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CUADRO 5.A
Estas cifras colocan al país entre los primeros de América Latina, tanto en términos relativos como
absolutos en materia de educación superior. Esto no ha sido siempre así, ya que para 1950 la oferta de
educación superior en Venezuela se reducía a tres universidades oficiales (la Central, la del Zulia y la de
Mérida) y un instituto de formación docente (el Instituto Pedagógico de Caracas), en todos los cuales la
matrícula estudiantil en total no pasaba de 6.900 estudiantes. Durante la dictadura del General Pérez
Jiménez (1950-58) se crean en 1953 las dos primeras universidades privadas (la Católica Andrés Bello y
la Santa María), y a partir de 1958 se inicia un proceso muy acelerado de creación de instituciones de este
nivel educativo, oficiales en los primeros 15 años -–aprovechando la coyuntura de altos precios del
petróleo--, y luego privadas, a partir de 1984, por influencia de las políticas neoliberales que fueron
impuestas.
Para el año 2001 la situación era bastante compleja: se contaba en el país con un conjunto heterogéneo de
145 instituciones legalmente autorizadas para dar formación profesional a nivel superior de pre-grado
(Anexo 1.A), en el cual se ofrecían estudios que iban desde los que exigen dos y medio o 3 años de
duración, conducentes a títulos de “técnicos superiores universitarios (TSU)”, hasta los que requieren un
mínimo de 6 años de estudios de pregrado y a veces hasta cuatro o más a nivel de postgrado, para lograr el
título de Doctor o de Especialista en ciertas áreas, como sucede en algunas subespecialidades médicas.
El 40% de la oferta proviene de planteles privados y el 60% de los oficiales. El 65,5% estudia en
universidades (oficiales y privadas) y el resto en otro tipo de instituciones.
La complejidad institucional se ha hecho mayor en los últimos años con una práctica novedosa que se ha
ido extendiendo a todo el país: nos referimos al hecho de que muchas instituciones se han multiplicado a
sí mismas mediante “extensiones”, es decir, núcleos o programas que funcionan en ciudades distintas a su
sede principal. Es así como se observa que casi todas las universidades autónomas oficiales y las
universidades, colegios y tecnológicos privados han adoptado esta modalidad de aumento de la oferta, lo
cual tiene el contenido positivo de extender la educación superior a toda la geografía nacional, pero se
logra en desmedro de la calidad, puesto que las nuevas creaciones se hacen en condiciones que a veces no
cumplen con los mínimos requisitos pedagógicos para garantizar la calidad de los profesionales que
egresan.
Se tiene una idea más concreta de este fenómeno si se observa que para 1993, unas 32 universidades (17
públicas y 15 privadas) realizaban actividades docentes en 74 ciudades mientras 38 institutos
universitarios tecnológicos (22 oficiales y16 privados) lo hacían en 50 (Sardi, et.al., 1995). Para el año
2.000 el número de extensiones ha crecido en no menos del 15%, pero se ha hecho con cierto control
puesto que el Consejo Nacional de Universidades ha tomado medidas para contener el fenómeno al exigir
que las extensiones tengan condiciones de infraestructura y personal similares a las sedes centrales y que
soliciten la autorización para su funcionamiento.
A la cobertura geográfica mencionada hay que añadir los llamados “centros locales” de la Universidad
Nacional Abierta (UNA), institución que tiene unidades de apoyo en unas 25 ciudades del país, en las
cuales se realizan actividades docentes mediante educación a distancia, en forma similar a como lo hacen,
en menor escala, la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad
privada José Maria Vargas con sus denominados Estudios Supervisados.
Como puede observarse en el Cuadro 5.D, para el año 2001 en Venezuela si se agrupan las oportunidades
de estudio en grandes áreas de conocimiento resulta que el mayor porcentaje de ofertas corresponde a las
áreas de Ingeniería, Arquitectura y Tecnología ( 33,24 %) y de Ciencias Sociales (38,28%), que incluye
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