131594s

En síntesis, se puede decir que los instrumentos jurídicos que rigen el funcionamiento de las instituciones
de educación superior son los siguientes:
(a) Todo el conjunto: lo hace siguiendo los principios generales establecidos en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Educación; (b) Las universidades autónomas:
por la Ley de Universidades (promulgada en 1958 y reformada en 1970), el Reglamento Parcial de esa
Ley, dictado por el Ejecutivo Nacional en 1967 y por reglamentos internos dictados por los Consejos
Universitarios; (c) Las universidades experimentales y las instituciones de educación no reconocidas como
universidades: por un Reglamento promulgado por el Ejecutivo Nacional en 1974, todas aquellas normas
de la Ley de Universidades no relacionadas con la autonomía institucional que les son aplicables y por los
reglamentos internos dictados por el Ministerio de Educación; y, (d) Las universidades privadas y otras
instituciones de educación superior no oficiales: por sus estatutos internos y por las normas académicas
de la Ley de Universidades y de los Reglamentos oficiales que les sean aplicables.
A lo descrito se agrega que los estudios de postgrado (el nivel que mejor sintetiza y realiza los fines de la
educación superior) es apenas mencionado en la Ley Orgánica de Educación y en la Ley de
Universidades. Ellos se rigen por una “Normativa General de Estudios de Postgrado”, aprobada por el
CNU en 1996 y reformada en el 2000. Por otra parte existe un grupo bastante numeroso de institutos de
investigación que realizan actividades docentes, y otros dedicados exclusivamente a actividades de
postgrado, los cuales se rigen por Decretos especiales del Ejecutivo Nacional. Tal es el caso, por ejemplo,
del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), el Instituto de Altos Estudios de la
Defensa Nacional (IAEDEN) y el Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), por el lado oficial, y el
Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) y algunos colegios profesionales del sector
privado.
A pesar de la dispersión normativa se puede decir, sin embargo que, en Venezuela, como establece la Ley
Orgánica correspondiente, la educación superior tiene como objetivos: formar profesionales especialistas;
promover el mejoramiento profesional permanente, fomentar la investigación, las artes y otras
manifestaciones creadoras del ser humano, así como elevar el nivel cultural de los venezolanos, todo ello
en beneficio de la sociedad. En otras palabras, hay consenso en que tres son las funciones de las
instituciones de educación superior venezolana (docencia, investigación y extensión) para servicio del
país; pero esas funciones se cumplen en proporciones muy diversas en las diferentes instituciones.
Conviene mencionar que, aparte de la Asociación Venezolana de Educación Privada (AVEP) --cuyo
interés principal es la educación preuniversitaria-- no existe ningún organismo del sector privado que
coordine o regule el funcionamiento de los institutos no oficiales de educación superior.
2.3 ORGANISMOS DE DIRECCION Y COORDINACION
Hasta enero del año 2002, cuando se crea el Ministerio de Educación Superior (MES), la educación
superior venezolana dependía de un Ministerio que a lo largo de la historia recibió diversos nombres (de
Instrucción Publica, de Educación Nacional, de Educación o, muy recientemente, de Educación, Cultura y
Deportes). La idea que hoy se maneja en el país es la de aprobar pronto, una Ley de Educación Superior
con la cual el nuevo Ministerio se convierta realmente en ente rector, coordinador y supervisor del sistema
nacional de educación superior.
Por ahora, el sector universitario es coordinado por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), el cual
está integrado por el Ministro de Educación quien lo preside; los rectores de las universidades nacionales
y privadas; tres representantes del profesorado, uno por cada tipo de institución; tres representantes de los
estudiantes escogidos igualmente a razón de uno por cada grupo de universidades; dos profesores
designados por el Congreso de la República; y un representante del Consejo Nacional de Investigaciones
16