se vienen produciendo en el
contexto latinoamericano, así como en la trayectoria que siguen los
conflictos territoriales en cada lugar.
Conflictos territoriales y construcción de sujetos políticos
La práctica cartográfica se articula a los procesos de reproducción
social de cada uno de los contextos, evidenciando conflictos por la
apropiación material y simbólica de los territorios. Aunque los conflictos
socio-territoriales y ambientales presentes en las experiencias son de
varios órdenes y dependen de las diferencias regionales, comparten en su
mayoría elementos de contexto. Se expresan de un lado, en medio de
cambios políticos y jurídicos que con desarrollos diferenciados en cada
país, reconfiguran el espectro de los derechos sociales, y de otro lado, en
una creciente liberalización económica que repercute especialmente en
áreas de biodiversidad de gran interés para el capital nacional e
internacional.
Como lo comentaba el profesor Carlos Vainer (profesor del IPPUR,
Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil), las cartografías sociales
reflejan los procesos conflictivos que puedan estar sucediendo, toda vez
que las formas de producción de éstas están inmersas en los medios de
producción social del territorio. En ese escenario aparece el mapa que,
elaborado por los sujetos protagonistas del conflicto, es un instrumento
de afirmación de derechos, una pieza para representar y desarrollar el
conflicto, en el propósito de desmontar las aspiraciones de agentes
económicos o de reafirmar sus derechos ante el Estado. Mientras el mapa
hace parte de la disputa, no puede decirse que exista mapa neutro.
Pensar la acción política que está tras los ejercicios cartográficos
pasa, en parte, por reflexionar sobre los sujetos que se constituyen en
colectivos políticos frente a los diversos conflictos, así como frente a los
cambios legislativos que se han producido en los contextos nacionales de
América. De este modo, llegamos a una convergencia de presiones de
abajo para arriba expresadas en los movimientos sociales y de reformas
de arriba para abajo concretadas en las recientes legislaciones. Sin
embargo, se verá algunos casos en Chile, Colombia y Bolivia donde no
siempre los agentes de las nuevas cartografías son sujetos de derechos o
demandantes de derechos colectivos de propiedad.

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Sujetos políticos y territorios de uso común: la experiencia brasileña
Una de las diferencias entre la América hispana y Brasil estaría
relacionada con las estrategias diseñadas para la definición de los sujetos
de derechos colectivos. Para comenzar, el rumbo que tomaron los procesos
de cartografía social en Brasil para la regularización territorial,
expuestos en el seminario, confronta la visión primordialista y esencialista
que asume lo tradicional siguiendo las pautas de las agencias transnacionales,
donde lo étnico es concebido como una realidad consolidada
e invariable. Alfredo Wagner de Almeida afirma que los actuales sujetos
de la tradición se constituyen como tal al calor de la lucha inmediata,
abandonando, de este modo, cualquier apelo a identidades ancestrales e
inmemoriales en territorios consagrados. “Si la tradición es una
reivindicación del presente, la etnicidad es la autodefinición conducida por
la movilización y la búsqueda de autonomía política”.
La categoría “poblaciones tradicionales” experimentó en Brasil un
desplazamiento en su significado inicial, fue apartada del cuadro natural
y del dominio de los sujetos biologizados para designar agentes sociales
que se autodefinen y que manifiestan conciencia de su propia condición;
para Wagner de Almeida, este es un desdoblamiento de la adopción de la
Convención 169 de la OIT en el 2002. El conflicto social haría parte de las
formas de identificación y consolidación del territorio, donde cada grupo
lo ha construido socialmente y a partir de situaciones específicas. Sin embargo,
el conflicto no termina con el reconocimiento, como habría
supuesto el teórico Charles Taylor; éste continúa instaurado a pesar del
reconocimiento. No se trata de una interpretación positiva del conflicto de
la tradición sociológica, sino de las prácticas cotidianas de antagonismos.
Cuando la lucha es por el territorio, tendríamos que distanciarnos de la
división entre las luchas culturales por el reconocimiento planteadas por
Taylor y aquellas económico-redistributivas apeladas por Nancy Fraser,
para dar lugar a una interpretación sobre las formas como el grupo está
construyendo el territorio.
Los movimientos sociales se agrupan y establecen, delineando una
política de identidades que consolida una modalidad de existencia
colectiva, más que por la suma de individuos, por sus planes organizativos.
En otras palabras, cada grupo ha construido socialmente su
territorio de una manera propia, y a partir de conflictos específicos. Aquí
las luchas por los derechos territoriales impulsaron la consolidación de
identidades colectivas, donde las diferencias culturales y los ejes de movilización
han sido variables y nos permiten hoy hablar de las identidades
territoriales de los seringueiros (caucheros), las recolectoras de coco de
babaçu, los pescadores, las poblaciones ribereñas, las comunidades
quilombolas y los grupos indígenas.

138 Cartografía Social …
La construcción de los sujetos políticos detrás de las nuevas
cartografías, pasa sin duda por la politización de los términos de uso
local, la cual como fue dicho, viene reflejándose en la diversidad de figuras
jurídicas verificables en diferentes instrumentos legales. Uno de los más
significativos es el Decreto 6040 del 7 febrero de 2007 de la Presidencia
de la República de Brasil, que reglamenta el plan de desarrollo
sustentable de los pueblos tradicionales, el cual contempla y reconoce por
primera vez el uso común de recursos y territorios, transformando esa
práctica en un instrumento político.
El uso común de recursos naturales cubre extensas áreas principalmente
en la región amazónica, en el semi-árido nordestino y en el
planalto meridional del país. El uso común de bosques, recursos hídricos,
campos y pastizales aparece combinado tanto con la propiedad, como con
la posesión, de manera perenne o temporal y contempla diferentes
actividades productivas como extractivismo, pequeña agricultura, pesca,
cacería, artesanía y producción pecuaria. Estas actividades son ejercidas
por unidades de trabajo familiares u organizadas en cooperativas que
permiten su participación en los circuitos del mercado. Organizaciones
sociales como el Consejo Nacional de los Seringueiros, el Movimiento
Interestadal de las Quebradoras de Coco Babaçu, la Coordinación
Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Rurales
Quilombolas, el Movimiento Nacional de los Pescadores, el Movimiento de
los Fundos de Pasto, corresponden a territorialidades específicas donde
los grupos realizan sus formas de vida y aseguran su reproducción física
y social.
Según Wagner de Almeida, si bien el Banco Mundial reconoció el uso
común desde 1999, este organismo nunca imaginó sus alcances en el
Brasil de hoy: una gran oposición a la expansión del agro-negocio y a su
interés de comercializarlo todo, incluyendo la tierra. Los grupos tradicionales
controlarían hoy un tercio del territorio nacional y habrían
alcanzado mantener 250.000 hectáreas fuera del mercado. En la visión de
Wagner de Almeida, el Banco Mundial no tiene los instrumentos para
lidiar con la diversidad que se ve en Brasil desde 1988, donde los derechos
territoriales impulsaron la consolidación de identidades colectivas
muy diversas y los derechos adquiridos median toda relación del Estado
con las tierras.
La dinámica del conflicto va interactuando dialécticamente con la
configuración de los sujetos colectivos y la cartografía del territorio. Así,
para Wagner de Almeida, en la medida en que los conflictos no son estáticos
y que las identidades son dinámicas, los mapas, por su parte, no
pueden ser fijos sino situacionales. El derecho territorial no puede interpretarse
como el congelamiento de un área, sino como la capacidad de
tornar dinámica la idea de territorio. La dimensión que un territorio tiene

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en el inicio de un conflicto puede variar y aumentar, dado que la
percepción que el grupo va adquiriendo en medio de la disputa lo lleva a
redefinir sus límites territoriales.
Un ejemplo de ello son las comunidades de Alcântara en el estado de
Maranhão, caso que comenzó con 23 comunidades y aumentó a 66 bajo
la misma acción política después de la realización del laudo (pericia)
antropológico. En el caso del movimiento de Catadores de Mangaba (fruto)
del estado de Sergipe (intervención de Daniel L. M. Vieira, do Laboratório
Ecologia e Conservação, Recursos Genéticos e Biotecnologia de
EMBRAPA, Sergipe, Brasil) varias comunidades tradicionales de la región
dedicadas a la pesca de mariscos, a la actividad extractiva y a la agricultura
de subsistencia, han venido ganando visibilidad como movimiento, y
desde el 2007 han conseguido ser reconocidas como comunidades tradicionales.
Esta configuración de un sujeto colectivo se produce en la
disputa por la apropiación del territorio con varios actores. En esta región
del litoral nordestino, la presión ejercida sobre la tierra por nuevos usos
asociados a segundas residencias, industrias de camarón y complejos
hoteleros, viene amenazando la actividad tradicional, principalmente de
las mujeres catadoras de mangaba. En respuesta, estas comunidades,
que ya suman cerca de sesenta, se reafirman como colectivo en función
de la defensa de la posesión de la tierra, lo que incluye una disputa cartográfica
que busca, en principio, hacerlas visibles ante los mapas oficiales
como poseedoras de la tierra.
Sujetos políticos y derechos étnico-territoriales: experiencias en
América Latina hispanohablante
En contraste con Brasil, en países como Venezuela, Nicaragua, Perú
y Colombia, el reconocimiento de los derechos territoriales estaría más
cercano al encuadramiento de lo étnico propuesto por los organismos
transnacionales, o regionalizados en áreas con características geográficas
de interés para las entidades ambientalistas. Es decir, las conquistas
territoriales no son alcanzadas por grupos sociales que no se encajan dentro
de lo que estos organismos y el propio Estado entienden como étnico.
En Venezuela, según E. Zent, a pesar de la existencia de una considerable
población negra, no existe un cuerpo legislativo en el que sus
demandas de tipo identitario y territorial puedan ser amparadas. En el
caso de los indígenas, los artículos 119 y 121 de la Constitución de 1999
garantizan el ejercicio de las diferencias culturales y respaldan el derecho
a las identidades indígenas. Y aunque en el 2001 fue creada una comisión
para la demarcación de sus tierras mediante la Ley de Demarcación de
Tierras y Hábitat Indígenas, hoy en día son pocos los títulos conseguidos,

140 Cartografía Social …
apenas 27, y con grandes limitaciones, pues se trata de pequeñas extensiones
de tierras comunitarias donde apenas se poseen las mejoras y, por
lo tanto, no se constituyen en territorios étnicos, coartándose así la fuerza
política de los grupos. Además de que sobre esas áreas se traslapan
diferentes reglamentaciones territoriales y ambientales del Estado, el otro
gran obstáculo a la territorialidad indígena es su coincidencia con zonas
de riqueza mineral donde la propiedad del subsuelo continúa siendo del
Estado. Por esto, E. Zent se pregunta si el título es una ventaja o una desventaja,
ya que el espacio de libertad que pudieran tener las comunidades
podría ser más restringido. De hecho los “títulos” recientemente otorgados
limitan los derechos de tierra de los indígenas mucho más que los entregados
durante la Reforma Agraria de los años 60 y 70.
En el mismo sentido, E. Zent reconoce que lo tradicional en Venezuela
es manejado todavía de forma muy estricta; como marcador de diferencia,
lo tradicional es remitido a un discurso de autenticidad y de estado
prístino que se articula a los deseos de la preservación ambiental. La imagen
de los Jodï cazando con cerbatana y haciendo un uso “sustentable”
del espacio en condiciones de mínimo contacto con el mercado por las
dificultades de comunicación, resulta compatible con una idea de
Amazonía intocable, soñada por más de un ambientalista.
En Perú, a su vez, los indígenas reivindican un reconocimiento étnico
en un entorno jurídico-institucional menos favorable que en otros países
de la región. Allí existen 56 pueblos indígenas que pertenecen a 17 grupos
etno-lingüísticos. Para 2007 habría 1786 comunidades, con un 81% de
tierras tituladas y demarcadas, aunque las tierras tituladas representen
para éstas sólo una pequeña porción de los territorios que consideran
como suyos.
Históricamente el reconocimiento de territorios indígenas en Perú ha
pasado por diferentes fases. Aunque desde la Constitución de 1920 existe
la declaratoria de imprescriptibilidad para las tierras poseídas por las comunidades,
sólo hasta 1933 éstas fueron declaradas inembargables y en
1979, en el paso del gobierno militar a la democracia, fueron declaradas
inalienables. En 1974 se formuló la ley de reconocimiento de comunidades
nativas para acceder a títulos. Sin embargo, durante el gobierno de
Fujimori se creó el proyecto especial de titulación de tierras y, con la
nueva constitución, se eliminaron los atributos de inembargabilidad e
inalienabilidad de esas tierras. La ley de tierras de 1995 abrió la posibilidad
de arrendar, vender o parcelarlas. Hoy, aquellas tierras que no
estuvieren en producción agrícola corren el riesgo de ser objeto de
expropiación.

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Según Carol Burga, a esta inseguridad jurídica se le suma la superposición
de proyectos de explotación petrolera. En la región de
Pastaza, por ejemplo, los indígenas se ven enfrentados a la presencia de
8 a 10 petroleras en sus territorios. A ello se le agregan las empresas
mineras, los colonos con prácticas ilegales de tala de árboles y la minería,
y los intereses estatales por mantener áreas de conservación. Las
empresas petroleras y mineras han irrespetado sistemáticamente los
territorios indígenas y vienen desmovilizando la acción colectiva, a través
de la desinformación y el soborno a varias comunidades, con el ánimo de
debilitar la organización y la resistencia. Por su parte, el Estado se mantiene
en su postura de abrir oportunidades para los proyectos desarrollistas,
situación que se comenta, haciendo alusión al cuento de Alan
García titulado “El perro y el hortelano”, “donde las comunidades son el
perro que teniendo comida no come ni deja comer”, esto, en la visión del
gobierno.
Ante la amenaza creciente tanto del Estado como del capital trasnacional,
los indígenas se vienen organizando para proteger la posesión
colectiva de sus tierras, resistiendo a la imposición de los regímenes jurídicos
que buscan promover la propiedad individual sobre la colectiva.
Como afirma Ermeto Tuesta, (indígena amazónico e investigador del
Instituto del Bien Común - IBC, Perú) “nos vimos obligados a hacer mapas
cuando fuimos invadidos por las empresas petroleras, mineras, madereras
y también las obras de carreteras del gobierno, y los colonos que vienen con
éstas”. Este conflicto llevado al terreno cartográfico se produce en un
contexto en el cual no se cuenta con información catastral actualizada
que pueda apoyar las luchas indígenas. Esta carencia fue incluso objeto
de una protesta en el presente año que acabó con la toma de una estación
de bombeo. Así mismo “los mapas oficiales no muestran la territorialidad
indígena completa, y los indígenas son invisibilizados parcialmente”, lo que
ha llevado a que la producción de información geográfica propia se torne
una herramienta central en estos conflictos.
En Nicaragua, a su vez (intervención del líder indígena Edwin Taylor,
de Nicaragua y el IEAP-URACCAN-Universidad Autónoma de las Regiones
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense), los sujetos de los derechos
territoriales se encuentran concentrados en la Costa Atlántica en la
Región Autónoma del Atlántico Norte-RAAN, con sede en la ciudad de
Bilwi y en la Región Autónoma del Atlántico Sur-RAAS con sede en la
ciudad de Bluefields. A pesar de que la Ley 28 creó en 1987 el Estatuto
de la Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua y que
las autoridades locales son elegidas autónomamente desde 1990, la costa
caribe continúa sometida a un elevado aislamiento respecto al resto del
país, el cual se manifiesta en la falta de inversiones sociales y productivas,
en la ausencia de infraestructura de transporte y en la desarti-

142 Cartografía Social …
culación de la estructura productiva regional; además de una limitada
cobertura de servicios básicos, la presencia institucional que se registra
es todavía débil 4.
Estas regiones están habitadas por algunos mestizos y principalmente
por comunidades étnicas con características multilingües:
miskitus, creoles, sumu-mayangnas, ramas y garífunas que poseen un
fuerte sentido de pertenencia a las tierras comunales que habitan en los
litorales y zonas interiores, áreas de gran interés ambiental 5. A pesar del
status jurídico de autonomía, el camino para la demarcación de los territorios
tuvo que esperar más de una década con la promulgación de la
Ley 445 en el año 2003, cuando los sandinistas ya habían perdido el
gobierno y el país había entrado de lleno en la disciplina neoliberal. El
proceso sólo comenzó a tomar forma en 2006, cuando Daniel Ortega de
nuevo asumió el poder.
Véase como esta ley esencializa lo étnico al definir como objeto de titulación
las tierras ancestrales -“espacio geográfico que cubre la totalidad
del hábitat de un grupo de comunidades indígenas o étnicas que conforman
una unidad territorial donde se desarrollan, de acuerdo a sus costumbres
y tradiciones”.
Para las comunidades indígenas que habitan estas regiones, la
promulgación de la Ley 445 creó muchas expectativas. En un comienzo,
su implementacion demoró por falta de voluntad política y apoyo financiero.
Hoy, a pesar de la espera, ya han sido entregados en esas dos
regiones cerca de 30.000 km 2, que representan el 80% de los territorios y
aún están pendientes aspectos para el saneamiento jurídico. Sin embargo,
para Edwin Taylor los impactos de esas medidas han estado lejos de
cambiar estructuralmente los problemas de la población nicaragüense de
esta región. Si bien por un lado, las tierras no pueden ser vendidas por
las disposiciones legales que las protegen, éstas pueden ser arrendadas
por períodos que pueden ser hasta de 99 años. Esta medida contemplada
por la ley abre paso para la implementación de emprendimientos
4 La proclamación de la Ley 28 es percibida todavía como una aspiración; hay todavía exclusión
y discriminación de mujeres, jóvenes y niños por razones de lengua, etnia y sexo,
incluso a nivel interétnico. Segun Edwin Taylor, la situación de las Regiones Autónomas es
de extrema pobreza. El índice de desarrollo humano es el más bajo del país con un 0.5 %,
el desempleo en un 90%, y se registra más del 50% de analfabetismo con menos del 1% de
las escuelas del país. La RAAN, por ejemplo, no tiene un solo kilómetro de carretera pavimentada.
Sólo el 20% de la población tiene acceso a un servicio deficiente de agua potable.
5 En la Región Autónoma Norte, por ejemplo, se encuentran los importantes yacimientos
mineros: oro, cobre y hierro. La RAAN también es una zona de importancia ecológica, donde
está la Reserva BOSAWAS, la reserva de Cola Blanca, la Reserva del Cerro Banacruz; los
bosques de pino de la Sabana de los Miskitu, zonas húmedas y extensas áreas de manglar
del delta del río Pinzapolka, así como los arrecifes de coral de Cayo Miskitu. Es en esta
región donde se encuentran las 60 islas que forman los Cayos Miskitus, las reservas
marítimas más importantes de Nicaragua.

Antropológica 114
143
económicos foráneos sin afectar la propiedad legal de las tierras y son
varios los casos registrados en que las comunidades no reciben el canon
de los arrendamientos.
Mientras se va delineando una política indígena para el Caribe, no se
resuelve la problemática de la población mestiza que ha crecido en esas
regiones en los últimos años. En su mayoría se trata de migrantes de los
departamentos del interior del país, que empujados por las condiciones de
miseria, violencia y presión de los grandes ganaderos en sus lugares de
origen, han venido ocupando las tierras comunales. Este proceso conocido
como la expansión de la frontera agrícola, incluye fuertes conflictos
entre indígenas y mestizos; y resalta las dificultades del mestizo para
organizarse alrededor de un eje a partir del cual pueda hacer sus reclamos
por la tierra en forma conjunta. Una parte de la población mestiza,
que demanda títulos de propiedad privada en el Caribe Norte, alega que
las tierras que ocupan fueron compradas a representantes de comunidades
indígenas y traspasadas con escrituras públicas, mientras que
otras tierras han sido ocupadas sin ninguna negociación.
Ya en Colombia, puede decirse que el mapa actual representa parte
de la diversidad étnica y cultural del país, la cual así se expresa en su
distribución espacial: 34 millones de hectáreas para indígenas, 4,7 millones
de hectáreas para comunidades negras, 12 millones de hectáreas
protegidas bajo la figura de parques nacionales vs 47 millones de hectáreas
bajo el control de los latifundistas.
Patricia Vargas y Adith Bonilla coinciden en que los territorios negros
consolidados hoy, parten de una lucha organizada local que contó con el
apoyo de intelectuales comprometidos y sectores de la iglesia en un momento
decisivo de cambios legislativos condensados en la Constitución de
1991. Con la inclusión del artículo transitorio 55 6 y la final promulgación
de la ley 70 de 1993, fue cuando se comenzó la demarcación de los territorios
de comunidades negras 7. Según Bonilla, las conquistas logradas
6 Antes de la promulgación de la ley 70 de 1993 sólo las comunidades indígenas tenían derechos
colectivos sobre el territorio. Según Adith Bonilla, la ley 70 en su capítulo 3 y el su
decreto reglamentario 1745 de 1995, procedió a establecer el procedimiento del Estado para
el reconocimiento ancestral del territorio. Las áreas geográficas susceptibles de reconocimiento
para las comunidades negras comprendieron todo el departamento del Chocó, y
parte de los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Risaralda y Antioquia.
7 Las comunidades negras representan el 85% de las comunidades ubicadas en el departamento
del Chocó. El área del departamento es de 46.530 km 2 , donde los territorios colectivos
corresponden en un 21% a resguardos indígenas, y las tierras de las comunidades
negras están representadas en 58 títulos colectivos hasta ahora entregados, cubriendo un
área de 3.166.920 ha, correspondiendo al 75% del territorio. 158.000 ha corresponden a
las áreas de tres parques naturales: Utría, Tatamá y Katíos, las cuales representan una
afectación del territorio por ser declarados como reserva forestal, desde la ley segunda de
1959.

144 Cartografía Social …
con la ley 70 les permitieron pasar de ser una organización campesina a
ser un Consejo Comunitario de carácter étnico afrocolombiano. La ley
surgió para respaldar las demandas por titulación de las comunidades
negras y como mecanismo para que éstas se defendieran de las presiones
ejercidas por empresas extractivas para la explotación de diversos
recursos naturales.
Si bien, para concretar lo que se proponía la Ley 70 fue necesario el
apoyo financiero del Banco Mundial, a partir del Programa de Manejo de
Recursos Naturales (PMRN) a lo largo de la Costa Pacífica de Colombia –
región conocida por sus grandes reservas de biodiversidad y habitada
predominantemente por afrodescendientes-, para Vargas ese capítulo no
puede ser interpretado apenas como un ajuste de las comunidades a las
políticas del Banco Mundial. Por el contrario, la lectura debería reposar
sobre cómo las comunidades consiguieron instrumentalizar a su favor
aquella coyuntura institucional, estableciendo importantes alianzas con
el sector ambientalista.
El reconocimiento de esa territorialidad fue un gran avance en un
marco más amplio de conquistas de derechos políticos y culturales; y
pese a no incorporar un cambio estructural, la Ley 70 se convirtió en una
referencia que marca el futuro de la gente negra del Pacífico y que les
otorga una presencia institucional con repercusiones en las dinámicas
sociales y políticas de orden nacional.
En cuanto a las comunidades indígenas, la titulación para resguardos
en Colombia comenzó durante la colonia, pero fue en la década del 70
cuando tuvo un impulso decisivo con la acción de las organizaciones
indígenas que instrumentalizaron a su favor la antigua constitución de
1886. En esos años setenta, el movimiento indígena comenzó a luchar por
la recuperación de tierras en manos de los terratenientes. En los años
ochenta, se dio inicio a una relación más directa con el Estado para exigir
los derechos de titulación de las tierras recuperadas, pero fue en el
contexto de la constitución de 1991, donde se reconocieron los derechos
étnicos, y la figura de resguardo indígena fue respaldada por el carácter
de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad del territorio.
La demarcación y la titulación de las tierras se tornaron centro del
conflicto. De acuerdo con Vidal, con la llegada del instrumento del mapa,
con su decisión “salomónica”, llega también el conflicto, que se constituye
en un problema producido por el racionalismo occidental obsesionado
con evidenciar y corregir los traslapes de usos. Y dado que la tenencia de
la tierra se había sustentado, tradicionalmente, en mecanis-mos como la
oralidad y la memoria, fue necesario que los indígenas iniciaran un
proceso de saneamiento jurídico.
Con el acceso a los gobiernos locales, a los planes de desarrollo y a la
“planeación participativa” durante los años noventa, las comunidades

Antropológica 114
145
indígenas se apropiaron de las técnicas de mapeo e incorporaron las
nuevas tecnologías, en un proceso permanente de discusión sobre sus
implicaciones políticas y culturales. Hoy por hoy, el status de resguardos,
así como la integración al Estado a través de alcaldías indígenas, les ha
permitido posicionarse políticamente, posibilitándoles “problematizar el
Estado desde adentro”; lo cual se ha concretado en la oposición a grandes
proyectos, como la construcción de acueductos, cuando no les son
favorables, o reivindicando autonomía para el ordenamiento de su territorio
ante las instituciones gubernamentales de escala regional.
La Constitución colombiana de 1991 intentó acercarse a las realidades
sociales, políticas y culturales que rebasan la idea de “Nación
mestiza” y reconoció cierta coexistencia con la diversidad cultural. Sin
embargo, esto no garantiza que todas las diversidades culturales tengan
un status jurídico que les permita afirmar derechos políticos, culturales y
territoriales y espacios de negociación directa con el Estado (intervención
de P. Vargas). Ejemplo de esta situación son los campesinos andinos de
Iguaque en Boyacá. Estos descendientes de españoles e indígenas
muiscas viven en las inmediaciones del Santuario de Flora y Fauna de
Iguaque, el cual fue creado en tierras que les pertenecieron y a las que
hoy en día tienen que pagar como cualquier turista para entrar, muy al
contrario de lo que ocurriría con comunidades negras e indígenas en
circunstancias parecidas. Esto porque, a partir del reconocimiento de los
derechos diferenciados para negros e indígenas y en el caso de que sean
habitantes o vecinos de áreas de protección ambiental, el Estado está
obligado a conciliar con ellos sus políticas ambientales.
Mientras que hoy en Colombia son reconocidos derechos para grupos
indígenas y negros, sólo de la región Pacífica, los campesinos pasan por
una situación de negación. Protagonistas de las luchas agrarias de los
años 70, se encuentran hoy fragmentados y fragilizados sin una organización
que los acoja. Ellos no se piensan con derechos especiales y apelan
a las garantías del Estado como ciudadanos comunes. No obstante, viven
en zonas que sin ser marginales y hasta próximas a centros urbanos, no
cuentan con la debida atención del Estado. Víctimas también de varias
violencias y ausencias institucionales, sus expectativas se ven frustradas
y sus derechos como ciudadanos son permanentemente atropellados.
Cabe entonces preguntarse por los mecanismos que le restarían a los
campesinos para garantizar sus derechos. En este sentido, Stella
Rodríguez (coautora de este texto) cuestionó si serían posibles los
derechos territoriales sin la consolidación de identidades colectivas, o si
es la etnización el camino, lo cual lleva a preguntarse si el campesino
como categoría ha perdido su connotación política y colectiva, así como
las otras categorías que en el caso de Colombia, surgen detrás del despojo
de tierras, tal y como es el caso de los desplazados. Este punto es de

146 Cartografía Social …
interesante contraste con la actual coyuntura brasileña, donde según
Wagner de Almeida, las auto-denominaciones asumidas por los sujetos de
los movimientos sociales se distancian de categorías institucionales como
pequeños productores o campesinos, que serían en su criterio construcciones
intelectuales del Estado y no del grupo social.
Al respecto, Charles Hale (investigador del Instituto de Estudios
Latinoamericanos Teresa Lozano Long, Universidad de Texas en Austins,
Estados Unidos) problematizó el papel de los actores trasnacionales en
estos procesos de reconocimiento de alteridades. En el caso del Banco
Mundial, sus formas de intervención se han transformado desde ignorar
el factor étnico en sus políticas hasta, hoy, promoverlo y financiarlo. De
hecho, la inclinación del Banco Mundial hacia las virtudes de las culturas
indígenas tiene que ver con el talón de Aquiles que las demandas étnicas
presentaban en su combate desigual contra el neoliberalismo periférico:
su susceptibilidad de ser esencializadas, desvinculadas de los componentes
puramente clasistas y, una vez segregadas de éstos, impulsadas y
catapultadas –a través de la asunción de algunos aspectos de la
ciudadanía étnica– como herramienta funcional y maleable en el desarrollo
del propio neoliberalismo en un escenario en el que éste se
considera de facto inevitable.
En el contexto de los cambios legislativos observados en la región, es
contrastante la experiencia chilena, en la cual no se producen condiciones
jurídicas y políticas favorables para la definición de sujetos
reclamando derechos territoriales. Los mapuches representan hoy el 10%
de la población chilena. A pesar de la gran resistencia que opusieron
primero a los españoles, y después a los chilenos y argentinos, fueron
finalmente incorporados como minoría a esas dos últimas naciones. De
acuerdo con I. Hirt, el Estado chileno no reconoce territorios ancestrales,
y los casos de recuperación posibles se refieren apenas a las tierras que
recibieron títulos de merced después del proceso de conquista del siglo
XIX. Este período se caracteriza por las políticas “liquidacionistas”, en el
que se produjo la ocupación de la Araucanía y el sometimiento de los
indígenas mapuches a “reducciones”. El proceso de radicación, reducción
y entrega de Títulos de Merced entre 1881-1931 significó que los
mapuches perdieran la mayor parte de sus tierras, casi el 94%, quedando
reducidas a cerca de 500 mil hectáreas, las cuales, además, fueron
loteados durante el periodo dictatorial de Pinochet.
Además de la falta de condiciones políticas y jurídicas favorables, a
nivel nacional, para la recuperación de tierras, no existen en Chile
recursos financieros de agencias internacionales de desarrollo para el
apoyo de las demandas y titularización de tierras indígenas, como en
Bolivia, por ejemplo. Considerado como país desarrollado, Chile recibe
muy poco apoyo de la cooperación internacional en este tema. Además,
las tierras indígenas son en su mayoría pequeñas parcelas (de un

Antropológica 114
147
promedio de 6 ha.) y ya no quedan grandes extensiones comunales con
bosques nativos. Por lo tanto, no son objeto de un mayor interés para las
organizaciones trasnacionales ambientalistas en el tema de la biodiversidad,
como lo es la región amazónica, por ejemplo. La preocupación de
estas organizaciones en relación con el tema mapuche en Chile tiene que
ver más bien con la implementación de mega-proyectos de desarrollo
(como centrales hidroeléctricas) en territorios indígenas.
Frente a demandas por tierras, el Estado suele responder otorgando
predios que no están próximos a las tierras tradicionalmente ocupadas
por los demandantes, muchas veces se reciben títulos de propiedad en
lugares distantes que también están siendo reclamados por otras
comunidades. Al ser la única oportunidad de tener más tierras, pues no
se vislumbra en el país ninguna reconducción hacia una reforma agraria,
no siempre hay una negociación con esos otros demandantes, generándose
conflictos internos. La reciente elaboración de mapas, aunque en
pequeña escala podría convertirse en una eventual estrategia para la
recuperación de territorios compatible con la utilización de medios legales,
sin apelar a hechos de fuerza como la toma de tierras.
Además de Chile, Bolivia también aparece como experiencia contrastante,
ya que allí, país reconocido por su mayoría indígena y con una
política más favorable para los grupos étnicos, el conflicto persiste bajo
otras formas, ya no tanto en la definición de los sujetos de los derechos
colectivos, sino en la problematización de las condiciones en que se puede
dar un acceso equitativo de tierras en regímenes comunitarios. Vemos
aquí la continuidad del conflicto a pesar del reconocimiento identitario.
En ese sentido, el caso presentado por Esteban Sanjines (indígena andino
investigador de la ONG Fundación Tierra, Bolivia), expuso el surgimiento
de conflictos internos por la apropiación individual en territorios colectivos
ya reconocidos por el Estado.
La situación del altiplano boliviano se viene caracterizando por un
proceso en donde se reivindica hacia adentro el uso y la demarcación
familiar de las tierras, y en algunos casos títulos de propiedad individual.
A partir del proceso de reforma agraria vigente desde 1953, en el altiplano
boliviano se produjo una transformación en la estructura de tenencia de
la tierra que permitió el reconocimiento de tierras y títulos de propiedad
a las comunidades indígenas, las cuales consiguieron tener, en muchos
casos, personerías jurídicas y actuar como entidades territoriales.
Según E. Sanjines, la deficiente administración de la reforma agraria
ha venido produciendo una fuerte presión por la subdivisión de la tierra
en minifundios, provocando la emergencia de conflictos por la demarcación
de áreas de uso familiar dentro de áreas de uso común y la
titulación de éstas a los poseedores actuales. El centro del problema es
explicado por la falta de seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra,
la cual obstaculiza la inversión y negociación, paradójicamente, implica la

148 Cartografía Social …
pérdida de reconocimiento social y en consecuencia la imposibilidad de
ejercer cargos dentro de la comunidad.
En respuesta, la comunidad ha asumido la tarea de delimitar los
derechos familiares, realizando según Sanjines, “el saneamiento interno
como una forma legítima de reconocer el derecho de propiedad en un
entorno de usos y costumbres”, con la mediación de las autoridades y
leyes indígenas. Una vez reconocidos éstos, la conciliación aparece para
resolver problemas entre herederos. El dilema se plantea entre la excesiva
subdivisión de la tierra y la garantía de acceso a ésta en condiciones de
equidad: “¿Vamos a generar más pobreza a partir de la entrega de tierras
a todos de manera equitativa?, o ¿vamos a generar procesos de conciliación
familiar que concedan derecho de propiedad a una sola persona?”
Este conflicto estaría siendo tratado a través de procesos de conciliación
y acuerdos internos, cuya solución se inclina a “tener que expulsar para
que esta pequeña propiedad sea sostenible en el tiempo”.
Según Sanjines, tras este tipo de atribuciones tomadas por la
comunidad se produce “una apropiación de lo estatal”, que en la
concepción plurinacional del Estado boliviano es vista por las comunidades
como la posibilidad de participación en el proceso de definición de
derechos. Este tipo de acciones se inscribirían en una acción política que
busca mayor incidencia en el ordenamiento territorial del país, actuando
de forma ascendente en las escalas municipales, regionales y nacionales,
en lo que denominan una “re-territorialización en base a lo indígena”.
Como lo ilustran las diversas experiencias cartográficas, la
construcción de los sujetos políticos es dinámica y diversa, y se articula
tanto a los cambios económicos y políticos más amplios, como a los
conflictos territoriales más particulares. Así mismo se hace evidente que
estos sujetos se desenvuelven en situaciones marcadas por desiguales
condiciones de poder. En este sentido, cabe preguntarse, si es posible el
diálogo entre saberes y prácticas cartografías de actores hegemónicos y
subalternizados, o si se trataría, en contraste, de la continuación del conflicto
por medio de los mapas. Como se verá en las próximas secciones,
estos temas fueron abordados a través de la problematización del proceso
de producción cartográfica, del control de la información producida, y de
las implicaciones que su utilización pudiera traer para propósitos de
empoderamiento y autonomía.
Cartografías y saberes: ¿diálogos posibles?
Las anteriores colocaciones fueron dando pie para la enunciación de
un paralelismo entre distintos tipos de saberes; y distintos tipos de
cartografía, opuestas no necesariamente en la técnica, como en su contenido.
Pese a los presupuestos básicos sobre los usos de la cartografía

Antropológica 114
149
social, la forma que el proceso cartográfico toma no es independiente del
contexto en el que se desarrolla. Rosa Acevedo (venezolana e investigadora
del NAEA, Universidad Federal de Pará, Brasil) del Projeto Nova
Cartografia Social, concuerda con Vargas en que, debido a la diversidad
de situaciones contextuales, el método no puede encuadrarse a priori, y
que es en el quehacer de cartografías hacia fuera y hacia adentro cuando
los grupos sociales descubren los pasos y estrategias más adecuados para
avanzar.
De acuerdo con los contextos de cada práctica y los propósitos y usos
que los sujetos colectivos asignan a la cartografía, podría dimensionarse
el alcance de ésta, por su capacidad para desestabilizar el campo de
fuerzas en el cual estos sujetos se encuentran subalternizados. Frente a
la pregunta ¿Para qué sirve el mapa? Henri Acselrad (organizador del
evento, profesor del IPPUR, Universidad Federal de Rio de Janeiro e
investigador del Cnpq, Brasil), respondía, en consonancia con Vidal, que
el mapa ha de entenderse ante todo como un “mapa problema”, es decir,
bajo la perspectiva de que éste permita problematizar las relaciones de
dominación presentes en cada situación social.
Para dialogar con el Estado y las empresas capitalistas, habría que
hacerlo todavía en el lenguaje de éstos. Por eso el mapa “duro”, hegemónico,
con convenciones estandarizadas y la clásica orientación norte-sur
no puede ser desestimado. El mapa bien puede comenzarse en los términos
de la cartografía propia, pero tendrá que ser llevado a los términos de
la cartografía moderna. Una “buena cartografía” ofrece legitimidad a las
demandas de las comunidades frente al Estado, que buscan ganar mayor
poder político para el reconocimiento territorial y étnico.
El mapa convencional también es accionado frente a las empresas. En
el estado de Maranhão en Brasil, tal como lo señalaba David Pereira
Júnior (investigador del Movimiento Interestadual de las Quebradeiras de
Coco Babaçu-MICQB, de la Asociación en Áreas de Asentamiento en el
Estado de Maranhão ASSEMA y del Proyecto Nueva Cartografia Social,
Brasil) las comunidades locales vienen entablando una “guerra de mapas”
con empresas explotadoras de carbón. Mientras que en los mapas de las
empresas los conflictos con las comunidades productoras locales desaparecen,
los mapas comunitarios se fundamentan en la localización de los
mismos y en el seguimiento a los desplazamientos de las empresas por el
territorio. En el caso peruano, ha servido para negociar con las petroleras,
demarcando los sitios de importancia para los indígenas que estarían prohibidos
para la explotación petrolera. De esta forma, la información cartográfica
de precisión se ha incorporado también como una práctica de
monitoreo y denuncia ambiental sobre el accionar de las empresas. La
tecnología GPS les ha permitido a las comunidades ubicar con coordenadas
derrames de petróleo y proceder a su denuncia.

150 Cartografía Social …
No obstante, si el objetivo es interno como para la educación propia,
la recuperación de la historia del territorio y el fortalecimiento organizativo,
el mapa puede tener otras formas, dimensiones y contenidos y ser
elaborado con otros materiales, en el piso con hojas, palos, semillas y
hasta con el propio cuerpo o en el propio mapa mental. Pues el mapa
provoca la memoria del grupo, y como manera de ver y de situarse en el
mundo, es una herramienta para reflexionar sobre los cambios suscitados
por la modernización, las migraciones, la creación de zonas de
protección ambiental y la llegada de los agro-negocios. El mapa puede
servir para analizar los despojos de tierras sufridos y también para
planear su reconquista. Por esta razón agregó Vargas, la metodología se
ha generalizado y ha sido desarrollada por todo tipo de agencias e
intereses. Hoy es común su utilización en diagnósticos, planeación participativa,
formulación de proyectos, evaluación, monitoreo y educación
propia.
Sin embargo, la aplicación de la cartografía social trae consigo una
interacción entre formas de conocimiento y de representación universalizantes
y localizadas, técnico-científicas y tradicionales, toda una negociación
epistemológica que se establece en el marco de relaciones de
poder particulares para cada contexto. Pensar y hacer cartografía social,
implica entonces, entablar dicha relación, sea consciente o inconscientemente.
Para Acevedo, en la elaboración del mapa, el reconocimiento del saber
tradicional no siempre permanece evidente, es a partir de un diálogo de
saberes que el conocimiento local puede expresarse. De este modo, la
interacción entre sujetos con conocimiento técnico y sujetos con conocimiento
tradicional debe ser objeto de reflexión por parte de los investigadores
del proceso cartográfico y de su método; y así evitar imponer
desde afuera una cierta interpretación o mirada de las cosas. No puede
pretenderse, por ejemplo, que tecnologías modernas no sean utilizadas en
la Amazonía, junto a las prácticas locales de mapeo. Por esto, agrega
Acevedo, el reto de la cartografía social debe ser el de alcanzar un diálogo
entre técnicas que no se excluyan mutuamente.
En el mismo sentido, para Johana Herrera, (investigadora del
Observatorio de Territorios Étnicos, Universidad Javeriana, Colombia) la
“cartografía participativa”, en una perspectiva crítica, implica pensar
junto con las comunidades y sus autoridades étnicas las posibilidades
que se tienen o no de construir estrategias de autonomía territorial a
través del proceso cartográfico. Por esa razón su uso trasciende el interés
por la titulación, e iría en la búsqueda del mantenimiento de un sentido
crítico y una práctica vigilante.
Sin embargo, como se verá, este diálogo de saberes no es definido o
entendido por todos de la misma forma. La interacción de este conoci-

Antropológica 114
151
miento tradicional y local con la cartografía cartesiana trae consigo una
serie de implicaciones para la cartografía social desde la perspectiva de
los grupos étnicos. Como lo señala Vidal, hay “medios que se constituyen
en problemas nuevos para lo local, como la cartografía y los mapas”. Para
los Nasa ha sido muy importante la búsqueda de instrumentos de
representación en sus luchas por el reconocimiento del territorio y la utilización
de los mapas los ha llevado al manejo de los sistemas de
información geográfica (SIG). Así las prácticas cartográficas se insertan en
su historial de conflictos por el territorio, lo cual implicó una dependencia
externa en términos de información cartográfica en un comienzo hasta
llegar al uso autónomo de las más modernas tecnologías.
La apropiación y adaptación de conocimiento técnico es parte de sus
estrategias de lucha, pero también ha representado riesgos. Según Vidal:
“en nuestro proceso, el uso de las herramientas de representación espacial
se ha modificando a través del tiempo. La inserción en los espacios
institucionales nos ha llevado a usar instrumentos más convencionales y
más técnicos, dejando de lado, métodos propios, menos dependientes, más
creativos y más coherentes con nuestra cultura”. En otras palabras, esas
formas de representación han contribuido en muchas de sus conquistas,
pero tienen consecuencias culturales comprometedoras asociadas al
desplazamiento de sus propias formas de conocimiento, donde no siempre
se tiene conciencia de la diferencia que se crea entre la representación y
aquello que estaría siendo representado.
En la perspectiva de constituirse efectivamente en formas de
desestabilización de la dominación, interesantes cuestionamientos fueron
puestos para señalar las ambivalencias que la cartografía social conlleva.
Para Vidal, es necesario que las comunidades se pregunten como estrategia
contra-hegemónica “si estamos decodificando la cultura a partir del
discurso hegemónico o si estamos problematizando ese discurso
hegemónico”. Y alerta cómo el código GPS-mapa-título puede estar reemplazando
el código propio de conocimiento-territorio-territorialidad. Esta
situación se refleja incluso en los llamados mapeos participativos, donde
es común que las comunidades elaboren o expongan mapas orales o
simbólicos no métricos, y sin embargo, al momento de presentar los resultados
finales de los procesos de conocimiento territorial y a pesar de los
propósitos participativos y democráticos de la cartografía social, estos
ejercicios de la comunidad son discriminados. A diferencia del mundo
indígena, la academia y las instituciones gubernamentales suelen abordar
el conocimiento territorial desde el mapa y no desde el territorio. El
mapa geo-referenciado resulta siendo el portador de validez porque responde
a un sistema de referencia espacial políticamente legitimado, frente
al cual los mapas orales o simbólicos no métricos se acaban tornando una
referencia subalterna. Esto evidencia la clara situación de dominación de
una territorialidad sobre la otra.

152 Cartografía Social …
Frente a la excesiva preocupación con la tecnología y la precisión,
Rodríguez señaló cómo las representaciones locales del territorio y las
sutilizas del espacio contenidas en el saber tradicional pueden ser
invisibilizadas. Para Herrera, igualmente, la confianza en la cartografía
para la consecución de los títulos de propiedad de la tierra, puede
conllevar a la pérdida de aquello que constituye la riqueza de la cartografía
social, como consecuencia de las exigencias técnicas de los
procesos de demarcación territorial.
Bonilla rebatió que el Chocó si se configuraría como una experiencia
que ha dado cuenta de la interacción entre el saber propio y el saber
técnico en procesos de cartografía social. Para ella, ésta última “ha
permitido que las comunidades sepan cómo el Estado los está mirando y
éste entienda cómo las comunidades ven su territorio; ha permitido
homologar una lectura, base de una conversación de igual a igual”. Así
mismo, ha servido para que la comunidad “hable de manera más
coherente y sepa lo que está negociando”.
En esa región del Pacífico colombiano, las comunidades negras incorporaron
las técnicas cartográficas convencionales en sus unidades de
organización territorial -los Consejos Comunitarios- para la elaboración
de cartografía propia con fines de demarcación de áreas familiares y
colectivas. En el ejercicio vienen siendo definidas e inventariadas áreas
para el caserío, para puestos de salud y escuelas, para fincas y bosques
de uso común, a partir de la utilización de sofisticadas técnicas de georeferenciación.
A cambio de los mecanismos consuetudinarios de negociación
comunitaria para demarcaciones familiares y espacios de uso
común, se viene implementando sofisticadas estaciones totales para la
instalación de GPS sub-métricos para la transferencia de coordenadas y
toma de puntos de referencia con importantes niveles de precisión, en
una región caracterizada por su mega-biodiversidad y fuertemente
golpeada por el conflicto armado. También en el caso de Perú, Tuesta y
Burga, coincidían en que las técnicas cartográficas han contribuido al
fortalecimiento de las comunidades en su capacidad de gestión del
territorio, como una herramienta de diagnóstico y planificación implementada
a partir de criterios indígenas.
Un caso concreto en el que la cartografía social puede no operar como
contra-hegemónica, se encuentra en las interacciones que se producen
entre ésta y la cartografía de las instituciones del Estado, para la
formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) que deben
ser adoptados por los municipios en Colombia. Según Bonilla, en dicho
proceso se realizó una confrontación de las construcciones de mapas
técnicos y las cartografías sociales realizadas por las comunidades
negras, identificando sistemas productivos, zonificación ambiental, marcando
zonas riesgo de erosión, límites entre comunidades étnicas y

Antropológica 114
153
conflictos interétnicos con colonos o con resguardos indígenas. Y aunque
en esa integración entre mapas surgieron problemas, Bonilla agregó que
éstos fueron abordados a partir de un “diálogo de saberes” donde contradictoriamente
predominaron los requerimientos técnicos exigidos por los
POT.
En muchos mapas oficiales del Pacífico es frecuente la ausencia de
ríos -de total relevancia geográfica y social en la región-, debido a dificultades
climáticas para la toma de datos. A partir de estos procesos, el
saber local viene siendo decisivo a la hora de geo-referenciar cada río, es
decir, que el diálogo de saberes ha sido muy útil para la corrección de los
errores de la cartografía oficial, mientras que los técnicos de las instituciones
apenas han aprendido a leer las cartografías comunitarias. Y aunque
en casos parecidos la compatibilización de las nominaciones siempre
conlleva impases, hubo, nos dice Bonilla, una mediación de los topónimos
que conllevaron a una homologación de ambos tipos de cartografía sin
que sus “esencias” se perdieran. Se entiende aquí la preocupación manifiesta
por Vidal, pues en tanto las herramientas básicas del mapeo
continúan siendo cartesianas, éstas se adaptan parcialmente a formas
indígenas radicalmente diferentes en la manera de imaginarse la relación
entre el territorio y sus significados sociales.
En la reflexión sobre los saberes técnicos en los procesos de cartografía
social, Burga relata que, en el mapeo participativo con las
comunidades indígenas de la zona del Pastaza, norte de Perú, el equipo
técnico de la Ong Shinai Serjai trabajó a partir de la definición de un
conjunto de compromisos y responsabilidades con la comunidad, donde
el procesamiento técnico de la información y los pasos que habrían de
realizarse para los mapeos fueron concertados. El diálogo sería, en ese
caso, direccionado a la revisión, aprobación y toma de decisiones conjuntas
sobre el uso de la información cartográfica producida.
Acevedo insistió en que en el acompañamiento de agentes externos a
procesos de cartografía social, el diálogo de saberes se concretaría al
facilitar el empoderamiento del sujeto que está hablando, que aporta sus
narrativas, las cuales no deberían ser apenas tomadas como un dato
preliminar, sino como una potencialidad en la que los grupos se colocan
desde su identidad, sus conflictos y conocimiento de sus recursos. Esto -
agrega-, “nos coloca desde una perspectiva amplia; y las ciencias sociales
se colocan en un punto de interlocución con sujetos que producen
conocimiento; el investigador va a conocer a otro en el proceso de
producción de conocimiento”.

154 Cartografía Social …
Autonomía y control de la información cartográfica
De cualquier forma, parece que, a pesar de los cuidadosos pasos
metodológicos para confrontar estas contradicciones y de las consideraciones
para subsanarlas, éstas son inherentes a los procesos de
mapeamento y el diálogo entre saberes no erradica necesariamente las
tensiones.
En este sentido, las experiencias van mostrando en qué medida los
diferentes momentos y los productos de la práctica cartográfica son
entendidos como elementos relevantes y estratégicos en las disputas de
poder. Esto implica la construcción implícita o explícita de una política,
en la que la información cartográfica es diferencialmente controlada y
utilizada estratégicamente en relación a los intereses de los sujetos
mapeadores.
Es aquí donde la autonomía puede entrar a jugar un papel decisivo,
no tanto para evidenciar diferencias epistemológicas no occidentales, sino
para decidir el propósito y uso de las informaciones contenidas en el
mapa. La restricción de la información cartográfica hace parte de las
estrategias de empoderamiento y autonomía. Para Hirt esa tensión apareció,
por ejemplo, cuando concluidos los trabajos con los mapuches, ellos
exploraron las posibilidades de publicar un libro con la experiencia. A
pesar de los logros obtenidos con el ejercicio cartográfico, hubo asuntos
que el grupo no estaba interesado en divulgar.
El caso de los Jodï en Venezuela es, a su vez, un ejemplo de esa
autonomía, al ser ellos quienes dispusieron la información que los mapas
deberían contener: límites, historias de los asentamientos, áreas de
cultivo y recursos naturales, excluyendo información referente al espacio
sagrado. Así, lo que se publica y lo que la comunidad guarda para su uso
interno, es una negociación entre saberes que pasa por el manejo de la
información producida en contextos de autonomía, la cual no está
presente en muchas de las experiencias dentro de los llamados “mapeos
participativos”. La cartografía por sí misma no empodera necesariamente
a los pueblos indígenas y tradicionales y, dependiendo del contexto,
puede marginar aún más sus voces, siendo muchas veces impuesta para
extraer información y controlar recursos y personas, como sería el caso,
según algunos relatos, de ciertas ONGs ambientalistas que procesan
informaciones para repasarlas al propio Estado.
Dicha discusión toma relevancia en la medida que estas técnicas son
puestas al servicio de objetivos que no son los de los grupos que las
utilizan. Como afirmaba John Jairo Rincón (estudiante de maestría en
geografía, Universidad Federal de Rio de Janeiro), en muchos casos las
metodologías de cartografía social son promovidas por agencias transnacionales
o por empresas, a través de sus estrategias de responsabilidad

Antropológica 114
155
social, obteniendo de esta forma valiosa y detallada información del
territorio que es elaborada por sus habitantes. José Domínguez
(estudiante de doctorado del IPPUR, Universidad Federal de Rio de
Janeiro, Brasil) reforzó esta idea al advertir que si no se tiene claridad
sobre lo que pasa con los datos, estos mapeos podrían tornarse en un
boomerang para las comunidades, cuyo principal riesgo seria la
manipulación y organización de éstas para otros fines. De esta manera se
estaría entrando en un proceso de adopción de formas de racionalización
del territorio, útiles a intereses y modelos ajenos a las comunidades.
En algunos casos brasileños se ha observado la instrumentalización
de los mapeos participativos por el capital y su legitimación por la retórica
ambientalista. En áreas indígenas de Rondônia, por ejemplo, la cartografía
participativa pasó en 15 años a ser retomada como base para desarrollar
y legitimar el negocio de la captura de carbono, a través de
prácticas de financiamiento de mapeos. La tensión se produce porque los
planes de manejo, producto de tales ejercicios, se enfocan más en la
conservación que en las dinámicas sociales internas en esas áreas. También
en el Perú, en la cuenca del río Cenepa, las empresas mineras y
petroleras han venido utilizando la información cartográfica producida
por las comunidades. El dilema sobre el control efectivo de la información
producida se acentúa con la respuesta de E. Tuesta, quien piensa que si
no son las comunidades las que producen los mapas otros pueden
hacerlo y hacerlo mal. Por esto la estrategia de algunas comunidades
indígenas del Perú incluye la distribución pública de la información
cartográfica producida.
En este caso la legitimidad conferida a la información cartográfica y la
divulgación de ésta entre los diferentes actores, se constituyen en elementos
importantes para la acción política de las comunidades. Según
Tuesta, la información cartográfica propia ha contribuido para sustentar
diversas demandas hacia el Estado, como por ejemplo, la solicitud de
construcción de escuelas y centros de salud, la petición de aumento de
salarios para profesores que se encuentran laborando en zonas de
frontera y la solicitud de ampliación de territorios, demostrando cómo
actividades tradicionales requieren de áreas mayores para su realización,
entre ellas la pesca. A largo plazo, la información compartida con otros
actores nacionales e internacionales también serviría para la búsqueda de
aliados en la lucha por la titulación colectiva de tierras.
Frente al dilema del manejo y control de la información, la propuesta
de M. Vidal es contraria: las comunidades indígenas, bajo su propia cosmovisión,
ya venían realizando prácticas cartográficas asociadas a la
oralidad, en las que los mapas tenían que ser memorizados para evitar ser
descubiertos por los terratenientes en el proceso de retoma de tierras en
los años 1970. El ejercicio de control de la información cartográfica fue

156 Cartografía Social …
cambiando, junto con las estrategias de disputa, en la medida en que lo
hizo el nuevo contexto institucional de reconocimiento de derechos y el
avance tecnológico. Este control sobre la información cartográfica se
sigue considerando relevante como forma de ganar poder. Según Vidal,
los indígenas adoptan como principio no mapear o referenciar más allá de
lo que los mismos agentes externos también puedan mapear y georeferenciar
por sus propios medios. Pues el dominio de la técnica no
exime a los ejecutantes de una mirada crítica; y la exactitud no se equivale
a decirlo todo en el mapa. En ese sentido, la información referente a
recursos minerales, vegetales e hídricos debe ser dispensada o al menos
minimizada. Al colocar los elementos de resistencia propios, en el mismo
código hegemónico, “les hacemos el camino más fácil”. Ante esto, Vidal
afirma la necesidad de una política de autonomía para “problematizar el
mapa del territorio desde lo nuestro, desde lo propio, y así problematizar
esos códigos de dominación”. Ante la necesidad de cambiar el código
frente a la globalización del capitalismo, “requerimos más que mapas de
representación, mapas problema”.
En este control y uso de la información se va llevando a cabo un
ejercicio de autonomía en el que, según Ch. Hale, la respuesta del para
qué del mapa, adquiere otra dimensión, pasando del establecimiento de
un lenguaje común para la relación puntual con el Estado, a una estrategia
mayor de autonomía, que funcionaría con la lógica de que “cuanto
menos se pone en el mapa, más ganamos en autonomía” y en este sentido
es que llega a ser subversivo.
A modo de conclusión
Las dinámicas internas de los grupos sociales que se han envuelto en
los ejercicios cartográficos aquí discutidos apuntan hacia una variedad de
usos que, además de la demarcación territorial, van desde el fortalecimiento
organizativo, la reconstrucción histórica del territorio y el planeamiento
y gestión del territorio y sus recursos. Sin embargo, conflictos
internos como los de género y generacionales apenas fueron mencionados
y sin lugar a dudas deben ser un camino a seguir explorando. Para M.
Vidal la mayor participación que las mujeres han venido teniendo para
tomar decisiones en los procesos colectivos de los Nasas no es ajena a
conflictos y resistencias masculinas. En la experiencia boliviana los
conflictos generacionales entre jóvenes y ancianos están ligados a la propiedad
de la tierra y a los deseos de consumo que caracterizan el carácter
moderno y urbano de nuevos estilos de vida.
En Chile, I. Hirt explicitó que la participación en el proceso de mapeo
fue sobre todo de hombres mayores, mientras que la mayoría de los
jóvenes no mostraron mayor interés y se auto-segregaron, aludiendo que

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se trataba “de cosas de los abuelitos”. Las mujeres estaban siempre
presentes, pero, por lo general, no tenían el liderazgo en el proceso de
mapeamiento (salvo en la comunidad de Quemchue), dado que, en
general, tienen poca figuración en la vida pública y política mapuche.
En cuanto a las relaciones hacía fuera, a pesar del contexto político y
económico predominante, las experiencias muestran un panorama que,
lejos de ser homogéneo para América Latina, está marcado por los
contrastes de las diferencias locales. Los ejercicios de cartografía social se
articulan con los procesos de reproducción social en cada uno de los
contextos, evidenciando disputas por la apropiación y significación del
territorio. Las experiencias cartográficas presentadas visibilizan dichos
conflictos, los contextos, sujetos y estrategias que están en juego. En este
sentido, hay que señalar que las cartografías sociales reflejan los procesos
conflictivos, toda vez que las formas de producción de la cartografía están
inmersas en los medios de producción social del territorio y, por ende,
uno de los fines de la cartografía social debería ser el de enunciar y
explicitar los agentes productores y las formas de producir los mapas.
En los ejercicios cartográficos es posible advertir tanto las disputas
territoriales que, hacia el exterior, se desdoblan con el Estado, con comunidades
vecinas y con promotores de proyectos desarrollistas en el contexto
de liberalización económica. Los conflictos que se producen son de
varios órdenes y dependen de las variaciones regionales y del tipo de
emprendimiento económico. Es así como, especialmente en las experiencias
brasileñas, agro-negocios de todo tipo, empresas extractivitas e
instalaciones de obras de mega-infraestructura, entre otros, vienen contornando
el carácter y especificidad de los diversos movimientos sociales
y las técnicas que éstos emplean para confrontar las estructuras de
producción que amenazan su territorialidad.
En ese sentido, la experiencia peruana también se enfocó en las
luchas que indígenas del Amazonas han emprendido para la defensa de
su territorio de empresas petroleras y exploradoras de maderas y minerales
y en los diferentes usos que vienen siendo explorados para gestionar
el territorio en los términos dictados por las tendencias desarrollistas.
La experiencia de mapeo con los Jodï y Eñe'pa muestra una anticipación
de las comunidades indígenas que prevén el “futuro economicista”
que desde el Estado se viene diseñando para la Guayana venezolana y
deciden llevar a cabo el proceso de demarcación territorial escogiendo los
investigadores que les colaborarían. En este proceso, E. Zent remarcó la
importancia de la representación del territorio, aunque la inquietud “¿Qué
viene después del título?”, en ese caso, no tiene lugar todavía porque a
cuatro años de terminado el proceso de demarcación no existía ninguna
respuesta por parte de las instituciones responsables. Y sin embargo, el

158 Cartografía Social …
título puede eventualmente resultar en una camisa de fuerza para los
indígenas en territorios de inmensa riqueza biológica y mineral no
exploradas todavía.
El caso mapuche sobresale especialmente por la ausencia de una
política pública que ofrezca respaldo jurídico a las demandas territoriales
que, sin ningún tipo de acompañamiento internacional que interceda por
ellas, reposan sin resolución. La experiencia boliviana es paradigmática y
polémica exponiéndonos cómo las necesidades materiales en el altiplano
continúan sin ser resueltas; y que aún después del reconocimiento étnico
e incluso del título, los conflictos permanecen tanto por las dinámicas
internas como por las presiones externas. Sin inmunidad frente al mercado,
las comunidades se han visto conducidas hacia la búsqueda de
mecanismos para la demarcación individual. Este caso nos pone de frente
a la inquietud de Ch. Hale ¿Cuál es el balance idóneo entre la defensa de
las depredaciones del mercado y la flexibilidad para las negociaciones
inevitables con él?
En otro sentido, el caso nicaragüense explicó las debilidades del
proceso de titulación para los grupos étnicos del Caribe. A la fecha, los
títulos entregados, que corresponden al 80% de las metas de titulación en
las regiones autónomas, no han traído para las comunidades las anheladas
mejoras materiales, y la pobreza extrema continúa para muchos de
sus pobladores. Por otro lado, falta camino para que las autoridades
étnicas sean reconocidas como tal por los mandatarios municipales, lo
cual coloca en evidencia los conflictos de poder y representación política.
Ya la complejidad del caso colombiano se expresó en las distintas
situaciones, cada una resaltando diferentes aspectos del desarrollo de las
cartografías sociales. En primer lugar, Colombia (Costa Pacífica) comparte
con Nicaragua (Regiones Autónomas de la Costa Caribe) los frutos de una
política regionalizada para la definición de los sujetos de derechos territoriales,
la cual significó un inédito reconocimiento a territorialidades
ancestrales amenazadas por las economías de enclave, la explotación de
recursos naturales y el desarrollo del narcotráfico. En otro sentido, los
recientes cambios legislativos llevados a cabo en Colombia y Nicaragua
colocaron en evidencia la ausencia de políticas para dar cuenta de las
demandas de campesinos y mestizos que no se reconocen como sujetos
étnicos o de derechos colectivos y dejó la inquietud sobre el camino a
seguir para esos sujetos, antiguos protagonistas de luchas agrarias.
El caso del Pacífico concretamente enunció que los títulos para
comunidades negras más que una obsesión, es una urgente necesidad
para detener la invisibilidad de los afrodescendientes y la destrucción de
recursos, territorios y personas. Si bien no hubo cambios estructurales en
la estructura agraria del país y las retaliaciones por parte de actores

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159
armados y proyectos agro-económicos sobre este espacio no terminaron
de crecer, hubo sí un equilibrio de fuerzas y el reconocimiento sobre una
presencia donde ya no es posible dar marcha atrás.
Finalmente, la revisión de los paradigmas epistemológicos sobre tiempo,
espacio y representación propuesta por Vidal coloca el desafío de la
dilución de los saberes locales en pro de la técnica, el mapa y el mismo
título. Las reflexiones sobre las diferentes concepciones espaciales y las
necesidades de demarcar y titular territorios nos confronta con la retórica
del diálogo de saberes, que en función de las negociaciones con el Estado
debe plegarse al código oficial de éste. Este punto debería dejar de ser una
preocupación en la medida en que el aprendizaje y dominio de un segundo
lenguaje no implica el barrido de las concepciones espaciales que
hacen parte de otros sistemas cosmológicos. De este modo el desafío de la
autonomía pasa por dejar de reflexionar sobre qué lenguaje usar, sino qué
palabras y cuáles contenidos poner en los mapas.
Llevada al terreno cartográfico, la disputa territorial evidencia la lucha
por la legitimidad en la definición de los conflictos, en su representación
y en los usos que se le asignan a los mapas como productos asociados a
las tramas territoriales particulares en las cuales se desarrolla el proceso
cartográfico, lo que incluye los sentidos que le son atribuidos por parte de
los sujetos colectivos que mapean.
La evaluación de los impactos de estos procesos difícilmente puede
ser categórica en la medida en que son, en su mayoría, procesos en
desarrollo. Hubo resultados en el campo de la movilización político-social
que resultó en la incorporación de los derechos territoriales, lo cual se
acopla tangencialmente a la lucha por la tierra. ¿Pero en qué medida esos
derechos han conseguido frenar el proceso de concentración de tierra?. La
pregunta sobre qué viene después del título, urge en la medida en que
ciertos asentamientos y territorios reproducen, sea por voluntad o por
presión, los proyectos económicos del agro-negocio de caña de azúcar,
soja y palma africana. Con razón se pregunta (intervención de Wendell
Ficher, estudiante de doctorado del IPPUR, Universidad Federal de Rio de
Janeiro, Brasil) hasta qué punto la consagración de esos derechos consigue
ser la expresión de un nuevo modelo socio-territorial.
Edwin Muñoz Gaviria 1 y Luz Stella Rodríguez Cáceres 2
1 Doctorando en Planeación Urbano Regional del IPPUR, Universidad Federal de
Rio de Janeiro y Becario de Capes–IEL Regional - Brasil. emugaia@hotmail.com
2 Doctoranda en Geografía de la Universidad Federal de Rio de Janeiro.
lunsella@gmail.com