República de Colombia - Rama Judicial

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Tribunal Administrativo de Sucre - Sala Cuarta
MAGISTRADO PONENTE: HECTOR ENRIQUE REY MORENO
Sincelejo, abril veintiseis (26) de dos mil doce (2012)
RADICACIÓN: 70-001-23-31-000-2005-02448-01
ACTOR: GLORIA LUZ AGUAS ALVAREZ
DEMANDADO: MUNICIPIO DE SINCELEJO
NATURALEZA: NULIDAD Y REST. DEL DERECHO
LA DEMANDA
La señora GLORIA LUZ AGUAS ALVAREZ, presentó demanda
en contra del Municipio de Sincelejo, a fin de que se declarara la nulidad
parcial de los actos administrativos contenidos en el oficio sin número de
Diciembre 23 de 2004, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago
de unas prestaciones sociales, del oficio SEM-DP-007-2005 de enero 24 de
2005, mediante el cual se resolvió un recurso de reposición y de la
Resolución Nº 2213 de 2 de mayo de 2005, mediante el cual se resolvió una
apelación, las cuales negaron a la demandante el reconocimiento y pago de
las prestaciones sociales y demás acreencias laborales generadas como
consecuencias de la relación existente.
Como consecuencia de la anterior petición, se ordene al
accionado reconocerle el tiempo de servicio que estuvo vinculada la señora
GLORIA LUZ AGUAS ALVAREZ mediante órdenes de prestaciones en forma
continua e ininterrumpida.

Expediente: 70-001-23-31-001-2005-02448-01
Demandante: Gloria Luz Aguas Álvarez
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Que se condene al Municipio de Sincelejo a reconocer y pagar
a la demandante las primas, vacaciones, dotación de uniformes, auxilio de
transporte, prima de alimentación, prima de vacaciones, prima semestral,
cesantías, intereses de cesantías, prima de navidad, diferencia salarial
dejada de pagar, parte insoluta del salario dejado de pagar de acuerdo al
escalafón docente.
Que se declare igualmente que para todos los efectos legales,
no ha existido solución de continuidad en la prestación de los servicios por la
actora.
LA PROVIDENCIA RECURRIDA:
Mediante la providencia apelada, el a quo declaró desestimó las
excepciones de falta de legitimación en la causa, inexistencia del acto
administrativo e inepta demanda, declaró la nulidad de los actos acusados y,
consecuencialmente, la existencia de una relación laboral entre la señora
Gloria Luz Aguas Álvarez y el Municipio de Sincelejo, desde el 3º de agosto
de 1998 hasta el 30 de noviembre de 2002, para ello analizó el fondo del
asunto así:
Que el problema jurídico se contraía en establecer si le asistía a
la accionante el derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales dejadas de percibir, con ocasión del vínculo contractual que
mantuvo con la entidad accionada.
Precisó, que el tema ha sido ampliamente debatido por la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa, concluyendo que tales contratos
estatales, desde su misma celebración disfrazan o encubren la real
existencia de una relación de trabajo, lo cual deriva a favor de los docentes el
reconocimiento y pago de los derechos económicos laborales mínimos,
siempre que se acrediten los supuestos fácticos.

Expediente: 70-001-23-31-001-2005-02448-01
Demandante: Gloria Luz Aguas Álvarez
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Seguidamente citó de manera extensa sentencia del H.
Consejo de Estado 1 donde se desarrolla el tema debatido, de la cual junto
con las pruebas obrantes en el proceso, concluyó que entre la accionante y
el ente accionado se configuraron los elementos esenciales de la relación de
trabajo y que la administración a través de la figura contractual pretendió
encubrir una verdadera relación laboral.
Por cuanto los docentes que laboran en establecimientos
públicos de enseñanza por medio de contratos de prestación de servicios
resultan especialmente distintas, pues respecto de estos, tales exigencias
deben observarse en forma más flexible, encontrándose la subordinación y la
dependencia insitas en la labor que desarrollan; siendo consustanciales al
ejercicio docente.
El RECURSO:
La parte demandada, en el recurso de apelación solicitó que se
revoque la sentencia de primera instancia, para ello sustentó:
Sostuvo que la actora fue vinculada mediante ordenes de
prestaciones de servicios, de conformidad con el articulo 39 de la Ley 80 de
1993, vigente al momento de la suscripción de los mismos, en concordancia
con el numeral 3 del articulo 32 de la misma ley, lo que no origina una
relación laboral, ni las prerrogativas de prestaciones sociales.
Así mismo, los servicios prestados por la actora no se
desarrollaron de manera subordinada.
conclusión.
ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA
Las partes interesadas, no presentaron sus alegatos de
1 Sentencia del H. Consejo de Estado- sección Segunda- febrero 2 de 2006. C. P. Alberto Arango
Mantilla Rad. Num. 0800112331000199611550. No. Interno. 4250.

concepto de fondo.
Expediente: 70-001-23-31-001-2005-02448-01
Demandante: Gloria Luz Aguas Álvarez
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El señor Procurador Delegado ante la Corporación no emitió
CONSIDERACIONES:
Analizado el expediente, la Sala inicialmente encuentra que el
poder conferido para ejercer la acción, fue otorgado con anterioridad a la fecha
de expedición de los actos administrativos acusados, incluso, se completó su
contenido a posteriori de su otorgamiento para precisar el acto a demandar.
Respecto de esta situación, la Sala acogerá la posición adoptada
por este Tribunal, según decisión de junio 24 de 2010 2 en la cual grosso modo,
se señaló que a pesar de no se muy ortodoxo, ni claro que se firmen poderes
en blanco, no sólo porque el artículo 65 del C. de P. C., establece que el
asunto debe aparecer determinado al momento del otorgamiento de estos,
sino además por el riesgo que esto implica para los derechos de las personas,
en casos como este, en el cual la actuación posterior del apoderado resulta a
favor del poderdante, se tendrá por bien presentado el poder para garantizar el
derecho de acceso a la administración de justicia; sin que lo anterior
signifique, que a futuro y en todos los casos se deba adoptar la misma
posición, pues, el Juez en cada caso habrá de verificar que la actuación del
apoderado no vaya en detrimento de los intereses del poderdante y de una
recta administración de justicia.
Entrando al fondo del asunto, el problema jurídico en segunda
instancia se contrae a decidir si se confirma la sentencia porque
efectivamente a la demandante le asiste el derecho al reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales reclamadas por el servicio docente prestado al
Municipio de Sincelejo, bajo la modalidad de OPS, o si por el contrario debe
revocarse tal decisión, porque no le asiste tal derecho.
2 Tribunal Administrativo de Sucre, Sentencia dentro de la Radicación 2000-00054-01, Demandante:
Vitelva Chamorro Montes, Demandado: Municipio de Sincelejo, M.P Doctor Jorge Iván Duque
Gutiérrez.

Expediente: 70-001-23-31-001-2005-02448-01
Demandante: Gloria Luz Aguas Álvarez
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Para abordar su estudio se hará referencia a la jurisprudencia
sobre el contrato laboral y el contrato de prestación de servicios, las
obligaciones que uno y otro generan y, finalmente, a la situación particular
de la actora.
En efecto, la relación de trabajo tiene elementos esenciales que
la diferencian de un contrato de prestación de servicios, así, para que la
primera se configure, se requiere la existencia de la prestación personal del
servicio, la continuada subordinación y la remuneración como
contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de
servicios, la actividad es independiente, puede ser desarrollada por una
persona natural o por una jurídica, caracterizándose, porque carece del
elemento de subordinación laboral o dependencia.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-154 de 19
de marzo de 1997, con ponencia del Dr. Hernando Herrera Vergara
determinó:
“En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia
es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de
prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que
quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la
norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad
de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a
contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un
contrato de trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir
órdenes a quien presta el servicio, se tipifica el contrato de trabajo
con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado
la denominación de un contrato de prestación de servicios
independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir
subordinación o dependencia al contratista ni algo distinto del
cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un
salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de
trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la
actividad del mandato respectivo”.
Como se observa, es el elemento subordinación el que
determina la existencia de una verdadera relación laboral.

Expediente: 70-001-23-31-001-2005-02448-01
Demandante: Gloria Luz Aguas Álvarez
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En este caso, en razón de que las órdenes de prestación de
servicios que cumplía la actora tenían por objeto la actividad docente, es
necesario examinar si de la prestación del servicio de docencia, surge una
verdadera relación laboral de la que se haya beneficiado la entidad
demandada.
Sobre este aspecto, el Consejo de Estado en providencia de
fecha 15 de junio de 2006, Consejero ponente Alberto Arango Mantilla
estableció:
“Resulta especialmente distinta la situación de los
educadores que laboran en establecimientos públicos de enseñanza por
medio de contratos de prestación de servicios, pues respecto de ellos
tales exigencias deben observarse en forma más flexible, como quiera
que la subordinación y la dependencia se encuentran insitas en la
labor que desarrollan; es decir, son consustanciales al ejercicio
docente. (Negrilla para resaltar)
(…)
Entonces, la labor docente no es independiente, sino que
pertenece a su esencia el hecho de que el servicio se preste
personalmente, esté subordinado al cumplimiento de los reglamentos
educativos, a las políticas que fije el Ministerio de Educación, al
Municipio para que administre dicho servicio público en su respectivo
territorio, al pensum académico y al calendario escolar, y siempre
corresponde a aquella que de ordinario desarrolla la administración
pública a través de sus autoridades educativas, pues no de otra manera
puede ejercerse la enseñanza en los establecimientos públicos
educativos, sino por medio de los maestros. (Subrayado por fuera del
texto)
(…)
Ahora bien, sobre el horario que deben desarrollar los
docentes, el artículo 57 del Decreto 1860 de 1994, reglamentario de la
Ley 115 de 1994, establece que el calendario académico de todos los
establecimientos educativos estatales y privados tendrán una sola
jornada diurna, y que la semana lectiva tendrá una duración promedio
mínima de 25 horas efectivas de trabajo en educación básica primaria y
de 30 horas en educación básica secundaria y en el nivel de educación
media”.
Así las cosas, cuando existe un contrato de prestación de
servicios entre un docente y una entidad pública, tácitamente subyace la
existencia de los tres elementos propios de toda relación de trabajo, esto es,

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subordinación, prestación personal del servicio y remuneración; lo que
genera el reconocimiento de una relación de trabajo que, en consecuencia,
confiere al trabajador las prerrogativas de orden prestacional.
Con lo dicho, queda resuelto la inconformidad manifestada por
la entidad accionada, en el sentido de que no se probó el elemento
subordinación, pues, como lo manifestó el H. Consejo de Estado en la
sentencia citada, este elemento se encuentra ínsito, en la labor del docente.
No obstante, haber emergido entre el docente-contratista y la
entidad estatal una verdadera relación laboral, no surge automáticamente
una relación legal y reglamentaria, puesto que, no pueden soslayarse el
cumplimiento de los requisitos mínimos legales y constitucionales para
acceder a la calidad de empleado público.
estableció:
Específicamente, sobre esta situación la Corte Constitucional,
“Si el Juez, en un caso concreto, decide, porque lo
encuentra probado, otorgarle a un docente-contratista el carácter
de trabajador al servicio del Estado, puede hacerlo con base en el
artículo 53 de la CP. Sin embargo a partir de esta premisa, no
podrá en ningún caso conferirle el status de empleado público,
sujeto a un específico régimen legal y reglamentario. El principio de
la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales, no tiene, adicionalmente, el alcance
de excusar con la mera prestación efectiva de trabajo la omisión del
cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales previstos para
acceder a la función pública que, en la modalidad estatutaria, son el
nombramiento y la posesión, los que a su vez presuponen la existencia
de determinado régimen legal y reglamentario, una planta de personal y
de la correspondiente disponibilidad presupuestal.” (Resalta la sala)
Más adelante agrega diciendo:
“La mera prestación de trabajo, así beneficie al Estado, se
comprende, aparte de calificarse como relación laboral y derivar de ella
los derechos contemplados en las normas que la regulan, no coloca a la
persona que la suministra en la misma situación legal y reglamentaria en
la que pueda encontrarse otra persona que desempeña como empleado
público una actividad similar. Admitir que ello pudiera ser así,

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significaría hacer caso omiso de: (1) la existencia de un acto
administrativo que ordene la respectiva designación, que es sustituido
por una simple práctica realizada al margen de las condiciones
constitucionales y legales que deberían darse para poder producir la
vinculación; (2) la posesión para tomar el cargo, de modo que
sigilosamente pueden ingresar al servicio público personas que no
asumen públicamente el compromiso de obedecer la Constitución y las
leyes; (3) planta de personal que no contempla el empleo o cargo que
mediante la vía de hecho pretende consolidarse; (4) la disponibilidad
presupuestal para atender el servicio, con lo cual se pueden generar
obligaciones que superan las posibilidades fiscales, además por parte de
personas y autoridades no autorizadas para gravar el erario público y a
través de procedimientos no democráticos; (5) las regulaciones
generales que gobiernan el ejercicio, las responsabilidades públicas y la
forma de remunerarlas, las cuales son sustituidas por estipulaciones
que, por desconocer el régimen legal, representan una invasión de
poderes que son del resorte del Congreso, las Asambleas o los
Concejos, o de otras autoridades.” 3
Corolario de la relación empleador-trabajador es el nacimiento
de la obligación por parte del primero, de cancelarle al segundo beneficios
inherentes a su calidad, tales como las prestaciones sociales.
Debe aclararse que cuando se reconoce la existencia de una
relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago del conjunto de
prestaciones sociales generadas con la prestación del servicio, tal como el H.
Consejo de Estado 4 y este Tribunal lo han reconocido, a título de
indemnización.
En el caso concreto, figura certificación obrante a folios 78 - 81,
expedida por la propia entidad accionada que da cuenta que la actora prestó
sus servicios como Docente al Magisterio Oficial del Municipio de Sincelejo
en diferentes establecimientos educativos, así:
-Desde el 3° de agosto al 30 de noviembre de 1998.
-Desde el 1 de febrero al 30 de noviembre de 1999.
-Desde el 1° de febrero al 30 de noviembre de 2000.
-Desde el 1° de febrero al 30 de noviembre 2001.
3 Corte Constitucional, sentencia C-555 de 1994.
4 Sentencia del H. Consejo de Estado en sentencia del 17 de abril de 2008 Exp. 2000 -00020 (2776 – 05) M. P.
Jaime Moreno García.

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-Desde el 1° de febrero al 30 de noviembre 2002.
-Desde el 1º de febrero al 30 de noviembre 2003.
De conformidad con los apartes jurisprudenciales trascritos,
considera esta Sala, que en el sub-lite se generaron varias relaciones
laborales entre la señora Gloria Luz Aguas Álvarez y el Municipio de
Sincelejo, puesto que debía cumplir su actividad de acuerdo a las directrices
impartidas por sus superiores y no bajo su propia dirección y mando, el
hecho de rendir cuentas al centro educativo sobre la actividad
desempeñada, a más de cumplir los horarios establecidos son indicativos de
la existencia de tal relación, por lo tanto, debe ser amparado en su derecho a
partir del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades.
Ahora bien, de lo concluido en el párrafo anterior y de las
pruebas aportadas se tiene que la actora demostró que laboró para el ente
accionado en los períodos citados en acápite anterior, generándose
relaciones continuas de trabajo de la siguiente manera:
1.- Desde el 3° de agosto al 30 de noviembre de 1998.
2.- Desde el 1 de febrero al 30 de noviembre de 1999.
3- Desde el 1° de febrero al 30 de noviembre de 2000.
4.- Desde el 1° de febrero al 30 de noviembre 2001.
5.- Desde el 1° de febrero al 30 de noviembre 2002.
6.- Desde el 1º de febrero al 30 de noviembre 2003.
Por lo que la Sala declarará que existió relación laboral en cada
uno de los períodos señalados (anotando que en algunos casos no hubo
solución de continuidad entre uno y otro contrato y en otros casos si la hubo)
y las liquidaciones de prestaciones se efectuaran independientemente para
cada uno de los períodos citados y teniendo en cuenta la remuneración de

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cada uno de ellos, por consiguiente se modificará la sentencia de primera
instancia que declaró la existencia de una relación laboral desde el 1º de
febrero de 1998 al 30 de noviembre de 2002.
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Sucre, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFÍRMASE los numerales primero, segundo,
cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno de la sentencia de 26 de abril
de 2010, proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Sincelejo, por lo ya dicho en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: MODIFÍCASE el numeral Tercero de la
mencionada sentencia, el cual quedara así: declárase que entre la señora
Gloria Luz Aguas Álvarez y el Municipio de Sincelejo existieron las siguientes
relaciones de trabajo:
1.- Desde el 3° de agosto al 30 de noviembre de 1998.
2.- Desde el 1 de febrero al 30 de noviembre de 1999.
3- Desde el 1° de febrero al 30 de noviembre de 2000.
4.- Desde el 1° de febrero al 30 de noviembre 2001.
5.- Desde el 1° de febrero al 30 de noviembre 2002.
6.- Desde el 1º de febrero al 30 de noviembre 2003.

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TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, devuélvase
el expediente al juzgado de origen, para que allí se tomen las medidas
pertinentes.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Discutido y aprobado en sesión de la fecha, según Acta: 075
HECTOR ENRIQUE REY MORENO
SILVIA ROSA ESCUDERO BARBOZA MOISES RODRÍGUEZ PÉREZ
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