Historia Republicana - Ministerio del Poder Popular para la Educación

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renta (pago) de quien hace uso de él, la renta
petrolera es el pago que hacían las compañías
concesionarias petroleras extranjeras al Estado, en
virtud de su carácter de propietario de las riquezas
del subsuelo. En la actualidad, la industria petrolera
pertenece al Estado venezolano que cancela renta al
propio Estado, por ser este el propietario del petróleo.
En el mundo, los únicos países que consideran que
los dueños del suelo son a su vez propietarios de las
riquezas del subsuelo son EE.UU. y Gran Bretaña. En
el resto de los países petroleros es el Estado quien
monopoliza la propiedad sobre los yacimientos,
independientemente del régimen de propiedad que
impere en la superficie del terreno. Este es el caso
de Venezuela y de los demás países petroleros que
poseen las 2/3 partes de las reservas mundiales.
El Estado fue y sigue siendo propietario de los
yacimientos mineros como herencia histórica de la
legislación española. Durante los trescientos años
de dominación colonial se consideró que todas las
riquezas del subsuelo pertenecían al Estado español.
Para la explotación de las riquezas mineras, la Corona
española concedía licencias para su explotación
a cambio del pago de ciertos impuestos (como
el Quinto Real). El Estado español se cuidó en no
entregar las minas en propiedad privada, solo lo
hacía del suelo, entendido este como la capa de la
superficie terrestre que oscila entre cierta cantidad de
centímetros a unos cuantos metros, donde ocurren
procesos orgánicos, físicos y químicos que hacen
posible la vida. De igual manera, la Corona española
no entregó en propiedad privada los cuerpos de
agua (lagos, ríos, mares, etc.).
El antecedente más distante de la República en
esta materia ocurrió cuando el Libertador Simón
Bolívar, siendo Presidente de Colombia (de la que
formaba parte Venezuela), en 1829 legisló en materia
de minas. Decretó la propiedad estatal de las minas,
es decir que las minas de cualquier clase pertenecían
a la República. En lo sucesivo, la República continuó
considerando las riquezas mineras como propiedad
del Estado; vale decir, de todos los venezolanos.
La lucha de intereses entre el Estado (propietario
de los yacimientos) y las empresas concesionarias
petroleras extranjeras se manifestaba en la procura
del primero (el Estado) en obtener la mayor cantidad
de renta; y por su parte, las compañías buscaban
reducir el pago de renta.
En Venezuela, el Estado como propietario de
los yacimientos, trató de elevar la renta petrolera
al máximo posible una vez que los gobernantes
tuvieron conciencia de la importancia de la renta
como la forma más importante de participación del
país en su riqueza petrolera.
Ley de Hidrocarburos de 1920
Antes de sancionarse la Ley de Hidrocarburos de
1920, las concesiones que se habían entregado se
regían por la Ley de Minas de 1909 que favorecía
ampliamente a las compañías extrajeras. En la
exposición de motivos de dicha ley se argumenta:
“la bondad de una ley de minería ha de apreciarse
por la mayor seguridad que se dé a los explotadores
en su concesión; por la extensión de la libertad que
se les conceda para obrar, pues cuantas menos
trabas mejor…”
Haz un alto para reflexionar: ¿Has escuchado
a políticos y empresarios exigiendo seguridad
jurídica para sus negocios y libertad de obrar? ¿A
cuál “seguridad” se refieren? ¿Qué entienden por
“libertad”? ¿A qué consideran trabas?
De acuerdo con esta ley, las compañías extranjeras
debían pagar un impuesto de explotación de 4
bolívares por tonelada de petróleo extraído; es decir,
casi regalado.
Finalizada la Primera Guerra Mundial (1918), el
interés de las potencias mundiales por el petróleo
como principal recurso energético de sus economías,
llevó a las empresas petroleras estadounidenses y
angloholadensas a competir en la oferta de mayores
pagos de renta en procura de obtener nuevas
concesiones. Desde entonces, el Gobierno gomecista
y empresarios venezolanos vieron en la actividad
petrolera algo más que una mera inversión extranjera
que podía darnos algunos escasos recursos, como
había ocurrido con la concesión entregada a la New
York and Bermúdez Company para la explotación del
asfalto en Guanoco. Comenzaron a tener conciencia
de la posibilidad de una mayor participación del