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CUADRO 3.A
La Ley de Universidades tampoco establece diferencias de objetivos entre postgrado y pregrado, por lo
cual se puede decir que ambos niveles deben responder a los objetivos de la educación superior
establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley, esto es: (a) la formación integral de profesionales
(función docente), (b) la investigación (científica, tecnológica y humanística), y (c) la difusión de
conocimientos (o extensión). En este país, como en el resto de América Latina, a la docencia se dedica
más del 80% de los recursos, a la investigación menos del 7% y a la extensión no más del 3%.
Según la Ley Orgánica de Educación, la formación universitaria está “dirigida a la formación integral del
alumno y a su capacitación para una función útil a la sociedad”. Sin embargo, esa formación integral en
pocos casos se logra, o se intenta realizar, por razones tan diversas como la escasez de recursos o la simple
ignorancia, puesto que no más de un 15% de los profesores de las instituciones de educación superior
tiene formación pedagógica.
El régimen de estudios predominante es por semestres, lo cual significa un período académico de 14 a 16
semanas continuas, y su medición se hace por unidades-crédito (entendiéndose generalmente que un
crédito significa una hora de clases teóricas o dos de clases prácticas durante un semestre). Para evaluar el
aprovechamiento de los alumnos se realizan exámenes parciales y finales, los cuales se califican con un
puntaje comprendido entre cero (0) y veinte (20). Para ser aprobado en un examen se requiere una
calificación mínima de diez (10) puntos. El año escolar normalmente comienza en septiembre y termina
en julio.
3.3 LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO.
Sobre la educación de postgrado, son muy escasas las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de
Educación y en la vigente Ley de Universidades. Por eso, lo relativo a esta materia trató de resolverlo el
Consejo Nacional de Universidades en 1983 dictando unas “Normas para la Acreditación de los Estudios
para Graduados”. Estas normas, sin embargo, tenían muchos defectos que pueden sintetizarse en el hecho
de que no eran de obligatorio cumplimiento por todas las instituciones y solamente se aplicaban a las que
voluntariamente solicitaban acreditación de sus programas de postgrado. Como consecuencia de estas
normas el CNU designó en 1984 el Consejo Consultivo Nacional de Estudios para Graduados, organismo
integrado por siete representantes de diversos sectores académicos, como organismo asesor y responsable
de poner en ejecución el sistema nacional de acreditación, lo cual se inició en 1987, proponer políticas
correspondientes a ese nivel educativo y ser centro de información sobre el sector de su competencia.
Para corregir los defectos de las Normas mencionadas y combatir, se dijo en ese entonces, la proliferación
de “postgrados piratas”, el CNU aprobó en 1996 una “Normativa general de los estudios de postgrado
para las universidades e instituciones debidamente autorizadas por el Consejo Nacional de
Universidades”, con la cual se corrigieron algunos defectos, pero agregaron dos: redujeron las
competencias de este Consejo y establecieron la acreditación de los programas de postgrado como
obligatoria, lo cual contradice el concepto de acreditación, creado en Estados Unidos hace más de cien
años, como un acto voluntario de sometimiento a procesos de evaluación externa.
Los estudios de postgrado se definen en la normativa vigente como toda actividad que tenga por finalidad
elevar el nivel académico y el desempeño profesional de los egresados del subsistema nacional de
educación superior. En efecto, el Artículo 4 de las Normas mencionadas establece que los estudios de
postgrado tienen como finalidad fundamental:
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