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8.1 Las fuentes de los recursos. 8.2 Procedimientos para la asignación y gestión de los recursos. 8.3 Costo
de los estudios y evolución del presupuesto. 8.4 El presupuesto de educación superior en relación con
diversos indicadores nacionales.
8.1 LAS FUENTES DE LOS RECURSOS
En comparación con otros países, no solamente de América Latina sino del mundo, los gastos del Estado
venezolano en educación, en las últimas décadas y sobre todo en educación superior, son relativamente
elevados. En efecto, en la década pasada la inversión del Estado en esta materia fue, en promedio, de
1,2% del Producto Interno Bruto, un 7% del presupuesto nacional y 43% del presupuesto educativo total.
Las razones de este fenómeno pueden explicarse por la riqueza petrolera del país, el carácter populista de
los gobiernos de la etapa democrática y el hecho histórico de que en 1870 el Ejecutivo Nacional presidido
por Antonio Guzmán Blanco dictó un decreto estableciendo la gratuidad de la instrucción pública en todo
el país. Este principio se fue aplicando progresivamente en todos los niveles de la educación pública, hasta
quedar consagrado para la educación superior, con limitaciones, en la Constitución Nacional de 1961 y
será ampliado en la nueva de 1999. En consecuencia, hasta mediados del siglo XX el financiamiento de la
educación superior en Venezuela provino exclusivamente de fondos del Estado.
Porque, es cierto, a diferencia de la mayoría de los países, en este país la presencia de educación privada
es muy reciente, al punto de que las primeras instituciones de educación superior no oficiales aparecieron
en 1953, pero una vez iniciada la experiencia, que lo fue con dos universidades, ella creció a gran
velocidad desde la década de los ochenta de manera que en 1990 atendió al 33% de la población
estudiantil y para el año 2001 el 40,5%. Lo anterior significa que para comprender cuánto invierte el país
en educación superior hay que tener presente no solamente el aporte estatal sino también el del sector
privado.
La Ley Orgánica de Educación (1980) ratifica el principio de la gratuidad de la educación superior pública
y sólo establece la no gratuidad para el caso de las “personas provistas con medios de fortuna”. Para
normar con precisión esta disposición, esta Ley se remite a una futura Ley Especial para la Educación
Superior, la cual debía promulgarse rápidamente, pero que hasta el presente no ha ocurrido, a pesar de que
se han presentado varios proyectos al Poder Legislativo nacional.
Por su parte, la Ley de Universidades en su Artículo 11, establece que el pago de aranceles en las
universidades sólo se aplicará en el caso de los estudiantes de bajo rendimiento académico, disposición
que pocas instituciones aplican con rigurosidad. Con la nueva Constitución de 1999, la gratuidad de la
educación se amplía al establecerse que en las instituciones oficiales solamente se podrán exigir pagos por
matricula en el caso de los estudios de postgrado.
En la práctica, y hasta 1999, para ingresar y permanecer en la educación superior pública todos los
estudiantes, repitientes o no, pobres o ricos, tenían que cancelar aranceles por diferentes motivos
(inscripción, certificación de estudios, solicitudes de equivalencias y otros trámites de tipo
administrativos), los cuales eran realmente muy pequeños para los dueños de fortuna pero altas para los
jóvenes provenientes de los estratos con escasos recursos económicos. Esto ha creado una desigualdad
muy grande en cuanto a oportunidades de estudio, hasta el punto de que, por ejemplo, el estudiantado de la
Universidad Central, considerada tradicionalmente como una universidad popular, está conformado en
más del 80% por estudiantes provenientes de las clases sociales minoritarias media y alta.
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