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Además de ser relativamente gratuita la educación que se imparte en las universidades públicas, la Ley
obliga a una política de protección social y mejoramiento tanto para los estudiantes como para sus
profesores. Ello explica el hecho de que todas las instituciones de educación superior del país hayan
establecido sistemas de previsión social, para todos los profesores y para los alumnos de escasos recursos.
En el caso de los miembros del personal docente dichos sistemas (que cubren los riesgos por cirugía,
hospitalización o muerte) son costeados en partes iguales por los interesados y por la institución
correspondiente.
En síntesis, se puede decir que por disposiciones legales y factores de tipo social y político las
instituciones de educación superior del sector oficial dependen para su funcionamiento de tres fuentes de
financiamiento: los aportes del Estado, las donaciones de entes privados y los llamados ingresos propios.
Pero, en general, más del 90% del presupuesto de las instituciones de educación superior oficial proviene
del presupuesto nacional. Desde luego, la mayoría de las instituciones tienen algunos ingresos propios,
producto principalmente de investigaciones, bienes y servicios especializados, cursos de extensión y de
postgrado, pero el monto de estos ingresos es poco significativo. En efecto, ellos representan apenas un
porcentaje del presupuesto total que nunca llega al 10% del aporte estatal. Las donaciones por personas
privadas o empresas son casos excepcionales.
En las instituciones privadas las fuentes de financiamiento son los aportes que hacen fundaciones
empresariales o religiosas, el cobro de matrícula (cuyo monto es muy variado, dependiendo de la calidad,
prestigio o sector social al cual sirven las Instituciones) y los subsidios que hace el Estado a algunas
instituciones, sobre todo a las de origen religioso católico. En el año 2001, por ejemplo, el Estado otorgó
subsidios a instituciones privadas de educación superior por Bs. 1.450.500.000, esto es unos USD
800.000.
8.2. PROCEDIMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN Y GESTION DE
RECURSOS FINANCIEROS
En lo que se refiere a cómo se asignan los recursos a las universidades públicas por parte del Estado, lo
cierto es que hasta hace pocos años, la misma se basaba simplemente en la participación que
históricamente se había dado a cada institución, lo cual significaba que los montos asignados por el
Ministerio de Educación eran más el producto de la capacidad de negociación de los rectores, o de sus
afinidades políticas, que de factores de mayor validez. A partir de 1995, sin embargo, se inicia un proceso
de ajuste con la introducción de indicadores de gestión, a efectos de evaluar la relación costos-beneficios.
En este sentido el CNU adoptó la decisión de asignar los presupuestos en función de un conjunto de
indicadores tales como los de: números de estudiantes y graduados, actividad de investigación, proyectos
especiales y actividad de postgrado. Y a partir del año 2000, se incorporan otros indicadores, como el
número de jubilados programados por la institución y la relación empleado-profesor.
El procedimiento de asignaciones de recursos para el resto de las instituciones de educación superior
pública, esto es, colegios e institutos universitarios, es todavía muy deficiente.
Para definir los procedimientos para el gasto de las instituciones de educación superior lo normal es la
elaboración de presupuestos anuales que aprueban los Consejos Universitarios o el Ministerio de
Educación Superior, según el caso, en los cuales se definen diez programas, los tres primeros relacionados
directamente con las misiones fundamentales de enseñanza, investigación y extensión y los siete restantes
con acciones de dirección y apoyo. Estos programas definen los tipos u objetos de los ingresos y gastos de
la institución, los cuales se clasifican en varias categorías: gastos de personal, materiales, servicios
generales, activos reales y transferencias. De modo que por una parte se establece lo que se va a gastar y
por la otra, el origen de su financiación.
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