20/09/2012 - MyClipp

STF na Mídia 

Clipping Internacional - Dia 20 à 26 de Setembro

20/09/2012

Quinta-feira, 27 de Setembro de 2012 

20/09/2012 

ABC Digital - Nacionales 

CLIPPING INTERNACIONAL | Poder Judicial 

Procesada se descompensó en el Palacio de Justicia, 7 

ABC Digital - Nacionales 


Paro escalonado en Poder Judicial de San Pedro, 8 

BBC Brasil - Notícias 

Ministros do STF | Ministro Joaquim Barbosa 

Mensalão: ministro deve concluir voto sobre réus do núcleo político, 9 

Blogs El Mercurio - Notícias 

CLIPPING INTERNACIONAL | Derecho Constitucional 

Autoridades defienden prohibición de vuelos de helicópteros en Machu Picchu, 10 

Bloomberg - Notícias 

CLIPPING INTERNACIONAL | Supreme Court 

Banker Breakups May Help Spur U.K. Divorce Law Changes, 11 



Duke Chief Answers Critics After Coup at Biggest Utility, 13 

Bloomberg - News 


Dingell, Alito, Barney Frank, Olympia Snowe, J.D. Power, 18 



Bondholder Revenge Delayed Means $25 Billion Cost: Mortgages, 19 

Business Line - Notícias 


Vodafone says ready to pay Rs 8,000 cr to settle tax dispute, 21 

Clarín - Policiales 


Por separado, la UCR y el FAP juntan firmas contra la re-reelección, 22 

Clarín - Notícias 

CLIPPING INTERNACIONAL | Reforma Constitucional 

Nuevo desafío de Moyano: habló de un plebiscito contra la re-reelección, 23 

Corriere Della Será - Notícias 

CLIPPING INTERNACIONAL | Corte Suprema de Justicia 

Caso Aldrovandi, la Cassazione: «Poliziotti violenti e depistatori», 24 


CLIPPING INTERNACIONAL | Corte Costituzionale 

Conflitto Napolitano - pm, Del Bene: «Ci costituiamo appena arriva la notifica», 25 



Bolzano, lite sui cartelli Giarda: le lingue sono due, 26 

Diario La Prensa - Notícias 

3


Justiça no Exterior | Suprema Corte 

Proponen una ley para que la Provincia se retire del Pacto Fiscal, 27 

Diario Libre - Notícias 


Poder Judicial convoca para elegir director de Carrera 12:00 AM, 28 



Fiscal asegura controlan filtración heces fecales 12:00 AM, 29 



CONEP preocupado por lentitud de leyes 12:00 AM, 30 



CPJ convoca para elegir director de Carrera 12:00 AM, 31 

El Dia - Notícias 


Fiscal: violencia por celulares aumenta, 32 

El País - Internacional 


El Prado y el Louvre ganan el IX Premio Prix Diálogo por su colaboración, 33 

El Universal - Notícias 


En una semana, reglamento de ley de migración: Poiré, 34 



Avalan triunfo de panista en Benito Juárez, 35 

El Universal Venezuela - Notícias 


Exigen que se respeten los Derechos Humanos de las reclusas del Inof, 36 

Expresso OnLine Lisboa - Notícias 

CLIPPING INTERNACIONAL | Tribunal Constitucional 

Justiça alemã obriga correios a distribuir propaganda nazi, 37 

La Nacion - Notícias 


"Vamos a salir a pelear", desafía Moyano al Gobierno, 38 



Aumentará el gasto 24% en el año de las elecciones, 39 



La falta de decisión política durante ocho años multiplicó la litigiosidad, 41 

La Nacion Chile - Notícias 

Justiça no Exterior | Corte Suprema 

Corte Suprema de Paraguay rechaza reclamo de Lugo contra su destitución, 42 



4


Chile abre la puerta para que Fujimori sea juzgado en su país por malversación, 43 

La Nacion Chile - Portada Noticias 


Paula Vial, ex defensora nacional: “Este Gobierno se creía dueño de las soluciones”, 44 



Piñera: Ministra Benítez “defendió la institucionalidad ambiental”, 46 



Piñera justificó a ministra por preocuparse de la central Castilla, 47 

La Repubblica - Cronaca 


Unicredit, la Cassazione conferma nessun sequestro per il caso Brontos, 48 

Le Monde - Notícias 

CLIPPING INTERNACIONAL | Conseil Constitutionnel 

Sarkozy, si loin, si proche, 49 

Misiones Online - Notícias 


El STJ solicitó la creación de cuatro nuevos juzgados de Familia en 2013, 50 



El Poder Judicial solicitó un presupuesto de 408 millones para 2013 y la creación de cuatro juzgados de 

Familia, 51 



El presupuesto del Poder Judicial será de alrededor de $ 400 millones para 2013, 52 

Reuters General - Notícias 


Supreme Court won't halt execution over Texas car wash killings, 53 



One inmate shot, 12 stabbed in California prison riot, 54 


CLIPPING INTERNACIONAL | Civil Rights 

Police begin enforcing controversial Arizona immigration measure, 55 

The Economic Times - Notícias 


Increased duty hours: Air India cabin crew body threatens legal action, 56 

The New York Times - Notícias 


How Green Was My Lawn, 57 



Circuit Court Needs to Let the S.E.C. Do Its Job, 58 



5


Images That Preserve History, and Make It, 59 

The New York Times - Politics 


Driver Acquitted of Leaving Scene After Truck Killed Bicyclist, 60 



Longtime Lopez Colleague Chosen to Lead Brooklyn Democrats, 61 

UOL Internacional - Notícias 

Supremo Tribunal Federal | STF 

Julgamento do mensalão deve coibir irregularidades na política, diz Gurgel, 62 



Relator do mensalão condena 12 réus por compra de apoio político, 63 

USA Today - Notícias 


Colorado prosecutors drop efforts for Holmes notebook, 64 

USA Today - News 


Chick-fil-A"s "cave" on gay issue stirs new backlash, 65 



Anti-Islam film controversy hits Europe, Asia, 66 



FBI asked to keep data on anti-Sikh hate crimes, 67 



Groups protest Ariz. immigration law"s enforcement, 68 

6

ABC Digital/ - Nacionales, Qui, 20 de Setembro de 2012 

CLIPPING INTERNACIONAL (Poder Judicial) 

Procesada se descompensó en el Palacio 

de Justicia 

Se trata de Felicinda Ramírez, de 59 años, quien está 

procesada por tenencia de estupefacientes y debía 

declarar ante el juez Manuel Aguirre, cuando se sintió 

mal, según informó la periodista de ABC Color Marcia 

Ferreira.La procesada estaba en una de las celdas en 

el subsuelo del Poder Judicial, esperando la hora de 

ser llevada para la diligencia, pero en un momento 

dado comenzó a sentirse mal.Al parecer tuvo un pico 

de presión arterial y el magistrado Aguirre dispuso que 

la mujer sea llevada al Hospital de Clínicas, donde 

quedó internada y bajo custodia policial. 

7

ABC Digital/ - Nacionales, Qui, 20 de Setembro de 2012 


Paro escalonado en Poder Judicial de San 

Pedro 

Funcionarios del Poder Judicial en el departamento 

de San Pedro emprenden una medida de fuerza de 

paro escalonado en protesta por una medida tomada 

por la Corte que juzgan como irregular.De acuerdo a 

los manifestantes, María del Carmen Ocampos fue 

nombrada como asistente administrativa el pasado 28 

de agosto, una decisión que la Corte dejó sin efecto el 

pasado 11 de setiembre, fecha en que nombró en 

reemplazo de la mencionada a Evany Carmona, 

según ellos sin causa justificada.Por esta razón, los 

funcionarios se encuentran haciendo un paro de dos 

horas en sus actividades, entre las 09:00 y las 11:00 

de cada día, informó el corresponsal Omar Acosta.Los 

manifestantes amenazaron con aumentar las horas si 

la Corte no reconsidera su decisión.Esto se suma a 

otros cuestionamientos que suelen hacerse al Poder 

Judicial de San Pedro, sobre todo las relacionadas a 

los llamados a concurso de méritos y aptitudes, que 

según los manifestantes nunca son respetados pues 

los que acceden a los cargos al final lo hacen por 

padrinazgo politico. 

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BBC Brasil/ - Notícias, Qui, 20 de Setembro de 2012 

Ministros do STF (Ministro Joaquim Barbosa) 

Mensalão: ministro deve concluir voto 

sobre réus do núcleo político 

A sessão desta quinta-feira do julgamento do 

mensalão deve ser dominada pela conclusão do voto 

do ministro-relator, Joaquim Barbosa, sobre o 

chamado núcleo político do processo.Barbosa vai 

tratar das suspeitas de crime de lavagem de dinheiro, 

que teriam sido comeditos pelos acusados ligados ao 

PTB. 

Também estará em pauta a conduta de José Borba, 

ex-deputado do PMDB, que é acusado de receber 

verbas do empresário Marcos Valério em troca de 

apoio para o presidente Lula. Na quarta-feira, Barbosa 

havia dito que o ex-deputado federal Roberto 

Jefferson (PTB) cometeu crime de corrupção 

passiva.Ao ler seu voto, o relator disse que Jefferson, 

que era presidente do PTB e recebeu R$ 4 milhões do 

PT, se valeu de sua função para "solicitar recursos 

oferecendo em troca a fidelidade e apoio do partido 

nas decisões no Congresso".Jefferson foi o delator do 

esquema de compra de votos no Congresso que ficou 

conhecido como mensalão. Entre as acusações 

analisadas estão as de crimes de corrupção ativa, 

corrupção passiva, formação de quadrilha e lavagem 

de dinheiro envolvendo partidos da base aliada em 

2003 e 2004, durante o governo do presidente Lula. 

9

Blogs El Mercurio/ - Notícias, Qui, 20 de Setembro de 2012 

CLIPPING INTERNACIONAL (Derecho Constitucional) 

Autoridades defienden prohibición de 

vuelos de helicópteros en Machu Picchu 

Lima, (EFE).- Las autoridades de cultura y medio 

ambiente de la región peruana de Cuzco defendieron 

hoy una norma regional que prohíbe los vuelos de 

helicópteros en el santuario histórico y natural de 

Machu Picchu. 

La Dirección Regional de Cultura Cuzco y el Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(Sernanp) emitieron un comunicado en el que 

rechazan una decisión judicial que declaró inaplicable 

una ordenanza que, desde 2010, prohibía esos 

vuelos. 

Los organismos estatales señalaron que la decisión de 

la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 

Corte Superior de Justicia del Cuzco “no está 

definida” porque ha pasado a consulta a la Corte 

Suprema de la República y “sigue pendiente de 

pronunciamiento final”. 

Los organismos estatales aclararon que las leyes de 

Patrimonio Cultural de la Nación y de Áreas Naturales 

Protegidas especifican que “cualquier proyecto, 

operación o aprovechamiento de recursos en el 

espacio aéreo del Santuario Histórico de Machu 

Picchu requiere necesariamente de la autorización 

previa del Ministerio de Cultura y de la opinión técnica 

previa vinculante del Sernanp”. 

Además, señalaron que cualquier proyecto de 

habilitación de infraestructura, permiso de vuelo o 

actividad nueva, “requiere de la compatibilidad de la 

propuesta, en función a los objetivos de conservación, 

categoría, zonificación y el Plan Maestro del área 

natural protegida”. 

“A la fecha, no se ha aprobado ningún proyecto; 

inclusive, el Sernanp ha iniciado procesos 

administrativos sancionadores y ha aplicado 

sanciones por los vuelos ilegales que se realizaron 

sobre el espacio del Santuario sin autorización, por 

parte de la empresa Helicópteros del Cusco S.A.”, 

precisó. 

El comunicado añadió que si bien el tribunal ha 

declarado inaplicable la ordenanza, ello “no deroga ni 

modifica las competencias que tienen los organismos 

tutelares de acuerdo a la Constitución, las leyes y los 

reglamentos que protegen el patrimonio cultural y 

natural de la Nación”. 

“Asimismo se comunica que los permisos de vuelo y 

de instalación del helipuerto en Machu Picchu, han 

caducado a la fecha, no siendo posible el reinicio de 

operaciones de la empresa Helicópteros del Cusco 

S.A.”, concluyó la nota en referencia a la empresa que 

ofrecía esos vuelos. 

El Consejo Regional del Cuzco prohibió en 2008 los 

vuelos de helicópteros a Machu Picchu y ratificó en 

2010 que esa norma también incluía a las zonas de 

amortiguamiento del parque arqueológico y ecológico 

en el que se encuentran las famosas ruinas incas. 

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Bloomberg/ - Notícias, Qui, 20 de Setembro de 2012 

CLIPPING INTERNACIONAL (Supreme Court) 

Banker Breakups May Help Spur U.K. 

Divorce Law Changes 

Wealthy Britons going through a divorce may benefit 

from a review of U.K. court standards that some 

lawyers argue promote unfairly generous rulings in 

favor of less well-off spouses. An inquiry announced 

last week by the Law Commission, an advisory body 

sponsored by the Ministry of Justice, is the first step 

toward reversing a trend that’s made Britain the 

“divorce capital of the world,” said Louise Spitz, an 

attorney with Manches LLP in London. The 

commission may submit a draft statute to Parliament 

next year. A lack of judicial standards and the arbitrary 

nature of divorce cases stem from a 12-year-old court 

ruling, lawyers said. The commission’s review also 

comes six months after an appeals court ruling in the 

high-profile case of JPMorgan Chase & Co. (JPM) 

equity analyst Peter Lawrence. He won a decision 

cutting by 9 percent to 1.37 million pounds ($2.22 

million) a payout to his civil partner of 11 years, former 

“Priscilla Queen of the Desert” star Donald Gallagher. 

“English courts have the reputation of being very 

generous to the divorcing partner with less money, 

often with capital assets being divided equally and the 

wealthier spouse having to pay long-term 

maintenance,” Spitz said. “The system is very 

unpredictable and varies from one court to another.” 

Divorce judges may have an easier time resolving 

cases if the law included a clear definition of “needs” in 

relation to a spouse’s living requirements, the 

commission said in a Sept. 11 statement. Review 

Triggered The review of U.K. divorce law was triggered 

in part by the case of German heiress Katrin 

Radmacher and ex-JPMorgan investment banker 

Nicolas Granatino, lawyers said. In October 2010, the 

U.K. Supreme Court ruled for the first time that a 

U.S.-style pre-nuptial agreement on asset-division, 

reached before marriage, should be decisive. In 

London, it’s common for big divorce payouts to go to 

partners with less money even if that spouse is 

relatively young, the relationship was brief and there 

aren’t children, Gallagher’s lawyer, Katie O’Callaghan, 

said. “People actively try to get divorced in this country 

because if they are the financially weak party, they can 

expect a bigger payment,” said O’Callaghan, who 

declined to comment on how the review might affect 

her client’s case, which may still be appealed. Sarah 

Higgins, Lawrence’s lawyer with Charles Russell LLP 

in London, didn’t return a call seeking comment. 

Payouts to spouses in high-value divorces became 

more “generous” after a 2000 court case set the 

standard for high levels of maintenance, often for a 

lifetime, said Suzanne Todd, a lawyer with Withers LLP 

in London. ‘Welcome News’ A new law “would be very 

welcome news to many working divorcees, who see 

the effect of the current regime as a millstone which 

provides a meal ticket for life” to the less- wealthy 

spouse, Todd said. The review suggests the U.K. is 

heading toward a system using a formula to help 

calculate spousal maintenance, the lawyer said. The 

commission started a probe of U.K. pre-nuptial accords 

in January 2011, three months after the Radmacher 

judgment. The announcement Sept. 11 expanded the 

study to review support payments and division of 

non-marital assets -- assets belonging to one spouse, 

often from before a marriage. Such assets are 

generally not the subject of division in a divorce. 

‘Difficult Questions’ “These are technically difficult 

questions; they are also very emotional questions,” 

Elizabeth Cooke, a professor at the University of 

Reading who oversees the commission’s review, said 

in the statement last week. “They impact upon people 

at a difficult time in their lives.” In the case of 

Lawrence, he was allowed to keep a London 

apartment he purchased before the relationship, even 

though the property increased in value from 650,000 

pounds when the couple moved in together in 1997, to 

2.4 million pounds. Gallagher, the actor, got the pair’s 

second home, valued at almost 900,000 pounds, and a 

200,000-pound share of Lawrence’s pension. Judges 

don’t know what they’re supposed to achieve in terms 

of needs and fairness, and wealthy people in particular 

don’t have enough clarity on the status of assets 

acquired before marriage and other non-marital 

property, according to the commission. While the 

commission described concerns associated with a lack 

of rules and standards, it also plans to analyze the 

benefits of a system that allows judges to use 

discretion, depending on what experts in the field tell 

them during a consultation period. Current System 

Attorney Richard Collins said the current system may 

be better for wealthy couples who part ways, because 

it gives “a bespoke answer to every individual case.” “It 

can be expensive and it can take time, but it’s all about 

fairness,” said Collins, also with Charles Russell in 

London, in a phone interview. “Just to apply a blanket 

approach to every family dispute is not fair or 

reasonable.” In the 2010 U.K. Supreme Court case, 

Granatino, a French- born former JPMorgan banker, 

sought a bigger payout from his German heiress wife, 

arguing their pre-nuptial agreement shouldn’t be 

enforced because she withheld the full extent of her 

11

wealth, and he didn’t have proper legal advice. The 

court disagreed in a ruling that Granatino said at the 

time amounted to “judicial legislation.” To contact the 

reporters on this story: Erik Larson in London 

atelarson4@bloomberg.net and; Jeremy Hodges in 



London atjhodges17@bloomberg.net. To contact the 

editor responsible for this story: Anthony Aarons 

ataaarons@bloomberg.net. 

12



Duke Chief Answers Critics After Coup 

at Biggest Utility 

Jim Rogers is sitting in his sleek, modern office on the 

48th floor of the Duke Energy Center in Charlotte, 

North Carolina, explaining how, after a merger capped 

off by an 11th-hour management coup, he remains 

chief executive officer of the largest electric utility in 

the U.S. He wonders aloud whether to enliven the 

account with a metaphor about soured romance. His 

public-relations man, Tom Williams, vetoes the idea. 

Rogers ignores him. “When you negotiate a deal,” he 

says, “it’s like dating, OK? When you go through the 

integration and planning process, it’s like living 

together. You’re not quite married, but you’re living 

together, and you’re learning a hell of a lot about each 

other,” Bloomberg Businessweek reports in its Sept. 

24 issue. On July 2, at 4:02 p.m., just after the market 

closed, Duke Energy Corp. (DUK)’s board of directors 

gave final approval for the acquisition of Progress 

Energy Inc., its cross-state rival. Progress’s CEO, the 

6-foot-5 William Johnson, a defensive lineman in his 

Penn State days, was supposed to become head of 

the combined company. Under the merger terms, 

Rogers was scheduled to assume the role of executive 

chairman, a step toward retirement. At 4:30 p.m. the 

Duke board elected Johnson CEO. Then, after 

Johnson left to celebrate, the board took another vote 

and ousted him. He served as CEO for two hours, give 

or take a few minutes. The Duke board awarded him 

an exit package of $45 million in deferred 

compensation, severance, and other benefits. To finish 

an eventful afternoon, the Duke board reinstalled 

Rogers in the top job. Wedding Day Those caught 

unaware by Johnson’s stealth firing included investors, 

utility regulators, and some 29,000 employees of the 

combined company. That was unfortunate, Rogers 

said. Still, “when the day came to get married, our 

board reached a decision that he was not the right 

person to lead the company. I think it was that simple.” 

Whatever it was, it was not “simple.” Johnson and 

other former Progress directors and executives allege 

that Rogers suckered the smaller company into a 

merger based partly on a false promise to put Johnson 

in charge. “This is the most blatant example of 

corporate deceit that I have witnessed during a long 

career on Wall Street and as a director of 10 publicly 

traded companies,” former Progress director John 

Mullin III wrote in a July 5 letter to the Wall Street 

Journal. “I couldn’t believe it,” Marie McKee, another 

former Progress director, said during sworn testimony. 

“I didn’t know whether to cry or throw up.” Regulatory 

Probe Equally disgusted were some members of the 

North Carolina Utilities Commission, a body that, like 

Progress, is based in the state capital of Raleigh, 

where Johnson is a respected business leader. The 

commission approved the acquisition on the premise 

that Johnson would lead the new Duke, a Leviathan 

with $106 billion in assets and 7.1 million retail 

customers in six states in the Southeast and Midwest. 

Now the panel is conducting a formal investigation into 

whether it was misled. The probe has raised the 

possibility that at least some commissioners may hold 

Duke to a tougher standard in future rate cases. Citing 

increased regulatory risk, Standard & Poor’s cut the 

company’s credit rating from A- to BBB+ with a 

“negative outlook.” S&P’s anxiety, in turn, spurred a 

separate investigation by the North Carolina attorney 

general. Utility Career Rogers, 65, finds himself at the 

pinnacle of an extraordinary 24-year career as a utility 

CEO and at the same time under a cloud of mistrust 

that, if not dispersed, may taint his legacy and inhibit 

the post-merger success of the combined Duke. In 

public hearings, the utility commission has signaled 

that it might seek Rogers’s resignation and a revamp 

of Duke’s board and top management. That would be 

an aggressive move for regulators whose statutory 

bailiwick is approving rate increases and protecting 

consumers. The Duke board may balk at such 

demands and private talks are under way. If any 

executive is capable of extricating himself from this 

predicament, it’s Rogers, who would have been 

comfortable charming Southern juries if he had 

decided to become a plaintiffs’ lawyer. He has a 

gleaming smile and knows how to finesse a sticky 

situation. Repeatedly over the years, he has broken 

ranks with his industry to endorse stronger 

environmental regulation, even as his companies have 

continued to burn sooty, carbon-emitting coal. Whether 

he can mollify his current antagonists and get the 

country’s biggest power producer back to ordinary 

business will help determine the future direction of the 

U.S. utility industry and the debate over global 

warming. ‘CEO Statesman’ The passion surrounding 

the Duke debacle makes more sense if one 

understands Rogers’s reputation in the industry and 

how his personality fits into the insular politics of his 

adopted home state. Never accused of modesty, 

Rogers refers to himself as a “CEO statesman.” He 

attends policy-networking symposia at the Aspen 

Institute and Davos. A registered Democrat, he 

co-chaired the Charlotte host committee for the recent 

Democratic convention. In a short speech to 

13

delegates, he spoke about improving the world for his 

eight grandchildren: “We need to invest heavily in new 

zero-emission power sources like new nuclear, wind, 

and solar projects, as well as new technologies like 

electric vehicles.” ‘Public Relations’ His detractors 

describe Rogers as a slippery self-promoter. “I’d like to 

believe him when he says nice things about building a 

bridge to a cleaner energy future,” says Jim Warren, 

executive director of North Carolina Waste Awareness 

and Reduction Network, a nonprofit in Durham. “With 

all the dirty coal he burns, I have to conclude that he’s 

more concerned about public relations and image than 

anything else.” The executive switch after the takeover 

“looks like part of the pattern we’ve seen from Rogers 

for a long time: Progress and the utility commission got 

taken so Rogers could get his merger,” Warren said. 

Rogers, who retains the drawl of his Kentucky youth, 

attended college and law school at the University of 

Kentucky while working nights as a reporter for the 

Lexington Herald- Leader. By the time he graduated, 

he and his wife had three children. After a stint as a 

consumer advocate in the Kentucky attorney general’s 

office, he moved to Washington, where he worked as 

deputy general counsel at the Federal Energy 

Regulatory Commission and then became a partner at 

the Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP law firm. 

Lead the Parade Democratic power broker Robert 

Strauss gave him shrewd advice: “When you see a 

parade form on an issue in Washington, you have two 

choices. You can throw your body in front of it and let 

them walk over you, or you can jump in front of the 

parade and pretend it’s yours.” In 1988, after a stop as 

a pipeline executive at pre- scandal Enron Corp., 

Rogers made a precocious leap into the CEO ranks. 

Public Service Indiana, a coal-burning utility on the 

brink of bankruptcy, decided to take a risk on the 

smooth- talking 40-year-old. He got PSI’s books in 

order and applied Strauss’s parade strategy to acid 

rain. Almost alone in his industry, Rogers publicly 

committed to lessening sulfur dioxide pollution by 

means of “cap and trade.” Cap and Trade In 1990, 

environmentalists pushed Congress and the George 

H.W. Bush administration to approve legislation that 

put a declining cap on emissions causing acid rain and 

smog. Rogers supported the law because it also 

created tradable sulfur allowances for coal-burning 

utilities. If the companies cut their own emissions, they 

could sell allowances to dirtier rivals. The incentives 

worked: Air pollution decreased during the 1990s, 

while PSI and others improved their bottom lines. 

Rogers earned the respect of his shareholders and 

also of some green activists. “When we’re trying to 

move the needle on environmental issues, we need 

voices beyond the environmental community,” says 

Fred Krupp, president of the Environmental Defense 

Fund, a New York-based nonprofit that led the drive for 

cap and trade. “Jim has been a leading voice in the 



business community.” While the federal government 

ratcheted up environmental regulation, it 

simultaneously encouraged competition by creating 

cross-state wholesale markets in electricity. The 

historically fragmented utility industry began to 

consolidate, as ambitious CEOs expanded their 

balance sheets by acquiring rivals. Engineering 

Mergers Rogers helped engineer the combination of 

PSI and Cincinnati Gas & Electric. Even though his 

smaller company was subsumed, Rogers emerged as 

the CEO of what became known as Cinergy. He 

repeated the exercise in 2005, when the larger Duke 

Energy acquired Cinergy; once again, Rogers was 

named CEO. This was more than empire building, 

Rogers says. He was also diversifying away from coal. 

He sensed that coal would face renewed regulatory 

attention, not only because of terrestrial pollution but 

also because it contains so much carbon, which, when 

burned, forms carbon dioxide, a greenhouse gas that 

traps the sun’s heat in the atmosphere. A year after 

taking over, Rogers rattled some members of Duke’s 

board by announcing that the utility would join the 

nascent campaign for cap-and-trade legislation, the 

carbon analogue to the successful acid-rain program. 

‘Regulate Us’ Krupp, who helped assemble a coalition 

of green groups and major corporations, said “We 

needed a coal-fired utility CEO.” Someone “who would 

say, ‘Regulate us. We can reduce carbon, and we 

should reduce carbon.’?” Rogers “was the obvious 

choice,” he said. For his part, Rogers saw carbon cap 

and trade as an opportunity to get credit for closing 

inefficient coal-burning plants he wanted to shut 

anyway. He never became a full-fledged greenie. In 

2007, Rogers lost a U.S. Supreme Court case to 

Krupp, 9-0. The case against Duke gave the 

Environmental Protection Agency greater latitude to 

oversee coal utility renovations. “I’m quite comfortable 

talking to folks who are suing me,” Rogers told Krupp. 

“If I weren’t, I’d be a lonely guy.” Climate legislation 

passed the House in 2009. Duke quit the National 

Association of Manufacturers that year because the 

group opposed cap and trade. In 2010, NAM had its 

revenge as the carbon bill stalled in the Senate, a 

victim of mounting Republican opposition inspired by 

the Tea Party movement. Calling Johnson Rogers took 

the defeat in stride, turning his full attention to Duke’s 

growth-and-diversification agenda. He heard from 

advisers that Progress was struggling and might be 

amenable to an acquisition. In July 2010, he picked up 

the phone and called Bill Johnson. Like Rogers, 

Johnson began his career as an energy lawyer before 

working his way up at Progress, itself the product of 

several mergers. Understated where Rogers is 

effusive, Johnson was open to the Duke overture. 

Progress would benefit from combining with a 

financially stronger partner. By his own admission, 

Progress was carrying too much debt and its nuclear 

14

fleet had nagging problems. One unit, Crystal River 3 

in Citrus County, Florida, had been out of service since 

October 2009 with a crack in its 42- inch-thick (107 

centimeters) containment wall. Johnson accepted an 

invitation to lunch at Rogers’s home in Charlotte, and 

the Duke board invited him to its November 2010 

meeting. ‘Being Taught’ The substance of Johnson’s 

board session went well enough. The combined 

company would make about 30 percent of its electricity 

from coal, 30 percent from gas, and 30 percent from 

nuclear, with the balance coming from hydropower, 

wind and solar. On a personal level, Johnson struck 

some Duke board members as standoffish, according 

to Ann Maynard Gray, the lead director. In particular, 

she recalled that he said at one point: “I am always 

ready to learn, although I do not always like being 

taught.” The expression, not the most obvious 

comment to make to one’s potential bosses, is 

attributed to Winston Churchill. Gray, a former 

president of Capital Cities/ABC’s Diversified Publishing 

Group, didn’t get the reference. She later testified that 

Johnson’s quip “stayed with our board,” and not in a 

good way. ‘Arm Wrestle’ On Jan. 10, 2011, the 

companies jointly announced Duke’s plan to acquire 

Progress. Duke agreed to pay $13.7 billion in stock to 

Progress shareholders, a modest 5 percent premium 

over the market’s valuation of the target company. 

Duke also said it would assume $12.2 billion of 

Progress debt. During a teleconference with Wall 

Street analysts, Rogers was asked how, as executive 

chairman, he would resolve potential disputes with 

Johnson. “We’re going to arm wrestle,” Rogers said, 

“and you know how big Bill is, and you know the 

outcome of that. ‘‘I would basically say that Bill is going 

to be CEO, and he is going to be making the calls,’’ 

Rogers said. Employees from the merging companies 

began the process of seeking approval from state 

commissions, federal regulators and other government 

bodies. They also initiated the integration of 

workforces, not least the consolidation of Progress’s 

Raleigh staff into Duke’s Charlotte operation. Trimming 

Jobs Raleigh, a sleepy city with a small-town feel, 

would lose its sole Fortune 500 company 

headquarters. Despite some contraction since the 

financial crisis of 2008, Charlotte epitomizes the 

economic dynamism of the New South. Eight 

companies on the Fortune list, including Duke, Bank of 

America Corp., and steelmakers Nucor Corp., have 

their headquarters in the city and its environs. Duke 

and Progress set about trimming more than 1,800 

jobs. Beyond the routine friction over who would head 

which department and get the corner office, problems 

soon surfaced. Crystal River 3 in Florida developed a 

second containment-wall crack. Johnson wanted to 

make repairs that, according to public disclosures, 

would cost more than $1 billion. It wasn’t clear whether 

insurance would cover the fix, and the Duke board 



asked him to hold off. Johnson, according to director 

Gray, displayed ‘‘a significant prejudice for Crystal 

River to be repaired,” rather than being open to the 

argument that perhaps the damaged facility should be 

closed. ‘Pencils Down’ In December, federal regulators 

rejected the companies’ proposal for “mitigating” their 

increased market power. This unexpected obstacle 

raised doubts about whether the acquisition would be 

completed. Indeed, Johnson would later recount that 

Rogers told him, “We’re going to put our pencils down” 

on integration planning until the regulatory puzzle was 

solved. This frustrated Johnson, who testified that he 

felt more urgency about finishing the deal than Rogers. 

Just weeks after the rejection from the FERC, Rogers 

sat for an interview with the Charlotte Business 

Journal. Explaining the thin 5 percent premium he had 

negotiated, Rogers said, “I effectively gave up the 

CEO job to pay a lower premium.” Asked about this 

assertion, Rogers testified that he stood by it: He 

sacrificed his executive power to get the best deal. The 

converse of Rogers’s account, though, implies that 

Johnson and his board sold Progress at a discount so 

he would get named CEO. That’s not how Johnson 

saw the deal. He thought he got the promotion on his 

merits, not as a way to sweeten the acquisition for the 

other company’s investors. Selling ‘Cheap’ Johnson 

was “furious” over the Rogers interview, he later 

testified. “For the next month after that,” he said, 

“everywhere I went in the company, employees would 

say to me, with a very jaundiced eye, ‘Did you do that? 

Did you sell the company cheap so you could be the 

CEO?’” Johnson’s lawyer didn’t respond to requests 

for an interview with the ex-CEO. Relations between 

the Duke and Progress management teams “really 

started to go downhill over the next four or five 

months,” Johnson said. “The tensions between the 

teams were very high. The relationship between Mr. 

Rogers and I deteriorated. I believe some intemperate 

things were said. Tempers flared.” FERC eventually 

gave its approval for the merger, as did the North 

Carolina Utilities Commission and other regulators. 

The closing was scheduled for July 2. That morning, 

Johnson took an early flight from Raleigh to Charlotte. 

He wore a new tie his wife had given him for the big 

day. The week before, he had been house hunting in 

Charlotte. Board Meeting Rogers greeted Johnson on 

the 47th floor of the Duke Energy Center, whose 

spacious offices are decorated in calming shades of 

aqua and sea green. After some pleasantries, Rogers 

reminded his heir apparent that they had to get to the 

4:30 p.m. board meeting. “You can’t be late for your 

election,” he said. The two executives repaired to a 

small office with a round white marble table for a 

conference call with Duke’s directors. It might have 

seemed strange that the board didn’t assemble in the 

flesh for such a momentous event. No one discussed 

that. The vote making Johnson CEO took only a few 

15

minutes. Rogers shook Johnson’s hand and departed. 

Johnson headed for the elevators. At that moment, his 

BlackBerry buzzed with an e-mail from Gray. She had 

something to discuss in person. Directors Vote If Gray 

was in Charlotte, Johnson wondered, why had she not 

joined Rogers and him for the board vote? She soon 

arrived, an outside lawyer in tow, to provide the 

answer. After Rogers and Johnson left the 

teleconference, the board had remained on the call 

and gone into executive session. Gray abruptly made 

a motion to demand Johnson’s resignation and put 

Rogers back in charge of the enlarged Duke. The 

terms of the acquisition had given Duke a majority of 

the board slots. Prepped in advance for Johnson’s 

defenestration, all nine other legacy Duke directors 

endorsed Gray’s motion. One of the nine, Michael 

Browning, a real estate developer from Indianapolis, 

testified that a confluence of factors, including the 

nuclear plant and Johnson’s apparent reluctance to 

share certain financial information, caused a “loss of 

confidence in Bill’s ability to lead the team. For me, the 

toothpaste was out of the tube, and I couldn’t figure out 

how to get it back in.” Five directors who had come 

over from Progress could do nothing more than 

express their dismay and cast dissenting votes. ‘Grim 

Flight’ All Gray would tell Johnson when she delivered 

the news was that his “leadership style” wasn’t right for 

Duke. She said there was no room for discussion. The 

board had absolute authority to do this. As a former 

corporate lawyer, Johnson knew that on this last point, 

Gray was correct. It was, he later said, a “pretty grim 

flight” back to Raleigh. He called his wife as soon as 

he got off the plane. “Before I could say I’d been fired, 

she congratulated me.” “One of the greatest corporate 

hijackings in U.S. business history” is what John 

Mullin, the former Progress director, called it in his 

letter to the Wall Street Journal.“I do not believe that a 

single director of Progress would have voted for this 

transaction as structured with the knowledge that the 

CEO of Duke, Jim Rogers, would remain as the CEO 

of the combined company,” he wrote. Interrogating 

Rogers Beyond personal loyalty, Mullin said his board 

believed it was Johnson who possessed the skills 

needed to “lead the combined companies to achieve 

the potential synergistic benefits of the combination.” 

Five days later, the North Carolina Utilities 

Commission convened hearings to find out, as 

Chairman Edward Finley Jr. put it, why “Johnson’s 

‘resignation’ occurred within hours of the close of the 

transaction and what ramifications or repercussions 

might result from these unanticipated events with 

respect to this commission’s continued jurisdiction over 

Duke.” When it interrogated Rogers on July 10, the 

panel’s six members seemed most concerned about 

two issues: why they were not informed beforehand of 

the CEO switch and what the episode said about 

Duke’s commitment to Raleigh, where the commission 



is based and Johnson is a pillar of the business 

establishment. “Raleigh is really important to us,” 

Commissioner ToNola Brown-Bland told Rogers at one 

point. “It’s our capital.” She said she feared “a great 

sucking sound of jobs leaving this area.” ‘Sucking 

Sound’ “There will not be a sucking sound with respect 

to jobs leaving here,” Rogers said. Some employees 

would remain in Raleigh. As for the surprise factor, he 

added: “I wish we could have given the commission 

prior notice, but corporate decisions are announced 

when they are made, not when they are being 

contemplated.” Duke was contractually obliged to 

close the merger and appoint Johnson. “It was only 

after the merger closed that the board had the 

authority to make the decision about Mr. Johnson’s 

continuation as CEO,” Rogers said. Rogers 

enumerated the bill of particulars against Johnson. The 

Duke board felt he showed “a lack of transparency” 

about the reliability of the Progress nuclear facilities, a 

concern that went beyond Crystal River to include 

three other plants that Rogers said were functioning 

but on the federal regulator’s “watch list.” ‘Autocratic’ 

Style Progress’s financial performance had 

deteriorated during the 18 months after the acquisition 

was announced. And Johnson displayed an 

“autocratic” style, Rogers asserted, which “discouraged 

different points of view.” When it was Johnson’s turn to 

testify nine days later, the commission was largely 

sympathetic. On the question of “transparency,” 

Chairman Finley asked rhetorically why Johnson had 

“a duty to inform the Duke board of the steps you were 

taking with respect to Crystal River 3,” when in the 

spring of 2012, Rogers and the Duke board were 

contemplating his ouster, “and neither you nor the 

Progress board was informed.” Johnson responded: “I 

did not fail to inform anybody about anything.” On the 

notion of his being autocratic, Johnson invoked 

geography and personal history: “I’ve lived in Raleigh 

30 years. I’ve worked here 30 years. People who know 

me know this isn’t true.” To the contrary, he said, his 

senior management would say my real shortcoming is 

“I was too democratic. I would dither over issues.” 

Missed Earnings Johnson said the company missed 

earnings projections in 2011 and 2012. “Progress had 

three back-to-back nuclear outages” during the first six 

months of this year, leading to unanticipated expenses 

of $160 million, he said. Duke’s leadership 

experienced “buyer’s remorse,” Johnson said. “They 

wanted the merger, then they didn’t want it, then they 

couldn’t get out of it, and they didn’t want to be stuck 

with me as the person who dragged them into it.” 

Finley wanted to know whether Johnson considered 

his firing to have been compliant with the merger 

agreement or “a sham.” Duke followed the letter of the 

contract, Johnson said. “The condition was they would 

make me CEO. The expectation was that it would be 

more than 20 minutes or two hours.” Two months later, 

16

Rogers takes time out of a busy day to muse about 

how a big part of his job is “storytelling.” He’s sitting in 

the office that Johnson assumed he would have 

moved into by now. Changing Narratives “Life is about 

making stuff up as you go,” Rogers said. “You’re 

constantly taking a story line, changing the narrative, 

looking at it from all different perspectives.” While there 

were periods of doubt about completing the merger, 

now he’s confident the combination makes sense for 

customers, investors and the environment. Out of 

Duke’s domestic production of 57,000 megawatts, it’s 

in the process of retiring 5,000 megawatts of older coal 

capacity. It’s opening new gas plants to take 

advantage of low fuel prices. Burning gas releases 

about 50 percent less carbon dioxide than coal. Duke 

will get all the legacy Progress nukes off the watch list 

and fully up to code, Rogers said. It will make a call on 

Crystal River 3. Rogers’s dim view of Johnson’s 

financial stewardship was reinforced on Aug. 2, when 

Progress and Duke released their final quarterly 

earnings as separate companies. For the second 

quarter of 2012, Duke’s net income rose 2.1 percent, 

to $444 million. Joint Dispatch Progress, in part 

because of its continuing nuclear woes, saw a gaping 

64 percent decline in profits, to $63 million. Since the 

merger, the company’s stock is down 7.7 percent, to 

$63.43. Across the street in another Duke building, 

employees drawn from both companies are 

dispatching electricity among Progress and Duke 

facilities, depending on consumer demand, the 

weather, and other factors. This new collaboration is 

part of a program that Duke said will save customers 

$650 million over five years by using the enlarged fleet 

of plants to keep the most efficient facilities online and 

burning the least expensive fuel available at any given 



hour. The new colleagues staring at computer arrays 

and sending streams of instant messages appear to be 

working in a collegial fashion under the supervision of 

a former Progress manager. Without a 

government-mandated cap-and-trade program, or 

some alternative for putting a price on carbon, such as 

a tax, Duke’s leadership on the climate front will be 

limited to what it does unilaterally. Alternative Energy 

Rogers is no altruist. He will continue to expand the 

company’s renewable operations, but only those that 

make a profit. By the end of this year, Duke will 

produce 2,000 megawatts of wind and solar power, 

almost all of which it sells to other utilities. That’s 

3.5 percent of its total. Five years ago, the company 

had almost zero wind and solar capacity. Whether one 

sees this as adequate progress -- Rogers does -depends 

a lot on personal perspective. As for the 

company’s corporate governance, Rogers says, what 

might seem to have been a CEO-succession fiasco 

this summer will one day be viewed positively. “It 

actually reflects a strong board that made a tough 

decision,” he said. “A subset of people think I 

engineered this,” Rogers said. “I wish I was that good.” 

To demonstrate that he truly intended to step away 

from the fray, he notes that before events took a weird 

turn, his old board held a retirement dinner and gave 

him an antique chess set as a going-away gift. He’s 

not retiring anytime soon, he says, and no, he doesn’t 

plan to return the chess set. To contact the reporter on 

this story: Paul Barrett in New York 

atpbarrett17@bloomberg.net To contact the editor 

responsible for this story: Josh Tyrangiel 

atjtyrangiel@bloomberg.net 

17

Bloomberg/ - News, Qui, 20 de Setembro de 2012 


Dingell, Alito, Barney Frank, Olympia 

Snowe, J.D. Power 

Debbie Dingell, wife of Congressman John Dingell, 

Michigan Democrat, was reunited last night with 

Hydeia Broadbent, a thriving woman in her late 20s. 

What made the scene remarkable was that the women 

first met when Broadbent was a child with AIDS and 

not expected to live. The occasion was the 24th annual 

congressional gala for the Children’s Inn at the 

National Institutes of Health, held at the Liaison Hotel. 

The Children’s Inn offers housing and support for 

families like Broadbent’s while their children are being 

treated at the NIH. Senator Frank Lautenberg, New 

Jersey Democrat, and Senator Roy Blunt, Missouri 

Republican, were among the lawmakers who turned 

out. The mistress of ceremonies was author Cokie 

Roberts, who called the event “the last bastion of 

bipartisanship.” Democratic congressmen Barney 

Frank of Massachusetts, Chris Van Hollen of Maryland 

and Mark Critz of Pennsylvania were also present, as 

was Martha-Ann Alito, wife of Supreme Court Justice 

Samuel Alito. The gala was sponsored by corporate 

partners Merck (MRK) & Co., and Sanofi (SAN) U.S., 

and the trade group Pharmaceutical Research & 

Manufacturers of America. Blunt sat opposite Kenneth 

Frazier, the chairman and chief executive officer of 

Merck, which has given about $15 million to Children’s 

Inn since its founding in 1990. Microsoft Corp. (MSFT) 

and AT&T Inc. (T) also helped the Inn raise $400,000 

last night. The funds will be used to renovate the 

facility’s kitchens. Keeping Up An emotional Broadbent 

thanked the staff and supporters of the Inn and 

presented the evening’s honorees, physicians Anthony 

Fauci and Roy Vagelos, with award plates crafted by 

children at the Inn. “I keep up with them on Facebook,” 

she said of the children she met at the facility. “I wake 

up every morning excited,” said NIH Director Francis 

Collins about the strides in pediatric medical research. 

The event began with a rooftop poolside reception and 

ended with a three-course meal of goat-cheese salad, 

sea bass and berry cheesecake. Awards Given 

Senators Susan Collins and Olympia Snowe, 

Republicans from Maine, attended a luncheon 

yesterday in honor of former First Lady Laura Bush. 

Wearing a fitted aubergine dress, Bush accepted the 

2012 Alice Award from the Sewall-Belmont House & 

Museum for her advocacy of women, particularly in 

Afghanistan. Alice Paul was a suffragist and a founder 

of the National Woman’s Party. J. David Power III, the 

founder of marketing information firm J.D. Power and 

Associates, received the Lone Sailor Award from the 

U.S. Navy Memorial on Tuesday night. “For the last 40 

years, I’ve been giving out awards. This is a new 

thing,” Power, a U.S. Coast Guard veteran, said at the 

National Building Museum. Billionaire John Paul 

DeJoria, a co-founder of Patron Spirits Co., discovered 

Patron cocktails were being served at the VIP 

reception. “I gotta thank them,” he said, referring to the 

bartenders and making his trademark peace sign while 

mugging for the cameras. DeJoria was honored as a 

Navy veteran. “We had a blast,” he said, adding that it 

was in the Navy where he learned about teamwork 

and cultivated his philosophy of life, “Success 

unshared is failure.” After Nuns Political satirist and 

Marine Mark Russell and Vietnam prisoner of war 

Everett Alvarez, Jr. were also presented with the Lone 

Sailor Award, given to Sea Services veterans who 

have demonstrated core military values in their 

careers. Russell said his time in the Marines was 

easier than parochial school: “After the nuns, boot 

camp was a piece of cake.” Among the guests: U.S. 

Coast Guard Commandant Admiral Robert Papp Jr. 

and Dale Bennett, president of Lockheed Martin Corp. 

(LMT) Lockheed Martin, Raytheon Co. (RTN) and 

Kratos (KTOS) Defense & Security Solutions Inc. were 

sponsors of the event. Author Bob Woodward will be 

honored Friday night at the National Press Club’s 40th 

annual Fourth Estate Award Dinner for lifetime 

achievement in journalism. Among the toasters will be 

Donald Graham, chief executive and chairman of the 

Washington Post. Proceeds benefit the National Press 

Club Journalism Institute, which promotes press 

freedom and provides journalism scholarships. 

(Stephanie Green is a writer and photographer for 

Muse, the arts and leisure section of Bloomberg News. 

Any opinions expressed are her own.) Muse highlights 

include Greg Evans on film, Jeremy Gerard on theater. 

To contact the writer on this story: StephanieGreen in 

Washington at sgreen57@bloomberg.net or on Twitter 

@stephlgreen. To contact the editor responsible for 

this story: Manuela Hoelterhoff 

atmhoelterhoff@bloomberg.net. 

18



Bondholder Revenge Delayed Means $25 

Billion Cost: Mortgages 

For the second time in less than a week, bank 

investors got a reminder the companies can’t escape 

from bad mortgages sold during the U.S. housing 

boom. A bondholder group that last year won a 

preliminary $8.5 billion settlement from Bank of 

America Corp. said yesterday it was escalating its 

fights with Morgan Stanley and Wells Fargo & Co. 

(WFC) That followed a Sept. 14 lawsuit against 

JPMorgan Chase & Co. (JPM) by bond insurer MBIA 

Inc. (MBI) that underscored how existing cases are 

strengthening the hands of those seeking 

compensation. While the housing market is recovering 

after a 35 percent slump in prices from the 2006 peak, 

lawsuits are being filed every week as legal deadlines 

approach. Lenders may book an extra $25 billion or 

more to resolve complaints tied to mortgage debt, 

according to Compass Point Research & Trading LLC. 

“I don’t think the banks could have recognized what 

they owed upfront and still remained solvent, so it 

doesn’t surprise me that they’ve dragged their heels” in 

setting aside money for the cases, saidIsaac 

Gradman, an attorney who consults on such litigation. 

“It’s surprised me that more investors didn’t more 

quickly take up the cause of fighting for what’s theirs.” 

Eleven lenders tracked by Washington-based 

Compass Point have so far recognized 51 percent of 

the potential expenses of repurchasing faulty 

mortgages packaged into securities without 

government backing, according to a report last month 

by Compass Point analysts Kevin Barker and Mike 

Turner. That leaves about $25 billion, according to 

their “base-case” estimate. Fannie, Freddie In contrast, 

lenders have set aside almost enough for bad loans 

sold to government-supported Fannie Mae and 

Freddie Mac from 2005 through 2009. The analysts 

estimate 89 percent of the $43.4 billion in probable 

costs have already been realized. Investors have 

suffered losses on mortgage securities as defaults 

soared amid tumbling home prices and a jump in job 

losses. Bondholders and insurers accuse banks of 

delivering debt that misrepresented risks because 

mortgages contained errors including inflated 

appraisals and overstated borrower incomes. “We will 

review any communication we receive and respond 

appropriately,” Mary Eshet, a spokeswoman for San 

Francisco- based Wells Fargo, said yesterday in 

response to the investor group’s statement. Mary 

Claire Delaney, a spokeswoman for New York-based 

Morgan Stanley, declined to comment, as did 

Lawrence Grayson, a spokesman for Charlotte, North 

Carolina-based Bank of America. Jennifer Zuccarelli of 

New York-based JPMorgan, declined to comment. The 

24-company KBW Bank Index (BKX) fell 1.4 percent 

as of 9:39 a.m. in New York. Stocks in the gauge rose 

29 percent this year through yesterday. Still, the 

companies trade at a 13 percent discount to their book 

value, a measure of the value of their assets minus 

their liabilities. New Policies Fannie Mae and Freddie 

Mac’s expanded efforts in the first half of this year to 

get refunds that reduce the size of their taxpayer 

bailouts boosted the cost of faulty home loans and 

foreclosures at the biggest U.S. banks to at least $84 

billion since 2007, according to data compiled by 

Bloomberg. The two companies last week unveiled 

policies meant to give lenders more comfort about their 

risks with new loans, after the Federal Reserve said 

the threat of so-called putbacks is causing banks to 

keep lending standards too tight. The restriction in 

credit has been blunting Fed efforts to help the 

housing market by keeping borrowing costs at record 

lows. The central bank last week said it would buy an 

additional $40 billion of government-backed mortgage 

securities a month. Even as existing home sales 

climbed in August to the highest levels in two years, 

Chairman Ben S. Bernanke called the residential 

property market “one of the missing pistons in the 

engine” of the economic recovery. Lower Costs 

Compass Point said that losses from so-called 

non-agency securities would be lower if some 

investors don’t assert their rights. Costs could also 

grow since the analysts didn’t include all banks and 

focused on the contractual responsibilities of lenders 

and bond issuers tied to their descriptions of loan 

quality, called representations and warranties. 

Underwriters can also face separate claims including 

fraud cases, which, while harder to prove, can bring 

larger damages, said Gradman, of Petaluma, 

California-based IMG Enterprises LLC. In addition, 

Wall Street banks created collateralized debt 

obligations comprised of derivatives tied to housing 

debt. One reason for the flurry of recent litigation is 

that the six-year statute of limitations for certain claims 

is nearing. That would include deals created before 

housing crashed that subsequently had the highest 

default rates. The new cases add to pressure on banks 

to set aside reserves, Compass Point said. MBIA Case 

MBIA’s latest case against JPMorgan stems from 

documents the bond insurer obtained in a separate 

suit filed in 2010. The Armonk, New York-based firm 

had targeted a now-bankrupt unit of Ally Financial Inc. 

19

that issued the securities involved. The documents 

showed a mortgage-review firm found in 2006 that 

about a third of the home-equity loans in a pool set to 

be included in $1.1 billion of securities failed to match 

the underwriting guidelines of the lender, Ally’s GMAC 

Mortgage Corp., or applicable laws, according to the 

suit. Bear Stearns Cos., the deal’s underwriter, 

stripped data that showed the flaws from a 

spreadsheet before passing it to MBIA, the guarantor 

said in the suit filed in New York State Supreme Court 

in Westchester. JPMorgan bought Bear Stearns in 

2008 as the investment bank teetered on the edge of 

collapse. JPMorgan has also received 

mortgage-repurchase demands from Gibbs & Bruns 

LLP, the law firm that represented 22 bondholders 

including BlackRock Inc. and Pacific Investment 

Management Co. that settled last year with Bank of 

America over securities created by Countrywide 

Financial Corp. Issued Notices The law firm yesterday 

said that it issued notices of default to Wells Fargo and 

Morgan Stanley (MS) over $73 billion of securities. 

Those notices can escalate the responsibilities of 

mortgage-bond trustees, which investors typically must 

rely on to act on their behalf, or allow bondholders to 

sue. While Bank of America’s deal is awaiting court 

approval, attorneys general from New York and 

Delaware have intervened to seek more information. 

New York has said there are “serious questions about 

the fairness and adequacy” of the accord, which 

covers just “a small fraction” of losses. Investors have 

also filed new lawsuits over the past month against 

Citigroup Inc. (C), Goldman Sachs Group Inc. (GS), 

UBS AG (UBSN) and Credit Suisse Group AG. 

(CSGN) A spokesman for Credit Suisse said at the 

time the bank will “vigorously defend” itself. 

Spokesmen from the other banks declined to comment 

when the suits were filed. That followed a slew of 

previous cases, including Federal Housing Finance 

Agency litigation against 17 banks that was filed in 

September 2011 over $196 billion of non-agency 

bonds bought by Fannie Mae (FNMA) and Freddie 

Mac. Goldman Sachs In addition, a class-action suit 

against Goldman Sachs over mortgage securities was 

revived this month by a federal appeals court in New 

York. A three-judge panel overturned a previous ruling 



saying investors led by the NECA-IBEW Health & 

Welfare Fund, lacked standing to represent 

bondholders in offerings they didn’t own with similar 

problems. Other legal rulings this year on the 

substance of cases have also gone against banks and 

emboldened investors, Gradman said. Issues included 

whether lenders need to repurchase shoddy loans 

even if their misrepresentations weren’t responsible for 

defaults, and if mortgage-bond trustees can be held 

liable when they don’t pursue putbacks. Bank 

‘Hangover’ Documents obtained in discovery, the 

exchange of evidence before trial, are ensuring that 

banks face a “hangover” for potentially “years to 

come,” said Manal Mehta, founder of San 

Francisco-based hedge fund Sunesis Capital, which 

has invested in bond insurers doing battle with banks 

over bad mortgages. In a January deposition taken in 

lawsuits by bond insurers Syncora Guarantee Inc. and 

Ambac Assurance Corp., a former underwriter at 

due-diligence firms that were used by Bears Stearns 

alleged that the investment bank pushed them to find 

reasons to sign off on every loan, according to 

excerpts from a transcript submitted in court. One case 

that stood out involved the amount of monthly pay 

listed for a so-called stated income loan from 

California, according to the deposition of an individual 

whose name was redacted. The borrower was an 

assistant manager at a McDonald’s Corp. restaurant. “I 

believe $8,500 for someone that’s around about 19 or 

20 coming out of high school was not reasonable,” the 

individual said. “You are not even the owner of a 

McDonald’s.” That type of story ensures banks face 

more losses from mortgage-backed securities cases, 

Mehta said. “Although MBS litigation is no longer in the 

forefront of news, that doesn’t mean it’s gone,” he said. 

“Damaging testimony from whistleblowers and other 

evidence collected through an exhaustive discovery 

process in litigation by the bond insurers is finally 

starting to rear its ugly head.” To contact the reporter 

on this story: Jody Shenn in New York 

atjshenn@bloomberg.net To contact the editors 

responsible for this story: Rob Urban in New York 

atrobprag@bloomberg.net; Alan Goldstein 

atagoldstein5@bloomberg.net 

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Business Line/ - Notícias, Qui, 20 de Setembro de 2012 


Vodafone says ready to pay Rs 8,000 cr 

to settle tax dispute 

Vodafone has offered to pay Rs 8,000 crore to settle 

its tax dispute with the Indian Government if the latter 

considers waiving penalty and interest amount. 

“It is an option. I don’t know if it is viable,” Vodafone 

non-executive Chairman Analjit Singh said when 

asked whether it is a viable option for the telecom giant 

to pay Rs 8,000 crore tax, if penalty and interest are 

waived. 

After a meeting with officials of the tax department 

here on Thursday, Singh told reporters, “We have 

made our public position very clear that Vodafone is 

completely ready to discuss the matter. Vodafone is 

not a company... (that is) confrontationist (or) 

controversial. This is not Vodafone’s business, its 

business is telecom.” 

The Income Tax Department had raised a Rs 

11,218-crore tax demand (including Rs 7,900-crore of 

tax and the remaining interest) from Vodafone for its 

acquisition of Hutchison stake in Hutchison Essar in 

2007 through a deal in Cayman islands. 

But the Supreme Court struck down the tax claim. 

Following the judgment, the Government in the 

Finance Bill, 2012, proposed amendments in the 

Income Tax Act, 1961, with retrospective effect that 

would bring overseas mergers and acquisitions 

involving Indian assets into the tax net. 

Earlier this week, Vodafone Chief Financial Officer 

Andy Halford had said in London that the company 

might make a provision to cover the legal risks arising 

out of the tax dispute with the Indian Government. 

Shishir.Sinha@thehindu.co.in 

21

Clarín/ - Policiales, Qui, 20 de Setembro de 2012 


Por separado, la UCR y el FAP juntan 

firmas contra la re-reelección 

Firmas contra la re-re. Mientras el radicalismo 

bonaerense presente, esta tarde en el auditorio del 

Comité de Paseo Colón, su campaña de recolección 

de firmas en rechazo a la reforma constitucional que 

impulsa el kirchnerismo para habilitar la re reelección 

de la presidenta Cristina Kirchner, el líder del Frente 

Amplio Progresista (FAP) Hermes Binner y el senador 

Luis Juez harán su segunda caminata invitando a los 

vecinos a adherir al rechazo a la reforma. La semana 

pasada estuvieron en Rosario, hoy estarán en 

Córdoba y la semana que viene en Capital. Tanto 

desde la UCR como desde el FAP insistieron en que 

el objetivo es el mismo: frenar la avanzada oficialista 

para reformar la Constitución con el único objetivo de 

habilitar la re-re, pero advirtieron que cada espacio 

lleva a delante su campaña de junta de firmas. El FAP, 

que había previsto la instalación de mesas en Florida 

y Diagonal Norte para el martes pasado, por la lluvia 

reprogramó la actividad para mediadios de la semana 

que viene; el radicalismo bonaerense terminará de 

definir hoy la agenda de recorridas por los principales 

distritors de la provincia.De la presentación de la 

campaña, esta tarde a las 17.30 en el Comité 

Provincia, participarán, además del presidente del 

Comité Miguel Bazze y el diputado Ricardo Alfonsín, 

los especialistas en derecho constitucional Felix Loñ y 

Enrique Paixao y el historiador Luis Alberto Romero. 

Legisladores, intendentes y presidentes de los Comité 

de distrito también darán el presente.Bazze destacó la 

participación de los jefes de comités de distritos 

porque son ellos quienes desde la semana que viene, 

junto con los intendentes, comenzaran a recorrer los 

distritos. "La idea es difundir, además de las planillas 

en las que se registrará cada firma, un documento del 

partido en el que fijaremos nuestros argumentos del 

rechazo la reforma constitucional y la re-re", explicó 

Bazze y anticipó que durante la junta de firmas, los 

principales referentes del radicalismo bonaerense 

recorrerán los distritos para hablar con los vecinos y 

explicarles los riesgos que supone una reforma 

constitucional.Pero además de las recorridas y la 

campaña en la calle, abrirán un sitio Web para que la 

gente pueda adherir con su firma contra la re-re por 

esa vía. 

22

Clarín/ - Notícias, Qui, 20 de Setembro de 2012 

CLIPPING INTERNACIONAL (Reforma Constitucional) 

Nuevo desafío de Moyano: habló de un 

plebiscito contra la re-reelección 

Un día después de anunciar que Camioneros 

marchará junto a la CTA opositora a la Plaza de Mayo 

el próximo 11 de octubre, Hugo Moyano salió a 

plantarse frente acualquier iniciativa del kirchnerismo 

de reformar la Constitución para permitir un nuevo 

mandato de la Presidenta. Consultado ayer sobre qué 

pensaba de la realización de una consulta popular, 

como se propone desde la oposición, sobre una 

eventual reforma constitucional, el camionero 

contestó: “Creo que es una buena idea, para hacerle 

entender a este Gobierno que la gente no está 

dispuesta a aceptar todo lo que se le impone”.La 

postura de Moyano hizo recordar a cuando Eduardo 

Duhalde, en 1998, cruzó las intenciones de Carlos 

Menem de conseguir una re-reelección: el entonces 

gobernador de la provincia de Buenos Aires amenazó 

con realizar un plebiscitopara que los bonaerenses 

opinasen sobre un eventual tercer mandato del 

riojano. Ahí, Menem renunció a sus pretensiones.El 

rechazo del camionero a que Cristina intente modificar 

la Constitución para conseguir un tercer mandato 

consecutivo parece estar más allá de su actual 

enfrentamiento con la Presidenta. En realidad, el líder 

de la CGT también parece subirse a laresistencia que 

hay en amplios sectores de la sociedad a una reforma 

constitucional.Es más: el camionero quedó impactado 

por lo multitudinarias que fueron las protestas en 

contra del Gobierno de hace una semana en 

diferentes puntos del país, donde se cantaron 

consignas en contra una re-reelección. Las encuestas 

también mostraron que el plan reeleccionista no 

tendría sustento en la sociedad . Una consultora 

preguntó a fines del mes pasado “si pudiera usted 

decidir, ¿qué haría con el Gobierno de Cristina 

Fernández?”. El 23,9% de los entrevistados contestó 

que la reelegiría. El 71,1% de los consultados dijo que 

la “cambiaría”.Moyano apoyó ayer la realización de 

una consulta popular, idea que fue impulsada desde el 

PRO. “Cuando uno va a hacer un cambio tan 

trascendental en lo que hace a la forma de Gobierno, 

una consulta popular es una herramienta que está en 

la misma Constitución y creo que es muy válida”, 

dijo, por ejemplo, el ministro de Educación de la 

Ciudad, Esteban Bullrich.El Frente Amplio Progresista 

(FAP), que lidera el socialista Hermes Binner, acaba 

de iniciar unacampaña para juntar un millón de firmas 

en “defensa de la Constitución” y en rechazo al intento 

oficialista de habilitar la re reelección.Hasta ahora, 

Moyano no dio ninguna señal de que esté pensando 

articular con otros partidos políticos para frenar 

cualquier intento de reforma constitucional.Con el que 

sí ya juega el camionero es con el estatal Pablo 

Micheli, líder de la CTA antikirchnerista. El martes, el 

jefe de la CGT anunció que Camioneros se sumará a 

la protesta contra el Gobierno a las que convocó la 

CTA para el próximo 11 de octubre en Plaza de Mayo. 

El camionero definió a su relación con Micheli como 

“el comienzo de una tarea que va a tener como 

objetivo no permitir el avance sobre los derechos de 

los trabajadores”.Además de oponerse a una reforma 

constitucional, Moyano tiene planes políticos: pretende 

que en las legislativas del año que viene sean electos 

diputados y senadores alineados con su liderazgo. Lo 

que le falta aún es un instrumento político. Podría 

venirle al pelo “FE”, el partido político que esta tarde 

lanza Gerónimo “Momo” Venegas. 

23

Corriere Della Será/ - Notícias, Qui, 20 de Setembro de 2012 

CLIPPING INTERNACIONAL (Corte Suprema de Justicia) 

Caso Aldrovandi, la Cassazione: 

«Poliziotti violenti e depistatori» 

BOLOGNA - Fu «sproporzionatamente violenta e 

repressiva» l'azione dei quattro poliziotti che, all'alba 

del 25 settembre del 2005, a Ferrara, uccisero a botte, 

calci e manganellate lo studente diciottenne Federico 

Aldrovandi rifiutando persino di togliergli le manette, 

mentre giaceva a terra già morto, come chiedeva il 

personale dell'ambulanza intervenuta sul posto. Lo 

sottolinea la Cassazione nelle motivazioni depositate 

oggi - sentenza 36280 - e relative all'udienza nel corso 

della quale, lo scorso 21 giugno, è stata confermata la 

condanna a tre anni e sei mesi per gli agenti Paolo 

Forlani, Monica Segatto, Enzo Pontani e Luca 

Pollastri. Ai condannati la Suprema Corte ha negato 

le attenuanti per la gravità del fatto e per aver «distorto 

dati rilevanti, per il sequente sviluppo delle indagini, sin 

dalle prime ore successive all'uccisione del ragazzo». 

L'AVVOCATO - Una sentenza «storica», esulta 

l'avvocato della famiglia Aldrovandi, Fabio Anselmo, 

visto che si travolge un «tabù» e cioè «la possibilità di 

censurare e sanzionare un intervento di polizia 

violento e al di fuori del diritto». Ad avviso dei supremi 

giudici, è da «escludere - come invece sostenevano i 

legali degli agenti - che la morte del ragazzo sia 

dovuta alla sindrome da 'delirio eccitatò o alla 

assunzione di sostanze stupefacenti», in quanto, come 

accertato dalla perizia del massimo esperto di morti 

improvvise, il professor Di Thiene, l'esito letale era 

dovuto alla «pressione» esercitata dai poliotti. La 

violenza usata «aveva fatto sì che il cuore venisse 

schiacciato», determinando «infiltrazione emorragica e 

la cessazione della conduzione dello stimolo elettrico 

dagli atri ai ventricoli». Inoltre «lo stato ipossico in cui 

versava il giovane - prosegue la Cassazione, 

bloccando ogni tentativo di ricostruzione alternativa del 

decesso - era comunque riferibile alla condotta 

realizzata dagli agenti, i quali avevano tenuto 

schiacciato il corpo del ragazzo contro il terreno, con 

manovre idonee ad innescare una asfissia 

posizionale». Per la Suprema Corte, «lo stato di 

agitazione in cui versava il ragazzo», che faceva 

confusione per strada, da solo, in via Velodromo, 

«avrebbe imposto un intervento di tipo dialogico e 

contenitivo». 

ALDRO INOFFENSIVO - Invece i poliziotti della 

pattuglia 'Alpha 4' «sferrarono numerosi colpi contro 

Aldrovandi, non curanti delle sue invocazioni di aiuto» 

e la «serie di colpi proseguì anche quando il ragazzo 

era stato fisicamente sopraffatto e quindi reso 

certamente inoffensivo». «Segatto lo colpiva alle 

gambe con il manganello, Pontani e Forlani lo 

tenevano schiacciato a terra, mentre Pollastri lo 

continuava a percuotere», ricorda la Cassazione 

sottolineando che gli agenti «posero in essere una 

violenta azione repressiva nei confronti di un ragazzo 

che si trovava da solo, in stato di visibile alterazione 

psicofisica». Sono andati ben oltre l'impiego lecito dei 

«mezzi di coazione fisica consentiti dall'ordinamento 

per vincere una resistenza all'Autorità». I quattro 

hanno tenuto «condotte specificamente incaute e 

drammaticamente lesive» e la «consapevolezza di 

agire in cooperazione imponeva a ciascuno di 

interrogarsi sull'azione dei colleghi, se del caso 

agendo per regolarla, moderandola». Invece la 

«reciproca vigilanza è mancata», il pestaggio è 

continuato «senza dissenso da parte di alcuno, sino 

all'arrivo dei Carabinieri e del personale di soccorso». 

Pessimo, poi, il «comportamento processuale» degli 

imputati che hanno «anche omesso di fornire un 

contributo di verità al processo da reputarsi doveroso 

per due pubblici ufficiali». Infine la Cassazione ricorda 

le «manipolazioni delle risultanze investigative pure 

realizzate da funzionari responsabili della Questura di 

Ferrara». Lo scorso 9 luglio la Corte di Appello di 

Bologna ha confermato le condanne per l'ispettore 

Marco Pirani in servizio alla Procura di Ferrara, e per 

l'operatore del 113 Marcello Bulgarelli, accusati nel 

processo sui depistaggi delle indagini 

Redazione online 

24


CLIPPING INTERNACIONAL (Corte Costituzionale) 

Conflitto Napolitano - pm, Del Bene: «Ci 

costituiamo appena arriva la notifica» 

Il sostituto procuratore è uno dei magistrati palermitani 

che indagano sulla trattativa Stato-mafia 

Il presidente della Repubblica, Giorgio NapolitanoIl 

presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano 

PALERMO - «Appena arriverà la notifica del ricorso 

del Quirinale nomineremo i nostri avvocati e ci 

costituiremo nel procedimento per conflitto di 

attribuzione, potendo così esporre le nostre ragioni al 

vaglio della Corte costituzionale». Lo ha detto il 

sostituto procuratore Francesco Del Bene, uno dei Pm 

palermitani che si occupano dell'inchiesta sulla 

trattativa Stato-mafia, che contiene le intercettazioni di 

alcune conversazioni tra il presidente della 

Repubblica, Giorgio Napolitano, e l'ex ministro 

dell'Interno Mancino. Del Bene ha aggiunto: «Siamo 

convinti di avere agito nel rispetto delle leggi e 

attendiamo che la questione sia discussa nel merito». 


25



Bolzano, lite sui cartelli Giarda: le lingue 

sono due 

Durnwalder promette ai suoi scritte solo in tedesco 

Italiani che gridano alla «pulizia linguistica» e si 

preparano a dare battaglia, a costo di arrivare alla 

Corte costituzionale. Tedeschi che agitano antichi 

fantasmi: «Ecco che torna lo spirito fascista, lo stesso 

di 90 anni fa». 

Lingue bollenti in Alto Adige, dove di lingue ce ne sono 

almeno tre (italiano, tedesco e ladino) e dove da quasi 

mezzo secolo il pendolo delle varie comunità, a 

dispetto dell'obbligo al plurilinguismo previsto dallo 

Statuto d'autonomia, non ha ancora trovato un assetto 

definitivo. Figurarsi ora che è stata varata dalla giunta 

provinciale di Bolzano, dopo quasi mezzo secolo, la 

nuova legge sulla toponomastica (grazie all'asse 

Svp-Pd): testo «d'indirizzo», come lo chiamano, ma 

dalla valenza oggettivamente storica, visto che in 

queste vallate ancora sopravvive, seppur affiancato da 

toponimi tedeschi e ladini, il famigerato Prontuario 

stilato nel 1923 dall'irredentista Ettore Tolomei sotto 

l'ombrello nazionalista del governo Mussolini. 

Benedetta dal grande capo della Svp, nonché potente 

presidente della Provincia, Luis Durnwalder, la nuova 

normativa, che affida a una commissione paritetica 

composta dai 3 gruppi linguistici il compito di valutare i 

toponimi di monti, torrenti, malghe e frazioni, ha 

scatenato le ire di Pdl e Fli, che hanno denunciato 

l'ennesimo tentativo di penalizzare il ruolo della 

comunità italiana («Un grave passo indietro che rischia 

di portare alla scomparsa di tutti i toponimi della nostra 

lingua»). 

A rendere gli animi ancora più bollenti ci si è messo 

pure Durnwalder, che, durante la conferenza stampa 

di presentazione della nuova legge, ha affermato 

(parlando in tedesco): «È chiaro che migliaia di 

toponimi verranno ripristinati nella loro forma 

originaria», aggiungendo poi che «solo le grandi 

frazioni dei Comuni» resteranno bilingue. Parole 

interpretate come un de profundis per i toponimi 

italiani. A nulla è poi valso il tentativo del presidente 

della Provincia di rasserenare gli animi: «Ora serve 

buon senso: non guardiamo cosa manca, ma che cosa 

è stato raggiunto». Ormai le trincee erano scavate. 

Mercoledì il caso è approdato alla Camera sull'onda di 

un'interrogazione dei deputati pdl Giorgio Holzmann e 

Michaela Biancofiore, che, accusata «la maggioranza 

tedesca di comportarsi come quel Tolomei che 

combattono da sempre», hanno puntato il dito contro 

la composizione delle comunità comprensoriali che 

dovrebbero avanzare le richieste di revisione alla 

commissione («Organismi nei quali gli italiani sono 

minoranza»). La risposta del ministro per i Rapporti 

con il Parlamento, Piero Giarda, ha lasciato aperta la 

strada a chi spera di poter impugnare la normativa 

davanti alla Corte costituzionale: «La nuova legge 

verrà attentamente vagliata» ha assicurato l'esponente 

di governo, facendo capire che non potrà sottrarsi a 

quel principio di bilinguismo sancito dalla Costituzione. 

I vertici della Svp ostentano sicurezza: «La legge 

reggerà ad eventuali impugnazioni». E si sentono a un 

passo da una storica vittoria: «Finalmente vengono 

riconosciuti come primari i nomi tedeschi e ladini». Ma 

Pdl e Fli: «Presenteremo ricorso al Tar caso per 

caso». La guerra dei nomi. 

Francesco Alberti 

26

Diario La Prensa/ - Notícias, Qui, 20 de Setembro de 2012 

Justiça no Exterior (Suprema Corte) 

Proponen una ley para que la Provincia se 

retire del Pacto Fiscal 

La Plata- Los presidentes de las bancadas opositoras 

de la Cámara de Diputados bonaerense presentaron 

un proyecto de ley con el objetivo de que la Provincia 

renuncie al Pacto Fiscal firmado con la Nación en 

1992. 

De prosperar la iniciativa, el Ejecutivo provincial 

estaría en condiciones de recuperar la retención del 

15 por ciento que efectúa la administración central a 

los fondos de la coparticipación federal de impuestos y 

que representan casi cinco mil millones de pesos por 

año para Buenos Aires.El proyecto lleva la firma de 48 

de los 92 diputados que conforman la Cámara, un 

número que permitirá a los bloques opositores contar 

con mayoría propia en la Cámara baja y la posibilidad 

de formar quórum al momento de debatir el 

Presupuesto y la Ley Fiscal para el próximo año. 

El acuerdo para la presentación de la iniciativa fue 

avalado por los presidentes de los bloques de la UCR, 

Walter Carusso; de Unión Celeste y Blanco, Mónica 

López; del Frente Amplio Progresista, Marcelo Díaz; 

del Pro-Peronismo, Marcelo Di Pascuale; de la 

Coalición Cívica ARI, Walter Martello; de Radicales del 

Pueblo, Ricardo Jano; de Proyecto Bonaerense; Jorge 

Solmi; de Alternativa Peronista, Ricardo Elizalde, y de 

Lealtad Peronista, Héctor Martínez.Los autores 

afirmaron que "la iniciativa expresa la voluntad de la 

mayoría legislativa de la Cámara baja bonaerense, y 

conforme a lo dictaminado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, tras la presentación efectuada a 

comienzos del mes", dijeron.Es Tribunal "sostuvo que 

somos parte interesada en la cuestión", remarcaron.El 

diputado del FAP Marcelo Díaz planteó la necesidad 

de "volver a discutir la coparticipación y de la 

responsabilidad de la Provincia junto con la Nación 

ante la falta de cumplimientos de sus 

obligaciones"."Fuimos con la figura de "amigos del 

Tribunal" ante la Corte nacional pero, en un hecho 

histórico, se nos respondió en 20 horas y se nos dijo 

que somos parte interesada y que procedamos en la 

denuncia del Pacto Fiscal pero que se expida el 

gobernador" Daniel Scioli, recordó el legislador."Le 

estamos dando al gobernador un instrumento para 

atender la situación financiera de la Provincia", dijeron 

los diputados opositores, ya que "si denuncia el Pacto 

Fiscal, como hizo Córdoba, no tendrá problemas para 

pagar los sueldos".Si la Provincia vuelve a cobrar el 15 

por ciento de coparticipación que actualmente retiene 

la Nación "recuperará cerca de cinco mil millones de 

pesos y no será necesaria una mayor presión fiscal 

para los bonaerenses", expresaron. 

27

Diario Libre/ - Notícias, Qui, 20 de Setembro de 2012 


Poder Judicial convoca para elegir 

director de Carrera 12:00 AM 

SD. El Consejo del Poder Judicial convocó a 

concurso público para la designación del director 

general de Administración y Carrera Judicial. En su 

Resolución No. 14-2012, señala que la convocatoria 

se hace luego de conceder la pensión por antigüedad 

a Pablo Garrido Medina, y de producirse la renuncia 

de Román Jáquez Liranzo, el 25 de julio, quien 

ocupaba el cargo interinamente. 

Los interesados podrán depositar, en un plazo no 

mayor de 20 días, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 de 

p.m., en la Secretaría General del CPJ, una 

comunicación en la que indiquen las razones que los 

motivaron para optar por la posición; hoja de vida y 

documentación que la sustente, y plan de trabajo que 

muestre la visión del postulante sobre el área que 

pretende dirigir. Entre los requisitos están ser 

licenciado o doctor en áreas de derecho, economía o 

administración. 

28



Fiscal asegura controlan filtración heces 

fecales 12:00 AM 

santo domingo. La fiscal del Distrito Nacional, Yeni 

Berenice Reynoso, reveló que "está controlada" la 

filtración de heces fecales desde la cárcel del Palacio 

de Justicia de Ciudad Nueva, que ha afectado las 

labores de varios tribunales. 

La funcionaria dijo que se le está buscando una 

solución definitiva al panorama. "Ustedes saben que el 

Palacio de Justicia es una edificación que tiene varias 

décadas y, en ese sentido, presenta en el tema de 

filtración algunos inconvenientes", afirmó. 

Aclaró que los expedientes manejados por la Fiscalía 

no han sufrido daños. "Es una situación que hemos 

coordinado con la Suprema Corte de Justicia". 

Explicó que desde el momento en que se presentó 

esa situación, ingenieros de la Suprema Corte de 

Justicia y la Fiscalía han estado trabajando. 

Reveló que es alto el número de casos de violencia 

intrafamiliar que se registra actualmente por la revisión 

de mensajes en teléfonos celulares. Declaró que a 

diario recibe una elevada cantidado de denuncias y 

querellas al respecto, en los cuales asegura que está 

trabajando. "Principalmente, nosotros lo que tenemos 

son muchos casos diarios de violencia de género que 

se están produciendo por la revisiones de los 

celulares". 

Planteó que se han producido hasta casos de 

violencia bastante graves. "Sí, nosotros lo que dijimos, 

hablando de delitos electrónicos y clonación de 

tarjetas en sentido general, no sólo de acceso ilícito o 

de la divulgación de datos confidenciales". 

29



CONEP preocupado por lentitud de leyes 

12:00 AM 

SANTO DOMINGO. El Consejo Nacional de la 

Empresa Privada (CONEP) externó ayer su 

preocupación por la tardanza en la aprobación de las 

leyes Electoral y de Partidos Políticos y anunció un 

recorrido por diversas instituciones para llevarle su 

inquietud. 

El presidente de la entidad, Manuel Diez Cabral, junto 

a los directivos Marisol Vicens y Rafael Paz, giró una 

visita al Pleno del Tribunal Superior Electoral (TSE) 

para expresarle su interés en el fortalecimiento de la 

institucionalidad. 

"Tenemos una preocupación y entendemos que de 

alguna manera hay que agilizar el proceso y como 

institución ayudar en ese aspecto", enfatizó Diez 

Cabral. 

Indicó que en los próximos días estarán haciendo 

otras visitas a varias instituciones, entre ellas la 

Suprema Corte de Justicia y el Tribunal 

Constitucional. 

Al respecto, el presidente del TSE, Mariano Rodríguez 

Rijo, sostuvo que ese organismo no tiene potestad 

para elevar iniciativa legislativa, y que sólo pueden dar 

opinión, si así lo considera el Congreso Nacional. 

El CONEP se sumó a los sectores que reclaman la 

pronta aprobación de las leyes Electoral y de Partidos 

Políticos. Ayer también el presidente del Partido 

Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas 

Maldonado, visitó al movimiento cívico Participación 

Ciudadana para presentarle la propuesta de esa 

organización en torno a las citadas leyes. 

Vargas Maldonado anda visitando diversas 

instituciones reclamando el cumplimiento de un 

acuerdo político para aprobar dichas iniciativas antes 

de finalizar el año. 

30



CPJ convoca para elegir director de 

Carrera 12:00 AM 

SD. El Consejo del Poder Judicial convocó a 

concurso público para la designación del director 

general de Administración y Carrera Judicial. En su 

Resolución No. 14-2012, señala que la convocatoria 

se hace luego de conceder la pensión por antigüedad 

a Pablo Garrido Medina, y de producirse la renuncia 

de Román Jáquez Liranzo, el 25 de julio, quien 

ocupaba el cargo interinamente. 

Los interesados podrán depositar, en un plazo no 

mayor de 20 días, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 de 

p.m., en la Secretaría General del CPJ, una 

comunicación en la que indiquen las razones que los 

motivaron para optar por la posición; hoja de vida y 

documentación que la sustente, y plan de trabajo que 

muestre la visión del postulante sobre el área que 

pretende dirigir. Entre los requisitos están ser 

licenciado o doctor en áreas de derecho, economía o 

administración. 

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El Dia/ - Notícias, Qui, 20 de Setembro de 2012 


Fiscal: violencia por celulares aumenta 

Santo Domingo.-La fiscal del Distrito Nacional 

manifestó ayer su preocupación por la gran cantidad 

de casos de violencia de género intrafamiliar que se 

producen luego de la revisión de los celulares por las 

parejas.Yeni Berenice Reynoso dijo que a diario están 

recibiendo muchas denuncias de casos de violencia 

que se dan por la revisión de los aparatos 

celulares.“Más que nada nos preocupa, no 

simplemente la revisión de un celular, sino 

básicamente son dos cosas las que nos preocupan: la 

cantidad de violencia de género que surgea partir de 

una revisión de un aparato, que es de uso personal, 

como es el teléfono, pero además la inmensa cantidad 

de casos de divulgación en las redes sociales de fotos 

muy comprometedoras de menores de edadque 

adiario recibimos”, insistió. 

Señaló que la revisión de celulares es un delito no 

solo en la República Dominicana, sino en muchos 

otros países, tras exhortar a la población que debeser 

respetuosa con eso. Reynoso dijo que no solo la Ley 

53-07 sobre Delito de Alta Tecnología castiga esa 

infracción, sino que también es un derecho 

constitucional. Asimismo,informó queinvestigan la 

incautación de cinco celularesa uno de los presos 

delcaso Paya. 

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El País/ - Internacional, Qui, 20 de Setembro de 2012 


El Prado y el Louvre ganan el IX Premio 

Prix Diálogo por su colaboración 

Los museos del Prado, en Madrid, y del Louvre, en 

París, recibirán en París el IX Prix Diálogo por su 

colaboración para el refuerzo de la cooperación entre 

Francia y España en el ámbito de la cultura.Ambos 

museos han sido elegidos por un jurado presidido por 

Rafael Arias-Salgado y serán sus respectivos 

presidentes, Plácido Arango (El Prado) y Henri 

Loyrette (Louvre), quienes recogerán el galardón el 

próximo 2 de julio en Madrid.Creada en 1983, la 

Asociación de Amistad Hispano-Francesa Diálogo 

tiene como objetivo promover las relaciones bilaterales 

entre ambos países.La intensa y tradicional 

cooperación entre ambos centros, "impulsada por sus 

dos máximos responsables", se ha visto reforzada 

recientemente mediante el acuerdo alcanzado entre la 

Fundación de Amigos del Museo del Prado, que 

preside Carlos Zurita, Duque de Soria, y la Société 

des Amis du Louvre, encabezada por Marc Fumaroli, 

miembro de la Académie Française, recuerda 

Diálogo.Esta cooperación "ejemplar" de las dos 

instituciones se plasma en la exposición 

conjuntamente organizada El último Rafael, centrada 

en la producción tardía del artista italiano, que 

actualmente se puede ver en Madrid y que se 

presentará en París en octubre de 2012.Asimismo, los 

dos museos suelen concederse préstamos de obras 

excepcionales como "la Gioconda del Prado", que se 

exhibió hasta mediados de marzo en el museo 

madrileño, y que se ha cedido al Louvre con ocasión 

de su muestra "La última obra maestra de Leonardo 

da Vinci, Santa Ana".El premio Prix Diálogo, creado en 

2003, tiene como objetivo galardonar a una 

personalidad u organismo cuya contribución a la 

amistad hispano-francesa haya sido relevante en 

campos representativos de la cooperación.Desde 

entonces, han sido premiados, entre otros, Louis 

Schweitzer, presidente del Grupo Renault; Jorge 

Semprún, fallecido escritor español y exministro de 

Cultura; los cocineros Ferran Adrià y Michel Guérard; 

Carlos Dívar, expresidente de la Audiencia Nacional y 

actual presidente del Tribunal Supremo y del Consejo 

General del Poder Judicial (CGPJ), o Fernando 

Alonso, piloto de Fórmula I. 

33

El Universal/ - Notícias, Qui, 20 de Setembro de 2012 


En una semana, reglamento de ley de 

migración: Poiré 

Luego de reiterar el compromiso del gobierno federal 

para dialogar con todas las fuerzas políticas en el 

nuevo Congreso de la Unión, el secretario de 

Gobernación, Alejandro Poiré, anunció que en menos 

de una semana se publicará el reglamento de la ley de 

migración que, "reconozco, tenía un rezago 

importante" .En su presentación inicial durante la glosa 

del último Informe de Gobierno del presidente Felipe 

Calderón Hinojosa en el Senado de la República, el 

funcionario aseguró que este reglamento cuenta con 

el consenso de amplios sectores.Entre ellos más de 

300 organizaciones no gubernamentales y el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados. El reglamento dará certeza a la aplicación 

a la Ley General de Migración, promulgada hace 

varios meses.Además el Estado mexicano estableció 

una ley sobre refugiados y protección complementaria 

que ayudará a garantizar la protección a los derechos 

humanos de los migrantes en territorio nacional, 

recordó.En otro tema, el secretario pidió a los 

legisladores que aprovechen la oportunidad de discutir 

y aprobar la nueva Ley General de Protección y 

Atención a Víctimas que recientemente envió al 

Congreso el Ejecutivo para su discusión.Sin referirse a 

la ley anterior, que fue motivo de controversia, el 

secretario destacó las ventajas de esta nueva 

iniciativa que incluye recursos económicos para que 

los tres órdenes de gobierno puedan hacer frente a la 

reparación de daños a las víctimas.Se trata de un 

entramado que genera certezas y auténtica protección 

y evita la revictimización de las personas. Garantiza 

que los jueces penales, civiles, de amparo y de otras 

materias puedan reconocer a las víctimas su calidad 

de tales sin necesidad de mayores trámites.Poiré 

Romero también destacó como un avance importante 

del actual gobierno la reforma constitucional en 

materia de derechos humanos y la promulgación de la 

Ley de Protección para Personas Defensores de 

Derechos Humanos y Periodistas.En materia de 

seguridad destacó que el Estado mexicano ha 

cumplido con su deber a través del Consejo Nacional 

de Seguridad Pública y de la Ley del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública.Destacó que la estrategia en la 

materia incluye tres ejes: enfrentar a las 

organizaciones delincuenciales, reconstruir el tejido 

social y la transformación institucional de las fuerzas 

policiacas.Sobre esto último se han creado 26 centros 

certificados de control de confianza en 22 estados de 

la República y hay 10 más en otros tantos estados que 

están en proceso de certificación.Además todos los 

policías federales pasan por controles de confianza y 

uno de cada cuatro policías estatales ya ha sido 

declarado apto para el servicio tras ser sometido a 

esos mismos controles.En lo que respecta al nuevo 

sistema de justicia penal, dijo que la Federación ha 

financiado con mil 100 millones de pesos a los 

estados para establecer los juicios orales, que 

reducen el tiempo de los procesos de 543 días a 152 

en promedio.De las 11 entidades que han 

implementado el sistema, el Estado de México, 

Morelos y Chihuahua ya lo tienen completo, mientras 

que Baja California, Oaxaca, Yucatán, Nuevo León y 

Zacatecas, entre otros, están en proceso de 

lograrlo.Por lo que toca a la conducción política del 

país, el secretario Poiré Romero destacó que se han 

alcanzado acuerdos con todas las fuerzas políticas en 

materias como presupuesto, reforma electoral, la 

propia reforma de derechos humanos y la creación del 

Consejo Nacional de Seguridad Pública.También 

aprovechó para destacar el papel responsable, 

institucional y apegado a la ley que cumplió el 

gobierno federal durante el pasado proceso electoral 

federal del 1 de julio.Insistió en que el gobierno federal 

tiene plena disposición a dialogar con todas las 

fuerzas políticas para llegar a los acuerdos necesarios 

en todas la materias y así continuará hasta el último 

día de la administración. 

34

El Universal/ - Notícias, Qui, 20 de Setembro de 2012 


Avalan triunfo de panista en Benito 

Juárez 

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el triunfo 

del panista Jorge Romero como jefe delegacional 

electo en Benito Juárez, toda vez que desechó los 

recursos de impugnación interpuestos por el Partido 

de la Revolución Democrática (PRD) capitalino contra 

la elección. En sesión pública, los magistrados 

resolvieron dos juicios de revisión constitucional que 

interpuso el PRD contra las sentencias del Tribunal 

Electoral del Distrito Federal (TEDF), una se declaró 

improcedentes y la otra se desechó. Con lo que se 

ratifica el triunfo de Jorge Romero como titular electo 

de Benito Juárez el cual obtuvo por una diferencia de 

727 votos sobre la abanderada del PRD, Leticia 

Varela. El PRD todavía podría pedir un recurso de 

revisión ante la Sala Superior del TEPJF. Los nuevos 

jefes delegacionales rendirán protesta este 1 de 

octubre, es decir, dentro de 10 días. 

35

El Universal Venezuela/ - Notícias, Qui, 20 de Setembro de 2012 


Exigen que se respeten los Derechos 

Humanos de las reclusas del Inof 

Caracas.- Las integrantes del Observatorio por los 

Derechos Humanos de las Mujeres exigen que se 

respeten los derechos fundamentales de las reclusas 

del Instituto Nacional de Orientación Femenina, 

principalmente el derecho a la vida, a la salud y a una 

vida libre de violencia, a través de un comunicado 

difundido a la opinión pública.El organismo exhortó al 

Ministerio para el Servicio Penitenciario, al Inamujer, a 

la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la 

República, al Poder Judicial, a que se investiguen de 

"manera urgente" los hechos ocurridos el pasado 

lunes, en la cárcel ubicada en Los Teques."Supuestos 

cuidadores se dedicaron a revisarlas en sus partes 

íntimas, y con los mismos guantes a todas, 

introduciéndoles los dedos y además al protestar, 

conseguir que les atacaran con perdigones. Hay 

heridas, golpeadas, amenazadas, aisladas, 

transgrediendo así por lo menos 7 de otros tipos de 

violencia que están en la Ley Orgánica sobre el 

Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

como violencia física, psicológica, amenaza, violencia 

sexual, solo por el hecho de ser mujeres", indica el 

comunicado. 

36

Expresso OnLine Lisboa / - Notícias, Qui, 20 de Setembro de 2012 

CLIPPING INTERNACIONAL (Tribunal Constitucional) 

Justiça alemã obriga correios a distribuir 

propaganda nazi 

Supremo Tribunal da Alemanha determinou hoje que a 

Deutsche Post deve continuar a enviar a publicação 

"Klartext" do neonazi Partido Nacional Democrata, por 

se tratar de uma organização legal. 

Por decisão judicial, os carteiros alemães vão 

continuar a entregar correspondência e encomendas 

da extrema-direita, incluindo a revista "Klartext" do 

Partido Nacional Democrata (NPD), 

independentemente do seu conteúdo. Os 

responsáveis da Deutsche Post se tinham recusado a 

distribuir material enviado pela legenda, alegando que 

não queriam ser cúmplices de fazer chegar 

propaganda nazi aos lares da Alemanha. 

O Supremo Tribunal da Alemanha, com sede em 

Karsruhe, justificou a revogação da sentença de uma 

instância inferior - que condenou a Deutsche Post a 

assinar um contrato com o NPD para a distribuição da 

"Klartext", que tem uma tiragem de 200 mil 

exemplares - afirmando que os correios têm a 

obrigação de realizar o serviço. 

A sentença determina que a orientação política ou 

ideológica não desempenha qualquer papel neste tipo 

de serviço universal. O texto lembra aos responsáveis 

a "obrigatória neutralidade (da empresa) relativamente 

à mensagem", pelo que a Deutsche Post não pode 

recusar o serviço em função da orientação ideológica 

ou política dos seus clientes. 

Em nome da liberdade de expressão 

A sentença representa um triunfo para o grupo 

parlamentar do NPD na câmara regional do estado da 

Saxónia, que tinha perdido a ação no Tribunal de 

Dresden para exigir a distribuição das suas 

publicações pela Deutsche Post. 

Os juízes do Supremo alemão consideraram que, para 

fomentar a liberdade de expressão, as publicações 

jornalísticas devem chegar ao destinatário/leitor a 

preços económicos, e o Estado, de acordo com o seu 

compromisso de neutralidade, deve garantir isso. E 

deram razão aos advogados do NPD que acusaram a 

Deutsche Post de "censura velada". 

A Deutsche Post havia argumentado que a sua 

obrigação era distribuir correspondência com 

destinarário, mas não material de propaganda ou 

publicações sem destinatário específico. 

37

La Nacion/ - Notícias, Qui, 20 de Setembro de 2012 


"Vamos a salir a pelear", desafía Moyano 

al Gobierno 

Más notas para entender este temaResistencia a un 

triunvirato en la CGT Un día después de haber 

acordado con la CTA disidente realizar una 

manifestación conjunta a la Plaza de Mayo, el 

secretario general de la CGT opositora, Hugo Moyano, 

intensificó ayer sus amenazas al Gobierno y dijo que 

estaba a favor de hacer un plebiscito sobre la reforma 

constitucional. 

Moyano ratificó que el sindicato que lidera su hijo, 

Pablo, "ha decidido acompañar la movilización" del 11 

de octubre próximo con la CTA y adelantó que 

"después vamos a salir a pelear, nosotros morimos 

con las botas puestas, no nos corren con la parada". 

Después, al ser consultado sobre la iniciativa oficial 

para reformar la Constitución, dijo que sería "una 

buena idea" realizar un plebiscito. 

Por su parte, Micheli destacó la alianza que se 

formalizó el martes entre su sector y el moyanismo, y 

aseguró que la gente "reclamaba un acercamiento" 

porque "ha ido creciendo la bronca contra el 

Gobierno". 

"Cuando alguien tiene la osadía de decir algo en 

contra del Gobierno, se comienza a apartarlo para 

tratar de destruirlo; eso está pasando con la 

organización que represento", afirmó Moyano para 

explicar su alejamiento del kirchnerismo. 

Sin embargo, el jefe cegetista minimizó las críticas que 

recibe desde el oficialismo al señalar que está 

"acostumbrado" a ese tipo de cuestionamientos 

"porque en la década del "90 peleábamos todos los 

días". 

"Siempre peleamos por lo mismo, que son los 

trabajadores -recordó-. El Gobierno no tiene 

escrúpulos en querer atacar a una persona y 

perjudicar al conjunto de la sociedad." 

Micheli, por su parte, elogió el acercamiento con la 

CGT moyanista y salió a renovar los reclamos que 

impulsará juntamente con la central obrera opositora 

al Gobierno. 

También Facundo Moyano, el hijo del líder camionero, 

intensificó ayer sus críticas contra el kirchnerismo. Fue 

cuando acusó al jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal 

Medina, por practicar un "cristinismo bobo". 

El diputado del Frente para la Victoria (FpV) repudió 

las declaraciones del funcionario nacional contra 

quienes participaron del cacerolazo de la semana 

pasada y cuestionó la concepción "binaria" de la 

política de "amigo-enemigo". 

"Es el mismo argumento que utilizaba la Alianza, y no 

es casualidad porque Abal Medida fue un funcionario 

de la Alianza. Es el mismo argumento que utilizaba De 

la Rúa cuando después se termina yendo en 

helicóptero del techo de la Casa Rosada", rememoró. 

Facundo Moyano ha venido distanciándose cada vez 

más del Gobierno, a pesar de haber sido hasta hace 

algunas semanas el más moderado del ala crítica de 

la CGT.. 

38



Aumentará el gasto 24% en el año de las 

elecciones 

Hernán Lorenzino. Foto: LA NACION Infografía: Los 

grandes números del presupuesto comparados El 

Gobierno prevé un incremento del gasto público en 

torno del 24% para el año próximo, cuando se juegue 

la chance de una posible reforma constitucional que 

habilite la reelección de la presidenta Cristina 

Kirchner. 

Así lo indica el proyecto de presupuesto que hoy 

presentará en el Congreso el ministro de Economía, 

Hernán Lorenzino. Para 2011 se había pautado un 

aumento del gasto de 18,8%, que se acerca al cálculo 

de suba anual de los precios al consumidor que 

hicieron las provincias, las consultoras privadas y 

hasta los centros de estudio ligados al kirchnerismo, 

incluido el del viceministro de Economía, Axel Kicillof 

(Cenda). Todos ellos refutan de hecho los números 

del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). 

La última versión preliminar del Presupuesto indica 

que el total de gastos (corrientes y de capital) sería de 

628.629 millones de pesos, frente a los 505.129 

millones previstos hace un año, es decir, un 

incremento del 24,3%. 

En cambio, la pauta de inflación, una vez más, sería 

de un dígito (8,9%), en sintonía con la subestimación 

registrada por el Indec desde 2007. 

En tanto, los recursos sumarían $ 629,216 millones, 

frente a $ 506.576 millones del año previo. 

Por lo tanto, aunque el Gobierno infle el pecho porque 

presentará un "resultado financiero superavitario" en 

2013, la suma será de $ 587,467 millones, frente a $ 

1447 millones pautados para este año, por lo que 

bajaría del 0,07 al 0,02 por ciento del PBI. 

El resultado financiero incluye el vencimiento de la 

deuda pública y, en 2013, pese a que el Gobierno 

constantemente afirma con orgullo que está en un 

proceso de desendeudamiento, aumentarán los pagos 

a sus acreedores de $ 45.109 millones a $ 55.606 

millones. 

Las proyecciones macroeconómicas también 

rondarían en un crecimiento del 4,6% del PBI y un 

dólar oficial que, en promedio, alcanzaría los $ 5,10. 

Hoy también se develará el misterio en torno del 

cupón del PBI, ya que si se informara un crecimiento 

económico superior al 3,2% para este año, como 

adelantó el diputado oficialista por Salta Fernando 

Yarade, se alentarían expectativas en torno de este 

pago de unos US$ 4000 millones pautado para fines 

del 2013. 

Aunque la mayoría de los analistas creen que el PBI 

crecerá menos (dado que en el primer semestre el 

alza fue del 2,5% según el Indec), no hay que 

descartar que, una vez más, el Gobierno beneficie a 

los bonistas con un crecimiento superior al real. 

El proyecto contiene dos artículos (octavo y noveno) 

que quitan toda importancia al resto de las cifras, ya 

que facultan al jefe de Gabinete a "introducir 

ampliaciones" en los créditos votados por el Congreso, 

a través de los decretos presidenciales. 

De hecho, como lo indica un informe del bloque de 

diputados nacionales de Pro que lidera Federico 

Pinedo, en agosto ya estaban prácticamente agotadas 

las partidas para el presupuesto automotor y 

aerocomercial, lo que hace prever que habrá una 

"readecuación" de estos fondos en forma discrecional. 

Cabe recordar que con un decreto del 30 de diciembre 

de 2011, el Gobierno aumentó el gasto por $ 21.229 

millones de pesos. 

El informe indica que, en los primeros ocho meses del 

año, la ejecución del presupuesto alcanzó el 62%, 

pese a que debería haber ascendido al 66%; el 

promedio esconde una menor ejecución en el área de 

medio ambiente (24%) y de seguridad (60%), según 

Pro. 

El diputado de Pro Jorge Triaca indicó que "un alza del 

gasto público en un 24% y un crecimiento del 4% en el 

PBI es una especie de reconocimiento implícito de que 

la inflación será de al menos dos dígitos". Por esta 

razón, "estimar que la inflación va a ser del 9% es tan 

gracioso y triste como decir que con $ 6 se puede 

comer por día", agregó. 

Triaca sostuvo que "una vez más el presupuesto se 

aleja de la realidad y nos brinda cifras mentirosas 

donde los más perjudicados van a ser las provincias y 

los municipios, por la quita de recursos y porque serán 

éstos los que terminen absorbiendo el ajuste". 

Además, recordó que "el Gobierno seguirá sostenido 

con impuestos regresivos que afectan a los más 

pobres y a los trabajadores", si no plantea una reforma 

tributaria. 

De hecho, al menos hasta ahora, ni siquiera se 

aumentó el mínimo no imponible en el impuesto a las 

ganancias, pese a que en 2011 el Gobierno 

explícitamente había pedido la autorización al Poder 

Legislativo para hacerlo. 

De esta manera, se licua parte de los aumentos 

salariales para los trabajadores comprendidos en 

convenios colectivos acordados este año. 

En cambio, la suma para pagar juicios por deudas 

previsionales pasaría de $ 3541 millones a $ 4015 

millones, aunque el Gobierno sigue sin tomar en 

39

cuenta el criterio de reajuste de los haberes que fue 

aplicado por la Corte Suprema de Justicia en varios 

fallos. 

Las claves del proyecto 

Algunas de las cifras del plan del Ejecutivo 

4,4%Crecimiento Sería la pauta de incremento del 

PBI, según el Gobierno 



8,9%Inflación Sería la proyección de suba de precios, 

frente al 24% medido por las provincias 

$ 587Superávit fiscal Serían los millones del ahorro 

financiero previsto para 2013, frente a $ 1447 millones 

para este año 

. 

40



La falta de decisión política durante ocho 

años multiplicó la litigiosidad 

Más notas para entender este temaCon anuncios, la 

Presidenta buscó retomar la iniciativaLotería para ir a 

escuchar a Cristina a Harvard "Se la perdieron." Con 

esa frase-deslizada a manera de conclusión tras la 

expresión de varios argumentos-, el ministro de 

Trabajo, Carlos Tomada, respondió,en un extenso 

escrito que en su momento se dio a difusión, a las 

críticas que un grupo de entidades empresariales 

había hecho a un decreto que, en 2009, modificó 

algunos puntos de la ley de riesgos de trabajo. ¿Qué 

es lo que se habían perdido los empresarios? El 

escrito lo dejaba muy claro: nada menos que la 

chance de que, en algún proyecto futuro, se 

promoviera la opción excluyente, que significa que los 

trabajadores deben elegir entre cobrar la 

indemnización prevista por ley, que está a cargo de la 

aseguradora, o ir a juicio contra el empleador. Pero no 

hacer ambas cosas a la vez. 

Se trata, sin embargo, de la misma opción excluyente 

que, según anunció la presidenta Cristina Kirchner, 

está incluida en el proyecto de ley que el Poder 

Ejecutivo enviará al Congreso Nacional. Y a la que se 

opone, claro, la CGT de Hugo Moyano, entonces 

aliado y hoy enfrentado con el Gobierno. 

La contradicción oficial es una prueba de las idas y 

venidas que hubo en los últimos años respecto de la 

reforma de la ley de riesgos de trabajo, vigente desde 

1996. 

La necesidad del cambio legal fuedefinida, en rigor, no 

a partir de ideas políticas, sino de determinaciones del 

Poder Judicial. 

Hace ya ocho años que tres fallos de la Corte 

Suprema de Justicia cuestionaron aspectos de la ley 

24.557. Desde ese momento, y afalta de una 

definición política, la judicialidad no paró de crecer 

tanto contra las aseguradoras como contra los 

empleadores. 

La sentencia del tribunal supremo que de manera más 

contundente puso en jaque el sistema fue, justamente, 

la que declaró inconstitucional la pretensión de 

impedirle a un trabajador la posibilidad de ir a juicio 

contra su empleador, por el hecho de estar cubierto 

por una aseguradora de riesgos del trabajo (ART). 

En la práctica, esa declaración de los jueces hizo que 

quedara abierta la llamada "doble vía", que habilita el 

litigio aun cuando se accedea las prestaciones 

legales. 

Desde entonces, el Ministerio de Trabajo hizo sus 

esfuerzos por encontrar un consenso, para una 

reformanormativa, entre dirigentes empresarios -con la 

Unión Industrial Argentina a la cabeza de las 

negociaciones-, y los sindicatos representados por la 

CGT. El acuerdo nunca llegó. La principal diferencia 

-si bien hubo otras- siempre fue que desde el 

empresariado se defendía la mencionada opción 

excluyente, mientras que el sindicalismo propiciaba la 

doble vía o el cúmulo, que implica que el trabajador 

pueda reclamar por ambos caminos: el administrativo 

que implica cobrar de la ART y el judicial. 

Mientras el debate no llegaba a buen puerto, no 

paraban de llegar expedientes a los tribunales. Las 

estimaciones más recientes de la Unión de ART 

(UART) hablan de que este año habría unos 67.000 

litigios, un número que multiplica por 17 el de la 

cantidad de causasiniciadas en 2004 (los fallos que 

cuestionaron la ley llegaron a mediados de ese año). 

La situación provoca un fuerte riesgo principalmente 

en las pequeñas y medianas empresas, y comenzó 

incluso a desmejorar la solvencia de las 

aseguradoras. 

Aquel decreto de 2009, que lleva el número 1694, 

mejoró las prestaciones dinerarias. Pero, salvo algún 

efecto en los primeros tiempos, no alcanzó para frenar 

lacreciente ola de demandas. 

La situación es hoy además fuente de inequidades, ya 

que se consigue una mayor o menorindemnización 

según variables como la jurisdicción a la que 

pertenezca el trabajador. 

Ahora, con la aclaración de que habrá opción 

excluyente y de que quien opte por la Justicia deberá 

ir al fuero civil y no laboral, volverán a mejorar los 

pagos. Los $ 180.000 que son el piso para la 

indemnización de quien queda incapacitado se irán 

actualizando según la variación de un índice salarial 

que elabora la cartera laboral. Y a eso se adicionará 

un 20% como reparación por el daño moral. La 

limitación para los honorarios de los abogados será la 

otra pata del esquema, que pretende aliviar la 

congestión en la vía judicial.. 

41

La Nacion Chile/ - Notícias, Qui, 20 de Setembro de 2012 

Justiça no Exterior (Corte Suprema) 

Corte Suprema de Paraguay rechaza 

reclamo de Lugo contra su destitución 

La Corte Suprema de Justicia de Paraguay rechazó 

este jueves el reclamo del ex presidente Fernando 

Lugo contra su destitución vía juicio político en el 

Congreso el pasado 22 de junio. El máximo tribunal 

dictaminó que “el juicio político es un procedimiento 

contemplado en la Constitución”, pero recomendó la 

reglamentación del artículo relacionado con el tiempo 

de duración de la defensa en un juicio político que 

culminó con su vicepresidente Federico Franco 

tomando su lugar. Lugo protestó por las escasas 24 

horas que le dieron para defenderse y calificó su 

exoneración como un “golpe de Estado 

parlamentario”. La destitución de Lugo provocó la 

ruptura de las relaciones diplomáticas con Argentina, 

Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Venezuela, 

además de la exclusión de Paraguay de los bloques 

Mercosur y Unasur. Además, Franco admitió que no 

ha sido invitado a participar de la Cumbre 

Iberoamericana de Cadiz (sur de España), los días 16 

y 17 de noviembre. La sentencia de la Corte remarcó 

que el juicio contra Lugo “fue político” y no judicial, por 

lo que no está regido por las reglas del proceso 

ordinario. Abogados del ex jefe de Estado anunciaron 

que con la sentencia del jueves se agotaron las 

instancias nacionales a las que reclamar y que ahora 

recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH). Adolfo Ferreiro, defensor del ex 

gobernante, dijo que la CIDH “podría disponer la 

restitución de Lugo como presidente y si eso no fuese 

posible obligaría a algún tipo de resarcimiento”. El 

período presidencial que debe completar Franco 

termina el 15 de agosto de 2013, cuando jure el nuevo 

jefe de Estado electo en los comicios del 21 de abril. 

42



Chile abre la puerta para que Fujimori sea 

juzgado en su país por malversación 

La Justicia chilena aceptó, por primera vez, ampliar 

los cargos que se tomaron en cuenta para la 

extradición Alberto Fujimori en 2007, abriendo la 

posibilidad de que el ex Presidente peruano pueda ser 

juzgado en su país por un delito de malversación, 

según un fallo publicado este jueves por el poder 

judicial chileno. En una resolución de primera 

instancia, la jueza de la Corte Suprema chilena, 

María Eugenia Sandoval, aprobó “la petición de 

extradición solicitada por el Gobierno del Perú por el 

delito contra la administración pública-peculado, 

denominado caso Diarios Chicha”. PARA FINANCIAR 

CAMPAÑA El Gobierno peruano considera que 

Fujimori supo que las autoridades de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional y del Sistema de Defensa 

Nacional desviaron fondos asignados por el Tesoro 

Público por un monto aproximado de 122 millones de 

soles (unos 46,9 millones de dólares). Ese dinero 

supuestamente sirvió para refinanciar su campaña de 

reelección presidencial para el período de 2000-2005. 

Parte de esos fondos fueron entregados a medios de 

prensa escrita peruanos, especialmente publicaciones 

sensacionalistas conocidas en el país como “prensa 

chicha”. Las autoridades peruanas creen que Fujimori 

estuvo al tanto de esta operación en su calidad de 

Presidente (1990-2000), jefe supremo de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional, y director del Sistema de 

Defensa Nacional. PRÓXIMOS PASOS EN LA 

JUSTICIA CHILENA Esta decisión judicial adoptada el 

14 de septiembre, debe ser revisada por la Segunda 

Sala de la Corte Suprema de Chile, que tiene la 

última palabra. Esa revisión es obligatoria y para ello 

no es necesario que la defensa de Fujimori apele la 

decisión de la jueza Sandoval. En esa misma 

resolución, la jueza rechaza la petición de extradición 

por otro delito contra la administración 

pública-colusión desleal por encontrarse prescrita la 

acción penal. Estos requerimientos judiciales se 

explican porque, según las normas que rigen los 

procesos de extradición bilaterales, Fujimori no puede 

ser juzgado por delitos distintos a los establecidos en 

cada solicitud, por lo que para poder hacerlo la 

Justicia peruana debe hacer una nueva petición. 

EXTRADICIÓN Tras renunciar a la Presidencia del 

Perú en medio de un escándalo, Fujimori se refugió 5 

años en Japón y en noviembre de 2005 entró en 

secreto a Chile, donde permaneció 2 años. A solicitud 

de la Justicia de su país, Chile lo extraditó en 2007 

para que fuera juzgado por 2 casos de violaciones a 

los derechos humanos, las matanzas de Barrios Altos 

y La Cantuta, por los cuales fue condenado en 2007 a 

25 años de prisión en su país. También fue 

extraditado para ser juzgado por 5 casos de 

corrupción, por los cuales recibió en su país penas 

menores, que no tienen consecuencias concretas, 

porque en Perú las penas no se acumulan, sino que 

prevalece la mayor. Pero hasta ahora la Corte 

Suprema había rechazado en 2 ocasiones ampliar los 

cargos de extradición para que fuera procesado en su 

país por malversación de caudales públicos. 

43

La Nacion Chile/ - Portada Noticias, Qui, 20 de Setembro de 2012 


Paula Vial, ex defensora nacional: “Este 

Gobierno se creía dueño de las 

soluciones” 

-¿Qué perspectivas tiene? ¿Está evaluando una 

candidatura a diputada? -He tenido algunas 

conversaciones sobre eso y hay algunas 

posibilidades, pero tiene que ver con cómo se den las 

elecciones y, en mi caso en particular, tiene más que 

ver con cómo se den algunos proyectos en que estoy. 

Por ahora, estoy instalando mi estudio jurídico. Aspirar 

a algún cargo político es una opción, pero tengo que 

ordenarme y ver cuáles podrían ser los lugares, 

porque debe ser también compatible con las otras 

actividades que estoy haciendo. -Ante la posibilidad de 

un eventual triunfo de Michelle Bachelet, ¿baraja la 

posibilidad de apostar a un cargo en el próximo 

Gobierno? -También es una opción, tiene más que ver 

con intereses y aspiraciones y saber que tengo 

experiencia y capacidad para aportar. Creo que si bien 

está bien revuelto el río, hay muchas posibilidades de 

que sea la Concertación o la oposición la que tenga 

posibilidades de ganar. -¿Le gustaría ser ministra de 

Justicia? -Sí, me encantaría, me gustaría harto, es un 

cargo súper bonito al que uno le puede imprimir un 

sello muy personal y en el que hay mucho por hacer. 

LOS MINISTROS DE PIÑERA -¿Qué le parece las 

gestiones en Justicia de Felipe Bulnes y Teodoro 

Ribera? -Han sido bien distintas. Creo que Bulnes por 

una cuestión personal también es un tipo muy capaz, 

con harta sensibilidad, muy permeable, en el buen 

sentido, muy flexible, tan flexible que planteó su 

ministerio con una agenda muy propia de priorizar la 

reforma del proceso civil. Pero se vio luego sometido a 

la necesidad de modificar su agenda a lo penitenciario 

y fue capaz de adaptarse a ello. Tuvo una agenda 

correcta y tuvo una buena elección, aunque no fue la 

primera, con Luis Masferrer en Gendarmería. "Con 

Ribera no ha sido así desde mi perspectiva. No ha 

sido un buen ministro y ha tenido opiniones 

desafortunadas. Ha generado escenarios que son 

difíciles de manejarlos. Por último, está el tema de la 

reacción de la Corte Suprema en relación con las 

declaraciones de la ministra Benítez. El ministro de 

Justicia debe ser el conductor de las relaciones con el 

Poder Judicial". LAS CRÍTICAS AL PODER JUDICIAL 

-¿No se puede criticar a la Corte Suprema? La 

Concertación también tuvo estos problemas en fallos 

como el de la píldora del día después. -No es nuevo el 

tema y es lógico que existan tensiones entre poderes 

y que existan críticas. Es válido, es la actuación de un 

poder que tiene una dimensión pública, el punto no es 

que los fallos nos sean criticables, el punto es por 

quién, dónde y cuándo pueden ser cuestionables los 

fallos. El problema es que uno de los ministerios 

involucrados directamente, como el ministerio del 

Medio Ambiente, lo critique con los mismos 

argumentos con que pretendían ganar el recurso que 

perdieron. Eso genera incerteza acerca de la 

autoridad que puede tener un fallo. Hay otros actores 

que están más autorizados para hacer la crítica. 

-¿Qué le parece la crítica que se hizo en el Te Deum 

Evangélico a la Reforma Procesal Penal? -Me parece 

inadecuado y me parece de bastante ignorancia, a lo 

mejor desde lo ideológico. Muchas de las afirmaciones 

que hace el obispo Hédito Espinoza se las atribuye a 

un sistema que no es responsable de la situación de 

la delincuencia. Afortunadamente, tenemos la 

Reforma, porque es el sistema de justicia que una 

democracia merece. Esas críticas son peligrosas, 

porque generan una opinión desinformada, que va 

haciendo realidad un mito. LA SEGURIDAD 

CIUDADANA -La Reforma Procesal Penal fue 

aprobada prácticamente por unanimidad. ¿Por qué 

nadie parece defenderla ante este tipo de críticas? 

-Creo que en su momento era tal la necesidad de 

reforma que lo que habría sido políticamente 

incorrecto era ir en contra. Pero hoy afloran otros 

intereses de corto plazo e individualistas para 

elecciones y reelecciones. Se evalúa que conviene 

una posición que no se afirma en la realidad, sino que 

en lo que la gente quiere oír. Como la gente se 

preocupa de los temas de seguridad pública, parece 

conveniente decir que es garantista, como si decir que 

un sistema sea garantista significara algo inadecuado, 

y es al contrario, lo que pasa es que la gente es poco 

empática con la otra posición. -Pero a la larga todos 

los sectores políticos tomaron esa posición. Hasta 

Eduardo Frei Ruiz-Tagle hablaba de la puerta 

giratoria. -Sí, pero es un término que es 

principalmente patrimonio de la derecha. En gran 

parte, el triunfo de Piñera tuvo que ver con eso, parte 

importante de su campaña fue el término de la puerta 

giratoria, barrer con la delincuencia. Ese es un 

eslogan que vende, pero como se ha visto es 

cortoplacista cuando no tienes las herramientas 

adecuadas para llevar adelante algo utópico. Soy 

súper crítica del Gobierno, porque se creían los 

44

dueños de la verdad y de las soluciones y no lo han 

sido para nada. 

La Nacion Chile/ - Portada Noticias, Qui, 20 de Setembro de 2012 


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Piñera: Ministra Benítez “defendió la 

institucionalidad ambiental” 

El Presidente Sebastián Piñera declaró este miércoles 

en la noche que le pareció “lógico y razonable” que la 

ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, 

defendiera la institucionalidad de su sector ante el fallo 

de la Corte Suprema que paralizó la central Castilla. 

En una serie de entrevistas a los canales de televisión, 

con motivo de las Fiestas Patrias, el Mandatario se 

refirió a este episodio que complicó las relaciones del 

gobierno con el Poder Judicial ante el rechazo de la 

suprema al proyecto termoeléctrico. El presidente 

afirmó que "tuve una firme voluntad de respetar y 

acatar el fallo, pero al mismo tiempo, una 

preocupación por el futuro de las energías. Como 

presidente yo tengo la obligación no solamente de 

preocuparme de los problemas durante este gobierno. 

Nosotros ahora no tenemos problemas de energía, 

pero si los vamos a tener en gobiernos futuros si no 

tomamos decisiones muy fuertes y muy duras hoy 

día". Agregó que el gobierno busca duplicar la matriz 

energética y lograr tres cosas fundamentales: "Que la 

energía sea más económica, hoy día los chilenos 

estamos pagando muy caro por la energía, que la 

energía sea segura y no vulnerable, y que sea más 

limpia”. “Para ello necesitamos nuevas inversiones en 

energía, y a veces problemas con las comunidades o 

judicialización excesiva ponen en dificultad estos 

objetivos", añadió. En todo caso, reiteró que respeta la 

labor del máximo tribunal. “NO ESTÁ EN DUDA 

AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL” En cuanto a las 

declaraciones de la ministra Benítez, de que el fallo de 

la Suprema generaba "incertidumbre" sobre la 

institucionalidad ambiental, Piñera aseguró que "nunca 

ha estado en duda la autonomía del Poder Judicial". 

Indicó que la ministra "tiene su opinión, y todos 

tenemos derecho a tenerla. Ella defendió la 

institucionalidad ambiental, y a mí me pareció lógico y 

razonable que lo hiciera". Añadió que ni el Presidente 

ni el Congreso pueden intervenir en causas 

pendientes. "Nada de eso ha hecho el gobierno. Lo 

que estamos haciendo es buscar soluciones a un 

grave problema de energía que podemos tener en el 

futuro", dijo. No obstante, el Presidente afirmó que – 

en su opinión personal- el fallo "en algunas materias, 

no se ajustó exactamente a los hechos. Por ejemplo, 

el fallo no se evaluó la conexión entre el puerto y la 

central. Todos los estudios ambientales fueron 

evaluados". 

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Piñera justificó a ministra por 

preocuparse de la central Castilla 

El Presidente Sebastián Piñera declaró este miércoles 

en la noche que le pareció “lógico y razonable” que la 

ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, 

defendiera la institucionalidad de su sector ante el fallo 

de la Corte Suprema que paralizó la central Castilla. 

En una serie de entrevistas a los canales de televisión, 

con motivo de las Fiestas Patrias, el Mandatario se 

refirió a este episodio que complicó las relaciones del 

gobierno con el Poder Judicial ante el rechazo de la 

suprema al proyecto termoeléctrico. El presidente 

afirmó que "tuve una firme voluntad de respetar y 

acatar el fallo, pero al mismo tiempo, una 

preocupación por el futuro de las energías. Como 

presidente yo tengo la obligación no solamente de 

preocuparme de los problemas durante este gobierno. 

Nosotros ahora no tenemos problemas de energía, 

pero si los vamos a tener en gobiernos futuros si no 

tomamos decisiones muy fuertes y muy duras hoy 

día". Agregó que el gobierno busca duplicar la matriz 

energética y lograr tres cosas fundamentales: "Que la 

energía sea más económica, hoy día los chilenos 

estamos pagando muy caro por la energía, que la 

energía sea segura y no vulnerable, y que sea más 

limpia”. “Para ello necesitamos nuevas inversiones en 

energía, y a veces problemas con las comunidades o 

judicialización excesiva ponen en dificultad estos 

objetivos", añadió. En todo caso, reiteró que respeta la 

labor del máximo tribunal. “NO ESTÁ EN DUDA 

AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL” En cuanto a las 

declaraciones de la ministra Benítez, de que el fallo de 

la Suprema generaba "incertidumbre" sobre la 

institucionalidad ambiental, Piñera aseguró que "nunca 

ha estado en duda la autonomía del Poder Judicial". 

Indicó que la ministra "tiene su opinión, y todos 

tenemos derecho a tenerla. Ella defendió la 

institucionalidad ambiental, y a mí me pareció lógico y 

razonable que lo hiciera". Añadió que ni el Presidente 

ni el Congreso pueden intervenir en causas 

pendientes. "Nada de eso ha hecho el gobierno. Lo 

que estamos haciendo es buscar soluciones a un 

grave problema de energía que podemos tener en el 

futuro", dijo. No obstante, el Presidente afirmó que – 

en su opinión personal- el fallo "en algunas materias, 

no se ajustó exactamente a los hechos. Por ejemplo, 

el fallo no se evaluó la conexión entre el puerto y la 

central. Todos los estudios ambientales fueron 

evaluados". 

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La Repubblica/ - Cronaca, Qui, 20 de Setembro de 2012 


Unicredit, la Cassazione conferma nessun 

sequestro per il caso Brontos 

MILANO - Confermato, dalla Cassazione, il 

dissequestro di 245 milioni di euro nei confronti di 

Unicredit nell"ambito dell"inchiesta "Brontos" 

conclusasi con il rinvio a giudizio, insieme ad altre 19 

persone, dell"ex amministratore delegato della banca 

Alessandro Profumo con l"accusa di frode fiscale. La 

Suprema Corte ha respinto il ricorso del pm Alfredo 

Robledo contro la decisione con la quale il Tribunale 

del riesame, lo scorso 22 novembre, aveva restituito 

l"ingente capitale all"istituto bancario. La somma resta 

nella disponibilità della banca che nel frattempo ha 

patteggiato col Fisco. Unicredit ha definito con 

l"Agenzie delle entrate le controversierelative ad 

alcune operazioni di finanza strutturata degli 

anni2007-2008-2009, controversie tra cui è compresa 

la cosiddetta operazione Brontos. A seguito 

dell"accordo raggiunto, la banca pagherà al fisco264,4 

milioni, cifra "che sarà assorbita con l"utilizzo 

deglistanziamenti costituiti nei periodi precedenti". L"ex 

amministratore delegato, Alessandro Profumo, e 

attuale presidente di Mps è stato rinviato a giudizio dal 

gup di Milano, Laura Marchiondelli, per la vicenda 

Brontos. Con lui sono stati rinviati a giudizio anche gli 

altri 19 indagati, 16 manager Unicredit e tre di 

Barclays. Per la procura di Milano, l"istituto di Piazza 

Cordusio e Barclays avrebbero perpetrato una maxi 

evasione fiscale da 245 milioni attraverso una serie di 

operazioni con società inglesi e lussemburghesi 

mascherando gli utili e facendoli figurare come 

dividendi per pagare un"aliquota più bassa. Profumo, 

come gli altri 19 indagati è accusato di frode fiscale e 

ostacolo all"attività investigativa. La prima udienza del 

processo si terrà il prossimo 1 ottobre alla seconda 

sezione penale. 

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Le Monde/ - Notícias, Qui, 20 de Setembro de 2012 

CLIPPING INTERNACIONAL (Conseil Constitutionnel) 

Sarkozy, si loin, si proche 

La Une de M le magazine du Monde | M Le magazine 

du Monde 

Voici un extrait de l"enquête de Raphaëlle Bacqué et 

Françoise Fressoz, à paraître dans M le magazine du 

Monde le 21 septembre.NICOLAS SARKOZY S"EST 

REMIS À L"ANGLAIS. Un cours trois fois par semaine, 

exactement comme il l"avait fait après son premier 

gros échec politique, en 1999, aux élections 

européennes. Chaque fois qu"il entend relancer sa 

carrière, l"anglais – ce handicap qu"il traîne depuis les 

années lycée – est sa première bataille. Tout l"été, 

dans la belle maison patricienne de Carla Bruni au cap 

Nègre, les amis de sa femme, ces "beautiful people" 

de la mode, de l"art et des médias qui naviguent avec 

aisance entre Los Angeles, Shanghaï, Milan et Paris 

l"ont entendu s"exercer, riant lui-même de son accent 

frenchy. "Tu vois, on peut apprendre, on peut 

progresser !", jurait-il devant l"un de ses visiteurs. Il 

fallait être prêt : en octobre, Nicolas Sarkozy donnera 

à New York sa première conférence internationale 

d"ancien chef de l"Etat, à l"invitation d"une grande 

banque.BIEN AVANT SA DÉFAITE ET SON 

RENONCEMENT OFFICIEL À LA POLITIQUE, 

Nicolas Sarkozy a souvent évoqué sa "vie d"après". Le 

30 novembre 2010, il avait confié : "Je suis là pour 

deux mandats, pas plus. Après, ce sera la dolce vita." 

Cent fois, il a déclaré sans fard à ses amis : "Vous me 

voyez recommencer en me faisant élire conseiller 

général comme Giscard ? Non, après, je changerai de 

vie et je ferai de l"argent !" Des propositions ont 

commencé à arriver dès son départ de l"Elysée. Le 

cabinet d"avocats anglo-saxon Link-laters l"imaginait 

en senior adviser, membre de son équipe de direction. 

Des universités américaines, des think tanks 

européens souhaitaient le recevoir. "Rien qu"avec des 

conférences, on peut vivre très bien !", a expliqué 

Nicolas Sarkozy tout l"été à ses amis. L"ex-premier 

ministre espagnol, José Maria Aznar, passé pour 

déjeuner avec son "ami" français, n"avait-il pas 

raconté sa nouvelle et lucrative carrière depuis son 

retrait de la vie politique en 2004 ? Des mandats de 

conseiller auprès de multinationales, un statut de 

professeur associé à l"université Georgetown, à 

Washington, et des conférences régulières à 30 

000 euros plus les frais... Tony Blair, venu rendre visite 

le 29 juin à Nicolas Sarkozy, juste avant de rencontrer 

pour la première fois François Hollande, avait évoqué 

lui aussi ses conférences, d"un cachet six ou sept fois 

supérieur à celui d"Aznar. Nicolas Sarkozy pourra, de 

son côté, aussi compter sur ses retraites d"ancien 

président, d"ancien député, d"ancien maire et 

président de conseil général, sur son indemnité de 

membre du Conseil constitutionnel et sur la fortune de 

sa femme qui impressionne tant son entourage.(...) 

Lire la suite de l"article Sarkozy, si loin, si proche (en 

version abonnés) 

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Misiones Online/ - Notícias, Qui, 20 de Setembro de 2012 


El STJ solicitó la creación de cuatro 

nuevos juzgados de Familia en 2013 

La ministra del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de 

Misiones, Ramona Velázquez, solicitó ayer en 

Diputados un presupuesto de 408 millones para el 

Poder Judicial en 2013 y la creación de cuatro 

juzgados de Familia, tres juzgados de Paz y un 

juzgado de Instrucción Penal para la Cuarta 

Circunscripción Judicial de Puerto Rico.Serían dos 

juzgados de familia para Posadas, uno para Garupá y 

el restante para Puerto Iguazú. Los de Paz, en tanto, 

fueron pedidos todos para la Capital: el primero para 

el Barrio Fátima, el segundo para Itaembé Miní y el 

tercero para Villa Cabello.En esta misma línea la titular 

del STJ adelantó que en noviembre de este año se 

pondrán en funcionamiento los juzgados de Paz de 

Pozo Azul, Hipólito Irigoyen, Colonia Polana y 

Florentino Ameguino.La contadora del STJ Silvina 

Ortíz Pereira explicó en Diputados que de los 408 

millones solicitados para el ejercicio del año próximo, 

393 millones serán para el funcionamiento operativo y 

pago de sueldo de funcionarios y personal del Poder 

Judicial y catorce para el Fondo de Justicia. 

Asimismo, Ortíz Pereira precisó que del monto 

asignado para el Poder Judicial: 348 millones irán 

para sueldos de funcionarios y personal; 18 para 

bienes y servicios; 14.600.000 para bienes de capital; 

8.600.000 para trabajos públicos (refacción y 

ampliación de sedes judiciales); 2.500.000 para 

compras de propiedades; y once millones para bienes 

de consumo y servicios no personales.Por otra parte, 

la titular de STJ dijo que en 2013 se pretende seguir 

con el plan de informatización iniciado en 2006 y llegar 

con tecnología a aquellas oficinas y juzgados que 

todavía no fueron sumados a este plan. Se anticipó 

además la intención de crear Cámaras Gesell en 

Oberá, Puerto Rico y Eldorado.El diputado de Trabajo 

y Progreso (TyP), Claudio Wipplinger, elogió el trabajo 

que viene realizando la justicia en Misiones y adelantó 

que desde su bancada solicitarán un presupuesto 

superior al presentado por los ministros. Entiende que 

“solo de esta manera (con mayor presupuesto) la 

justicia podrá llegar y cubrir la demanda de todos los 

ciudadanos misioneros”, dijo el legislador. 

Acompañaron a la presidenta del SJT, los ministros: 

Rubén Uset, Jorge Rojas, Cristina Leiva, César 

Santiago y María Laura Niveyro. 

El Tribunal Electoral pidió 17 millones 

Otro de los organismos que pasó ayer por la comisión 

de Presupuesto de la Cámara de Diputados fue el 

Tribunal Electoral de Misiones, cuyo presidente es el 

ministro del STJ Rubén Uset.En este caso el 

funcionario judicial solicitó 17.791.000 de pesos para 

2013 “teniendo en cuanta que el año próximo es un 

año electoral y se van a necesitar más recursos para 

atender a todo la demanda que surge en torno de los 

comicios legislativos”, explicó.Respecto al monto total 

solicitado, la responsable de la dirección 

administrativa del Tribunal, la contadora Susana 

Ramírez, precisó que de los más de 17 millones, 

“12.791.000 será para el pago de salario del personal”. 

Indicó asimismo que el presupuesto 2013 “se proyectó 

tomando como base al presupuesto 2011. De esta 

manera el cálculo de gastos erogaciones estipulados 

para el próximo año presentan un incremento del 52 

por ciento en relación con el de 2011”. 

50



El Poder Judicial solicitó un presupuesto 

de 408 millones para 2013 y la creación 

de cuatro juzgados de Familia 

Así lo planteó este mañana en la comisión de 

Presupuesto la presidenta del Superior Tribunal de 

Justicia (STJ) de Misiones, Ramona Velázquez. De 

los juzgados de Familia solicitados: uno será para 

Garupá, otro para Puerto Iguazú y dos para 

Posadas. La funcionaria solicitó también la creación 

de cuatro juzgados de Paz para la ciudad de Posadas 

y uno de Instrucción para la cuarta circunscripción 

judicial con asiento en la ciudad de Puerto Rico. La 

contadora del Superior Tribunal, Silvana Ortíz Pereira, 

dijo que el presupuesto de 2013 presenta un 

incremento de 52 por ciento en relación con el de este 

año. 

51



El presupuesto del Poder Judicial será de 

alrededor de $ 400 millones para 2013 

Especificó que respecto del presupuesto del año 2012 

habrá un incremento del 26 y anticipó que crearán 

nuevos juzgados. 

Dijo que “se estarán poniendo en funcionamiento 

cuatro juzgados de paz que ya están creados en 

distintas localidades como Hipólito Yrigoyen, Colonia 

Polana y Florentino Ameghino”. 

En la reunión, los ministros solicitaron a los 

legisladores la creación de dos juzgados de Familia, 

en Posadas y Garupá, para atender el creciente de 

número de reclamos del sector. 

52

Reuters General/ - Notícias, Qui, 20 de Setembro de 2012 


Supreme Court won't halt execution over 

Texas car wash killings 

Thu Sep 20, 2012 6:10pm EDT n">(Reuters) - The 

Supreme Court on Thursday refused to halt the 

scheduled execution of a man convicted over 

execution-style killings at a Texas car wash 12 years 

ago. Without comment, the court rejected a request for 

a stay by Robert Wayne Harris, 40, who is expected to 

face lethal injection on Thursday evening.Prosecutors 

said Harris, during a robbery at the Mi-T-Fine Car 

Wash in Irving, Texas, on March 20, 2000, shot six 

employees, five fatally at close range, after forcing 

them to the floor. Harris was convicted in two of the 

deaths.In his appeal, Harris, who is black, claimed that 

his rights were violated when prosecutors refused to 

seat blacks on his jury, leaving an all-white jury to 

return a guilty verdict.(Reporting by Corrie MacLaggan 

in Austin, Texas; Editing by Gary Hill; and Terry 

Baynes and Jonathan Stempel in New York) 

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One inmate shot, 12 stabbed in California 

prison riot 

By Mary Slosson SACRAMENTO | Wed Sep 19, 2012 

10:34pm EDT SACRAMENTO (Reuters) - A California 

prison inmate was shot and wounded and 12 others 

were sent to the hospital with stab and slash wounds 

and head trauma on Wednesday after a riot at the 

California State Prison-Sacramento in the city of 

Folsom, prison officials said. Rioting involving 60 

inmates broke out in the late morning, prompting 

prison officers to fire six shots with a rifle, wounding 

one of the inmates, officials said.The prisoner who was 

shot had undergone surgery, a spokeswoman for the 

California Department of Corrections and 

Rehabilitation said, but his condition was 

unknown.California's state prisons have been plagued 

by hunger strikes, occasional violence and 

overcrowding and remain at more than 50 percent 

above capacity, despite a massive shifting of low-level 

offenders to county jails that began last year.The effort 

to shift the prison population followed a U.S. Supreme 

Court directive to cut the state inmate population to 

110,000 after the nation's top court ruled that 

overcrowding in the 33-prison system was causing 

"needless suffering and death."No prison staff were 

injured during the Folsom brawl, authorities said. Four 

of the 12 wounded inmates sent to hospitals were 

treated and returned to the prison, officials said. The 

condition of the other wounded inmates was not 

provided.Officials said they recovered four crudely 

made weapons.Prison officials were conducting 

investigations into the officers' use of a weapon 

capable of deadly force at the prison. Independent 

inspectors would be oversee the staff investigation, the 

officials added.Thousands of California prisoners have 

taken part in waves of hunger strikes since last July, 

when inmates at Pelican Bay State Prison began 

protesting against isolation units. Those strikes rippled 

throughout the rest of the state prisons system.The 

California State Prison-Sacramento houses more than 

2,500 mostly maximum-security inmates serving long 

sentences. Also known as "New Folsom," it is adjacent 

to Folsom State Prison, which is older and better 

known because of a famous concert there by singer 

Johnny Cash in 1968.(Reporting by Mary Slosson; 

editing by Christopher Wilson and Cynthia Johnston) 

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CLIPPING INTERNACIONAL (Civil Rights) 

Police begin enforcing controversial 

Arizona immigration measure 

By David Schwartz and Tim Gaynor PHOENIX | Wed 

Sep 19, 2012 11:00pm EDT PHOENIX (Reuters) - 

Arizona police on Wednesday began enforcing a 

controversial "show-your-papers" provision of a state 

law targeting illegal immigration as civil rights groups 

prepared to document allegations of racial profiling. 

Police in the border state with Mexico are now 

authorized to begin conducting immigration status 

checks of anyone they stop for any reason and 

suspect of being in the country illegally after a federal 

judge on Tuesday lifted an injunction against the 

provision requiring such checks.The measure, upheld 

by the U.S. Supreme Court in June, is part of a broad 

Arizona clampdown on illegal immigration signed into 

law in 2010 by Republican Governor Jan Brewer, an 

outspoken foe of President Barack Obama's 

administration on immigration.Brewer has said the law 

was needed because of the federal government's 

failure to secure the border with Mexico. She said 

enforcement would be free of any racial profiling."It's 

definitely a new phase, and one where we'll be looking 

very carefully to monitor for civil rights violations in the 

state," said Karen Tumlin, managing attorney with the 

National Immigration Law Center, one of a coalition of 

groups that challenged the law."There is a hotline set 

up ... where folks can report any violations or 

questionings or detentions that happen under the law," 

she added.The U.S. Supreme Court, in upholding the 

measure even as it struck down three other Arizona 

immigration provisions, has left open the door for legal 

challenges, saying constitutional or other challenges 

could proceed once the measure took effect.Rights 

activists who have fought a two-year legal battle 

against the measure have said they are ready to go to 

court quickly if they learn of instances of racial profiling 

or illegal detention.Opponents of the measure are also 

pinning hopes on a legal challenge filed with the 9th 

U.S. Circuit Court of Appeals that seeks an injunction 

to halt the law's enforcement.Police in Phoenix and 

Tucson said they were now enforcing the law, although 

law enforcement agencies from across the state have 

said they expect little change in their policing. Police 

did not specify what enforcement steps officers were 

taking on patrol.HOTLINEEven before the injunction 

on the measure was lifted, the American Civil Liberties 

Union said a bilingual hotline on the law had already 

taken 3,500 calls in Arizona, where nearly a third of the 

population of 6.5 million is Hispanic.About 50 activists 

rallied outside the federal Immigration and Customs 

Enforcement, or ICE, agency offices in central Phoenix 

later on Wednesday, in a gesture of defiance toward 

the law."The big message is we are not afraid, that 

undocumented people are here standing outside of 

ICE and telling everyone that ... we are organized and 

that we are not going away," said Carlos Garcia, of 

grass-roots group Puente Arizona. Puente is Spanish 

for bridge.In a statement after Tuesday's court ruling, 

Brewer said police " bring their training and experience 

to this important task, as well as a solemn commitment 

to serving the public, protecting our citizens and 

upholding the law."That means all of our laws, 

including those barring racial profiling or 

discrimination," she added.The Obama 

administration battled the measure on the grounds that 

it interfered with federal immigration powers, and 

Arizona was expected to get limited help in enforcing 

the provision from the federal government.Amber 

Cargile, the spokeswoman in Phoenix for ICE, said 

U.S. Department of Homeland Security officials in 

Arizona had been told not to respond to police 

requests relating to immigration enforcement unless it 

met the government's priorities.Those include 

convicted criminals, individuals previously removed 

from the United States and recent border crossers, she 

said in a statement."DHS will continue to telephonically 

comply with its legal requirement to verify an 

individual's immigration status upon request," Cargile 

said in a statement.Last year, ICE received about 

three calls a day to its Phoenix unit seeking 

verification. Cargile said the agency was receiving a 

"normal volume" of calls on Wednesday.(Writing by 

Tim Gaynor; Editing by Cynthia Johnston and Peter 

Cooney) 

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The Economic Times/ - Notícias, Qui, 20 de Setembro de 2012 


Increased duty hours: Air India cabin 

crew body threatens legal action 

MUMBAI: Threatening to move contempt petition 

against its "unilateral" decision to change their service 

conditions, Air India cabin crew today shot off a letter 

to the management urging it to withdraw the order 

entailing increased duty hours. 

"We call upon you to initiate dialogue with the 

Association and withdraw the illegal order," the apex 

cabin crew body All India Cabin Crew Association ( 

AICCA) said in a letter here today. 

On September 11, civil aviation minister Ajit Singh had 

directed Air India to follow the DGCA guidelines on 

FDTL (flight duty time limitation) for pilots and cabin 

crew, saying that a comprehensive analysis had 

warranted the change. 

The directive has resulted in increased duty hours of 

the cabin crew by varying degrees depending upon the 

sectors they fly. 

Pointing out that the orders were in violation of the 

apex court ruling on the issue, the association said that 

it would be forced to move the court for contempt 

proceedings if the management did not take back the 

order. 

The association and its members are bound by 

bilateral agreements, settlements, awards, judgements 

of various courts concerning service conditions of the 

cabin crew, it said. 

"These agreements have been held to be binding and 

valid by none other than the Supreme Court and any 

attempt to tamper with them would amount to 

contempt of the apex court, and other high courts," it 

said. 

The company's counsel had pleaded before the Delhi 

High that the 'scheme of amalgamation' for the two 

airlines provided for protection of all pre-existing 

agreements, settlements and awards, and that the 

airline management would honour all agreements, the 

letter pointed out. 

Moreover, the management through the joint counsel 

of (the then Air India and Indian Airlines) had given an 

undertaking to the Delhi High Court that it would 

honour all agreements and settlements until they were 

replaced through bilateral discussions with the unions, 

the letter said. 

The association has not even been made aware of the 

alleged orders of the aviation minister, by either the 

management or the ministry, it said. 

Early this week, Indian Commercial Pilots Association, 

the erstwhile Indian Airlines' pilots body, had also filed 

a petition in the Delhi High Court for setting aside the 

ministry orders. 

56

The New York Times/ - Notícias, Qui, 20 de Setembro de 2012 


How Green Was My Lawn 

Stony Brook, N.Y. FIFTY years ago this month Rachel 

Carson, already a best-selling writer, published “Silent 

Spring,” the book many credit with inspiring the 

modern environmental movement. Nowadays, when 

environmental causes are often under political siege, it 

bears remembering that they were once extraordinarily 

popular, especially where both the book and the 

movement were born: in the suburbs. As modern 

environmentalists like to remind us, the issue is a 

global one: climate change, pollution and nuclear 

radiation know no boundaries, and Public Enemy No. 1 

is often the car-centric suburban lifestyle. But anyone 

trying to bring new energy to the movement could 

learn a lesson from how activists of the 1950s and ’60s 

picked up on, and played off of, concerns about 

pollution and preservation that pervaded suburban 

lives and neighborhoods. Carson’s book had deep 

roots in the angst and activism that stirred in the 

postwar Northeast suburbs, in particular a 1957 lawsuit 

by 13 Long Island residents over DDT spraying. In 

1966, academics and a lawyer sat down in a Long 

Island living room with a high school teacher, students 

and housewives to plan the trial that would give birth to 

the Environmental Defense Fund. In 1970, only eight 

years after “Silent Spring” appeared, Americans 

ranked pollution as the country’s No. 1 problem, 

outpolling worries about Vietnam and civil rights. And 

worsening pollution registered most strongly neither in 

rural areas nor even in cities, but in suburbs. What 

drove the movement’s early suburban success? It 

started with activists picking up on local issues like 

drinking-water safety and smog, concerns that directly 

affected suburban dwellers but had been largely 

overlooked by civic leaders, from health and planning 

experts to homeowner associations to conservation 

groups. At the same time, the movement’s early 

leaders didn’t see themselves as working outside the 

suburbs; in fact, they saw themselves as coming from 

traditional professional realms like medicine and 

science, as well as the home, into neighborly civic 

engagement. They then honed a nature advocacy that 

was pitched not just to suburban elites, but to those in 

mass suburbs like Levittown, and even to those in 

blighted downtowns. Because they could understand 

the environment as an intimate part of their own lives, 

these suburban activists could recognize nature in 

places where it seemingly wasn’t — the air in slums, 

the soil in decrepit industrial zones — and work to 

protect it. By the first Earth Day, in 1970, activists in 

places like Long Island and suburban Los Angeles 

were consolidating a popular new movement with its 

own distinctive agenda and name. Today, however, 

climate change, perhaps the most important 

environmental issue of our time, rarely polls among 

voters’ top five concerns. One reason may be that its 

patently global character has enervated support at 

environmentalism’s suburban grass roots. But it 

doesn’t help that blanket condemnation of suburbs as 

hopelessly dependent on fossil fuels comes all too 

easily. Many of today’s environmental leaders have 

thus steered their imaginations and energies away not 

just from where their own movement was born, but 

from where a still-growing majority of Americans 

actually live. Today’s movement, then, should reframe 

climate change as a local issue, one in which even 

suburban homeowners have a vital and actionable 

stake. It’s not as far-fetched as it might sound. Already, 

one can find suburban households, churches and 

homeowner associations interested in how to do things 

“greener,” whether it’s recycling or landscaping. The 

trick will be finding concerns that spark imaginations 

and mobilize group energies at this local level, and 

working from there. True, one barrier to recapturing 

such civic energies and innovations is the growing 

fragmentation of our suburbs by class and race, which 

has produced a yawning “nature” gap. It’s easier for 

wealthier neighborhoods, interwoven with green open 

space, to equate nature advocacy with neighborhood 

defense, while more easily affording the extra costs of 

green buildings and organic food, than it is for poor 

neighborhoods, whether in the city or the suburbs. And 

yet this disparity offers an avenue for a revivified, 

close-to-home environmental altruism. Slums and 

industrial zones, so often the exclusive focus of 

environmental justice advocates, could also attract 

attention from newly energized activists in the suburbs, 

where these types of sites are increasingly found. 

Wherever today’s activists choose to take the 

environmental movement, if the causes it espouses 

are to achieve the popularity they once enjoyed, then a 

return to its suburban foundations is absolutely vital. 

Taking a page from the origins of “Silent Spring” would 

be a good start. Christopher C. Sellers is an associate 

professor of history at Stony Brook University and the 

author of “Crabgrass Crucible: Suburban Nature and 

the Rise of Environmentalism in Twentieth-Century 

America.” 

57



Circuit Court Needs to Let the S.E.C. Do 

Its Job 

The second-most important court in the United States 

has three vacancies, one of which was created in 

2005. It may yet be the institution that dooms many or 

even most of the Dodd-Frank financial reforms that 

Congress passed in 2010 and that regulatory agencies 

have been struggling to put in place since then. In the 

area of regulatory law, that court, the United States 

Court of Appeals for the District of Columbia, reigns 

supreme, and it is now controlled by judicial activists 

who seem quite willing to negate, on technical 

grounds, any regulations they do not like. The 

Securities and Exchange Commission has suffered a 

series of defeats there, defeats that it has chosen to 

accept rather than risk an appeal to the Supreme 

Court. The judges have done that through the use of 

cost-benefit analysis — or more specifically by a 

willingness to find that the S.E.C. failed to do enough 

to quantify even minor costs. In anarticle to be 

published in the Yale Journal on Regulation, Bruce R. 

Kraus, a partner in the New York law firm of Kelley 

Drye & Warren who was a senior member of the 

S.E.C. staff from 2008 to 2011, and Connor Raso, a 

lawyer for the Consumer Financial Protection Bureau, 

trace the history of that series of decisions, beginning 

with a 1993 ruling. They argue that the commission 

should insist on its right “to discern and define the 

boundary between economic analysis and policy 

choice.” In an interview, Mr. Kraus said he thought the 

circuit court wrongly thought the S.E.C. had not tried to 

follow its previous rulings, because the judges were 

not fully aware of the work the staff had done in trying 

to comply, work that in some cases never became 

public because the commission did not choose to 

propose a revised rule. He said he was hopeful that 

the court would be favorably impressed when it 

considers future challenges to S.E.C. rules now being 

considered. Perhaps he is right, but it might also help if 

there were some new blood on the court, something 

that Republican senators seem to have been able to 

prevent throughout the Obama presidency. There are 

supposed to be 11 active judges on the court, but 

there now are three vacancies. One of them is recent, 

caused by the decision of Judge Douglas H. Ginsburg, 

the author of some of the decisions that have put the 

court in the position to decide which regulations it does 

not like, to assume senior status on the court. But the 

other two seats have been empty throughout the 

Obama administration. The president has proposed 

nominees for two of those seats, but they are unlikely 

to go anywhere before the election. Even if the 

president wins re-election, Republicans seem likely to 

block any nominee who strikes them as even a little 

liberal. Democrats were obstructionist when George 

W. Bush was in office, but he eventually prevailed in 

winning confirmation of three of his nominees. They 

included Brett M. Kavanaugh, a White House aide who 

had played a major role in finding conservatives to 

nominate for judicial openings. He also helped to write 

the Starr report that led to the attempt to remove Bill 

Clinton from office. Mr. Kraus points to one way the 

vacancies influence appellants: When a three-judge 

panel of the court issues a ruling against the S.E.C., 

the commission could seek an “en banc” hearing of the 

entire court. But with only five other judges, and the 

need for a majority to gain a new hearing, that would 

require convincing all of the others that their three 

colleagues were wrong. The government could appeal 

the court’s decisions to the Supreme Court. Perhaps it 

should have done so in response to the latest ruling by 

Judge Ginsburg, in 2011, which threw out rules — 

specifically authorized by Congress in the Dodd-Frank 

law — allowing minority shareholders in very limited 

cases to get access to corporate proxies to propose 

candidates for director. But it did not. The supremacy 

of the District of Columbia circuit court in this area of 

law is a result of laws that mandate that appeals 

related to regulations go directly to it. There is no 

district judge to hear cases and establish facts. Nor are 

there likely to be any differing opinions from other 

circuit courts, as there can be in other areas of the law. 

It is such differences that often lead to a Supreme 

Court decision to hear a case.Floyd Norris comments 

on finance and the economy at 

nytimes.com/economix. 

58



Images That Preserve History, and Make 

It 

Photography is the common language of modern 

history. It’s everywhere; and everyone, in some way, 

understands it. No institution presents and parses that 

language with more skill and force than the 

International Center of Photography when in peak 

form, which is the form it’s in for “Rise and Fall of 

Apartheid: Photography and the Bureaucracy of 

Everyday Life.” This isn’t an emotional outcry of an 

exhibition, a tragedy-to-triumph aria, which it could 

easily have been. It’s dramatic, for sure, but in a 

measured, nuanced, knotty way, like a long, complex 

sentence with many digressive clauses and a logic 

sometimes hard to follow. With more than 500 

photographs, supplemented by books, magazines, 

posters and films and spread over two floors, the show 

can’t help but be overwhelming. But it’s pitched as 

much to the mind as to the heart. On the one hand, it’s 

a grand narrative of stirring sights: ardent faces, 

agitated bodies, camaraderie, clenched fists, funerals. 

It’s also a disquisition on the ordinariness of good and 

evil, on how people in a particular time and place 

encounter and partake of both and go on with their 

lives, no matter what. Organized by Okwui Enwezor, 

an adjunct curator at the center, and Rory Bester, a 

South African art historian, the show is based on the 

idea that modern South African photography began in 

1948, with the legalizing of apartheid — compulsory 

racial segregation — by a white-led national 

government. Until then, the story goes, photography 

had primarily commercial and ethnological uses; after 

that year it became an issue-specific industry, a 

political weapon in a civil rights war that went on for 

more than four decades. The pre-1948 photography in 

the show has, of course, a political dimension too. 

Early in the exhibition we see images of white 

Afrikaners re-enacting their mythical 17th-century 

journey from Europe to South Africa, which they claim 

as their divinely promised land. And although intended 

to have scientific validity, the carefully posed portrait 

photographs, some dating to the early 1920s, in A. M. 

Duggan-Cronin’s 11-volume “Bantu Tribes of South 

Africa,” likewise combine fact and fantasy. Valuable as 

field photographs, they also promote a vision of black 

South Africans as actors in an ethnographic theater, 

living in a perpetual yesterday. But as this show 

suggests, theater became an important element in 

both apartheid-era politics and photography, as in 

pictures of the Women’s Defense of the Constitution 

league, known as the Black Sash, in the mid 1950s. A 

coalition of white women opposed to apartheid, its 

members staged choreographed protests, standing, 

impeccably dressed, in silent formation, all wearing 

identical black sashes over one shoulder. This is how 

they appear, holding placards on the steps of 

Johannesburg City Hall, in an enlarged 1956 photo 

dominating the first floor. They make an unforgettable 

sight. And while their performance — that’s what it is 

— may have been directed toward a street audience, it 

was also calculatedly photogenic. At the time the Black 

Sash was conceived, organized anti-apartheid activity 

was based on principles of Gandhian nonviolence. 

This was not to last. In 1960, at a demonstration 

against the law requiring blacks to carry identifying 

passbooks, police killed 69 unarmed black protesters 

in the township of Sharpeville, 30 miles south of 

Johannesburg. Everything changed. Nelson Mandela, 

already a veteran activist, proposed a move to armed 

struggle. Popular violence erupted. In the dramaturgy 

of resistance the raised fist became the new symbol of 

black purpose and solidarity. And photography 

became the primary means of spreading that gesture 

wide. In 1976, in Soweto, a black township that is now 

part of Johannesburg, police opened fire on high 

school students protesting the enforced use of 

Afrikaans in their classes. Photographers were there. 

One of them, Sam Nzima, took a picture of the first 

person killed, 13-year-old Hector Pieterson, cradled in 

the arms of a fellow student. The picture appeared in 

print the next day, quickly spreading throughout South 

Africa and beyond it and inflaming anti-apartheid 

sentiment around the world.“Rise and Fall of 

Apartheid: Photography and the Bureaucracy of 

Everyday Life” continues through Jan. 6 at the 

International Center of Photography, 1133 Avenue of 

the Americas, at 43rd Street; (212) 857-0000, icp.org. 

59

The New York Times/ - Politics, Qui, 20 de Setembro de 2012 


Driver Acquitted of Leaving Scene After 

Truck Killed Bicyclist 

A postal truck driver whose seven-ton vehicle rolled 

over and killed Marilyn Dershowitz as she rode her 

bicycle in Manhattan last year was acquitted on 

Thursday of a single felony count by a Manhattan jury 

on Thursday. The driver, Ian Clement, 64, had faced 

trial in State Supreme Court on a single count of 

leaving the scene of a fatal accident, which required 

prosecutors to prove that he knew, or should have 

known, that someone had been injured. Mr. Clement 

testified that he did not see Mrs. Dershowitz, 68, a 

retired special referee in State Supreme Court in 

Manhattan, fall under his right rear tire and that 

although he felt a bump, it did not feel like anything 

extraordinary in a truck that regularly rocks and bumps 

on city streets. A co-worker later told him there had 

been an accident on West 29th Street, and after 

thinking about it on his next route, he returned about 

two hours later to ask his supervisor for more details, 

to see whether his truck might have been involved. 

The basic chronology of events was not challenged by 

either side during the trial. The case centered on what 

might have gone through Mr. Clement’s mind during 

those two hours and whether his explanation as to why 

he waited to speak to his supervisor was believable. 

Mr. Clement faced a prison sentence of up to seven 

years if convicted. After a trial spread out over two 

weeks, the jury deliberated for a few hours on 

Wednesday afternoon and Thursday morning before 

returning its verdict. As he left the courtroom, Mr. 

Clement, a father of two grown daughters, said he was 

relieved. “But my sympathies lie with the Dershowitz 

family,” he said. Mrs. Dershowitz’ husband, Nathan 

Dershowitz, a lawyer and brother of the prominent 

Harvard Law School professor and defense lawyer 

Alan M. Dershowitz, did not express any outward 

displeasure with the jury’s decision. “I’m a strong 

believer in the jury system,” he said. He and his wife 

had left their Tudor City apartment on July 2, 2011, at 

the beginning of a long holiday weekend, to go 

bicycling on the Hudson River Park bike path. At Ninth 

Avenue, Mr. Dershowitz sped up to pass through a 

changing light, then saw a commotion from where his 

wife should have emerged. Cyrus R. Vance Jr., the 

Manhattan district attorney, issued a statement saying 

his office would continue to pursue such cases, where 

the facts merit, to make the city’s streets safer. “We 

respect the jury’s verdict,” Mr. Vance said. “However, 

far too many cyclists and pedestrians are killed in 

crashes with motorists each year, in every borough of 

our city.” 

60



Longtime Lopez Colleague Chosen to 

Lead Brooklyn Democrats 

With his most formidable challengers effectively 

conceding, Frank R. Seddio, a friend and longtime 

colleague of the scandal-tarnished Brooklyn 

Democratic chairman Vito J. Lopez, was chosen 

Wednesday night by party leaders to succeed him. Mr. 

Seddio, 65, a gregarious lawyer who is head of the 

legendary Thomas Jefferson Club in southern 

Brooklyn, has sought to distance himself from Mr. 

Lopez in recent weeks. But he has been a longtime 

beneficiary of the powerful Brooklyn Democratic 

machine, which supported him for state assemblyman 

and later as surrogate court judge, a position he soon 

left during an investigation into thousands of dollars of 

donations he made to Democratic leaders and 

organizations before taking office. Mr. Seddio has 

recently played down those connections, rejecting 

depictions of him as Mr. Lopez’s protégé and calling 

on Mr. Lopez to resign as an assemblyman. Mr. 

Lopez, who is under investigation after being accused 

of sexual harassment by four women in his office, has 

resigned as county Democratic chairman but is 

running for re-election to his seat in the State 

Assembly. “Somewhere there are people who need a 

boogeyman — ‘Vito is coming’ — and I’m past that,” 

Mr. Seddio said in a telephone interview hours before 

his selection. “I’m the good ghost.” Though some 

Democratic leaders had tried to rally around another 

candidate for chairmanship of the executive committee 

of the Kings County Democratic Committee, Mr. 

Seddio had gathered support by the time the vote took 

place. His strongest challenger, Assemblyman Karim 

Camara, the head of the Assembly’s Black, Puerto 

Rican, Hispanic and Asian Legislative Caucus, 

decided to back Mr. Seddio. He said Mr. Seddio had 

promised he would broaden the party’s leadership and 

conduct open party meetings. “I am confident that 

Frank Seddio will work to establish the inclusive, 

unified and transparent Kings County political party 

that so many are yearning for,” Mr. Camara said in a 

statement. Another challenger, Jo Anne Simon, a 

district leader from the brownstone Brooklyn 

neighborhoods, also conceded the race on 

Wednesday, urging Mr. Seddio to make the Brooklyn 

party less opaque and more participatory, particularly 

as it goes about influencing choices for judges and 

legislative positions. “Frank has a lot of support,” she 

said. Mr. Seddio, a former police officer who grew up in 

the Canarsie neighborhood, promised to reform a party 

organization that has seen three of its last four leaders 

resign in scandal. At Wednesday’s meeting, the party 

committee changed the rules to bar appointed at-large 

district leaders and to restrict the party’s executive 

committee to the 42 elected district leaders. Mr. Lopez 

introduced the at-large position to strengthen his 

power. Mr. Seddio also promised that the county 

committee, perennially accused of patronage and 

nepotism, would recommend the nomination of two 

experienced jurists for openings for two Brooklyn 

Supreme Court judgeships. Those jurists are William 

Miller, now the supervising judge for the Brooklyn and 

Staten Island criminal courts, and Barry Kamins, the 

administrative judge for all the criminal courts in the 

city. 

61

UOL Internacional/ - Notícias, Qui, 20 de Setembro de 2012 

Supremo Tribunal Federal (STF) 

Julgamento do mensalão deve coibir 

irregularidades na política, diz Gurgel 

BRASÍLIA, 20 Set (Reuters) - O procurador-geral da 

República, Roberto Gurgel, disse nesta quinta-feira 

que o julgamento do chamado mensalão, no Supremo 

Tribunal Federal (STF), é um "marco na história do 

país" e deve repercutir para coibir práticas irregulares 

na política brasileira.Gurgel fez o comentário a 

jornalistas depois de o relator da ação penal, Joaquim 

Barbosa, encerrar um voto condenando 12 pessoas 

ligadas a partidos políticos, por receberem recursos do 

suposto esquema."Esse julgamento é um marco na 

história do país e se o resultado for aquilo que o 

Ministério Público espera, eu não tenho dúvida que ele 

repercutirá, sim", disse ele."Certas práticas 

infelizmente muito frequentes na política brasileira 

tendem pelo menos a ser reduzidas ou pelo menos a 

despertar uma preocupação e um temor maior na 

parcela das pessoas (que a cometem)", 

complementou.O julgamento segue na segunda-feira 

com a leitura do voto do revisor, Ricardo 

Lewandowski.(Reportagem de Ana Flor) 

62

UOL Internacional/ - Notícias, Qui, 20 de Setembro de 2012 


Relator do mensalão condena 12 réus por 

compra de apoio político 

Brasília, 20 set (EFE).- O relator do mensalão, ministro 

Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal 

(STF), votou pela condenação de 12 réus do processo 

relacionado à compra de apoio parlamentar entre 

2003 e 2004, entre eles políticos ligados aos partidos 

PP, PTB, PMDB e PL.Barbosa considerou culpados 

os deputados Valdemar Costa Neto (PL-SP, atual PR) 

e Pedro Henry (PP-MT) e os ex-deputados Roberto 

Jefferson (PTB-RJ), Romeu Queiroz (PTB-MG), José 

Borba (PMDB-PR), Pedro Corrêa (PP-MT) e Bispo 

Rodrigues (PL-RJ).O relator votou também pelas 

condenações de João Claudio Genu, ex-assessor do 

PP; do ex-tesoureiro do PL (atual PR) Jacinto Lamas; 

dos sócios da corretora Bônus Banval Enivaldo 

Quadrado e Breno Fischberg; e do ex-secretário do 

PTB Emerson Palmieri.Por outro lado, Barbosa 

absolveu Antonio Lamas, irmão de Jacinto Lamas e 

que foi assessor do extinto PLUm dos réus 

condenados por Barbosa pelos delitos de corrupção 

passiva e lavagem de dinheiro, Jefferson, na época 

deputado e atual presidente do PTB, foi quem, em 

junho de 2005, denunciou que o PT tinha montado 

uma rede de corrupção dirigida à obtenção de dinheiro 

público para financiar campanhas políticas e subornar 

deputados.Os quatro partidos aos quais pertencem os 

políticos considerados culpados pelo relator do 

mensalão integravam na época a coalizão que 

apoiava o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 

atualmente também apoiam Dilma Rousseff.Após a 

leitura do relatório por Barbosa, tomará a palavra o 

revisor Ricardo Lewandowski, que emitirá seu 

parecer durante a próxima audiência, marcada para 

segunda-feira.Nesta fase do processo, que tem um 

total de 37 acusados, o relator concluiu que, em sua 

opinião, o esquema não só financiou campanhas de 

forma ilegal, mas subornou deputados para construir a 

maioria parlamentar que as urnas negaram a Lula nas 

eleições de 2002.A tese de Barbosa será debatida 

durante as próximas sessões pelos outros nove 

magistrados, que por maioria deverão decidir se a 

respaldam ou se aceitam os argumentos da defesa, 

que sustenta que os pagamentos a deputados dos 

quatro partidos políticos eram para cobrir dívidas de 

campanha.Se a maioria dos magistrados se inclinar 

pelas alegações da defesa, toda a questão ficaria 

reduzida a violações de leis eleitorais alheias à órbita 

penal e, além disso, já prescritas.Dos 37 acusados, 

dez já foram declarados culpados pela maioria do 

Supremo por diversos crimes de corrupção, entre eles 

o então presidente da Câmara dos Deputados, João 

Paulo Cunha, do PT.A decisão do Supremo obrigou 

Cunha a desistir de sua candidatura à prefeitura de 

Osasco para as eleições de outubro, o que 

representou o primeiro impacto político direto do 

julgamento. 

63

USA Today/ - Notícias, Qui, 20 de Setembro de 2012 


Colorado prosecutors drop efforts for 

Holmes notebook 

CENTENNIAL, Colo. -- Prosecutors in the Aurora 

shooting case have temporarily dropped their attempts 

to read a notebook sent by suspect James Holmes to 

a psychiatrist days before themovie theater rampage 

that killed 12 andwounded 57.Prosecutors had hoped 

to use the notebook to show Holmes planned the July 

20attack well in advance. Defense attorneys said it 

should be protected by doctor-client privilege and 

remain secret.Holmes faces 12 first-degree murder 

charges in connection with the case and more than 

140 counts of attempted first-degree murder. 

Thursday, prosecutors added 10 more attempted 

murder charges against the University of Colorado 

doctoral program dropout.At the time of his arrest 

outside a suburban Denver movie theater, Aurora 

police seized two semi-automatic Glock pistols, a 

semi-automatic shotgun and a military style assault 

rifle with a high capacity ammunition 

drum.Acknowledging a fierce legal battle over the 

notebook was likely to ensue, prosecutor Rich Orman 

said it would be faster to drop the request. He said 

he"s betting that if Holmes" attorneys use a mental 

health defense -- as they"ve indicated -- they"ll have to 

let prosecutors see the notebook and other medical 

files."At that point, the notebook may become 

important evidence," Orman said.Holmes, 24, sent the 

notebook to Dr. Lynne Fenton, a University of 

Colorado psychiatrist who has said she last met with 

Holmes on June 11 - a day after he dropped out of the 

school"s doctoral program. Holmes failed an oral exam 

on June 7.Both sides had been expected to appeal 

any decision about the notebook to the Colorado 

Supreme Court, potentially delaying the case for 

months.Following Orman"s reversal, Judge William 

Sylvester then granted Holmes" attorneys the right to 

photograph and examine the notebook, which is being 

held under seal by the court. Holmes had 

disheveledbrightly dyed red and orange hair at the 

time of his arrests and in earlier court appearances. 

Thursday, it was cut short and had returned to his 

natural dark brown. He looked around repeatedly 

Thursday, looking much more animated in past 

hearings.In other action, Sylvester took under 

advisement a defense request for sanctions against 

prosecutors for saying in court that Holmes had been 

banned from the University of Colorado medical 

campus where he had been studying.Defense attorney 

Dan King told Sylvester that CU denies banning 

Holmes, and that his keypad access was cut off only 

because he was in the process of 

withdrawing."There"s not one iota of evidenceâ?¦ that 

Mr. Holmes threatened anyone or was banned from 

campus," King said,calling the prosecutors precious 

statements "flagrantly untrue."King asked Sylvester to 

admonish prosecutors for their statements, saying that 

with all the media interest, careless statements 

unsupported by facts could have long-lasting 

consequences to Holmes" right to a fair trial.Sylvester 

also allowed prosecutors to file additional counts and 

amend some others against Holmes. Specifics about 

the new and altered charges were not made public 

because virtually the entire case file has been sealed 

to public view.Holmesremains incarcerated in 

Arapahoe County Jail. His next court appearance is 

scheduled for Oct. 11.Separately,the City of Aurora is 

collecting items left at temporary memorials for victims 

of a theater shooting that will be turned over to the 

Aurora History Museum. Denver"sKUSA-TV says 

families will still have access to the items. 

64

USA Today/ - News, Qui, 20 de Setembro de 2012 


Chick-fil-A"s "cave" on gay issue stirs 

new backlash 

Chick-fil-A"s apparent decision to stop giving money to 

anti-gay groups and not engage in social or political 

debates has sparked anotherheated discussion -- and 

new backlash -- on its Facebook page from those who 

say the company has "caved in."The report of the 

company"s about-face comes from a Chicago rights 

lobby, The Civil Rights Agenda, that says Alderman 

Proco "Joe" Moreno has confirmed that the fast-food 

company will no longer give money to anti-gay 

organizations and has clarified in an internal document 

that it will "treat every person equally, regardless of 

sexual orientation."The move comes two months after 

Chick-fil-A President Dan Cathy caused an uproar -followed 

by boycotts and counter-boycotts -- by saying 

his company was "guilty as charged" of supporting the 

biblical definition of the family unit.It also was enough 

to prompt Moreno to drop his opposition to the opening 

of a Chick-fil-A restaurant in Chicago. The 

Atlanta-based company is largely keeping mum on the 

latest twist in the controversy.The company reiterated 

a statement issued in July that says its tradition is "to 

treat every person with honor, dignity and respect â?? 

regardless of their belief, race, creed, sexual 

orientation or gender," NPR reports."We will continue 

this tradition in the over 1,600 restaurants run by 

independent owner/operators," the statement says. 

"Going forward, our intent is to leave the policy debate 

over same-sex marriage to the government and 

political arena."Its mission, the company says, is 

simple: "To serve great food, provide genuine 

hospitality and have a positive influence on all who 

come in contact with Chick-fil-A."Alderman Moreno is 

more explicit, saying the company for the first time has 

put into writing its policies.His office said, according to 

the Atlanta Journal-Constitution, that the company 

will put the statement in a document called "Chick-fil-A: 

Who We Are,""Though trying to steer clear of more 

controversy, the company has nonetheless touched off 

a firestorm on its own Facebook page by people 

accusing them of caving in. Others praised the 

company"s new approach to the issue.Here"s a 

sample of some of today"s postings:Let me tell you 

something Chick-fil-A. If go back on your stance....if 

you give in to all the hate that has come after 

you....you will have a whole new group of people who 

will no longer support you. You can never make 

everybody happy. You have been blessed because 

you have stood on God"s side since your beginning. 

Don"t mess that up now. I"m truly surprised at your 

cowardice.you Christians make me ashamed to be a 

christian. no wonder the world hates us. you heave 

insults at the people we are called to love. what do we 

say in our churches.. love the sinner hate the sin? 

shame on you all.Your decision to CAVE on your 

biblical principles that has made your business such a 

success...LEAVES ME SPEECHLESS !!! I WILL NO 

LONGER BE PATRONIZING YOUR BUSINESS ANY 

LONGER !! HOMOSEXUALITY IS WRONG PERIOD ! 

TOO BAD YOU ARE TOO WEAK TO SEE IT !Who 

cares what a fast food restaurant supports... If the food 

is good I"m sold! Lol"Victory never tasted so sweet. 

Anyone for Chick-fil-A?" Rick Garcia, senior policy 

adviser for the Civil Rights Agenda, says he believes 

Chick-fil-A"s main motive in shifting its policy is to sell 

more chicken."They are not having a change of heart," 

he says, the Journal-Constitution reports. "They are 

looking at the money. They recognize they can"t get 

into (markets in the Northeast and large metro areas 

outside the South) if they are perceived as anti-gay. " 

65



Anti-Islam film controversy hits Europe, 

Asia 

BERLIN -- Europeans are worried over becoming the 

next battleground over an anti-Islam video. German 

officials are considering a ban on a screening in Berlin, 

while a French weekly magazine published cartoons of 

the prophet Mohammed, including some of him naked. 

Government officials and Muslim community leaders 

are calling for calm.Controversy over The Innocence of 

Muslims, a film produced by an Egyptian Christian 

living in California, has spread to Europe, where 

German officials are exploring legal options to ban the 

video and France has banned a protest."There"s no 

reason to let this conflict â?? one that doesn"t involve 

France â?? enter our country," French Prime Minister 

Jean-Marc Ayrault said.The video, which depicts the 

prophet Mohammed in a disparaging way, has sparked 

violent Muslim protests in the Middle East and North 

Africa, leaving Europeans worried over the reaction of 

their own Muslim populations, which number about 6 

million in France and 4 million in Germany.In Russia, 

home to 20 million Muslims, the government planned 

to ban the film, and possibly block access to it on 

YouTube. In the past decade, European officials have 

been increasingly concerned over the rise of 

extremism, both among its Muslim populations and 

from far-right factions that oppose Muslim 

immigration.Now a debate over freedom of speech is 

brewing in Europe, as protests are prohibited and 

publications are scrutinized.The French government 

defended the right of satirical magazine Charlie 

Hebdo, whose offices were firebombed last year by 

unknown assailants, to publish cartoons depicting 

Mohammed, a practice Muslims consider 

blasphemous. It"s not the first time the weekly is at the 

center of such a storm: In 2008, it was acquitted by a 

Paris appeals court of "publicly abusing a group of 

people because of their religion" after a complaint by 

Muslim associations.The German fringe party Pro 

Deutschland, which has clashed with Muslims in the 

past, wants to screen The Innocence of Muslims in 

November at a theater in Berlin. The party has 

contacts with Terry Jones, a Florida pastor who has 

threatened to burn the Quran as a way to express his 

opposition to the faith."The public has a right to see 

this film and to make up its mind or express an opinion 

after having seen the film in full," Pro Deutschland 

leader Manfred Rouhs said.The German Interior 

Ministry said it is looking into whether it can prevent 

the screening. Some German officials called the film 

an abuse of free-speech laws and called for 

"anti-blasphemy laws," which would prohibit insulting 

religions."I want more respect for people"s religious 

beliefs," said German Interior Minister Hans-Peter 

Friedrich.Free-speech advocates criticized the 

proposal.German Social Democrat lawmaker Dieter 

Wiefelspuetz told German daily newspaper taz that a 

ban should be a last resort. "A purely 

foreign-policy-related consideration is not enough to 

warrant limiting basic civil rights," he said.Meanwhile, 

government officials and Muslim leaders called for cool 

heads."This is a disgraceful and hateful, useless and 

stupid provocation," Dalil Boubakeur, rector of 

France"s Grand Paris Mosque, told the Associated 

Press. "We are not like animals of Pavlov to react at 

each insult."Germany"s Muslim population includes 

thousands of Salafists who believe in Islamic states. It 

is largely Salafist clerics who have organized protests 

in the Middle East against U.S. embassies and other 

targets.In May, Germany saw clashes erupt between 

the Salafist Muslims and far-right activists in the former 

German capital Bonn. Scores of police officers were 

injured in violence that started after a group affiliated 

with Pro Deutschland displayed Danish cartoons of 

Mohammed â?? the same depictions that led to 

protests in 2005 in which dozens of people died and 

embassies were attacked. "In the past, we"ve seen 

police officers attacked and severely injured by 

Salafists," said Reiner Wendt from the German Trade 

Union of the Police.Muslim leaders warned that not all 

Germans would react to any screening of the film with 

moderation."There is reason to fear that extremists on 

both sides won"t refrain from violence," said Secretary 

of the German Central Council of Muslims Nurhan 

Soykan. 

66



FBI asked to keep data on anti-Sikh hate 

crimes 

WASHINGTON (AP) -- The son of a massacre victim 

at a Sikh temple in Wisconsin asked the Obama 

administration on Wednesday to begin collecting 

statistics on hate crimes against Sikhs.Harpreet Singh 

Saini, 18, told a Senate hearing he wanted to give his 

late mother "the dignity of being a statistic."Saini"s 

mother, Paramjit Kaur Saini, was among six people 

killed and four wounded by a gunman on Aug. 5 before 

a service was to begin at the temple in Oak Creek, 

Wis. The shooter, Wade Michael Page, was shot 

during a firefight with police and died after he shot 

himself in the head.More than 400 people, many of 

them wearing the traditional Sikh turbans, attended the 

hearing -- a crowd so large that an overflow room had 

to be used.Sen. Richard Durbin, D-Ill, chairman of the 

Judiciary subcommittee, said he supported Saini"s 

request and told a Justice Department witness that the 

government was moving too slowly on requests for the 

data collection. He noted that Sikh communities have 

been asking for these statistics for two years.Roy 

Austin Jr., an official of the department"s civil rights 

division, said the agency will bring together a wide 

array of religious groups in October and make 

recommendations to the FBI on whether the data 

collection should be expanded to include hate crimes 

against Sikhs."The Department of Justice has heard 

this concern," he said. "We are going to take 

action."Austin said the FBI"s crime reporting program, 

which collects information from law enforcement 

agencies on hate crimes, reported 6,628 incidents in 

2010 -- the latest figures available.He added the 

government doesn"t know the real number of hate 

crimes because the FBI can only track crimes that are 

reported. He said some 13,000 law enforcement 

agencies reported no hate crimes in 2010 and 3,000 

others did not respond to a hate crime survey.Saini, a 

college freshman, said he was 10 years old when his 

parents brought him and his brother to the United 

States in 2004."This was not supposed to be our 

American story," he said. "This was not my mother"s 

dream."In emotional testimony Saini, wearing a turban, 

said that two days after his mother died, he and his 

brother ate the leftovers she made in her last meal. He 

added that his mother never had the chance to get a 

formal education because she had to work long hours 

to feed her family."I just had my first day of college. 

And my mother wasn"t there to send me off," Saini 

said.He also questioned why the government never 

took action against Page, the shooter, because groups 

concerned with hate crimes had him on their watch 

lists.Durbin asked an FBI witness, counterintelligence 

official Michael Clancy, "Was there a breakdown in 

intelligence here? Was he being tracked by our 

intelligence community? Were there any warnings to 

the Sikh community?"Clancy responded, "We did not 

have a case opened on him. His activities had not 

risen to level where we would be able, under the 

attorney general"s guidelines, to open an 

investigation."We were aware of him as a peripheral 

figure. But he never emerged as more than that. He 

engaged in a lot of hate speech ... not against the 

law."Clancy added that the FBI had no information that 

Page posed a threat to any group. 

67



Groups protest Ariz. immigration law"s 

enforcement 

PHOENIX (AP) -- A day after the most contentious 

provision of Arizona"s immigration law took effect, 

rallies were held around Phoenix to protest the 

mandate that civil rights activists say will lead to 

systematic racial profiling.More than three dozen 

activists stood outside a U.S. Immigration and 

Customs Enforcement building along a busy 

thoroughfare Wednesday evening. They chanted: "No 

papers, no fear."Carlos Garcia, an organizer with the 

immigrant rights group the Puente Movement, said the 

strategy is to urge people not to cooperate with 

immigration enforcement efforts -- whether they"re in 

the country legally or not.Tempe resident Beatrice 

Jernigan said friends who are in the country illegally 

are scared."They don"t know what"s going to happen. 

They"re more cautious," she said. "Some parents who 

are illegal immigrants are not allowing their kids to 

participate in afterschool sports."On Tuesday, U.S. 

District Judge Susan Bolton ruled that police could 

immediately start enforcing the so-called "show me 

your papers" provision of Arizona"s immigration law. It 

requires officers, while enforcing other laws, to 

question the immigration status of those suspected of 

being in the country illegally.The U.S. Supreme Court 

upheld the provision in June on the grounds that it 

doesn"t conflict with federal law. Opponents argued 

that the provision would lead to systematic racial 

profiling and unreasonably long detention of Latinos, 

and they unsuccessfully asked Bolton to block it.Bolton 

said the law"s opponents were merely speculating on 

the racial profiling claims. She did leave the door open 

to challenges if the claims can be proven.The 9th U.S. 

Circuit Court of Appeals is considering a request to 

halt the provision.In the meantime, an education 

campaign for illegal immigrants to remain largely silent 

when they"re pulled over by police is being put into 

practice across the state.Leticia Ramirez has been 

telling people who live in the U.S. without legal 

permission, like she does, that they should offer only 

their name and date of birth if they"re pulled over. She 

also tells them not to carry any documents that show 

where they were born."We want to teach the 

community how to defend themselves, how to answer 

to police, how to be prepared, and to have confidence 

that they"re going to have help," said Ramirez, a 

27-year-old from Torreon in the Mexican state of 

Coahuila.Immigration and Customs Enforcement, the 

federal agency that verifies people"s immigration 

status for local officers, said Wednesday it has not yet 

seen an influx in the number of calls it receives from 

local authorities for immigration checks and 

assistance.A hotline run by civil rights advocates has 

been fielding queries from people wanting to know 

their rights if questioned about their immigration 

status.The advocates are asking police departments 

not to enforce the provision, as a way to gain 

cooperation from immigrants in reporting crimes. But 

not enforcing the requirement could expose the 

agencies to lawsuits from people claiming authorities 

aren"t complying with the law.Outside the Immigration 

and Customs building in Phoenix, Prescott college 

student Brooke Bischoff said she doubts provisions 

prohibiting racial profiling will succeed.She said 

testimony during a recent trial involving racial profiling 

accusations against the Maricopa County Sheriff"s 

Office indicated that training to avoid discriminatory 

practices was "cursory."Advocates also planned to 

gather Wednesday to address the Phoenix City 

Council about their concerns about the law, and a 

march to the Maricopa County jail in downtown 

Phoenix was scheduled for Saturday.State lawmakers 

passed the sweeping immigration measure in 2010 

amid voter frustration with Arizona"s role as the 

country"s busiest illegal entry point. Alabama, Georgia, 

Indiana, South Carolina and Utah have since adopted 

variations of Arizona"s law.Republican Gov. Jan 

Brewer says the law won"t cure the state"s immigration 

woes but it could push the federal government to act 

on immigration reform. 

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21/09/2012


21/09/2012 

ABC Digital - Notícias 


Piden no avergonzarse al usar idioma guaraní, 74 



Dilma divulga nota sobre depoimento citado no julgamento do mensalão, 75 



El fiscal colombiano ordena captura con fines de extradición del capo Barrera, 76 



Fox, Dish Face Off Over Ad-Free Primetime TV Service, 77 



Ex-President James Looted Arts Club, N.Y. Says in Suit, 78 



How Muslim Extremists Can Learn From Larry Flynt, 79 



Ukraine Auditing 10,000 Buttons Torments Opposition Businesses, 81 

Business Insurance - Notícias 


Alaskan native village"s appeal in global warming case rejected, 83 



Karnataka files petition seeking review of CRA decision, 84 



La UCR sale a la calle contra la re-re, 85 

Correo Peru - Notícias 


Pedraza: Gobierno no permitirá ningún espacio a ideologías terroristas, 86 



Minedu: Poder Judicial declara ilegal huelga del Sutep, 87 


CLIPPING INTERNACIONAL | Recurso de Inconstitucionalidad 

Justicia paraguaya paraguaya rechaza reclamo de Lugo por su destitución, 88 

Diário de Notícias Lisboa - Notícias 


Jurista Pedro Machete completa constituição do TC, 89 


70



El presidente de la Corte bonaerense ordenó investigar al juez del caso Candela, 90 



Habilitaron como partido político bonaerense al Movimiento Kolina de Alicia Kirchner, 91 



Advierte de complejidad de crimen organizado 12:00 AM, 92 



Herramienta de Trabajo vs. Beneficio de Asignación Personal 12:00 AM, 93 



UNICEF rechaza modificación que hizo Cámara Diputados a Código del Menor 12:00 AM, 94 

El País - Notícias 


La falta de medios paraliza “miles de millones” en los juzgados, 95 



Canarias interpone un recurso de inconstitucionalidad contra los PGE de 2012, 96 



El nuevo ‘El Dorado’ siembra conflictos en América Latina, 97 



Los jueces celebrarán juicios solo por la mañana para presionar al ministro, 99 



Richard Gere: “Susan Sarandon es uno de mis mejores matrimonios”, 100 



Farewell hope, 102 



El Superior alerta sobre el deterioro de la Justicia con la reforma de Gallardón, 103 

El Peruano - Notícias 

CLIPPING INTERNACIONAL | Corte Internacional de Justicia 

ASPA promoverá al Perú como destino de inversiones, 104 



Reforma en transparencia exige voluntad política: IFAI, 105 



Otorgan prórroga a taxistas para liquidar adeudos, 106 



71


TEPJF confirma victoria del PAN en Benito Juárez, 107 



Narco hizo de AL la región más violenta: Calderón, 108 

El Universal Venezuela - Notícias 


Tribunal niega derecho al voto a la jueza Afiuni, 109 

Frankfurter Allgemeine Zeitung - Politik 

CLIPPING INTERNACIONAL | Verfassungsgericht 

Lauter Souveräne , 110 



Sileoni admitió que los jóvenes son manipulables, 111 



Ricardo Lorenzetti: "El sistema actual de divorcio ha fracasado", 112 



Con sus políticas, el "modelo" kirchnerista opaca la reforma, 114 



Ecuador sugiere trasladar a Assange a Suecia bajo su protección, 115 

La Repubblica - Notícias 


Gli Aldrovandi alla Cancellieri, 116 


CLIPPING INTERNACIONAL | Cour pénale internationale 

Bataille dans la galaxie islamiste, 117 



La corrida jugée conforme à la Constitution, 118 

Los Angeles Times - Notícias 


City ordered to pay $5.7 million in police shooting, 119 



Mañana a las 11 juran miembros del Consejo de la Magistratura por un período de dos años, 120 



Texas cheerleaders win court battle over high school 'Bible banners', 121 



Attorney General Sues Club’s Ex-Leader for $2 Million, Citing Misuse of Its Money, 122 



Connecticut Police Officer Admits Assaulting Prisoner, 123 

72




Bettye Lane Dies at 82; Photographer of Protests and Causes, 124 



A 21st-Century Islam, 125 



‘Justice O’Connor, Welcome to the Court’, 126 



Brown and Warren Spar in Tense Televised Debate Over Massachusetts Senate Seat, 127 



Com mau desempenho em capitais, PT tenta afastar impacto do mensalão, 129 



TV"s West Wing still plays in political world, 131 



Orangeburg Massacre stirs debate 44 years later, 132 

73

ABC Digital/ - Notícias, Sex, 21 de Setembro de 2012 


Piden no avergonzarse al usar idioma 

guaraní 

Fue en la apertura del curso-taller sobre contenido 

cultural del guaraní, módulo III, que tuvo lugar este 

viernes en el Palacio de Justicia de San Juan 

Bautista, Misiones.El taller fue desarrollado por el 

profesor Ramón Silva, quien explicó sobre la ley de 

lenguas, el guaraní paraguayo y las áreas de grupos 

sociales que son el popular y el académico, el guaraní 

popular que habla el pueblo y el guaraní paraguayo.La 

apertura del acto estuvo a cargo de la presidenta de la 

circunscripción judicial de Misiones, Mirian Alegre de 

Agüero.Asistieron igualmente el ministro de la Corte, 

Luis María Benitez Riera, magistrados y funcionarios 

judiciales.En la oportunidad, el ministro Antonio 

Fretes, superintendente de la circunscripción judicial 

de Misiones, señaló que los magistrados y 

funcionarios deberán utilizar, saber escuchar y 

entender el guaraní popular.Exhortó a no 

acomplejarse ni avergonzarse del idioma guaraní que 

identifica al ser paraguayo.Señaló que entró en 

vigencia una ley que establece que el guaraní va a ser 

utilizado por el Poder Judicial.“Nosotros queremos 

utilizar el guaraní popular, el que usa el pueblo en su 

expresión”, dijo el ministro Fretes.Añadió que la 

academia guaraní también va a sacar su modelo de 

guaraní a ser aplicado. “Pero nosotros vamos a usar el 

guaraní popular”, concluyó Fretes. 

74

BBC Brasil/ - Notícias, Sex, 21 de Setembro de 2012 


Dilma divulga nota sobre depoimento 

citado no julgamento do mensalão 

A presidente Dilma Rousseff divulgou nesta sexta-feira 

nota em que rebate as declarações feitas um dia antes 

pelo ministro do STF (Superior Tribunal Federal) 

Joaquim Barbosa, relator do processo do 

mensalão."Creio ser necessário alguns 

esclarecimentos que eliminem qualquer sombra de 

dúvidas acerca das minhas declarações, dentro dos 

princípios do absoluto respeito que marcam as 

relações entre os Poderes Executivo e Judiciário", diz 

Dilma na nota.Na quinta-feira, na sessão do 

julgamento que analisa acusações de corrupção 

passiva por parte de integrantes do governo do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Barbosa disse 

que um depoimento de Dilma à Justiça em 2009, 

quando era ministra-chefe da Casa Civil, corroborava 

a tese de que os réus recebiam dinheiro em troca de 

apoio à tramitação de projetos de interesse do 

governo.Naquele depoimento, Dilma se dizia surpresa 

com a agilidade da tramitação das MPs (medidas 

provisórias) que alteraram o marco regulatório do setor 

elétrico, em 2003 – época em que era ministra de 

Minas e Energia."Na sessão do STF, o senhor ministro 

Joaquim Barbosa destacou a surpresa que 

manifestei no meu depoimento judicial, com a 

agilidade do processo legislativo sobre as MPs", diz o 

texto."Surpresa, conforme afirmei no depoimento de 

2009 e repito hoje, por termos conseguido uma rápida 

aprovação por parte de todas as forças políticas que 

compreenderam a gravidade do tema", afirma."Como 

disse no meu depoimento, em função do 

funcionamento equivocado do setor até então, ou se 

reformava ou o setor quebrava. E quando se está em 

situações limite como esta, as coisas ficam muito 

urgentes e claras." 

75

Blogs El Mercurio/ - Notícias, Sex, 21 de Setembro de 2012 


El fiscal colombiano ordena captura con 

fines de extradición del capo Barrera 

Bogotá, (EFE).- El fiscal general de Colombia, 

Eduardo Montealegre, ordenó hoy la captura con fines 

de extradición a Estados Unidos del narcotraficante 

Daniel “El Loco” Barrera, detenido hace tres días en la 

ciudad venezolana de San Cristóbal. 

Un portavoz de la entidad judicial informó a Efe por 

teléfono que Montealegre firmó en Bogotá la orden 

contra “El Loco” Barrera, cuya extradición fue 

formalizada el jueves en Washington por las 

autoridades estadounidenses. 

Con esta orden en vigor, la captura será formalizada 

una vez que el capo ingrese en su país, deportado por 

las autoridades venezolanas. 

La fuente observó que el fiscal general suscribió el 

documento un día después de que Estados Unidos 

solicitará de manera oficial a Colombia la extradición 

del narcotraficante. 

“El Loco” Barrera, considerado el último de los 

grandes capos colombianos que seguía en libertad, es 

reclamado por dos cortes judiciales de Nueva York y 

una de la Florida, en todos los casos por narcotráfico y 

lavado de activos. 

La solicitud de extradición llegó el jueves por vía 

diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores en 

Bogotá, que es el punto de partida de las gestiones de 

un caso de esta naturaleza. 

Tras la Cancillería, la petición pasa a la Fiscalía 

General, dentro de un proceso legal que incluye su 

estudio por la Sala Penal de la Corte Suprema de 

Justicia (CSJ), que establece si la solicitud se ajusta 

o no a la legislación nacional. 

En caso afirmativo, corresponde al Ejecutivo la 

autorización de la entrega del ciudadano que esté 

reclamado en extradición. 

El fiscal Montealegre dijo la víspera a la prensa en 

Neiva (suroeste) que esperaba que Estados Unidos 

formalizara la solicitud de extradición de Barrera para 

poder ordenar su captura una vez que sea deportado 

por Venezuela. 

“El Loco Barrera”, de 44 años, se había radicado en 

2008 en el país vecino, como ganadero, y desde allí 

visitaba con frecuencia a sus hijos en Brasil y 

Argentina. 

La detención fue realizada dentro de una operación 

que contó con informes de agencias de inteligencia de 

Estados Unidos, el Reino Unido y Colombia, y la 

cooperación de las autoridades antidroga de 

Venezuela. 

76

Bloomberg/ - Notícias, Sex, 21 de Setembro de 2012 


Fox, Dish Face Off Over Ad-Free 

Primetime TV Service 

News Corp. (NWSA)’s Fox Broadcasting unit asked a 

federal judge to block Dish Network Corp. (DISH)’s 

ad-free primetime television service, which the 

networks say threatens their business. U.S. District 

Judge Dolly Gee in Los Angeles heard arguments 

today on Fox’s bid to halt Dish’s PrimeTime Anytime 

and AutoHop features while it proceeds with its 

copyright- infringement lawsuit filed in May. The judge 

took the request under submission without indicating 

when she would issue a decision. Fox Broadcasting 

Co., Comcast Corp. (CMCSA)’s NBCUniversal and 

CBS Corp. (CBS) separately sued Dish, the No. 2 U.S. 

satellite-television provider, claiming the service will 

destroy the “advertising supported ecosystem” that 

provides free, over-the-air primetime television. Dish 

sued the networks in New York, seeking a court ruling 

that it isn’t infringing copyrights. Richard Stone, a 

lawyer for Fox, said at the hearing that other 

distributors, including DirecTV (DTV), the largest U.S. 

satellite-television provider, will be forced to follow suit 

if Dish’s ad-free primetime television service isn’t 

blocked. “It will grow like a brushfire if it isn’t stopped,” 

Stone said. The Dish service will devalue commercial 

time during Fox’s programs in the eyes of advertisers, 

the lawyer said. The service also directly competes 

with Fox’s own distribution of ad-free programs 

through Apple Inc. (AAPL)’s iTunes and through 

Amazon.com Inc., Stone said. Plain ‘Theft’ “This is 

theft of programming, plain and simple,” Stone told the 

judge. Annette Hurst, a lawyer for Dish, said Fox was 

trying to undo the 1984 Supreme Court ruling in the 

Sony Betamax case that allowed consumers to copy 

programs for later viewing. There was no way to 

distinguish between Dish’s AutoHop and fast 

forwarding through commercials for legal purposes, 

Hurst said. “This is not A Clockwork Orange” where 

viewers can be forced with their eyes pried open to 

watch commercials, Hurst said, referring to the 1971 

Stanley Kubrick film. Dish, based in Englewood, 

Colorado, introduced its Hopper digital video recorder 

in March. It can record all the major networks’ 

primetime shows and store them for eight days after 

their initial broadcast. AutoHop, introduced in May, 

allows viewers, with the touch of a button, to skip all 

the commercials on recorded shows automatically, 

without having to fast-forward through them. 

Undermining Advertising Fox said in in its Aug. 22 

request for an injunction that “PrimeTime Anytime and 

AutoHop cut the legs out from under the 

advertiser-supported broadcast television business 

model.” Dish said in its complaint that the AutoHop 

feature lets subscribers watch primetime shows 

commercial-free the day after they are recorded, not 

on the night when they’re first shown on television. 

Dish’s new service might affect the television networks’ 

ability to borrow money, with AutoHop having “broad 

negative credit implications across the television 

industry,” Neil Begley, an analyst for Moody’s Investors 

Service, said in a May 25 report cited by Fox in its 

filing. The case is Fox Broadcasting v. Dish Network, 

12-4529, U.S. District Court, Central District of 

California (Los Angeles). To contact the reporter on 

this story: Edvard Pettersson in Los Angeles 

atepettersson@bloomberg.net. To contact the editor 

responsible for this story: Michael Hytha 

atmhytha@bloomberg.net. 

77



Ex-President James Looted Arts Club, 

N.Y. Says in Suit 

Aldon James, former president of the National Arts 

Club, was accused in a lawsuit by the New York 

attorney general of abusing his position to obtain 

apartments and go on personal shopping sprees at the 

club’s expense. James exercised “nearly absolute 

control” over the club’s operations and misused his 

power to benefit himself and his brother, Attorney 

General Eric Schneiderman said in a complaint in New 

York State Supreme Court. James deprived the club 

of $1.5 million in rental income and used $250,000 in 

club funds for personal expenses, including purchases 

at antique shops, meals and car service, 

Schneiderman said in a statement today about the 

lawsuit. “For James, the National Arts Club was his: he 

lived there, he ran it, he had no life outside it, and he 

considered himself therefore entitled to do with the 

club’s property as he pleased,” the state said in the 

complaint. The National Arts Club, located on 

Gramercy Park South in Manhattan, was founded in 

1898 and promotes public interest in the arts. James 

was ousted as president in March 2011, according to 

the complaint. Gerald Shargel, James’s lawyer, said 

his client served the club well as president and will 

fight the state. “Any claim that Aldon James 

misappropriated money is absurd,” Shargel said today 

in a phone interview. State’s Accusations The state 

said that James, his brother John and club member 

Steven Leitner each leased an apartment at the club 

for below- market rent, and James used his power to 

obtain for the three of them personal use of as many 

as eight club apartments as well as offices, board 

room and other club spaces for no rent. James bought 

clothes, accessories and artwork at the club’s expense 

and charged it for meals, according to the complaint. 

The charges amounted to $250,000 from 2006 to 

March 2011. The state seeks to require James to 

make restitution and prevent James from serving as 

officer, director or trustee of any New York charitable 

organization. Schneiderman sued under his authority 

to oversee not-for- profit organizations in New York, 

according to the complaint. The case is State of New 

York v. James, New York State Supreme Court, New 

York County (Manhattan). To contact the reporter on 

this story: David McLaughlin in New York 

atdmclaughlin9@bloomberg.net. To contact the editor 

responsible for this story: John Pickering 

atjpickering@bloomberg.net. 

78



How Muslim Extremists Can Learn From 

Larry Flynt 

So now it’s the French who are frantically closing their 

embassies, worried about violent mobs enraged after 

the satirical magazine Charlie Hebdo published 

cartoons, some of them pornographic, mocking the 

Prophet Muhammad. France’s official response has 

been more restrained than last week’s raft of apologies 

from the U.S. government after violence blamed on the 

incendiary video “Innocence of Muslims” swept across 

the Middle East, leading to attacks at U.S. diplomatic 

outposts and the death of four U.S. diplomats. But 

some commentators argue that if speech makes 

people angry enough to do terrible things -- like murder 

-- we should consider ways to restrain it. In light of this 

swirling argument, and the swirling violence that 

influences it, we should take a moment to consider 

what it is that makes free speech so valuable, and its 

suppression so dangerous. This is a moment not to 

yield to demands for censorship, but to defend and 

even celebrate the freedoms that the makers of the 

video and the cartoons so grossly abuse. A useful 

place to start is Dworkin v. L.F.P. Inc., a nearly 

forgotten defamation ruling issued by the Supreme 

Court of Wyoming 20 years ago this week. The case 

involved a Hustler magazine article attacking 

anti-pornography crusader Andrea Dworkin. The article 

called her a number of filthy names, and went on to 

contend that Dworkin “advocates bestiality, incest and 

sex with children.” She sued, claiming defamation. She 

lost. Outrageous Distortions The Hustler article may 

have grossly distorted her ideas, the court wrote, but 

the First Amendment protects the right even of so 

scurrilous a magazine to publish so scurrilous an 

article about so public a figure: “Ludicrous statements 

are much less insidious and debilitating than falsities 

that bear the ring of truth. We have little doubt that the 

outrageous and the outlandish will be recognized for 

what they are.” The article was trash. The article was 

false. The article was inflammatory. Dworkin’s outrage 

was entirely justified. But the court reached the right 

result. Dworkin was a public figure, said the court, and 

therefore even so unsympathetic a defendant as Larry 

Flynt, Hustler’s publisher, had the right to make absurd 

assertions about her beliefs, and to engage in 

hyperbole intended to hold her up to ridicule. The best 

statement of our constitutional rule remains the one 

announced by the U.S. Supreme Court 40 years ago 

in Police Department of the City of Chicago v. Mosley: 

“To permit the continued building of our politics and 

culture, and to assure self-fulfillment for each 

individual, our people are guaranteed the right to 

express any thought, free from government 

censorship.” The government, said the court, “has no 

power to restrict expression because of its message, 

its ideas, its subject matter, or its content.” That’s why 

the American Nazi Party couldn’t be prevented from 

marching in Skokie, Illinois, in 1977. That’s why the 

members of Westboro Baptist Church were free to 

picket the funeral of Lance Corporal Matthew Snyder 

in 2006. That’s why protesters have the right to burn 

the U.S. flag. None of these actions is admirable. 

What’s admirable is the broad respect for liberty that 

protects them. Of course, there are exceptions. But 

they don’t apply here. For instance, a remarkable 

number of commentators, borrowing from Justice 

Oliver Wendell Holmes, have compared the 

“Innocence of Muslims” video to falsely shouting fire in 

a crowded theater. Others have drawn analogies to 

Brandenburg v. Ohio, the 1969 case in which the 

Supreme Court suggested (“held” would egregiously 

overstate the case) the possibility that speech directed 

to inciting and likely to incite “imminent lawless action” 

might not be protected under the First Amendment. 

Dangerous Arguments These are dangerous 

arguments. Consider how we would respond if an 

anti-abortion group were so furious at a pro- choice 

film that it blew up the theater. I very much doubt that 

we would be accusing the filmmakers of incitement, 

even if they knew in advance that the terrorists were 

lurking. One might object that there is a difference 

between insulting an individual and insulting a religion. 

There is indeed -- and our sympathies should be with 

the individual. Followers of a religion can turn to their 

fellow believers for solace. Often, they can turn to a 

tradition that has survived centuries or millenniums of 

mockery and abuse. Believers don’t turn from God 

because God has been mocked; they turn from the 

mocker. The individual, by contrast, must bear the 

insults. The more public the individual is, the greater 

the abuse that the Constitution allows us to heap on 

his or her shoulders. The cost of freedom is indeed 

terrible. But the cost of restrictions on that freedom is 

more terrible still. That a video or a cartoon offends 

many devout Muslims is surely a fact, but it isn’t an 

argument. I frequently hear the Lord’s name taken in 

vain. For some of us, the name of God remains 

sacred, and hearing it profaned is painful. But the First 

Amendment wisely denies us legal recourse. (That’s 

why the Obama administration was wrong -- very 

wrong -- even to ask YouTube, which hosts the video, 

to “review whether it violates their terms of use.” A chill 

79

is a chill.) In the U.S., we routinely deride religions. We 

make best- sellers of books launching 

often-uninformed attacks on the very idea of God, and 

give rave reviews to a Broadway show making crude 

mockery of Mormonism. The insensitivity and 

boorishness of those who enjoy attacking the faith of 

others does not strip them of their rights of freedom of 

expression. Now, one must reasonably ask whether 

we would be a better country if we were more 

restrained. The philosopher Michael Sandel in 

particular has asserted that our freedoms are 

vindicated in our ability to restrain rather than indulge 

our urges. This is a fair point, and a correct one. In the 

manner and multitude of our self-expression, we are 

growing more childlike, not more mature. That failing, 

however, lies in our collective character, not in our 

respect for liberty. Absolute Defenses I have said 

before that I am a near-absolutist on the subject of free 

speech. I defend the right of imbeciles to express 

themselves in ways that are offensive and wounding to 

people who have done nothing to deserve it. Naturally 

one would prefer to defend free speech in the name of 

such once-banned classics as “Ulysses” and “1984.” 

One would prefer to defend a free press that is 

ferreting out the Pentagon Papers. Those opportunities 

rarely arise. If our culture instead produces offensive 

junk, then that is where the ramparts must be built -not 

because offensive junk is a positive good, but 

because the power to censor is far too dangerous to 

be placed in the hands of government. (Some 

observers have pointed out, correctly, that even if the 

U.S. government can’t censor the video, Google Inc. 

(GOOG), owner of YouTube, is a private corporation 

and can do as it likes. Given Google’s size, and 

YouTube’s ubiquity, I am wary of endorsing any call for 



a crackdown.) When we remember the periods of 

censorship in our history, we remember them, as we 

should, with embarrassment. There are censors today 

-- Dworkin herself, who died in 2005 and wrote such 

brilliant, cutting prose, was often among them -- and 

the impulse is always tempting. Words and images do 

wound. Wounds untended do fester. But aside from 

simply turning away, the only antidote the 

Constitution allows is arguing back -- in short, more 

speech. In much of the world, governments have taken 

on the responsibility of protecting their people from 

unpleasant images. In the U.S., we have gone a 

different way, choosing a more genuine freedom of 

speech. But speech is only free if we protect it when 

we hate it. (Stephen L. Carter is a Bloomberg View 

columnist and a professor of law at Yale University. He 

is the author of “The Violence of Peace: America’s 

Wars in the Age of Obama,” and his most recent novel 

is “The Impeachment of Abraham Lincoln.” The 

opinions expressed are his own.) Read more opinion 

online from Bloomberg View. Subscribe to receive a 

daily e-mail highlighting new View columns, editorials 

and op-ed articles. Today’s highlights: the editors on 

the challenges facing Japan’s leaders and on why 

poverty and inequality aren’t as bad as you think; 

William Pesek on Japan’s slow tsunami recovery; 

Jonathan Weil on banks inflating their capital; Matt 

Miller on the school strike the U.S. really needs; Mel 

and Patricia Ziegler on selling Banana Republic to The 

Gap. To contact the writer of this article: Stephen L. 

Carter at stephen.carter@yale.edu or @StepCarter on 

Twitter. To contact the editor responsible for this 

article: Michael Newman 

atmnewman43@bloomberg.net. 

80



Ukraine Auditing 10,000 Buttons 

Torments Opposition Businesses 

Yaroslav Rushchyshyn likes to call the antique clothing 

irons displayed at his Ukrainian factory the “backup 

line,” for when authorities punish him for criticizing 

government policies by shutting down the power. He’s 

only half joking. Rushchyshyn’s Lviv-based Jsc 

Trottola, which makes women’s garments for such 

retailers as Inditex SA (ITX)’s Zara chain, has endured 

what he says are spot tax audits and truck inspections. 

It’s an example of state pressure that “kills off 

investment” to the former Soviet republic, delays 

production and erodes profits, he said. “Nobody trusts 

that it is possible to make money in Ukraine in a fair 

way,” said Rushchyshyn, who backs the political 

opposition. “Nobody has faith that tomorrow the 

authorities won’t take their hard-earned money from 

them.” More than two years after President Viktor 

Yanukovych’s election quelled the Orange 

Revolution’s promise to end political corruption in 

Ukraine, more than a dozen company owners say they 

worry the nation may be returning to the era of Leonid 

Kuchma. President from 1994 to 2005, Kuchma was 

isolated by the European Union and the U.S. for selling 

assets to cronies and thwarting efforts to develop a 

free market. Executives affiliated with the opposition 

say the harassment is particularly targeted at them. 

The shift to a more authoritarian rule gained western 

attention after opposition leader Yulia Tymoshenko 

was convicted in October 2011 of abuse of power and 

sentenced to seven years in prison. Banned T-Shirts 

Steelmaker PJSC Stalkanat-Silur’s Odessa plant was 

temporarily seized in January by authorities, halting 

production, the company announced at the time. 

Stalkanat-Silur’s owner, Vladimir Nemirovskiy, is a 

campaign contributor to Arseniy Yatsenyuk, the 

co-leader of Tymoshenko’s Batkivshchyna party. In 

Kharkiv in the east, Arsen Avakov, a former governor 

who supports the region’s opposition, said last month 

his bank was forcibly liquidated. He is seeking an 

arbitration court ruling on the closure. 

Prostoprint.com’s owner, Denis Oleinikov, moved to 

Croatia after policemen trashed his Kiev office for 

printing a T-shirt mocking Yanukovych, he said in a 

June interview. And the Ukrainian unit of White Plains, 

New York-based Bunge Ltd. (BG), was accused of tax 

embezzlement, according to the company. It denies 

the charges. The economy is paying the price for 

Yanukovych’s policies. The EU froze a key trade 

agreement after Tymoshenko’s jailing, foreign 

investment is slowing and the stock index turned in 

eastern Europe’s worst performance this year. The 

hryvnia, the currency, is down 7.1 percent against the 

euro since July 23, compared with a 1.5 percent drop 

in the Hungarian forint and the Polish zloty’s 1 percent 

decline. Overhauled Taxes The declines came even 

after Parliament passed tax-code changes that for the 

first time united and organized all related tax laws, 

lowered the corporate tax burden and streamlined 

customs payments. It wasn’t enough, said Anna 

Derevyanko, executive director of the European 

Business Association in Kiev, adding that the 

association supports the customs-code overhaul. “If 

you ask businessmen whether those changes help 

them in their work, only a few would say yes,” she said 

in Yalta, Ukraine, at the Sept. 14-15 Yalta European 

Strategy Conference. “The majority of the population 

should feel improvement from changes, not a small 

group of privileged people.” Ukraine slipped this year 

in the World Bank’s Ease of Doing Business survey to 

152nd place among 183 nations, the lowest in Europe 

and below Burkina Faso and Liberia. The European 

business association rates Ukraine’s investment 

climate 2.19 out of 5, saying “the overall picture 

remains mostly unfavorable.” ‘Fast Modernization’ 

Yanukovych, speaking at the conference in Yalta, said 

the key to protecting the former communist country 

from the effects of Europe’s economic crisis is “fast 

modernization.” He called for more investments to help 

bolster the economy. “We want to become an 

attractive country for investments and an easy place to 

start a business,” Yanukovych told the conference 

attendees. “We want to have sustainable economic 

growth, helped by business and investments.” Darka 

Chepak, Yanukovych’s spokeswoman, didn’t respond 

to text messages and emails over three days seeking 

comment about Ukraine’s treatment of businesses. 

The political developments in Ukraine come as 

Russian President Vladimir Putin stamps down on 

public dissent with legal action and jail sentences, 

including the incarceration of three members of the 

female opposition punk band Pussy Riot. “Ukraine is 

making a step back to the Soviet past, not even back 

to the wild 1990s,” said Olga Shumylo-Tapiola, a 

visiting scholar at Carnegie Europe in Brussels. “It’s 

moving toward a self-contained system, where a small 

group enjoys life and the rest of people are a grey 

mass.” Stalled Accord The EU in December last year 

indefinitely stalled negotiations toward an association 

accord, a first step toward integration and 

membership. While European Commission President 

Jose Barroso told the Yalta conference via a televised 

81

link that the EU wants to be “closer and closer,” he 

also said Tymoshenko deserved “a free and 

transparent trial.” The blonde-braided Tymoshenko 

served as prime minister under former President Viktor 

Yushchenko, who was elected in a revote in 2004 after 

Yanukovych’s electoral victory was thrown out by the 

Supreme Court. Five years later, with the world 

sinking into recession and Tymoshenko and 

Yushchenko split politically, Yanukovych won the 

presidency. A parliamentary vote is scheduled for 

October. “The world is watching the Tymoshenko case 

with the elections in a few months,” Condoleezza Rice, 

national security adviser to former President George 

W. Bush, told the Yalta conference. “I would hope 

Ukraine’s leaders will recognize that democracy 

requires listening to citizens. Any democracy that 

doesn’t have opposition is not a democracy.” Poorest 

Country The economy has grown every quarter since 

2009, with gross domestic product expanding 3 

percent in the second quarter, faster than neighboring 

Poland’s 2.4 percent. Other former communist 

countries, including Slovenia and the Czech Republic, 

were in recession. Even so, Ukraine is the 

third-poorest country in the region after Moldova and 

Albania. Its growth stems from exports of goods such 

as steel and grain and isn’t a reflection of stable 

economic fundamentals, said Alexander Valchyshen, 

head of research at investment bank Investment 

Capital Ukraine in Kiev. GDP per capita in Ukraine will 

total $1,976 this year, according to the International 

Monetary Fund. Bulgaria, the poorest country in the 

EU, will probably end 2012 with GDP per capita of 

$4,794. Poland will have GDP per capita of $10,967 

for 2012 and Russia, Ukraine’s former Soviet partner, 

will see GDP per capita increase to $9,674, according 

to the IMF. Soccer Spending Since the start of 2010, 

when Yanukovych took office, foreign direct 

investment has totaled $12.4 billion, some of it 

stimulated by the Euro 2012 soccer tournament, an 

event clinched by his predecessor. In the first 2 1/2 

years under Yushchenko’s rule, which started at the 

beginning of 2005, foreign direct investment totaled 

$17 billion, according the country’s statistics 



committee. “The perception is that institutions are 

weak, the legal system is weak, corruption is high,” 

Valchyshen said an interview at his Kiev office, “The 

global investment community in key global financial 

centers, like London, Frankfurt, New York, sees 

Ukraine’s economy as off their radar screens.” The 

Ukrainian Equities Index (UX) is down 28 percent 

since the beginning of the year, compared with an 11 

percent gain in Poland’s benchmark WIG20 Index. 

(WIG20) It was Europe’s second-worst performance 

after Cyprus. Sale Wishes “I hold some Ukrainian 

shares but only very little, and I would like to sell if the 

market improves slightly because of political 

uncertainty,” said Margarete Strasser, who helps 

manage 500 million euros ($650 million) at Pioneer 

Investments Austria in Vienna. “I don’t see any 

restructuring and I don’t see any improvement in the 

system itself.” Traders at brokerages and local 

investment banks including Troika Dialog and Dragon 

Capital staged a one-hour halt in trading on the Kiev 

Stock Exchange yesterday to protest a law passed by 

Yanukovych’s allies in Parliament. It would create a 

new a monopoly on such services as clearing and 

payment transactions, said Oleg Tkachenko, chief 

executive officer at Ukraine’s benchmark exchange. It 

“will be an additional push that would force Ukrainian 

issuers and investors to escape,” he said in an e-mail. 

Trottola’s Rushchyshyn first felt state pressure in the 

early 2000s, when he sided with the Orange 

Revolution against Kuchma, who had picked 

Yanukovych to succeed him. Rushchyshyn’s activities 

included a donation of 1.5 million hryvnia ($184,450) to 

Orange Revolution activists and the publication of an 

opposition newspaper. He was rewarded by a team of 

tax auditors who sat at his office for weeks going over 

books. Some counted tens of thousands of buttons on 

inventory, he said. He’s laid off half his 2,000 

workforce since 2008. “We have a big problem 

because people working for the state have this Soviet 

mentality,” Rushchyshyn said. “We as a country don’t 

have respect for the businessman.We don’t respect 

people who work.” 

82

Business Insurance/ - Notícias, Sex, 21 de Setembro de 2012 


Alaskan native village"s appeal in global 

warming case rejected 

A federal appeals court has rejected an Alaskan native 

village"s appeal of a U.S. district court"s dismissal of 

its lawsuit against a group of oil, energy and utility 

companies. 

The initial suit claimed the energy producers" 

greenhouse gas emissions caused global warming, 

prompting erosion of the land on which their coastal 

village sits and threatening the village"s survival.Ruling 

in the case of Village of Kivalina et al. vs. ExxonMobil 

Corp. et al., the 9th U.S. Circuit Court of Appeals in 

San Francisco ruled Friday that the U.S. Supreme 

Court has held that federal common law addressing 

domestic greenhouse gas emissions has been 

displaced by congressional action through the Clean 

Air Act and the act"s authorization of the 

Environmental Protection Agency, displacing the 

Alaskan villagers" claims.“That determination displaces 

federal common law public nuisance actions seeking 

damages, as well as those actions seeking injunctive 

relief,” the court said in its opinion. 

The Native Village of Kivalina and the City of Kivalina 

filed their suit in U.S. District Court for the Northern 

District of California in 2008. The city, which sits at the 

tip of a barrier reef on the Alaska coast, has been 

threatened by erosion resulting from wave action and 

sea storms.With sea ice forming later in the year, 

breaking up earlier and being thinner in recent years, it 

has provided less protection of the coast from storms, 

according to the suit. 

Kivalina blamed the destruction of their land on global 

warming, charging that the energy producers were 

responsible for the damages they were experiencing. 

The district court dismissed the claim in 2009, and the 

villagers appealed.“Our conclusion obviously does not 

aid Kivalina, which itself is being displaced by the 

rising sea,” the appeals court said in its ruling. “But the 

solution to Kivalina"s dire circumstance must rest in 

the hands of the legislative and executive branches of 

our government, not the federal common law.”The 

Kivalina case prompted a ruling earlier this year in 

which the Virginia Supreme Court upheld its earlier 

ruling that Steadfast Insurance Co. has no obligation to 

defend or indemnify Arlington, Va.-based AES Corp., 

one of the defendants in the Kivalina suit.Many 

consider AES vs. Steadfast to be the first insurance 

coverage case involving climate change litigation. 

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Business Line/ - Notícias, Sex, 21 de Setembro de 2012 


Karnataka files petition seeking review of 

CRA decision 

Karnataka has filed a petition before the Cauvery River 

Authority seeking review of its September 19 ruling in 

which the State was asked to release 9,000 cusecs of 

water to Tamil Nadu. 

Invoking powers conferred under Section 6 of the 

Inter-State River Disputes Act, Karnataka pleaded with 

Prime Minister Manmohan Singh, who is also the 

Chairman of Cauvery River Authority (CRA) to keep 

the CRA decision in “abeyance” till the time it was 

reviewed and set aside. 

“We filed the review petition last night itself. The 

petition was also submitted in person to PMO today,” 

Chief Minister Jagadish Shettar said after chairing a 

meeting of floor leaders of both Houses of the 

Legislature. 

He said the State has also requested the Prime 

Minister to depute an expert team to assess ground 

realities in the State, which is facing one of the worst 

droughts in 40 years. 

“We have decided to continue the legal battle on this 

issue. We are consulting senior advocates”, he said. 

Shettar said despite being explained the severe gravity 

of drought conditions, including in 49 taluks in the 

Cauvery basin and requirement of water for standing 

crops and drinking water, the Prime Minister directed 

Karnataka to release water. 

“With due respect to the chair and also to protect the 

interest of people of the state, we had to stage a 

walkout of the meeting,” Shettar said, defending 

Karnataka’s action. 

The CRA meeting had ended in failure as both 

Karnataka and Tamil Nadu rejected Singh’s award of 

9,000 cusecs to save standing crops in the delta 

region. 

Shettar had walked out of the meeting, saying the 

state was not ready to give “even a drop of water” to 

Tamil Nadu, while his counterpart Jayalalithaa had 

called the meeting a “totally disappointed” affair and 

said the State would move the Supreme Court over 

the issue. 

At today’s meeting, Opposition Congress leader 

Siddaramaiah said Karnataka was facing shortage of 

water as it has only 76 tmcft against the requirement of 

155 tmcft. 

30 tmcft is required to meet drinking water 

requirements and there is an urgent need to protect 

standing crops, including perennial crops like paddy 

and sugarcane, he said. 

Tamil Nadu does not require water for irrigation at this 

Stage and has stored 47 tmcft till yesterday in Mettur 

reservoir, Siddaramaiah claimed. 

While the South-West monsoon has ended in 

Karnataka, the North-East monsoon commences in 

Tamil Nadu next month and is expected to continue till 

January, he said. 

Deputy Chief Ministers K.S. Eswarappa, R. Ashoka, 

Water Resources Minister Basavaraj Bommai, leader 

of Congress in the Upper House S.R. Patil, JDS leader 

H.D. Revanna, T.B. Jayachandra (Cong) and several 

others also attended the meeting. 

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Clarín/ - Notícias, Sex, 21 de Setembro de 2012 


La UCR sale a la calle contra la re-re 

A diferencia del Comité Nacional del partido, que 

amagó con una fuerte campaña y se conformó apenas 

con enviar una carta al resto de los partidos de la 

oposición, el radicalismo de la provincia de Buenos 

Aires lanzó formalmente ayer una batería de 

actividades destinadas a enfrentar el proyecto de rereelección 

de Cristina Kirchner. Lo hizo a través de 

sus principales dirigentes del distrito, los diputados 

Ricardo Alfonsín y Miguel Bazze, quienes se 

presentaron junto con los especialistas en derecho 

constitucional Félix Loñ y Enrique Paixao y el 

historiador Luis Alberto Romero. Prometen recorrer 

juntodiferentes comités y colegios profesionales, 

repartir documentos con los argumentos 

anti-releccionistas y recolectar firmas." No va a haber 

reforma y este va a ser el último mandato de Cristina , 

no hay dudas, pero tenemos que trabajar en toda la 

provincia para que nuestra posición sea mayoritaria”, 

dijo Alfonsín en la sede partidaria de Paseo Colón. “Es 

una reforma pensada exclusivamente para garantizar 

la re-reelección. Pero no se puede manipularla 

Constitución en función de los intereses del partido 

de gobierno”, apuntó Bazze, quien preside el Comité 

Provincia. Juan Manuel Casella, secretario general del 

Comité Nacional,apuntó que “la sociedad está 

perfectamente conciente de que detrás de la reforma 

se esconde la reelección indefinida”. En seguida 

Alfonsín consideró que “si ellos creen que en 2013 se 

benefician, van a plantear que con la elección pueden 

poner en marcha la reelección de Cristina. Si creen 

que no los beneficia no lo van a decir pero lo van a 

intentar hacer si luego le dan los votos”.Con esta 

movida el radicalismo bonaerense busca disputarle el 

espacio público a otras fuerzas opositoras que ya 

lanzaron campañas contra la re-re, como el FAP de 

Hermes Binner y el GAPU, corriente cercana al 

macrismo. Sin perder de vista posibles acuerdos para 

las legislativas.del año próximo. “Ricardo esel que 

mejor mide y seguramente va a querer encabezar la 

lista”, dijeron cerca de Alfonsín.El alfonsinismo 

pretende hacer una alianza con el FAP. En ese caso, 

podría volver a darse una convivencia en la lista con 

Margarita Stolbizer, referente de esa alianza en el 

distrito. “Claro que ahora encabezaría Ricardo y no 

como en 2009, que fue al revés”, anticipan. La UCR 

nacional realizará un foro partidarioel 26 de octubre 

para anlizar cómo oponerse a la re-re. “Vamos a 

analizar el rumbo que ha tomado el país y 

presentaremos una serie de propuestas”, dicen. 

85

Correo Peru/ - Notícias, Sex, 21 de Setembro de 2012 


Pedraza: Gobierno no permitirá ningún 

espacio a ideologías terroristas 

El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, ratificó hoy 

que el Gobierno no permitirá ningún espacio a la 

ideología terrorista y por ello la Policía ya se encuentra 

alerta ante esta amenaza. 

Explicó que se vienen realizando las investigaciones 

del caso para determinar si en las últimas protestas 

violentas de un sector de maestros en huelga, 

participaron dirigentes con vinculaciones a 

movimientos defensores de la ideología de Sendero 

Luminoso, como el Movadef. 

Pidió la cooperación del Ministerio Público y del Poder 

Judicial para realizar las investigaciones 

correspondientes y denunciar penalmente a los 

responsables de actos vandálicos contra la propiedad 

pública y privada. 

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Minedu: Poder Judicial declara ilegal 

huelga del Sutep 

El Poder Judicial declaró improcedente la "acción de 

amparo"interpuesta por el secretario general del 

Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación 

del Perú (Sutep), René Ramírez, lo que implica que no 

tienen ningún fundamento jurídico válido para 

continuar en su huelga indefinida. 

Este fallo ratifica la Resolución del Ministerio de 

Educación que declara ilegal la medida de fuerza del 

Sutep, dijo hoy el Procurador encargado de los 

asuntos judiciales del citado portafolio, José Antonio 

Sánchez Romero. 

Señaló que ante esta decisión de las autoridades 

judiciales, los profesores del Sutep deben regresar a 

las aulas de forma inmediata, y que en caso contrario 

las Direcciones Regionales de Educación de todo el 

país deben proceder inmediatamente a los descuentos 

respectivos. 

Sánchez Romero agregó que si el Sutep continúa con 

la huelga indefinida, se debe iniciar los procedimientos 

administrativos que se estipulan para el caso de 

abandono de trabajo, los mismos que consideró, 

terminan con la destitución de los profesores 

huelguistas. 

Respecto a los actos de violencia contra la sede del 

Ministerio de Educación de San Borja, el Procurador 

señaló que la titular de la 53 Fiscalía Penal de Lima 

ordenó a Seguridad del Estado abrir la investigación 

correspondiente que determine a los responsables de 

manera efectiva. 

Seguridad del Estado tiene un plazo de 30 días para 

cumplir lo ordenado por el Ministerio Público, dijo 

Sánchez Romero, durante una conferencia de prensa 

ofrecida en su despacho. 

Aseguró que la denuncia involucra al profesor Zenón 

Pantoja Fernández y a todos los integrantes de la 

directiva de su agrupación no reconocida "Comité 

Nacional de Sutep". 

Aclaró que los autores que organizaron la marcha ya 

están plenamente identificados. La identificación de 

los que han lanzado las piedras las investigaciones lo 

determinará, concluyó tras asegurar que hay fotos y 

vídeos de los hechos. 

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CLIPPING INTERNACIONAL (Recurso de Inconstitucionalidad) 

Justicia paraguaya paraguaya rechaza 

reclamo de Lugo por su destitución 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia de Paraguay rechazó este jueves un recurso 

de inconstitucionalidad planteado por el ex presidente 

paraguayo Fernando Lugo, que exige la anulación del 

juicio político que afrontó "por mal desempeño en sus 

funciones" y que derivó en su destitución el 22 de junio 

pasado. 

La Sala Constitucional ya había desestimado el 25 de 

junio pasado un primer recurso del ex mandatario, 

presentado contra el reglamento del Legislativo que 

fijó los horarios de las sesiones del juicio político, 

concluido en un solo día, argumentando que no se le 

dio el tiempo para articular su defensa y calificándolo 

como un "golpe de Estado parlamentario", mientras 

que la acción de inconstitucionalidad rechazada el 

jueves iba en contra del veredicto mismo del 

Legislativo. 

La nueva disposición, que fue adoptada luego de que 

el Senado y la Fiscalía recomendaran al Supremo el 

rechazo del recurso promovido por Lugo el 4 de julio 

pasado, fue firmada por los magistrados Víctor Núñez, 

Antonio Fretes y Gladys Bareiro. Para el tribunal, "el 

juicio político es un procedimiento contemplado en la 

Constitución", por lo que lo consideró válido aunque 

recomendó la reglamentación del artículo relacionado 

con el tiempo de duración de la defensa en un juicio 

político. 

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Diário de Notícias Lisboa/ - Notícias, Sex, 21 de Setembro de 2012 


Jurista Pedro Machete completa 

constituição do TC 

Os juízes do Tribunal Constitucional escolheram o 

jurista Pedro Machete para substituir o conselheiro Rui 

Moura Ramos, segundo foi hoje publicado no Diário 

da República. 

De acordo com a Lei de Organização do Tribunal 

Constitucional, o novo juiz do Palácio Ratton tomará 

posse perante o Presidente da República no prazo de 

10 dias a contar da data da publicação da cooptação 

em Diário da República. 

Pedro Machete é professor da Faculdade de Direito da 

Universidade Católica Portuguesa, pela qual se 

licenciou em 1989, obtendo os graus de mestre em 

1994 e de doutor em 2007. 

De acordo com o currículo disponível no "site" daquela 

faculdade, a atividade de Pedro Machete centra-se na 

área do direito público, "em especial no direito e 

processo administrativos, com destaque para as áreas 

do direito administrativo económico (energia, 

regulação e concorrência)". 

Pedro Machete substituirá Rui Moura Ramos, que 

havia terminado o mandato em abril passado. Com a 

posse de Pedro Machete fica completa a nova 

composição do TC, que integra 13 juízes. 

Depois da posse de Pedro Machete como juiz do 

Tribunal Constitucional os juízes reunir-se-ão para 

eleger o novo juiz-presidente, cargo até agora 

ocupado por Rui Moura Ramos. 

89

Diario La Prensa/ - Notícias, Sex, 21 de Setembro de 2012 


El presidente de la Corte bonaerense 

ordenó investigar al juez del caso Candela 

La Plata - El presidente de la Suprema Corte de 

Justicia bonaerense, Eduardo De Lázzari, dispuso 

hoy que se investigue la actuación del titular del juez 

de Garantías de Morón Alfredo Meade en la causa por 

el crimen de Candela Sol Rodríguez, ocurrido en 

agosto de 2011 en Hurlingham. 

Pero además hizo pública su intención de impulsar 

denuncias penales ante la posibilidad de que se hayan 

cometido delitos que surgen de la lectura del informe 

dictado la semana pasada por la comisión legislativa 

que impulsó el vicegobernador Gabriel Mariotto. 

En ese informe los senadores recomendaron al 

gobernador Daniel Scioli apartar al comisario Hugo 

Matzkin de la jefatura de la Policía Bonaerense y a 

una treintena de agentes, mientras que denunciaron 

"la falta de conducción" de las fuerzas por parte del 

Ministerio de Seguridad, en manos de Ricardo Casal. 

Horas después, el gobernador se mostró junto a 

Matzkin en un operativo por drogas, y en las últimas 

horas no quiso opinar del informe y se limitó a decir 

que su administración aceptaba los "aportes 

constructivos". 

Candela Sol Rodríguez, de 11 años, desapareció el 22 

de agosto de 2011 en la localidad de Villa Tesei y fue 

hallada asesinada nueve días después, en un baldío a 

la vera de la Autopista del Oeste, en Hurlingham. 

Por su crimen fueron presas varias personas 

sospechadas de haber llevado adelante una 

"venganza no tradicional" contra el padre de la nena, 

preso por una causa de piratería del asfalto. 

Pero la Cámara de Apelaciones de Morón resolvió 

anular los procesamientos en base a graves falencias 

observadas durante la investigación y ordenó el 

apartamiento del juez de Garantías Meade. 

El miércoles pasado, los diputados Cristina Fioramonti 

y Jorge Ruesga (FPV-PJ) le entregaron al presidente 

de la Suprema Corte los resultados del informe sobre 

la investigación en el crimen de Candela. 

Ahora el presidente de la Corte bonaerense promovió 

sanciones para el juez que llevó adelante la 

instrucción, con vistas a su eventual destitución. 

A través de un comunicado, el juez De Lázzari 

expresó además "a título personal" que el informe de 

la Comisión "aborda profundamente las circunstancias 

del caso y enuncia aspectos de inusitada gravedad, 

los que de ser confirmados en las instancias 

correspondientes depararán trascendentes 

consecuencias". 

De Lázzari precisó que el dictamen, al que accedieron 

sus colegas fue enviado "a la Subsecretaría de Control 

Disciplinario, Area Control de Magistrados, de esta 

Suprema Corte, a los efectos de evaluar la actuación 

del Dr. Alfredo Humberto Meade, Juez de Garantías 

de Morón, en el marco de superintendencia y en el 

ámbito de lo normado por la Ley 13.661 de 

Enjuiciamiento de Magistrados". 

El presidente de la Corte agregó que requirió "al titular 

de la Comisión, informe si ante la noticia de la 

probable comisión de hechos eventualmente ilícitos -al 

margen de la causa Candela en sí-, se han efectuado 

las denuncias pertinentes para en su defecto 

formalizarlas por mi parte". 

Es que en el informe se mencionó, por ejemplo, una 

"deficiente intervención de la Auditoría de Asuntos 

Internos -a cargo de la cartera provincial- para 

investigar a policías públicamente sospechados de 

estar vinculados al narcotráfico". 

La "comisión Mariotto" también pidió avanzar con el 

juicio político contra el Fiscal General de Morón, 

Federico Nieva Woodgate, que actualmente lleva 

adelante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados 

de la provincia, y solicitó el jury para los fiscales de la 

UFI 6 de Morón, Marcelo Tavolaro y Leonardo Lisa, 

ambos también separados del expediente Candela. 

90

Diario La Prensa/ - Notícias, Sex, 21 de Setembro de 2012 


Habilitaron como partido político 

bonaerense al Movimiento Kolina de 

Alicia Kirchner 

La Plata - La Justicia Electoral bonaerense reconoció 

hoy como partido político al movimiento kirchnerista 

Kolina, cuya máxima referente es la ministra de 

Desarrollo Social, Alicia Kirchner.La nueva formación 

política, por lo tanto, podrá postular candidatos a 

cargos municipales y provinciales en las próximas 

elecciones parlamentarias de 2013. 

La habilitación de Kolina y el reconocimiento jurídico 

político y de derecho privado fue publicada hoy en el 

Boletín Oficial de la provincia, donde también se 

plasmó la carta orgánica del partido, que tendrá como 

apoderados a Jorge Tomás Segovia y Gastón 

Castagneto Herrán. 

La carta orgánica de Kolina asegura que "el Gobierno 

del partido será ejercido por un congreso distrital, un 

consejo de distrito, consejos departamentales y 

consejos de circuito" y que "los miembros durarán dos 

años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser 

reelectos una sola vez".Finalmente, la resolución 

firmada por la Junta Electoral, que preside el titular de 

la Suprema Corte bonaerense, Eduardo De Lázzari, 

señala que el domicilio partidario de Kolina estará 

ubicado en la Calle 4 nº 2.049 y el legal en Avenida 13 

Nº 1.860 entre 70 y 71, ambos de la ciudad de La 

Plata.La autorización de Kolina como partido se da en 

medio de los rumores que ubican a Alicia Kirchner 

como posible candidata en la provincia de Buenos 

Aires, tanto para las elecciones legislativas de 2013 

como para las presidenciales de 2015, para competir 

por la gobernación. 

91

Diario Libre/ - Notícias, Sex, 21 de Setembro de 2012 


Advierte de complejidad de crimen 

organizado 12:00 AM 

santo domingo. El juez de la Suprema Corte de 

Justicia (SCJ), Alejandro Moscoso Segarra, advirtió 

que el crimen organizado es cada día más complejo 

por los factores que lo envuelven, por lo que ha sido 

necesario que también los mecanismos de represión y 

prevención hayan de perfeccionarse, tanto a nivel 

nacional como internacional. El magistrado afirmó que 

el país cuenta la normativa nacional e internacional 

idónea para dar respuesta al fenómeno de la 

criminalidad organizada. 

Sin embargo, sostuvo que hay que reconocer que el 

crimen organizado es de difícil persecución. Precisa 

que hace falta conocimiento especializado de las 

formas de actuación, organización, ocultación y 

aprovechamiento de los beneficios obtenidos por 

estos grupos criminales. 

También disponer de expertos en economía, 

contabilidad, finanzas, que constituyen las técnicas del 

modo de actuación de los imputados. 

Considera que hace falta conocer el entorno 

sociológico que los arropa, más allá de la complicidad 

punible, en ocasiones con respaldos sociales y 

económicos, con sus baluartes jurídicos, y a veces 

mediáticos y políticos, que dificultan la concreción de 

los hechos, su valoración y su persecución penal 

sobre el crimen organizado. 

Moscoso Segarra estima que es incuestionable que el 

crimen organizado, en sus diversas manifestaciones, 

afecta, entre otros intereses o bienes jurídicos, la vida 

de miles de seres humanos. "Pero debido a que 

conserva escrupulosamente su invisibilidad, muchos 

no estamos conscientes de cuánto nos daña o 

siquiera que nos afecte". 

Consideró que la delincuencia organizada se ha 

convertido en los últimos tiempos en uno de los 

problemas más graves por los que atraviesa la 

comunidad mundial. Asimismo, que dado su carácter 

transnacional, ha sido identificada en diversos foros 

como todo un sistema económico clandestino con 

ingreso que sobrepasan el producto interno bruto de 

algunas naciones. 

Conferencia magistralEl juez Alejandro Moscoso 

Segarra dictó la conferencia "Respuesta Jurídica de la 

República Dominicana al crimen organizado", en la 

Universidad Católica de Santo Domingo, como parte 

de un ciclo de conferencias organizado por el decano 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 

Román Jáquez Liranzo. A la actividad asistieron 

diversas personalidades. 

92



Herramienta de Trabajo vs. Beneficio de 

Asignación Personal 12:00 AM 

Hace un tiempo publicamos una serie de entregas 

donde establecíamos las diferencias principales entre 

las herramientas de trabajo, que son aquellos 

materiales provistos por los empleadores a sus 

trabajadores para el desempeño adecuado de las 

funciones a su cargo y; en sentido contrario, el 

beneficio de asignación personal, el cual, como su 

nombre lo indica, es cualquier beneficio otorgado por 

el empleador al trabajador -en adición a las 

retribuciones en dinero- mediante bienes o servicios 

para uso en actividades del trabajo y que, al mismo 

tiempo, son utilizables para satisfacción personal del 

trabajador. 

En dicha publicación hicimos referencia a las 

principales obligaciones de los trabajadores respecto 

al uso de las herramientas entregadas por el 

empleador y las sanciones contempladas por el 

Código de Trabajo en caso de violación; así mismo 

analizamos las restricciones a los empleadores en 

ocasión de facilitar dichas herramientas a sus 

trabajadores -particularmente, la prohibición de exigir 

pago alguno-; por último, concluimos que debido a que 

la herramienta de trabajo no aporta satisfacción 

personal al trabajador no se encuentra sujeta al pago 

del Impuesto sobre Retribución Complementaria ya 

que dicha satisfacción personal es un elemento clave 

requerido por el Código Tributario para que se 

considere gravable. 

Por su parte, en aquella ocasión mencionamos que 

entre los ejemplos típicos de beneficios de asignación 

personal se encontraban los vehículos -y cobertura 

por parte de la empresa de los gastos de 

mantenimiento-, celulares y/o cualquier equipo 

electrónico, vivienda, entre otros. Según indicamos, si 

bien, en principio, ese tipo de herramientas se otorga 

al trabajador para el desempeño de sus funciones en 

aquellos casos que tales bienes puedan ser utilizados 

libremente por el trabajador, incluso después de 

concluida la jornada laboral y/o la prestación de los 

servicios, se convertían en un "beneficio de asignación 

personal" y, por tanto, podían ser considerados parte 

del salario, conforme las disposiciones de la parte in 

fine del Artículo 192 de dicho Código; así mismo 

indicamos que, en ese caso, se reunían los elementos 

para que estuviera sujeto al pago del Impuesto sobre 

Retribución Complementaria. 

Sin embargo, en sentencia de marzo del presente año, 

nuestra Suprema Corte de Justicia ha juzgado que 

"...los gastos de representación, combustibles, 

celulares y teléfonos residenciales, son herramientas 

de carácter extraordinario que el empleador pone a 

cargo del trabajador para que pueda cumplir con su 

labor ante las exigencias y naturaleza de la función 

que desempeña" por lo que "...tienen un carácter 

extraordinario..." y no pueden incluirse en el cálculo 

del salario ordinario; ratificando dicho criterio en 

sentencia del pasado mes de Junio cuando expresa 

"...gastos por gasolina son de naturaleza similar a las 

herramientas que el empleador entrega a su operario 

para que pueda cumplir su labor...". 

Envíe sus preguntas a: 

www.phlaw.com Pellerano & Herrera 

93



UNICEF rechaza modificación que hizo 

Cámara Diputados a Código del Menor 

12:00 AM 

SD. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) rechazó las modificaciones al Código del 

Menor, aprobadas el pasado miércoles por la Cámara 

de Diputados. 

Así lo hizo saber la representante de ese organismo 

en la República Dominicana, la española María Jesús 

Conde, quien adelantó que en ningún momento el 

organismo bicameral los consultó, ni tampoco ha 

requerido su opinión sobre la reforma a la ley 136-03 

del Código de la Niñez. "Conocimos la decisión de la 

Cámara de Diputados a través de los medios de 

comunicación", dijo. 

La funcionaria de Unicef dijo que se oponen a la 

reforma aprobada "porque entendemos que 

compromete el proceso de protección de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes promovido en la 

República Dominicana y salvaguarda de la jerarquía 

constitucional reconocida en los tratados 

internacionales vigentes en el país. 

Según María Jesús Conde, los diputados no tienen 

"que saber de todo y por eso pedimos un espacio para 

explicarle a los diputados la situación". 

En ese sentido, dijo que solicitará una audiencia 

pública a la propia Cámara de Diputados, a la 

Procuraduría General, la Suprema Corte de Justicia 

y al Consejo Nacional de la Niñez. 

"El aumento de la pena no resuelve en nada los 

problemas de la inseguridad ciudadana. No son los 

menores de edad los responsables de la mayoría de 

los actos criminales que suceden en el país", dijo. 

94

El País/ - Notícias, Sex, 21 de Setembro de 2012 


La falta de medios paraliza “miles de 

millones” en los juzgados 

El decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, 

denunció este viernes que hay “miles de millones de 

euros paralizados” en procesos judiciales debido a la 

“patente falta de voluntad política” en modernizar y 

agilizar la justicia, un desinterés que también afecta a 

los casos de corrupción. Dinero, agregó, que podría 

contribuir a la “reactivación” de la economía 

autonómica.Viguer enfatizó que la situación de “caos” 

y “control político” que vive la justicia está llevando a 

que los magistrados se hayan planteado convocar una 

huelga, decisión que calificó de “último recurso”.Los 

jueces valencianos se han sumado así a la denuncia 

colectiva que “por primera vez en la historia” han 

promulgado de forma conjunta “todas las asociaciones 

judiciales y fiscales” de España para expresar su 

“malestar” ante la falta de “voluntad” del Gobierno para 

emprender una “verdadera modernización” de la 

justicia.Entre sus reivindicaciones, figura un manifiesto 

elaborado por los jueces decanos que pide medidas 

de apoyo a los juzgados sobrecargados y también a 

los que llevan asuntos de “especial trascendencia 

social”. En este último apartado se encuentran los 

“casos de corrupción”, algunos de los cuales requieren 

“una dedicación exclusiva e intensiva” del juez, y que 

no se están tramitando “con la agilidad” que los 

magistrados desearían, agregó.Las demoras en la 

resolución de deudas, en algunos casos durante 

meses, acaban “arruinando empresas” y 

transformando los procesos en concursos de 

acreedores. En el caso de las demandas de despido, 

que deberían quedar resueltas “como mucho en dos 

meses”, se están retrasando “hasta siete meses”, 

agravando las “tragedias” que personifican cada 

proceso.En Alicante, el decano de los jueces, Juan 

Carlos Cerón, destacó que la falta de medios ha 

sobrecargado los juzgados de la provincia “de tal 

manera que algunos soportan un volumen de trabajo 

tres veces superior al previsto”. Los juzgados de 

primera instancia superan los 3.000 asuntos anuales, 

cuando deberían llevar un máximo de 1.200.Y en 

Castellón, el colectivo de jueces acordó pedir que el 

Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) defienda 

los intereses de la carrera judicial y la retirada de las 

reformas legales planteadas, al considerar que 

suponen un “recorte de derechos estatutarios” y que 

tienen por objeto el “control” del poder judicial. 

95



Canarias interpone un recurso de 

inconstitucionalidad contra los PGE de 

2012 

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a 

la reunión del Consejo de Gobierno canario su 

portavoz, Martín Marrero, quien ha explicado que los 

incumplimientos del sistema de financiación 

autonómica hacen referencia a la ausencia de 

dotación del Fondo de Compensación en la medida 

legalmente exigible por la variable de región 

ultraperiférica.A ello se añade la inclusión de una 

compensación al Estado por la supresión del Impuesto 

General sobre el Tráfico de las Empresas (IGTE) en 

Canarias.Marrero ha subrayado que la Ley Orgánica 

de Financiación de las Comunidades Autónomas 

(Lofca) determina que el Fondo de Compensación se 

ha de dotar con un 4,02 % adicional por la variable de 

región ultraperiférica, concepto que también recoge el 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que 

ha sido trasladado al derecho interno.Por otra parte, el 

Gobierno canario considera que la compensación por 

la supresión del IGTE carece de cobertura legal desde 

la implantación del nuevo sistema de financiación de 

las comunidades autónomas, que entró en vigor el 1 

de enero de 2001.Respecto a la ley que regula los 

aspectos fiscales del REF se refiere, el recurso se 

centra en el incumplimiento del trámite de informe 

previsto en la disposición adicional tercera de la 

Constitución para la modificación del REF.Esta 

vulneración se materializa en el hecho de que las 

inversiones estatales para Canarias previstas en los 

presupuestos sean inferiores al promedio que 

corresponde al conjunto de las comunidades 

autónomas.Así, Marrero ha recordado que el artículo 

96 de la Ley de modificación de los aspectos fiscales 

del REF establece que en cada ejercicio el Programa 

de Inversiones Públicas que se ejecute en Canarias se 

distribuirá entre el Estado y la comunidad autónoma 

de tal modo que las inversiones estatales no sean 

inferiores al promedio que corresponda al conjunto de 

las regiones españolas, excluidas de este cómputo las 

inversiones que compensen el hecho insular.Sin 

embargo, en los PGE del año 2012 la inversión y las 

transferencias de capital regionalizadas descendieron 

en Canarias un 46%, mientras que el promedio de 

bajada nacional fue del 29%, ha afirmado Martín 

Marrero, quien ha asegurado que esto ha hecho que 

Canarias sea la segunda región española "más 

castigada" por el descenso de la inversión estatal.El 

portavoz del Ejecutivo regional ha subrayado que la 

inversión estatal per cápita en Canarias se situó en 

2011 en 53 euros por debajo de la media nacional, un 

descenso que en 2012 ha llegado a ser de 93 euros 

respecto al mismo parámetro.Ante estos hechos, 

Marrero ha dicho que Canarias "no puede tolerar que 

se quebranten principios legales y ha advertido de que 

interpone este recurso de inconstitucionalidad por "una 

cuestión de honor".El portavoz del Ejecutivo canario 

ha considerado que si el Tribunal Constitucional da 

la razón a esta comunidad autónoma "verá 

solucionada en parte su situación y el Estado tendrá 

un problema"."No se puede mirar para otro lado ante 

atropellos legales de estas cuantías", ha aseverado. 

96



El nuevo ‘El Dorado’ siembra conflictos 

en América Latina 

Hasta hace ocho años, la minería era un sector poco 

trascendente en el mundo y también en 

Latinoamérica. Incluso había perdido peso en países 

mineros como Bolivia, donde este miércoles murió un 

obrero en un enfrentamiento para dirimir quiénes 

explotarán el yacimiento de estaño de Colquiri. Las 

crisis del petróleo de los años setenta habían 

depreciado las cotizaciones. Pero a partir de 2004, 

ante el creciente apetito de China por minerales que 

den abasto a sus industrias y la actividad de la 

construcción, los precios del oro, la plata, el cobre, el 

níquel, el zinc y el hierro comenzaron a trepar tanto 

que han alcanzado máximos históricos. Y ahí 

comenzaron los conflictos.Las empresas mineras, la 

mayoría multinacionales, han acelerado sus proyectos 

de exploración y producción en América Latina. Los 

gobiernos han comenzado a reclamar que tributaran 

una parte mayor de su renta, los empleados de las 

compañías han iniciado protestas por mejores 

nóminas, los mineros independientes y cooperativistas 

han elevado su voz para explotar también el recurso y 

muchos pobladores de regiones mineras, en general 

zonas áridas y pobres, se han puesto en pie de lucha 

para oponerse a los yacimientos a cielo abierto por el 

impacto medioambiental que éstos provocan por el 

uso de agua, cianuro y arsénico.En toda la región se 

han desatado unos 161 conflictos entre gobiernos y 

empresas, por un lado, y ciudadanos que se resisten a 

la instalación de yacimientos a cielo abierto en sus 

territorios con el argumento de que, a diferencia de la 

menos rentable minería subterránea, los nuevos 

proyectos dañarán su entorno ambiental y sus 

actividades agrícolas tradicionales. Incluso empresas 

de aguas, como Danone, o bodegas, como la 

española O. Fournier, se han opuesto a desarrollos 

mineros en Argentina. Con lemas como que el agua 

vale más que el oro, unas 212 comunidades se 

enfrentan a unos 173 proyectos mineros y reclaman 

que se las consulte antes de su ejecución. En Perú es 

donde más conflictos de este tipo se han producido, 

unos 28, e incluso este jueves la policía reprimió un 

bloqueo de una carretera que lleva a una mina de oro 

de la empresa Barrick, canadiense, al igual que 

muchas de las mineras que operan en la región, y 

mató a uno de los manifestantes. Ya son 19 los 

muertos en Perú en protestas por demandas 

relacionadas con la explotación de recursos naturales 

(la mayoría mineros, pero también por hidrocarburos) 

desde que Ollanta Humala asumió la presidencia del 

país, en julio de 2011.La resistencia contra la minería 

a cielo abierto ha llevado a que algunas compañías 

paralizaran proyectos en Perú y también en Argentina, 

donde este año la Corte Suprema de Justicia ratificó 

la vigencia de una ley que impide la explotación 

minera y petrolera en zonas de glaciares. Los 

conflictos mineros por cuestiones ecológicas se 

extienden por casi toda la región, en unos 16 países. 

En Costa Rica se han prohibido nuevos proyectos a 

cielo abierto a partir de 2010.Otros se pelean por 

cómo se reparte la tarta cada vez más grande que 

supone este negocio. Entre 1990 y 2003, la minería 

suponía el 3,9% del PIB de Bolivia. Entre 2004 y 2009, 

el 5,7%, según la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL). La proporción subió 

también mucho en Chile, del 7,7% al 17,7% (estas 

estadísticas incluyen también el acotado sector de 

hidrocarburos); en Ecuador, del 6,9% al 14,7%, y en 

Perú, del 4% al 8,5%. Latinoamérica produce el 52% 

de la plata del planeta, el 45% del cobre y el 22% del 

zinc.Los gobiernos nacionales, provinciales y 

municipales discuten entre sí y con las empresas 

mineras (además de europeas y norteamericanas, las 

hay chilenas, mexicanas y brasileñas) para definir 

cuántos impuestos pagan. Los políticos de izquierdas 

no han rechazado la minería a cielo abierto sino que le 

han exigido que tribute una porción mayor de sus 

beneficios considerados extraordinarios por el alza de 

las cotizaciones de recursos no renovables que 

pertenecen a los estados y se concesionan al sector 

privado (solo Chile cuenta con una minera estatal 

importante como Codelco). Pero este tipo de disputas 

no acaban en violencia como los que enfrentan a las 

compañías con los propietarios de las tierras donde se 

descubre el mineral y que piden mayores arriendos, o 

con los trabajadores mineros que piden mejores 

nóminas. También han acabado mal algunas refriegas 

de obreros que practican la llamada minería ilegal, sin 

autorización de los gobiernos, en Perú o Brasil.La 

muerte del miércoles en Bolivia ilustra la disputa por la 

renta minera. En junio pasado, el Gobierno de Evo 

Morales había nacionalizado la parte del yacimiento 

de Colquiri que estaba en manos de la suiza Glencore. 

Pero a partir de entonces comenzó la tensión sobre 

quién debía explotar el recurso: si la estatal 

Corporación Minera de Bolivia (Comibol), a la que 

defienden sus empleados, o los cooperativas mineras, 

que cuentan con el respaldo de Morales. 

Cooperativistas protestaron el jueves en la sede del 

sindicato de los empleados mineros. Murió uno de los 

asalariados. Otra prueba más que de en 

97

Latinoamérica a algunos se les va la vida por la 

minería. 



98



Los jueces celebrarán juicios solo por la 

mañana para presionar al ministro 

Los jueces y magistrados han anunciado hoy que 

celebrarán solo los juicios en horario de mañana como 

medida de protesta por las reformas que prepara el 

ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Esta la 

principal concreción del acuerdo alcanzado por la 

Comisión Interasociativa de Jueces para trabajar 

mediante el "el cumplimiento estricto de las horas de 

audiencia fijadas por la Ley y la autorregulación de la 

carga de trabajo". Así lo ha anunciado el portavoz de 

la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), 

Pablo Llarena, que ha explicado que esta decisión de 

carácter "autorregulatorio" se ha decidido hoy después 

de celebrarse en todas las comunidades juntas de 

jueces y fiscales para que el Gobierno retire el 

proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial(LOPJ). También reclaman la dimisión del 

Presidente del Consejo General del Poder Judicial, 

Gonzalo Moliner. A este lo acusan de "incumplir sus 

funciones como miembro de un Órgano Colegiado, 

deslealtad frente a la Carrera Judicial y no garantizar 

la independencia judicial en las negociaciones y 

acuerdos privados que ha mantenido con el Ejecutivo, 

ocultando su verdadero alcance a la Carrera 

Judicial".El portavoz de Jueces para la Democracia 

(JpD), Joaquim Bosch, también ha destacado otra 

medida de presión consistente en convocar 

concentraciones de estos colectivos judiciales si en un 

plazo de 15 días el ministro de Justicia no se sienta a 

negociar su proyecto de reformas.Ambos portavoces 

han coincidido en afirmar que no se descarta la 

huelga, pero que de momento se ha pensado sólo 

llevar a cabo las medidas de presión de forma 

"escalonada".Llarena y Bosch han mostrado su pesar 

por que la reforma de la LOPJ conlleve la interferencia 

del poder ejecutivo en el judicial. Además, el portavoz 

de JpD ha anunciado que el próximo lunes el 

presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo 

General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, 

recibirá a los representantes de las asociaciones de 

jueces, quienes le reclamarán que rechace la reforma 

anunciada por el ministro. 

99



Richard Gere: “Susan Sarandon es uno de 

mis mejores matrimonios” 

Muchas discusiones y reflexiones hay detrás de El 

fraude, la película que esta noche inaugura la 60ª 

edición del Festival de Cine de San Sebastián, y que 

esta mañana se ha proyectado en el Kursaal. Pero no 

discusiones banales, sino con auténticas cargas de 

profundidad. La moral, la avaricia, el juego de los 

poderosos, el papel de la familia… Todo eso iba 

apareciendo en privado en los ensayos previos al 

rodaje del filme y esta mañana se ha hecho público. 

Lo han contado los dos protagonistas del filme, 

Richard Gere y Susan Sarandon, delante del 

realizador Nicholas Jarecki, sin olvidar unas buenas 

dosis de humor e interpretación. Compromiso y 

glamour es una combinación perfecta para el estreno 

de este filme que se adentra en la complejidad del 

mundo de las altas finanzas, negocios sucios y el 

juego del poder a través de un multimillonario 

neoyorquino que se enfrenta a un momento clave de 

su vida profesional y personal. Un thriller con dosis de 

drama y muy entretenido.De nuevo Richard Gere y 

Susan Sarandon interpretan a un matrimonio (ya lo 

hicieron en 2004 en Shall we dance?, de Peter 

Chelsom) y además están encantados de repetir. “Es 

uno de los mejores matrimonios que he tenido. ¿Y tú 

Susan?”, preguntó Gere a su compañera de reparto. 

Divertida, Susan contestó que nunca se había casado, 

que solo había tenido parejas. Conocidos por su 

compromiso político y social, Gere y Sarandon fueron 

desgranando las preocupaciones que les rondan en 

estos momentos de declive político y económico, en el 

que hombres poderosos, acusados muchos de ellos 

de fraudes y corrupción, siguen en libertad. “El poder 

judicial no ha funcionado en Estados Unidos. Eso está 

claro. Muchas personas perdieron mucho dinero por 

culpa de otras que no han acabado en la cárcel. No 

solo eso, sino que algunos de ellos fueron luego 

contratados para altos cargos de la presidencia. En 

Estados Unidos ha pasado eso, pero y en Europa. 

¿También pasa lo mismo aquí?”, contestó y preguntó 

el actor. Lo que se denuncia en el filme no es la 

avaricia o el deseo de dinero, sino el juego, peligroso 

juego y adictivo, de un tipo de magnates capaces de 

destruir a su alrededor, sin importarles la familia, la 

moral. “¿Cómo han podido unas madres educar a sí a 

sus hijos?”, se preguntó la actriz, que ha llegado a San 

Sebastián acompañada de dos hermanas y un hijo, y 

para quien la clave está en priorizar las cosas y darle 

una nueva filosofía a la familia.Gere ha defendido con 

uñas y dientes a Robert Miller, su personaje, un 

tiburón de las finanzas, porque, dice, es la complejidad 

lo que más le atrae de los seres humanos. “Cuando te 

ofrecen un personaje así, tienes dos elecciones, o 

interpretar al malo con mayúsculas o buscar al ser 

humano con sus fallos humanos. No son monstruos, 

no son sociópatas, son seres humanos. Hay que 

procurar encontrar al encantador que era Bill Clinton, 

buscar la manera de nadar a través de todos los 

problemas. Robert Miller es un ganador, nunca 

funcionaría como un perdedor”. Sarandon no se ha 

mostrado muy de acuerdo y enfatizaba en la 

importancia de la familia, en los daños colaterales que 

tipos de esta calaña van dejando a su alrededor. “Me 

gustó mucho de este guión el que mostrara lo que hay 

detrás de todas estas historias financieras, cómo 

afecta a la desintegración familiar. Me he imaginado 

como serían las conversaciones de Madoff (el 

banquero de Wall Street detenido y acusado de 

fraude) con su familia cuando se destapó todo el 

pastel”, ha señalado la actriz de Thelma y Louise. El 

actor de Pretty woman y premio Donostia en 2007 no 

quiso dejar pasar por alto su opinión sobre la 

dinámica, a su juicio no muy real, pero enorme y fuerte 

en su país, sobre la diferencia entre republicanos y 

demócratas. “Lo he discutido muchas veces con 

republicanos muy poderosos. Parece que los 

republicanos están solo preocupados por el dinero y 

los demócratas por los pobres. Esta es una dinámica 

que no es muy justa. Los americanos no están en 

contra de las personas con éxito o dinero, pero a mí sí 

me duele la avaricia de algunos de esos ricos en el 

mundo financiero que lo han convertido todo en un 

juego. Hay que cambiar las reglas para luchar contra 

ello”, ha añadido Gere.La maldad ha estado también 

bien presente en esta especie de encuentro-discusión 

con la prensa. Seguramente por su filosofía budista, 

Gere rechazó la maldad intrínseca, algo en lo que cree 

con vehemencia su compañera de reparto. “No veo a 

nadie malo y alejado de la redención. Sería bueno que 

el talento y la fuerza de muchas personas se dirigiera 

a realizar cosas buenas para el planeta, porque todos 

saldríamos ganando”, aseguró el actor, quien puso de 

ejemplo al millonario Bill Gates que en sus inicios “no 

daba ni cinco dólares para la caridad” y ahora se ha 

convertido en uno de los grandes salvadores del 

planeta. “Algo cambió en él o en su familia y eso es lo 

necesario”, añadió Gere. Las palabras del actor han 

sido escuchadas muy atentamente por Susan 

Sarandon pero se las ha replicado de inmediato. 

“Claro que existe la maldad. Ahí está el ejemplo de 

Dick Cheney (vicepresidente de Estados Unidos 

100

durante el mandato de George Bush). Él, con 62 años, 

y ella, a punto de cumplir los 66, no han diseñado sus 

carreras. O eso han dicho. Pero aquí están y pisando 



bien fuerte. Lo han demostrado esta mañana en 

público. 

101

We had one slim hope, those of us who before the 

elections were not suffering from amnesia, and 

remembered how the PP always governs when it has 

a clear parliamentary majority. To wit: it rules in a 

cynical and authoritarian style, using its majority as a 

steamroller, always favoring the rich and our 

cave-dwelling Catholic Church, while hurting the lower 

and middle classes, the elderly, the ill and all those 

"guilty" of not being rich. Our one slim hope was the 

crisis, which might distract them, and in particular 

induce them to set aside their concerns about morality 

and religion. This has not been the case. They are 

devoting considerable efforts to drag us back into the 

Franco era; how much further they will go remains to 

be seen.There is the public television channel network, 

TVE, which is once more at the service of the 

government; the "labor market reform" which leaves 

wage earners defenseless; the new, cruel abortion law 

promoted by Rajoy and Gallardón; the sustained 

appeal with the Constitutional Court against the gay 

marriage law; and the politicians prostrating 

themselves before a shady figure from Las Vegas, 

who offers investment to turn a Spanish city into a sort 

of Macao. His businesses in other parts of the world 

are under investigation; but in this country the Catholic 

political parties - the PP in Madrid and CiU in 

Barcelona - fought to roll out the red carpets for him to 

walk on.And now - the Supreme Court having ruled 

that public subsidies must not go to Church-run 

schools that deny mixed education and admit only 

pupils of one sex (male or female) - the servile 

education minister, Wert, has said that the law will be 

changed so that these schools can go on receiving 

public money - that is, yours and mine. It is no 

coincidence that most of these schools are linked to 

Opus Dei, a sect that collaborated with Franco in the 

1960s, and is highly regarded in the Vatican. These 

schools have a right to exist, clearly, but not - in a 

Farewell hope 



non-confessional state - to be subsidized with public 

money. These schools segregate boys and girls for 

exactly the same reasons as the Franco regime did, 

with the difference that the regime suppressed the very 

existence of mixed schools.In spite of my relatively 

hoary age I was lucky enough to go to a mixed school, 

Estudio, at that time the only one in Madrid (together 

with the foreign schools, British, French and Italian) 

that escaped the jurisdiction of the dictatorship. 

Estudio had to cheat, however: when an inspector 

showed up, boys and girls had to run to separate 

rooms to show that, though the school admitted both, 

they were not in close physical proximity. The 

priest-ridden regime"s intention was to prevent 

"temptation," as it is even now in the schools that 

continue this twisted practice. Those of us who had the 

luck to attend a mixed school learned to coexist 

naturally with the opposite sex; we learned that boys 

were not sex-crazed animals, or girls brainless sex 

objects. The boys saw that many girls were extremely 

intelligent; the girls saw that more than a few of the 

boys were good companions, who could be counted 

on not to stick their hand up your skirt the first chance 

they got.You have to be very twisted and prudish (as 

the Church can still be, along with the most retrograde 

forms of Islam) to think it desirable that boys and girls 

hardly meet each other, that they be afraid and wary, 

that they lack the opportunity to "sin." Then, too, the 

separation of sexes has always fomented homosexual 

experiments after puberty, something that the Church 

condemns, despite having so many adult 

"experimenters" in its ranks. This separation showed 

its noxious character in the days of Franco, and shows 

it now in the Arab countries, where it continues. 

Whether or not to damage your children this way is the 

business of every family. But that all of us should pay 

for it is a different matter. 

102



El Superior alerta sobre el deterioro de la 

Justicia con la reforma de Gallardón 

La Junta de Magistrados del Tribunal Superior vasco 

ha anunciado hoy su adhesión al diagnóstico sobre la 

gravedad de la situación de la Justicia que el pasado 

día 17 ya adoptó la comisión interasociativa de jueces 

y fiscales. La toma de posiciónn responde a la reforma 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial que quiere 

poner en marcha el ministro de Justicia, Alberto Ruiz 

Gallardón.A través de un comunicado, la junta de 

magistrados denuncia el grave menoscabo de las 

condiciones en las que se está ejerciendo la 

jurisdicción, deterioro al que contribuirían, en su 

opinión, las medidas legislativas anunciadas por el 

Ministerio de Justicia. “Singularmente, algunas de las 

incluidas en el anteproyecto de reforma de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial”.Los magistrados del alto 

tribunal vasco consideran que las medidas 

propuestas, de aprobarse, van a determinar que la 

Justicia en el futuro va a ser “más cara y más lenta”. 

Y ello, sin olvidar las “elevadas” tasas para el acceso a 

unos tribunales que, en su opinión, “van a contar con 

menos jueces y menos recursos”. 

103

El Peruano/ - Notícias, Sex, 21 de Setembro de 2012 

CLIPPING INTERNACIONAL (Corte Internacional de Justicia) 

ASPA promoverá al Perú como destino 

de inversiones 

La Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 

de América del Sur-Países Árabes (ASPA), que se 

realizará en Lima el 1 y 2 de octubre, promoverá al 

Perú como destino de inversiones extranjeras, destacó 

el excanciller Eduardo Ferrero Costa. La Tercera 

Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América 

del Sur-Países Árabes (ASPA), que se realizará en 

Lima el 1 y 2 de octubre, promoverá al Perú como 

destino de inversiones extranjeras, destacó el 

excanciller Eduardo Ferrero Costa. Resaltó la 

importancia de este certamen por tratarse de un foro 

de diálogo político entre los países árabes y 

suramericanos, así como un mecanismo de 

cooperación en diversos ámbitos. "Es una cumbre 

de líderes políticos y se constituye en una ocasión 

para vincular a muchas empresas y sus 

representantes. Tenemos entendido que vendrán 400 

empresarios árabes y suramericanos, y eso conlleva 

posibilidades de inversión para nuestro país", subrayó. 

Indicó que la Cumbre ASPA servirá para que ambos 

bloques regionales adopten posiciones comunes en 

temas globales como el medioambiente, lucha contra 

el narcotráfico y la corrupción. Eso implicará, agregó, 

una relación más fortalecida a nivel político-global 

entre Suramérica y los países árabes. A nivel 

económico, dijo, habrá consecuencias concretas, ya 

que es una oportunidad de promover una expansión 

de las exportaciones peruanas a los países árabes y 

viceversa.Cita trascendental El vicecanciller de la 

República, José Beraún, reiteró por su parte, que la 

Cumbre ASPA tendrá una trascendencia para el Perú, 

"que tenemos que verla en la perspectiva de un 

trabajo que no terminará en esta reunión de jefes de 

Estado y de Gobierno, sino que dará inicio a una 

relación más profunda en términos de amistad y 

cooperación." El vicecanciller inauguró anoche el 

seminario académico "Procesos de Movilización Social 

y Cambio Político: Valores y Experiencias Comunes 

entre las Regiones Árabe y Sudamericana", 

organizado por la Cancillería y la Fundación Ford. 

El editor de la Sección Internacional del Diario El 

Peruano, Fabián Vallas, se refirió a los cambios que 

se producen en la región árabe y el papel que jugaron 

las redes sociales "capaces de destruir dictaduras", 

pero no para construir liderazgos sostenibles. A su 

turno, el doctor en derecho internacional Óscar 

Schiappa-Pietra destacó que la Tercera Cumbre 

ASPA contribuye a generar "una mejor identificación" 

de oportunidades estratégicas comerciales para el 

Perú, especialmente en el campo agrícola.La Cumbre 

ASPA, que tendrá como ejes centrales el diálogo 

político y la cooperación, debió realizarse en febrero 

de 2011 en Lima, pero fue postergada debido a los 

cambios políticos ocurridos en varios países 

árabes.En paralelo se realizará el Tercer Encuentro 

Empresarial de América del Sur con los Países 

Árabes, con el propósito de consolidar el comercio 

entre ambos bloques y captar nuevas 

inversiones.Convención del Mar El excanciller 

Eduardo Ferrero opinó que el Perú debe adherirse a la 

Convención del Mar, porque reconoce la soberanía 

peruana de las 200 millas marítimas y el derecho de 

pesca, además de proteger los intereses nacionales. 

Ferrero Costa, uno de los abogados del Estado 

peruano en el litigio en la Corte Internacional de 

Justicia de La Haya, señaló que el país está 

jurídicamente preparado para suscribir dicho tratado 

internacional, porquela posición de dominio marítimo 

se aprobó teniendo en cuenta que el Perú fuera parte 

del documento. Indicó que la suscripción del 

mencionado tratado puede darse al margen del litigio 

en la Corte de Justicia Internacional de La Haya por 

los límites marítimos con Chile. "Por falta de 

conocimiento sobre un tema de trascendencia 

internacional o demagogia no se llega a entender que 

la convención sí protege adecuadamente los intereses 

del país. 

104

El Universal/ - Notícias, Sex, 21 de Setembro de 2012 


Reforma en transparencia exige voluntad 

política: IFAI 

La comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline 

Peschard, aseguró que la reforma en materia de 

transparencia exige la voluntad política de todos los 

actores involucrados para que no haya lugar a la 

simulación."Para cambiar la realidad y superar los 

obstáculos en la materia es necesaria una Ley 

general, pero también debe ir acompañada de apoyos 

presupuestales, de profesionalización y capacitación, 

pero sobre todo exigir la voluntad política de todos los 

actores involucrados".Al clausurar la 9 Semana 

Nacional de la Transparencia, la presidenta del órgano 

garante de este derecho recordó que de las iniciativas 

que se han presentado -en el Congreso de la Uniónentre 

su aprobación y aplicación se requiere tender un 

puente de la voluntad política y del compromiso real 

de cumplir de manera cotidiana con la ley y con 

espíritu democrático.Destacó que además de dotar de 

autonomía al Instituto, entre los retos que enfrenta se 

encuentran la reforma constitucional en materia de 

derechos humanos que pone al derecho de acceso a 

la información en un plano de gran amplitud.Así como 

fortalecer una verdadera cultura de la transparencia; 

extender este derecho con la misma calidad en todos 

los estados y municipios, pues esa información es la 

que más necesitan los ciudadanos para su vida 

cotidiana.rcr 

105



Otorgan prórroga a taxistas para liquidar 

adeudos 

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El Gobierno del Distrito Federal otorgó una última 

prórroga para que aquellas personas que aún 

adeudan parcialidades por las concesiones de taxis 

realicen el pago correspondiente antes del 15 de 

noviembre de 2012. A través de su Gaceta Oficial, el 

gobierno capitalino precisó que las facilidades de pago 

son únicamente para quienes adeuden la segunda, 

tercera y/o cuarta parcialidad, en términos de la 

convocatoria publicada el 14 de abril de 2008. Aclaró 

que quienes se acojan a la facilidad administrativa y 

que impugnen a través de algún medio de defensa el 

pago efectuado o proporcionen documentación o 

información falsa o la omitan, con el propósito de 

gozar indebidamente de la condonación, perderán los 

beneficios que se les hubieren otorgado. Lo anterior, 

"sin perjuicio de las responsabilidades a que haya 

lugar", según el decreto publicado este viernes, que 

establece que se deberá desistir de cualquier 

demanda interpuesta ante el Tribunal de lo 

Contencioso y Administrativo local o ante el Poder 

Judicial de la Federación si se desea obtener la 

facilidad. Los contribuyentes podrán acudir a alguno 

de los nueve centros de Servicio de la Tesorería 

autorizados para recibir el pago referido, ubicados en 

Avenida Cuitláhuac número 372, colonia Sector Naval, 

delegación Azcapotzalco, y avenida Javier Rojo 

Gómez 600, colonia Ejidos del Moral, Iztapalapa.En la 

delegación Coyoacán están ubicados en Miguel Ángel 

de Quevedo 443, colonia Romero de Terreros, y en 

Periférico Sur 5550, Pedregal de Carrasco; y en 

Cuauhtémoc, en Calzada de la Ronda 88, Ex 

Hipódromo de Peralvillo, y en Calzada Chabacano 43, 

Asturias. También en Calzada de Guadalupe 192, 

Vallejo, delegación Gustavo A. Madero; en Avenida 

Revolución 780, Mixcoac, en Benito Juárez, y en el 

número 446 de Avenida de las Torres, colonia San 

José del Olivar, en Álvaro Obregón. El gobierno 

capitalino hizo hincapié en que los beneficios que se 

confieren en la presente resolución no otorgan a los 

contribuyentes el derecho a devolución o 

compensación alguna. 

106



TEPJF confirma victoria del PAN en 

Benito Juárez 

La Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió 

por unanimidad los dos últimos recursos de 

impugnación interpuestos por el PRD contra los 

resultados de la elección en la delegación Benito 

Juárez, y ratificó la victoria del PAN.Los magistrados 

coincidieron con el tribunal electoral capitalino en que 

la impugnación se presentó de forma extemporánea, 

dado que el plazo para presentarla había transcurrido 

a partir del cómputo distrital y no del cómputo 

delegacional.El magistrado presidente de la Sala 

Regional, Roberto Martínez Espinosa, explicó que en 

la ley electoral se establecen claramente los 

momentos en que cada una de sus etapas y actos 

pueden y deben ser impugnados.Con respecto del 

segundo asunto resuelto este jueves, los magistrados 

determinaron por unanimidad de votos el 

desechamiento de la demanda presentada por el 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) por la 

que solicitaba la revocación de la nulidad de la 

votación recibida en 15 casillas.Durante la sesión se 

expuso que, aunque se anularan esas casillas, no se 

alteraría el resultado de la elección, pues el Partido 

Acción Nacional (PAN) , que originalmente obtuvo el 

triunfo en la elección, continuaría ocupando el primer 

lugar, mientras que la coalición actora conservaría la 

segunda posición.fml 

107



Narco hizo de AL la región más violenta: 

Calderón 

marco.muedano@eluniversal.com.mxEl crimen 

organizado transnacional ha convertido a América, y 

en particular a la América Latina, en la región con 

mayor violencia del mundo, aseguró el presidente de 

México, Felipe Calderón, durante la conferencia 

internacional en la que se estableció un Esquema 

Hemisférico para combatir este flagelo. El mandatario 

exhortó a representantes de países miembros de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) a 

estrechar la “obligada cooperación” en la lucha contra 

el crimen y tratar de que las fronteras no sean “ni el 

límite ni el obstáculo” para combatirla. “Es hora de 

actuar enfáticamente, de manera internacional, contra 

este flagelo común que ha convertido a nuestra región 

americana, y en particular a la latinoamericana en la 

que estamos, en la más violenta del mundo”. Calderón 

pronunció su discurso ante fiscales, procuradores, 

ministros de Justicia y representantes del Poder 

Judicial de más de veinte países al inaugurar la 

Conferencia Internacional para el establecimiento del 

Esquema Hemisférico de Cooperación contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional en las 

Américas en el Castillo de Chapultepec, en la ciudad 

de México. Dijo que en sus distintas modalidades 

delictivas, contrabando de armas, tráfico de personas, 

secuestros, extorsiones: la criminalidad organizada se 

ha convertido “quizás en la principal amenaza para 

nuestras democracias y para el futuro de nuestros 

pueblos”. En el acto, la procuradora general de la 

República, Marisela Morales, explicó que México 

albergará el nuevo Centro Coordinador de las 

Américas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional que fomentará “el intercambio de 

información estratégica, táctica y operativa, con las 

redes especializadas de inteligencia". 

108

El Universal Venezuela/ - Notícias, Sex, 21 de Setembro de 2012 


Tribunal niega derecho al voto a la jueza 

Afiuni 

Caracas.- La titular suplente del Tribunal 17 de Juicio, 

María Eugenia Núñez, negó el derecho al voto a la 

jueza María Lourdes Afiuni.Así lo dio a conocer la 

defensa, conformada por los abogados, José Amalio 

Graterol y Thelma Fernández, quienes recibieron hoy 

la notificación en su despacho.Explicó Fernández que 

el Tribunal en su documento establece que "es al CNE 

a quien le corresponde dictar las pautas a seguir para 

el traslado de las personas privadas de libertad", 

mientras que el Poder Electoral en días pasados 

alegó, a través de su consultor jurídico, Roberto 

Mirabal Acosta, "que es el Tribunal de la causa quien 

debe realizar lo conducente para garantizarle el 

derecho al voto a Afiuni".La Defensa calificó de "burla" 

y una "nueva violación del derecho constitucional al 

voto" la decisión tomada por ambas instituciones. "Se 

está dejando en un limbo jurídico la situación de Maria 

Lourdes Afiuni, respecto a su derecho al voto", 

reiteró.La notificación también alegó como 

impedimento para ordenar el traslado de la magistrada 

a su centro de votación, "su estado de salud"."En 

consecuencia, el Tribunal 17 de Juicio declara sin 

lugar la solicitud de la Defensa donde requiere que se 

realicen las diligencias pertinentes para que la 

ciudadana Maria Lourdes Afiuni ejerza su derecho al 

sufragio y por lo tanto se niega el traslado de la misma 

hasta su Centro de votación", reza el 

documento.Fernández aseguró que el próximo lunes 

ejercerán acciones ante el Tribunal 17 de Juicio y ante 

el Consejo Nacional Electoral para insistir en que se le 

garantice el traslado a la jueza Afiuni a su centro de 

votación. 

109

Zum Abschluss des Deutschen Juristentages 

diskutierte eine prominent besetzte Runde aus 

Juristen, Philosophen und Politikern über Europa. Das 

Fazit: An der Vormachtstellung des 

Bundesverfassungsgerichts wird sich vorerst nichts 

ändern. 

Von Reinhard Müller, München 

Ist das vielleicht die europäische Öffentlichkeit - der 

Philosoph Jürgen Habermas, 

Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle, der 

Präsident des Europäischen Gerichtshofs, Vassilios 

Skouris, und der luxemburgische Finanzminister Luc 

Frieden? Gewiss: Es war ein wirkmächtiges Podium, 

das zum Abschluss des Deutschen Juristentages in 

München zusammentrat - aber eben auch nur eins. 

Europa aber bedeutet Vielfalt, und das deutsche 

Rechtsgefühl ist nicht mit dem europäischen 

gleichzusetzen. Das sagte Voßkuhle, der zugleich die 

Vorreiterrolle seines Gerichts pries: dass es zum 

Fiskalpakt gekommen ist, sei vor allem dem 

Bundesverfassungsgericht zu verdanken. „Wir haben 

keine Europakrise, sondern eine Vertrauenskrise.“ 

Wichtig sei die Einhaltung der selbstgesetzten Regeln, 

hob der Vorsitzende des Zweiten Senats hervor, der 

jüngst ein summarisches Eil-Urteil zum Europäischen 

Rettungsmechanismus und zum Fiskalpakt verkündet 

hat. 

Voßkuhle vermisst das Vertrauen in Institutionen. Die 

Mitglieder des Europäischen Rats hätten sich nicht an 

die Stabilitätsregeln gehalten. Die Bürger hätten nicht 

den Eindruck, dass sie Entscheidungen beeinflussen 

können, sagte der Präsident mit Verweis auf ein - 

allerdings nicht fehlerfreies - Werk von Hans Magnus 

Enzensberger. Die Äußerungen des 

Verfassungsrichters waren wie die eines Politikers, Luc 

Frieden schlug denn auch gleich Voßkuhles Direktwahl 

durch das Volk vor. Das System von Checks and 

Balances sei noch nicht hinreichend ausgebaut, 

mahnte Voßkuhle. Die Politik dürfe nicht übermütig 

werden. „Wir brauchen mehr Politisierung und mehr 

Diskussion über Alternativen.“ Das 

Bundesverfassungsgericht, so umriss er sein 

Programm, achte darauf, dass Diskussionen möglich 

und Optionen erhalten bleiben. Eine ehrgeizige 

Agenda. 

Skouris konnte da nur sagen: „Wir sehen die Dinge 

Frankfurter Allgemeine Zeitung/ - Politik, Sex, 21 de Setembro de 2012 

CLIPPING INTERNACIONAL (Verfassungsgericht) 

Lauter Souveräne 

etwas anders.“ Er beklagte nicht zu Unrecht, dass die 

Öffentlichkeit von dem ESM-Verfahren vor dem 

Europäischen Gerichtshof kaum etwas mitbekomme, 

während alle Welt am 12. September nach Karlsruhe 

geschaut habe. Den Luxemburgern mangele es auch 

keinesfalls an Phantasie. Man solle sich aber nur über 

etwas äußern, das auch entschieden werden müsse. 

Skouris kündigte trotzdem eine vollständige 

Überprüfung des ESM an. 

Bewegt sich dieser Rettungsmechanismus im Rahmen 

des Rechts? Luc Frieden glaubt das, relativierte aber 

seine Behauptung, die europäischen Finanzminister 

verhielten sich stets rechtstreu, gleich selbst: „Wir 

können Regeln ändern“, sagte er zu Recht, fügte aber 

auch die französische Rechtsauffassung an: Recht ist 

Ausdruck der Politik. Aus deutscher Sicht liegt da der 

Rechtsbruch nahe. 

Habermas erwartet mehr „normative 

Aufklärungsarbeit“ 

Und wer soll den heilen? Die großen Erwartungen an 

Karlsruhe verringerte Jürgen Habermas nicht gerade: 

Er erwartete vom Verfassungsgericht mehr 

„normative Aufklärungsarbeit“. Unklar blieb aber, wie 

man dem Gericht einerseits eine 

„souveränitätsversessene Argumentationslinie“ 

vorwerfen kann, zugleich aber einen „konstruktiven 

Beitrag zu Rettung der transnationalen Demokratie“ 

erwartet. Habermas nannte die Entscheidungen 

supranationaler Organisationen aus Sicht der 

nationalen Bürger „Fremdbestimmung“. Ein Urteil, das 

sich Karlsruhe nicht anmaßt. Skouris wiederum hob 

hervor, ein europäischer Bundesstaat stehe nicht zur 

Diskussion. Doch seien die bisherigen 

Integrationsschritte stets durch die Völker Europas 

legitimiert worden. Die Rede vom Demokratiedefizit sei 

ihm zu pauschal. 

Voßkuhle verteidigte die Karlsruher Haltung, das 

EU-Parlament könne die Legitimation durch die 

nationale Parlamente nicht ersetzen. Und den 

Rechtspolitiker Jerzy Montag von den Grünen, der 

hierzu kritisch gefragt hatte, erinnerte Voßkuhle daran, 

dass er und andere Parlamentarier doch selbst oft vors 

Verfassungsgericht ziehen. Fazit: An Karlsruhes 

herbeigewünschter wie angemaßter Vormachtstellung 

wird sich einstweilen wenig ändern - das gilt auch für 

die Gefahr einer permanenten Überforderung des 

Bundesverfassungsgerichts. 

110

La Nacion/ - Notícias, Sex, 21 de Setembro de 2012 


Sileoni admitió que los jóvenes son 

manipulables 

"¿Puede ser manipulado un pibe de 16 ? Por 

supuesto", reconoció Alberto Sileoni al referirse a una 

de las críticas que ha recibido la iniciativa para 

habilitar a los jóvenes de entre 16 y 17 años para 

votar. 

El ministro, que el miércolesya había adelantado su 

respaldo a la medida, consideró no obstante que los 

votantes actualmente habilitados a sufragar no están 

exentos de ese riesgo. "Una señora de 60 (años) que 

está viendo todo el día la tele también puede ser 

manipulada." 

Sileoni subrayó que, para que ello no ocurra, "la tarea 

de la escuela y de los medios (de comunicación) que 

trabajan por la verdad es que nadie sea manipulado y 

que los jóvenes de 16 que tengan autonomía , que 

piensen por sí mismos, que se emancipen". 

Mientras se discute el voto joven, la oposición redobla 

su esfuerzo para evitar una reforma constitucional. 

Ayer el radicalismo bonaerense lanzó una campaña 

para recolectar firmas en los distritos en contra del 

plan del oficialismo. La iniciativa estuvo encabezada 

por el titular del comité provincia, Miguel Bazze, y el 

diputado Ricardo Alfonsín, que advirtió a dirigentes 

kirchneristas que "creen que nos falla la memoria 

cuando dicen que no fueron ellos quienes instalaron" 

el tema de un tercer mandato.. 

PERFIL 

ALBERTO SILEONIMinistro de Educación Su 

presencia en el Senado fue clave para que el 

oficialismo cerrara filas detrás del voto joven optativo. 

111



Ricardo Lorenzetti: "El sistema actual de 

divorcio ha fracasado" 

Ricardo Lorenzetti. Foto: LA NACION Más notas para 

entender este temaCon sus políticas, el "modelo" 

kirchnerista opaca la reforma El sistema actual de 

divorcio ha fracasado. La familia argentina ya no 

responde a un modelo único como el que trazó 

Dalmacio Vélez Sarsfield en el Código Civil , hace 143 

años. Si alguien quiere imponer o difundir ese modelo, 

debería hacerlo a través de la persuasión religiosa. 

Ésta podría ser una síntesis del pensamiento del 

presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo 

Lorenzetti, cabeza también de la comisión encargada 

de elaborar el proyecto de reforma del Código Civil. 

"La posición de la Iglesia es muy respetable, pero no 

es posible imponer o difundir un modelo de familia a 

través de una ley", dice. Por estos días, el nuevo 

código está siendo sometido a audiencias públicas. 

Antes, sufrió cambios a manos del gobierno nacional 

con los que Lorenzetti no está de acuerdo; por 

ejemplo, eliminó del proyecto el debate sobre la 

responsabilidad del Estado y estableció que los 

contratos comerciales deban celebrarse en pesos. 

- ¿Existe apuro por votar el nuevo Código? ¿Falta 

debate? 

-Hay que tener una posición razonable. La votación no 

puede ser a libro cerrado ni debatirse eternamente los 

plazos los estableció el Congreso. Además, cuando 

hacemos una decantación de lo que surge de las 

audiencias públicas, sobre la gran mayoría del 

proyecto no hay discusión. Los temas opinables son 

pocos, diez o quince. 

-¿El Código asume la idea del matrimonio como un 

vínculo destinado a disolverse? 

-El matrimonio sigue siendo la institución central del 

derecho de familia. Nosotros no estamos en contra de 

la fidelidad ni de que el matrimonio se constituya sobre 

la base de un proyecto de vida en común que incluya 

la fidelidad. Tampoco estamos en contra de la familia 

tradicional. La fidelidad no puede ser un deber 

conyugal por una cuestión de técnica jurídica, no es 

que deseemos terminar con la fidelidad. 

-Este punto despertó mucha polémica. ¿No generará 

ese efecto? 

-La experiencia judicial y cotidiana indica que las dos 

maneras de divorciarse que existen en la Argentina no 

funcionan. Las audiencias de conciliación en los 

divorcios de común acuerdo se transformaron en una 

ficción. Y el divorcio causado, por ejemplo, por 

incumplimiento del deber de fidelidad acaba 

provocando la destrucción familiar, el agotamiento del 

patrimonio y graves daños a los hijos. En cambio, se 

ideó el divorcio como el fin de la decisión de la pareja 

de la vida en común. Si no hay que presentar una 

causa para divorciarse, quiere decir que no hay un 

deber que no se cumple. Es una vía mucho más 

acorde con lo que pasa en la sociedad. 

- ¿El proyecto pasó en limpio un estado de situación 

de la familia que no queríamos ver? 

-Probablemente. En el 99% de los casos, cuando una 

persona decide divorciarse, esa decisión es 

irreversible. Es muy difícil juzgar las culpas. Esto no 

significa no promocionar la familia. Hoy el sistema 

genera mucha litigiosidad y eso daña a la familia. Creo 

que hay que diferenciar la visión de quien hace una 

ley enfocada en disminuir la litigiosidad, en solucionar 

los problemas de las personas, de la idea moral que 

pretende imponer un modelo de familia. 

-¿Eso hace la Iglesia? 

-La posición de la Iglesia es muy respetable. El 

problema es el camino a través del cual uno puede 

imponer o lograr un modelo de familia. Ese ideal se 

puede difundir a través de la persuasión religiosa, de 

los valores culturales. Pero hacerlo a través de una ley 

imperativa... es muy difícil. 

- ¿Se debe legislar para la sociedad que somos o para 

la que queremos ser? 

-Se dice que estas normas van a provocar 

consecuencias en el modelo familiar. En realidad, 

vienen a regular lo que ya sucede: estamos regulando 

las consecuencias de un comportamiento social 

difundido y no generando nuevos comportamientos. 

- Monseñor Arancedo planteó que la ley debe tener un 

carácter modélico. ¿Está de acuerdo? 

-Hoy tenemos muchas personas que siguen el 

mandato de la Iglesia, también tenemos católicos que 

no siguen el modelo de matrimonio, que se separan, 

que conviven, que tienen hijos por fecundación in vitro. 

Tenemos personas de otras religiones y personas que 

no son religiosas. Si consideráramos que esto está en 

contra de un modelo de familia, afectaríamos a mucha 

gente. Este proyecto busca favorecer la libertad de las 

personas. Necesitamos una sociedad en la que la 

gente se sienta libre y viva como quiera. 

-¿ El texto habilita un avance sobre la propiedad 

privada? 

-Todo lo contrario, la protege. Ésa es la jurisprudencia 

de la Corte. 

- ¿Cómo interpretó los dichos de Agustín Rossi sobre 

levantar las barreras de los countries? 

-En realidad, ése es otro proyecto (del Poder 

Ejecutivo) y creo que fue distorsionado. Nadie habló 

112

de este tema, de limitar (la propiedad privada) dentro 

del ámbito del proyecto de Código Civil. 

-¿Lo que establece el Código es compatible con ese 

proyecto? 

-Para nada. Por el contrario, se regula un derecho real 

que hoy no existe, y les va a dar seguridad jurídica a 

los emprendimientos inmobiliarios y va a favorecer el 

desarrollo. 

-¿Se podría impulsar en una reforma constitucional 

una modificación del derecho de propiedad que deje el 

Código desactualizado? 

No. (Piensa.) Hoy en día no creo que exista esa 

posibilidad... No lo creo. El derecho de propiedad en la 

Argentina tiene una larga tradición, hay jurisprudencia. 

Hay límites. De manera que no lo creo. Nadie habla de 

eso. 

-¿Lo enojaron los cambios que introdujo el Gobierno? 

-Surgieron algunas diferencias de opinión, pero uno no 

tiene por qué enojarse. Nosotros hemos mantenido la 

posición de la comisión redactora en la 

responsabilidad del Estado, en las acciones de clase, 

en el derecho al agua potable, en las obligaciones de 

dar una suma de dinero para que el Congreso 

conozca las distintas posibilidades y decida. 

-¿Existe alguna posibilidad deque se apruebe así? 

-El Congreso deberá debatirlo. Los argentinos 

tenemos una memoria legítima de lo que ha ocurrido 



en los últimos años. Creo que hay que tener en cuenta 

esto y permitir los contratos en dólares. Sin embargo, 

no se modificó uno de los temas centrales: si uno hace 

un depósito bancario, existe la obligación (del banco) 

de devolverlo en dólares. Insistí mucho en este punto 

porque yo he vivido la tragedia del país y vi cómo 

sufrió la gente. 

-¿Desaparece la responsabilidad del Estado? 

-Nosotros propusimos que sea regulada por el Código 

Civil, que es la jurisprudencia de la Corte. El Ejecutivo 

plantea que lo que se refiere a los funcionarios se 

regule por el derecho administrativo, porque 

consideran que es una cuestión local. 

-¿Por qué el Gobierno se empecinó en sacarladel 

Código Civil? 

-No sé. El argumento que han dado es que es un tema 

del derecho público. 

- El ciudadano común, por ejemplo en una tragedia 

como la de Once, ¿tendrá menores chances al 

demandar al Estado? 

-Si hubiera una ley clara que regule toda la 

responsabilidad del Estado, no. El problema es que no 

la hay. Nosotros creemos que hay que legislar en 

función de la protección del derecho de los 

ciudadanos. Si sufre un daño, hay que indemnizarlo. 

Pero eso lo decidirá el Congreso.. 

113



Con sus políticas, el "modelo" 

kirchnerista opaca la reforma 

Más notas para entender este temaRicardo Lorenzetti: 

"El sistema actual de divorcio ha fracasado" El 

proyecto de Código Civil enfrenta un delicado 

problema: el mismo gobierno que promueve su 

sanción también es el que, con sus medidas políticas 

y económicas, contamina su lectura y su 

interpretación. El proyecto fue elaborado por muchos 

juristas, algunos de ellos muy relevantes -el propio 

Ricardo Lorenzetti, Aída Kemelmajer, Elena Highton, 

Augusto Belluscio, etc.- y, sin duda, tiene más aciertos 

que errores. Hablar de sucesiones, de la familia, de 

divorcios, del peso como moneda de pago, de los 

contratos, de cajas de seguridad, del derecho de 

propiedad o de cualquiera de las normas que regulan 

nuestra vida cotidiana, debería generar debates 

jurídicos e ideológicos entre liberales, socialistas, 

ateos o creyentes. Sin embargo, el proyecto levanta 

debates y dudas políticas. 

El problema, claro está, no radica en un vicio 

intrínseco de este proyecto de ley -en definitiva, el 

código es una ley muy extensa de miles de artículossino 

en la contaminación política que lo tiñe. Veamos 

algunos ejemplos concretos. 

Los juristas, en la versión original de la iniciativa, 

regularon que la Argentina continuaría con el 

bimonetarismo, que permite contratar y pagar en 

pesos y en dólares. Hace sesenta años que el país 

recae en altas tasas de inflación y los argentinos 

toman el dólar como el mejor salvavidas. Lorenzetti no 

quería alterar esa costumbre. Pero el Gobierno 

cambió las normas y sembró muchas dudas. 

Los juristas habían propuesto regular la 

responsabilidad de los funcionarios y del Estado, pero 

el Poder Ejecutivo, que no tiene predilección por 

someterse al control ciudadano, las suprimió. Es 

válido sospechar que los funcionarios quieren evitar 

todo control y responsabilidad. 

La nueva regulación de cajas de seguridad no diferirá 

de las prácticas actuales y de las pautas ya 

establecidas por los jueces en distintos fallos. Pero, en 

medio del clima generado por el cepo cambiario, los 

controles persecutorios de la AFIP y otras medidas, 

los dueños de cofres tienen miedo, no importa que sea 

infundado. 

El derecho de propiedad es muy importante. Pero 

frente a un gobierno que plantea un discurso 

ideológico muy sesgado, que hizo varias 

expropiaciones que nunca pagó, que no permite 

ahorrar en dólares y que intervino de lleno en el 

mercado inmobiliario en moneda extranjera (lo que 

derrumbó la venta de inmuebles), hace cada vez más 

difícil confiar en que respetará el derecho de 

propiedad. Más aún cuando se habla de una reforma 

constitucional en ciernes, en la que el Gobierno podría 

alterar la regulación de aquel derecho. 

En definitiva, hay muchos cuestionamientos al Código, 

y aunque no todos tienen fundamentos jurídicos 

sólidos, lo que buena parte de la sociedad está 

planteando es que no existen garantías de que los 

argentinos sigamos viviendo en libertad y con derecho 

de propiedad, los dos ejes de una democracia 

capitalista sobre la que el Gobierno echa sombras. 

Ahora, cuando en pocas semanas terminen las 

audiencias en las que exponen abogados, 

asociaciones y otros representantes de la sociedad 

civil, sería bueno que los diputados y senadores 

kirchneristas no se limiten a aprobar el proyecto a 

mano alzada, imponiendo una mayoría automática, 

sino que se permita a la oposición, aunque sea 

durante dos o tres meses, exponer sus objecionesy 

consensuen una redacción que mejore los puntos más 

delicados. De lo contrario, el proyecto Lorenzetti 

quedará teñido por el modelo Cristina Kirchner.. 

114

La Nacion Chile/ - Notícias, Sex, 21 de Setembro de 2012 


Ecuador sugiere trasladar a Assange a 

Suecia bajo su protección 

El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, planteó la 

posibilidad de que el fundador de WikiLeaks, Julian 

Assange, sea trasladado de Londres a Suecia, bajo 

protección de Quito, para que responda en un proceso 

por supuestos delitos sexuales, según una declaración 

difundida este viernes. “La otra posibilidad es que el 

Ecuador pueda conseguir la autorización para 

trasladarlo, si es que fuera necesario, a nuestra 

embajada en Suecia y el proceso pueda seguir 

teniendo la protección del Ecuador y atendiendo los 

requerimientos de la justicia sueca”, dijo Patiño a 

periodistas. Esa es una de varias “alternativas de 

movilidad” para que Assange “pueda seguir 

manteniendo nuestra protección, nuestro asilo, y que 

se puedan también atender los requerimientos de 

declaraciones que el proceso judicial sueco” requiere, 

señaló en la ciudad de Guayaquil (suroeste). Assange 

ingresó a la embajada de Quito en Londres el pasado 

19 de junio para evitar su inminente extradición a 

Suecia, y el 16 de agosto recibió asilo del gobierno 

ecuatoriano, que ahora reclama a Gran Bretaña un 

salvoconducto para que el australiano de 41 años 

pueda abandonar la sede diplomática. El ministro de 

Relaciones Exteriores indicó que “hay novedades” en 

el proceso judicial sueco contra el creador de 

WikiLeaks, pues “algunas pruebas se han 

descartado”. Asimismo, dijo que el salvoconducto 

sigue siendo el escenario más deseable, aunque 

reiteró otras alternativas como una garantía, por parte 

de Reino Unido y Suecia, de que Assange no será 

extraditado a Estados Unidos o que el activista 

informático sea indagado por la Fiscalía sueca en la 

embajada en Londres. Patiño dijo igualmente que 

espera retomar los diálogos sobre este caso con su 

homólogo británico, William Hague, con motivo de la 

Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva 

York, donde el diplomático ecuatoriano estará el 

miércoles y jueves próximos. “Esperemos que él 

también esté en esos días y que podamos sentarnos a 

conversa”, afirmó el canciller, y subrayó que “la 

agenda está abierta”. Patiño manifestó igualmente que 

Quito descarta por ahora ventilar esta cuestión en la 

Corte Internacional de Justicia de La Haya. “Si en el 

tiempo nos damos cuenta que esto es imposible, 

tendríamos que recurrir a otras instancias, pero 

confiamos en que sea posible entre gobiernos 

democráticos encontrar salidas diplomáticas”, dijo. 

Assange teme que una vez en Suecia sea trasladado 

a Estados Unidos para responder por espionaje, al 

haber divulgado en su sitio web unos 250.000 cables 

diplomáticos estadounidenses, lo que, según él, lo 

expone a ser condenado a cadena perpetua o a la 

pena de muerte. 

115

La Repubblica/ - Notícias, Sex, 21 de Setembro de 2012 


Gli Aldrovandi alla Cancellieri 

ROMA - "E" stato un incontro informale, molto diretto. 

E siamo soddisfatti perché il ministro lo ha ribadito: rati 

di questo tipo sono gravissimi, ma lo sono ancora di 

più se chi li commette indossa la divisa". Patrizia 

Moretti, la mamma di Federico Aldrovandi, commenta 

così il colloquio con il ministro dell"Interno Anna Maria 

Cancellieri, oggi alla Prefettura di Ferrara. Il confronto, 

strettamente riservato, è stato concordato almeno una 

settimana fa, ma arriva in un momento importante: 

proprio ieri sono state depositate le motivazioni della 

sentenza della Corte di Cassazione; sabato a Ferrara 

si svolgerà un concerto in occasione del settimo 

anniversario dell"omicidio del diciottenne ferrarese, 

avvenuto il 25 settembre del 2005. Per la morte di 

Aldrovandi sono stati condannati in primo e secondo 

grado a 3 anni e 6 mesi per eccesso colposo quattro 

agenti della questura di Ferrara: Monica Segatto, Enzo 

Pontani, Luca Pollastri e Paolo Forlani. La Suprema 

Corte a giugno ha respinto i loro ricorsi. Nelle 

motivazioni i giudici parlano di "una violenta azione 

repressiva nei confronti di un ragazzo che si trovava 

da solo e in un evidente stato di alterazione 

psicofisica", quando per di più era "inerme" e - 

confermando la decisione della Corte di Appello di 

negare le attenuanti generiche - sottolineano che sin 

dall"inizio l"unica preoccupazione dei poliziotti fu di 

allontanare da sé ogni ombra, invece di impegnarsi per 

permettere agli 

investigatori di ricostruire correttamente la dinamica 

del decesso. "Il ministro Cancellieri - racconta il padre 

di Federico, Lino - ci ha detto che le motivazioni della 

Cassazione sono molto forti e che saranno un 

elemento importante di valutazione nell"ambito della 

Commissione disciplinare che dovrà valutare i quattro 

agenti". La famiglia di Federico chiede sin dalla prima 

sentenza che i quattro siano estromessi dalla polizia, e 

a questo proposito ha promosso una raccolta firme (a 

cui hanno aderito finora centomila persone) affinché in 

Italia sia approvato il reato di tortura. Il ministero 

dell"Interno, infatti, ha sempre precisato che una 

condanna per omicidio colposo non implica 

automaticamente il licenziamento per gli appartenenti 

alle forze dell"ordine, e che una eventuale 

estromissione va decisa dall"apposita Commissione. 

Per gli agenti di Ferrara il procedimento si è aperto a 

luglio: ci sono nove mesi di tempo per prendere una 

decisione. "Ho detto al ministro - conclude Moretti - 

che la possibilità di cambiare la storia, anche se può 

sembrare altisonante, è adesso: il caso di mio figlio ha 

avuto una vasta eco, e ha contribuito a creare un 

movimento di opinione che chiede di cambiare la 

cultura all"interno delle forze dell"ordine, punendo in 

modo severo chi viene condannato per reati di questo 

tipo. Vorrei che la politica tutta, dai ministri ai 

parlamentari, si impegnasse perché vengano cambiate 

le norme, a partire dall"introduzione del reato di 

tortura. Il ministro ci è sembrato consapevole della 

necessità di cambiare le cose, e ha detto con 

chiarezza che chi si macchia di reati di questo tipo 

infanga l"intero corpo di polizia". 

116

Le Monde/ - Notícias, Sex, 21 de Setembro de 2012 

CLIPPING INTERNACIONAL (Cour pénale internationale) 

Bataille dans la galaxie islamiste 

A Tunis, vendredi 14 septembre, la journée de 

mobilisation la plus forte, qui s"est soldée par quatre 

morts et des dégradations dans la cour de la 

représentation américaine, les protestataires n"étaient 

que quelques centaines. Même affluence limitée à 

Sanaa, au Yémen, où la mission des Etats-Unis a subi 

là aussi quelques dommages.Les deux seuls 

rassemblements massifs, celui de Khartoum, le 14 

septembre – 10 000 personnes – et celui de Beyrouth, 

le 17 septembre – plusieurs dizaines de milliers –, sont 

aussi ceux qui ont été les moins spontanés. Tant 

Omar Al-Bachir, le président du Soudan, poursuivi 

pour génocide par la Cour pénale internationale pour 

son rôle au Darfour, qu"Hassan Nasrallah, le chef du 

Hezbollah, fragilisé par son soutien au régime syrien, 

avaient besoin de mobiliser leurs troupes.Que le film 

anti-islam ait indigné une bonne partie du monde 

musulman est une évidence. Qu"il l"ait mis tout entier 

en ébullition est un contresens. "La véritable info, c"est 

qu"il n"y avait pas grand monde dans les 

manifestations du Caire", martèle le chercheur 

Stéphane Lacroix, spécialiste du monde arabe. Dans 

ce fameux "monde musulman", une expression 

générique qui ne fait pas justice à la diversité des 

opinions qui s"y expriment, nombreux sont ceux qui 

ont ressenti davantage de mépris que de colère à la 

vue de ce "naveton" islamophobe. Beaucoup se sont 

offusqués du fait que les délires d"un petit escroc 

copte, Nakoula Basseley Nakoula, l"auteur présumé 

du film, suscitent plus de protestation que les 

massacres perpétrés par la machine de guerre 

syrienne.Davantage qu"un nouvel épisode d"une 

improbable guerre des cultures, ce qui se joue dans 

les rassemblements contre le film est une bataille 

interne à la galaxie islamiste. Elle oppose le courant 

réformiste, emmené par les Frères musulmans, grand 

vainqueur des consultations post-révolutions, au 

courant littéraliste incarné par les formations salafistes, 

qui tentent de s"ériger en opposant numéro 

un.L"accession à la présidence égyptienne de 

Mohamed Morsi, un cadre de la confrérie, et la victoire 

aux législatives tunisiennes du parti Ennahda, autre 

incarnation d"un islamisme qui se veut "modéré", ont 

libéré un espace politique dans lequel les salafistes se 

sont engouffrés. Obligés de se recentrer du fait des 

responsabilités qui leur incombent, les premiers ont de 

facto cédé aux seconds la fonction protestataire qu"ils 

assumaient jusqu"alors. Les quinze minutes 

d"obscénités foutraques concoctées par le mystérieux 

Nakoula ont fourni aux tenants du salafisme l"occasion 

rêvée de déstabiliser leurs rivaux sur le terrain où ils se 

croyaient inattaquables, à savoir la défense de la 

foi.En Tunisie, le harcèlement d"Ennahda par les 

détenteurs autoproclamés de la pureté religieuse n"est 

pas nouveau. Le groupuscule Ansar Al-Charia (Les 

partisans de la charia), à l"origine de l"émeute 

antiaméricaine du 14 septembre, multiplie depuis des 

mois les provocations visant à déborder et discréditer 

le gouvernement de Hamadi Jebali. En Libye, où les 

Frères n"ont pas remporté les élections en tant que 

telles mais où le conservatisme religieux qu"ils 

professent compte des adeptes dans les rangs du 

pouvoir, plusieurs groupes salafistes pratiquent, 

comme en Tunisie, la surenchère islamiste. Avec ce 

facteur aggravant qu"il s"agit là de milices, 

puissamment armées, face à un non-Etat, miné par 

quarante années de kadhafisme et huit mois de guerre 

civile.En Egypte, la réaction à retardement des Frères 

musulmans aux violences antiaméricaines du 11 

septembre a fourni une bonne indication de leur 

embarras. Il a fallu attendre un jour et demi pour que le 

président Morsi se décide à condamner les dégâts 

causés à l"ambassade. Et vingt-quatre heures 

supplémentaire pour que la confrérie renonce à son 

appel à protester "dans tout le pays". Nul doute que la 

petite phrase de Barack Obama, affirmant que 

l"Egypte n"est "ni un allié ni un ennemi" des 

Etats-Unis, l"a aidé à se positionner.Gare aux 

raccourcis, néanmoins. Tous les salafistes ne jouent 

pas la rue contre les institutions. Les agitateurs du 

Caire appartenaient à une frange minoritaire de cette 

mouvance, plus variée qu"on ne le croit. Parmi les 

instigateurs des troubles, on trouvait Hazem Abou 

Ismaïl, le tribun de la place Tahrir, adepte d"une forme 

d"anarcho-salafisme, et Mohamed Al-Zawahiri, le frère 

du chef d"Al-Qaida, Ayman Al-Zawahiri, un djihadiste 

assumé, qui est récemment sorti de prison.Beaucoup 

d"ultras, ces fans de foot qui ne ratent jamais une 

occasion d"en découdre avec la police, ont accouru 

aux premiers signes de "castagne". En revanche, la 

principale force salafiste du pays, le parti Al-Nour, qui 

a recueilli un quart des suffrages aux élections 

législatives de l"automne 2011, est restée prudemment 

en retrait. Et pour cause : son président, Emad Abdel 

Ghafour, est l"un des conseillers du président Morsi. 

Preuve que le salafisme n"est pas forcément l"ennemi 

des transitions démocratiques en cours dans le monde 

arabe.barthe@lemonde.fr 

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Le Monde/ - Notícias, Sex, 21 de Setembro de 2012 


La corrida jugée conforme à la 

Constitution 

Le matador Miguel Tendero face au taureau El Pilar, le 

13 juillet 2010 au festival de San Fermin. | 

AFP/PEDRO ARMESTRE 

Les juges du Palais Royal ont notamment établi qu"il 

n"est pas anticonstitutionnel de prévoir des 

"différences de traitement" entre les régions à tradition 

tauromachique et les autres. Les anti-corrida voulaient 

que les sanctions infligées pour cruauté envers les 

animaux s"appliquent partout, sans 

dérogations."DICTATURE TAUROMACHIQUE"Le 

critère de "tradition locale ininterrompue", inscrit dans 

le code pénal pour les exceptions à ces sanctions, est 

"précis, objectif et rationnel", a-t-on commenté au 

Conseil constitutionnel, en relevant que ces exceptions 

s"appliquent aux régions de traditions taurine, mais 

aussi, par exemple, aux combats de coq aux Antilles. 

"Ces pratiques traditionnelles ainsi autorisées ne 

portent pas atteinte à des droits constitutionnels 

protégés", a estimé la haute juridiction présidée par 

Jean-Louis Debré. Au législateur de changer la loi s"il 

le souhaite.Le Comité radicalement anticorrida (Crac) 

a estimé vendredi que "nous sommes dans une 

dictature tauromachique" après la décision du Conseil 

constitutionnel. Jean-Pierre Garrigues, président du 

Crac, a par ailleurs qualifié cette décision de "politique 

et non pas (de) juridique". "Quand M. Valls déclare 

qu"il fera tout pour défendre la corrida" le 11 

septembre, "on comprend bien que c"est une décision 

politique", a-t-il ajouté. "Ce n"est qu"une bataille. Notre 

procédure auprès du tribunal administratif de Paris 

reprend dès aujourd"hui", a-t-il affirmé. Lire : Pro et 

anticorrida dans l"arène 

constitutionnelle"PLURALISME CULTUREL"Les sages 

du Conseil constitutionnel devaient dire si la corrida 

était compatible ou non avec la loi, à la suite d"une 

procédure lancée par des défenseurs des animaux. 

L"association Droits des animaux (DDA) et le Crac 

Europe avaient porté plainte devant le tribunal 

administratif pour demander le retrait de la corrida du 

patrimoine immatériel de la France, ce qui a conduit à 

l"examen par les sages d"une question prioritaire de 

constitutionnalité (QPC) sur la tauromachie.Leur 

objectif était que les sages proclament 

l"anticonstitutionnalité de certaines des dispositions de 

l"article 521-1 du Code pénal, qui réprime les actes de 

cruauté commis envers les animaux. Les anticorrida 

réclament plus précisément la suppression de l"alinéa 

7 de cet article, qui prévoit des dérogations à cette 

règle, autorisant la tauromachie sous couvert du 

"principe de tradition locale ininterrompue". Ils veulent 

démontrer "le principe d"égalité devant la loi et 

l"objectif de clarté que doit revêtir cette loi". "En cas de 

rupture d"égalité et de manque de clarté, la loi devrait, 

selon eux, être déclarée anticonstitutionnelle."Lire :Il 

faut interdire la corrida partout en France !De leur côté, 

les défenseurs des villes taurines arguent que la 

corrida, qui se solde par la mort de l"animal, "revêt un 

intérêt général, un pluralisme culturel, social et 

régional" et qu"il s"agit d""une tradition locale 

ininterrompue". Ils estiment en outre que "l"animal ne 

bénéficie pas d"un droit absolu" et "peut être chassé 

ou élevé pour la consommation".Lire :La corrida en 

France : une exception très culturelleLES FRANÇAIS 

PARTAGÉSSelon un sondage IFOP paru jeudi, les 

Français sont partagés sur le sujet, 48 % étant 

favorables à l"interdiction de la corrida, contre 42 % 

qui souhaitent qu"elle continue d"être autorisée. 

Brigitte Bardot, épaulée par Jean-Paul Belmondo et 

Alain Delon, ont apporté leur soutien aux anticorrida 

en cosignant avec les deux acteurs un appel aux 

sages du Conseil leur demandant d""abolir" la 

tauromachie sur tout le territoire.Une pétition du CRAC 

Europe a, par ailleurs, recueilli 1 600 signatures dont 

celles de Robert Hossein, Johnny Hallyday, Albert 

Jacquard et Luc Montagnier, selon Jean-Pierre 

Garrigues. Sans augurer de la décision, le CRAC 

Europe estimait qu""une étape devant le Conseil 

constitutionnel est déjà une victoire".Il entend épuiser 

tous les recours internes et saisir maintenant la Cour 

européenne des droits de l"homme. Il compte aussi 

sur les réseaux sociaux et la pression de l"opinion 

publique pour porter le combat au sein de l"Assemblée 

nationale par le dépôt d"une nouvelle proposition de loi 

pour l"abolition de la corrida.Lire :Pourquoi la corrida ? 

J"ai à faire avec la vie, l"amour, la mort (édition 

abonnés) 

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Los Angeles Times/ - Notícias, Sex, 21 de Setembro de 2012 


City ordered to pay $5.7 million in police 

shooting 

A jury Friday ordered the city of Los Angeles to pay 

$5.7 million to a man who was shot and paralyzed by 

police after he fled the scene of a gang shooting. 

Although the payout, which could reach about $6.5 

million if the city is ordered to pay attorney’s fees, was 

far less than what city officials had been told to expect, 

it was more than what the city needed to pay in the 

case: In April, the City Council rejected a proposed 

settlement deal that would have paid Robert Contreras 

$4.5 million. The jury’s decision compensates the 

26-year-old Contreras for injuries he suffered one night 

in September 2005, when several officers on patrol in 

South L.A. responded to a report of a nearby shooting. 

As they arrived, witnesses pointed to a white van 

speeding away and said people inside the vehicle had 

let off a volley of gunfire while driving by. After a brief 

pursuit, the three men in the van jumped out and 

scattered. Officer Mario Flores and Det. Julio 

Benavides, also a police officer at the time, chased 

Contreras into a dark driveway. When Contreras 

allegedly turned toward them with an object in his 

hand, the officers opened fire, hitting him multiple 

times in the side and back. Contreras had been 

holding a cellphone. The officers told investigators 

afterward they had seen a gun in Contreras' hand as 

he bolted, but an extensive search of the area found 

no weapon. Contreras, who was left a 

near-quadriplegic with some use of his arms, was 

convicted in 2009 for his role in the drive-by shooting 

and sentenced to seven years in state prison. 

Released on parole last year, he filed a federal lawsuit 

against the city, claiming the officers used excessive 

force and violated his civil rights. During the February 

trial, U.S. District Judge Stephen V. Wilson did not 

allow lawyers for the city to tell jurors several pieces of 

information, including the fact that Contreras had been 

convicted in the drive-by, that he was a known gang 

member and that one of the other men in the van had 

told investigators Contreras exited the vehicle armed 

with a gun, according to records obtained by The 

Times. That jury unanimously found in favor of 

Contreras. Faced with a second trial to determine how 

much money the city would have to pay to cover 

Contreras’ extensive medical care costs and the pain 

he suffered, lawyers for the city agreed with Contreras’ 

attorneys to a $4.5-million settlement. However, the 

notion of making Contreras a multimillionaire did not sit 

well with several members of the City Council. An 

internal LAPD inquiry had cleared the officers of 

wrongdoing, and the proposed payout amounted 

essentially to an admission they had done something 

wrong, angry council members said. “It sends a terrible 

message to police officers ... not just the two officers 

involved, but to every officer in the LAPD, who could 

be faced with the same sort of situation,” Councilman 

Paul Krekorian said at the time. Despite warnings from 

city lawyers that a jury could award more than double 

the settlement amount, the council rejected the deal in 

an 8-4 vote. The second trial, which ran for two days 

this week, was largely a fight over the amount and cost 

of the physical therapy, medical care and general 

assistance Contreras will need for the rest of his life. 

Although medical experts put forth by Contreras’ 

lawyer argued he would need a round-the-clock 

attendant and expensive machinery to help him move, 

the city countered with its own experts who said far 

less was necessary. Contreras, said Deputy City Atty. 

Craig Miller, had failed to work aggressively on his 

rehabilitation and would have more mobility and 

independence if he did so. The attempts by his 

attorney to portray him as a near-complete invalid 

were a “sympathy ploy,” Miller told jurors. It was a risky 

argument to make with Contreras seated before the 

jury in an elaborate wheelchair, his fingers curled with 

paralysis. “So many things we take for granted -– to 

walk, to pick up a child, maybe to have a family,” said 

his attorney, Dale Galipo, in his closing remarks to the 

jury. “You need to take all of that into consideration.” 

Miller and Krekorian could not be reached 

immediately. Galipo said that although he was pleased 

with the jury’s decision, he had been hoping for more. 

“It’s still a significant amount of money,” he said. “We 

asked for more, but, remember, I would have settled 

this case for less.” ALSO: Space shuttle Endeavour 

has its Hollywood moment Space shuttle Endeavour 

sails perfectly over Queen Mary Tom Hanks on shuttle: 

'Spaceman in me just went berserk' -- Joel Rubin 

Photo: Los Angeles City Hall, left, and LAPD 

headquarters. Credit: Brian vander Brug / Los Angeles 

Times 

119

Misiones Online/ - Notícias, Sex, 21 de Setembro de 2012 


Mañana a las 11 juran miembros del 

Consejo de la Magistratura por un 

período de dos años 

La nómina es la siguiente: -Consejeros representantes 

del Superior Tribunal de Justicia Provincia de 

Misiones.Presidente: S.S. Dra. Ramona Beatriz 

VELAZQUEZ.S.S. Dr. Froilán ZARZA.-Consejeros 

representantes del Poder Ejecutivo de la Provincia de 

Misiones.TITULAR: Dra. Claudia Noemí GAUTO. 

SUPLENTE: Dr. Carlos Marcelo SYNIUK.-Consejeros 

representantes de los Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial de la Provincia de Misiones.TITULAR: 

Dr. Miguel Orlando MOREIRA.SUPLENTE: Dra. Lyda 

Inés GALLARDO.-Consejeros representantes de la 

Cámara de Representantes de la Provincia de 

Misiones TITULARES: Diputada Alicia Reneé 

DUARTE.Diputado Adolfo Claudio 

WIPPLINGER.SUPLENTES: Diputado Juan Carlos 

AGULLA.Diputado Luis Mario PASTORI.-Consejeros 

representantes del Colegio de Abogados de la 

Provincia de MisionesTITULARES: Dra. Alejandra 

María DESPONTIN.Dr. Nelson Esteban 

LOPEZ.SUPLENTES: Dr. Fernando Andrés 

ACOSTA.Dr. Luis Carlos OUDIN. 


Reuters General/ - Notícias, Sex, 21 de Setembro de 2012 


Texas cheerleaders win court battle over 

high school 'Bible banners' 

By Jim Forsyth SAN ANTONIO | Fri Sep 21, 2012 

4:44pm EDT SAN ANTONIO (Reuters) - Cheerleaders 

at a Texas high school have won a court order 

allowing them to continue featuring Biblical quotes on 

the large paper banners that they hold up for football 

players to tear through when they take the field at the 

game opening. The ruling by a Hardin County judge 

late Thursday over the so-called "Bible Banners" at the 

school in the east Texas town of Kountze marked the 

latest twist in a broader national clash over the 

separation of religion from public schools.The banners 

typically use Biblical passages for messages such as 

"thanks be to God which gives us victory through our 

Lord Jesus Christ," and are a tradition in Kountze, 

which has about 2,100 residents northeast of 

Houston.The dispute began when a group that seeks 

to enforce separation of church and state sent a letter 

to the school superintendent that contended the 

banners represented an illegal endorsement of religion 

by a public entity.The Wisconsin-based Freedom From 

Religion Foundation said it was acting on the 

complaint of a concerned Kountze resident."It is illegal 

for a public school to organize, sponsor, or lead 

religious messages at school athletic events," said 

Stephanie Schmitt, a foundation staff 

attorney.Superintendent Kevin Weldon, a former high 

school football coach, said he contacted the school's 

lawyers after he received the letter and ordered the 

practice with the banners canceled.Weldon, a former 

high school football coach, said he was uncomfortable 

removing the banners and that a lot of Kountze 

residents agreed with the cheerleaders, but would 

follow the decisions of the courts and the school 

board."I applaud the students for what they are 

standing for, I applaud their convictions," Weldon said. 

"I have the same convictions they do. My relationship 

with God is very important to me and this community 

feels the same way."The Texas-based Liberty Institute 

is representing the cheerleaders in the court 

case.Liberty Institute's senior counsel, Mike Johnson, 

said the case was "a quintessential example of 

students' private speech being censored unnecessarily 

by uninformed school officials" and the cheerleaders 

were committed to fighting for their rights."They 

wanted to demonstrate good sportsmanship by 

including positive messages on their banners that will 

encourage not only the home team, but also the 

players and fans on the opposing side," Johnson 

said.Liberty Institute President Kelly Shackelford said 

the group had worked to pass state laws that protect 

religious speech by students and was ready to pursue 

the issue as long as it takes."These government 

officials will never learn that a students' religious rights 

are protected," Shackelford said.Schmitt said, 

however, the circumstances appeared similar to a U.S. 

Supreme Court decision finding it was 

unconstitutional when a school district effectively gave 

its seal of a approval for field pregame prayer at a high 

school football game using the school's public address 

system."A reasonable Kountze student would certainly 

perceive the banners as stamped with the school's 

approval," Schmitt said.(Reporting by Jim Forsyth; 

Editing by David Bailey and Jackie Frank) 

121

The New York Times/ - Notícias, Sex, 21 de Setembro de 2012 


Attorney General Sues Club’s Ex-Leader 

for $2 Million, Citing Misuse of Its 

Money 

The long and colorful battle between the National Arts 

Club and its eccentric former president, O. Aldon 

James Jr., reached a new phase on Friday, as the 

state attorney general sued Mr. James for more than 

$2 million, charging that he misused the club’s money 

and real estate for his own benefit. The dispute has 

generated two continuing lawsuits by Mr. James 

against the club and lurid accusations on both sides, 

including revelations of compulsive hoarding by Mr. 

James and his identical twin brother, which their 

lawyers have described as private and embarrassing. 

Gerald L. Shargel, a lawyer for Mr. James, denied all 

accusations and attributed the new suit to pressure 

applied by Mr. James’s opponents. “They boasted of 

their connection to the attorney general’s office,” Mr. 

Shargel said. The office said it would not comment on 

this assertion. Mr. James was ousted as club president 

last year. His membership hangs on a pending court 

action, and he has an apartment at the club, though he 

does not live in it. On Friday, a former board member, 

Cherry Provost, said that she applauded the new suit 

but that it did not go far enough. “I would still like to 

see them handcuffed,” she said, referring to Mr. 

James; his twin, John; and a family friend and lawyer, 

Steven U. Leitner, who has been on the giving or 

receiving end of much of the rancor. “This is a 

travesty,” Ms. Provost added. “Some poor jerk with no 

money would be locked up.” The attorney general’s 

suit follows an 18-month investigation into the final five 

years of Mr. James’s 25-year tenure as a club officer 

or president. According to documents recently given to 

The New York Times, the matter seemed to be headed 

for a settlement in July, as did a criminal investigation 

by the Manhattan district attorney’s office, until Mr. 

James at the last minute rejected the agreements. In 

the new suit, the attorney general, Eric T. 

Schneiderman, charges that Mr. James used a “unique 

mixture of charm, intimidation, secrecy and deception” 

to obtain “nearly absolute control” over the club, and 

that he used his power to take possession of 

numerous apartments, offices and hotel-style 

“transient” rooms in the club’s Gramercy Park mansion 

and adjoining residential building. The suit also says 

the James brothers filled their rooms with mountains of 

hoarded antiques, clothes and other artifacts until they 

became uninhabitable. The suit says that this use of 

real estate has cost the club $1.5 million in lost rentals 

since 2006 and that Mr. James, though serving without 

a salary, lived a lavish life at the club’s expense, 

spending $250,000 of its money on flea market 

purchases, transportation, meals at the club and other 

personal uses. Money recovered in the suit will go to 

the club. The suit also says that Mr. James unlawfully 

transferred $274,000 from a restricted fellowship fund 

to pay for restoration work on the club’s facade. Mr. 

Shargel, speaking for Mr. James, denied all charges 

and said the club’s board knew and approved of the 

uses of club property. “In 25 years, he never put a 

dollar in his pocket,” he said. The attorney general’s 

office also reached an agreement with the club for 

reforms, prompted by the investigation into Mr. James, 

eliminating below-market leases and placing term 

limits on officers and board members. Dianne 

Bernhard, who replaced Mr. James as president, 

agreed to step down and leave the board when her 

term ends next year. “The club recognizes that this is a 

good thing,” said Roland Riopelle, a lawyer for the 

club. In plea agreements offered in July, the attorney 

general’s office offered to settle with the James 

brothers and Mr. Leitner for $1 million. In addition, the 

district attorney’s office agreed to let Mr. James, a bird 

lover, plead guilty to five misdemeanor charges of 

abandonment of animals, rather than more serious 

charges, in a March 2011 episode in which finches 

belonging to Mr. James had been found dead or dying 

in Gramercy Park. Mr. James rejected both of those 

deals. In an interview afterward, he said he was 

prepared to take his chances in court rather than plead 

guilty, adding: “I don’t believe in miracles. I depend on 

them.” Of his opponents, he said, “These divas — if 

that’s all they have to think about, this is like a sitcom.” 

On Friday, spokesmen for the district attorney said that 

the office would leave the prosecution of Mr. James’s 

financial practices to the attorney general but would 

not comment whether it planned to indict Mr. James 

over the finches. One of Mr. James’s lawyers, the civil 

rights lawyer Elizabeth M. Fink, said she planned to 

fight the club’s actions against Mr. James, framing 

them as an effort by wealthy conservatives to remake 

the club “so it has no politics, no social justice, no 

nothing.” Speaking to a reporter over the summer, with 

Mr. James, she said, “He’s a 1 percent, too, but he 

acts like a 99 percent.” She added, “What you have 

here is a coup.” “Cuckoo,” Mr. James said. 

122



Connecticut Police Officer Admits 

Assaulting Prisoner 

HARTFORD (AP) — One of four East Haven police 

officers arrested on civil rights charges pleaded guilty 

on Friday to using unreasonable force during an arrest. 

Sgt. John Miller, former president of the East Haven 

police union, pleaded guilty in Federal District Court 

here to violating a person’s civil rights by using 

unreasonable force, prosecutors said. Sergeant Miller 

admitted that on Jan. 3, 2010, he struck a handcuffed 

person who was in the custody of two other town 

officers, authorities said. “The conduct of this officer, in 

striking a defenseless individual, is abhorrent,” David 

Fein, the United States attorney for Connecticut, said. 

“This case reminds us that no one is above the law. 

This police officer abused his authority and violated the 

civil rights of a person he is sworn to protect. Such 

conduct will never be tolerated.” Sergeant Miller, 43, 

was one of four officers charged in January with using 

unreasonable force and conspiracy against rights. 

Authorities said that the officers assaulted people who 

were handcuffed; unlawfully searched Latino 

businesses; and harassed and intimidated people, 

including witnesses and other officers who tried to 

investigate. Prosecutors said that the officers had 

targeted Latinos, though Sergeant Miller’s lawyer 

noted that the allegation against his client did not 

involve mistreating any minorities. The charges against 

the other three officers are pending. They have 

pleaded not guilty. The conspiracy charge against 

Sergeant Miller will be dismissed, and the prosecution 

and defense will recommend that he be spared prison 

time when he is sentenced, as long as he continues to 

comply with a cooperation agreement with the 

government. He is scheduled to be sentenced in 

February. Sergeant Miller is on administrative leave 

from the Police Department. His lawyer, Donald 

Cretella, said, “Soon he will be able to get on with his 

life, but today is a very difficult time for the Miller family 

and a very sad day for the East Haven Police 

Department.” 

123



Bettye Lane Dies at 82; Photographer of 

Protests and Causes 

Bettye Lane, a photojournalist who gained wide 

recognition for her rich trove of pictures documenting 

the feminist movement in the 1970s and ’80s, died on 

Wednesday in Manhattan. She was 82. The cause 

was cancer, her nephew Gary O’Neil said. Ms. Lane 

had an early encounter with the movement in 1970, 

when, while working for The National Observer, a 

weekly newspaper based in New York, she was 

assigned to cover the first Women’s Strike for Equality, 

a march called by the National Organization for 

Women to demand equal treatment in the workplace. 

Her pictures of women pumping their fists and waving 

banners as thousands marched down Fifth Avenue 

captured the energy and passion of the moment. From 

then on, as a freelance photographer, Ms. Lane made 

a point of lugging her equipment to every rally — 

whether she was paid to go or not — and getting to 

know the leaders of the movement, including Gloria 

Steinem and Florynce Kennedy. At the Democratic 

National Convention in 1976 at Madison Square 

Garden, she photographed another movement 

stalwart, Representative Bella Abzug, meeting with 

Elizabeth Taylor and Shirley MacLaine. “She was like 

the official photographer for the women’s movement,” 

said Nanci Callahan, the managing director of the 

West Side Cultural Center, who is working on a film 

about Ms. Kennedy. “She was everywhere, and she 

leaves behind a great record.” Ms. Lane turned her 

lens as well on civil rights demonstrations, war 

demonstrations during the Vietnam era and marches 

for gay rights. She was one of the few photographers 

to document the Stonewall protests in Greenwich 

Village, widely seen as starting the gay rights 

movement. The New York Public Library houses many 

of her photographs of the gay-rights struggle. After 

leaving The National Observer, Ms. Lane took 

assignments from Time and Life magazines and The 

Associated Press. Her photographs have appeared in 

more than 70 books and 64 films, according to her 

Web site. The Smithsonian Institution included her 

pictures in a group show, “For Which It Stands: The 

American Flag in Social Protest,” in 2002. Her work is 

also in collections at the Schlesinger Library on the 

History of Women in America at Harvard, the 

Rubenstein library at Duke and the National Museum 

of Women in the Arts in Washington. Elizabeth Foti 

was born in Boston on Sept. 19, 1930, one of eight 

children of Luigi and Antonietta Foti, who had 

immigrated from Italy. Her father returned to Italy when 

she was young, leaving her mother to struggle to pay 

the bills. Elizabeth was forced to drop out of 

elementary school to work in a shoe factory, Mr. O’Neil 

said. She found her vocation when she got a job at 

Harvard in a photography lab. After a brief marriage to 

a World War II veteran, she moved to New York, 

keeping her married name. Her survivors include a 

sister, Tina Caton. From 1978 on, Ms. Lane lived in 

Westbeth, subsidized housing set apart for artists in 

the West Village in Manhattan, where she had 

meticulously organized her photographs so that a 

record of an era of upheavals could be at her 

fingertips. 

124

LONDON — The Muslim world cannot have it both 

ways. It cannot place Islam at the center of political life 

— and in extreme cases political violence — while at 

the same time declaring that the religion is off-limits to 

contestation and ridicule. Islam is one of the world’s 

three great monotheistic religions. Of them it is the 

youngest by several centuries and, perhaps for that 

reason, the most fervid and turbulent. It is also, in 

diverse forms, a political movement, reference and 

inspiration. Politics is a rough-and-tumble game. If the 

emergent Islamic parties of nations in transition — like 

the Muslim Brotherhood in Egypt and Ennahda in 

Tunisia — are to honor the terms of democratic 

governance they will have to concede that they have 

no monopoly on truth, that the prescriptions of Islam 

are malleable and debatable, and that significant 

currents in their societies have different convictions 

and even faiths. The past couple of weeks have been 

discouraging. Nobody expects a U.S. standard of 

freedom of speech to be adopted — or even fully 

understood — in these societies; they will set their own 

political and cultural frameworks inspired by a still 

fervent desire to escape from despotism, whether 

secular or theocratic, and by the central place of faith. 

But the failure in Tunisia, Libya and Egypt to control 

violent mobs of Salafis enraged by mockery in America 

and Europe of Islam and the Prophet Muhammad 

suggests an unacceptable ambivalence: The rule of 

law here on earth must override divine indignation. The 

world has tried Islamic republics. It found them 

oxymoronic. As Iran illustrates, they don’t work: 

Republican institutions, shaped by the wishes of men 

and women, fall victim to the Islamic superstructure, 

supposedly shaped by God. The great challenge of the 

Arab Spring is to prove that, as in Turkey, parties of 

Islamic inspiration can embrace a modern pluralism 

and so usher their societies from a culture of grievance 

and victimhood to one of creativity and agency. Just 

how deep the grievances remain in the Arab world — 

over loss of power, economic stagnation, colonial 

intrusion, Western wars and Israel — has been clear in 

the latest eruption. Change will be slow. But it is 

coming: These societies will not return to tyranny. The 

West has an overwhelming strategic interest in 

supporting transitions that offer the youth of the Arab 

world opportunity: Egypt now dwarfs Afghanistan in its 

importance to fighting Islamic extremism. But the West 

will not do so by compromising its own values. The 

porn-grade American movie that started the unrest 

was pitiful. The murderous violence that followed from 

Cairo to Benghazi was criminal. Charlie Hebdo, the 



A 21st-Century Islam 

French satirical newspaper, then had a strong editorial 

case for mocking the religious fundamentalism that 

produced the killing; it chose to do so through 

caricatures of Muhammad. Gérard Biard, the editor in 

chief of Charlie Hebdo, put the case well: “We’re a 

newspaper that respects French law. Now, if there’s a 

law that is different in Kabul or Riyadh, we’re not going 

to bother ourselves with respecting it.” Alluding to all 

the violence, Biard asked: “Are we supposed to not do 

that news?” He is right. There are too many 

hypocrisies in Islam — deploring attacks on it while 

often casting scorn on Judaism and Christianity, 

claiming the mantle of peace while inspiring violence 

— for it to expect to be spared the cartoonist’s arrows. 

The video insulting Muhammad reflected the visceral 

Islamophobia of its authors. Charlie Hebdo was driven 

by a different agenda: the refusal to be cowed by a 

spate of atavistic Islamist religious violence. Still, I 

defend the right of the video’s authors even if I loathe 

what they produced. The U.S. Supreme Court, in its 

1969 Brandenburg v. Ohio decision, overturned the 

conviction of a Ku Klux Klan leader who had menaced 

political officials with violence, saying that “the 

constitutional guarantees of free speech and free 

press do not permit a State to forbid or proscribe 

advocacy of the use of force.” As Glenn Greenwald 

wrote in The Guardian, “Obviously, if the state cannot 

suppress speech even where it explicitly advocates 

violence, then it cannot suppress a video on the 

ground that it implicitly incites violence.” The rich 

maelstrom of ideas in the United States is inextricably 

tied to this fundamental freedom. It cannot be 

compromised. As for the new leaders of Egypt, Libya 

and Tunisia, and the great mass of moderate Muslims, 

they might recall the words of the late Grand Ayatollah 

Hossein Ali Montazeri protesting the stolen Iranian 

election of 2009 — an example of God’s supposed will 

imposed over the will of the people: “A characteristic of 

a strong and legitimate government — Islamic or not 

— is that it is capable of respecting all opinions, 

whether they support it or oppose it. This is necessary 

for any political system, in order to embrace all social 

classes and encourage them to participate in the 

affairs of their nation, and not dismiss and repulse 

them.” Montazeri fell out with Ayatollah Khomeini 

because his Iranian theocracy was incapable of 

“respecting all opinions.” Decades on, in this Arab 

awakening, that challenge remains for political 

Islam.You can follow Roger Cohen on Twitter or join 

him on Facebook. 

125



‘Justice O’Connor, Welcome to the 

Court’ 

When President Ronald Reagan nominated Sandra 

Day O’Connor to be the first female justice on the 

Supreme Court, he was criticized by liberals for 

picking a woman who had benefited from gains made 

by feminists yet was not one. And conservatives were 

critical, saying that her views were supportive of 

abortion rights. Turned out they weren’t weaknesses, 

they were the things that made her such an important 

justice. She was able to deal with her fellow jurists 

from both sides of the political spectrum. In retrospect, 

as Washington politics have become so polarized, she 

has, for many, grown in stature. When Chief Justice 

John G. Roberts Jr. was criticized by conservatives for 

joining the four more liberal members of the court to 

uphold President Obama’s health care program in 

June, retired Justice O’Connor spoke out in his 

support. 

Video by AssociatedPress Today in History for 

September 21st Today in History for September 21st 

1947 — Stephen King is born. 1950 — Bill Murray is 

born. 1970 — “Monday Night Football” starts. 1981 — 

Sandra Day O’Connor is confirmedas the first female 

Supreme Court justice. 

126

The New York Times/ - Politics, Sex, 21 de Setembro de 2012 


Brown and Warren Spar in Tense 

Televised Debate Over Massachusetts 

Senate Seat 

BOSTON — Senator Scott P. Brown and Elizabeth 

Warren traded accusations over taxes, energy policy 

and contraception coverage in a tense but civil debate 

on Thursday night, the first of four encounters that 

could determine the outcome of one of the hardest 

fought Senate races in the country. Both candidates hit 

the thematic notes they had intended, with Mr. Brown, 

a Republican, emphasizing his record as a bipartisan 

senator and saying that Ms. Warren’s first response to 

any problem was to raise taxes. He called Ms. Warren 

“the founder of the radical Occupy movement” and 

said she would “vote with her party 100 percent of the 

time.” “Can you imagine 100 Professor Warrens down 

there placing blame and raising taxes?” he said. Ms. 

Warren, his Democratic opponent, said several times 

that Mr. Brown stood with big oil companies and 

billionaires, but she waited until the last third of the 

hourlong debate to start making what may be her 

strongest argument to voters in Massachusetts — that 

she is working to keep President Obama in the White 

House, while Mr. Brown is supporting Mitt Romney. Mr. 

Obama leads Mr. Romney by double digits in the polls 

here. Mr. Brown kept mum on Mr. Romney, his 

one-time mentor when they were in state politics 

together, and avoided mentioning party affiliation. The 

Massachusetts race is among a handful that could 

determine which party controls the Senate. On the 

campaign trail, Ms. Warren often tries to yoke Mr. 

Brown to Mr. Romney and Representative Paul D. 

Ryan, the vice-presidential candidate. But on Thursday 

night she tried to link him to a less familiar Republican, 

Senator James M. Inhofe of Oklahoma, warning that if 

the Republicans took over the Senate, Mr. Inhofe 

would become chairman of the committee that 

oversees environmental matters. “He has called global 

warming a hoax,” Ms. Warren said of Mr. Inhofe. “A 

man like that should not be in charge” of the 

Environmental Protection Agency. Mr. Brown shot 

back, “You’re not running against Jim Inhofe, you’re 

running against me.” Mr. Brown said that he 

“absolutely” believed that global warming was real. Mr. 

Brown opened the debate by questioning Ms. Warren’s 

character in connection with her ancestry. “Professor 

Warren claimed she was a Native American, a person 

of color, and as you can see, she’s not,” he said, 

suggesting that she “got ahead” by misrepresenting 

herself. Ms. Warren has insisted, and did again 

Thursday night, that she is part Native American based 

on family lore, saying that children do not usually ask 

their parents for documentation. The chief point that 

Ms. Warren drove home about Mr. Brown was his 

statement that he would not vote to extend the 

Bush-era tax cuts unless they covered everyone, 

including the wealthiest taxpayers. Ms. Warren cast 

this as Mr. Brown’s saying that he would hold the other 

98 percent of taxpayers hostage unless there were 

breaks for those at the top. Mr. Brown said that he was 

trying to protect small business owners and that he did 

not want to hurt those who created jobs. Mr. Brown 

also painted Ms. Warren, who says she is fighting for 

middle class families, as an elitist. He said that she 

and her husband, who both teach at Harvard Law 

School, made three quarters of a million dollars 

between them and that while she is quick to call for the 

rich to pay higher taxes, she declined to take that 

option on her state income tax returns. When Ms. 

Warren sought to make a point about Mr. Brown’s 

failure to support women’s issues, she noted that he 

voted against Elena Kagan, a former dean of the 

Harvard Law School, when President Obama 

nominated her to the Supreme Court. “I’m sorry I 

didn’t vote for your boss,” Mr. Brown shot back. “I know 

that you and Justice Kagan are very close.” “There is a 

litmus test for me,” he said about the vote, “and that 

test is, a judge has to have good judicial character, 

must have good temperament, and actually has to 

have some courtroom, or judicial, experience. And that 

was one of the reasons I did not vote for Justice 

Kagan, and I wish her well and I hope she proves me 

wrong.” Mr. Brown defended his record on women’s 

issues by saying that he had stood up for women since 

he was 6 years old, a reference to his trying to protect 

his mother from abusive men, and that he had a 

houseful of women and so was naturally sympathetic 

to the issues they faced. Ms. Warren excoriated him 

for co-sponsoring the Blunt amendment, which would 

allow employers to opt out of paying for birth control 

coverage if they had religious or moral objections. She 

said this was an example of how he could not be 

trusted to vote in women’s best interests. Mr. Brown 

seemed offended by that suggestion. “You should stop 

scaring women,” Mr. Brown said, adding that he 

co-sponsored the measure on religious grounds — 

and said he took the same position as Senator Edward 

127

M. Kennedy, who held the seat they are sparring over 

for almost 50 years. Ms. Warren took issue with this 

characterization, saying that Mr. Kennedy had fought 

to provide health care for everyone. “I don’t think that’s 

The New York Times/ - Politics, Sex, 21 de Setembro de 2012 


what Senator Kennedy fought for, and I think it’s 

inappropriate to characterize Senator Kennedy in that 

way,” she said.Jess Bidgood contributed reporting. 

128

UOL Internacional/ - Notícias, Sex, 21 de Setembro de 2012 


Com mau desempenho em capitais, PT 

tenta afastar impacto do mensalão 

Por Ana FlorBRASÍLIA, 21 Set (Reuters) - A 16 dias 

das eleições municipais e amargando a pior situação 

eleitoral em mais de uma década nas capitais, o PT 

tenta afastar das urnas o impacto do julgamento do 

chamado mensalão, em andamento no STF, que 

entrará na fase mais delicada para o partido nos 

próximos dias, quando começa a análise das 

acusações contra a cúpula petista do suposto 

esquema.Lideranças do PT e de partidos aliados 

negam que as candidaturas venham sofrendo com a 

repercussão de condenações no Supremo Tribunal 

Federal (STF) e a constatação, por parte dos 

ministros da Corte, de que houve compra de apoio 

político pelo governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva.Para especialistas que acompanham a 

eleição, é difícil afirmar se o escândalo terá impacto 

nas urnas na reta final. Eles apontam que o mau 

desempenho de alguns candidatos vem mais do 

desgaste dos partidos e do esgotamento de suas 

propostas locais do que de um fator externo, como o 

julgamento."Eu não vejo impacto do julgamento até 

agora", diz Márcia Cavallari, diretora do Ibope. "Para o 

eleitor o caso (do mensalão) é muito complicado (de 

compreender)... e há candidatos do PT ganhando 

Brasil afora", acrescentou ela, para quem o poder de 

presidentes da República é limitado nos pleitos 

municipais.Na quarta-feira, o STF decidiu deixar a 

análise do crime de corrupção ativa para o final do 

atual capítulo, que trata dos políticos que teriam 

recebido recursos no suposto esquema de compra de 

apoio político. Com isso, a cúpula petista --José 

Dirceu, José Genoino e Delúbio Soares-- deve ser 

julgada na semana anterior ao primeiro turno.Nos 

últimos dias, os presidentes de partidos aliados 

subscreveram nota em defesa de Lula, fiador de 

diversas candidaturas pelo país, como reação à 

tentativa de partidos de oposição de pedir 

investigação do envolvimento do ex-presidente, depois 

de a revista Veja publicar reportagem em que o 

empresário Marcos Valério teria afirmado a 

conhecidos que Lula era o "chefe" do suposto 

esquema.De acordo com um ministro aliado, que falou 

sob condição de anonimato, a nota começou a ser 

planejada no último final de semana, assim que a 

reportagem foi publicada. Mesmo sem querer a 

identificação com o julgamento em curso no STF, 

aliados do PT pesaram que os ataques a Lula teriam 

chances de afetar candidatos da base em todo o país, 

não só do PT.A Executiva Nacional do partido também 

divulgou nota convocando os militantes do partido a 

"uma batalha do tamanho do Brasil" contra "mentiras" 

e em favor de Lula e do legado dos governos do 

PT.Para o professor de Ética e Filosofia da Unicamp 

Roberto Romano, o impacto da ação em curso no STF 

"não é tão dramática, profunda e sísmica como a 

direção do PT e as propagandas do PSDB fazem 

crer"."Tanto a presidente Dilma quanto Lula estão 

equivocados ao supervalorizar o STF", diz ele, que 

acredita que a nota divulgada nesta sexta pela 

presidente, contestando o uso pelo relator do 

processo, ministro Joaquim Barbosa, de seu 

depoimento como testemunha, foi "desastrosa".Na 

propaganda eleitoral, o mensalão virou arma de 

adversários do PT, artilharia que irá crescer com a 

perspectiva de condenação por corrupção ativa de 

Dirceu, Genoino e Delúbio."Até agora não houve 

(impacto do mensalão nas intenções de voto), vamos 

ver o que pode acontecer nas próximas duas 

semanas", afirmou à Reuters o ministro da Saúde, 

Alexandre Padilha, que se mantém confiante no 

desempenho dos candidatos petistas nas principais 

cidades em que o partido disputa.Segundo outra 

liderança do PT em São Paulo, que falou sob 

condição de anonimato, pesquisas internas do partido 

na cidade mostram que o eleitor, em especial da 

periferia, confunde a palavra "mensalão" com os 

escândalos do PT e do PSDB e do DEM. É justamente 

na periferia que o PT, com Fernando Haddad, tenta 

crescer para ultrapassar o tucano José Serra e chegar 

ao segundo turno contra Celso Russomanno 

(PRB).MAU DESEMPENHOO cálculo interno feito 

pelo PT, de acordo com dois integrantes da executiva 

nacional, é de que o partido vença no primeiro turno 

em Goiânia e possa levar a disputa para o segundo 

turno em Cuiabá, Fortaleza, Salvador, Vitória e São 

Paulo --onde a mais recente pesquisa Datafolha 

mostrou Serra à frente de Haddad.Mesmo se vencer 

em todas essas cidades, o partido apenas manteria o 

número de capitais que comanda. Esse cenário é visto 

como pouco provável por lideranças petistas, que 

acreditam que a sigla ampliará o comando nas 

cidades médias e regiões metropolitanas.O partido 

ainda pode amargar uma derrota com ares de 

"tragédia", segundo uma liderança petista: um possível 

segundo turno no Recife entre PSB e PSDB, sem o 

PT."O PT tem fraturas internas em praticamente todos 

os locais onde está disputando, isto é um motivo muito 

maior para um desempenho fraco dos candidatos", 

afirma Romano."Ser concomitante não faz com que 

um fato seja a causa de outro", acrescenta ele, sobre 

129

a possível derrota em algumas cidades e o impacto do 

julgamento no STF. 

UOL Internacional/ - Notícias, Sex, 21 de Setembro de 2012 


130

USA Today/ - Notícias, Sex, 21 de Setembro de 2012 


TV"s West Wing still plays in political 

world 

The Josiah Bartlet presidency lives on.The fictional 

administration portrayed on television"s The West 

Wing from 1999 to 2006 has made two appearances in 

the political world this week -- one in Michigan and one 

in Burma.In Michigan, State Supreme Court candidate 

Bridget Mary McCormack -- whose sister was a West 

Wing cast member for a few seasons -- was able to get 

actors Martin Sheen, Allison Janney and Bradley 

Whitford to recreate their roles for a video on behalf of 

her candidacy.The video, designed in part to remind 

Michiganders that straight party ticket voting does not 

include non-partisan judicial races, quickly vent viral as 

cast members parodied their old show, including its 

rapid fire dialogue.Meanwhile ... in Burma, some 

legislators are reportedly looking at old West Wing 

episodes for tips on democracy.Secretary of State 

Hillary Rodham Clinton said this week that a Burmese 

lawmaker told her,""help us learn how to be a 

democratic congress, a Parliament." He went on to tell 

me that they were trying to teach themselves by 

watching old segments of The West Wing."Clinton said 

he replied: "I think we can do better than that Mr. 

Speaker." 

131



Orangeburg Massacre stirs debate 44 

years later 

Cleveland Sellers saw plenty of civil rights protests 

throughout the South as program director for the 

Student Nonviolent Coordinating Committee in the 

1960s. When he arrived at South Carolina State 

College in Orangeburg in 1968, he thought it was time 

to quietly work for his degree.On Feb. 8, the quiet 

ended. Sellers joined a demonstration against a 

segregated bowling alley that ended with 30 unarmed 

black students shot by white police, three of them 

fatally. Sellers was wounded in the armpit. It was the 

most brutal response yet to student protests that would 

change the nation, yet for decades it got little attention. 

Now, scholars and people like Sellers with first-hand 

accounts are changing that.Today, academics, 

students and others meet in South Carolina for a 

three-day conference at the College of Charleston. 

They"ll discuss the black power movement and the 

legacy of the Orangeburg Massacre. Sellers is one of 

the speakers.The conference comes after a 2002 

book, The Orangeburg Massacre, by journalists Jack 

Bass and Jack Nelson, and a 2010 

documentary,Scarred Justice: The Orangeburg 

Massacre 1968."South Carolina State was the first 

time ever in the history of America that a college 

student had been killed on their campus for doing 

absolutely nothing," says Sellers, now president of 

Voorhees College in Denmark, S.C. What bothers 

Sellers and other scholars is that the Orangeburg 

Massacre, as it is now known, happened two years 

before the May 4, 1970, Kent State shootings, when 

National Guardsmen shot into an anti-war protest on 

the Ohio campus, killing four. Yet Orangeburg never 

received anywhere near the attention."It"s still a sore 

spot for people here, when you talk about a massacre 

of students, how it never reached the level of a Kent 

State," says Patricia Lessane, executive director of the 

Avery Research Center, which is hosting the 

conference."This was an example of people who were 

saying, â??Enough is enough," " she says. "We hear 

about Selma and other places," referring to the March 

7, 1965, attack on voting rights protesters in the 

Alabama city, "but you don"t hear about 

Orangeburg."Sellers, who went to prison on a rioting 

conviction, says, "I think the Orangeburg Massacre 

goes down besides the martyrs of the 16th Street 

Baptist Church, Chaney, Goodman, and Schwerner 

and many others," referring to the three civil rights 

workers murdered in Mississippi in 1964."The legacy is 

that there were other martyrs just like the ones we 

know about that got slid off to the side of history and 

weren"t well recognized because South Carolina 

refused for a long time to address those kinds of 

issues." Orangeburg is a city of 14,000 about 40 miles 

southeast of Columbia, the state capital. Its website 

boasts it is where 600 Confederate soldiers 

temporarily blocked the advance of the Union army. It 

also has two historically black schools across the 

street from one another: South Carolina State and 

Claflin University.Over the years, most places in town 

had been integrated, but the All Star Bowling Lanes 

still wouldn"t serve African Americans, says John 

Stroman, then a student organizer and a junior at 

South Carolina State. Today, the retired teacher is 69 

and still lives in Orangeburg.On Feb. 6, 1968, Stroman 

and other students went to the bowling alley and sat 

down at the counter but were ignored. One touched a 

salt shaker and the wife of owner Harry Floyd, now 

dead,threw it away, Stroman says. Everything they 

touched got tossed, he says."I hugged the jukebox and 

I said, â??Now throw this in the trash can," " Stroman 

recalls. "Harry got peeved and said, â??I"m going to 

call the police." "On the second night, state and local 

police met the students. More than a dozen were 

arrested, bloodied students went to the infirmary, and 

other students threw bricks and rocks at stores. On the 

third night, the weather had cooled to freezing and the 

students lit a bonfire just off campus, When a firetruck 

was called in and state police followed, about 100 

students retreated to campus, according to Bass. 

Accounts vary, but many say a banister thrown from a 

building hit a state trooper in the head. A few minutes 

later, about 70 law enforcement officers opened fire 

with carbines, pistols and riot guns loaded with 

buckshot. The shooting lasted about 10 

seconds."When I heard the first shot go off, I looked to 

see if they were really shooting," Sellers said. "The 

area in front of the police was all lit up. There was 

smoke still billowing out from the bonfire."He hit the 

ground."I could feel when I got hit," Sellers said. "It 

was a burning sensation." Many people were shot in 

the back or the bottom of the feet as they scrambled 

away from the police gunfire. This was the segregation 

era. No ambulances came. With a gunshot wound 

under his left arm , Sellers dragged injured students to 

the infirmary. "They were hurt real bad and that"s the 

only way they could have gotten back over there," he 

says.ROTC student Henry Smith had five gunshots. 

He died at the hospital. Freshman football player Sam 

Hammond died on the floor of the college 

infirmary.High school student Delano Middleton, shot 

132

in the chest, was a regular on the campus because his 

mother was a cleaner there and because he liked the 

grilled cheese sandwiches at the cafeteria, says 

Scarred Justice filmmaker Judy 

Richardson.Middleton"s mother appeared at his side at 

the hospital and he took her hand, Richardson 

recounts from interviews she did for the 

documentary.He told his mother, " "You"ve been a 

good mama but I"m going to leave you now." She 

starts saying, "The Lord is my shepherd... " He repeats 

it and says, "Thank you mama, I feel so much better 

now." " Then he died. Despite news accounts of heavy 

gunfire, investigations later revealed that the students 

were not armed.At first, Sellers was charged with five 



felonies, but they were whittled down to one: rioting. 

"They convicted me of riot, one-man riot," he says 

bitterly.He served seven months at hard labor of a 

one-year sentence. In 1993, the state pardons board 

pardoned him, clearing his felony record. "I have 

moved on and I have forgiven those folks who 

perpetuated this, but I can"t forget it," he says. "You 

don"t necessarily have to get consumed by your 

bitterness and the attitudes that you might have 

developed in being treated in this manner. I was 

obviously targeted and I survived it, but I wanted to 

leave a legacy for other youngsters." 

133






Piden implementar el guaraní en los tres poderes del Estado, 138 



Proibição em universidades acirra debate sobre direitos das mulheres no Irã, 139 



Princeton’s President Tilghman to Retire in June 2013, 141 



Texas Seeks to Unblock Purge of Deceased From Voter Rolls, 142 



Wal-Mart Must Face California Bias Case, Judge Rules, 143 



Prorrogan el cierre del relleno de basura de José León Suárez, 144 

Correo Del Orinoco - Notícias 


Cancilleres de Ecuador y Reino Unido se reunirán el 27 de septiembre en Nueva York, 145 



Cuestionan a procurador del Gobierno Regional del Cusco, 146 



Solicitan impedimento de salida del país de Gregorio Santos, 147 



I pachidermi delle regioni, 148 



BE desafia toda a oposição para moção de censura, 149 



Recurso de Carlos Silvino ao TC está pendente no Supremo, 150 



Barletta convencido de que el gobierno avanzará en la reforma constitucional, 151 



De Angeli advirtió que el campo debe unirse en contra de la re-reelección, 152 


135



Germán Mejía aconseja a jueces 12:00 AM, 153 



Diputados advierten a Unicef que legislan en sintonía con la población 12:00 AM, 154 



“Hago pública la bomba de Sáenz de Santamaría sobre el GAL”, 155 



‘Bon cop de falç!’, 158 



Canciller pide confiar en fase oral, 159 



Judicatura impone más exigencias en concursos, 160 



Recurso de "Bibi" está pendente no Supremo, 161 



Sumario para el juez del caso Candela, 162 



LAPD chief urges appeal of $5.7 million jury award to paralyzed felon, 164 



Some juvenile killers would get parole if Jerry Brown signs bill, 165 



Juraron los nuevos Integrantes del Consejo de la Magistratura, 166 



Especialistas disertan hoy sobre Estado de Derecho Constitucional, 167 

Reuters General - Article 


Philippines close to landmark peace deal in rebel south, 168 

The Economic Times - News 


Issues at stake in US presidential election and why it matters, 169 



Make forests no-go areas: Supreme Court, 170 



136


Prime Minister Manmohan Singh's team behind the recent reforms blitzkrieg, 171 



Lawyer not liable for wrong legal advice: Supreme Court, 172 



In Kennedy Recordings, History’s Raw Materials, 173 



When GPS Tracking Violates Privacy Rights, 174 



University of Colorado Is Uneasy as Court Ruling Allows Guns on Campus, 175 



Middle Schools Add Team Rule: Get a Drug Test, 176 



In Israel, time change unleashes culture clash, 177 



Activists use education to overcome new voting laws, 179 



Undocumented immigrants take cause to defiant new level, 181 

137

ABC Digital/ - Notícias, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


Piden implementar el guaraní en los tres 

poderes del Estado 

En una nota con el profesor Silva, en San Juan 

Bautista, Misiones, el docente explicó que la ley de 

lenguas expresa que todos los problemas lingüísticos 

deben quedar a cargo de un nuevo ministerio.Esta 

nueva cartera se llama Secretaría de Política 

Lingüística, cuyo ministro secretario es Carlos Villagra 

Marshal. “Umia ja oima, ojyma” (ya se concretaron, ya 

se cocinó), expresó.Añadió que conforme a la ley se 

tiene que crear también una Academia de Lengua 

Guaraní, así como existe la Academia de Lengua 

Española.“En dos semanas más después de 

presentarse 100 carpetas de candidatos vamos a 

tener los primeros 15 miembros de esa Academia de 

la Lengua Guaraní”, dijo Silva.Puntualizó que ahora se 

tiene que implementar la ley de lenguas en los tres 

poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

“Está a mi cargo el enlace de implementación de esta 

ley”, remarcó Silva.Agregó que empezó en el Poder 

Judicial, donde se desarrollan tres módulos: el 

primero para los magistrados, el segundo que 

establece qué clase de guaraní se va a implementar y 

el tercero la capacitación a los funcionarios sobre el 

contenido cultural guaraní popular paraguayo.Según el 

profesor Silva, se consultó al Poder Judicial si es 

necesario aplicar la ley de lenguas. “Ha he"i hikuái que 

sí (dijeron que sí) mil magistrados judiciales”, informó 

el profesor Silva.Señaló que el segundo módulo 

establece que en el Poder Judicial se va a 

implementar la lengua viva popular: el jopará 

jeha"a.Explicó que hay muchas vertientes del idioma 

guaraní: el popular o jopará, el académico o escolar y 

el guaraní paraguayo.Informó que se optó por el 

guaraní popular jopara, jehe"a, en vez del académico. 

“El derecho lingüístico es derecho humano del reo, del 

procesado, y eso se respeta. En ese modelo de 

guaraní hay que capacitar a los magistrados”, 

dijo.Según el profesor Ramón Silva, todos los decretos 

presidenciales, las resoluciones y las leyes tienen que 

estar redactados también en guaraní.Subrayó que en 

15 días más saldrá también el primer diccionario 

guaraní y detrás viene un traductor digital para facilitar 

a los tres poderes del Estado la redacción de los 

decretos y resoluciones. 

138

BBC Brasil/ - Notícias, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


Proibição em universidades acirra debate 

sobre direitos das mulheres no Irã 

Fariba Sahraei Da BBC Persa 

A decisão de restringir a participação feminina em 

diversos cursos em universidades do Irã, no momento 

em que se inicia o novo ano acadêmico, vem 

provocando uma ampla discussão sobre os direitos 

das mulheres à educação no país – e o impacto de 

longo prazo que essas restrições podem ter. 

Mais de 30 universidades adotaram novas regras 

excluindo as mulheres de quase 80 diferentes cursos 

acadêmicos. 

A decisão de restringir a participação feminina em 

diversos cursos em universidades do Irã, no momento 

em que se inicia o novo ano acadêmico, vem 

provocando uma ampla discussão sobre os direitos 

das mulheres à educação no país – e o impacto de 

longo prazo que essas restrições podem ter. 

Mais de 30 universidades adotaram novas regras 

excluindo as mulheres de quase 80 diferentes cursos 

acadêmicos. 

A cada ano, mais mulheres do que homens estão se 

matriculando em universidades no Irã, motivadas, 

dizem alguns, pela oportunidade de ter uma vida mais 

independente, ter uma carreira e escapar da pressão 

de seus pais para que fiquem em casa e se casem. 

As mulheres estão bem representadas em uma 

variada gama de profissões e há muitas mulheres 

engenheiras, cientistas e médicas. 

Mas muitos no Irã temem que as novas restrições 

possam prejudicar essas conquistas. 

"Eu queria estudar arquitetura e engenharia civil", diz 

Leila, uma jovem do sul do Irã. "Mas o acesso para 

mulheres foi cortado em 50%, e há a possibilidade de 

que eu não consiga entrar na universidade neste 

ano." 

Protestos 

No período logo após a revolução Islâmica, as 

universidades eram um dos poucos lugares e que 

jovens homens e mulheres podiam se misturar com 

relativa liberdade. 

Ao longo dos anos, isso foi mudando gradualmente, 

com as universidades introduzindo medidas mais 

rígidas, como entradas, auditórios e até cantinas 

separadas para homens e mulheres. 

Desde os protestos que se seguiram à eleição 

presidencial de 2009 – na qual o presidente Mahmoud 

Ahmadinejad foi reeleito – este processo foi acelerado, 

uma vez que políticos conservadores fortaleceram seu 

controle sobre o país. 

As mulheres desempenharam um papel fundamental 

naqueles protestos – desde as esposas dos dois 

principais candidatos de oposição, que apesar de 

manterem uma postura tradicional e usarem o véu, 

expressaram suas opiniões de maneira 

surpreendente, até as manifestantes glamourosas, 

vestidas de verde, que tomaram as ruas de Teerã e de 

outras cidades. 

Alguns iranianos dizem que foi a visão de tantas 

jovens mulheres iranianas à frente dos protestos de 

2009 que irritou os líderes conservadores do país e os 

levou a agir. 

Em um discurso após os protestos de 2009, o líder 

supremo do país, Aiatolá Ali Khamenei, pediu a 

"islamização" das universidades e criticou disciplinas 

como sociologia, que, segundo ele, eram muito 

influenciadas pelo Ocidente e não tinham espaço no 

currículo islâmico iraniano. 

Desde então, houve muitas mudanças nas 

universidades, com corte de cursos e substituição de 

funcionários acadêmicos antigos por conservadores 

leais ao regime. 

Continuação 

Muitos veem as novas restrições à estudantes do sexo 

feminino como uma continuação desse processo. 

Em agosto deste ano, o Aiatolá Khamenei fez outro 

discurso amplamente debatido, no qual pediu aos 

iranianos que retornassem aos valores tradicionais e 

tivessem mais filhos. 

139

Foi uma afronta para muitos em um país que foi 

pioneiro em planejamento familiar e ganhou elogios ao 

redor do mundo por sua ênfase na importância de 

oferecer às famílias acesso a métodos 

contraceptivos. 

Desde o discurso, houve relatos de cortes em 

programas de planejamento familiar e em educação 

sexual nas universidades. 

Ainda não está claro exatamento quantas mulheres 

foram afetadas pelas novas regras de ingresso nas 

universidades. 

Mas no momento em que o novo ano acadêmico se 

BBC Brasil/ - Notícias, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


inicia, algumas tiveram de repensar completamente 

seus planos profissionais. 

"Desde os 16 anos eu sabia que queria ser 

engenheira mecânica, e eu trabalhei duro para isso", 

diz Noushin, da cidade de Isfahan. 

"Mas apesar de ter obtido notas altas no exame para 

ingressar na Universidade Nacional, eu acabei 

conseguindo apenas uma vaga no curso de Arte e 

Design." 

Nos próximos meses, ativistas estarão observando 

atentamente os efeitos dessa nova política e tentarão 

medir seus efeitos de longo prazo. 

140

Bloomberg/ - News, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


Princeton’s President Tilghman to Retire 

in June 2013 

Princeton University President Shirley Tilghman, the 

first woman to lead then Ivy League university, said 

she will retire next year. Tilghman, 66 and a molecular 

biologist, was a faculty member for 15 years before 

being named to run the university in 2001. She will 

step down at the end of the current academic year in 

June 2013, the Princeton, New Jersey-based school 

said today in a statement on its website. Tilghman has 

been an advocate for women in the sciences and has 

appointed women to prominent roles at Princeton, 

including two who went on to lead other schools in the 

Ivy League, made up of eight private colleges in the 

U.S. Northeast. In a telephone interview today, she 

said she built on a record her predecessor Harold 

Shapiro had established -- identifying women leaders 

and giving them an opportunity to try out their 

leadership skills. “The secret of appointing women is to 

be able to close your eyes, and when you think of the 

word leader, to imagine a woman as often as you 

would a man,” Tilghman said. The Ivy League is 

undergoing a changing of the guard, with two other 

schools -- Yale and Dartmouth -- looking for 

presidents, while Brown University has a newly 

installed leader. Richard C. Levin said on Aug. 30 he 

will retire from Yale University after leading the New 

Haven, Connecticut-based school for 20 years. 

Dartmouth College is also searching for a new leader 

after Jim Yong Kim left the Hanover, New 

Hampshire-based school on July 1 to run the World 

Bank. Tilghman Proteges Economist Christina Hull 

Paxson became president of Brown University in 

Providence, Rhode Island, on July 1, 2012. She 

replaced Ruth Simmons, who led the school for more 

than a decade. Paxson left the deanship of Princeton’s 

Woodrow Wilson School of Public and International 

Affairs. Tilghman’s former provost, Amy Gutmann, is 

president of the University of Pennsylvania. Kathryn 

Hall, chairman of the Board of Trustees, will lead the 

search for Tilghman’s successor, according to the 

statement. The search committee will include nine 

members of the board, four faculty members, two 

undergraduates, a graduate student and a staff 

member. “We will provide further information soon 

about the process and the composition of the search 

committee,” Hall said. After taking a year’s leave, 

Tilghman said she plans to return to the Princeton 

faculty and “to my other passion” -- teaching. Princeton 

Endowment Tilghman informed the university’s board 

of trustees of her decision this weekend at the board’s 

regular September meeting, according to the 

statement. Princeton’s endowment was valued at 

$17.1 billion in June 2011. It is the fourth largest in 

higher education, behind Harvard University, Yale and 

the University of Texas system, according to an annual 

survey of endowments by the National Association of 

College and University Business Officers and 

Commonfund Institute. The endowment probably 

earned zero to 5 percent on its investments in the past 

fiscal year, Tilghman said Sept. 12 in an interview at 

Bloomberg LP’s headquarters in New York. The school 

is expected to report its performance by next month. 

The endowment returned 22 percent in fiscal 2011 and 

15 percent in the prior period. Under Tilghman, 

Princeton completed a five-year fundraising campaign 

on June 20, raising a record $1.88 billion. Career 

Scientist Tilghman, a native of Toronto, received an 

undergraduate degree in chemistry from Queen’s 

University in Kingston, Ontario, in 1968. After two 

years of teaching secondary school in Sierra Leone, 

West Africa, she earned a Ph.D. in biochemistry from 

Temple University in Philadelphia. During postdoctoral 

studies at the National Institutes of Health, she made a 

number of discoveries while participating in cloning the 

first mammalian gene. She also continued to make 

breakthroughs as an independent investigator at the 

Institute for Cancer Research in Philadelphia and an 

adjunct associate professor of human genetics and 

biochemistry and biophysics at the University of 

Pennsylvania. There is a “natural rhythm to university 

presidencies,” Tilghman said in a letter to the college 

community. “It is time for Princeton to turn to its 20th 

president to chart the path for the next decade and 

beyond.” Tilghman is a director of Google Inc. (GOOG) 

Eric Schmidt, a Princeton alumnus and former trustee, 

is chairman of the Mountain View, California-based 

company. Alumni of Princeton include First Lady 

Michelle Obama and Supreme Court Justices Samuel 

Alito Jr., Sonia Sotomayor and Elena Kagan. To 

contact the reporter on this story: Janet Lorin in New 

Yorkjlorin@bloomberg.net. To contact the editor 

responsible for this story: Lisa Wolfson 

atlwolfson@bloomberg.net. 

141

Bloomberg/ - News, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


Texas Seeks to Unblock Purge of 

Deceased From Voter Rolls 

Texas asked a state judge to dissolve a temporary 

court order blocking a purge of as many as 77,000 

“possibly dead” people from voter rosters in one of 

several courtroom battles leading up to the Nov. 6 

election. “Texas has long had in place statutes that 

mandate a voter’s registration should be canceled by a 

county registrar when it is determined that a voter is 

deceased,” Texas Attorney General Greg Abbott said 

in a filing yesterday in state court in Austin. “This 

matter concerns the integrity of voter registration in 

Texas.” Four voters sued Texas Secretary of State 

Hope Andrade on Sept. 19 to block implementation of 

a voter-verification campaign that they said would 

remove them and possibly thousands of other 

still-living Texans from voter lists before the November 

presidential election. Judge Tim Sulak blocked 

Andrade from directing county voter registrars to carry 

out the voter purge the same day the lawsuit was filed. 

Voter registrars in Dallas County and Harris County, 

which includes Houston, had balked at completing the 

purge. Harris County Voter Registrar Don Sumners 

said he was concerned the state’s dead-voter list was 

inaccurate and that hundreds of voters contacted his 

office to refute reports of their deaths after getting 

notices their registrations would be canceled. The 

lawsuit is among multiple court battles over voting 

rules, particularly in swing states, including Florida, 

Ohio, Pennsylvania and Wisconsin, where Republican 

and Democratic presidential campaigns see the 

possibility of victory. Pennsylvania Suit In 

Pennsylvania this week, the state Supreme Court set 

aside for further review a ruling allowing the state to 

enforce a law requiring voters to have photo 

identification, which the American Civil Liberties Union 

has argued was aimed at keeping likely Democratic 

voters away from the polls. The lower court set a 

hearing on the review for Sept. 25. Voter cases are 

also under way in Alabama, South Carolina and 

Tennessee. Lawsuits filed over Florida voting rules 

include at least two challenging a law ostensibly 

designed to purge noncitizens from voter lists, which 

opponents say would disenfranchise new citizens as 

well. A federal judge last month blocked enforcement 

of a new Florida law restricting voter-registration 

activities. A different federal judge in Florida this week 

heard arguments challenging the state’s 2011 law 

cutting back early voting days as biased against 

blacks. 30 Days The Texas voters who sued have no 

right to challenge the state simply because they were 

notified that their voter registrations would be canceled 

within 30 days if they didn’t prove they were alive, 

Abbott said in yesterday’s filing. “Each voter who 

receives such a notice is simply asked to provide the 

relevant county registrar with information 

demonstrating the voter remains eligible to vote,” 

Abbott said. “This entire suit should be dismissed.” In 

the alternative, Abbott asked Sulak to dissolve his 

restraining order and allow county registrars to 

continue investigating voters who are so-called “weak” 

matches with the U.S. Social Security Administration’s 

master death list. Voters aren’t challenging removal of 

“strong” matches between election rosters and the 

national database, only weak ones that lack a 

complete match between a voter’s full name, birthday 

and a nine-digit Social Security number. Voters’ 

Challenge Abbott also said the state court judge 

lacked authority to preside over the voters’ challenge 

under the U.S. Voting Rights Act because only federal 

courts may oversee such matters. The state initially 

filed a notice of its intent to move the lawsuit to federal 

court early yesterday, and later withdrew that notice, 

Abbott said in the filing. “The voters clearly have 

standing to sue,” David Richards, the voters’ lawyer, 

said in a phone interview. “If you follow the state’s 

logic, then no one would have standing to ever do 

anything.” Richards said the U.S. Supreme Court has 

ruled that state courts can hear challenges under the 

Voting Rights Act. The case is Moore v. Morton, 

D-1-6N-12-002923, District Court, Travis County, 

Texas (Austin). To contact the reporter on this story: 

Mary Romano in New York 

atmromano6@bloomberg.net To contact the editor 


atmhytha@bloomberg.net 

142

Bloomberg/ - Notícias, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


Wal-Mart Must Face California Bias 

Case, Judge Rules 

Wal-Mart Stores Inc. must face an 11-year-old gender 

discrimination lawsuit brought on behalf of workers in 

California after the U.S. Supreme Court barred a 

lawsuit representing Wal-Mart employees nationwide. 

U.S. District Judge Charles Breyer in San Francisco 

said in an order yesterday that the plaintiffs have 

proposed a reduced class size to between one and 

several hundred thousand members. The reduced 

class “could be certified,” Breyer wrote, if it made a 

“showing consistent with the Supreme Court’s 

decision” that a nationwide class action isn’t 

appropriate. Breyer rejected Wal-Mart’s bid to dismiss 

the case, an argument made on grounds that even the 

reduced class size suffers from the problems that led 

the Supreme Court to bar a nationwide class 

certification, according to the ruling. Breyer said he 

“reserves for later determination” if the class should be 

certified. The sex-bias case was originally filed in San 

Francisco in 2001 by women at a handful of Wal-Mart 

stores claiming they were denied pay and promotions. 

It was eventually certified as a class action, or group 

lawsuit covering more than 1 million employees after 

lawyers for the workers convinced a judge that 

Wal-Mart’s employment policies meant that women at 

hundreds of stores across the country were subject to 

similar treatment. Class certification provides leverage 

to plaintiffs in financing the lawsuit and negotiating a 

settlement. Wal-Mart appealed the certification, saying 

hiring and promotion decisions were made by local 

managers and each claim of discrimination should be 

handled in individual lawsuits. Supreme Court The 

Supreme Court ruled the workers didn’t provide 

convincing proof of a companywide discriminatory pay 

and promotion policy. It threw out class certification 

and sent the case back to the lower court. Worker’s 

attorneys refiled the lawsuit in October as a group 

case representing California store employees, saying 

that while the Supreme Court blocked a nationwide 

class, the court’s ruling allowed them to show evidence 

of bias in pay and promotion against tens of thousands 

of women who worked in California. They filed a 

separate lawsuit against Wal-Mart in Dallas on behalf 

of women who worked at stores in Texas. At a hearing 

in June in the California case, Breyer said he was 

“seriously concerned” that the plaintiffs’ lawyers didn’t 

have the evidence to support claims of statewide 

discrimination. Yesterday, Breyer set a hearing for 

Feb. 15 to consider whether the women can sue as a 

group. The California case is Dukes v. Wal-Mart Stores 

Inc. (WMT), 01- cv-02252, U.S. District Court, Northern 

District of California (San Francisco). The Supreme 

Court case is Wal-Mart v. Dukes, 10-00277, U.S. 

Supreme Court (Washington). To contact the 

reporters on this story: Karen Gullo in San Francisco 

atkgullo@bloomberg.net; Joel Rosenblatt in San 

Francisco atjrosenblatt@bloomberg.net To contact the 

editor responsible for this story: Michael Hytha 

atmhytha@bloomberg.net 

143

Clarín/ - Notícias, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


Prorrogan el cierre del relleno de basura 

de José León Suárez 

La planta de la Ceamse donde entierran su basura 

Capital y el Gran Buenos Aires sólo podía operar 

hasta 2013. Ahora podrá hacerlo hasta 2016, pero los 

municipios deberán implementar los demorados 

planes de recicladoque hagan que se entierre 

menos.Luego de complicadas negociaciones y varios 

alertas por riesgo de colapso, se logró extender hasta 

2016 la vida útil del relleno sanitario Norte III de la 

Ceamse, ubicado sobre el Camino del Buen Ayre, en 

la localidad de José León Suárez.Lo anunció ayer el 

secretario de Espacio Público de la Provincia de 

Buenos Aires, Eduardo Aparicio, en un encuentro 

realizado en la sede de la Federación Argentina de 

Municipios junto a la ministra de Gobierno, Cristina 

Alvarez Rodríguez.En la planta Norte III, que abarca 

300 hectáreas de relleno, depositan sus residuos la 

Ciudad de Buenos Aires y 28 municipios del 

conurbano (ver infografía): recibe cerca de 17 mil 

toneladas por día de basura . Es la más grande de 

toda el área metropolitana. Debido a que en los 

últimos años aumentó la cantidad de basura que se 

genera y los planes para reciclar y reducir los residuos 

se demoran tanto en Capital como en el GBA, el 

relleno tenía su capacidad al límite y se estimaba que 

podría operar sólo hasta el año próximo. La razón por 

la que podrá seguir operando el relleno es porque la 

Ciudad de Buenos Aires dejó de enviar unas 2.000 

toneladas por día de residuos áridos(los provenientes 

de las obras), según se explicó, y porque los 

municipios se están adhiriendo a distintos programas 

que buscan que llegue menos basura a los rellenos 

sanitarios. 

El anuncio llega también tras las resoluciones emitidas 

por el Organismo Provincial para el Desarrollo 

Sostenible (OPDS), en las cuales “se exige a la 

Ciudad de Buenos Aires una reducción del 50% de los 

residuos enterrados y el aporte del trabajo conjunto de 

los municipios”. Además, desde junio, tras un pedido 

público de la presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner, la Ceamse le aumentó a la Ciudad la tarifa 

por tonelada de basura enterrada, que así pasó de 

US$ 50 a US$ 67,50. Con todo, lo que no se pudo 

lograr hasta ahora es la ampliación del relleno para lo 

que se necesita una autorización del Ministerio de 

Defensa de la Nación y el visto bueno de la 

Presidenta.El problema con los rellenos es en realidad 

una crisis . Junto al Norte III, otros dos abastecen al 

área metropolitana. Uno es el de González Catán, que 

recibe la basura de seis municipios, ya que no tendrá 

más capacidad en marzo del año próximo. Y el otro es 

el de Punta Lara, que debería cerrar en abril o mayo 

de 2013 y que tiene orden de clausura de la Suprema 

Corte de Justicia desde 2006. Mientras, se buscan 

alternativas. La realidad es que se podrían construir 

nuevos rellenos, pero se enfrentan a la oposición de 

los vecinos. Mientras, el riesgo de crisis 

medioambiental sigue vigente. 

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Correo Del Orinoco/ - Notícias, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


Cancilleres de Ecuador y Reino Unido se 

reunirán el 27 de septiembre en Nueva 

York 

“Confirmado: tendré reunión sobre caso Assange, con 

William Hague, Secretario de Asuntos Exteriores del 

Reino Unido, en N. York, jueves 27 sep”, anunció 

Patiño en su cuenta @RicardoPatinoEC A través de 

su cuenta en Twitter, el canciller de Ecuador Ricardo 

Patiño, confirmó para el día 27 de septiembre la 

reunión con su homólogo del Reino Unido, William 

Hague en Nueva York (este de Estados Unidos), para 

dialogar sobre el caso del fundador de Wikileaks, 

Julian Assange. 

“Confirmado: tendré reunión sobre caso Assange, con 

William Hague, Secretario de Asuntos Exteriores del 

Reino Unido, en N. York, jueves 27 sep”, anunció 

Patiño en su cuenta @RicardoPatinoEC. 

El encuentro entre ambos diplomáticos se realizará a 

propósito del 67° periodos de sesiones en la 

Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), en 

Nueva York, del 25 de septiembre al 01 de octubre. 

ASSANGE PODRÍA IR A EMBAJADA DE ECUADOR 

EN SUECIA 

Más temprano, en declaraciones a la prensa local, el 

canciller de Ecuador Ricardo Patiño, manifestó este 

viernes que el país podría solicitar la autorización para 

trasladar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a 

su embajada en Suecia, donde se le acusa de abuso 

sexual. 

“Otra posibilidad es que el Ecuador pueda conseguir la 

autorización de trasladarlo (en referencia a Assange) 

si fuese necesario, a nuestra embajada en Suecia y el 

proceso pueda seguir teniendo la protección del 

Ecuador y atendiendo a la justicia sueca”, dijo Patiño. 

“Nuestro planteamiento es muy claro, esperamos 

conseguir el salvoconducto para que Assange pueda 

venir a nuestro país”. Dijo Patiño, al tiempo que añadió 

que “hay novedades en el pre proceso judicial de 

Suecia, pruebas que se han descartados”. 

El representante de la diplomacia ecuatoriana señaló 

que espera que las declaraciones de Julian Assange 

sean tomadas en la embajada de Ecuador en Londres, 

aunque no descartan otras alternativas. 

“Hemos propuesto que las delectaciones de Assange 

sean tomadas en nuestra embajada en Londres. 

Habrá otras alternativas de movilidad, pero 

garantizando que el mantenga nuestra protección, 

nuestro asilo”, expresó Patiño. 

En relación a la posibilidad de llevar el caso de 

Assange a otras instancias internacionales, Ricardo 

Patino precisó que un medio de comunicación 

tergiversó la información, cuando aseguró que 

Ecuador descartaba ir ante la Corte Internacional de 

Justicia de La Haya. 

En este sentido aclaró: “No lo descartamos definitivo, 

es en este momento, porque inicialmente quisiéramos 

una salida diplomática. Si en el tiempo nos damos 

cuenta que es imposible, tendremos que recurrir a 

otras instancias, pero creemos que entre gobiernos 

democráticos del mundo es posible conversar y 

encontrar salidas también diplomáticas”. 

El australiano Julian Assange denuncia que está 

siendo perseguido por el Gobierno de Estados Unidos, 

luego que en su portal se publicaran cables que 

revelaron información confidencial de la diplomacia de 

esa nación norteamericana. 

Assange es acusado por abuso sexual en Suecia, país 

que pide su extradición para que sea juzgado. Sin 

embargo, teme que desde esa nación sea enviado 

hacia Estados Unidos, donde en varios estados está 

legalizada la pena de muerte. 

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Correo Peru/ - Notícias, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


Cuestionan a procurador del Gobierno 

Regional del Cusco 

El accionar del Procurador del Gobierno Regional del 

Cusco (GRC), en defensa de esta entidad,es 

cuestionado por algunos consejeros, por lo que piden 

que concurra al pleno para explicar la labor que 

desempeña. 

El consejero delegado, Pablo Luza Sikuy, sostuvo que 

algunos de los legisladores ya le han informado sobre 

su interés de presentar una iniciativa legislativa para 

aprobar en el pleno la presencia del procurador 

Hernerd Rhoddo Ríos. 

Es más, el propio Luza Sikuy dijo que podría presentar 

la iniciativa para que Rhoddo Ríos exponga su labor 

en el pleno. 

El referido legislador dijo que uno de los casos que 

debe explicar es la sentencia del Poder Judicial a 

favor de la empresa Helicusco, que hoy puede realizar 

vuelos hacia la ciudadela de Machupicchu. 

"Es necesario que el procurador informe al pleno 

sobre la labor que desempeña, está el casoHelicusco 

y otros", declaró. Hace unos días, el legislador Milton 

Barrionuevo ya había manifestado que Rhoddo Ríos 

no es el indicado para llevar los casos del GRC. 

En 2011 Rhoddo Ríos fue censurado por haber 

permitido la entrega sin licitación del centro de 

esparcimiento de Wiñay Huayna en el Camino Inca.En 

esa oportunidad, extrañamente los consejeros 

reconsideraron sus votos y luego lo salvaron. 

146

Correo Peru/ - Notícias, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


Solicitan impedimento de salida del país 

de Gregorio Santos 

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

San Ignacio solicitó al Juzgado de Investigación 

Preparatoria el impedimento de salida del país por 

cuatro meses del presidente del Gobierno regional de 

Cajamarca, Gregorio Santos, y de los dirigentes 

antimienros Ydelso Hernández Llamo y Elianita 

Zavaleta García. 

El fiscal Erland Sánchez Díaz justifica su pedido en 

que los tres procesados ostentan pasaporte vigente y 

salidas al extranjero en los últimos dos años y existiría 

un peligro de fuga al extranjero, según informa hoy un 

diario local. 

Recuerda que el Poder Judicial podría variarle la 

comparecencia restringida de Santos porque no 

acudió a dar su manifestación el martes 17 en el caso 

que se le sigue por el secuestro y tortura de Petronila 

Vargas, y tampoco ha cumplido con firmar 

mensualmente el registro de procesados. 

147

Corriere Della Será/ - Notícias, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


I pachidermi delle regioni 

Lo scandalo che travolge la giunta Polverini non è 

certo un buon motivo per abolire la Regione Lazio. Né 

la Lombardia o la Sicilia, dopo le peripezie di 

Formigoni e di Lombardo. Ma sta di fatto che le 

Regioni sono diventate molto impopolari; e il popolo è 

pur sempre sovrano. Di più: nei termini in cui le 

abbiamo costruite, le Regioni sono un lusso che non 

possiamo più permetterci. Non solo in Italia, a dirla 

tutta. Ne è prova, per esempio, il no di Rajoy alla 

Catalogna, che reclamava una maggiore autonomia 

fiscale. Ma è qui e adesso che il decentramento dello 

Stato pesa come una zavorra. È qui che la spesa 

regionale è aumentata di 90 miliardi in un decennio. 

Ed è sempre qui, nella periferia meridionale 

dell'Europa, che i cittadini ne ottengono in cambio 

servizi scadenti da politici scaduti. 

Sicché dobbiamo chiederci che cosa resti dell'idea 

regionalista, incarnata nei secoli trascorsi da Jacini, 

Minghetti, Colajanni, Sturzo. Dobbiamo domandarci se 

quell'idea abbia ancora un futuro e quale. Intanto ne 

conosciamo, ahimè, il passato. L'introduzione degli 

enti regionali costituì la principale novità della Carta 

del 1947, ma poi venne tenuta a lungo in naftalina, 

perché la Democrazia cristiana non voleva cedere 

quote di potere al Partito comunista. Quando tale 

resistenza fu infine superata - all'alba degli anni 

Settanta - le Regioni vennero al mondo zoppe, 

malaticce. Da un lato, il nuovo Stato repubblicano 

aveva occupato ormai tutti gli spazi; dall'altro lato, i 

partiti politici avevano occupato lo Stato. Ed erano 

partiti fortemente accentrati, dove i quadri locali 

prendevano ordini dall'alto. Le Regioni si connotarono 

perciò come soggetti sostanzialmente amministrativi, 

dotati di competenze legislative residuali e senza una 

reale autonomia. 

Poi, nel 2001, grazie alla bacchetta magica del 

centrosinistra, scocca la riforma del Titolo V; ed è qui 

che cominciano tutti i nostri guai. Perché dal troppo 

poco passiamo al troppo e basta; ma evidentemente 

noi italiani siamo fatti così, detestiamo le mezze 

misure. E allora scriviamo nella Costituzione che la 

competenza legislativa generale spetta alle Regioni, 

dunque il Parlamento può esercitarla soltanto in casi 

eccezionali. Aggiungiamo, a sprezzo del ridicolo, che 

lo Stato ha la stessa dignità del Comune di 

Roccadisotto (articolo 114). Conferiamo alle Regioni il 

potere di siglare accordi internazionali, con la 

conseguenza che adesso ogni «governatore» ha il suo 

consigliere diplomatico, ogni Regione apre uffici di 

rappresentanza all'estero. Cancelliamo con un tratto di 

penna l'interesse nazionale come limite alle leggi 

regionali. E, in conclusione, trasformiamo le Regioni in 

soggetti politici, ben più potenti dello Stato. 

I risultati li abbiamo sotto gli occhi. Non solo gli 

sprechi, i ladrocini, i baccanali. Non solo burocrazie 

cresciute a dismisura e a loro volta contornate da un 

rosario di consulte, comitati, consorzi, commissioni, 

osservatori. Quando il presidente Monti, nel luglio 

scorso, si mise in testa di chiudere i piccoli ospedali, il 

ministro Balduzzi obiettò che la competenza tocca alle 

Regioni, non al governo centrale. Negli stessi giorni la 

Corte costituzionale (sentenza n. 193 del 2012) ha 

decretato l'illegittimità della spending review , se 

orientata a porre misure permanenti sulla finanza 

regionale. Costituzione alla mano, avevano ragione 

entrambi, sia la Consulta sia il ministro; ma forse il 

torto è di questa Costituzione riformata. 

La Costituzione ha torto quando converte le Regioni in 

potentati. Quando ne incoraggia il centralismo a 

scapito dei municipi. Quando consegna il governo del 

territorio alle loro mani rapaci, col risultato che il 

Belpaese è diventato un Paese di cemento. Quando 

disegna una geografia istituzionale bizantina (sul 

lavoro, per esempio, detta legge lo Stato, ma i tirocini 

sono affidati alle Regioni). Quando mantiene in vita 

anacronismi come le Regioni a statuto speciale. 

Quando pone sullo stesso piano il ruolo delle Regioni 

virtuose (per lo più al Nord) e di quelle scellerate (per 

lo più al Sud). Infine, ha torto quando nega allo Stato il 

potere di riappropriarsi di ogni competenza, se c'è una 

crisi, se la crisi esige un'unica tolda di comando. 

C'è allora una lezione che ci impartiscono gli scandali 

da cui veniamo sommersi a giorni alterni. Vale per le 

Regioni, vale per i partiti. Perché viaggiamo a 

cavalcioni d'un elefante, ecco il problema. E l'elefante 

mangia in proporzione alla sua stazza. Quindi, o 

mettiamo a dieta il pachiderma o montiamo in sella a 

un animale più leggero. Quanto alle Regioni, vuol dire 

sforbiciarne le troppe competenze. Se non altro, gli 

incompetenti smetteranno di procurarci danni. 

Michele Ainis 

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Diário de Notícias Lisboa/ - Notícias, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


BE desafia toda a oposição para moção de 

censura 

O coordenador do Bloco de Esquerda, Francisco 

Louçã, convidou todas as forças políticas da oposição 

para uma convergência na apresentação de uma 

moção de censura ao governo. 

"Queremos que haja uma posição de força das 

oposições", afirmou Louçã aos jornalistas após uma 

reunião da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda 

realizada em Lisboa. 

Francisco Louçã admite que a censura ao governo 

seja materializada num único texto para a moção ou 

de várias moções de censura apresentadas em 

simultâneo. 

"Na sequência do agravamento dramático da crise 

económica e social e da desagregação política do 

Governo, perante um país que não suporta mais a 

estratégia de empobrecimento e de sacrifício, o Bloco 

de Esquerda quer manifestar a sua disponibilidade 

para a convergência ou a confluência de todas as 

oposições numa moção de censura, que represente 

esta voz do país contra o assalto aos salários e o 

assalto às pensões", defendeu. 

O desafio a PS, PCP e Verdes, que consta de um 

projeto de resolução aprovado por unanimidade na 

Mesa Nacional do Bloco, é justificado pelo "momento 

excecional" que vive o país, exigindo "de todos a 

capacidade de tomar medidas excecionais de 

aproximação e de decisão". 

"Sabemos que este sinal é de enorme importância 

para a política portuguesa, que é um convite aberto, 

desinteressado, mobilizado e que responde ao país. 

Todos por uma resposta contra a austeridade, todos 

por uma resposta contra a ?troika', todos por uma 

reposta pelos salários e pelas pensões, todos por um 

país que viva decentemente consigo próprio", 

sustentou Francisco Louçã. 

O coordenador do BE recordou que para censurar a 

Guerra do Iraque todos os partidos da oposição 

apresentaram em simultâneo moções no Parlamento, 

numa altura em que Ferro Rodrigues era líder do PS. 

"Não poremos condições, não poremos texto, 

manifestamos a nossa disponibilidade e esperamos 

respostas, que levem em conta a situação de 

emergência que estamos a viver", afirmou. 

"Nós o que fazemos é mostrar a nossa total 

disponibilidade, de forma desinteressada e motivada, 

para haja o que nunca houve em Portugal, que é uma 

convergência, uma confluência das oposições numa 

moção de censura", insistiu. 

O Bloco de Esquerda considera que "a única proposta 

que Portugal espera é a demissão do Governo" 

porque a continuação da atual política levar a "novos 

aumentos de impostos a corrigir colapsos 

financeiros". 

Saudando as manifestações de sábado, o BE 

assinalou as críticas que uniram "todo o país" contra a 

Taxa Social Única. 

"O primeiro-ministro ficou sozinho e caiu sozinho", 

afirmou, recusando as "novas propostas do Governo, 

que estão agora a ser retomadas de uma forma ainda 

mascarada, para continuar a retirar, por um brutal 

aumento de impostos ou por novas taxas e sobretaxas 

e novos ataques, mais um salário ou dois salários, 

duas pensões ou dois salários". 

A resolução defende igualmente a "unidade de todo o 

movimento sindical para uma grande greve geral 

importantíssima para mostrar que estas medidas não 

podem continuar a atacar os trabalhadores e os 

contribuintes" e a disponibilidade do BE para levar ao 

Tribunal Constitucional as medidas anunciadas. 

149

Diário de Notícias Lisboa/ - Notícias, Sáb, 22 de Setembro de 2012 

CLIPPING INTERNACIONAL 

Recurso de Carlos Silvino ao TC está 

pendente no Supremo 

O ex-motorista da Casa Pia Carlos Silvino recorreu 

para o Tribunal Constitucional da decisão do 

Supremo Tribunal de Justiça, que validou a pena de 

15 anos de prisão, mas está ainda pendente por 

questões de fundamentação. 

Contudo, fonte ligada ao processo adiantou à Agência 

Lusa que o recurso apresentado no STJ pelo novo 

advogado oficioso de "Bibi", ainda não subiu para o 

Constitucional, porque o Supremo pediu 

esclarecimentos sobre o requerimento. 

Só depois dos esclarecimentos, o STJ decidirá se o 

recurso está em condições de subir ao TC. 

A notificação do STJ para fundamentar o recurso já 

seguiu para o advogado Pedro Dias Pereira, mas este, 

contactado pela Lusa, disse não pretender prestar 

declarações sobre a questão ou outras matérias 

ligadas ao seu constituinte. 

Neste momento, só um recurso para o Constitucional 

evitará que a condenação de Carlos Silvino transite 

em julgado e que o ex-motorista da Casa Pia vá para 

a cadeia. 

Em julho, o STJ manteve a condenação a 15 anos de 

prisão de Carlos Silvino. Antes, a 29 de Junho, o 

processo Casa Pia regressou parcialmente a 

julgamento em primeira instância, depois de o Tribunal 

da Relação de Lisboa ter mandado repetir a produção 

de prova relativa aos alegados crimes sexuais 

cometidos, contra ex-alunos casapianos, numa 

vivenda em Elvas, onde reside a arguida Gertrudes 

Nunes. 

A repetição parcial do julgamento tem uma sessão de 

julgamento marcada para segunda-feira, com a 

audição de quatro testemunhas. 

Ao decretar a nulidade do acórdão em relação a factos 

ocorridos em Elvas (alguns datam de 1996, 1997 e 

1998), a Relação acabou por beneficiar os arguidos 

que estavam alegadamente envolvidos: o advogado 

Hugo Marçal, Carlos Cruz e Carlos Silvino. Abrangeu 

ainda Gertrudes Nunes, que já tinha sido absolvida em 

primeira instância. 

Quanto a Carlos Silvino, a nulidade do acórdão 

relativamente aos factos ocorridos em Elvas, levou a 

que a Relação de Lisboa não levasse em 

consideração três crimes que lhe eram imputados 

nessa localidade, tendo na reformulação do cúmulo 

jurídico sido aplicada uma pena única de 15 anos de 

prisão. 

O tribunal de primeira instância havia condenado 

Carlos Silvino a 18 anos de prisão e ainda Carlos Cruz 

e Ferreira Diniz (7 anos), Jorge Ritto (6 anos e 8 

meses), Hugo Marçal (6 anos e 2 meses), Manuel 

Abrantes (5 anos e 9 meses) e absolveu Gertrudes 

Nunes. Os arguidos condenados ficaram ainda 

obrigados a pagar indemnizações às vítimas. 

O processo Casa Pia começou a ser julgado a 25 de 

Novembro de 2004. 

150

Diario La Prensa/ - Notícias, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


Barletta convencido de que el gobierno 

avanzará en la reforma constitucional 

El jefe del radicalismo, Mario Barletta, dijo hoy que 

está "convencidísimo" de que el Gobierno nacional 

avanzará con un proyecto de reforma constitucional y 

destacó la campaña de recolección de firmas que 

realizará el partido para manifestar su rechazo. 

Barletta evaluó que las acciones opositoras para 

impedir una eventual re reelección de Cristina 

Fernández no son "funcionales" a los planes del 

Gobierno nacional y sostuvo que si el oficialismo 

"observa que están dadas las posibilidades", avanzará 

con la modificación. 

El radicalismo envió una carta a los líderes opositores 

para aunar fuerzas en contra de una posible reforma y 

mantuvo reuniones con distintas organizaciones 

sociales y gremiales para detallarles su plan que 

pretende impedir la continuidad de la primera 

mandataria. 

"Más vale prevenir que curar", fue la frase que utilizó 

el ex intendente de Santa Fe para justificar la movida 

del radicalismo contra una reforma y recordó que en 

Santa Cruz "la Presidenta con Néstor Kirchner 

plantearon la reelección indefinida, por eso estamos 

convencidos que adhieren a la idea". 

Según Barletta, es "importante que la gente se 

exprese en ese sentido" y remarcó que "no adherir a 

una reforma constitucional que puede poner en riesgo 

una idea de re reelección indefinida, es no abrir las 

puertas a la impunidad, la corrupción, la concentración 

de poder". 

Por otra parte, el jefe radical explicó a radio Diez que 

por el momento no hay acercamientos con fines 

electorales con otras fuerzas de la oposición como el 

FAP, aunque sí confirmó la existencia de "acuerdos de 

tipo programático". 

Según anticipó, "las instancias vinculadas a acuerdos, 

alianzas y frentes desde el punto de vista electoral, 

son cuestiones que se analizarán más adelante". 

El centenario partido convocó a un encuentro nacional 

de dirigentes para el 26 de octubre en la Ciudad de 

Buenos Aires que será la primera oportunidad para el 

diálogo sobre las estrategias que seguirá la fuerza 

para los comicios legislativos de 2013. 

Otro de los argumentos en contra de la reforma de la 

carta magna es que, según comentó, "es natural y 

positivo que cuando se va venciendo el mandato" 

comiencen a surgir reemplazantes y cuestionó la 

"obsesión por aferrarse al poder" de los funcionarios 

del Gobierno nacional. 

151

Diario La Prensa/ - Notícias, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


De Angeli advirtió que el campo debe 

unirse en contra de la re-reelección 

Gualeguaychú - El presidente de la Federación 

Agraria de Entre Ríos, Alfredo De Angeli, advirtió hoy 

la necesidad de que representantes del campo apoyen 

la movida opositora para evitar una eventual reforma 

constitucional que habilite la re-reelección y pidió 

trabajar para que en las elecciones de 2013 haya 

"más legisladores de la oposición" en el Congreso. 

De Angeli alertó que "esta gente del Gobierno, si 

reforma la Constitución, va a avanzar sobre la 

propiedad privada; y una cosa es una política de 

colonización y otra es avanzar sobre la propiedad 

privada". 

El dirigente agrario puntualizó que "en principio, la 

idea que tienen muchos compañeros sobre las 

próximas elecciones legislativas es que tenemos que 

participar como lo hicimos en el año 2009 para no 

perder las bancas que obtuvimos". 

"Tenemos que trabajar para que no se reforme la 

Constitución y para ello tenemos que apoyar a la 

oposición y trabajar para que entren más legisladores 

de la oposición", afirmó. 

Al anticipar la estrategia de los productores 

agropecuarios, en la futura campaña proselitista, De 

Angeli reafirmó que "sin dudas que uno de los ejes 

será el de oponernos a la reforma de la Constitución". 

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural 

Gualeguaychú, Javier Melchiori, adelantó que, de cara 

a los comicios legislativos, el sector buscará "poner en 

valor el capital político del campo" y, para ello, sus 

referentes iniciarán un diálogo con todas las 

estructuras partidarias. 

"Vamos a elaborar un plan de trabajo de cara al 2013, 

con la seguridad de no cometer los errores que 

cometimos en el 2009 porque estamos dispuestos a 

trabajar y a no dejar solos a nuestros legisladores", 

dijo Melchiori a la prensa. 

El dirigente precisó que los denominados 

"agrodiputados" ya avanzaron en esas conversaciones 

con el presidente electo de la Sociedad Rural 

Argentina, el ruralista entrerriano Luis Miguel 

Etchevehere; con el diputado nacional de Entre Ríos, 

el radical Jorge Chemes, y con De Angeli, entre otros. 

"Hicimos un análisis del panorama político. Queremos 

definir una estrategia a seguir y elaborar un plan de 

cara al 2013. Nosotros vamos a tomar la iniciativa y 

vamos a ir a cada partido a conversar", expresó 

Melchiori. 

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Diario Libre/ - Notícias, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


Germán Mejía aconseja a jueces 12:00 

AM 

SANTO DOMINGO. El presidente de la Suprema 

Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, 

Mariano Germán Mejía, exhortó a los jueces que se 

esfuercen porque son los futuros magistrados que la 

nación dominicana demanda. 

También recomendó ejercer su ministerio con 

probidad, dignidad y sin arrogancia. 

La sugerencia fue hecha durante una visita que le 

hicieron 45 aspirantes a jueces de Paz, a los que les 

hizo también un breve recuento de su experiencia 

como abogado en ejercicio, aclarándoles que, 

contrario a otros tiempos, en la actualidad se ejerce 

mejor la carrera de Derecho y la función de juez en el 

país, ya que anteriormente algunos tribunales estaban 

integrados por coroneles policiales que hacían las 

funciones de jueces y fiscales. 

"¿Era eso Poder Judicial? No, no era eso Poder 

Judicial. ¿Cuándo se puede decir que el Poder 

Judicial aquí en la República Dominicana nace 

efectivamente? A partir del año 1994, y como 

expresión concreta: a partir de 1997. Porque ya era 

una expresión no solamente de la Constitución, sino 

de la realidad dominicana". 

153

Diario Libre/ - Notícias, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


Diputados advierten a Unicef que legislan 

en sintonía con la población 12:00 AM 

Santo Domingo. La representante local del Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), María 

de Jesús Conde, fue consultada en dos ocasiones por 

la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados 

sobre las modificaciones al Código del Menor. 

El presidente de la Cámara de Diputados, Abel 

Martínez y el titular de la comisión de justicia, 

Demóstenes Martínez, explicaron que el hecho de que 

las recomendaciones o sugerencias que hizo el 

organismo internacional no fueran acogidas, no 

significa que no fueron consultados al respecto. 

El presidente Martínez dijo están legislando en 

sintonía con lo que la población está reclamando y 

que nunca se han aprobado iniciativas sin consultar a 

los diversos sectores de la sociedad, que demandan 

sanciones más drásticas para los menores que 

incurren en crímenes graves. 

Puso de ejemplo del caso de los menores que 

asesinaron a siete taxistas con premeditación, 

utilizando torturas horrorosas como obligarlos a ingerir 

ácido, actuando peor que si fueran adultos. 

"Tenemos que ser drásticos con la delincuencia, sea 

quien sea que la cometa, adultos o menores, pues las 

víctimas son siempre personas de trabajo, honestas, 

de nuestra sociedad que necesitan que los 

protejamos, castigando a quienes cometen hechos 

deleznables y que merecen todo nuestro repudio y 

rechazo" , expresó. 

Sorpresa en la Comisión 

Explicó el diputado Demóstenes Martínez que en dos 

ocasiones Conde se reunió con la comisión para 

exponer sus puntos de vista sobre las reformas al 

Código. 

"Lo que sucede es que para UNICEF, cuando un 

menor comete un crimen, el menor es la víctima, pero 

nosotros nos preguntamos qué sucede con la persona 

agraviada que muchas veces resulta muerta, violada, 

secuestrada y sus familiares", manifestó. 

El representante de Santiago expuso que la 

modificación de un Código es un elemento disuasivo 

en cuanto aumenta las penas criminales, para que el 

menor desista de cometer los hechos delictivos. 

Entiende que es al Estado Dominicano al que 

corresponde implementar las políticas que considere 

de lugar para enfrentar los problemas que aquejan a 

su población. 

Señaló que los cambios al Código del Menor sólo 

agravan las penas en casos criminales como 

homicidios, violaciones sexuales, secuestros, robos 

agravados, trafico de drogas, casos para los que se 

plantea una condena de 15 años. 

Refirió que Chile y Costa Rica son signatarias de la 

Convención para la protección de los niños y ambas 

naciones han establecido penas de 16 y 15 años, 

respectivamente a los menores que incurren en 

crímenes. 

Además, explicó que con los cambios al Código del 

Menor no se viola esta Convención que establece en 

su artículo 37: "El Estado tiene la obligación de velar 

para que ningún niño sea sometido a torturas ni a 

penas o tratos crueles. No se puede imponer la pena 

capital ni la prisión perpetua a ningún niño. Ningún 

niño será privado de su libertad arbitrariamente, y esta 

medida se utilizará tan sólo como último recurso. Si un 

niño es privado de libertad será tratado con 

humanidad y respeto, y siempre de acuerdo con las 

necesidades de su edad; estará separado de los 

adultos y podrá mantener contactos con su familia y 

tendrá derecho a una asistencia legal y de cualquier 

otro tipo que sea adecuada". 

Tras reiterar que el estudio del Código no se hizo a la 

carrera, ni a espaldas de los organismos nacionales e 

internacionales involucrados con el tema de la niñez, 

agregó que ese artículo de la Convención no limita a 

los Estados a establecer las leyes que entienda para 

enfrentar un mal que afecta su sociedad. 

"Nosotros tenemos ya dos años estudiando el Código 

del Menor, se consultaron entidades como el Consejo 

Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), 

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la 

asociación de Psiquiatría, el Colegio Médico, Colegio 

de Psicólogos, la Suprema Corte de Justicia, Niños 

con Don Bosco, la Policía Nacional, entre otros. Y 

además tomamos en cuenta los acuerdos 

internacionales que protegen a los menores", 

concluyó. 

154

El País/ - Notícias, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


“Hago pública la bomba de Sáenz de 

Santamaría sobre el GAL” 

Estos son los extractos de algunas de las principales 

revelaciones políticas del libro de Bono:Reunión con 

Alfonso Guerra en Ferraz, la sede federal del PSOE 

en Madrid. (…) Llego puntual a las once. Frialdad en 

el saludo. «He venido para saber ?le digo—si es 

posible ser amigo tuyo aunque no coincidamos en 

todo.» «No te puedo impedir que me tengas afecto», 

me espeta. ¡Qué arrogancia! En ese instante decido 

que es el fin y que no estoy dispuesto a soportarle 

mansamente ni un día más. Le hablo con una claridad 

a la que no está acostumbrado: «Los afectos o son 

mutuos y recíprocos o no son, yo creo que puedo vivir 

bien sin tu amistad. Hoy empezaré a hacerlo». Se 

sitúa a la defensiva y me reprocha que le haya faltado 

a la lealtad: «Estoy muy vivo, no soy el cadáver que tú 

te crees». Casi todo su malestar lo cifra en «esa cena 

toledana que organizaste para que interviniese Obiols 

pero yo sé muy bien que lo hiciste con la intención de 

impulsar a Serra» (…).Aquella cena era pues el 

problema con Guerra. «Estuve a punto de prohibirla», 

me dice. ¿Prohibirla? Se considera dueño de 

voluntades ajenas; Guerra tiene una idea del poder en 

la que sólo caben subordinados que le obedezcan o le 

halaguen. Sostiene que la «cena toledana la montaste 

a mayor gloria de Serra», y para intentar mortificarme 

añade: «Defiendes a quienes no te quieren. El otro día 

Obiols presentó una revista en Madrid y dijo que era 

una publicación para gente seria y no para los Ibarra, 

los Bono, etc.». Me percato de que estoy hablando 

con un profesional, con un perito en intrigas. «No 

entiendo —asegura— tu cambio; antes me 

consultabas hasta el nombre de un concejal de 

Cuenca... y ahora te dedicas a cuidar la imagen de 

mis enemigos; incluso me mandabas pasteles...» 

Efectivamente, los primeros miércoles de mes, en 

Infantes elaboran unos pasteles llamados alfonsinos 

?así nombrados en honor de otro Alfonso, el rey 

Alfonso XIII, que los degustó en los años veinte— y 

compro una docena de vez en cuando. Sabedor de la 

afición de Guerra por lo dulce, los comparto con él. Así 

fue hasta enero.Creo que intenta ofenderme sin 

conseguirlo (…). Guerra se cree más que los demás y, 

por supuesto, mucho más que yo.Lo más peregrino de 

la conversación es su teoría sobre la conspiración 

universal contra el partido, es decir, contra él. Por 

ejemplo, cuando habla de Jesús de Polanco, 

presidente de Prisa, en su relación con los ministros 

Carlos Solchaga, Javier Solana y Narcís 

Serra:—Polanco intentó acabar conmigo aliándose 

con Solchaga, después con Solana y ahora con Serra. 

Esto no son opiniones sino datos y ya verás dónde 

acabáis todos.—Al final, acabaremos en el 

cementerio, pero tú también —le digo.—Felipe se 

equivocó al anunciar que no se presentaría a las 

próximas elecciones, y Serra no será el candidato 

porque al candidato lo va a elegir el partido, y no 

Felipe.—Sí —le contesto—, pero lo va a elegir todo el 

partido, no sólo tú y los pocos que te van 

quedando.—¿Pocos? Ya veremos quién es 

mayoritario cuando se vote en la Ejecutiva.—Ya verás 

en lo que va quedando el guerrismo.—Me da pena ver 

tan claramente adónde vais a ir a parar todos 

vosotros.—Yo hubiera querido estar contigo, pero eso 

de que «el que se mueve no sale en la foto» ya 

pertenece al pasado. Somos muchos los que no 

queremos retratistas que nos inmovilizan.(…) Para 

mostrarle que está fuera de la realidad, le digo:—Este 

año la ministra Matilde Fernández, que te es tan leal, 

ha dicho que no asiste al Día de la Mujer en Alcalá del 

Júcar porque no le gustan los actos a los que se 

transporta a la gente en autobús; dice que «son actos 

franquistas». La pobre ministra parece ignorar cómo 

llenamos las plazas de toros y los campos de fútbol 

cuando tú vas a un mitin.—¿Cómo los llenáis? —me 

pregunta.—¡Con autobuses, con muchos autobuses!, 

por supuesto. ¿Acaso crees que al anuncio de tu 

presencia en un pueblo las mujeres dejan de 

amamantar a sus hijos y corren a escucharte? Cada 

vez nos cuesta más llenar los autobuses.—¿Por qué 

me cuentas a mí esto?—Porque es la ministra Matilde 

quien habla del rechazo a los autobuses y porque ella 

es fiel portavoz y seguidora tuya.—Yo no necesito 

portavoces.—Pues seguidores, vas teniendo cada vez 

menos.Se levanta. No soporta que le conteste. Es 

natural. Han sido muchos años de sumisión y estoy 

liberándome. No aguanta haberse ido del Gobierno y 

que el mundo siga girando como si nada hubiese 

ocurrido. Ya de pie, me lanza:—¡Ya verás dónde 

acabáis todos!—En el cementerio, Alfonso, en el 

cementerio, ya te lo he dicho. Ahí vamos a acabar 

todos. (…) Por importante que se sea, todos cabremos 

en una caja similar y sobrará caja, y tú también, 

Alfonso. Eso, si no te incineran, porque en tal caso, no 

quedará ni rastro de ti.El cementerio al que me refería 

era el de mi pueblo, y las dos personas, mis padres, a 

quienes han cambiado de sepultura la semana 

pasada, pero no se lo digo. Ya no quiero compartir con 

él nada personal. No ha sido un trago fácil porque a 

Guerra le he tenido afecto muy sincero, pero ya no 

puedo soportar la situación de dependencia y de 

155

subordinación. No me siento cómodo. Y lo lamento 

porque, pese a todo, durante más de quince años 

hemos mantenido una amistad que no resultará fácil 

olvidar. (…)Al salir del despacho me siento tranquilo y 

libre. Voy al AVE para hacer un viaje de prueba entre 

Madrid y Ciudad Real con periodistas. Me encuentro 

con el presidente del PSOE, Ramón Rubial, al que 

resumo mi conversación con Alfonso. Me da su 

opinión:—Hay que decir siempre lo que cada uno 

opina. Yo no estoy ni con Alfonso ni con Felipe, pero 

eso que le has dicho es duro. Átate los machos 

porque Guerra reaccionará. ¿Cuántos le habrán 

hablado a Alfonso de modo parecido a como lo has 

hecho tú?—Que estén vivos, políticamente vivos, sólo 

uno que es Bono —añade Mercè Sala, la presidenta 

de Renfe.Rubial me anima a escribir mis experiencias. 

A la vuelta del AVE a Madrid tomo notas por escrito e 

inicio la elaboración de este diario.A las 13.30 horas 

me entrevisto con Benegas en Ferraz. Le traen un 

comunicado de prensa relativo a la querella que ha 

presentado el PSOE contra Diario 16 y ABC por haber 

publicado que el partido se financia irregularmente. 

Hablamos del asunto y mi posición es que deberíamos 

reconocer algo de lo que se haya hecho mal para 

obtener así alguna credibilidad ante la sociedad. 

Benegas dice que es imposible, «porque si 

reconocemos algo, por ejemplo en el asunto de Filesa, 

perjudicaríamos a mucha gente. El primero sería el 

banquero Alfonso Escámez, que fue quien propuso la 

fórmula de hacer informes, que han usado también 

CiU e IU, pero lo han hecho mejor que nosotros. CiU 

ha montado un sistema de recaudar cuya justificación 

formal son los sorteos y cenas entre la militancia. IU 

recibió dinero del presidente de la CEOE, José María 

Cuevas, según me cuentan antiguos comunistas hoy 

militantes del PSOE, pero cuando llamé a Anguita 

para hacerle notar su debilidad —prosigue Benegas— 

se limitó a decirme que eso ocurriría en la época de 

Gerardo Iglesias».Los comunistas tienen una aureola 

de limpieza que parece imposible de traspasar, incluso 

ante noticias publicadas de manera muy clara por 

medios de comunicación, como, por ejemplo, el diario 

El País, que informó el día 30 de agosto de 1992 que 

el PCE seguía recibiendo dinero de la URSS en 1989, 

según documentos secretos del KGB hechos públicos 

por el fiscal general de Rusia, Stepankov.Respecto de 

Filesa no está muy seguro de que el asunto no acabe 

mal, ya que «el juez Marino Barbero parece que 

arrastra un agravio contra Gregorio Peces-Barba, que 

le había avalado en la compra de un chalet. Como 

resultó moroso se ejecutó el aval contra Gregorio y 

éste entonces repitió la acción contra Barbero». Si la 

venganza procede de la financiación de su chalet 

resultaría muy triste para la Justicia española.Le 

cuento lo que me ocurrió en Albacete con la Justicia. 

El 15 de enero de 1987 escribí una carta al presidente 

del Consejo del Poder Judicial en relación con el 



asunto del niño Andrés Fernández, que había sido 

multado, ¡a sus siete años de edad!, en sentencia 

judicial por haberme escrito una carta abierta en un 

periódico de Albacete el 15 de julio de 1986, 

quejándose de que el alcalde del PP maltrataba a su 

padre, que era el alguacil de Jorquera. En el Boletín 

Oficial de Albacete del 9 de enero de 1987 se publica 

la sentencia número 339 del Juzgado de Instrucción 

número 1 de Albacete, en la que el juez José García 

Bleda condena al menor Andrés Fernández Santiago y 

a sus padres a indemnizar conjunta y solidariamente 

al alcalde del PP por daños y perjuicios morales con la 

cantidad de 25.000 pesetas. A ese niño le dije en una 

televisión: «Si en vez de hijo de un alguacil fueras hijo 

del conde de Romanones, no te habrían condenado». 

Varios magistrados encargaron al abogado Javier 

Sánchez Carrilero que interpusiera demanda civil 

contra mí pidiendo 40 millones de pesetas de 

indemnización. Hablé con un famoso magistrado de 

Albacete y le mostré las cintas de la conversación con 

una gitana a la que se prometía una sentencia 

favorable para su hijo si accedía a determinados 

favores. A otro le expliqué lo que mucha gente de 

Albacete decía: que un magistrado había aprobado las 

oposiciones a judicatura porque se presentó su 

hermano a los exámenes haciéndose pasar por él. La 

demanda contra mí no se presentó. (…) Cena en 

Madrid con el ministro Rubalcaba y el ex ministro 

Maravall. Coincidimos en que Felipe debería 

prescindir de Guerra y de los fundamentalistas para 

ofrecer ante los electores una imagen renovada. 

Según cuenta Rubalcaba, Guerra ha dicho a Jesús 

Quijano, secretario general del PSOE de Castilla y 

León, que «los cajones que más tuvimos que limpiar 

en Ferraz fueron los de Felipe»(1). No puedo admitirlo. 

Creo a Rubalcaba y creo a Quijano, que se lo ha 

dicho, pero al igual que ellos no me creo la 

información sobre Felipe: los cajones de Felipe no los 

imagino sucios. Según Maravall, ese temor que 

arrastra Felipe no le permite adoptar las medidas que 

pudieranconducir a un escenario sangriento. ¿Alguien 

cree que Felipe dejaría en sus cajones de Ferraz 

documentos comprometidos? Sería tan necio como el 

que puso una zorra a guardar gallinas. (…) Felipe se 

muestra muy consternado por el atentado de ETA, 

anteayer, 21 de junio, en la calle Joaquín Costa de 

Madrid, en el que murieron siete militares. Se nota que 

nos habla con las vísceras: «Me salen los instintos 

más primarios y lo primero que pensé cuando me 

informaron del atentado fue en una operación, que 

deseché, consistente en hacer volar a todos esos hijos 

de puta en una reunión que iban a tener en Bayona y 

de la que teníamos noticia previa». Se le ve afectado y 

conmovido. Se trata de un sentimiento tan humano 

como comprensible. Si algún inquisidor quisiera 

condenar al presidente por este sentimiento, habría 

que recordarle que sólo cabe el juicio de los hechos, 

156

no de las intenciones ni de los impulsos.Lerma atiende 

a los periodistas que ha convocado y nosotros 

paseamos con Felipe por el jardín hasta que se va la 

prensa. Nos enseña los bonsáis. Los tiene todos en la 

memoria, y deben de ser más de trescientos. Se le 

nota muy interesado por los arbolitos. A las once, 

entrevista con el fiscal general del Estado, Eligio 

Hernández. Me habla de las muchas dificultades con 

las que encuentra por culpa de «unos fiscales que 

están bastante dominados por el Opus». En relación 

con Filesa me comenta una conversación con el 

banquero Alfonso Escámez en la queéste le dijo: 

«Mire, don Eligio, como tenga que ir a declarar sobre 

Filesa, también pienso hablar del dinero que hemos 

dado al PP, que es mucho más que el entregado al 

PSOE». (…) (…) (El miércoles, 24 de enero) se ha 

anunciado el procesamiento de Barrionuevo y Rafael 

Vera. Esto es lo que cualquiera entiende como un mal 

comienzo de una campaña electoral. (…).Hoy, camino 

de Telecinco, llamo al general José Antonio Sáenz de 

Santamaría para ver si me autoriza a decir que fue él 

quien se entrevistó con dirigentes del PP y que éstos 

mandaron dar carpetazo a la comisión del GAL del 

Senado cuando supieron lo que podría contar el 

general. Me autoriza y tomo la precaución de que José 

María Barreda vaya escuchando por el teléfono del 

coche sus palabras. Concretamente me dice: «Si a ti 

te preguntan más detalles tú diles que el PP impulsó la 

disolución de la comisión de investigación al saber que 

Sáenz de Santamaría iba a hablar de Fraga. Como yo 

iba a hablar de todas estas acciones lo que quieren 

sacarme ahora eslo del Batallón Vasco Español, 

cuando yo estaba en Bilbao de delegado y quieren 

datos... de muertos; y yo de ahí no pasó.»Martín Villa 

—prosigue el general— habría informado al presidente 

del PP de mi intención de desvelar a la comisión del 

Senado todos los casos de guerra sucia que conozco 

desde 1975. Entonces se acojonaron. Me propusieron 

que me pusiese enfermo para no ir a la comisión de 

investigación. Martín Villa no logró convencerme de 

que hiciera abstracción de la etapa de Manuel Fraga 

como ministro de la Gobernación tras la muerte de 

Franco, así como la posterior de UCD con Adolfo 

Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo en la Moncloa. Yo 

estaba dispuesto a contar comprometidos asuntos, 

aunque sin imputar responsabilidades a los ex 

presidentes de Gobierno. La idea era que se hacían 

cosas y los presidentes del Gobierno no se 

enteraban.» (…)Al llegar a Telecinco declaro lo que el 

general me ha autorizado: «Hay un general español, 



que fue director general de la Guardia Civil, jefe del 

Estado Mayor de la Guardia Civil, y lo fue en la época 

de los ministros del Interior Manuel Fraga, Rosón, 

Ibáñez y Martín Villa. Este general fue citado a 

declarar en la comisión GAL del Senado: es el general 

Sáenz de Santamaría y cuando el Partido Popular 

supo que iba a decir en el Senado todo lo que él sabía 

de la lucha antiterrorista, el Partido Popular decidió 

pasar página». Se monta un gran escándalo. (…) (…) 

Viajamos a Bilbao, al entierro de Ramón (Rubial), en 

un avión de Air Europa. Casi lo llenamos los dirigentes 

del Partido Socialista. A mí me toca al lado de Joaquín 

Almunia, quien me dice que «debes estar preparado 

para ser el candidato a la presidencia del Gobierno, 

después de las elecciones autonómicas del 13 de 

junio. Si logras buenos resultados en Castilla-La 

Mancha y yo creo que los vas a obtener, no tendrás 

más remedio que aceptar la nominación. Puede ser 

que esperemos unos meses o que lo hagamos 

inmediatamente, pero debes ir haciéndote a la idea de 

que serás el candidatopara las próximas elecciones 

porque no tenemos otra alternativa. Otra posibilidad es 

Javier Solana, pero con la guerra de Kosovo está 

achicharrado».Me inquietan y perturban sus palabras. 

Mi obsesión, le digo, «es ganar las elecciones 

autonómicas y, sólo a partir del día 14 de junio, 

pensaré en lo que me dices, pero en todo caso no 

puedo dimitir de presidente de Castilla-La Mancha 

para ser candidato a la Moncloa». Insiste con buenas 

maneras y da la impresión de que habla de buena fe.A 

la salida del avión y mientras vamos en el autobús 

desde el aeropuerto de Sondica hasta el hotel Ercilla, 

en Bilbao, Felipe, que se sienta a mi lado, asegura 

que «ya sé lo que te ha propuesto Almunia y estoy de 

acuerdo en que seas el candidato. Debes decidirlo 

pronto. Mañana ceno con el grupo Prisa y trabajaré en 

esa dirección». También añade Felipe: «Me ha llegado 

una información escrita de que en la Moncloa quieren 

ir a por ti con dossiers y ataques permanentes y no 

creas que este comportamiento del PP se debe al 

fraude del lino sino a la posibilidad de que seas el 

candidato a la Presidencia del Gobierno». Queda en 

enviarme información.(…) De vuelta a Madrid 

llenamos otra vez el avión los dirigentes del PSOE. 

Rubalcaba comenta en broma, mientras avanza por el 

pasillo del avión: «Me dan ganas de quedarme en el 

aeropuerto porque si se produce un accidente yo sería 

el único sustituto de todos vosotros». 

157

Nacida con la manifestación de julio de 2010, la frase 

vuelve a ser el emblema de la gran reunión de la 

Diada: Jo hi vaig ser!, yo estuve allí. En la portada de 

un DVD al cual sirve de lema, la imagen de una niña 

expresa que el futuro despunta ahora para Cataluña, 

gracias a la independencia impulsada por la 

manifestación. Pocos días más tarde, volví a escuchar 

“yo estuve allí” en boca del cabeza de familia fascista 

que en Una giornata particolare, filme de Ettore Scola, 

evoca para sus hijos otro momento fundacional, el de 

la gigantesca manifestación en honor del encuentro de 

Roma en 1938 entre el Duce y Hitler. Por supuesto, 

nada une ideológicamente a ambos episodios, pero sí 

existe una coincidencia en cuanto a la idea de que una 

movilización de masas puede ser interpretada como la 

expresión auténtica e indiscutible de la voluntad 

popular. De hecho, ya existe un régimen político, la 

dictadura castrista, que desde un primer momento 

sustituyó las urnas por lo que llamaríamos una 

“democracia de la plaza pública”, cuando las 

manifestaciones son un componente inseparable del 

orden democrático, pero no pueden reemplazar a los 

mecanismos de la democracia representativa. Para 

empezar, está la inseguridad del número; en la Diada, 

millón y medio proclamado, al parecer seiscientos mil: 

no es lo mismo. Luego entra en juego el efecto 

mayoría, cuando se da una deriva totalista como la 

que ofrece Cataluña: ver a Durán i Lleida en la Diada 

es la mejor prueba. Pasará lo mismo en un eventual 

referéndum sobre independencia, y más aún en la 

campaña previa en el seno de la sociedad. No seguir 

la corriente equivale a pasar políticamente a una 

ciudadanía de segundo orden.Es la vía trazada por 

Artur Mas, un presidente elegido con un programa no 

independentista, sobre una sociedad donde el 

independentismo era hasta hace poco una posición 

muy minoritaria —ahí están los tristes resultados de 

ERC—, y que ha decidido borrar el pasado real, de 

pluralidad política y de mayoría autonomista, por ese 

51% alcanzado en sondeos, que toma ya por opinión 

suya y unánime de Cataluña, lanzándose a un 

discurso secesionista; quemando etapas no habrá 

riesgo de un repliegue del entusiasmo alcanzado el 

11-S. Con razón canta Els segadors al regresar de su 

entrevista con Rajoy: bon cop de falç, buen golpe de 

hoz. Óptima seña de decisionismo político; pésimo 

‘Bon cop de falç!’ 



indicio de un independentismo que se atenga a las 

reglas de juego constitucionales. También por lo que 

concierne a algo que se está olvidando: la mitad de los 

catalanes de hoy que no quieren la independencia.El 

discurso independentista, dominador de la escena, 

enlaza con el famoso preámbulo del proyecto de 

Estatuto: “Cataluña Nación” existe como realidad 

suprahistórica, homogénea, sagrada, que dicta sus 

deseos y aspiraciones a través de unos voceros 

autodesignados. Cualquier limitación surgida del orden 

normativo español supone, como la “sentencia contra 

el Estatuto”, una interferencia opresora. En buena 

aplicación de los criterios propios del totalismo, quien 

discrepa se convierte de inmediato en el otro, 

“ustedes”, los españoles; sus opiniones son 

despreciables agresiones. La autodeterminación es 

cosa habitual y la amparan las normas 

internacionales: falso. La realidad es en blanco y 

negro: “España es un lastre para Cataluña” (el 

mercado español debió serlo también). Algo que se 

fue fraguando y que pudo ya observarse en el triste 

debate sobre los archivos de Salamanca, y más tarde 

en cualquier ocasión donde un intelectual catalán 

intuía una ofensa a las esencias nacionales. En el 

imaginario catalanista, el corte estaba hecho. Solo 

faltó la frustración provocada por el Estatuto, más el 

fracaso económico en medio de la crisis, para que la 

tensión estallara. Resolverla positivamente concierne 

ante todo a la salud democrática de Cataluña. 

Demagogia no es democracia. Al explicar el fracaso 

de su entrevista con Rajoy, Mas olvida que antes 

había declarado que el pacto fiscal no era alternativa a 

la independencia y que la oferta de cambio de 

financiación no representa un portazo.Frente a la 

huida hacia delante de la convocatoria de un 

referéndum / consulta a la gibraltareña, tras unas 

elecciones, un independentismo democrático 

encontraría un camino abierto si sustituye 

decisionismo por reflexión acerca de por qué hasta 

ayer Cataluña no era secesionista, y en su caso, 

desde una mayoría cualificada, y fomentando un 

intenso debate plural en la sociedad, acepta la reforma 

constitucional como premisa para la 

independencia.Siguiendo a Pi i Margall, el federalismo 

sería la solución racional. Pero la nación, nos dice 

Mas, no es razón, sino “sentimiento”. 

158

El Peruano/ - Notícias, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


Canciller pide confiar en fase oral 

El canciller Rafael Roncagliolo pidió mantener un 

clima de confianza y tranquilidad durante la realización 

de la fase oral del diferendo marítimo con Chile en la 

Corte Internacional de Justicia de La Haya, que se 

iniciará en diciembre. Al participar en el foro 

académico "El contencioso sobre delimitación 

marítima entre Perú y Chile", en la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), en Iquitos, 

enfatizó la importancia de mantener informada a la 

ciudadanía sobre el mencionado proceso. El jefe de la 

diplomacia peruana manifestó que el proceso jurídico 

es concebido por el Perú como una opción de paz en 

las relaciones bilaterales.Resaltó las perspectivas 

favorables que la solución de esta controversia jurídica 

tendrá para la cooperación e integración en beneficio 

de los ciudadanos de ambos países.El Perú y Chile 

están a la espera del inicio de la fase oral del 

diferendo, previsto para diciembre, en el que Lima 

pide a la Corte de La Haya fijar el límite marítimo, y 

Santiago sostiene que el tema quedó zanjado por 

acuerdos pesqueros de 1952 y 1954.El embajador 

Gustavo Meza Cuadra, jefe de la Asesoría para 

Asuntos del Mar de la Cancillería, disertó sobre la 

posición peruana en el contencioso y la naturaleza del 

proceso que se sigue en este laudo 

supranacional.Último temaPor su parte, el embajador 

del Perú en Chile, Carlos Pareja, afirmó que el 

diferendo marítimo que se ventila en el tribunal 

supranacional "es el último tema pendiente" entre los 

gobiernos de Lima y Santiago, por lo que, al 

resolverse, permitirá afianzar la creciente integración y 

amistad entre ambas naciones."Ese tema hay que 

verlo con una visión de futuro en función del 

afianzamiento de la integración y de la amistad 

permanente entre el Perú y Chile."En declaraciones a 

radio Agricultura del país sureño, Pareja recordó que 

ambas naciones resolvieron en 1999 la entrega de 

instalaciones al servicio del Perú en Arica.Refirió que 

en esa oportunidad Chile devolvió al país un muelle de 

atraque de barcos, una estación de aduanas y de 

ferrocarril. Se logró "después de 70 años de 

negociaciones frustradas." 

159

El Peruano/ - Notícias, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


Judicatura impone más exigencias en 

concursos 

La constancia de habilitación expedida por el colegio 

de abogados al que pertenezca el letrado será 

requisito indispensable para postular a cualquier plaza 

vacante del Poder Judicial en la que se establezca 

como requisito ser abogado, además de la respectiva 

acreditación de dicha profesión con el título 

profesional, de conformidad con la RA Nº 

141-2012-CEPJ. Esta nueva exigencia busca 

equipararse con los requisitos que la judicatura 

peruana viene imponiendo para los procesos de 

designación de jueces y auxiliares jurisdiccionales del 

país; más aún, si se considera que las postulaciones 

estarán orientadas a cubrir las plazas de relatores o 

secretarios de salas superiores y supremas, así como 

de especialistas legales.Corte SupremaLa medida se 

sustenta en que el abogado que ha sido suspendido 

en el ejercicio de la profesión, por medida disciplinaria 

del respectivo colegio de abogados, está impedido de 

patrocinar. "Si bien es cierto que los postulantes –de 

resultar ganadores– no podrán realizar patrocinios 

legales, también lo es que al ejercer funciones 

jurisdiccionales y/o administrativas como abogados 

deberán encontrarse habilitados para el ejercicio 

profesional, siendo la única forma de acreditar dicha 

condición la presentación de la constancia expedida 

por el respectivo colegio de abogados", menciona la 

norma.Despacho judicialEl Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial (CEPJ), por otro lado, acordó que los 

titulares de las cortes superiores, al finalizar el año 

judicial o al inicio del mismo, deberán informar al 

presidente de la Corte Suprema de Justicia sobre los 

días de suspensión del despacho judicial, precisando 

que no hubo atención al público en las mesas de 

partes de los diversos órganos jurisdiccionales, si 

fuere el caso.De acuerdo con la RA N° 

160-2012-CE-PJ, esta decisión coadyuvará a la 

obtención de una mejor información y oportuno 

conocimiento, por parte de la Corte Suprema, para la 

adecuada calificación de la admisibilidad de los 

medios impugnatorios, principalmente el de la 

casación. Con estas medidas se busca agilizar los 

procesos.Asistencia de juecesCon el objetivo de 

regular el control de jueces, auxiliares jurisdiccionales 

y procesos disciplinarios, el PJ dispuso que el control 

de asistencia de jueces y auxiliares jurisdiccionales 

corresponde exclusivamente a presidentes de salas 

supremas y superiores, mediante la Res. Nº 

140-2012-CEPJ.La disposición se justifica en lo 

establecido en el Texto Único Ordenado (TUO) de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial y las normas 

reglamentarias correspondientes. 

160

Expresso OnLine Lisboa / - Notícias, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


Recurso de "Bibi" está pendente no 

Supremo 

O recurso do ex-motorista da Casa Pia ainda não 

subiu para o Tribunal Constitucional, uma vez que o 

Supremo pediu esclarecimentos sobre o 

requerimento. 

Carlos Silvino recorreu para o Tribunal 

Constitucional da decisão do Supremo Tribunal de 

Justiça, que validou a pena de 15 anos de prisão, 

mas está ainda pendente por questões de 

fundamentação. 

Contudo, fonte ligada ao processo adiantou à Agência 

Lusa que o recurso apresentado no STJ pelo novo 

advogado oficioso de "Bibi", ainda não subiu para o 

Constitucional, porque o Supremo pediu 

esclarecimentos sobre o requerimento. 

Só depois dos esclarecimentos, o STJ decidirá se o 

recurso está em condições de subir ao TC. 

A notificação do STJ para fundamentar o recurso já 

seguiu para o advogado Pedro Dias Pereira, mas este, 

contactado pela Lusa, disse não pretender prestar 

declarações sobre a questão ou outras matérias 

ligadas ao seu constituinte. 

Condenado a 15 anos de prisão 

Neste momento, só um recurso para o Constitucional 

evitará que a condenação de Carlos Silvino transite 

em julgado e que o ex-motorista da Casa Pia vá para 

a cadeia. 

Em julho, o STJ manteve a condenação a 15 anos de 

prisão de Carlos Silvino. Antes, a 29 de Junho, o 

processo Casa Pia regressou parcialmente a 

julgamento em primeira instância, depois de o Tribunal 

da Relação de Lisboa ter mandado repetir a produção 

de prova relativa aos alegados crimes sexuais 

cometidos, contra ex-alunos casapianos, numa 

vivenda em Elvas, onde reside a arguida Gertrudes 

Nunes. 

A repetição parcial do julgamento tem uma sessão de 

julgamento marcada para segunda-feira, com a 

audição de quatro testemunhas. 

Excluídos crimes ocorridos em Elvas 

Ao decretar a nulidade do acórdão em relação a factos 

ocorridos em Elvas (alguns datam de 1996, 1997 e 

1998), a Relação acabou por beneficiar os arguidos 

que estavam alegadamente envolvidos: o advogado 

Hugo Marçal, Carlos Cruz e Carlos Silvino. Abrangeu 

ainda Gertrudes Nunes, que já tinha sido absolvida em 

primeira instância. 

Quanto a Carlos Silvino, a nulidade do acórdão 

relativamente aos factos ocorridos em Elvas, levou a 

que a Relação de Lisboa não levasse em 

consideração três crimes que lhe eram imputados 

nessa localidade, tendo na reformulação do cúmulo 

jurídico sido aplicada uma pena única de 15 anos de 

prisão. 

O tribunal de primeira instância havia condenado 

Carlos Silvino a 18 anos de prisão e ainda Carlos Cruz 

e Ferreira Diniz (7 anos), Jorge Ritto (6 anos e 8 

meses), Hugo Marçal (6 anos e 2 meses), Manuel 

Abrantes (5 anos e 9 meses) e absolveu Gertrudes 

Nunes. Os arguidos condenados ficaram ainda 

obrigados a pagar indemnizações às vítimas. 

O processo Casa Pia começou a ser julgado a 25 de 

novembro de 2004. 

161

La Nacion/ - Notícias, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


Sumario para el juez del caso Candela 

Eduardo de Lázzari. LA PLATA.- A 48 horas de haber 

recibido el informe de la comisión del Senado 

bonaerense que analizó la investigación judicial por el 

secuestro y posterior asesinato de Candela Sol 

Rodríguez, el presidente de la Suprema Corte de 

Justicia provincial, Eduardo De Lázzari, dispuso abrir 

un sumario al juez de Garantías Alfredo Meade, primer 

magistrado a cargo del caso, y calificó el resultado del 

trabajo de los legisladores como de una "inusitada 

gravedad". 

Además, el magistrado giró el informe a los otros 

miembros de la Corte y requirió al titular de la comisión 

legislativa, Jorge Ruesga, que informe si desde ese 

ámbito se realizaron denuncias penales por los 

hechos consignados en el trabajo y, en caso contrario, 

adelantó estar dispuesto a promoverlas 

personalmente. 

"A título personal, entiendo que el informe de la 

comisión aborda profundamente las circunstancias del 

caso y enuncia aspectos de inusitada gravedad, los 

que de ser confirmados en las instancias 

correspondientes depararán trascendentes 

consecuencias", señaló De Lázzari, luego de leer las 

500 fojas e instruir a la Subsecretaría de Control 

Disciplinario y al Área Control de Magistrados de la 

Corte provincial que evalúe la actuación en el caso del 

juez Meade. 

El proceder del presidente de la Corte, que había 

recibido el documento de manos de Ruesga, contrasta 

con la actitud adoptada por el gobernador Daniel 

Scioli, que señaló, por lo menos en dos oportunidades, 

no tener comentarios al respecto. 

Ayer mismo, voceros de Scioli, a quien el informe le 

fue entregado por una fría nota administrativa, 

indicaron que el mandatario provincial "ya dijo todo lo 

que tenía para decir del tema".En tanto, fuentes del 

Ministerio de Justicia y Seguridad provincial dijeron 

desconocer que el trabajo sea motivo de evaluación 

del responsable de dicha cartera, Ricardo Casal. 

"A nosotros nos reconforta que la Corte ponga en 

marcha mecanismos de investigación del contenido 

del informe", opinó Ruesga que, consultado por LA 

NACION sobre la indiferencia demostrada desde el 

Ejecutivo, consideró que "nosotros no queremos 

interferir en lo que hace otro poder, pero creemos que 

es un trabajo serio y responsable que debe ser tenido 

en cuenta". 

El informe de la Comisión Especial de 

Acompañamiento para el Esclarecimiento del 

Asesinato de Candela Sol Rodríguez del Senado 

provincial -que puede consultarse en la página oficial 

del Senado bonaerense 

http://www.senado-ba.gov.ar/informe_candela.aspx 

recomendó "exonerar" al jefe de la policía, Hugo 

Matzkin; al ex jefe Juan Carlos Paggi; al director 

general de Policía Científica, Pablo Vázquez; al 

entonces superintendente de Seguridad Oeste, Sergio 

Bianchi; al director de la DDI La Matanza, Marcelo 

Chebriau; al director general de Investigaciones en 

Función Judicial, Roberto Castronuovo, y al oficial 

principal Mauricio Rhodas Pérez, entre otros policías 

bonaerenses involucrados en presuntas 

irregularidades. 

En el capítulo de responsabilidades judiciales, la 

comisión sugiriódenunciar al fiscal general de Morón, 

Federico Nievas Woodgate -a quien ya se le inició 

proceso de jury-; pedir el enjuiciamiento de los fiscales 

Marcelo Tavolaro y Leonardo Lisa, y del juez Meade; y 

denunciar al defensor oficial Oscar Rombola y la 

auxiliar de fiscalía Guillermina Rapazzo. 

Disidencia 

El trabajo fue rubricado por los senadores del FPV-PJ 

Ruesga, Jorge D"Onofrio, Cecilia Comerio, Emilio 

López Montaner y Diana Larraburu; y las de los 

senadores del GEN-FAP, Omar Foglia y de la CC-ARI, 

María Gainza. Por su parte, los miembros de la 

comisión Alberto De Fazio, sciolista; y Alberto Asseff, 

del Pro-Peronismo, hicieron sus propios informes en 

disidencia. 

Además del gobierno y del máximo tribunal provincial, 

el informe fue remitido también a la Procuradora 

General de la Suprema Corte, María del Carmen 

Falbo, que acusó recibo e informó, en declaraciones a 

la agencia Télam, que "estamos trabajando con 

nuestros relatores para hacer el análisis más puntual y 

veremos cuáles son los resultados". 

Finalmente, otra copia se hizo llegar a la Cámara 

Federal de San Martín ya que, para los miembros del 

cuerpo, al tratarse de un secuestro extorsivo, el caso 

debió ser tramitado en la justicia federal y no en los 

tribunales de la provincia. Junto con el informe, la 

comisión envió a San Martín las versiones 

taquigráficas de dos testigos reservados que ofrecen 

detalles sobre el crimen al que vinculan con la 

actividad del narcotráfico y la connivencia policial de 

efectivos de la zona. 

La secretaria ejecutiva de la comisión, Martha Arriola, 

aseguró que "la profundidad del trabajo y el alcance 

de sus conclusiones, para nosotros inapelables, 

constituyen en un punto de inflexión para repensar las 

162

políticas públicas de seguridad en la provincia". 

Tambiénbregó por que a partir de este informe "se 

promuevan fuertes cambios en el sistema". 

La comisión se reserva, por el momento, la 

presentación de otra media docena de denuncias por 

irregularidades que, de no abrirse investigaciones a 

partir del informe, promoverá ante la Justicia. 

Consecuencias en la Justicia 

La Nacion/ - Notícias, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


Más cuestionamientos a los investigadores del caso 

"El informe de la comisión enuncia aspectos de 

inusitada gravedad"Después de recibir el informe 

hecho por los senadores, De Lázzari decidió abrir un 

sumario al juez Alfredo Meade 

. 

163

Los Angeles Times/ - Notícias, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


LAPD chief urges appeal of $5.7 million 

jury award to paralyzed felon 

Los Angeles Police Chief Charlie Beck on Saturday 

recommended that the city appeal a jury's decision to 

award $5.7 million to a convicted felon left paralyzed in 

a police shooting after he was allegedly involved in a 

drive-by shooting. Beck said the jury was not able to 

hear key evidence in the case of 26-year-old Robert 

Contreras, who was shot by police at age 19 and left a 

near-quadriplegic after trying to run away from officers 

responding to the drive-by shooting. Among the 

evidence: the fact that Contreras was a known gang 

member, pleaded no contest to attempted murder for 

his role in the drive-by shooting, and a statement from 

another man in the van with Contreras who told 

authorities that Contreras left the vehicle armed with a 

gun, a Police Department statement said. "I am very 

disappointed by the jury's award in this case," the 

police chief said in a statement. "Tragically for the 

people of Los Angeles, important facts were not 

allowed into evidence in this case. "Had the jury been 

permitted to hear all the facts, I am sure the outcome 

would have been quite different," Beck said. "I urge the 

city attorney's office to pursue an appeal in this case." 

The jury's decision compensates Contreras for injuries 

he suffered one night in September 2005, when 

several officers on patrol in South Los Angeles 

responded to a report of a nearby shooting. As they 

arrived, witnesses pointed to a white van speeding 

away and said people inside the vehicle had let off a 

volley of gunfire while driving by. After a brief pursuit, 

the three men inside the van jumped out and 

scattered. Officer Mario Flores and Det. Julio 

Benavides, also a police officer at the time, chased 

Contreras into a dark driveway. When Contreras 

allegedly turned toward them with an object in his 

hand, the officers opened fire, hitting him multiple 

times in the side and back. Contreras had been 

holding a cellphone. The officers told investigators 

afterward they had seen a gun in Contreras' hand as 

he bolted, but an extensive search of the area turned 

up no weapon. Contreras, who was left a 

near-quadriplegic with some use of his arms, was 

convicted in 2009 for his role in the drive-by shooting 

and sentenced to seven years in state prison. 

Released on parole last year, he filed a federal lawsuit 

against the city, charging that the officers used 

excessive force and violated his civil rights. The jury 

unanimously found in favor of Contreras. Faced with a 

second trial to determine how much money the city 

would have to pay to cover Contreras' extensive 

medical care costs and the pain he suffered, lawyers 

for the city agreed with Contreras' attorneys to a 

$4.5-million settlement. The notion of making a 

multimillionaire out of Contreras, however, did not sit 

well with members of the City Council. An internal 

LAPD inquiry had cleared the officers of wrongdoing, 

and the proposed payout amounted essentially to an 

admission that they had done something wrong, 

Councilman Paul Krekorian and other council 

members said. Despite warnings from city lawyers that 

a jury could award more than double the settlement 

amount, the council rejected the deal in an 8-4 vote. 

The second trial, which ran for two days last week, was 

largely a fight over the amount and cost of the physical 

therapy, medical care and general assistance 

Contreras will need for the rest of his life. While 

medical experts presented by Contreras' lawyer 

argued that he would need a round-the-clock attendant 

and expensive machinery to help him move, the city 

countered with its own experts who said far less was 

necessary. Deputy City Atty. Craig Miller said 

Contreras had failed to work aggressively on his 

rehabilitation and would have more mobility and 

independence if he did so. The attempts by his 

attorney to portray him as a near-invalid were a 

"sympathy ploy," Miller told jurors. Krekorian defended 

the council's decision to rejection settling with 

Contreras. "If the city has to pay some more to show 

that we stood up and supported our police officers 

when they did nothing wrong then so be it," Krekorian 

said. "It's money well spent." The payout could 

increase even more if the judge orders the city to pay 

attorneys' fee for Contreras. ALSO: Space shuttle 

Endeavour plucked off Boeing 747 at LAX Gov. Brown 

signs legislation easing birth-control access Tree 

trimmer killed after he's trapped beneath palm fronds -- 

Rong-Gong Lin II and Joel Rubin File photo: Los 

Angeles Police Chief Charlie Beck in 2011. Credit: Luis 

Sinco / Los Angeles Times 

164

Los Angeles Times/ - Notícias, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


Some juvenile killers would get parole if 

Jerry Brown signs bill 

Christian Bracamontes was a 16-year-old on a bicycle 

the night he and a friend, one gun between them, tried 

to rob four Riverside teens of their dope.The friend 

pulled the trigger, killing 15-year-old Thomas Williams, 

and pleaded guilty in the 1998 murder. In 15 more 

years, he can leave prison on parole.Bracamontes 

refused to plea bargain and ended up being sentenced 

to life without possibility of parole. The disparity goes 

to the heart of a bill on the desk of Gov. Jerry Brown, 

one that also pits the freedom of juveniles locked up 

for life against the grief of families haunted by the loss 

of their loved ones.Brown has until the end of the 

month to choose sides. The bill would allow juvenile 

killers incarcerated with no possibility of parole to be 

considered for release after they have spent 25 years 

in prison. It puts California at the crossroads of a 

national debate over how to treat kids who 

kill.California had 227 juveniles serving life without 

parole when unsuccessful versions of the bill surfaced 

in 2007. Now there are 309 such offenders, a mix of 

killers and accomplices that California judges 

determined deserved no second chance.They include 

a boy who used a table leg to bludgeon his probation 

officer, the teens who beat a 90-year-old woman to 

death with her cane and gang members convicted of 

multiple murders. There also are "model" inmates, 

such as Elizabeth Lozano.She was a 16-year-old 

runaway when her boyfriend shot and killed 

13-year-old Tayde Vasquez in Long Beach in 1992. 

Lozano was convicted of felony murder for her role as 

an accomplice. Today she is 37, an inmate at 

California Women's Facility in Chowchilla, finishing a 

college degree and mentoring other juvenile 

offenders.The punishment of life without parole is "an 

effective death sentence carried out by the state slowly 

over a long period of years," Lozano wrote in a letter 

distributed last year through prisoner advocacy 

blogs.California lawmakers last year fell two votes 

short of setting aside the state's sentences of life 

without parole for all but the most heinous teen 

offenders.State Sen. Leland Yee (D-San Francisco), a 

child psychologist, introduced a scaled-down version 

of the bill this year, one that could allow Bracamontes 

to apply for a new, lesser sentence. Teens who kill law 

enforcement officers or torture their victims are 

excluded from the measure.Yee is a firm believer that 

the teen brain is reckless and prone to disregard risk 

— which the U.S. Supreme Court has ruled merits 

special consideration at sentencing."We cannot throw 

away our children," Yee said in an interview. "Our 

hearts go out to those families (of victims), but if it 

turns out there's a way of salvaging another life, 

shouldn't we also look at that?"The legislation, SB 9, 

follows a national pattern of increasing protection for 

juvenile criminals.In 2005, the Supreme Court 

abolished the death penalty for minors. In 2010, the 

high court threw out a Florida law permitting life 

sentences for teens convicted of such crimes as 

armed robbery. In July, the Supreme Court struck 

down mandatory life sentences without parole, used by 

28 states, saying judges must have leeway to consider 

the maturity level and background of children tried as 

adults.In California, life sentences without parole are 

not mandatory but presumed appropriate. Human 

Rights Watch in 2008 reported that more than 40% of 

the state's juvenile lifers were sentenced as 

accomplices — "someone pretty much everyone 

agrees has less culpability," said Elizabeth Calvin, a 

children's rights advocate at the organization.But 

victims' survivors say they trust that in every case of a 

juvenile sentenced to a life term, judges found a 

reason to reject the option of parole."These are the 

worst of the worst," said Maggie Elvey, a former San 

Diego County resident whose husband was 

bludgeoned during a robbery 19 years ago by boys 

ages 15 and 16 and died of the injuries.The youngest 

of his killers was released from prison after seven 

years and vanished from Maggie Elvey's radar. The 

other, serving life without parole, eventually was 

convicted of trying to kill another inmate. Elvey 

attended the trial, taking pleasure in the shock on his 

face when he saw her there."The state gave us a 

promise, that we would never have to see or hear this 

person again who killed our loved ones," said Elvey, 

who now works in Sacramento as a crime victims' 

advocate. "Now liberal-hearted lawmakers are saying, 

'These are just kids.'"paige.stjohn@latimes.com 

165

Misiones Online/ - Notícias, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


Juraron los nuevos Integrantes del 

Consejo de la Magistratura 

La nómina de los miembros: 

Superior Tribunal de Justicia: 

Titular: Dra. Ramona Velásquez Suplente: Fabián 

Zanza 

Poder Ejecutivo: 

Titular: Claudia Gauto Suplente: Carlos Syniuk 

Colegio de Abogados: Titular: Alejandra Despontin 

Funcionarios del Poder Judicial de Misiones. 

Titular: Dr. Miguel Orlando Moreira. 

Suplente: Dra. Lyda Inés Gallardo. 

Cámara de Representantes de Misiones 

Titulares: Diputada Alicia Duarte 

Diputado Adolfo Claudio Wipplinger. 

Suplentes: Diputado Juan Carlos Agulla 

Diputado Luís Mario Pastori. 

Colegio de Abogados: 

Titulares: Dra. Alejandra María Despontin. 

Dr. Nelson Esteban López. 

Suplentes: Dr. Fernando Andrés Acosta. 

Dr. Luís Carlos Oudin. 

166

Misiones Online/ - Notícias, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


Especialistas disertan hoy sobre Estado de 

Derecho Constitucional 

La jornada se inició con un acto a cargo de la 

secretaria legislativa y coordinadora del CEEM, Cecilia 

Britto, el director ejecutivo del Centro de Capacitación 

Judicial, César Santiago y la presidenta del Superior 

Tribunal de Justicia (STJ), Ramona Velázquez. 

Asistieron el vicepresidente de la Legislatura, Alberto 

Alvarez; los ministros del STJ, María Laura Niveyro y 

Jorge Rojas; el procurador general Miguel ángel 

Piñero; la presidenta de la Asociación de Magistrados 

y Funcionarios, Rosanna Venchiarutti; secretarios 

yprosecretarios legislativos, diputados, miembros del 

Colegio de Abogados, autoridades provinciales y 

municipales, y profesionales interesados en la 

temática. 

En la oportunidad se suscribió un convenio marco de 

colaboración entre la Universidad Católica Argentina, 

representada por el vicedecano de la Facultad de 

Derecho a cargo del Decanato, Daniel Herrera y el 

Centro de Capacitación y Gestión Judicial a cargo de 

César Santiago. 

En las conferencias se abordan temas relacionados 

con el derecho constitucional y el código civil, 

internaciones voluntarias e involuntarias y capacidad 

de las personas con enfermedad mental según la Ley 

26.657, y capacidad y salud mental en el proyecto de 

Código Civil 2012. 

Al dar la bienvenida, Velázquez dijo “me place mucho 

esta concurrencia masiva, que demuestra el interés 

que desata este evento que se lleva a cabo en la 

capacitación, porque esto nos nutre de nuevas ideas y 

de nuevas experiencias”. 

“Esto se debe al trabajo mancomunado de los tres 

poderes y a la voluntad de los señores que vienen a 

capacitarnos, a traernos todo su conocimiento y así 

intercambiar ideas porque cada provincia tiene su 

propia idiosincrasia” indicó. 

“Estamos tratando de mejorar nuestra condición de 

Poder Judicial con este trabajo activo que viene 

desarrollando el coordinador del Centro de 

Capacitación, el doctor Santiago. Agradezco a la 

doctora Britto, con quien estamos trabajando en forma 

conjunta viendo la posibilidad de poder llegar con 

nuestras inquietudes a la comunidad, porque estamos 

al servicio de la comunidad” expresó. 

La secretaria legislativa, Cecilia Britto,dijo que “el éxito 

de las cosas está cuando las ideas pueden llevarse 

rápidamente a las acciones y se concretan con 

resultados positivos, y creo que este convenio, esta 

cantidad de actividades que estamos llevando a cabo, 

habla verdaderamentede que hemos podido construir 

una agenda común”. 

“Quiero destacar la cantidad de leyes en las que se 

han trabajado precisamente para poder fortalecer y 

darles las herramientas al Poder Judicial para que 

puedan concretar ese servicio de justicia que en 

definitiva nos tiene a los tres poderes del Estado 

trabajando por un sólo destinatario que es el pueblo” 

manifestó. 

“Quiero destacar las actividades que lleva adelante el 

Centro de Estudios Estratégicos, que preside Carlos 

Rovira y que lo coordinamos conjuntamente con el 

licenciado Hugo Passalacqua, que tiene que ver con 

un espacio también novedoso que de alguna manera 

le permite articular con todos los organismos, con 

todas las asociaciones para generar un espacio de 

pensamiento y reflexión y hacer un aporte desde el 

conocimiento”expresó. 

Por su parte, el director del Centro de Capacitación 

Judicial, Sergio Santiago agradeció “el apoyo masivo, 

porque esto no se podría materializar sino fuera por el 

acompañamiento y el compromiso de todos y de cada 

uno de los integrantes del Poder Judicial” dijo. 

“Esto hace que contribuyamos a definir un nuevo rol 

del Estado en el siglo XXI, el que acerca a la gente las 

soluciones y piensa primordialmente en el bien 

común” sostuvo. 

167

Reuters General/ - Article, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


Philippines close to landmark peace deal 

in rebel south 

By Manuel Mogato and Stuart Grudgings 

MANILA/KUALA LUMPUR | Sat Sep 22, 2012 3:58am 

EDT MANILA/KUALA LUMPUR (Reuters) - The 

Philippine government and Muslim rebels are closing 

in on a peace deal after nearly 15 years of 

violence-interrupted talks, a potential landmark 

success for President Benigno Aquino that could pave 

the way for more investment in the country's 

impoverished but resource-rich south. Negotiators from 

both sides told Reuters that the major obstacles to a 

framework deal being signed this year appear to have 

been surmounted after a period of intense 

diplomacy.The deal would formalise a ceasefire in 

Muslim-majority areas of Mindanao island and set in 

train a roadmap to create a new autonomous region in 

the mainly Catholic country before the end of Aquino's 

term in 2016."What we are saying is that the whole 

thing will be completed this year," said Marvic Leonen, 

a law professor who is the government's chief 

negotiator, describing the deal as the "architecture" for 

the peace process.The deal to end the 40-year-old 

conflict, which has killed more than 120,000 people, 

could be signed as soon as the next round of talks in 

Malaysia, expected to take place in early 

October.Tough negotiations still lie ahead and, 

analysts say, other dangers lurk, such as the threat 

posed by powerful clans who may disrupt a deal, 

fearing a loss of political influence."We are close to it, 

but there are still big elephants in the room, such as 

territory, internal security, and wealth-sharing 

arrangements," the chief negotiator with the Moro 

Islamic Liberation Front (MILF) rebels, Mohagher Iqbal, 

told Reuters.PRAGMATISMThe framework deal would 

signal a major breakthrough in trust between the 

government and the MILF separatists, who have long 

viewed Manila's motives in the talks with suspicion.It 

comes as the Philippines defies its reputation as an 

economic laggard with strong growth and a resurgence 

in investor interest.In the latest sign of a policy shift 

toward Mindanao, the Aquino government has given 

the impoverished the state the biggest regional share 

of government infrastructure funds.For the MILF 

leadership, a peace deal could simply be a matter of 

pragmatism.After four decades of conflict, they are 

ageing and, analysts say, eager to see some fruit from 

the grinding years of peace negotiations. An outbreak 

of violence last month when a small rebel faction 

opposed to the deal attacked army camps underlined 

how the MILF is struggling to control a younger, more 

radical generation.The leadership may also be 

motivated by the prospect of royalties from huge 

untapped deposits of oil, gas and mineral resources in 

rebel areas, part of an estimated total of $312 billion in 

mineral wealth in Mindanao. France's Total has 

partnered with Malaysia's Mitra Energy Ltd. to explore 

oil and gas fields in the Sulu Sea off Mindanao."If the 

peace agreement will be signed this year, then I think 

we will see some benefits already trickling down next 

year. That's how fast it is," said Vicente Lao, president 

of Mindanao Business Council.Ishak Mastura, former 

head of investments for the Autonomous Region in 

Muslim Mindanao, said a peace agreement would take 

more time to boost investment and trade in the conflict 

areas. He said the first phase would likely be an influx 

of development aid."There's a lot of things to be done 

before we see these big companies coming in, such as 

legal environment, infrastructure, and security on the 

ground," Mastura said.NO PANACEADespite the 

prospect of a peace deal with the MILF, Mindanao is 

likely to remain one of the most violent places in Asia, 

plagued by a long-running communist insurgency, 

heavily-armed clans, and radical Islamic splinter 

groups.The framework agreement will set up a 

15-member Transition Commission, which has until 

2015 to draft a law creating the new entity to replace 

the current autonomous region that has been in place 

since 1989 and which is widely seen as a failure."It's 

not a Panacea," said Bryony Lau of the International 

Crisis Group in Jakarta. "But it will be really significant 

because it is the first substantive text since 

2008."Peace talks with the 11,000-strong MILF started 

in July 1997, but broke down three years later when 

then president Joseph Estrada ordered troops to seize 

rebel bases after a rebel attack on a ferry that killed 

dozens.His successor Gloria Macapagal Arroyo 

re-opened talks in 2001, inviting Muslim-majority 

Malaysia to join. Peace appeared to be within reach in 

2008, but the Supreme Court declared the deal 

unconstitutional in a decision that set off rebel attacks 

and a fierce military offensive that displaced 750,000 

people.The turning point came in August 2011 when 

Aquino held secret talks with MILF leaders at a Tokyo 

hotel, apparently convincing them of his sincerity in 

reaching a deal to end the conflict."The government 

has been determined all along to reach a deal that it 

could implement within Aquino's term, and that 

emphasis appears to have resonated with the MILF," 

said Lau.(Editing by Jeremy Laurence) 

168

The Economic Times/ - News, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


Issues at stake in US presidential election 

and why it matters 

A selection of issues at stake in the presidential 

election and their impact, in brief: 

Afghanistan: 

The stakes now are similar to what caused the US to 

invade almost 11 years ago: the threat of more 

al-Qaida attacks. 

President Barack Obama says US forces must not 

leave until Afghan forces can defend the country on 

their own. Otherwise the Taliban would regain power 

and al-Qaida might again launch attacks from there. 

Republican rival Mitt Romney appears to share that 

view. 

What's often overlooked in the ``al-Qaida returns'' 

scenario is an answer to this question: Why, after so 

many years of foreign help, are the Afghans still not 

capable of self-defense? And when will they be? 

The official answer is by the end of 2014, when the US 

and its allies plan to end their combat role. The 

Afghans will be fully in charge, or so it is hoped, and 

the war will be over, at least for Americans. 

Campaign finance: 

This election probably will cost more than $1 billion. 

Big donors who help cover the tab could gain outsized 

influence with the election's winner. The voice of 

ordinary Americans may not be heard as loudly as a 

result. 

Recent court decisions have stripped away restrictions 

on how elections are financed, allowing the very rich to 

afford more speech than the rest. In turn, super 

political action committees have flourished, thanks as 

well to limitless contributions from the wealthy - 

including contributors who have business before the 

government. 

Disclosure rules offer a glimpse into who's behind the 

money. But the information is often too vague to be 

useful. And nonprofits that run so-called issue ads 

don't have to reveal donors. 

Obama criticized the Supreme Court for removing 

campaign finance restrictions. Romney supported the 

ruling. Both are using the lax rules with gusto. 

China: 

The US accuses China of flouting trade rules and 

undervaluing its currency to helps its exporters, hurting 

American competitors and jobs. But imposing tariffs 

could set off a trade war and drive up prices for 

American consumers. 

Tensions now have spread to the automotive sector: 

The US is seeking international rulings against 

Chinese subsidies for its auto and auto-parts exports 

and against Chinese duties on US autos. Romney 

says he'll get tougher on China's trade violations. 

Obama has taken a variety of trade actions against 

China, but on the currency issue, he has opted to wait 

for economic forces to encourage Beijing to raise 

values. 

Cheap Chinese goods have benefited American 

consumers and restrained inflation. But those imports 

have hurt American manufacturers. And many US 

companies outsource production to China. One study 

estimated that between 2001 and 2010, 2.8 million US 

jobs were lost or displaced to China. 

169

The Economic Times/ - Notícias, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


Make forests no-go areas: Supreme Court 

NEW DELHI: A Supreme Court-appointed panel on 

Friday told the apex court that the actual forest cover 

in the country had fallen below 2% and urged the court 

to make them no-go areas. 

"The dense forest cover in the country is 1.89%, most 

of it in national parks and sanctuaries. To call the rest 

'forests' is stretching the meaning of the word," amicus 

curiae Harish N Salve said on behalf of the 

Centrally-Empowered Panel (CEC) which assists the 

court in dealing with forest-related cases. 

The senior counsel attributed to a court order passed 

way back on February 14, 2000, in which the top court 

had barred even removing of deadwood from the 

reserve parks and forests without its specific 

permission. 

Salve claimed that even when the Forest Conservation 

Act was passed in 1980, dense forest cover was 20%, 

much less than the ideal 33% of the land mass, he told 

a three-judge special bench dealing with forest 

matters."The dense forests have to be sacrosanct, 

no-go areas," he said, suggesting a uniform buffer 

zone area around every such park or reserve." 

He dismissed state suggestions for determining buffer 

zones on a case-to-case basis, hinting this left scope 

for misuse. He said that all activities such as mining 

leases, setting of hazardous industries, brick kilns, 

wood-based industries should stay banned inside the 

sanctuaries and parks. Other activities such as hotels 

and restaurants, commercial chopper services, hydel 

projects, irrigation projects, canals, laying of 

transmission lines and distribution lines and removing 

of boulders, gravel and sand, should be regulated, he 

said. 

170



Prime Minister Manmohan Singh's team 

behind the recent reforms blitzkrieg 

In a span of seven dramatic days, Manmohan Singh, 

famously described as a 'tragic figure' by the 

Washington Post, has displayed reserves of energy 

and resolution that had appeared beyond him. In a 

trice, the narrative has changed from despondency 

and haplessness to a government that has the 

courage of its convictions. 

Singh, who turns 80 on September 26, has had strong 

back-end support from a core group of Congress 

leaders and senior bureaucrats for his 'Singham' 

makeover. 

The key member of this group and the driver of change 

is Finance Minister P Chidambaram. Helping him and 

the PM are Planning Commission chief Montek Singh 

Ahluwalia, Law Minister Salman Khurshid, Sonia 

Gandhi's political secretary Ahmed Patel, and a clutch 

of senior bureaucrats in the PMO. 

The political strategising, without which the 

transformation would have been impossible, is largely 

the work of Patel. The team is relatively new, Ahluwalia 

being the only survivor from what might be termed 

Manmohan I, the team that put together the 1991 

reforms, and Manmohan II, the team that pushed the 

US-Indo nuclear deal. 

Change Agent 

P Chidambaram, Finance Minister: His arrival in North 

Block started the process of UPA's resurgence. Within 

days of taking over, Chidambaram had readied a plan 

to boost the economy, including stake sale in 

state-owned companies, fiscal consolidation, and a 

non-adversarial tax regime to help revive investor 

sentiment. People close to the FM say he had given 

himself a month to implement most of these measures. 

He had also pushed for foreign investment in 

multi-brand retail as well as aviation to send out a clear 

signal the government was committed to reforms. 

The Implementers 

Pulok Chatterji, Shivshankar Menon, BVR 

Subrahmanyam, Shatrughan Singh: The low-profile 

principal secretary to the prime minister, Pulok 

Chatterji, has been tasked to co-ordinate with 

ministries to ensure that all stakeholders are on the 

same page before a major policy is announced. 

Chatterji is helped by two key joint secretaries in the 

PMO — Shatrughan Singh and BVR Subrahmanyam, 

who communicate the PMO's agenda to senior officials 

in the government. Shivshankar Menon, the National 

Security Advisor, emerged as the sounding board for 

the PM on political and economic issues, even though 

these fall out of his official remit. 

The Loyal Technocrat 

Montek Singh Ahluwalia, Dy Chairperson, Planning 

Commission: He is the PM's blue-eyed boy. Ahluwalia 

has been providing important inputs for the various 

reform measures announced and those in the works. 

The Planning Commission had pushed for reforming 

the subsidy regime, the power sector and stepping up 

investments in infrastructure. Ahluwalia shares a better 

relationship with PC than he did with the previous FM. 

He also conveys messages, such as the need to cut 

subsidies, that politicians find difficult to articulate. 

The Man in the Shadows 

Ahmed Patel: The powerful secretary to Sonia Gandhi, 

Patel, said to be a master of the dark arts of politics, 

has given the political spine to the image makeover. 

Measures such as FDI in multi-brand retail and 

capping fuel subsidies would not have been possible 

without the backing of the Congress party. The 

government's aggressive handling of the socalled 

Coalgate has also been coordinated by Patel, who 

ensured that the role of state governments in 

approving mine allocations was highlighted, thus 

denting BJP's anti- corruption campaign. Congress 

party leaders say Patel has been instrumental in 

ensuring Mulayam Singh's support after Mamata 

Banerjee walked out. 

Legal Eagle and Public Face 

Salman Khurshid, Law Minister: Along with 

Chidambaram, he has emerged as an articulate 

defender of economic reforms on broadcast networks. 

The law ministry's input has also been sought for 

crucial reforms such as the financial restructuring of 

power discoms to make sure the government's 

announcements pass legal muster. Khurshid, with the 

help of his seniormost law officer Ghoolam Vahanvati, 

has ensured the government's legal team puts up a 

better show in the Supreme Court in crucial cases in 

contrast to what is perceived to be feeble performance 

during the marathon hearing of the 2G case. 

171



Lawyer not liable for wrong legal advice: 

Supreme Court 

NEW DELHI: The Supreme Court has ruled that a 

lawyer cannot be prosecuted for giving wrong advice 

to a bank unless there was proof to show that he was 

part of a conspiracy to defraud the bank. 

"Liability against an opining advocate arises only when 

the lawyer was an active participant in a plan to 

defraud the bank," the top court said on Friday, 

rejecting a CBI plea to go after a lawyer whose advice 

caused huge losses to Hyderabad-based Vijaya Bank. 

"At the most, he may be liable for gross negligence or 

professional misconduct if it is established by 

acceptable evidence," a bench comprising Justices P 

Sathasivam and Ranjan Gogoi said, upholding a 

Andhra Pradesh High Court order on July 9, 2010. 

The CBI, appealing against the HC order before the 

Supreme Court, claimed that the lawyer misled Vijaya 

Bank on 10 housing loans by giving false legal 

opinion. 

The lawyer is a co-accused in a case over granting 

housing loans to 22 borrowers in violation of bank 

rules, which led to losses of Rs 1.27 crore to the bank. 

The other accused include former branch manager 

and assistant manager of Vijaya Bank's Narayanaguda 

branch. 

They were charged with conspiracy, fraud and 

corruption for abusing their official position as public 

servants and conspiring with private individuals, 

including a builder, to defraud the bank. 

The lawyer was charged with the task of verifying 

documents submitted by the borrowers regarding 

mortgage papers of some properties and municipal 

permissions. 

CBI alleged that he gave false legal opinion in respect 

of 10 housing loans. 

172

The New York Times/ - Politics, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


In Kennedy Recordings, History’s Raw 

Materials 

BOSTON — President John F. Kennedy opened the 

newspaper one day in 1963 and learned to his horror 

that military aides had built a hospital bedroom for his 

pregnant wife at an air base on Cape Cod in case she 

went into labor. He thought the $5,000 spent on the 

furniture was wasteful and would be a public-relations 

disaster that would prompt Congress to cut his military 

budget. The angry president picked up the phone. 

First, he a took a press underling to task. He 

demanded that the furniture be sent back and that 

those responsible — including “that silly fellow who 

had his picture taken next to the bed” — be transferred 

to Alaska. He then called Gen. Godfrey McHugh, his 

Air Force aide. “What the hell did they let the reporters 

in there for?” the president thundered. “You just sank 

the Air Force budget!” And he was not finished venting 

his rage about the aide who appeared in the 

newspaper picture. “He’s a silly bastard!” he 

exclaimed. “I wouldn’t have him running around a 

cathouse!” Before hanging up, he characterized the 

entire episode with an expletive. The story came 

straight from Kennedy himself. Though even some of 

his closest aides did not know at the time, Kennedy 

recorded more than 260 hours of Oval Office 

conversations, telephone calls and dictation into his 

Dictaphone. The John F. Kennedy Library Foundation 

has culled the highlights into a new book of annotated 

transcripts and two audio CDs. Some of audio portions 

will be available online. The book, “Listening In: The 

Secret White House Recordings of John F. Kennedy,” 

with a forward by his daughter, Caroline Kennedy, and 

an introduction by Ted Widmer, a presidential historian 

at Brown University, offers “the raw material of history,” 

said Thomas Putnam, the director of the Kennedy 

Library. “This is the memoir that President Kennedy 

never got to write,” Mr. Putnam said. In a meeting in 

November 1962, the president bluntly told James 

Webb, the NASA administrator, that putting a man on 

the moon was his top priority. Mr. Webb said it was 

more important to understand the environment of 

space, prompting Mr. Kennedy to say, “If we get 

second to the Moon, it’s nice, but it’s like being second 

anytime.” Mr. Webb continued to push back, prompting 

the president to spell it out: “I’m not that interested in 

space,” he said, only in beating the Russians. 

Kennedy’s obsession with the cold war extended to the 

athletic rivalry with the Russians over hockey. In March 

1963, he called up an old friend who had played 

hockey in the Olympics to complain about the 

American men’s hockey team losing to Sweden, 17-2. 

“Christ,” the president complained. “Who are we 

sending over there? Girls?” Like Richard M. Nixon after 

him and several presidents before him, Kennedy 

installed hidden recording devices in the Oval Office. 

Almost no one knew about the practice until the 

existence of the Nixon tapes was revealed in 1973 

during the Watergate hearings. This lifted the curtain 

on stealth self-bugging in the White House that began 

with Franklin D. Roosevelt. Kennedy’s recording 

system was dismantled immediately after his 

assassination. The family kept the tapes until 1976 and 

then gave them to the National Archives. The Kennedy 

Library later acquired them and began to make them 

available to historians in 1983. Their release was a 

slow and laborious process because the sound quality 

was uneven and they had to be transcribed and 

declassified. The last 45 hours of tapes were released 

only this year. Historians have turned to the tapes for 

insight into major events of the Kennedy presidency 

like the Cuban missile crisis, the civil rights movement 

and the Vietnam War. The value of this book, Mr. 

Putnam said, is that “it is the first time the material has 

been published in one collection with annotations and 

a serious historian providing context for each 

conversation.” The book was published by Hyperion, 

which released a book last year of interviews 

conducted with Jacqueline Kennedy after her 

husband’s death. 

173



When GPS Tracking Violates Privacy 

Rights 

For the right to personal privacy to survive in America 

in this digital age, courts must be meticulous in 

applying longstanding privacy protections to new 

technology. This did not happen in an unfortunate 

ruling last month by a three-judge panel of the United 

States Court of Appeals for the Sixth Circuit. The case 

concerned a drug conviction based on information 

about the defendant’s location that the government 

acquired from a cellphone he carried on a three-day 

road trip in a motor home. The data, apparently 

obtained with a phone company’s help, led to a 

warrantless search of the motor home and the seizure 

of incriminating evidence. The majority opinion held 

that there was no constitutional violation of the 

defendant’s rights because he “did not have a 

reasonable expectation of privacy in the data given off 

by his voluntarily procured pay-as-you-go cellphone.” 

The panel drew a distinction between its ruling and a 

ruling by the Supreme Court last January in United 

States v. Jones, which held that the placement of a 

hidden device on a suspect’s car without a valid 

warrant violated the Fourth Amendment. The 

three-judge panel said that its case, in contrast, did not 

involve physical trespass on the suspect’s private 

property. The judges also asserted that the tracking in 

the case before them was not sufficiently 

“comprehensive” to be “unreasonable for Fourth 

Amendment purposes” and trigger the need for a 

warrant — even though the police tracked the 

defendant’s every move for three days, hardly a 

negligible time period. The Jones case suggests that 

the Supreme Court’s future direction may be more 

protective of privacy in cases involving new and 

potentially invasive technologies. In two concurring 

opinions in that case, a majority of justices agreed that 

“longer-term” GPS monitoring impinged on 

expectations of privacy. As Justice Sonia Sotomayor 

stressed in her concurrence, “GPS monitoring 

generates a precise, comprehensive record of a 

person’s public movements that reflects a wealth of 

detail about her familial, political, professional, 

religious, and sexual associations.” If anything, 

tracking someone using cellphone GPS capabilities is 

even more invasive than following someone with a 

GPS device attached to a car since it allows for 24/7 

coverage. Most people carry their phones wherever 

they go, including into their homes. The circuit court 

panel majority concluded that because the defendant’s 

phone emitted information that could be picked up by 

law enforcement agents, he had no reasonable 

expectation of privacy and thus no warrant was 

needed to conduct the surveillance. This was at odds 

with yet another Supreme Court ruling, in 2001, 

involving a thermal-imaging device aimed at a private 

home from a public street. Carrying a cellphone should 

not obliterate privacy rights or the Fourth Amendment’s 

warrant requirement. The full Sixth Circuit should grant 

a pending request for a rehearing and reverse the 

panel’s damaging ruling. 

174



University of Colorado Is Uneasy as 

Court Ruling Allows Guns on Campus 

BOULDER, Colo. — During her 19 years teaching 

English at the University of Colorado Boulder, Karen 

Jacobs never gave much thought to whether one of 

her students was carrying a gun. As the state’s 

flagship university, it had a longstanding firearms ban. 

So even in a place like Colorado, where gun rights are 

nearly as deeply cherished as John Elway and fresh 

snow, there was never a need for concern. But ever 

since a State Supreme Court ruling in March forced 

the university to allow those with Colorado concealed 

weapon permits to carry their guns on campus, Ms. 

Jacobs and other faculty members have found 

themselves increasingly uneasy. “This is a place where 

we depend on being able to speak our minds and offer 

sometimes controversial opinions in a free and open 

place,” she said. “The feeling among a percentage of 

faculty is that this will create a climate of fear and 

intimidation.” Over the last two months, with the school 

year in full swing, anxiety over the university’s new gun 

policy has risen — driven in part by the mass shooting 

at an Aurora movie theater on July 20 by a troubled 

University of Colorado Denver graduate student and 

by the deep scars that still cut through the state from 

the killings at Columbine High School 13 years ago. 

Some teachers have spoken out publicly against 

extending the concealed gun policy to campus, fearful 

that an unstable student — who now, ostensibly, could 

be legally armed in their classrooms — might hurt 

them or a fellow student. Last month, the chairman of 

the Faculty Assembly at the campus in Boulder, Jerry 

Peterson, told The Boulder Daily Camera that he 

would cancel class if he discovered one of his students 

was carrying a gun. And on Friday, faculty members 

gathered to discuss how to overturn the policy through 

legislative channels. Gun rights proponents, 

conversely, have argued that lawful gun owners should 

not be precluded from protecting themselves on 

college campuses, and they contend that gun bans 

make those campuses less safe. Besides, they say, 

anyone disturbed enough to open fire on campus is 

not going to heed university policy. “This gives us the 

right to protect ourselves, where currently, many 

colleges suspend that right,” said David Burnett, a 

spokesman for Students for Concealed Carry, a 

national group that advocates for the right to carry 

legally permitted guns on public college and university 

campuses. According to the group, more than 200 

colleges and universities in the country allow 

individuals to carry concealed firearms. “Very often 

people come back and say allowing students to carry 

guns is a crazy, paranoid idea,” Mr. Burnett said. “But 

we’re not just talking about letting students carry guns. 

It’s only those people who already have the permits.” 

Ever since a shooting at Virginia Tech University left 

33 people dead in 2007, the issue of whether guns 

should be allowed on campuses has been hotly 

debated in statehouses around the country. Some 21 

states have an outright ban on concealed weapons on 

campuses, according to data compiled last month by 

the National Conference of State Legislatures. Two 

dozen states leave it up to individual universities and 

colleges to decide. Five states — Oregon, Mississippi, 

Wisconsin, Utah and Colorado — now have provisions 

permitting the carrying of concealed weapons on 

campuses, the group said. The controversy here dates 

to 2008, when a conservative legal foundation brought 

suit against the University of Colorado on behalf of two 

students and an alumnus from the school’s Colorado 

Springs and Denver branches. The suit was initially 

dismissed, but the state appeals court overturned the 

dismissal. After the university appealed, Colorado’s 

Supreme Court held that the school’s gun ban, in 

place for more than 40 years, violated a 2003 state law 

allowing concealed firearms. 

175



Middle Schools Add Team Rule: Get a 

Drug Test 

MILFORD, Pa. — As a 12-year-old seventh grader, 

Glenn and Kathy Kiederer’s older daughter wanted to 

play sports at Delaware Valley Middle School here. 

She also wanted to join the scrapbooking club. One 

day she took home a permission slip. It said that to 

participate in the club or any school sport, she would 

have to consent to drug testing. “They were asking a 

12-year-old to pee in a cup,” Kathy Kiederer said. “I 

have a problem with that. They’re violating her right to 

privacy over scrapbooking? Sports?” Olympic athletes 

must submit urine samples to prove they are not 

doping. The same is true for Tour de France cyclists, 

N.F.L. players, college athletes and even some high 

school athletes. Now, children in grades as low as 

middle school are being told that providing a urine 

sample is required to play sports or participate in 

extracurricular activities like drama and choir. Such 

drug testing at the middle school level is confounding 

students and stirring objections from parents and 

proponents of civil liberties. The Kiederers, whose two 

daughters are now in high school, are plaintiffs in a 

lawsuit against the Delaware Valley School District, 

with the daughters identified only by their first initials, 

A. and M. The parents said that mandatory drug 

testing was unnecessary and that it infringed on their 

daughters’ rights. (For privacy reasons, they asked 

that their daughters’ first names not be published.) A 

lawyer for the school district declined to comment, 

citing the pending litigation. It is difficult to gauge how 

many middle schools conduct drug tests on students. 

States with middle schools that conduct drug testing 

include Florida, Alabama, Missouri, West Virginia, 

Arkansas, Ohio, New Jersey and Texas. Some 

coaches, teachers and school administrators said 

drug-testing programs served as a deterrent for middle 

school students encountering drugs of all kinds, 

including steroids, marijuana and alcohol. “We wanted 

to do it to create a general awareness of drug 

prevention,” said Steve Klotz, assistant superintendent 

at Maryville School District in Missouri. “We’re no 

different than any other community. We have kids who 

are making those decisions.” There are no known 

instances of a middle school student testing positive 

for performance-enhancing drugs like steroids or 

human growth hormone. The few positive results 

among middle school students have been attributed to 

marijuana, officials said, and even those cases are 

rare. Maryville’s drug-testing program, which includes 

most of its middle and high school students, begins 

this fall after officials spent 18 months reviewing other 

programs in the state, Mr. Klotz said. In the fall of 

2011, Mr. Klotz said, the school board conducted a 

survey of parents, and 72 percent said that a 

drug-testing program was necessary. The cost will be 

$5,000 to $7,000 a year and will come from the 

school’s general operating budget. “Drug testing is a 

multibillion-dollar industry,” said Dr. Linn Goldberg, 

head of the Division of Health Promotion and Sports 

Medicine at the Oregon Health and Science University. 

“They go to these schools and say it’s great. But do 

the schools actually look at the data? Schools don’t 

know what to do.” Drug testing for high school athletes, 

which has been around for years, was deemed 

constitutional in a 1995 United States Supreme Court 

ruling. Some districts have expanded their drug-testing 

programs in recent years to include middle school 

students. In 2003, the Department of Education started 

a program that offered federal money for drug testing 

in grades 6 through 12, and the last of the grants will 

be closed out this fall. The program, following the 

outlines of the Supreme Court decision, allowed 

testing for students who participated in school 

activities, or whose parents chose to enroll them. In 

the 2004-5 school year, an estimated 14 percent of 

public school districts conducted some form of random 

drug testing, according to a Department of Education 

report. But middle school testing is not thoroughly 

tracked by officials. The nature of drug-testing 

programs at the middle school level varies by school 

district. In general, an outside testing company 

conducts the tests under contract with school 

authorities. Students are generally given little, if any, 

advance notice and are pulled away from class and 

asked to urinate in a cup — unsupervised, to comply 

with privacy laws. 

176

USA Today/ - News, Sáb, 22 de Setembro de 2012 


In Israel, time change unleashes culture 

clash 

JERUSALEM (AP) -- The forecast for Israel on 

Sunday: balmy late-summer temperatures, 

uncomfortable humidity along the Mediterranean coast 

and ... darkness at 6 p.m.?Israel moves its clocks back 

by an hour overnight, putting the country on its winter 

clock more than a month ahead of Europe and the 

U.S. and adding to the rising anger that many 

mainstream Israelis feel toward an ultra-Orthodox 

minority.Many Israelis believe the time change, meant 

to make it easier to fast on the upcoming Yom Kippur 

holy day, unnecessarily disrupts life and costs the 

economy millions of dollars. They say the early onset 

of darkness raises electricity costs, causes more car 

accidents and gives children less time to play after 

school.While the custom has long bred resentment, 

the premature arrival of winter hours comes at an 

especially sensitive time, given the rising backlash 

against what is widely seen as religious coercion by 

ultra-Orthodox leaders."It"s ridiculous. It"s just a power 

play by the ultra-Orthodox to show who"s in charge. 

There is no reason for it being this early," said Raanan 

Lidji, a 34-year-old high-tech worker from Tel Aviv.The 

move to winter time ahead of Yom Kippur, the Day of 

Atonement and holiest date on the Jewish calendar, 

has been standard practice for decades and enshrined 

in law since 2005.Yom Kippur, which begins on 

Tuesday evening, is marked by a 

sundown-to-sundown fast. Orthodox religious parties, 

which have always held key swing votes in Israel"s 

political system, are behind the time change, wanting 

to decrease the number of waking hours for those 

fasting.Although the length of the fast doesn"t change, 

the sun sets an hour earlier with the winter clock, 

shortening the more difficult end of the fast. In a similar 

custom, neighboring Muslim countries sometimes 

adjust their clocks, even in the middle of summer, 

during Ramadan to make the monthlong fasting period 

easier to manage. But the clocks are returned to 

summer time after Ramadan ends.In Israel, the 

seemingly premature clock change elicits complaints 

every year from secular and modern Orthodox Israelis, 

who make up some 90 percent of Israel"s Jewish 

population. But this year, the anger has been 

heightened by a variety of factors.Yom Kippur, which 

falls on a different date each year based on the Jewish 

calendar, arrives relatively early this year, making the 

change all the more noticeable.It also comes against 

the backdrop of rising tensions between the secular 

masses and the politically powerful ultra-Orthodox 

minority. Much of the anger is being directed at Interior 

Minister Eli Yishai, whose ultra-Orthodox Shas Party 

has played a key role in shaping the law.Yishai has 

resisted repeated calls to push back the change. In 

2010, when it came even earlier in September, nearly 

400,000 people signed a petition urging him to change 

the system.Following the outcry, Yishai appointed a 

committee to study the matter. But its recommendation 

that the summer clock remain in effect until early 

October was never implemented."He simply wants to 

build up the special form of regime to be found in Israel 

â?? a religious "minocracy," Not a democracy that 

represents the majority and takes the minority into 

account, but rather a minority that controls the majority 

and does not care a damn about it," wrote Nehemia 

Shtrasler, an economics affairs columnist at the 

Haaretz daily.A spokesman from the Shas party did 

not immediately return messages seeking comment. A 

spokesman for Prime Minister Benjamin Netanyahu 

also had no immediate comment.Ultra-Orthodox 

parties such as Shas, while representing less than 10 

percent of the general population, have long served as 

kingmakers in Israel"s fragmented political 

system.With this power, rabbinical authorities control 

the rules for marriages, divorces and burials, and 

ultra-Orthodox males have long received exemptions 

from compulsory military service in order to pursue 

religious studies.Ultra-Orthodox men often continue 

their studies well into adulthood, living off welfare 

subsidies as their secular counterparts work and pay 

taxes.The draft exemptions and study subsidies have 

become a central issue in Israeli politics. Early this 

year, the Supreme Court ruled the exemptions illegal 

and ordered the government to change the law.But 

attempts in parliament to reform the nation"s draft law 

deadlocked, causing one of Netanyahu"s coalition 

partners to quit, and the government missed a 

deadline to draw up new legislation. With religious 

leaders saying they will resist any change to the old 

arrangement, Defense Minister Ehud Barak is currently 

struggling to figure out a new draft system.Adding to 

the tensions, extremist sects within the ultra-Orthodox 

community have come under fire in recent months for 

attempts to ban the mixing of sexes on buses, 

sidewalks and other public spaces. In Jerusalem, 

advertisements depicting women have been removed 

from billboards and buses because of fears that 

extremists will vandalize them.These attempts at 

coercion have fueled a brewing cultural clash between 

two Israels. On one hand, the country continues to be 

a high-tech powerhouse with liberal values that have 

177

turned Tel Aviv into a gay mecca. On the other hand, 

the ultra-Orthodox, with their high birthrates, have 

grown increasingly outspoken and assertive.With 

Netanyahu expected to call early parliamentary 

elections in the coming months, the country"s 

opposition is likely to use the controversies over the 



draft and religious coercion against him."Israel is 

proving once again that it is living in the dark," said 

Ronit Tirosh, a lawmaker from the opposition Kadima 

Party. 

178



Activists use education to overcome new 

voting laws 

WASHINGTON -- At Jackson State University and 

Tougaloo College in Mississippi, students are setting 

up voter registration tables at football games and at 

Friday "hot spots" where classmates gather for music 

and fun."Everybody comes out and we get students 

registered," said Brian Wilks, president of the Student 

Government Association at Jackson State. "This 

election is critical. We really have to understand that 

our vote matters."Nineteen historically black colleges 

and universities have signed up for the HBCU 

Challenge, a national effort by historic black colleges 

and universities to register thousands of students 

across the country and educate them about new 

election laws in their states."We"re focusing on voter 

registration on college campuses to make sure that our 

students aren"t disenfranchised," said Jessica Brown, 

national field coordinator for Black Youth Vote, a 

program run by the National Coalition on Black Civic 

Participation. "There"s a lot at stake, especially for our 

young people."Students at historically black colleges, 

black lawmakers and civil rights groups are battling 

new voter ID laws and other changes to state election 

laws by redoubling efforts to make sure voters know 

the rules in their states and have the right ID when 

they show up at the polls.Dozens of states, including 

Mississippi, have changed their election procedures. 

Some states require voters to show 

government-issued photo IDs. Others have reduced 

the time period when voters can cast ballots early and 

have imposed new limits on third-party groups that 

register new voters.Supporters of the changes, mostly 

Republicans, say they"re necessary to ensure fair 

elections.Opponents, mostly Democrats and civil rights 

groups, say the changes will suppress turnout, 

particularly among blacks, the elderly and the poor. 

Opposition to the state laws was a top issue at the 

Congressional Black Caucus Foundation convention in 

Washington this week.Rep. John Lewis, a Democrat 

from Georgia and a civil rights icon, said he and some 

other caucus members will host voter registration and 

education projects in their districts Tuesday to 

"dramatize the issue once again.""It"s not just a 

Southern thing," he said, noting that Pennsylvania is 

among states with new voting requirements. "A lot of 

people think, â??Oh, it happened in Alabama. It 

happened in Mississippi, in Georgia, in North Carolina 

in South Carolina." But what is going on in 

Pennsylvania is a shame and a disgrace and an affront 

to the Voting Rights Act of 1965, to the democratic 

process."Earlier this week, Pennsylvania"s Supreme 

Court sent the fight over the state"s new voter ID law 

back to a lower court.On Monday, a federal panel is 

scheduled to hear arguments on South Carolina"s 

voter ID law. Justice Department officials rejected the 

law late last year.Mississippi passed its new voter ID 

law last year, but state officials have said it won"t be in 

place in time for the Nov. 6 election. Because of its 

history of discrimination, Mississippi is required by 

the Voting Rights Act to get approval from Justice 

officials or a three-judge federal panel before making 

any changes to its election laws.Derrick Johnson, 

president of the Mississippi NAACP, said there"s a 

statewide effort to make sure Mississippi voters know 

the law won"t be in effect."There is a lot of voter 

confusion around the state of the (new) law," Johnson 

said. "Part of our campaign will be to clear up the level 

of confusion â?¦ so voters can go to the polls and 

understand that they have a right to vote and what will 

be required to exercise that right. "Brown, with Black 

Youth Vote, said black college students similarly may 

not be aware that, in several states, they won"t be 

allowed to vote if they show up at the polls with only a 

college ID."As a student you have a million and one 

things going on, so if someone doesn"t bring it to your 

attention, you wouldn"t know it," said Brown, a 

graduate of Florida A&M University.At Jackson State, 

students go from dorm to dorm to register classmates 

and update them about the state"s election rules. 

During the week, they set up tables at the oldest 

building on campus to register students to vote, said 

Wilks, a senior from Prentiss."We"re doing more than 

registering our students to vote, we"re also informing 

them," Wilks said.Groups participating in the HBCU 

Challenge aim to make sure that freshmen, many of 

whom will vote for the first time in November, know 

where to vote and how to fill out a ballot. Students also 

will be asked to sign a pledge saying they"ll 

vote.Brown said the groups will even provide rides on 

Election Day, "to make sure you don"t have any 

excuse to say you couldn"t get to the polls."Donna 

Brazile, vice-chairwoman of voter registration and 

participation for the Democratic National Committee 

and a native of Louisiana, urged voters to show up at 

the polls with birth certificates, drivers licenses and 

even utility bills."The rules have changed overnight," 

she said. "My mama taught me that if you change the 

rules in the middle of the game -- that"s called 

cheating."Supporters of the new state laws note that 

the Supreme Court upheld Indiana"s voter ID law in 

2008. They also point to studies that show voter 

179

participation among African Americans increased in 

Indiana and Georgia after the states adopted new 

voter ID laws.Ron Christie, a Republican political 

strategist, said the new laws are not a racial issue."We 

are all equal in this country under the color of the law," 

Christie said. "These voter ID laws were designed 

specifically to allow people to have the confidence in 

the integrity of the ballot box that has been upheld by 

the Supreme Court and our rule of law."Crystal 

Wright, a conservative columnist and political 

commentator, said most Americans have the proper ID 

to vote."Whose fault is it that 25 percent of black 

Americans will not or cannot get an ID?" she said. 

"They need to get with the game and get an ID to vote 

because voter fraud does occur."Earlier this year, 

House Democrats introduced a bill to counter the new 

laws. And this week, Democratic Rep. Rick Larsen of 

Washington introduced legislation that would allow 

voters without proper ID to sign an affidavit attesting to 

their identity. The bills are not expected to pass in the 

Republican-controlled House.Other national efforts 

include mobile phone apps that detail state election 

rules and web sites with links to state election offices. 



Voting rights and civil rights groups also have created 

hotlines to report problems.In Mississippi, the NAACP 

has teamed with churches, community groups and 

historically black colleges to register 25,000 voters by 

Oct. 6. Johnson, president of the organization in 

Mississippi, said about 250,000 eligible African 

Americans in the state aren"t registered to vote.The 

NAACP hopes to take advantage of interest in the 

presidential election."We want to use that energy as a 

catalyst to encourage and engage citizens to get 

registered and get involved," Johnson said.Student 

leaders at Tennessee State University regularly host 

lunch-time parties in the university"s courtyard 

featuring a deejay and voter registration table. David 

Rawles, who spearheaded the HBCU Challenge, said 

the laws are a hot topic among students."I truly feel 

like this is one of the most blatant attempts to eliminate 

our representation as youth and African Americans," 

said Rawles, president of the Student Government 

Association. "It"s a pivotal time to have a unified 

effort." 

180



Undocumented immigrants take cause to 

defiant new level 

PHOENIX -- A growing number of undocumented 

immigrants in Arizona and other states are taking 

immigration protests to a new extreme, staging acts of 

civil disobedience by deliberately getting arrested in 

order to be turned over to federal immigration 

officials.Often wearing T-shirts declaring themselves 

"undocumented and unafraid," the protesters have sat 

down in streets and blocked traffic, or occupied 

buildings in several cities including Phoenix and 

Tucson.Dozens of protesters have been arrested, but 

in almost every case, federal immigration officers have 

declined to deport those in the country illegally. 

Protesters say they are planning more acts of civil 

disobedience.The acts are intended to openly defy 

stepped-up immigration enforcement that has led to 

record deportations over the past three years. In 

Arizona, protesters are focused now on enforcement of 

a portion of the state"s Senate Bill 1070 immigration 

law.By getting arrested, immigrants say they are 

making a point: Illegal immigrants who are part of this 

country shouldn"t have to live in fear of being deported 

and deserve to live here legally. They also think 

immigration authorities are less likely to deport illegal 

immigrants arrested in public because the government 

doesn"t want the negative attention."Honestly, I can tell 

you I have never felt as free as when I was sitting in 

the middle of the street and when I was chanting 

â??undocumented and unafraid,"" said Daniela Cruz, 

21. She is one of six undocumented immigrants 

arrested in March after blocking an intersection in front 

of a school in west Phoenix.U.S. Immigration and 

Customs Enforcement officials say unwanted publicity 

has nothing to with the agency"s decision not to take 

action against the protesters. In most cases, the 

agency has issued statements saying the protesters 

simply did not meet the agency"s priorities of deporting 

criminals, recent border crossers and egregious 

immigration violators.Still, undocumented immigrants 

could be taking a chance if getting arrested leads to a 

criminal record that could prevent them from gaining 

legal status in the the future.Frustration spurs 

actionThe rise of civil disobedience shows how some 

immigrant groups are turning to more-extreme 

measures out of frustration that the marches, work 

stoppages, voter drives and boycotts of the past have 

not worked. Reforms that include a proposed 

legalization program for millions of undocumented 

immigrants have not passed Congress, and 

deportations keep going up.Last fiscal year, ICE 

deported a record of nearly 397,000 immigrants. ICE is 

on pace to deport as many or more this fiscal year, 

which ends Sept. 30. Comprehensive immigration 

reform likely won"t be addressed again until next year 

at the earliest."Immigration reform has been on the 

national agenda for more than 10 years with no 

progress, and so I think that is one of the reasons we 

are seeing an uptick in the level of civil disobedience," 

said Chris Newman, legal programs director for the 

National Day Laborer Organizing Network, an 

advocacy group in Los Angeles that has worked with 

groups that engage in civil disobedience.Carlos 

Velez-Ibanez, director of Arizona State University"s 

School of Transborder Studies, said the rise in civil 

disobedience is the result of a new crop of leaders who 

are inspired by some of the tactics of the civil rights 

and Chicano movements of the 1960s and 1970s."In 

this case, people (immigrants) are putting themselves 

in harm"s way to make the point of the unfairness of 

these laws," Velez-Ibanez said.Steven Camarota, 

research director at the Center for Immigration Studies, 

a think tank in Washington, D.C., that supports tough 

immigration enforcement, doesn"t think civil 

disobedience now will sway public opinion to the 

degree that the civil-rights movement did."It"s not clear 

to most Americans that this is analogous to the 

civil-rights movement. In the civil-rights movement, you 

had American citizens demanding equality. In this 

case, you have people who aren"t supposed to be in 

the country demanding the rights of citizens, and to 

most Americans, or at least a large fraction, that is not 

roughly the same thing."Groups such as the National 

Immigrant Youth Alliance, Dream Activist and Puente 

Arizona, which is based in Phoenix, are only a few 

years old or less. But they have quickly built national 

followings through the use of websites, Facebook, 

email blasts, Twitter and YouTube videos to promote 

civil disobedience. They also attempt to rally public 

support for individual cases of undocumented 

immigrants facing deportation.Jonathan Perez, 25, a 

member of National Immigrant Youth Alliance, said he 

has seen an evolution in the undocumented-immigrant 

movement."Two or three years ago, people wouldn"t 

come out. They were even afraid to be on camera," 

said Perez, an undocumented immigrant from 

Colombia who lives in Los Angeles.Then, growing 

numbers of undocumented students known as 

"dreamers" began appearing on television and in front 

of Congress to tell their stories in hopes of generating 

support for the Dream Act, a bill that would allow 

undocumented immigrants to gain citizenship if they 

181

attended college or joined the military.The turning point 

came in May 2010, when a group of protesters 

dressed in caps and gowns staged a sit-in at the 

Tucson offices of Republican Sen. John McCain, 

Perez said. Among the four protesters arrested were 

three who were in the country illegally. It was the first 

time students had deliberately gotten arrested and 

risked deportation in an act of civil disobedience, 

according to Perez and other activists familiar with the 

incident.Since then, civil disobedience in Arizona and 

around the country has steadily increased.More civil 

disobedience may now be on the way. Local police are 

about to begin enforcing the so-called "show me your 

papers" provision of SB 1070 following a U.S. 

Supreme Court ruling in June that rejected an 

argument that the provision is unconstitutional.That 

provision requires police officers to check the legal 

status of a person stopped or arrested under certain 

conditions during investigations or traffic stops.To 

protest the law, organizers from Puente Arizona say 

they are considering civil disobedience, including 

getting arrested by blocking streets."It"s empowering," 

said Carlos Garcia, director of Puente Arizona. "But 

what it really comes down to is challenging the law 

itself and us being able to tell the stories of 

undocumented people and why they are risking 

everything."In July, Puente created a Facebook page 

to drum up support for the "UndocuBus." About two 

dozen undocumented immigrants rode the 1970s-era 

passenger bus on a six-week trip across the country 

that began in Phoenix and ended in Charlotte. Along 

the way, the bus, painted bright turquoise with 

butterflies and the slogan "No papers no fear" on the 

sides, made stops in 15 cities, including Knoxville, 

Tenn. In that city four of about 50 protesters blocking a 

city street were arrested on Aug. 28. They were 

protesting the local sheriff"s participation in a federal 

program that gives local police the authority to enforce 

federal immigration laws.The UndocuBus"s trip 



culminated with a protest that blocked an intersection 

near the site of the Democratic National Convention in 

Charlotte.Among the 10 people arrested there was 

Phoenix resident and UndocuBus rider Gerardo 

Torres, 41, an undocumented immigrant from Aguas 

Calientes, Mexico.Torres, a handyman, said it wasn"t 

until the night before, during a meeting at a local 

church, that he decided to get arrested."I wanted to 

prove the point to the (undocumented) community that 

when we are together and we are united, we have a lot 

of power," said Torres who said he has been living in 

the country illegally since 1993 when his six-month 

tourist visa expired.Torres conceded, however, that he 

knew the chances of being put into deportation 

proceedings were slim since he has no criminal 

record.After spending about 10 hours in jail, Torres 

was released. ICE declined to pursue deportation 

against the 10 protesters.While ICE has not pursued 

deportation against most of the protesters, they are still 

taking a chance by getting arrested.In September, 

Cruz, the undocumented immigrant arrested in March 

for blocking the intersection at the school, went to 

court to fight two misdemeanor charges. A judge found 

Cruz guilty of the two charges. Now she has a criminal 

record.Cruz said she doesn"t know if her record will 

hurt her chances of applying for any future legalization 

program, or for President Barack Obama"s deferred 

action program, which lets young undocumented 

immigrants apply to stay and work temporarily in the 

U.S. without the threat of deportation. Department of 

Homeland Security officials have said applicants for 

deferred action with records of disobedience will be 

reviewed on a case-by-case basis.But Cruz has no 

regrets."To me, even after I was found guilty, it was 

more than 100 percent worth it," she said."We showed 

our community that once we come out, we are a lot 

safer." 

182






Exponen situación ante ONU, 187 

Business Insurance - Article 


COMMENTARY: Health care reform law provision will impose hefty fees on group plans, 188 



Software taxability: Rich pickings for MNCs, 189 

Business Line - Markets 


A bouquet of SC judgments, 190 



High court to hear Rs 8,500-cr Vodafone transfer pricing case today, 191 



Hitting the bull’s eye on GAAR, 192 



Govt tightens scrutiny of fund raising plans by cos, 193 



La caída de imagen de Cristina complica el plan K en Provincia, 194 



En Palacio, pocas y débiles voces de alerta, 195 



El Presupuesto no deja margen para subir el mínimo de Ganancias, 197 



Para los constitucionalistas, la fecha no cambia nada, 198 



San Martín se enfrenta al TC por aumento a jueces, 199 



José Peláez a Ollanta Humala: "El MP tiene los pantalones bien puestos", 200 



Nozze gay:la mappa che misura l'opinione dei cittadini (e il distacco dalla politica), 201 


184



E agora?, 202 



Corte de subsídio e mexida no IRS substituem TSU, 203 



Passos apoiado apenas por alguns conselheiros do PSD, 204 



O recuo e o que ele significa, 205 



Neuquén devolverá áreas petroleras retiradas a una compañía si vuelve a invertir, 206 



"Parece que hoy nadie quiere estudiar", 207 



“No era un trabajo por dinero, era vocacional”, 210 



Protegen al pasajero de servicios aeronáuticos, 211 



Demanda rigurosidad, 212 



TEPJF quita un curul al PAN en Guanajuato, 213 

El Universal - Nación 


Ven a Chávez cada vez más cansado y derrotado, 214 



PRD amaga con controversia por reforma laboral, 215 

La Nacion - Información geral 


Frena el kirchnerismo el plan de re-reelección, 216 



Pese a la falta de acuerdo, el rechazo une a la oposición, 218 



Mitos y realidades de la economía preelectoral, 219 



185


Realizarán jornadas acerca del "Rol del psicólogo" en el Servicio Penitenciario provincial, 221 



UAE Islamist group denies reports it has an armed wing, 222 

The Economic Times - Politics/Nation 


Government keen to push bills on food security, land acquisition, 223 



Costly Phone Calls for Inmates, 224 



Jennifer Jaff, Advocate for the Ill, Dies at 55, 225 



Liking It or Not, States Prepare for Health Law, 226 



Kerik Is Leaving His Cell to Testify at a Bronx Trial, 228 



Lily Parshall, Paul Wachter, 229 



Study: 10M Latinos could be blocked from voting, 230 



Poll: Obama holds slim lead in Ohio, 231 



Ala. race has 10 Commandments judge, slain judge"s son, 233 



First lady: Voting rights is "movement of our era", 234 

186

ABC Digital/ - Notícias, Dom, 23 de Setembro de 2012 


Exponen situación ante ONU 

Así lo explicó el mandatario paraguayo hoy en una 

conferencia de prensa en Nueva York, luego de 

reunirse con Ban, su primera misión oficial en la 

sexagésima séptima Asamblea General de las 

Naciones Unidas.“El (Ban) conocía la realidad de 

Paraguay. Preguntó sobre (la matanza en) Curuguaty 

y le explicamos sobre el juicio político”, dijo Franco en 

declaraciones reproducidas por Radio Uno.Franco 

también habló sobre Mercosur y el conflicto que se 

generó en el bloque al dar paso libre al ingreso de 

Venezuela como miembro pleno, lo que fue rechazado 

por parlamentarios paraguayos.“Paraguay no va 

aceptar la injerencia de Venezuela, y esto preocupa 

los países vecinos”, explicó. “(Hugo) Chávez es el 

responsable de mucha situación de miedo y temor en 

la zona norte del país y eso el pueblo paraguayo sabe 

y el pueblo no permite el ingreso de Chávez en el 

Mercosur (sic)”, agregó.Franco estuvo acompañado 

por el titular de la Corte Suprema de Justicia, Víctor 

Núñez; el presidente de la Cámara de Diputados, 

Víctor Bogado (ANR); la primera dama, diputada 

Emilia Alfaro (PLRA); el canciller José Félix 

Fernández; el exembajador ante la Organización de 

Estados Americanos, Hugo Saguier Caballero, quien 

fue nombrado coordinador de la visita al solo efecto de 

la Asamblea General; el jefe de la Misión Permanente 

del Paraguay ante la ONU, embajador José A. Dos 

Santos.El lunes, a partir de las 7:30, Franco recibirá al 

profesor y economista Jeffrey Sachs, y luego, a las 

9:15, mantendrá una reunión con el titular del Banco 

Interamericano de Desarrollo, Luis Moreno. Ambas 

entrevistas se verificarán en el hotel Hyatt donde se 

hospedará la comitiva presidencial. También el lunes, 

pero en horas de la tarde, Franco visitará el New York 

Stock Exchange, la Bolsa de Valores.El lunes a la 

noche, Franco asistirá a la recepción ofrecida por el 

presidente Barack Obama en el mítico Hotel 

Waldorf-Astoria. El martes asistirá a la bienvenida 

oficial de Ban Ki-moon a las delegaciones y la 

apertura del debate que abrirá Brasil seguido de 

EE.UU. 

187

Business Insurance/ - Article, Dom, 23 de Setembro de 2012 


COMMENTARY: Health care reform 

law provision will impose hefty fees on 

group plans 

A few weeks ago, I wrote a story about a health care 

reform law provision with the bureaucratic-sounding 

name “Transitional Reinsurance Program.” 

In simple English, what the program will do when it 

takes effect in early 2014 is impose some pretty hefty 

fees on group health care plans. 

Self-funded employers will have to fork out billions of 

dollars to fund the $25 billion program, with the money 

used to partially reimburse commercial insurers writing 

coverage for high-cost individuals. 

The exact amount of the fees — calculated on a 

per-participant basis — won"t be known until the U.S. 

Department of Health and Human Services releases 

the figures this fall. A good ballpark estimate, say 

those who have done the math, is that the fee will be in 

the range of $60 to $90 per health care plan 

participant. 

For very big employers, for example — those with at 

least 100,000 employees and 100,000 dependents in 

their group health care plans — the first-year tab for 

the Transitional Reinsurance Program, which will run 

for three years, could top $10 million, a pretty hefty 

assessment tab for a program for which employers will 

receive no direct benefit. 

After my story ran, I received several emails from 

readers asking about the provision. They had no 

inkling about the program, and neither did I until a 

lobbyist mentioned it to me in passing as part of a 

broader conversation dealing with other health care 

reform law issues. 

So, how is it that this provision, with its big costs, has 

gotten so little attention? I can"t say for sure, but I have 

to wonder if the provision symbolizes the misguided 

approach congressional leaders have taken on health 

care reform, in which attention to detail has taken a 

back seat to irrelevant actions of the sound bite 

variety. 

Take the House of Representatives" action in July to 

repeal — following the Supreme Court decision 

upholding most of the law — to repeal it. As I wrote at 

the time of the vote, with no chance that the Senate 

would follow suit, the House action was a meaningless 

waste of elected officials" time. 

For now, with the presidential and congressional 

election season in full swing, detailed and careful 

consideration of the health care reform law is on hold. 

When the next congressional session begins in 

January, I hope members from both parties will realize 

the reform law is here to stay and will work together to 

find ways to improve it and develop a consensus on 

where changes are necessary. 

I hope that a willingness to work together and find a 

middle ground applies on other issues as well. 

That surely is what the public wants and expects. 

188

Business Line/ - Notícias, Dom, 23 de Setembro de 2012 


Software taxability: Rich pickings for 

MNCs 

In a landmark ruling in the case of Finnish major 

Nokia, the Delhi High Court held that its income from 

supply of GSM equipments to Indian telecom 

operators is not taxable in India. This judgement 

assumes significance as the definition of royalty has 

been widened retrospectively in the Income-tax Act 

1961 ostensibly to encompass outright sale of 

computer software embedded in hardware. 

First, the HC had to consider whether the liaison office 

of the assessee in India constituted its business 

connection and/or ‘permanent establishment’. The 

Tribunal had earlier given its finding that the liaison 

office is prohibited from engaging in any business in 

India on behalf of the foreign assessee. The HC 

observed that Revenue could not explain how the 

Tribunal’s findings were in disagreement. 

The liaison office carried out only advertisement 

activity in accordance with the guidelines of the 

Reserve Bank of India. 

It was thus held that the liaison office cannot constitute 

a business connection or a permanent establishment 

of Nokia in India. However, the question whether the 

Indian subsidiary could also constitute a business 

connection or permanent establishment was remanded 

back to the Tribunal for fresh consideration. 

As far as the characterisation of payment as royalty is 

concerned, the HC referred to its recent decision in the 

case of Ericsson wherein it was held that the software 

loaded on the hardware did not have any independent 

existence. 

Interestingly, the HC also considered the retrospective 

amendment in Section 9 of the IT Act, which was 

made with the ostensible object of including 

copyrighted article within the definition of royalty. 

Having considered the amendment as also the 

memorandum explaining the provisions of Finance Bill, 

the HC observed that in the present case the assessee 

had opted to be governed by the India-Finland Tax 

Treaty, the language of which differs from the 

amended Section 9. 

It followed the ratio laid down by the Bombay HC in 

Siemens’ case wherein it was held that IT Act 

amendments cannot be read into a tax treaty. 

Further, in the case of Ericsson, as the HC had already 

taken a view that a copyrighted article does not fall 

within the purview of royalty under the tax treaty, it 

held that the retrospective amendment would have no 

adverse impact on the assessee’s claim of 

non-taxability in India. 

It was further established that the assessee supplied 

both the hardware and software to Indian telecom 

operators from outside India on a principal-to-principal 

basis. 

Its Indian subsidiary was responsible for the 

installation work through independent contracts with 

Indian telecom operators. The Revenue’s main 

contention was that the offshore supply contract and 

the local installation contract with marketing and 

support agreement should be treated as one 

composite agreement. 

For this, the Revenue relied on the ratio of the 

Supreme Court’s decision in Vodafone wherein it was 

held that the intention of the parties must be examined 

on the basis of express terms and conditions of the 

contract and not through artificial construction or by 

dissecting agreement. 

However, the HC did not favour these arguments and 

allowed the issue in favour of the assessee. In arriving 

at this conclusion, the principles laid down by the SC in 

Ishikawajima and Hyundai Heavy Industries as also 

Board’s Instruction No. 1829 were followed. 

Importantly, the HC also upheld that the places of 

negotiation, signing of agreement or formal 

acceptance or overall responsibility of the assessee 

would be irrelevant circumstances to determine 

taxability. 

As the transaction relates to sale of goods, the 

determinative factor would be where the property in 

the goods passes. In the present case, as the property 

passed on high seas, such offshore supply could not 

be taxed in India even where it is one composite 

contract, which incidentally was not even the case of 

the assessee. 

This is indeed a welcome ruling inasmuch as it 

reaffirms the supremacy of tax treaty over domestic tax 

law provisions and will bring cheer to foreign MNCs in 

India that were concerned about the retrospective 

amendments in the IT Act. 

Nikhil Rohera is Executive Director Direct Tax, PwC 

India 

189

Business Line/ - Markets, Dom, 23 de Setembro de 2012 


A bouquet of SC judgments 

In the case of Dynavision Ltd, the Supreme Court 

held that excise duty should be included in the 

valuation of closing stock only if the liability for that 

amount was given a deduction. 

In the case of Bongaigaon Refinery and Petrochemical 

Ltd, the Supreme Court has set at rest ongoing 

litigation after holding that sections 80HH and 80I of 

the Income tax Act do not require maintaining unit-wise 

accounts for claiming deduction, and the computing of 

unit-wise net profits, certified by an auditor, from 

consolidated accounts would suffice. 

Against the recent decisions of High Courts, the 

Supreme Court in the case of Karanvir Singh Gossal 

has held that interest under section 234A to 234C of 

the Act is a mandatory charge that can be levied even 

if the assessment order is silent. 

In the Ahmedabad Stamp Vendors’ Association case, 

the Supreme Court held that discount received by the 

association from the State Government is not a 

commission as defined under section 194H of the Act. 

As the transaction involved sale, no tax would be 

deducted at source. The Court observed that the title 

in the stamps passed to the vendors, and they were 

not “agents” of the State Government but transacting 

on principal-to-principal basis. 

Foreign flavour in broadcast carriages 

The Cabinet Committee on Economic Affairs has 

approved the proposal to increase foreign investment 

caps in most of the broadcasting carriage segment to a 

uniform 74 per cent. 

A need was felt to streamline the FDI caps in the light 

of convergence of technologies in this space and the 

telecom sector, and to bring about consistency and 

promote a level playing field between competing 

technologies. 

Another important aspect of the Cabinet’s decision is 

the liberalisation of FDI entry in these services, 

proposing up to 49 per cent through the automatic 

route. However, FDI beyond 49 per cent (and up to 74 

per cent) would continue to require prior Government 

approval. 

The policy relating to broadcasting content services, 

including FM radio, would remain unchanged. 

HC relief on TDS claims 

The Delhi High Court recently granted interim relief in a 

public interest litigation related to the hardship faced in 

claiming credit of TDS (tax deducted at source) and 

adjustment of tax refund against tax arrears. 

The HC gave interim directions that TDS credit should 

not be denied for small and insignificant mismatches 

between Form 26AS and return of income. It also held 

that before rejecting the claim for TDS reflected in 

Form 26AS, the notice for correction should be served 

on the assessee. The HC stayed automatic adjustment 

of demands against the refund payable by the central 

processing unit in Bangalore and directed the 

income-tax department to issue refunds due with 

interest. 

The HC observed that the Revenue should consider 

levy of penalty, under section 272BB of the Income-tax 

Act, on the person deducting tax at source if he/she 

did not provide appropriate details while uploading the 

return, thereby denying the taxpayer TDS credit. 

The interim direction is a welcome relief for all 

taxpayers, as the onus is on the department to inform 

the assessee before adjusting refund against tax 

demand. 

190



High court to hear Rs 8,500-cr Vodafone 

transfer pricing case today 

The Bombay High Court is expected to issue directions 

on Monday in the Rs 8,500-crore Vodafone transfer 

pricing case. 

Vodafone had through a writ petition in February 

challenged the jurisdiction of the Tax Department in 

issuing a draft transfer pricing order that sought to add 

Rs 8,500 crore to the taxable income of Vodafone. 

The Income Tax Department’s draft transfer pricing 

order, issued in December 2011, related to transaction 

on Vodafone’s call centre business. 

Separately, Vodafone had also in end January filed 

objections to the draft transfer pricing order before the 

dispute resolution panel (DRP). 

If the transfer pricing adjustment of Rs 8,500 crore 

were to be confirmed, then Vodafone may face tax bill 

of Rs 2,805 crore on this account, say tax experts. 

“All the pleadings (in Vodafone Transfer pricing case) 

have been made. The matter is listed for directions on 

Monday,” sources close to the development said. 

When the writ petition was filed in February, Vodafone 

had said that Supreme Court’s judgment in the 

$11.2-billion Vodafone-Hutch deal had several 

observations which appeared to favour the company’s 

position in the transfer pricing matter. 

On January 20, the Supreme Court had ruled that 

Income Tax Department had no jurisdiction to tax the 

$11.2-billion Hutch-Vodafone deal struck in 2007. 

But in March, the Government had come up with 

retrospective amendments to the income tax law to 

bring to tax all offshore indirect transfer of shares with 

underlying Indian assets. 

Vodafone had few days ago offered to pay Rs 8,000 

crore to settle the tax dispute with the Indian 

Government (on the $11.2-billion Vodafone-Hutchison 

deal). 

This option is there if the Government were to consider 

waiving penalty and interest amount, Analjit Singh, 

Vodafone’s non-Executive Chairman in India, said 

after a meeting with the Revenue Department officials 

here. 

The Income Tax Department had raised tax demand of 

Rs 11,218-crore (including Rs 7,900 crore of tax and 

the remaining interest) on Vodafone for the 

$11.2-billion Vodafone-Hutchison deal in 2007. 

srivats.kr@thehindu.co.in 

191



Hitting the bull’s eye on GAAR 

General Anti-Avoidance Rules (GAAR) found their 

place for the first time in the draft Direct Taxes Code in 

2009. Thereafter, a modified version formed part of the 

Direct Taxes Code Bill, 2010. 

GAAR was statutorily introduced by the Finance Act 

2012, to be effective from April 1, 2013. 

GAAR received a poor response from investors and 

taxpayers, who feared that its provisions were too wide 

and gave unbridled powers to tax authorities, who may 

disregard existing arrangements, leading to possible 

harassment and litigation. 

Prime Minister Manmohan Singh constituted an expert 

committee led by Parthasarathi Shome to finalise the 

guidelines on GAAR after taking into account 

stakeholders’ views. The panel has come up with 

some well thought-out recommendations. 

One significant recommendation relates to 

differentiating between tax mitigation, tax avoidance, 

and tax evasion — there is a thin, but important line 

between the concepts. 

Tax mitigation is understood as a taxpayer’s act of 

using a fiscal incentive available under tax laws — 

such as, setting up a business undertaking in a Special 

Economic Zone to take advantage of a fiscal 

incentive. 

The committee recommends that GAAR cannot be 

invoked in tax-mitigating situations. It has 

recommended an illustrative negative list for GAAR 

invocation, such as: 

Selection of one of the options offered in law — for 

instance, payment of dividend or buyback of shares; 

setting up a branch or a subsidiary; or funding through 

debt or equity. 

Amalgamations and demergers as approved by the 

High Court. 

Tax avoidance is not defined in taxing statutes — it 

constitutes taxpayers’ actions that are neither illegal 

nor forbidden by law. Taxpayers consider it their 

legitimate right to arrange their affairs in such a 

manner that they need to pay the least possible tax. 

The committee recommends that GAAR should be 

applicable to certain cases of tax avoidance that are 

abusive, artificial and contrived. The ‘substance over 

form’ doctrine — where the law is followed in form but 

not in spirit, resulting in unintended consequences — 

has been recommended while invoking GAAR. 

Importantly, the committee has sought to allay 

taxpayers’ fears by specifying that GAAR should be 

invoked only if the main purpose of arrangement is to 

obtain tax benefit (and not if ‘one of the main purposes’ 

was so). 

Tax evasion is unlawful and is the result of illegality, 

suppression, misrepresentation and fraud, which are 

dealt with separately by law. 

Taking into account the Supreme Court’s observations 

in the Vodafone case, the committee has 

recommended that factors such as the period for which 

the operations exist, payment of taxes, and whether an 

exit route is provided by the arrangement may not be 

sufficient (instead of being totally irrelevant as provided 

in Section 97 of the Act) to exclude an arrangement 

from the commercial substance test. It may, however, 

be relevant in the consideration of other aspects of 

GAAR. 

The panel also recommended grandfathering all 

investments made and existing on the commencement 

date of GAAR (‘Grandfathering’ refers to a situation 

whereby the provisions of new laws will not be 

applicable to past transactions, but only to fresh 

transactions). 

With this, investors and existing taxpayers can be 

pretty sure that on exit they will not be subject to 

GAAR for the existing investments. 

The differentiation of transactions for the applicability 

of GAAR will restore investors’ faith in India, and the 

implementation of GAAR under such circumstances 

would ease the Government’s burden. However, it now 

depends on the spirit in which the Government accepts 

the recommendations. 

Anju Dodeja, Manager, contributed to the article 

Sandeep Chaufla is Executive Director Direct Tax, 

PwC India. 

192



Govt tightens scrutiny of fund raising 

plans by cos 

Corporate Affairs Ministry has strengthened its 

surveillance mechanism over companies raising funds 

from the public as also on their end-use in the wake of 

the Supreme Court verdict on the Sahara 

group.Finding violations of regulatory norms in raising 

funds from the public, the Supreme Court last month 

directed two Sahara firms to refund about Rs 24,000 

crore to the investors within three months with an 

annual interest of 15 per cent.Following the apex court 

order, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has 

directed all Registrars of Companies (RoCs) to 

strengthen their surveillance activities, sources said.“In 

the wake of Sahara case, internally, we have asked 

the RoCs to strengthen their activities. We are also 

looking at the possibility of whether other companies 

too had raised funds from the public in violation of 

regulatory framework,” a senior official said.As per the 

regulations, any fund raising by even unlisted firms 

from 50 or more investors is considered as a public 

offering and needs capital market regulator Sebi’s 

approval.The MCA has already asked the RoCs to 

reject applications filed by unlisted companies for 

raising money from the public through issue of shares, 

debentures or other securities from 50 or more 

investors, as such fund-raising activities comes under 

the jurisdiction of Sebi.The Ministry and the RoCs 

would also look into whether the funds raised by the 

companies are being used for stated objectives, the 

official added.RoCs, under the Corporate Affairs 

Ministry, have powers to ensure that companies 

registered in their jurisdictions comply with statutory 

requirements under the Companies Act.The official 

said that MCA would extend all possible help to Sebi 

regarding the Sahara case.The apex court, in its 

verdict on August 31, had directed Sahara India Real 

Estate Corporation (SIREC) and Sahara Housing 

Investment Corporation (SHIC) to refund Rs 24,000 

crore with interest in three months.The money was 

raised through issue of an instrument called ‘Optionally 

Fully Convertible Debentures’ (OFCDs).Following the 

court order, the Sahara group had assured its 

depositors and investors that their money is safe and 

there will not be any delay in payment commitment to 

them.If the two companies fail to refund the amount, 

Sebi can attach their properties as well as freeze bank 

accounts. Sebi has also been asked to investigate the 

issue. 

193

Clarín/ - Policiales, Dom, 23 de Setembro de 2012 


La caída de imagen de Cristina complica 

el plan K en Provincia 

La semana siguiente a los cacerolazos, Cristina 

Kirchner bajó el tono de su retórica, un gesto que fue 

recibido con alivio en muchos despachos oficiales 

preocupados por el declive de la imagen presidencial 

desde la victoria aplastante del año pasado y más aún 

porque la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, 

a quien todos señalan como segura candidata a 

diputada bonaerense, no logra levantar vuelo 

suficiente para garantizar una victoria holgada como la 

que necesita el kirchnerismo en la provincia de 

Buenos Aires.Dos encuestas a las que tuvo 

accesoClarín, muestran una pronunciada caída de la 

imagen de la Presidenta. Según la última medición de 

Management&Fit, en agosto Cristina registró una 

imagen negativa del 58,4 por ciento y positiva de 35,4 

. La medición de Isonomía realizada a comienzos de 

este mes ubica a Cristina con 51,6 de imagen positiva 

y 46,1 de negativa. En las mismas encuestas, a Alicia 

Kirchner tampoco le sonríen los números. En la de 

M&Fit la ministra de Desarrollo Social cosecha un 22,9 

por ciento de imagen buena y muy buena, un 33,3% 

regular, un 25,2% mala. En la de Isonomía, tiene 46% 

de imagen positiva y 38% de negativa.Esos números 

no alcanzan para sostener el sueño del kirchnerismo 

de obtener una victoria amplia en las legislativas que 

lo acerque a los dos tercios de las bancas necesarios 

para sostener viva la iniciativa de una reforma 

constitucional que abra las puertas a una re-reelección 

presidencial. Con pronósticos negativos para el 

oficialismo en los principales distritos electorales del 

país, la provincia de Buenos Aires, otra vez,resultará 

clave. A partir de los datos de las últimas encuestas, 

Cristina ya había ordenado frenar la confrontación con 

el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, para tenerlo 

como aliado en las próximas elecciones legislativas. 

Desde el entorno del gobernador reconocieron a 

Clarín que en las últimas semanas se incrementaron 

los contactos entre los funcionarios del Gobierno 

nacional y los bonaerenses. De todos modos, el 

gobernador, que pese a todo mantiene mejor imagen 

que la Presidenta, resiste los tironeos propios y ajenos 

y aguanta. Jura que no aportará su nombre ni el de su 

esposa a la boleta nacional pero peleará por las 

bancas para la legislatura provincial para garantizar su 

gobernabilidad.El cristinismo en ascenso confía en 

que una economía más desahogada permitirá más 

planes y obras en los barrios y una recuperación de la 

imagen de Cristina en 2013. “Ella se pondrá al frente 

de la campaña y la elección se convertirá en un 

plebiscito sobre su gestión, aunque no sea la 

candidata”, aseguró un hombre de confianza de la 

Presidenta.Otros, sin embargo, ya comenzaron a 

explorar algunas otras alternativas. Y enseguida 

pensaron en el intendente de Tigre, Sergio Massa, 

bien ubicado en todas las encuestas. Pero lo cierto es 

que el intendente de Tigre toma cada vez más 

distancia del Gobierno. En ese escenario, en algunos 

despachos oficiales volvieron a sobrevolar los 

fantasmas de la derrota electoral de 2009, con el 

propio Néstor Kirchner como candidato bonaerense. 

La ventaja que parece tener esta vez el oficialismo es 

que, por lo menos por ahora, la oposición no consigue 

acordar una estrategia común.El rechazo de Gabriela 

Michetti a la candidatura bonaerense, los 

cortocircuitos entre Mauricio Macri y Francisco De 

Narváez podrían allanarle el camino al kirchnerismo 

aún con sus dificultades. Por eso, mientras buscan 

una alternativa para afianzar a Alicia en la Provincia, 

apuestan a las divisiones opositoras. 

194



En Palacio, pocas y débiles voces de 

alerta 

Funcionarios y propagandistas del gobierno aseguran 

quelas manifestaciones del jueves 13 tuvieron dos 

tipos de protagonistas:la derecha recalcitrante y los 

confundidos. Los primeros no merecen sino el desdén 

y la burla; para los segundos queda la evangelización, 

el convencimiento, el perdón porque no saben lo que 

hacen. NO hay en ellos, por lo tanto, el mínimo 

vestigio de razón. Eso explica que el jefe de Gabinete 

los haya descripto como una muchedumbre 

preocupada por no embarrarse los pies en los 

canteros de la Plaza de Mayo y con la cabeza puesta 

en algúnmall de Miami. Juan Manuel Abal Medina no 

es, precisamente, un luchador proletario. Por el 

contrario,militó en el Frepaso, una expresión de la 

pequeña burguesía liderada por Carlos Chacho 

Alvarez, actual secretario general de la ALADI. Por 

esos años,el joven aliancista Abal Medina solía llamar 

“jefecito” a sus superiores jerárquicos y citaba 

profusamente al diario Clarínen sus trabajos 

académicos;Alvarez, por su lado, ocupaba el lugar que 

hoy detenta Amado Boudou y tenía un bajo umbral de 

tolerancia a la corrupción. Cosas de la vida, el ex líder 

del Frepaso y actual hombre del kirchnerismo acaba 

de declarar en el juicio por las coimas en el senado 

que está convencido de la existencia de pagos 

impropios. De entonces a aquí la situación en la 

Cámara alta ha dado una vuelta de campana y hoy 

son los legisladores de la oposición quienes deben 

soportar la presencia de un titular del cuerpoenvuelto 

en el más escandaloso caso de corrupción de la era 

“k”.La televisión oficial calificó la movilización como la 

manifestación “del odio”; la gráfica la eliminó de sus 

portadas con un argumento singular: “si la prensa 

hegemónica tiene su agenda, nosotros tenemos la 

nuestra y en la nuestraesa manifestación no es 

prioridad” , cuentan que arguyó el editor de una de las 

publicaciones. Otro acaba de ahondar en la etiología 

de odio mediante una cita poco afortunada de Arturo 

Jauretche: “conquistar derechos provoca alegría, 

perder privilegios provoca rencor”. En fin, hasta los 

pensadores peronistas son vulnerables alas verdades 

de Perogrullo, a las deliciosasobviedades con que 

juega el humor popular cuando asegura, por 

ejemplo,que“es preferible ser rico y sano que pobre y 

enfermo”. Pero lo cierto es queel corte de clase no es 

tan limpio como el kirchnerismo hubiera 

deseado.Humberto Tumini, dirigente de Barrios de 

Pie, contó el martes, durante una entrevista radial,que 

el eco de lamovilización tambiénhabía llegado a las 

zonas deprimidas del conurbano donde su corriente 

tiene inserción. “Los sectores más humildes no tienen 

el mismoacceso a las redes sociales que tiene la clase 

media. Eso limitó su participación –reconoció–, pero 

nosotros palpamos lo que se opinaba en los barrios. 

Notablemente, una gran parte se sintió representada 

por esa manifestación. ¿Conocen Rafael Castillo? Es 

muy pobre, muy pobre. Ahí, estuvo Jorge Ceballos al 

día siguiente y los compañeros le comentaban: 

“¡Cómo salimos a la calle!” (…) ¿Con qué derecho 

entonces estos funcionarios que viven en Puerto 

Madero tienen actitudes despectivas hacia una parte 

de la sociedad que los critica?”. 

Luciano “el Tano” Nardulli , uno de los referentes de la 

Corriente Clasista y Combativa,hizo un diagnóstico 

similar: “ Hubo algunos cacerolazos entre el Bajo 

Flores y Soldati. Pero el gobierno se engaña si piensa 

que silos más pobres no se movilizaron es porque lo 

apoyan. Hay mucha bronca y la gente se enardece 

cuando escucha que con 6 pesos se come. Por lo 

pronto nosotros vamos a marchar el 11 de octubre con 

Micheli y con Moyano”. La contundencia de la 

autoconvocatoria puso fuera de combate al gobierno, 

que no termina de reponerse del shock. Transcurridos 

diez días,el cacerolazo sigue ocupando, por omisión 

de la Presidente o por la acción de sus ministros, el 

centro del discurso. Es que los más astutos saben 

queel fenómeno fue más extenso que lo que 

registraron las cámaras de televisión.“Del balcón a la 

calle hay un paso y de la calle a la Plaza hay otro. Si 

Cristina vuelve a mandarse una macana puede tener 

un millón de personas en la Casa Rosada”, se 

preocupa un legislador peronista que integra las filas 

del Frente Para la Victoria. Esa es la primera 

conclusión. La segunda indica que la señora de 

Kirchner tomó nota de lo ocurrido y ordenó bajarle el 

volumen a la campaña por la reforma 

constitucional.Ninguna introspección profunda, apenas 

un repliegue táctico paratomar impulso, para develar, 

entre otros enigmas,por qué la fuerza destinada a 

soportar el peso de la construcción política del 

cristinismo –La Cámpora y su variantes– aumenta su 

poder en el aparato del Estado y se extingueen los 

que deberían ser sus semilleros: las elecciones de 

Medicina dieron el triunfo a un frente de izquierda con 

el 52 por ciento de los votos, el radicalismo obtuvo el 

35 y La Cámpora cosechó el 7 por ciento, menos de la 

mitad de los 18 que había obtenido en la elección 

anterior; en Económicas triunfaron los radicales y en el 

segundo puesto –pero a 20 puntos—se ubicó una 

coalición marxista. La Cámpora volvió a quedar 

195

clavada en el 7 por ciento; en Derecho, el socialismo 

acaparó el 46 por ciento de los sufragios. La lista 

“k”unificó sus nueve agrupaciones y obtuvo el 16. 

Queda aún por definir qué sucederá en Psicología, en 

Sociales, en Filosofía. Los pronósticos señalan que 

también allí, y aún cuando es fuerte entre las 

autoridades, el kirchnerismo se halla en retroceso en 

el universo estudiantil, otro bastión de lascapas 

medias.Las encuestas cuantifican esa tendencia. Un 

reciente sondeo de Datamática informa que Cristina 

Fernándeztiene un 61 por ciento de imagen negativa y 

un 25 por ciento de intención de voto,10 puntos menos 

que enmediciones anteriores.S tefan Zweig relataba 

en su Maria Antonieta que, cuando bajo Luis XVI los 

franceses advirtieronque sus billetes valían menos, el 

pan se encarecía y los impuestos se duplicaban 



empezaron a mostrarse dispuestos a creer que la 

reina, “esa zorra dilapidadora”, había adquirido en dos 

millones de libras un collar de diamantes, tapizaba con 

brillantes las habitaciones del Trianon y le enviaba 

millones a su hermano José, el austríaco, para los 

esfuerzos de guerra. La desgracia, escribía Zweig 

tenía así una causa y la bancarrota un autor.Son 

pocas y débiles las voces que, desde su entorno, 

alertan a la Presidente acerca de esos peligros,de la 

necesidad de corregir errores, de modificar estilos, de 

ahorrar confrontaciones.A esos escasos comedidos, la 

Presidente los mira con soberbia y les responde con 

una frase mayestática, emparentada con el “vamos 

por todo”, no apta para ciudadanos comunes: “La 

historia me juzgará”. 

196



El Presupuesto no deja margen para subir 

el mínimo de Ganancias 

El Presupuesto 2013 que el Gobierno envió al 

Congreso prevé que el Impuesto a las Ganancias 

tenga un mayor peso y por lo tanto el oficialismo no 

contemplaría incrementar el mínimo no imponible ni 

modificar las escalas.Mientras, casi 2 millones de 

trabajadores, 150 mil jubilados y 350 mil autónomos 

tributan Ganancias, el Gobierno no modificó las leyes 

que le otorgan exenciones a los inversores que 

obtienen rentas financieras.La AFIP estima recaudar 

por Ganancias $132.788,9 millones(6,14% del PBI) 

durante 2012, mientras que esta cifra ascendería a los 

$161.579,9 millones (6,33% del PBI) en 2013. Este 

aumento del peso relativo estaría dado por el mayor 

crecimiento de la actividad, pero para la consultora 

Economía & Regiones, también porque “adelantaría 

que tanto el mínimo no imponible como las escalas no 

serían modificadas” .El ministro de Economía, Hernán 

Lorenzino, resaltó el jueves durante la presentación 

del Presupuesto la necesidad de ir hacia una 

estructura tributaria más progresiva. Ganancias 

históricamente tuvo esta característica porque cuanto 

más ganan los contribuyentes, mayor es el porcentaje 

de sus ingresos que destinan a pagar este impuesto. 

Esta particularidad se fue perdiendo porqueno se 

modificaron las escalas y porque el Gobierno no 

aumentó el mínimo en 2009 , y en 2010 y 2011 lo 

incrementó menos que la inflación . Esto tuvo dos 

consecuencias. Por un lado, que cada vez más 

trabajadores, jubilados y autónomos paguen 

Ganancias a pesar de que en algunos casos su poder 

de compra no se incrementaba. Por el otro, la no 

modificación de las escalas generó que cada vez más 

trabajadores caigan dentro de la categoría más 

elevada (35%).Mientras el Gobierno no parece 

dispuesto a subir el mínimo ni modificar las escalas, el 

Proyecto del Presupuesto reconoce que las 

exenciones de Ganancias alcanzarán en 2013 los 

$11.185 millones .La situación de estos beneficiados 

no es homogénea. Por un lado, el Estado resigna 

$2.451,8 millones por los intereses que ganan los 

inversores que operan con títulos públicos y por el otro 

se pierde de recaudar $2.818,5 millones por los 

intereses de los plazos fijos y de las Obligaciones 

Negociables. Si bien no hay estimaciones, los 

ingresos de la AFIP podrían ser aún mayores si se 

gravaran las ganancias por la compra-venta de 

acciones.La AFIP elaboró un Plan Antievasión que 

proponía ir por estas rentas e incluso en el último 

congreso de la Gran Makro (corriente de economistas 

kirchneristas) se planteó la necesidad de que estas 

actividades comiencen a tributar Ganancias, como 

sucede incluso en países como Chile o Estados 

Unidos. Hasta ahora, el Gobierno parece no haberse 

hecho eco de estos proyectos.Las planillas del 

Presupuesto también sostienen que las exenciones 

para los magistrados y los funcionarios del Poder 

Judicialalcanzarán los $1.144 millones, mientras que 

las de asociaciones civiles, mutuales, fundaciones y 

cooperativas serían de $4.770,8 millones. 

197



Para los constitucionalistas, la fecha no 

cambia nada 

Todos los constitucionalistas coincidieron en que el 7 

de diciembre no debe suceder jurídica ni fácticamente 

nada con los medios del GrupoClarín . Mario Midón, 

presidente de la Asociación Argentina de Derecho 

Constitucional, explicó que “hay tres escenarios: 

puede ocurrir que antes se dicte sentencia sobre el 

juicio de fondo, que se renueve la cautelar o que el 7 

de diciembre termine la cautelar que protege a Claríny 

entre a correr el año que la ley prevé para que la 

empresa venda o negocie los medios. Pero en ningún 

caso podría ocurrir que ese día se extingan las 

licencias de las empresas, porque a lo sumo entraría a 

correr el término de un año a los fines de la 

desinversión”, dijo Midón.Martín Böhmer sostuvo que 

“el juicio todavía no terminó, no hay sentencia, de 

modo que no surge que ese día tengan que vender 

sus medios”. En el peor de los casos, vence la medida 

cautelar que suspende el artículo 161 de la ley de 

medios. “Pero así como la cautelar no puede 

permanecer para siempre, tampoco se le puede dar 

por ganado el juicio al Estado, porque eso no ocurrió”. 

Carlos Laplacette sostuvo que con cualquier acción de 

hecho, “además de interpretarse mal lo que decidió la 

Corte, se estaría privando a la empresa de sus 

derechos afectados y, de modo aún más grave, se le 

estaría negando el acceso a la Justicia, porque de 

nada le serviría la sentencia que se dicte después de 

que el Estado haya consumado la desinversión”.Para 

Daniel Sabsay el 7 de diciembre vencería el “plazo 

razonable” para que el juez dicte sentencia sobre la 

inconstitucionalidad de los artículos 45 y 161. Si para 

entonces esta cuestión de fondo no estuviese 

resuelta, “podría ampliarse la medida cautelar, como 

surge del fallo de la Corte. Si no hubiera sentencia de 

fondo ni ampliación de la cautelar, entraría en vigencia 

el artículo 161. Y a partir de esa fecha comenzaría a 

correr el plazo de un año que exige la ley”.Andrés Gil 

Domínguez aseguró que “el 7 de diciembre será un 

día más o un día que engrose la lista de los 

lamentables ejemplos históricos que sólo han 

contribuido a la degradación del sistema democrático”. 

Y agregó: “La Corte Suprema estableció que ese día 

vencía el plazo de la medida cautelar de no innovar. 

En la medida que no se dicte una sentencia de fondo 

o una medida cautelar, el día 7 de diciembre 

solamente empezaría a aplicarse ese régimen, que 

contempla un año para la adecuación”.Gregorio 

Badeni afirmó que “es errónea la afirmación del 

Gobierno, diciendo que ese día va a concluir un 

estado de cosas. Es una información falsa, a menos 

que no se respete la decisión de la Corte. La ley es 

clara, el licenciatario tiene el plazo de un año para 

desinvertir”.José Miguel Onaindia explicó que el 7 de 

diciembre “hay diversas alternativas”, según el fallo de 

la Corte Suprema, pero ninguna contempla el 

desapoderamiento de los medios de Grupo Clarín . Es 

un tema que trasciende a éste grupo y hace a la 

libertad de expresión. “Esto tiene como consecuencia 

un sistema donde el Estado tendría una posibilidad de 

manejo hegemónico de la información”, planteó 

Onaindia. 

198

Correo Peru/ - Notícias, Dom, 23 de Setembro de 2012 


San Martín se enfrenta al TC por aumento 

a jueces 

El presidente del Poder Judicial, César San Martín, 

calificó como un "problema" la resolución expedida por 

el Tribunal Constitucional (TC), que ordena la 

nivelación de sueldos de los magistrados. 

"El desconocimiento del TC, que siempre nos crea 

problemas, es que se requiere precisión de montos de 

dinero que están atados a otros ámbitos de la 

administración pública y esto significaría una 

asignación presupuestal que supera los S/. 3 mil 

millones. A ese absurdo nos llevan fallos como estos 

que desconocen el ámbito presupuestal", dijo en clara 

crítica. 

San Martín añadió que se ha desconocido que el tema 

estaba resuelto gracias a una propuesta realizada por 

una comisión paritaria entre el PJ y el Ministerio de 

Economía, que concluyó con un proyecto de ley que 

establece una nueva escala remunerativa, pero ya 

para el 2013. 

"El desconocimiento de esta norma ha hecho que el 

TC dicte una sentencia que llega tarde y mal. Llega 

tarde por lo anterior (la creación de una comisión 

paritaria) y mal porque ya existe un proyecto 

consensuado con el MEF que está en agenda en el 

Consejo de Ministros y a punto de ser presentado al 

Parlamento", anotó. 

En ese sentido, dijo que es el MEF el que debe 

entregar los montos para cumplir con la sentencia. 

"El sueldo está parejo pero me preocupan fallos como 

estos que desconocen esta pequeña historia y que 

crean más problemas que soluciones", manifestó. 

CORTE DE LIMA DISCREPA. Sin embargo, el 

presidente de la Corte Superior de Lima, Héctor Lama 

More, rechazó las declaraciones de San Martín en el 

sentido que la sentencia del TC sea un problema. 

"Por el contrario, va a reforzar la aspiración de los 

magistrados. Las autoridades, sobre todo del Consejo 

Ejecutivo del PJ, tienen que entender que eso no es 

un problema, sino que encaja más bien a favor, no en 

contra", dijo. 

Aseveró que si bien el MEF es el responsable de 

aprobar partidas, lo que ya se ha presupuestado para 

este año bien puede ser usado haciendo los ajustes 

respectivos. 

"El MEF y la presidencia del PJ deben poner énfasis 

en hacer cumplir la ley pues para eso están. Los 

magistrados estamos bastante contentos con la 

sentencia del TC y para su cumplimiento debe haber 

disposición de las autoridades del PJ", anotó. 

ES JUSTO. Por su parte, el decano de los jueces 

superiores y expresidente de la Corte de Lima, César 

Vega Vega, anotó que la sentencia no establece un 

bono, sino un pago justo de sus haberes de acuerdo a 

la Ley orgánica del PJ. 

"Quienes nos representan institucionalmente están en 

la obligación de ser solidarios y su función inherente 

es hacer cumplir esta sentencia ante el pleno del 

Consejo Ejecutivo (del PJ), es hacer cumplir de ley", 

sostuvo Vega Vega. 

Por ello, invocó a San Martín y al Consejo Ejecutivo a 

no criticar y, por el contrario, poner de su parte para el 

cumplimiento de esta sentencia. 

199

Correo Peru/ - Notícias, Dom, 23 de Setembro de 2012 


José Peláez a Ollanta Humala: "El MP 

tiene los pantalones bien puestos" 

El Fiscal de la Nación, José Peláez respondió a las 

críticas dadas por el presidente de la República, 

Ollanta Humala y respecto a la investigación de la 

muerte de la menor Soraida Caso, en Ranrapata, 

Junín, señalando que los fiscales sí pueden intervenir 

en estos casos y que no actúan con miedo. 

"El Ministerio Público siempre tiene los pantalones 

bien puestos y eso está a la vista de la opinión 

pública", manifestó Peláez Bardales. 

Agregó que en el caso de la niña que murió en el 

mencionado operativo, lo ideal es que en ese tipo de 

operativos siempre participe un fiscal, y que su 

presencia es importante para no caer en 

incertidumbres ni cuestionamientos sobre cómo se 

suscitan los hechos. 

"En los operativos preparados, como el caso de 

Sorayda Caso, sí puede intervenir el fiscal, porque los 

miembros de las Fuerzas Armadas podrían actuar con 

mucha mayor garantía y seguridad, para que no haya 

dudas y cuestionamientos" manifestó Peláez en Canal 

N. 

El fiscal de la Nación recordó que hubo una reunión 

con el Poder Judicial, Ministerio del Interior y Policía 

Nacional para tratar sobre el tema de la inseguridad 

ciudadana. Peláez dijo que la Policía necesita 

actualmente más investigadores. 

Finalmente, José Peláez dijo que si se produce un 

incremento salarial a los jueces automáticamente 

ocurriría lo mismo con los fiscales. 

200

Corriere Della Será/ - Notícias, Dom, 23 de Setembro de 2012 


Nozze gay:la mappa che misura 

l'opinione dei cittadini (e il distacco dalla 

politica) 

Negli Usa la maggioranza sarebbe a favore. Ma solo 6 

stati su 50 consentono unioni tra persone dello stesso 

sesso 

La mappa degli Stati Usa che consentono matrimoni 

tra persone dello stesso sesso (Esri)La mappa degli 

Stati Usa che consentono matrimoni tra persone dello 

stesso sesso (Esri) 

I matrimoni gay negli Usa sono legali in sei stati su 

cinquanta. Ma se si va a guardare cosa ne pensano i 

cittadini, ci si rende conto come le unioni tra due 

persone dello stesso sesso siano in realtà molto più 

accettate di quanto non faccia la legge. 

CITTADINI PROGRESSISTI - Cittadini più progressisti 

e illuminati dei loro politici? Secondo una mappa di 

Esri (sistema americano di informazione geografica) 

redatta rielaborando dati provenienti da varie fonti tra 

cui i messaggi postati su Twitter, la risposta è sì. 

Osservando la cartina si notano come le zone verdi 

(quelle cioè in cui i matrimoni gay sono accettati dalla 

popolazione) siano molto più estese di quelle arancioni 

(cittadini in dubbio) e di quelle rosse (cittadini contrari). 

Il dato è particolarmente evidente sulla costa est. Gli 

osservatori mettono in relazione quest'ultimo dato con 

la decisione della California, stato storicamente gay 

friendly, di mettere fuori legge i matrimoni gay, 

aprendo un contenzioso tra le associazioni gay e lo 

Stato su cui la Corte Suprema si deve ancora 

esprimere. 

BLACK OUT DEMOCRATICO - In molti potranno 

obiettare che la mappa si basa sulle opinioni espresse 

sui social network e sui forum e che non si tratta di 

sondaggi condotti in maniera scientifica, ma il dato è 

sicuramente interessante. Le unioni gay paiono infatti 

un tema molto caro anche ai politici europei (italiani 

compresi) che non perdono occasione per 

occuparsene. Dibattiti, dichiarazioni pro o contro. Ma 

poi effettivamente per regolarizzare le relazioni tra 

persone dello stesso sesso nella maggior parte dei 

casi non viene fatto un granché. Il tutto mentre sempre 

di più i cittadini si dichiarano a favore, in Italia come in 

altri Paesi. La legislazione in materia appare dunque 

completamente scollegata dall'opinione degli elettori 

sull'argomento. In una sorta di black out democratico 

che porta la politica sempre più lontana dal suo 

elettorato. 

Marta Serafini 


Sabemos hoje, sem qualquer margem para dúvidas, 

que o Presidente da República trabalhou 

exemplarmente e conseguiu rebobinar o filme até ao 

ponto em que ainda é possível fazer com que tenha 

um final feliz. O risco reside no facto de os principais 

actores serem os mesmos e haver partes do guião 

que estão ainda mal definidas. 

Podemos confiar numa coligação em que os parceiros 

não podem confiar um no outro? O Conselho de 

Estado pode fazer de conta que acredita, como fazem 

de conta PSD e CDS, que a criação de um Conselho 

de Coordenação da Coligação é uma esponja que 

apaga a forma irresponsável como Paulo Portas 

quase derrubou o Governo, mas nós sabemos que há 

formas de cancro que nem com quimioterapia se 

vencem. 

O poder político acreditou que a lógica de Bloco 

Central (ora agora ganhas tu, ora agora ganho eu) era 

imutável e com isso pode ter destruído um amplo 

consenso social que existia a favor do necessário 

ajustamento económico e financeiro. As coisas já não 

se jogam apenas na alternativa PSD ou PS. Sair à rua 

contra os partidos e contra os políticos pode virar 

moda e a rua é facilmente influenciada por populismos 

e interesses obscuros. 

Neste momento onde reside o poder? É em Belém? 

Em São Bento? Na Concertação Social? Na rua? A 

política tem horror do vazio e a economia vive mal 

com a incerteza. Cavaco Silva provou que tinha o 

estofo necessário para ser o mais alto magistrado da 

Nação, mas não pode dormir descansado depois do 

notável trabalho que realizou. Não pode voltar a correr 

Diário de Notícias Lisboa/ - Notícias, Dom, 23 de Setembro de 2012 


E agora? 

o risco de ter nas mãos uma bomba pronta a detonar, 

porque nessa altura pode ser o fim deste filme. E a 

crise será muito mais grave. 

Caiu uma medida (TSU) que a generalidade dos 

actores políticos e a maioria dos portugueses 

consideravam altamente injusta, mas a austeridade 

tem de prosseguir. O Governo continua a precisar de 

resolver o veto do Tribunal Constitucional para 

arrecadar em 2013 os dois mil milhões de euros que 

este ano conseguiu com o confisco de dois subsídios 

aos funcionários públicos e pensionistas. E precisa de 

mais uns milhares de milhões para tapar o buraco 

orçamental que continua a existir. E ainda tem de 

encontrar dinheiro para promover o crescimento e o 

emprego. 

E agora? Haverá tempo para o Governo preparar um 

novo Orçamento até 15 de Outubro? Serão os 

parceiros sociais verdadeiramente competentes para 

ajudar o Governo a encontrar alterações à TSU? O 

Governo vai esperar por eles ou as alternativas que 

Portas diz ter apresentado vão avançar? E o PS que 

era contra a TSU também vai recuar e regressar ao 

consenso político pedido pelos conselheiros de 

Estado? 

Agora, senhor Presidente da República, não poderá 

ter descanso. A Democracia em Portugal vive um 

momento muito perigoso. 

Por decisão pessoal, o autor do texto não escreve 

segundo o novo Acordo Ortográfico 

Artigo Parcial 




Corte de subsídio e mexida no IRS 

substituem TSU 

O mais que provável recuo do governo na alteração 

das contribuições para a segurança social dos 

trabalhadores vai obrigar a uma reformulação das 

medidas de austeridade. Em causa está a derrapagem 

de dois mil milhões de euros a que a decisão do 

Tribunal Constitucional obriga: se não pode cortar 

os subsídios à Função Pública, o governo poderá 

cortar num subsídio a todos os trabalhadores, com 

uma sobretaxa que equivale a metade do valor. 

"É necessário encontrar essas verbas", lembra o 

economista João Cantiga Esteves, sublinhando que foi 

"incompreensível" como é que o governo apresentou 

as medidas sem as discutir com os parceiros sociais. 




Passos apoiado apenas por alguns 

conselheiros do PSD 

A reunião do Conselho de Estado na passado 

sexta-feira foi crítica em relação ao aumento da Taxa 

Social Única. O que não se sabia ainda é que Passos 

Coelho não obteve apoio sequer de todos os 

Conselheiros do PSD. 

Os mais críticos foram Bagão Félix e Rui Moura 

Ramos (presidente do Tribunal Constitucional), do 

PS, escreve hoje o 'Público'. No entanto, no PSD 

também não houve unanimidade. 

Luís Filipe Menezes e Marques Mendes foram os que 

mais apoiaram o primeiro ministro, enquanto os 

restantes conselheiros 'laranjas' mostraram-se mais 

relutantes em relação à medida. 

As questões do emprego, da equidade e do 

crescimento económico foram as que motivaram a 

acesa discussão na reunião que durou quase oito 

horas. 




O recuo e o que ele significa 

O recuo de Passos Coelho em relação à TSU era a 

única saída que o Governo tinha para ultrapassar a 

polémica das últimas duas semanas. Uma polémica 

causada por culpa própria face à opção por uma 

medida injusta e decidida sem discussão e os devidos 

acordos. Por isso o recuo pecou por tardio. Agora, 

depois da grave crise dentro da coligação, da 

intervenção a vários níveis do Presidente da 

República, das violentas críticas de todos as forças 

políticas e parceiros sociais, dos estudos económicos 

contra a eficácia da medida, e, sobretudo, dos 500 mil 

portugueses que saíram espontaneamente à rua, o 

primeiro-ministro vai ter muito mais dificuldade em 

fazer aceitar qualquer alternativa. 

A desistência, sublinhe-se, é positiva. É o fim do 

absurdo de, neste tempo de enormes dificuldades 

para a maioria dos portugueses, cortar ainda mais nos 

salários dos trabalhadores e entregar parte desse 

dinheiro aos patrões. Mas é impossível fugir a mais 

austeridade. O Governo não só terá de encontrar uma 

medida que lhe permita encaixar o mesmo valor 

previsto antes de o Tribunal Constitucional vetar os 

cortes apenas para a função pública, como tem de 

cumprir as metas da troika em relação ao défice. E, se 

este ano os mais de 6% já são difíceis de baixar, é 

preciso chegar a 2014 com 2,5%. E Passos parte 

agora para as próximas soluções claramente 

fragilizado. 

A três semanas da apresentação do Orçamento vai 

ser necessário correr contra o tempo e, como se diz 

em "futebolês", atrás do prejuízo. Se há quinze dias 

Passos Coelho tivesse dito ao País que era 

necessária ainda mais austeridade e que iria ter de 

aplicar uma sobretaxa sobre um dos subsídios do 

público e do privado, provavelmente os protestos dos 

portugueses teriam sido diferentes. Se o fizer amanhã, 

é normal que voltemos a assistir a mais uma escalada 

de contestação. Porque em poucos dias o 

primeiro-ministro destruiu a resignação social e o 

consenso político, quer com a oposição quer no 

interior do sonho de Sá Carneiro, "uma maioria, um 

Governo, um Presidente". E isso marcará para sempre 

a sua governação, dure ela o tempo que dure. 

Globalização e manipulação 

Há quase duas semanas que alguns sectores do islão 

manifestam revolta pela divulgação nas plataformas 

da Internet de um indigente conjunto de imagens 

intitulado Inocência dos Muçulmanos. Produto de duas 

ou três pessoas, absolutamente irrelevantes até ao 

momento, veicula propaganda grosseira e provocação 

islamofóbica básica. Não é a primeira vez que tal 

sucede; mas, aqui, o elemento relevante é que 

ninguém colocou dúvidas à necessidade de ampliar o 

efeito de algo até então invisível em termos mediáticos 

- o que deve motivar reflexão. 

Outro tema para reflexão é o modo como, hoje, 

qualquer um pode, potencialmente, influenciar a 

atualidade recorrendo às plataformas de 

comunicação, contacto social e partilha de conteúdos. 

Por vezes, com efeito incendiário. A solução a dar a 

este desafio servirá para aferir a qualidade e os limites 

da globalização. 


Diario La Prensa/ - Notícias, Dom, 23 de Setembro de 2012 


Neuquén devolverá áreas petroleras 

retiradas a una compañía si vuelve a 

invertir 

El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, aseguró que 

si la compañía brasileña de hidrocarburos Petrobras 

amplía sus inversiones en la provincia "el estado 

neuquino le devolverá las áreas que le fueron 

retiradas". 

Sapag se refirió así al conflicto planteado entre la 

empresa y la Provincia que llegó a la Corte Suprema 

de Justicia desde que Neuquén le quitó áreas 

petroleras por falta de inversión, aunque señaló que 

estaban "en tratativas" y "muy avanzados". 

Además, señaló que tanto en Brasil como en 

Argentina "hay un interés muy especial en que 

Neuquén se ponga de acuerdo con Petrobras por 

parte de los dos gobiernos, tema que tomó un cariz de 

tema de Estado". 

El mandatario recordó, en un diálogo con la prensa el 

viernes en Villa La Angostura, que "Neuquén está en 

juicio con Petrobras ante la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, porque no estuvo de acuerdo 

con una caducidad que la provincia le concretó en el 

yacimiento Veta Escondida, como oportunamente fue 

Tecpetrol también a la justicia". 

"Estuve reunido varias veces con los distintos 

empresarios y a todos les hemos pedido que hagan 

inversiones y, si lo hacen, volveremos a hablar y el 

Estado neuquino le devolverá las áreas que le fueron 

retiradas. Pero deben hacer o presentar un buen plan 

de inversión", advirtió. 

En ese marco, comparó la situación de Petrobrás con 

la estatizada YPF al señalar que esta última "está 

haciendo este programa de inversiones y tiene 

previsto presentarlo al gobierno neuquino la semana 

que viene". 

Y, remarcó que "en el acta que firmamos con YPF 

para que Neuquén cuente con el 10 por ciento de las 

acciones, la devolución de las áreas tiene que ver 

justamente con esta entrega de acciones". 

Asimismo, señaló que había hablado "mucho con Julio 

(De Vido, el ministro de Planificación Federal) cuando 

hicimos la caducidad a Petrobras". 

Sapag resaltó que "de 170 áreas había 6 que no 

estaban invertidas, estaban en el fondo de la tabla, sin 

goles a favor y con todos goles en contra, así que 

necesitamos que hagan una buena inversión y (no 

habrá) ningún problema". 

"Todos amigos, cada uno en su casa, Dios en la de 

todos pero platita constante y sonante para hacer las 

inversiones. Si no producimos, no tenemos regalías y 

no cobramos impuestos. Que se decidan a invertir. Si 

se deciden a invertir, serán muy bienvenidos", advirtió. 




"Parece que hoy nadie quiere estudiar" 

Tomás Abraham aceptó el desafío:contestar una serie 

de preguntas relacionadas con la sociedad argentina 

actual. El prestigioso filósofo apeló a su estilo 

personal e incisivo y reflexionó sobre los tiempos 

actuales, sobre nuestros males y virtudes, nuestros 

valores y desencuentros, tal como lo hace en su 

reciente libro, ‘La lechuza y el caracol’ (Editorial 

Sudamericana, 2012). 

-¿Cómo ve en líneas generales a la sociedad 

argentina actual? 

-La veo en dirección hacia una especie de chavismo 

light. Por supuesto que el chavismo de superficial 

no tiene nada. Sin embargo, en caso de aprobarse la 

Reforma Constitucional si los resultados de las 

elecciones del 2013 repiten los del 2011, el Gobierno 

avanzará con la metodología de su modo de 

gobierno. 

Digo “light” porque no creo que en el futuro 

al kirchnerismo le convenga llevar a cabo ataques 

indiscriminados a los medios y una política abierta 

de persecución a los adversarios. Lo hará por cuotas y 

de acuerdo a las circunstancias. La sociedad 

argentina seguirá este proceso sin 

ponerle demasiadas trabas ya que su sistema de 

miedos da la prioridad a los descalabros económicos 

como la hiperinflación, el corralito, la desocupación y 

el ajuste y no a la arbitrariedad del poder. 

-¿La falta de líderes nuevos es síntoma de qué? 

-Nosotros vivimos un período histórico que nace en 

1984. Hay muchos que tratan de borrar la 

fuerte marca que se inicia con el “Nunca más” para 

hacerse dueños de la historia y colocar en el panteón 

de los héroes y en el infierno de los malditos a los 

personajes que legitiman su poder. Pero veintiocho 

años de democracia no dejan de ser un hecho inédito 

en la historia argentina. En este período en el que la 

ciudadanía participó en masa en 

numerosas elecciones tanto presidenciales 

como legislativas, no se ha podido construir un 

sistema político. 

No hay independencia de poderes que permita que 

haya control de quienes tienen en sus manos 

los dineros públicos, hay ocultamiento del 

funcionamiento de la administración, se interviene 

el Poder Judicial y se distribuyen a los jueces y los 

casos a juzgar de acuerdo a sus alianzas políticas, y, 

en especial, debemos recordar que en estos años, dos 

presidentes fueron echados, uno que gobernó 

diez años fue votado varias veces y hoy es acusado 

por ser el culpable de la llamada segunda década 

infame, un mes en el que hubo cinco presidentes, un 

candidato derrotado en las elecciones de 1999 que 

luego por operaciones políticas fue presidente, y una 

sucesión conyugal que pretende eternizarse y sin la 

cual se dice que el país cae en el abismo. 

La experiencia que se ha vivido habla a las claras de 

las dificultades de la sociedad argentina en construir 

un sistema político. A este hecho se le agrega que 

los dirigentes de las fuerzas políticas opositoras 

representan lo “viejo”, tanto en el peronismo disidente 

neoduhaldista, el macrista pro-menemoide que incluye 

a Scioli, el FAP que recuerda a la Alianza, etc. Por eso 

el kirchnerismo es quien se adueña de un modo 

exclusivo de la innegable reactivación económica, de 

la ampliación de los derechos de las minorías, de los 

juicios a los criminales de Estado y del 

desendeudamiento externo. 

LOS VALORES 

-¿Hay más preocupación por lo material e individual 

antes que por lo colectivo? 

-Esta es una dicotomía falsa. La historia nos enseña 

que lo llamado ‘‘material’’ no es sólo un signo 

del egoísmo y la codicia en la lectura del puritanismo 

bíblico y del ascetismo comunista. Desde la antigua 

Israel de los profetas, la protesta de Lutero, a la 

monarquía de Enrique VIII, la revolución francesa o la 

rebelión del ‘‘Tea Party’’ previa a la 

revolución norteamericana, muestran que las 

rebeliones fiscales han sido determinantes en los 

cambios históricos. 

Lo que se dice del bolsillo, al que se condena en 

nombre de valores solidarios, es otra muestra 

de cinismo cultural que en nombre de un falso 

idealismo pretende ignorar que a partir de lo que duele 

cuando aprieta el zapato también se abren los ojos 

hacia otras cuestiones. 

-¿No hay pasión filosófica, o ideales políticos o 

ideológicos sino que hay pasión por los 

intereses propios en primer lugar? 

-Remite a la pregunta anterior que apunta al tema de 

los valores. Sin duda que de acuerdo a la frase de 

Nietzsche ‘Dios ha muerto’, y los grandes relatos 

trascendentes, ya sean mesiánicos, 

salvacionistas, utopistas y redentores, se han 

quebrado, hoy se habla de ‘derechos’ cuya lista se 

hace interminable a pesar de su no aplicabilidad, y de 

‘relato’ en lugar de ideología que permite una 

plasticidad retórica que autoriza todo tipo de 

enunciado con el fin de legitimar un poder. 

TRABAJO DEL FILOSOFO 


-¿Los filósofos deberían ser más economistas que 

filósofos, según este contexto? ¿No deberían advertir 

a la gente del riesgo de ver todo desde un punto 

de vista económico? 

-Los filósofos no son gurúes, gracias a Dios, ni 

pastores. Por el contrario, los filósofos no harían mal 

en advertir que lo económico es importante y los 

intereses en juego son nucleares en los conflictos 

sociales al menos para no contribuir a la 

hipocresía políticamente correcta o a los sermones de 

un angelismo que anestesia la conciencia. 

SOCIEDAD ENCRESPADA 

-¿Estamos en una sociedad encrespada? Esta última 

semana ocurrió por ejemplo en un colectivo que un 

pasajero no tenía la tarjeta SUBE y se enojó y rompió 

todo. 

-Si se hiciera caso de la prédica oficialista del 

kirchnerismo que insiste que jamás en la sociedad 

argentina estuvimos mejor, la población debería estar 

compuesta por cuarenta millones de personas que 

tocan el arpa. Sin embargo, no es así. El modelo 

político del gobierno no ha hecho una autocrítica de la 

década del setenta, por el contrario, no ha hecho más 

que ensalzar una cultura política que sólo conocía la 

violencia como medio de acceso al poder, y de una 

ideología que necesita de mártires, héroes, víctimas, 

herejes y enemigos. 

Desde el Ejecutivo se insulta, se dice ‘estúpidos’, 

‘alcahuetes’, se delata a los adversarios, se encubre 

a los aliados, y en nombre de una guerra contra dos o 

tres medios de comunicación que no han 

incursionado en nada ilegal -en caso de que así fuera 

existen los procedimientos judiciales de denuncia y 

defensa- crea un clima de campaña agresiva y 

amenazante que divide a la sociedad. Se ve en la 

calle. 

-¿Por qué nos enojamos antes de saber si algo es 

bueno o no? Por ejemplo, una política de gobierno. 

-No sé qué permite concluir que nos enojamos sin 

causa o con ignorancia de los problemas. El 

plural ‘nosotros’ se atribuye una 

representación indebida. La ignorancia acerca de las 

políticas nacionales es parte de la política del secreto 

y de la simulación del poder, y es resultado de la falta 

de control ciudadano - a través de organismos e 

instituciones creadas para tal efecto- de las acciones 

de gobierno. 

EDUCACION -¿Cuáles son los riesgos de que el 50 

por ciento de los alumnos no termine la secundaria? 

-Parece que nadie quiere estudiar en la Argentina. Se 

cree que no sirve para nada. Se dice que aprender un 

oficio no tiene sentido porque no hay trabajo o se paga 

muy mal. Los docentes se sacan la foto junto a 

los dirigentes políticos y niños sonrientes, todos con 

una netbook en la mano, pero no cambian los 

programas en medio siglo. La capacitación docente es 

un pretexto para distribuir dineros y tomarse un par 



de días de recreación. A los pedagogos les va de 

maravillas. Pueden hablar todo el día de inclusión 

mientras las aulas se vacían y los docentes se pelean 

con las familias, cuando las hay. Que los adolescentes 

no quieran estudiar no es sólo un síntoma de los 

tiempos y de la crisis mundial, primero porque no es 

cierto, y segundo porque hay que ver la rapidez con la 

que aprenden las cosas que les interesa, en especial 

en avances tecnológicos. Pero lo que no se 

estimula es la investigación, que no es un territorio del 

Conicet ni de Tecnópolis, sino un atributo de la 

condición humana: la curiosidad. Que sigue siendo 

activa en los jóvenes, salvo que se la duerma. 

Con los medios al alcance vía web, hoy, un curso de 

biología, historia o física, es un festival de 

conocimiento, pero para que sea realidad, es 

necesario que los docentes estén estimulados por la 

sociedad para ser excelentes profesionales de su 

materia. No se le da importancia cultural al 

aprendizaje. El pregón de que el docente debe 

trasmitir valores de ciudadanía es el artilugio 

para mantener en la ignorancia a los adolescentes que 

lejos de liberarlos los mete en el corral de la 

servidumbre voluntaria. 

INSEGURIDAD 

-¿Qué pasó con ese Buenos Aires noctámbulo pero 

tranquilo? 

-La marginalidad, las drogas que estimulan actos de 

violencia, la corrupción de la institución policial que es 

parte del problema y no de la solución, hacen que la 

vida por las calles sea insegura a ciertas horas. 

La gente se vuelve paranoica y tiene ojos en la 

espalda. Además las pantallas multiplican los miedos 

mostrándonos crímenes aberrantes y asesinatos a 

mansalva. Parece que en nuestra sociedad ya no se 

roba, se mata. 

‘‘ESPIRITUALIDAD’’ 

-¿La espiritualidad actual reemplaza las religiones 

tradicionales? 

-La espiritualidad es parte de las religiones 

tradicionales. Lo es el sufismo dentro del mundo 

musulmán, el jasidismo en el judaísmo, o los ejercicios 

de Ignacio de Loyola, por ejemplo, en el catolicismo. 

Espiritualidad existe en las corrientes místicas de las 

religiones tradicionales, y en todo intento de producir 

una creencia mediante una conversión personal que 

exige una disciplina, ejercicios y modelos de 

conducta. 

Por lo que espiritualidad hubo en el revolucionario que 

desde el siglo XIX pretendía una nueva humanidad 

o en la figura del artista del movimiento romántico. Lo 

que hoy llamamos ‘espiritualidad’ tiene que ver con 

la ‘asiomanía’ que vive Occidente desde los tiempos 

de la New Age, y que describe el recorrido de un 

continente y una cultura milenaria que se apropia de la 

civilización occidental que desde el siglo XVI 

combina ciencia, tecnología e industria, y les cede los 


productos de su museo cultural como la herencia de 

Confucio, Buda, Lao Tsé, y adláteres. 




El País/ - Notícias, Dom, 23 de Setembro de 2012 


“No era un trabajo por dinero, era 

vocacional” 

Hace pocos días, Ángel Gómez Puerto, de 42 años, 

recibió una carta que ya esperaba. La Universidad de 

Córdoba, donde había estado dando clase de 

Derecho Constitucional unas dos tardes a la 

semana, se ponía en contacto con él para anunciarle 

la rescisión de su contrato de profesor asociado.Ángel 

se ha convertido así en uno de los 40 docentes 

vinculados a tiempo parcial con las aulas que se ven 

afectados por los duros reajustes económicos 

adoptados en esta universidad. Todos los asociados 

despedidos han ido recibiendo misivas similares.Como 

todos los profesores asociados, Gómez no se ganaba 

la vida con las clases en el campus. Compaginaba su 

vida laboral —ajena a la Universidad— con la 

actividad docente. La misión de estos profesores es la 

de acercar al alumnado una visión procedente del 

mundo profesional real, tanto del ámbito de lo público 

como de los autónomos o asalariados. En su caso, 

Gómez es técnico municipal de Empleo en el 

Ayuntamiento de Córdoba, con un contrato laboral 

indefinido desde 2002."En 2005 hice un programa de 

doctorado en Derecho Constitucional y me empezó 

a interesar la docencia universitaria. En 2009 se 

convocaron plazas de profesor asociado y decidí 

presentarme", recuerda. Para Gómez, la entrada en la 

docencia fue puramente vocacional. Por sus clases, a 

las que ha invitado a personalidades como el Defensor 

del Pueblo Andaluz, José Chamizo, directores de 

medios de comunicación o diputados, han pasado 

unos 400 alumnos."Me interesa el contacto con la 

comunidad universitaria, los alumnos, la divulgación 

científica del derecho y hacer publicaciones. El tema 

económico no es la razón para este trabajo. Suponía 

340 euros al mes, pero no lo hacía por eso. Mis 

expectativas se han cumplido solo con la enseñanza", 

asegura.Pero las razones económicas son las que han 

llevado a la Universidad de Córdoba a prescindir de 

sus servicios. El texto de la carta que acaba de recibir 

no puede ser más explícito: "Lamento profundamente 

que haya que optar por la solución más traumática, 

pero la difícil situación económica así lo exige". 

Aunque se deja abierta la posibilidad de seguir 

trabajando altruistamente con el organismo educativo. 

"Espero que sigas colaborando con la Universidad de 

Córdoba bajo alguna de las fórmulas que no suponen 

vinculación contractual con la misma (por ejemplo, 

como colaborador honorario) y que en un futuro no 

lejano podamos volver a contar con tus servicios como 

profesor contratado de la institución", señala el escrito 

que se ha enviado a los exprofesores asociados."Yo 

voy a aceptar la propuesta de ser colaborador 

honorario para colaboraciones puntuales en 

actividades académicas dentro del aula. No tendré 

ningún problema en desarrollarlas", avanza el todavía 

profesor.El viernes por la tarde acudió a su último 

examen en derecho. Mientras tanto —y para 

garantizar el posible retorno en cursos próximos de los 

docentes como Gómez— se ha propuesto al Consejo 

de Gobierno de esta universidad la constitución de 

una bolsa de trabajo específica de la que los 

despedidos van a formar parte. 

210

El Peruano/ - Notícias, Dom, 23 de Setembro de 2012 


Protegen al pasajero de servicios 

aeronáuticos 

Es en este escenario que en la industria de la aviación 

civil surge el Acuerdo de Código Compartido, suscrito 

por dos aerolíneas para explotar conjuntamente una 

determinada ruta. Así, ambas venden asientos de un 

mismo vuelo, el cual es operado realmente por una 

única compañía.El crecimiento vertiginoso del 

transporte aéreo ha hecho que este aspecto tome 

cada vez mayor relevancia a escala mundial. La 

imposibilidad que una sola aerolínea llegue a todos los 

destinos locales e internacionales ha llevado a que los 

principales actores en este mercado adopten este tipo 

de acuerdos, siendo frecuente en viajes a Europa o 

Asia.Nuestra legislación aeronáutica vigente, Ley Nº 

27261, no es ajena a los alcances del Acuerdo de 

Código Compartido, tal es así que lo define como 

aquel acuerdo mediante el cual dos o más 

transportistas aéreos comercializan uno o más vuelos 

que son operados por uno solo de ellos en las rutas 

autorizadas, utilizando conjuntamente sus códigos 

internacionales de designación e individualización. 

Estos acuerdos deben constar por escrito y ser 

previamente aprobados por la Dirección General de 

Aeronáutica Civil antes de su ejecución.Acción 

indemnizatoriaCon esta modalidad de vuelo surge la 

siguiente pregunta, ¿contra quién se podrá dirigir una 

acción indemnizatoria ante un eventual perjuicio? La 

Ley de Aeronáutica Civil del Perú establece que "en 

los acuerdos de Código Compartido las partes 

responden, indivisible y solidariamente, frente a los 

pasajeros y carga transportada, sin perjuicio de las 

obligaciones establecidas en el respectivo contrato".Es 

decir, nuestra legislación otorga la máxima seguridad 

y protección al pasajero que optó por un servicio con 

Acuerdo de Código Compartido, por lo que el pasajero 

afectado podrá ejercer sus acciones de reclamación 

contra cualquiera de los transportadores intervinientes 

o contra ambos, ya sea ante Indecopi o el Poder 

Judicial, ello dependiendo del perjuicio 

causado.……(*) Miembro del Estudio Muñiz, Ramírez, 

Pérez-Taiman & Olaya Abogados 

211

Demanda rigurosidad 


pidió a los jueces ser más rigurosos y conocer a 

profundidad las normas disciplinarias castrenses y 

policiales, para evitar el abuso de acciones de amparo 

que ordenan reincorporaciones de militares o policías 

separados. Coincidió con el presidente Ollanta 

Humala, quien cuestionó algunas medidas judiciales 

que ordenan la reincorporación de uniformados 

cesados y separados, lo que afecta la disciplina en 

estas instituciones. 

El Peruano/ - Notícias, Dom, 23 de Setembro de 2012 


212

El Universal/ - Notícias, Dom, 23 de Setembro de 2012 


TEPJF quita un curul al PAN en 

Guanajuato 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) revocó la asignación de un 

diputado de representación proporcional al PAN en el 

Congreso del estado por encontrarse 

sobrerrepresentado y ordenó que la curul sea ocupada 

por el Partido de la Revolución Democrática.La 

posición plurinominal del PAN había recaído en el ex 

senador Humberto Andrade Quezada, quien había 

sido nombrado por su partido como coordinador de la 

fracción panista para el periodo legislativo 2012-2015, 

que iniciará en el primer minuto de este martes.Este 

domingo el TEPJF ordenó modificar el acuerdo 

emitido por el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Guanajuato (CGTEEG), mediante el 

cual asignó diputados por el principio de 

representación proporcional a diversos partidos 

políticos, con el que el PAN alcanzaba 19 curules, al 

considerarlo inconstitucional.El presidente del Comité 

estatal del blanquiazul, Gerardo Trujillo Flores anunció 

que impugnará "con el recurso de Reconsideración la 

ilegal sentencia del Tribunal Electoral que retira la 

diputación por el principio de representación 

proporcional que corresponde al Partido Acción 

Nacional".El recurso lo presentará este domingo en la 

sala regional del Tribunal Federal Electoral de 

Monterrey, así como en la sala del Distrito Federal que 

se espera resuelva este lunes.Consideró que el 

Tribunal electoral hizo una mala interpretación de la 

ley "favoreciendo intereses de terceros" en un fallo 

totalmente diferente al acto reclamado por el 

PRD.Trujillo argumentó que el artículo 282 del Código 

Electoral de Guanajuato establece la adjudicación de 

una diputación plurinominal al partido político que 

hubiera obtenido la mayor votación y la mayoría de los 

distritos, que en este caso fue el PAN que el 1 de julio 

ganó 18 distritos de los 22 distritos del estado.En los 

últimos doce años dijo que se ha impugnado la 

diputación asignada con base en el artículo 282, y que 

incluso existe jurisprudencia el respecto.Mientras tanto 

Humberto Quezada continúa como coordinador de la 

Bancada hasta que se tengan la resolución de 

Tribunal Electoral.FestejanLos líderes estatales del 

PRD, Hugo Estefanía Monroy; del PRI, Javier 

Conteras Ramírez, celebraron el fallo del Tribunal 

Electoral con el que Acción Nacional pierde su 

mayoría relativa y se le asigna la diputación a la 

perredista Guadalupe Torres Rea, actual encargada 

de las finanzas de su partido."Se hizo justicia electoral, 

el tribunal nos da la razón en una resolución en la que 

se quita un diputado al PAN y se le asigna al PRD", 

festejó el dirigente perredista.El presidente del PRI 

señaló que el fallo del Tribunal Electoral significa un 

giro completo a la democracia guanajuatense, "se 

hace justicia y termina con la sobrerrepresentación y 

el mayoriteo de Acción Nacional hacia otros partidos", 

indicó.Con el fallo del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación el Congreso del Estado 

quedará conformado por 18 diputados del PAN, 11 del 

PRI, 3 del PRD, 3 del Partido Verde Ecologista y 1 del 

Panal.En su resolución, los magistrados Rubén 

Enrique Becerra Rojasvértiz y Georgina Reyes 

Escalera de la Sala Monterrey del TEPJF dieron la 

razón al PRD en la impugnación que promovió en 

contra del acuerdo del CGTEEG en contra de la 

asignación de un diputado por el principio de 

representación proporcional para el PAN porque 

estaría sobrerrepresentado en la LXII legislatura 

local.La magistrada Beatriz Eugenia Galindo Centeno 

señaló que el IEEG habría incurrido en un acto de 

inconstitucionalidad en el reparto de las diputaciones 

plurinominales en razón de que se le otorgó al PAN 

una diputación basado en la votación obtenida por 

mayoría relativa, lo cual ha sido declarado 

inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación."Conforme con la Constitución Federal 

vigente se llega a la conclusión de que el sistema y la 

norma buscan proteger la mayor proximidad a la 

pureza del sistema de representación proporcional, 

provocando una correspondencia entre la fuerza 

electoral del partido que obtuvo la mayoría de la 

votación y la representatividad en el Congreso, por lo 

que se decidió modificar el acuerdo de asignación al 

otorgar una tercer curul de representación 

proporcional al Partido de la Revolución Democrática, 

ya que el Partido Acción Nacional se encontraba 

sobre-representado", establece el fallo.ml 

213

El Universal/ - Nación, Dom, 23 de Setembro de 2012 


Ven a Chávez cada vez más cansado y 

derrotado 

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, denota 

cansancio en su discurso como candidato a una 

segunda reelección consecutiva y trata de amedrentar 

al electorado en busca de aumentar la abstención, 

afirmó hoy el diputado Tomás Guanipa. En diálogo 

con Notimex, el legislador opositor dijo que el discurso 

de Chávez en su campaña electoral de cara a los 

comicios del 7 de octubre próximo "denota a un 

candidato agotado, cuyo único recurso es apelar al 

miedo para sumarle votos a la abstención" .A juicio de 

Guanipa, el mandatario venezolano "se encuentra a la 

defensiva y por primera vez lo veo claramente en la 

derrota" frente al aspirante presidencial opositor 

Henrique Capriles, con quien se medirá en las 

próximas elecciones. El secretario general del partido 

Primero Justicia afirmó que en sus pocas apariciones 

en caravanas y actos proselitistas, Chávez reitera a 

sus seguidores que es imposible que pierda el 7 de 

octubre y advierte que su salida del poder provocaría 

una guerra civil. "Esa es una demostración que está 

preocupado por la derrota. No vamos a tener ninguna 

guerra civil, al contrario, vamos a lograr impulsar una 

política de seguridad que garantice la vida y los bienes 

de los venezolanos" , aclaró. Guanipa destacó que en 

el país sudamericano hay una situación de violencia 

cuyo saldo de más de 100 mil muertos durante este 

gobierno es más dramático que el de guerras vividas 

por países de Medio Oriente. Advirtió que si algún 

sector vinculado con Chávez pretendiera generar 

situaciones de violencia, "la sociedad democrática 

estará en capacidad de someterlos a la ley y 

garantizar la paz a que aspiran todos los venezolanos" 

. "Además, su propio entorno ya se está 

desmoronando. Hay en este momento gente del 

chavismo enviando mensajes a los dirigentes de la 

unidad democrática, expresando que no van a crear 

una situación difícil de darse un resultado favorable a 

la oposición" , agregó. El legislador añadió que altos 

representantes de la Fuerza Armada Nacional han 

pedido a los venezolanos que tengan confianza, pues 

no permitirán que el país se vaya por el borde de la 

violencia, en caso de que Chávez sea derrotado en las 

urnas. "Todas las veces que el presidente ha perdido, 

ha tenido que entregar. Perdió su asonada el 4 de 

febrero de 1992 y se entregó. Perdió la reforma 

constitucional, y diciendo groserías, admitió que 

perdió. Va a perder otra vez y tendrá que admitirlo" , 

dijo Guanipa. Advirtió, por último, que en un discurso 

pronunciado recientemente en el puerto de La Guaira, 

el presidente Chávez reconoció que su ventaja es 

poca, lo que a su entender "es la confesión más 

rotunda y evidente de que está perdiendo" . cggg 

214

El Universal/ - Nación, Dom, 23 de Setembro de 2012 


PRD amaga con controversia por reforma 

laboral 

Normal 0 21 El secretario general del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), Alejandro Sánchez 

Camacho, anunció que la Comisión Política de su 

partido rechazó la reforma laboral que el presidente 

Felipe Calderón envió al Congreso como iniciativa 

preferente.En conferencia de prensa, la diputada 

federal Aleida Alavez anunció que el PRD podría 

presentar una controversia constitucional ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

contra la iniciativa, al considerar inconstitucional el 

procedimiento de iniciativa preferente, porque esta 

figura constitucional carece todavía de reglamento. 

Explicó que el próximo martes en la sesión ordinaria 

de la Cámara de Diputados se presentará un punto de 

acuerdo, para solicitar que el órgano legislativo 

presente la controversia ante la Suprema Corte. En 

caso de que no prospere este mecanismo, agregó, se 

presentaría una acción de inconstitucionalidad, que es 

otra figura distinta, pero que tendría como 

consecuencia la suspensión del procedimiento. Para 

ello, se requiere el respaldo del 33 por ciento de los 

integrantes de la Cámara Baja, para lo cual sólo le 

faltaría al PRD el apoyo de 20 diputados, que no se 

descarta podrían ser priístas. A su vez, la senadora 

Dolores Padierna aseguró que "se equivocan quienes 

piensan que los integrantes de la izquierda están 

escondidos en sus casas lamiéndose las heridas, por 

el contrario estamos trabajando unidos y articulados, y 

argumentamos que no se puede aplicar la iniciativa 

preferente". Detalló que ello se debe a que la 

modificación al Artículo 71 de la Constitución, en el 

segundo transitorio establece que el Congreso de la 

Unión debe aprobar una ley reglamentaria en un plazo 

de un año, cosa que no ha ocurrido. Por ello, adelantó 

que en el Senado de la República se prevé promover 

una moción suspensiva "para lo cual estamos 

hablando en corto con integrantes del PRI y del PAN", 

además de que realizarán movilizaciones "para 

demostrar que la gente no quiere esta reforma". A su 

vez, el dirigente del PRD capitalino, Manuel Oropeza, 

indicó que el próximo lunes se llevará a cabo una 

reunión plenaria de la Comisión Política Nacional 

perredista en la que participarán diputados federales y 

locales. Señaló que en esa reunión también 

participarán senadores y líderes de todas las 

corrientes internas del PRD, para planear las 

estrategias de movilización y resistencia civil contra la 

iniciativa de reforma laboral. En tanto, la asambleísta 

Ariadna Montiel adelantó que el próximo martes los 

legisladores locales del PRD realizarán una jornada de 

volanteo en el Zócalo para informar a la ciudadanía 

sobre "los riesgos de la reforma", y el miércoles 

participarán en una marcha desde el Zócalo hasta la 

Cámara de Diputados. 

215

La Nacion/ - Información geral, Dom, 23 de Setembro de 2012 


Frena el kirchnerismo el plan de 

re-reelección 

Antes de viajar a Nueva York, Cristina bajó el tono del 

discurso oficial. Foto: Archivo / F MarelliDesensillar 

hasta que aclare. Después del cacerolazo que hace 

diez días sacudió los principales centros urbanos del 

país en protesta contra el Gobierno, el kirchnerismo 

congeló, por ahora, el proyecto de reforma 

constitucional para habilitar una segunda reelección 

de la presidenta Cristina Kirchner. El oficialismo no 

sólo retrocedió tácticamente, sino que puertas adentro 

circulan críticas y pases de facturas por la actuación 

en público del "cristinismo puro", antes y después del 

cacerolazo. 

Los mayores cuestionamientos parten de los sectores 

más peronistas del kirchnerismo y tienen como blanco 

predilecto al vicepresidente Amado Boudou y al jefe 

de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, autor de la 

polémica frase "a esta gente (por los caceroleros) le 

importa más lo que ocurre en Miami que en San 

Juan". 

"Se desubicó. Una manifestación masiva como aquélla 

(por el cacerolazo) tiene que ser respetada. Fue un 

error total de estrategia salir a contraatacar. Menos 

mal que todavía tenemos gente racional que desactivó 

lo de la contramarcha kirchnerista", bufó un legislador 

más peronista que kirchnerista. 

La cancelación de una contramarcha que se había 

evaluado para la última semana promovida por la 

juventud más militante, sumado al llamado a silencio 

de los más empinados dirigentes oficialistas sobre una 

nueva reelección, fue evidencia clara de este freno 

táctico. 

También ha sido perceptible el tono más tranquilo que 

adoptó la Presidenta en sus últimas alocuciones 

públicas y el hecho de que pasó una semana sin 

utilizar la cadena nacional después de una seguidilla. 

Éstas son las consecuencias más evidentes de un 

cambio de humor interno. En este clima, hablar de la 

reelección presidencial suena fuera de lugar, según 

admiten en el oficialismo. 

Inclusive, podría alimentar aun más la incipiente 

movilización de la oposición que encontró en la 

conjunción del proyecto reeleccionista y las protestas 

de hace diez días un estímulo para reaccionar y 

programar acciones. 

De todos modos, esta situación no quiere decir que el 

plan se haya desactivado. De hecho, un grupo de 

kirchneristas viajará el mes próximo a Venezuela a la 

espera de que un eventual triunfo del actual 

presidente Hugo Chávez le dé, por efecto espejo, un 

nuevo impulso a su plan reeleccionista. 

"El año que viene habrá más fondos y la economía 

puede repuntar. Si a Cristina le va bien en las 

elecciones legislativas, el plan reeleccionista vuelve a 

la carga, que no quepa duda", insisten. 

Ésta es la razón por la que nadie sacará los pies del 

plato oficialista por ahora: en el Congreso, por caso, la 

mayoría de los legisladores kirchneristas, cuyo 

mandato vence el año próximo, buscará la renovación 

de su banca, pero su ambición quedaría trunca sin el 

aval de la Presidenta y los fondos de la Nación. 

De todas maneras, si bien no se vislumbran quiebres 

ni divisiones, son cada vez más indisimulables los 

resquemores internos entre dirigentes del peronismo 

clásico, que ostentan el manejo territorial de sus 

terruños, y el cristinismo más rancio, cuya principal 

fortaleza es la predilección que la Presidenta siente 

por sus jóvenes líderes. 

"En una elección interna, los pasamos por arriba", se 

jacta un veterano legislador peronista. 

Este clima de incipiente malestar comienza a 

evidenciarse tímidamente en los bloques 

parlamentarios. La distancia entre el cristinismo más 

puro, los "nestoristas" y peronistas se evidencia en 

reuniones cada vez más por separado. 

El cepo cambiario y las consecuencias que provocó en 

las economías regionales, el mezquino reparto de 

fondos para obras públicas en las provincias y la 

sospecha de que el "cristinismo" intentará imponer sus 

nombres en las listas de candidatos legislativos el año 

próximo abonan el malestar. Las catarsis son siempre 

en reserva, pero existen. 

En Diputados, el jefe del bloque oficialista, Agustín 

Rossi, ve mermar su otrora mayoría invulnerable; 

difícilmente pueda contar en adelante con los 

sindicalistas Omar Plaini y Facundo Moyano, que 

responden a la CGT de Hugo Moyano. 

Mientras, otros aliados, como los dos cordobeses que 

responden a José Manuel de la Sota y el santafecino 

Juan Carlos Forconi, viran hacia el PJ disidente. 

En el Senado, en tanto, el jefe oficialista Miguel 

Pichetto padece otra vez en carne propia las 

preferencias del Gobierno hacia sus enemigos 

internos, entre ellos, el gobernador de su provincia, 

Río Negro, Alberto Weretilneck, y el senador Aníbal 

Fernández, que disputa su poder en la Cámara. 

Tanto Pichetto como Rossi se muestran distantes por 

ahora de los planes reeleccionistas del cristinismo. 

Ellos hacen sus cálculos, al igual que la oposición. 

"Es matemáticamente imposible que el oficialismo 

pueda alcanzar los dos tercios de los miembros en 

216

ambas cámaras en las próximas elecciones. Aun 

repitiendo la misma elección exitosa del año pasado, 

en el Senado arañaría, cuanto mucho, los 40 

senadores propios, muy lejos de los 48 que se 

necesitan para impulsar la reforma", comenzaron a 

hacer circular algunos diputados opositores. 

La estimación no ha cambiado mucho de la que el 

oficialismo hacía hace sólo un mes atrás, pero la 

diferencia es que cambió el contexto político. En aquel 

momento, cuando había un coro de gobernadores, 

intendentes y legisladores clamando por la 

re-reelección, la expectativa era generar un estado de 

situación que, acompañado por un buen resultado 

electoral en las elecciones legislativas del próximo 

año, contribuyera a conseguir votos por fuera del 

oficialismo. 

Esta perspectiva hoy es más sombría, ya que casi 

toda la oposición empezó a aglutinarse en contra de la 

reforma y el cacerolazo terminó de amalgamar un 

contexto adverso para los planes oficiales. 

Del editor: qué significa. Más allá de la bravata de 

Abal Medina y del silencio de Cristina, el kirchnerismo 

interpretó el nuevo contexto. Es hora de frenar, para 

volver a avanzar. 



Las propuestas de reforma en el oficialismo 

Varias alternativas fueron promovidas en el 

oficialismo 

Sistema parlamentario El jurista Eugenio Zaffaroni, 

ministro de la Corte, defiende la necesidad de una 

reforma de la Constitución para reemplazar el 

régimen presidencialista y establecer el sistema 

parlamentario, como rige en muchos países europeos 

Emancipación En junio se presentó el Movimiento 

Nacional por una Nueva Constitución Emancipadora, 

que cuestiona el modelo liberal de la ley fundamental. 

Lo impulsan, entre otros, Eduardo Barcesat y Luis 

D"Elía, que apoyó reiteradamente la re-reelección 

Carta Abierta Para el espacio de intelectuales 

kirchneristas, el país necesita otra Constitución. No 

obstante, en un reciente documento omitió referirse a 

la re-reelección 

Unidos y Organizados La premisa de esta entidad que 

integran varias organizaciones kirchneristas (La 

Cámpora, Movimiento Evita, Kolina) es que "el 

candidato presidencial en 2015 será Cristina o el que 

diga Cristina" 

. 

217



Pese a la falta de acuerdo, el rechazo une 

a la oposición 

Como un búmeran. La consigna que hace poco más 

de un mes parecía el paisaje ideal para volver a 

ocupar espacios en el escenario político dominado por 

el kirchnerismo amenaza con debilitarse y dejar en 

evidencia desacuerdos en la oposición, pese al 

rechazo unánime a una eventual re-reelección de 

Cristina Kirchner. 

Mientras la UCR, el macrismo y el peronismo disidente 

insisten en que la resistencia a una reforma de la 

Constitución que permita habilitar un tercer mandato 

de la Presidenta debería emanar de un "gran acuerdo 

nacional", el Frente Amplio Progresista (FAP) de 

Hermes Binner, y Proyecto Sur, de Fernando "Pino" 

Solanas no dudan: por más acuerdo que haya en 

torno al riesgo de que el Gobierno avance con una 

reforma constitucional, el "rejunte de todos con todos" 

no constituye una alternativa viable. 

El presidente de la UCR, Mario Barletta, se mostró 

ayer "convencidísimo" de que la Casa Rosada insistirá 

en el plan para lograr la re-reelección de Cristina 

Kirchner, aún cuando el debate haya perdido fuerza 

en los últimos días . "Si el oficialismo observa que 

están dadas las posibilidades, avanzará con la 

reforma", razonó el dirigente radical, en declaraciones 

radiales. Tras plantear que "más vale prevenir que 

curar", instó a los ciudadanos a participar de la 

campaña de recolección de firmas que promueve el 

radicalismo. 

Para el diputado Oscar Aguad (UCR-Córdoba), la 

clave del debate está, más que en una eventual 

re-reelección, para la que cree que Cristina Kirchner 

no tiene margen, en la posibilidad de que el Gobierno 

quiera hacer cambios en los derechos y garantías 

contemplados en la parte dogmática de la Carta 

Magna, como el derecho a la propiedad. 

"Si avanzaran en ese sentido no quedaría otra 

alternativa que conformar ungran frente de unidad, en 

el que el interés nacional esté por encima de 

cuestiones personales y de las ideologías parciales de 

los partidos", planteó el legislador al hablar con LA 

NACION. 

Para Aguad, ese "gran frente" podría y debería incluir 

tanto al Grupo de Acción Política por la Unidad 

(GAPU), que integran Pro y aliados como Patricia 

Bullrich (Unión por Todos) y Eduardo Amadeo 

(peronismo disidente), como al FAP y a Solanas. 

La carta de Barletta 

La UCR aún espera respuesta de algunos dirigentes a 

la carta que su presidente Barletta envió con la 

invitación a "aunar fuerzas" contra la re-reelección. 

Binner es uno de los dirigentes de la oposición que 

todavía no contestó . 

En sintonía con los radicales, el justicialista Amadeo 

destacó que el GAPU haya convocado a "todas las 

fuerzas", incluido Hugo Moyano, a integrarse a una 

mesa de diálogo. "Necesitamos converger en temas 

importantes y el de la re-reelección sin duda lo es. 

Necesitamos concentrar energías en lograr 

consensos", afirmó. 

El GAPU intentará "mantener caliente" el debate por 

los "riesgos" de que se avance con la re-reelección por 

medio de la organización de seminarios quincenales 

que reúnan en torno a la misma mesa a políticos e 

intelectuales. 

A la hora de considerar posibles acuerdos, Amadeo 

cuestionó con dureza la resistencia de Solanas a 

formar parte de cualquier iniciativa que incluya a 

Macri. "Pino se equivoca de nuevo cuando dice que no 

acepta dialogar con la derecha. Dialogar no es bajar 

banderas", disparó el ex embajador y actual diputado. 

El líder de Proyecto Sur no dudó en recoger el guante. 

"Yo dialogo siempre. Pero una cosa es dialogar y otra 

cosa es marchar políticamente con otras fuerzas y 

perder identidad. Nosotros no tenemos la misma 

visión de país que Pro y que el peronismo de 

centroderecha, y buscamos alianzas con fuerzas 

afines. Hay una tendencia a querer ver a la oposición 

amontonada y eso no sirve", se defendió Solanas ante 

la consulta de LA NACION. 

También el diputado Claudio Lozano (FAP) dejó en 

claro que no quiere tener nada que ver con iniciativas 

que emanen del macrismo, la UCR y el PJ disidente. 

"Tomar el eje de la re-reelección como exclusivo es 

peligroso, porque implica dejar de lado aspectos 

nefastos de este modelo. No validamos que el rechazo 

a la re-reelección derive en una oferta de «Todos 

contra Cristina». Tenemos que construir una 

alternativa de gobierno y no un rejunte de la 

oposición", se diferenció Lozano. 

Por lo pronto, el FAP seguirá apostando a la campaña 

de recolección de firmas que inició hace algunas 

semanas y cuyos resultados se harán públicos el 

próximo 30 de octubre.. 

218



Mitos y realidades de la economía 

preelectoral 

Si el gobierno de Cristina Kirchner pudiera pedirle un 

deseo a la economía para 2013 -un año donde se 

juega mucho más que las elecciones legislativasseguramente 

sería reproducir el "boom" de consumo y 

crecimiento de 2010/2011, pero con menos inflación, 

sin déficit energético ni fuga de capitales. 

Salvo en este último punto, donde la proliferación de 

controles hizo que el torrente de salida de divisas se 

frenara con fórceps en estos meses, aquella mítica 

ilusión no tendría puntos de contacto con la realidad. 

Esto no significa que 2013 vaya a ser, para la 

actividad económica, un año tan escuálido como 2012. 

Todo indica lo contrario, aunque los pronósticos 

privados sobre cuánto podría crecer el PBI el año 

próximo van de 2,3% a 5%, pasando por el oficial de 

4,4% incluido en el Presupuesto. Esta disparidad tuvo, 

incluso, visiones complementarias en el jugoso debate 

entre economistas que tuvo lugar durante la 

convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos 

de Finanzas (IAEF) en El Calafate: mientras Ricardo 

Delgado (Analítyca) sostuvo que había que decirle 

"adiós a la desaceleración", su colega Carlos 

Melconian (M&S Consultores) consideró lo mismo con 

respecto al crecimiento a "tasas chinas" de años 

pasados. 

Paradójicamente, los factores que hoy más empujan 

provienen del exterior; para contrariedad de CFK que 

atribuye todos los éxitos al "modelo nacional y 

popular" y los problemas a un mundo que crece 

menos, pero a velocidades no despreciables en los 

países emergentes que más le interesan a la 

Argentina. 

Como en otros años, la soja aportará el bonus track. 

Los precios internacionales récord a raíz de la sequía 

estadounidense auguran, si el clima local acompaña, 

una cosecha récord del "yuyito" y también del maíz. 

Según cálculos privados, un volumen superior a 100 

millones de toneladas significaría (según precios) 

ingresos extras del orden de 6000/9000 millones de 

dólares en divisas y de 2000/3000 millones por 

retenciones, además de un efecto multiplicador sobre 

diversas industrias y servicios. 

A esta perspectiva se agrega la aún lenta reactivación 

de la economía de Brasil (sometida por Dilma 

Rousseff a una doble terapia de estímulo a la 

demanda interna y mejoras de competitividad), que 

permite prever un repunte de las exportaciones 

industriales argentinas, fundamentalmente, de 

automotores. 

Por tratarse de un año electoral, el gobierno de CFK 

seguramente aportará su dosis de "anabólicos" 

aunque el proyecto de Presupuesto no lo sugiera. 

Siempre en los años electorales aumentó más el gasto 

público para fogonear la demanda interna (con un 

récord de 45% en 2007). La novedad es que ahora 

busca hacer lo mismo con la oferta, a través de líneas 

de crédito dirigido y préstamos a tasas subsidiadas 

con fondos de la Anses que, según Melconian, son 

"shows para la cadena nacional", pero no sacan a flote 

a la economía ni al empleo. 

Mejoras con bemoles 

Con esta base, está claro que 2013 pinta mejor que 

2012. Pero el escenario es distinto al del pasado. Aquí 

es donde surgen límites y bemoles. 

Por lo pronto, el cepo cambiario y la avalancha de 

controles para "blindar" las reservas del Banco Central 

tuvieron un alto costo en términos de confianza, 

inversión privada (se perdieron casi 4 puntos de PBI) y 

actividad económica. Para 2013 no parece perfilarse 

un gran cambio. Puede haber en ciertos sectores un 

repunte de la inversión que acompañe a la demanda 

interna, pero no de magnitud equivalente a la que se 

contrajo. En este sentido, una encuesta entre grandes 

empresas presentada en el IAEF por la firma Ernst & 

Young revela que sólo un 21% aumentará inversiones 

el año próximo, básicamente (61%) en ampliaciones y 

pequeños proyectos de rápido repago para atender la 

demanda local, 10% para sustituir importaciones y 

29% para elevar exportaciones. Más preocupante aún 

es que 27% de las firmas prevé reducir en el empleo 

en menos de 10% (y otro 9% en una proporción 

superior). 

Hay quienes suponen que el mayor ingreso de 

"soja-dólares" permitiría flexibilizar o racionalizar las 

trabas a la importación, como viene ocurriendo en los 

últimos meses. Sin embargo, pocos apuestan a una 

flexibilización masiva y mucho menos al fin del cepo 

cambiario. La razón es que si repunta la economía, 

otro tanto ocurrirá con el déficit energético y no habrá 

tanto excedente de divisas, sobre todo con el uso 

discrecional de reservas del BCRA previsto en el 

proyecto presupuestario. 

Otra incógnita es la política cambiaria. Aunque en los 

últimos meses el BCRA acentuó el ritmo de 

devaluación (al 15% anualizado) para no aumentar la 

brecha con el real brasileño, la inflación sigue 

elevando los costos internos en dólares. Para 2013, el 

proyecto de Presupuesto prevé un tipo de cambio 

promedio de 5,10 pesos. Sin embargo, hay dudas con 

respecto a qué promedio se refiere. Entre los analistas 

219

no pasó inadvertido un trabajo del Cenda (elthink 

tankde Axel Kicillof), que propone desdoblar el 

mercado oficial con un dólar bajo para exportaciones 

agrícolas e importaciones energéticas; reintegros para 

exportaciones industriales de alto valor agregado, y un 

dólar mucho más alto para turismo y giro de utilidades 

y dividendos. ¿Un ensayo teórico o un anticipo? 

La cuestión fiscal también se choca contra otra 

realidad: a mayor déficit fiscal, mayor emisión 

monetaria y más riesgos inflacionarios. El Tesoro debe 

atender gastos virtualmente indexados a una inflación 

más alta (movilidad jubilatoria, Asignación Universal 

por Hijo) y, con ingresos impositivos que crecen a 

menor ritmo, la diferencia debe ser cubierta con la 

"maquinita" del BCRA, que viene emitiendo pesos al 

38% interanual. Según como evolucione la demanda 

de dinero (forzada por el cepo cambiario) esa realidad 

entraña el riesgo de una mayor presión sobre los 

precios y el dólar paralelo. Paralelamente, la movida 

política de congelar los subsidios al transporte en el 

área metropolitana -para endosarle el costo de 

mantenerlos o aumentar tarifas a Macri y Sciolicomplicará 

a los pasajeros al restarles capacidad de 

consumo, al igual que lo que ocurre con las subas de 

impuestos en muchas provincias para atenuar sus 



penurias fiscales. 

Por el lado de la demanda, el fraccionamiento de los 

aumentos salariales pactados en las demoradas 

paritarias de este año hará que el consumo se 

comporte espasmódicamente, incluso hasta casi 

mediados de 2013. Tampoco ayuda la 

desactualización del mínimo no imponible del 

impuesto a las ganancias (casi un año y medio sin 

ajuste) y que tal vez se descongele con alguna 

sorpresa cuando se clarifique la interna de la CGT o 

vayan acercándose las elecciones. 

En la reunión del IAEF, el economista Miguel Kiguel 

explicó que la Argentina no tiene un problema de 

stocks (deuda, reservas, colapso bancario) como los 

que hacen estallar crisis económicas, sino de flujos 

(déficit fiscal, energético, inflación, deterioro cambiario, 

etc.) que pueden demorar años en ser corregidos. 

Esta visión se complementa con las expectativas. El 

gobierno de CFK generó tanta desconfianza 

empresaria con la imprevisibilidad en las reglas, que 

nadie está dispuesto a perder oportunidades, pero 

tampoco a arriesgar demasiado. Máxime con la 

economía subordinada a la política electoral y a una 

incierta reforma constitucional.. 


Misiones Online/ - Notícias, Dom, 23 de Setembro de 2012 


Realizarán jornadas acerca del "Rol del 

psicólogo" en el Servicio Penitenciario 

provincial 

Dichas jornadas sonauspiciadas porla Federaciónde 

Psicólogos de la República Argentina (Fepra), y serán 

dictadas por el licenciado Juan Pablo Diez Ledesma, 

quien es presidente de la fundación de la Merced para 

la prevención de la Violencia y la Integración Social 

(Fundamer) y directivo de la asociación de Psicólogos 

Forenses de la República Argentina (APFRA), y la 

licenciada Silvana Inés Iguarán, directora del instituto 

de Clasificación del Servicio Penitenciario 

bonaerense.Diez Ledesma eslicenciado en Psicología, 

especialista en Psicología jurídica y forense con 

orientación en abordaje carcelario (CPPBA). Ex 

integrante de la comisión para la prevención de la 

violencia en Cárceles dependiente del Ministerio de 

Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; 

ex integrante de la comisión de Cárceles del Consejo 

Superior del Colegio de Psicólogos de la Provincia de 

Buenos Aires.Además, ex integrante por OSC de la 

Comisión Asesora para la prevención de la Violencia y 

la readaptación social de la secretaría de política 

criminal y asuntos penitenciarios del ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

Ademásespsicoterapeuta de presos, liberados y 

familiares; presta asesoramiento en los centros de 

detención mencionados en materia de: negociación en 

situaciones de alta complejidad, toma de rehenes y 

resolución de conflictos en general donde ha operado 

como negociador; promueve espacios culturales, 

artísticos y educativos como metodología de abordaje 

intramuros, siendo pionero en esta modalidad dentro 

del territorio nacional. 

La licenciada Iguarán, por su partepresentaráuntrabajo 

relacionado sobre su experiencia laboral en el Servicio 

Penitenciario Bonaerense, las políticas penitenciariasy 

tratamientos actuales aplicados a los detenidos. 

Ambos profesionalesse encuentran abocados 

constantemente al trabajo, para lograr la tan anhelada 

reinserción social del interno que egresa de 

lasdiferentes unidadespenitenciarias. Cabe destacar 

que ambos disertantes tienen amplia experiencia y 

formación en la temática a tratar. 

Estas jornadas son organizadas bajo el 

marcolanuevapolítica deadministraciónpenitenciaria, 

llevadaadelante porelactual directorgeneraldel SPP 

alcaide general Miguel ángel Maidana y la 

PlanaMayorde la Institución, quienes 

facilitarontodoslos mediospara que estas jornadasse 

llevenadelanteya queconsideran la temática“devital 

importancia y la idea es promover 

laconstantecapacitaciónde nuestro personal,sobre 

todode los profesionales 

psicólogos,quienescumplenfunciones en 

lasdiferentesUnidadespenitenciarias, ya que llevan 

adelante laardua y 

complejatareadelograrquelosinternos, 

mínimamentepuedan revertirlosaspectos de su 

conductaque lo llevaron adelinquir” 

concluyó.Delasjornadasparticiparánademáslicenciados 

psicólogosdel Poder Judicial dela Unidad 

PenitenciariaFederal U 17;de la Policía de la 

Provinciade Misiones;del Colegio de 

Psicólogos;invitados especiales y público en general. 

El Colegio Profesional de Psicólogos de la Provincia 

de Misionesyla Jefa 

delInstitutodeClasificacióndelServicioPenitenciariodela 

Provinciade MisionesAlcaide Licenciada en Psicología 

Carolina Ruth Mentlik 

invitanalas“1ºJornadassobreelRoldelPsicólogoenelSer 

vicio Penitenciario”, a desarrollarse los días viernes 

28/09 de 16 a 20 hs y sábado 29/09 de 8,30 a12,30 

hs. en el Salón del Palacio del Mate sito en calle 

Rivadavia Nº 1846 de la ciudad de 

Posadas.Las Jornadas son auspiciadas por la 

Federación de Psicólogos de la República Argentina 

(FEPRA), y serán dictadas por el Lic. Juan Pablo Diez 

Ledesma, Presidente de la Fundación de la Merced 

para la Prevención de la Violencia y la Integración 

Social (FUNDAMER) y Directivo de la Asociación de 

Psicólogos Forenses de la República Argentina 

(APFRA), y la Lic. Silvana Inés Iguarán, Directora del 

Instituto de Clasificación del Servicio Penitenciario 

Bonaerense. Solicitamos confirmarasistencia al 

Colegio de Psicólogos. 

Adjuntamosfundamentación y programa. 

Sinotroparticular,yesperandocontarconsuvaliosa 

presencia, nos despedimos muy atentamente. 

221

Reuters General/ - Article, Dom, 23 de Setembro de 2012 


UAE Islamist group denies reports it has 

an armed wing 

DUBAI | Sun Sep 23, 2012 8:18am EDT DUBAI 

(Reuters) - An Islamist group in the United Arab 

Emirates denied reports that its members had set up 

an armed wing with the aim of seizing power and 

establishing an Islamic state in the Gulf Arab country. 

Local media in the UAE reported on Thursday that 

Islamists, who had been detained by the Gulf state's 

authorities in the last few months, confessed to setting 

up a secret organization with an armed wing."These 

accusations are not true and are baseless, except in 

the minds of those who fabricated them," the al-Islah 

group said in a statement sent to Reuters on 

Sunday."How is it possible that a group of civilians 

consisting of university professors, teachers, lawyers 

and businessmen turn into a military organization?"The 

UAE is holding some 60 members of al-Islah which is 

suspected of having links with Muslim Brotherhood 

organization - banned in the UAE, the privately owned 

al-Khaleej newspaper reported. Two other 

newspapers, including state-owned al-Bayan, ran 

similar reports. None gave named sources.A UAE 

official declined to comment on the reports, saying the 

matter was subject to legal proceedings.UAE's state 

prosecutor has charged the detainees with founding an 

organization that violates state security, having links to 

foreign organizations and insulting the political 

leadership, al-Khaleej reported. Their case will be 

referred to the relevant court soon, it said.Al-Islah, 

which says its mission was to advocate peaceful 

reforms, said it has no connections with the global 

Muslim Brotherhood organization, which was founded 

in Egypt in 1928. The group has risen to power in 

Egypt after the uprising that forced Hosni Mubarak to 

step down last year."The (group's) allegiance to the 

UAE government is based on its belief in the 

legitimacy of the existing ruling system," al-Islah said in 

the statement.Dubai police chief Dhahi Khalfan said in 

March that Western intelligence agencies told him the 

Muslim Brotherhood were plotting to create Gulf 

governments which would pay allegiance to the 

group.The UAE, a significant oil exporter and Middle 

East business hub, tolerates no organized political 

opposition.Concerned about possible spillover from the 

Arab Spring, it has acted fast to isolate dissidents, 

stripping seven Islamists of their citizenship last year 

on national security grounds.The UAE said then that 

the men, who were naturalized as Emiratis, were 

originally of non-Emirati origin.Islamists' demands in 

the UAE include more civil rights and greater power for 

the Federal National Council, a quasi-parliamentary 

body that advises the government - appointed by the 

UAE's Sunni Muslim rulers - but has no legislative 

power.(Editing by Louise Ireland and Sami Aboudi) 

222

The Economic Times/ - Politics/Nation, Dom, 23 de Setembro de 2012 


Government keen to push bills on food 

security, land acquisition 

NEW DELHI: After the big-bang reforms, Law Minister 

Salman Khurshid today indicated government's 

keenness to push bills on food security and land 

acquisition, insisting that even Mamata Banerjee will 

not be able to oppose them. 

He maintained that "the bills drive a deft political 

balance between populism and reforms". 

"The draft (food security) Bill is being given the final 

touches by the Cabinet. This will ensure that poor will 

have their stomachs full. Nobody will sleep hungry. 

And when the law comes into force, people will get 

good food at low prices. 70 per cent of India will come 

into the ambit. We want to see which party can oppose 

the food Bill," Khurshid said. 

The proposed Food Security Bill is estimated to cost 

the exchequer at least Rs 1.19 lakh crore in way of 

subsidy. 

"We will also table the Land Acquisition Bill. This was 

(Trinamool Congress chief) Mamata's agenda at 

Singur. Can she oppose the Bill now? We are 

confident that SP and other allies will back this Bill. So 

there's no cause of concern about numbers in 

Parliament," Khurshid said in an interview on Aaj Tak 

channel. 

The minister also said the National Rural Health 

Mission (NHRM) will very soon be extended to the 

urban class . 

Rebutting talk of running a minority government, he 

said "these Bills will have political consensus -- driving 

a deft political balance between populism and 

reforms". 

Refusing to accept that there was a scam in coal block 

allocations, he said, "When there are incidents of 

rapes in the country, do we call India a rape capital. 

There is no coal scam. There could have been 

discrepancies in allocations. This is being probed." 

Asked why UPA-II took three years "to shake off policy 

paralysis" and announce the reforms, the Union 

Minister said, "It's all about timing. The move wasn't 

sudden. We have to keep in mind when we make 

friends, anticipate when ties could snap and what 

alternatives we have," he said. 

On the opposition to FDI in retail, he said, "BJP had 

even created a cabinet note on FDI. Another had even 

mentioned it in their manifesto. Why this U-turn now?" 

he asked. 

Dispelling fears that retail giant Walmart would 

monopolize the market and shut down the local kirana 

stores, he said, "the Completion Commission will 

intervene if monopoly strikes root." 

On the coal allocation issue, he said, "Those who 

didn't get coal blocks didn't object about being denied. 

So where is the scam? There is no conflict of interest 

in making recommendations. The CBI is already 

investigating the case. And remember the CAG has 

clarified it did not say competitive bidding was the only 

option to allocate blocks." 

Khurshid tried to cap the controversy by saying, "A 

five-judge Supreme Court bench will give its verdict 

on competitive bidding. If the court says CAG was 

right, we will accept the judgment." 

223

The New York Times/ - Notícias, Dom, 23 de Setembro de 2012 


Costly Phone Calls for Inmates 

Members of Congress and civil rights groups are 

pushing the Federal Communications Commission to 

rein in telephone companies that, in many states, 

charge inmates spectacularly high rates that can force 

their families to choose between keeping in touch with 

a relative behind bars and, in some cases, putting food 

on the table. The time is long past for the F.C.C. — 

which has been weighing this issue for nearly a 

decade — to break up what amount to monopolies and 

ensure that prisoners across the country have access 

to reasonably priced interstate telephone service. The 

calls are expensive because they are placed through 

independent telephone companies that pay the state a 

“commission” — essentially a legalized kickback — 

that ranges from 15 percent to 60 percent either as a 

portion of revenue, a fixed upfront fee or a combination 

of both. According to a new report by the Prison Policy 

Initiative, a research group based in Massachusetts, 

depending on the size of the kickback, a 15-minute call 

can cost the family as little as $2.36 or as much as 

$17. Prison officials and phone companies that defend 

the system of commissions say that extra charges are 

necessary to pay for the security screening required 

when inmates make calls. But this presents no 

problem in New York State, which banned the 

kickbacks several years ago and required its prison 

telephone vendor to provide service at the lowest 

possible cost to the inmates and their families. Service 

is similarly inexpensive and easily managed in federal 

prisons, which use a computer-controlled system that 

allows inmates to place monitored calls to a limited 

group of preregistered telephone numbers. The federal 

system, though affordable, also makes a profit. 

Overcharging inmates is not just unfair but also 

counterproductive, because it discourages inmates 

from keeping in touch with a world where they will be 

expected to fit in. As Representative Henry Waxman, 

Democrat of California, and Representative Bobby 

Rush, Democrat of Illinois, noted in a recent letter to 

the F.C.C., the agency has danced around this issue 

for far too long. 

224



Jennifer Jaff, Advocate for the Ill, Dies at 

55 

Jennifer Jaff, a lawyer whose nearly four-decade 

struggle with a debilitating disease led her to become a 

leading advocate for people with chronic illnesses, 

died on Sept. 14 at her home in Farmington, Conn. 

She was 55. The cause was complications of Crohn’s 

disease, an incurable gastrointestinal disorder that she 

was found to have when she was 19, said her brother, 

Dr. Michael Jaff, a vascular medicine specialist. Ms. 

Jaff was the founder and director of Advocacy for 

Patients With Chronic Illness, an organization she 

started in her home in 2005 after she found that she 

could no longer work at her law practice. She assisted 

more than 5,000 clients in filing claims with insurance 

companies so they could receive increased coverage 

of what she called invisible disabilities — among them 

Crohn’s disease, autoimmune disorders (in which the 

immune system attacks healthy body tissue), 

congenital metabolic disorders and sickle cell anemia. 

But her mission went far beyond steering patients 

through the maze of the health insurance industry, in 

which, she argued, the providers do all they can to 

minimize coverage of chronic illness. She spoke to 

groups across the country, lobbied politicians and 

published a handbook, “Know Your Rights,” which 

offers guidance on insurance appeals, Social Security 

disability benefits, job discrimination, educational 

equity and housing discrimination. Ms. Jaff wrote an 

amicus brief in National Federation of Independent 

Business v. Sebelius, the case in which the United 

States Supreme Court upheld President Obama’s 

Affordable Care Act in June. Her brief argued in 

support of the provision prohibiting insurance 

companies from discriminating against people with 

existing conditions. “She has had an impact across the 

country,” said Victoria Veltri, who heads the 

Connecticut Office of the Healthcare Advocate, an 

independent state agency. “She was one of the people 

really involved in pushing that provision. She knew it 

was the key to ensuring that people with chronic illness 

finally would have access to health care that would 

prevent them from having to go into massive debt or 

bankruptcy.” After the Supreme Court ruling, Ms. Jaff 

told The Hartford Courant: “I live and breathe 

chronic-illness law, and in my estimation this is the 

most important civil rights advance for people with 

chronic illnesses ever. There can never be equality if 

we can’t get health insurance.” Crohn’s disease is an 

inflammatory disorder that causes severe abdominal 

pain, diarrhea, gastrointestinal bleeding and, in some 

cases, blood clots and rashes. Ms. Jaff underwent 

eight operations and, during one 12-year period, was 

prescribed steroids that caused her to gain 120 

pounds. At one point her kidneys began to shut down. 

Jennifer Chett Jaff was born in New Hyde Park, N.Y., 

on June 12, 1957, to Alvin and Susan Britt Jaff. She 

graduated from Queens College and received her law 

degree from Georgetown University. In the late 1990s, 

after a career as a trial lawyer, she served as an 

assistant state attorney general in Connecticut. After 

returning to private practice, she began representing 

chronically ill clients. When her own condition 

worsened, Ms. Jaff founded Advocacy for Patients, 

raised funds and began offering free counseling to 

clients. “I wish I had known at 19 that it is O.K. to ask 

questions,” she said in a 2009 interview with the 

Agency for Healthcare Research and Policy, a division 

of the United States Department of Health and Human 

Services. “I was afraid to question my doctors — afraid 

that they would not like me or want to care for me.” Ms. 

Jaff is survived by her brother and her father. 

225



Liking It or Not, States Prepare for Health 

Law 

PHOENIX — Like many Republican governors, Jan 

Brewer of Arizona is a stinging critic of President 

Obama’s health care law. When the Supreme Court 

upheld it in June, she called the ruling “an 

overreaching and unaffordable assault on states’ rights 

and individual liberty.” Yet the Brewer administration is 

quietly designing an insurance exchange — one of the 

most essential and controversial requirements of the 

law. Officials in a handful of other Republican-led 

states say they are also working to have a framework 

ready by Nov. 16, the deadline for states to commit to 

running an exchange or leave it to the federal 

government to run it for them. That is just 10 days after 

Election Day, which is likely to decide the future of the 

law. Given that the health care overhaul remains a 

lightning rod — just last week, Oklahoma revised a 

lawsuit against it — even the most tentative 

discussions about carrying it out in Republican states 

tend to take place behind closed doors or 

“underground,” as the leader of a health care advocacy 

group in the South put it. In Mississippi, Mike Chaney, 

the insurance commissioner, who is laying the 

groundwork for a state-based exchange there, recently 

learned the difficulties of moving forward in anything 

but the utmost secrecy. At a luncheon this summer he 

found himself facing down an opponent of the law in a 

confrontation that is now circulating on YouTube. “I 

was invited to the picnic, and I was the main course,” 

said Mr. Chaney, a Republican and an elected official. 

The law requires all states to have exchanges, which 

are essentially online marketplaces where small 

businesses and individuals can shop for private health 

plans, in place by January 2014, when a requirement 

takes effect for most Americans to have health 

insurance or pay a penalty. If states fail to submit plans 

for running their own exchanges by the deadline, the 

law calls for the federal government to set up and run 

one for them, with or without their help. People with 

incomes between 133 percent and 400 percent of the 

poverty level can get federal tax subsidies through 

exchanges to make the price of coverage more 

affordable. “If we have to have one,” said Donald 

Hughes, Ms. Brewer’s health care policy adviser, “then 

it would be better for Arizona to do it ourselves rather 

than defer to the federal government.” He said, 

however, that Ms. Brewer would not make a final 

decision on a state-run exchange until after the 

election. Only 13 states and the District of Columbia 

have formally committed to running their own 

exchanges. All of them but Rhode Island, whose 

governor, Lincoln Chafee, is an independent, are led 

by Democrats. The Republican governors in six states 

— Alaska, Florida, Louisiana, Maine, South Carolina 

and Texas — have said they will not create a state-run 

exchange, according to the Kaiser Family Foundation. 

So has New Hampshire, where Gov. John Lynch, a 

Democrat, faced opposition from the 

Republican-controlled legislature. Most of the 

remaining states, 22 of them run by Republicans, are 

exploring their options. Along with Arizona, at least 

three of them — Mississippi, Nevada and New Mexico 

— have done enough planning to meet the November 

deadline should they decide to run their own 

exchanges, according to officials. Nevada has already 

created its exchange, appointed its board and hired its 

executive director. Most Republican governors, 

including Ms. Brewer, are waiting for the outcome of 

the presidential race before making a final decision; 

Mitt Romney has pledged to repeal the law if elected. 

But states like Arizona say they want to be prepared in 

case the law survives. (Even if Mr. Romney wins, 

repealing the law will require Congressional approval, 

which will be difficult if Democrats retain control of the 

Senate.) Peter Lee, the executive director of the 

insurance exchange in California, said he had 

attended meetings with officials from red states who 

were eager to keep their presence under the radar. 

“It’s sort of like A.A.: ‘My name’s Bob, and I can’t tell 

you the state I’m from,’ ” Mr. Lee said. Republicans 

who support state-run exchanges say they are 

embracing a fundamental conservative belief: that 

states should make their own decisions rather than 

cede control to the federal government. But groups 

that oppose the law have sent emissaries around the 

country to argue that deferring to the federal 

government is a shrewder move. Michael Cannon, a 

health policy expert at the Cato Institute, a libertarian 

group, has visited more than a dozen Republican-led 

states, pressing them not to set up their own 

exchanges. Mr. Cannon, the opponent who confronted 

Mr. Chaney in Mississippi, said he tells states that 

exchanges will in fact be “an entirely federally 

controlled enterprise.” Mr. Cannon says that 

Republican governors who are moving toward 

state-run exchanges are bowing to the wishes of 

insurance companies and health care providers. “They 

happen to be the interest groups that stand to get 

billions of dollars in federal subsidies,” he said. Many 

Republicans in state legislatures, including in Arizona, 

do not need convincing: they are against state-run 

226

exchanges. That could make the challenge of creating 

them tough even if the framework is in place by 

November, because most states need legislative 

approval to establish them. Another option is a 

“partnership” exchange, one that is created by the 

federal government but that the state would have a 

role in operating. Mr. Hughes said that if Ms. Brewer 

decided to move ahead with a state-based exchange 

after the election, she would ask the Legislature to sign 

off on creating one early next year. “Opinions can 

change,” he said. But Tom Jenney, the Arizona 

director of the conservative organization Americans for 

Prosperity, said his group would pressure legislators to 

resist. Mr. Jenney recently challenged supporters of a 

state-based exchange to debate Mr. Cannon at an 

event his group sponsored in Phoenix. When no one 

accepted the invitation, Mr. Jenney played the role of a 

supporter himself, wearing devil horns. “Our mission is 

to make it as uncomfortable as possible for anyone 

who has not committed to opposing the exchange,” he 

said. Creating an exchange takes significant time and 

resources: states must build the Web sites and other 

technological infrastructure, a call center, outreach 



programs and other pieces. Mr. Hughes said Arizona 

had set standards for health plans that would compete 

on its exchange and was seeking a vendor to build 

some of the technological infrastructure and a call 

center. But the state, he said, had “included language 

in all of our contracts with vendors and consultants that 

would allow us to cancel them.” In the meantime, a 

coalition of business leaders, including many from 

insurance companies and health care providers, is 

urging Ms. Brewer to go with the state-based 

exchange. Mr. Chaney said that while he faced 

pressure to abandon plans for a state-run exchange in 

Mississippi — the Tea Party there is an especially 

vocal opponent — he would not back down. He said 

that he would, however, honor a request by Gov. Phil 

Bryant, a Republican, to wait until after the election to 

submit a blueprint. “What we’re doing here is an 

offensive move, and it’s a defensive move,” Mr. 

Chaney said. “I’m doing what I think is the best thing to 

give me some alternatives and what’s in the best 

interest of my state.” 

227



Kerik Is Leaving His Cell to Testify at a 

Bronx Trial 

Bernard B. Kerik, the disgraced former police 

commissioner of New York, will return to the city in the 

coming days, though certainly not triumphantly, and 

not yet as a free man. Mr. Kerik, who is an inmate at a 

federal prison in Maryland, is scheduled to be taken to 

the Bronx to testify for the prosecution at the perjury 

trial of two of his former friends, Frank and Peter 

DiTommaso, the Bronx district attorney’s office said. 

The case against the DiTommasos dates to a 2006 

grand jury investigation of Mr. Kerik. The DiTommaso 

brothers told the grand jury that Interstate Industrial 

Corporation, their company based in New Jersey, had 

not paid for renovations to Mr. Kerik’s apartment. Mr. 

Kerik himself contradicted that testimony a few months 

later, when he pleaded guilty to receiving $165,000 in 

free renovations from “the Interstate companies or a 

subsidiary.” The DiTommasos were soon after indicted 

on perjury charges. Opening arguments in the 

DiTommaso trial are scheduled to begin Monday. 

When Mr. Kerik will testify during the trial, which is 

expected to last a month, is not yet clear. The trial, in 

State Supreme Court in the Bronx, will reopen a 

scandalous period in the city’s history, one that 

resulted in Mr. Kerik’s spectacular demise as a 

nominee to lead the federal Department of Homeland 

Security and damaged the presidential aspirations of 

his benefactor, former Mayor Rudolph W. Giuliani. The 

relationship between the DiTommasos — Frank, 53, 

and Peter, 51 — and Mr. Kerik, 57, emerged from their 

desire to overcome the impression among regulators 

and investigators that their construction company was 

tied to organized crime, something that they have 

always denied. The DiTommasos grew up on Staten 

Island, where their father had a construction business. 

Both played football at the University of 

Massachusetts. In 1984, while still in their 20s, they 

started their own construction company and quickly 

built up a significant business. In 1996, the brothers 

bought a dirt-transfer station on Staten Island. The 

purchase brought them to the attention of investigators 

because the seller was Edward Garafola, a notorious 

organized crime figure. City investigators declined to 

give them a license to operate the station, and 

gambling authorities in New Jersey held up their 

license to work on casino construction projects in 

Atlantic City. In 1998, Frank DiTommaso hired 

Lawrence Ray, who had been the best man at Mr. 

Kerik’s wedding, to help him deal with regulators 

looking at his company’s possible mob ties. Mr. Kerik 

vouched for Mr. Ray’s integrity and suitability for the 

task, Mr. DiTommaso has said. Interstate also hired 

Mr. Kerik’s brother. And Mr. Kerik forged his own 

friendship with Frank DiTommaso, whom he invited to 

a private Christmas party at Correction Department 

headquarters. “When I would be in the city I would call 

him, see if he was in, stop by,” Frank DiTommaso once 

told investigators. “I liked Bernie. I thought he was a 

pretty interesting guy. Still do.” In July 1999, Mr. Kerik 

met with Mayor Giuliani’s cousin, Raymond V. Casey 

— who headed the city department investigating the 

DiTommasos — at a downtown Manhattan restaurant, 

where Mr. Kerik defended Interstate’s integrity. It was 

about that time that the renovation work on Mr. Kerik’s 

apartment began. The relationship with Mr. Kerik’s 

best man, Mr. Ray, served only to deepen suspicions 

that the DiTommasos were too close to organized 

crime figures. In 2000, Mr. Ray and 18 others were 

indicted in federal court in Brooklyn in what 

prosecutors described as a $40 million 

pump-and-dump stock-fraud scheme run by the mob. 

At the center of that case was Mr. Garafola, the same 

organized crime figure who had sold the transfer 

station to the DiTommasos. By then, the renovations 

on the Bronx apartment, including a marble foyer, new 

kitchen and whirlpool tub in the master suite, were 

complete. That summer, Mr. Giuliani appointed Mr. 

Kerik as the city’s police commissioner, a role that on 

Sept. 11, 2001, would thrust Mr. Kerik into the national 

spotlight and allow him to form the bond with President 

George W. Bush that led to his nomination as 

secretary of homeland security. After avoiding state jail 

time by pleading guilty to two misdemeanors in the 

Bronx in 2006, Mr. Kerik faced federal charges 

stemming in part from the renovations and his 

associations with the DiTommasos. He pleaded guilty 

in 2009 to eight federal crimes, including tax fraud and 

lying to White House officials when he was being 

vetted for the homeland security position. Mr. Kerik 

was sentenced to 27 to 33 months in prison. He is 

scheduled to be released in October 2013. The perjury 

trial against the DiTommasos had been delayed for six 

years pending the outcome of Mr. Kerik’s appeals, 

which failed. Calls and e-mails to lawyers who have 

represented the DiTommasos in the case were not 

returned. If convicted, they face up to seven years in 

prison. 

228

The New York Times/ - Politics, Dom, 23 de Setembro de 2012 


Lily Parshall, Paul Wachter 

Lily Low Parshall, a daughter of Mr. and Mrs. David B. 

Parshall of New York, was married there Saturday to 

Paul Alexander Wachter, a son of Marianne Agholm 

and Theodore J. Wachter, both of Columbia, S.C. 

Eugene L. Nardelli, a retired appellate justice of State 

Supreme Court in New York, officiated at the Colony 

Club. Next month, Mrs. Wachter, 33, is to become a 

financial planning analyst at Edeniq, a biofuels 

technology company in Visalia, Calif. Until last week, 

she was an associate on the clean energy team in the 

stock research group at Goldman Sachs in New York. 

She graduated and received a doctoral degree in 

sustainable development from Columbia University. 

Her father is a founder of Private Equity Investors in 

New York and a managing director of the firm’s private 

and venture-based investments. Her mother, Jane Low 

Parshall, is a second-grade teacher at Public School 

173 in New York, and is on Community Board 8 on the 

East Side. Mr. Wachter, 37, works in New York as a 

freelance writer on sports, culture, politics and food, 

and is a founder of againstdumb.com, a news 

aggregator. He graduated from Swarthmore. His 

mother retired as an information technology manager 

at the University of South Carolina in Columbia. His 

father retired as the principal of Rosewood Elementary 

School in Columbia. The groom is a stepson of Jan 

Collins. 

229

USA Today/ - Notícias, Dom, 23 de Setembro de 2012 


Study: 10M Latinos could be blocked 

from voting 

Up to 10 million Hispanics could be dissuaded from 

voting in the upcoming election because of changes to 

voting laws, a report from a civil rights group will say. 

The Advancement Project says in a report to be 

released tomorrow that restrictions in 23 states -- such 

as photo identification laws, requirements to prove 

citizenship and attempts to remove non-citizens from 

voter rolls in states such as Florida -- will have a 

"disproportionate effect" on Latinos and people of 

color. "The pattern is unmistakable," says Judith 

Browne Dianis, co-director of the Advancement 

Project. "State after state has moved to obstruct the 

ability of millions of Latino citizens to participate in our 

democracy."She said these voting laws impair "the 

fundamental American value of ensuring all citizens 

have an equal voice." Pennsylvania"s voter ID law, the 

subject of intense debate, is making its way through 

the courts.President Obama won 67% of the Hispanic 

vote in 2008, according to exit polls. Obama has a 

68%-26% advantage over Romney among Hispanic 

voters, according to the latest ImpreMedia/Latino 

Decisions tracking poll.Hispanic voters could make the 

margin of difference in a tight presidential race, 

especially in battlegrounds such as Colorado, Florida 

and Nevada where the Latino population has grown. 

The Advancement Project estimates there could be 25 

million Hispanic voters -- making up 12.2% of the 

nation"s total eligible voters. The report from the civil 

rights group, "Segregating American Citizenship: 

Latino Voter Disenfranchisement in 2012," will be 

released tomorrow. 

230

USA Today/ - News, Dom, 23 de Setembro de 2012 


Poll: Obama holds slim lead in Ohio 

COLUMBUS, Ohio -- Barbara L. Hixenbaugh of Liberty 

Township and Linda Rae Brown of Cleveland are just 

one year apart by age.But the difference in their views 

about which presidential candidate would be better for 

the Ohio and national economies is about as far apart 

as their two homes.Yes, it"s still the economy in 

battleground Ohio.President Obama leads Mitt 

Romney by 5 percentage points -- 51 percent to 46 

percent -- among likely voters in the first Enquirer/Ohio 

Newspaper Organization poll of the 2012 presidential 

campaign. The difference is within the poll"s margin of 

error, meaning the race in one of the nation"s key 

battleground states is still a toss-up.Brown, 65, and 

Hixenbaugh, 66, both of whom participated in the 

survey, represent the split found across Ohio.For 

Hixenbaugh, the choice is clear. She"s voting for 

Obama, the same thing she did in 2008, saying he 

would be better for the Ohio economy "without a 

doubt."Brown, 65, said Romney would be a better 

president."I believe you need to get the money right," 

said Brown, who voted for Sen. John McCain, R-Ariz., 

for president in 2008. "You can"t spend more than we 

take in. I"m for Romney because I think we need a 

different view -- someone with a strong business 

background. It"s all about business. That"s what 

makes our economy work."When survey participants 

were asked which candidate would do the best job of 

improving economic conditions in Ohio, Obama 

prevailed by 5 points."Clearly, how Ohioans view the 

two candidates in terms of their ability to improve 

Ohio"s economy over the next four years will go a long 

way in determining who wins Ohio"s 18 electoral 

votes," said Eric Rademacher, co-director of the 

Institute for Policy Research at the University of 

Cincinnati, which conducted the poll for the state"s 

largest newspapers.No Republican has won the 

presidency without Ohio"s support, and only John F. 

Kennedy has done it among Democrats. The state is 

estimated to be the most likely tipping point in this 

year"s election.Hixenbaugh, a retired data analyst from 

the Akron General Medical Center, said Obama needs 

more time to fix what he was handed four years ago 

and she didn"t think anyone from either party could 

have done better over the same period."Everybody 

thinks he could go in there and snap his fingers," she 

said. "You and I both know that"s not the way it 

works."The new poll also tested Ohioans" views on:-- 

What should happen to the federal health-care law 

now that the U.S. Supreme Court has generally 

upheld its legality.-- Obama"s support of gay 

marriage.-- Federal loans given to General Motors and 

Chrysler.The latter illustrates the complexity of 

economic issues in this year"s election.Although the 

auto rescue package won approval from 58 percent of 

Ohio voters -- and opposition from 37 percent -- 

Obama reaps no apparent political reward from an 

issue he has emphasized in Ohio visits.While 23 

percent say the loans make them more likely to vote 

for Obama, 22 percent say less likely -- and 54 percent 

say it makes no difference."The automobile industry 

issue and the campaigning around it provide an 

example of why Ohio is such a difficult state to win," 

Rademacher said. "While this issue may help the 

president in one part of Ohio, it may factor less in vote 

decisions in other regions."The auto bailout was the 

one subject that Brown and Hixenbaugh agreed 

on.The bailout was "absolutely necessary," Brown 

said, crediting Obama for being right on the issue. "I 

would never want them to go bankrupt, heavens no, 

and I think they would have gone bankrupt if we didn"t 

do something."She added, "The only thing I don"t like 

about Romney is that he"s against the auto bailout. I 

think he"d be a fantastic president. I really do."Said 

Hixenbaugh, "We would have been in dire straits if (the 

auto bailout) would not have happened because of the 

trickle-down effect" on related industries and 

businesses.But Melissa Love, 36, a Republican from 

Trumbull County and Romney supporter, is torn over 

the bailout."That"s a tough one," she said. "I was 

worried at the time that if we didn"t bail them out what 

would happen. Now, I"m a little harder on it and don"t 

think they should have done it. I don"t know why."The 

economy can mean many things, Rademacher said, 

making Ohio a complex state to understand and to 

campaign in."For some regions," he said, "(the 

economy) may mean the auto industry, for others it 

may mean gas prices, others wages and benefits, and 

for still others it relates directly to unemployment."The 

difficulty of assessing the impact of the economy on 

the presidential race also shows up when respondents 

were asked the question Ronald Reagan popularized 

in 1980: Are you better off now than you were four 

years ago?Currently, 23 percent say better off, 36 

percent worse off and 41 percent about the 

same.Hixenbaugh considers herself no worse or no 

better off than four years ago. "I"m pretty much on a 

level playing field."The numbers are a little better than 

they were in an Ohio Newspaper Organization poll in 

September 2008.In that survey, 29 percent said they 

were better off than four years earlier, 47 percent 

worse off and 34 percent about the same.In a Romney 

administration, however, "the rich will get richer and 

the poor will get poorer," Hixenbaugh said. "I really do 

believe he is for the rich."Love disagreed. "I don"t 

make a lot of money, but I don"t think other people"s 

money should be redistributed to someone else." Love 

231

said her older brother is very successful and "I don"t 

think that"s right that his taxes be redistributed to 

me."She called the national health care plan a 

redistribution of wealth. Love said she quit her job to 

take care of her fiance who served in the military. As a 

result, she lost her insurance. "But that"s my choice. I 

took that calculated risk myself. It should not be other 

people"s responsibility to pay my medical bills. But I 

shouldn"t be penalized tax wise for not having a health 



plan."Hixenbaugh, on the other hand, said Obama"s 

national health care plan is heading in the right 

direction."We should do what they do in Canada," she 

said, "Everybody, no matter how much money they 

make has equal opportunity (for health 

care)."Contributing: Darrel Rowland of the Columbus 

Dispatch 

232



Ala. race has 10 Commandments judge, 

slain judge"s son 

MONTGOMERY, Ala. â?? Alabama"s Ten 

Commandments judge is back.Roy Moore, ousted as 

the state Supreme Court chief justice in 2003 for 

refusing to obey a federal court order to remove his 

Ten Commandments monument from the State 

Judicial Building, is running for his old job.Moore, a 

Republican, is pitted against an opponent whose name 

is also draped in history: Democrat Bob Vance is the 

son of Robert Smith Vance, a federal judge 

assassinated by a mail bomb at his Mountain Brook 

home in 1989.It"s an improbable, head-scratching 

series of events that finds Vance and Moore as their 

parties" respective nominees in the Nov. 6 

election.Moore, who was trounced in two unsuccessful 

campaigns for governor in 2006 and 2010, was widely 

viewed as a huge underdog against two better-funded 

Republican opponents in this year"s primary, says 

Larry Powell, an expert in political communication at 

the University of Alabama-Birmingham."It was 

assumed that Roy Moore would not win the 

Republican nomination," he says. "He left the office in 

disgrace when he was thrown out for disobeying a 

judicial ruling. ""But it appears that the Alabama voter 

has a short memory. He had the highest name 

recognition in the field," Powell says. "He never really 

campaigned at all. He just put his name on the 

ballot."When Moore emerged with his party"s 

nomination, state Democrats found themselves in a fix, 

says Jess Brown, government and public affairs 

professor at Athens State University. "The Democrats 

had nominated a throwaway candidate," he says. "But 

now, with a candidate like Roy Moore, they saw that if 

they fielded a stronger candidate, they might have a 

shot in November."The state Democratic party 

accusedtheir own candidate, Harry Lyon, of violating 

the party"s ethical conduct for candidates. The 

Democrats then hand-picked Vance, a highly regarded 

civil circuit judge in Birmingham since 2002. Lyon, who 

says he has switched parties several times, says a 

Democratic party operative tried to bribe him to 

withdraw from the race after Moore won and that he 

has reported the situation to the FBI. Lyon, 60, says he 

will sue the state Democratic party if his $3,220.05 

qualifying fee isn"t returned."Our election may be a 

testimony for the need to use the nomination process 

for Supreme Court judges rather than the election 

process," Powell says.Alabama is one of 21 states that 

elects Supreme Court justices, according to the 

Justice at Stake Campaign, a Washington, 

D.C.-based, non-partisan, non-profit partnership 

working for fair and impartial courts.Vance, 51, was 28 

and a practicing attorney when his father, who served 

12 years on the 11th Circuit Court of Appeals, was 

killed by a pipe bomb mailed to his home. Walter Leroy 

Moody Jr. was convicted of sending Vance the pipe 

bomb. Moody also was convicted of killing Savannah, 

Ga., civil rights attorney Robert Robinson with a mail 

bomb two days after Vance"s death and of sending 

pipe bombs to the 11th Circuit"s headquarters in 

Atlanta and the NAACP"s Jacksonville, Fla., office. 

He"s on death row at Atmore Correctional 

Facility.Vance says his father"s life and death shaped 

him. "He was a wonderful role model for me," he says. 

"I saw from him the value of public service, and he had 

a tremendous impact on my decision ultimately to 

become a judge here in Alabama. And ultimately to 

make the decision to run for chief justice."Moore, 65, 

first gained prominence in 1995 as an Etowah County 

circuit judge, when he was sued by the American Civil 

Liberties Union for hanging a wooden plaque of the 

Ten Commandments in his Gadsden courtroom. He 

ran for chief justice in 2000, campaigning to "return 

God to our public life" and "restore the moral 

foundation of our law."His campaign argued that the 

decline of Christianity triggered school violence, 

homosexuality and crime. Despite being outspent by 

his heavily favored opponent, Moore won.He soon 

installed a 5,280-pound granite block inscribed with the 

Ten Commandments in the rotunda of the State 

Judicial Building. Several groups sued to have it 

removed. Moore was ordered to do so in November, 

2002, but the court fight dragged on. As Moore refused 

court orders to remove the monument, large crowds of 

protesters thronged the judicial building in support of 

his defiance.His fellow Supreme Court justices finally 

voted unanimously to overrule Moore and order the 

monument removed. He was removed from office that 

November by the Alabama Court of the Judiciary, a 

panel of judges, lawyers and others that oversees 

judges" conduct. Now, Moore says that if he wins, he 

will not try to put the Ten Commandments back in the 

judicial building. "Not because it"s wrong or unethical 

but because it would cloud the issue," he says. 

"People would see it as a monument to my will. But I 

will acknowledge the sovereignty of God"s will."He 

says he remains concerned about the nation"s "moral 

decline." "I don"t think either party is bringing that issue 

to the forefront," he says. "They don"t talk about 

morality." 

233



First lady: Voting rights is "movement of 

our era" 

WASHINGTON (AP) -- Michelle Obama says 

protecting the right to vote has become the nation"s 

most important civil rights issue.The first lady tells a 

gathering of black lawmakers and leaders that they 

owe it to those who fought and died for equal rights in 

the 1960s to make sure every voter can freely cast a 

ballot.Her comments at an annual awards banquet for 

the Congressional Black Caucus come amidst a push 

in more than a dozen states to pass laws requiring 

voters to show ID at the polls. Critics say the laws 

unfairly harm minorities, poor people and college 

students -- all groups that tend to vote 

Democratic.Comparing it to the civil rights movement, 

Obama calls voting rights "the march or our time" and 

"the sit in of our day." 

234






La SIP expresa su rechazo a las “amenazas” del Gobierno de Argentina a Clarín, 240 



Cascos azules uruguayos procesados con prisión por violencia contra haitiano, 241 



Revisor do mensalão condena Costa Neto por corrupção e lavagem de dinheiro, 242 



Revisor julga atuação de Roberto Jefferson no mensalão, 243 



Sepúlveda Pertence renuncia à presidência da Comissão de Ética Pública do governo, 244 

Bizjournais - Notícias 

CLIPPING INTERNACIONAL | European Court of Justice 

Final Victory in Italy for Dutch Brewery Bavaria in Trademark Battle, 245 



El ELN afirma que el marco para la paz en Colombia es contradictorio, 246 



Two in Columbia University Fraud Case Get 7-to-21-Year Terms, 247 



Africans Relocate to Alabama to Fill Jobs After Immigration Law, 248 

Business Insurance - Notícias 


Dukes lawsuit against Wal-Mart in California can attempt class status: Judge, 250 



Apex court asks TN govt to create additional seats in colleges, 251 

Correo Del Orinoco - Notícias 


Aurora Morales: La conciencia política del pueblo venezolano es extraordinaria, 252 



San Martín: Se acatará fallo de Corte IDH sobre caso Barrios Altos, 253 



Perú optimista con fallo en La Haya por la fuerza de los argumentos, 254 


236



PJ postula a "Innovating Justice Awards 2012", 255 



Disabili in classe tra barriere architettoniche e tagli al sostegno, 256 



Colle, notificato ricorso a pm Palermo, 258 



Patrões propõem taxas sobre tabaco e energia, 259 



Oposição alemã exige aprovação de reforço do MEE no parlamento, 260 



Passos quer "fazer passar por parvo" o povo português, 261 



Novo fundo de resgate deverá aumentar para dois biliões, 262 

Diario El Argentino - Notícias 


Elecciones en la DAIA, otro round entre Cristina y Macri, 263 



Carrascosa pide a la Corte que anule su condena a prisión perpetua, 264 



Para el oficialismo la Ley de Medios terminará "con una desnaturalización de la función de la 

información", 265 



El régimen iraní detiene a dos hijos del expresidente Rafsanyaní, 266 



López avanza medidas, “legislativas incluso”, contra el desahucio de parados, 267 



Poco original, 268 


CLIPPING INTERNACIONAL | Constitutional Law 

Basque diaspora seeks home vote, 269 



Gallardón responde al desafío de los jueces apelando a su responsabilidad, 271 


237



Violentar el Congreso conlleva penas de cárcel, avisa la Delegación, 272 



Senado retoma análisis de Código para juicios orales, 273 



Congreso del Trabajo pide evitar una "reforma monstruo", 274 



Protestas paralizan centro de Cuernavaca, 275 



Dura condena de la SIP al spot del Gobierno contra el grupo Clarín, 276 



Carrascosa pide su absolución ante la Corte Suprema, 277 



Caso Candela: piden juicio político contra el ministro Casal, 279 



Preocupación de los abogados laboralistas, 280 



Uno de cada cinco jueces es suplente, 281 



Cascos azules uruguayos son encarcelados por “violencia privada”, 282 



La commission Jospin doit changer de méthode !, 283 



Explosion de l"usine AZF : un an de prison ferme pour le directeur de Grande Paroisse, 284 



Porn stars oppose plan requiring condoms on adult-film sets, 285 

Los Tiempos - Notícias 


El ELN afirma que el marco para la paz en Colombia es contradictorio, 286 


CLIPPING INTERNACIONAL | Judicial Review 

Judge dismisses New York's anti-drilling lawsuit, 287 



238


Pakistan's top court struggles to deliver justice, 288 



Voting laws may disenfranchise 10 million Hispanic U.S. citizens: study, 290 

Süddeutsche Zeitung - Politik 


Mubarak-Gefolgsleute dürfen für Parlament kandidieren, 291 



Maharashtra home department 'rejects' Ajmal Kasab's mercy plea, 292 



R Lakshmipathy is new PTI Chairman, 293 



U.S. Hearings Again Sought for 3 Detainees, 294 



Ex-Informer to Serve 20 Years for Dealing Drugs and Guns, 295 



Louisiana: Accord Is Reached on Prison Overhaul, 296 



Top Afghan Security Official Wins Case Challenging Corruption Accusation, 297 



An Old Warrior With No Taste for Nuclear War, 298 


Supremo Tribunal Federal | Supremo Tribunal Federal 

Governo convoca aliados para salvar MP de compras governamentais, 300 


Poder Judiciário | Conselho Nacional de Justiça 

"The Economist" chama presídios da América Latina de "jornada para o inferno"", 301 

UY Press - Notícias 


Argentina: el gobierno emite spot publicitario para amenazar con la ley de medios, 303 

239

ABC Digital/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 


La SIP expresa su rechazo a las 

“amenazas” del Gobierno de Argentina a 

Clarín 

Además, condenó que se “deslegitime” a la Corte 

Suprema de Justicia de Argentina que discute un 

recurso de inconstitucionalidad sobre varios artículos 

de la Ley de Medios, cuyo fallo podría ser emitido a 

principios de diciembre.“Deploramos que el Gobierno 

use un "spot" para difundir propaganda política en la 

televisión pública con la intención de amenazar a un 

medio que no se apega a sus puntos de vista y para 

presionar a los jueces a emitir un resultado que le 

favorezca” , expresó Gustavo Mohme, presidente de la 

Comisión de Libertad de Prensa e Información de la 

SIP.El también director del diario La República de 

Perú subrayó en un comunicado que “esta nueva 

acción se enmarca en las ya conocidas presiones 

lanzadas contra medios críticos y contra la Justicia 

para que falle a favor del Gobierno en torno a la Ley 

de Medios” , parcialmente suspendida por contrariar 

principios constitucionales.“También pone en 

entredicho la independencia sobre la que debe 

sostenerse el poder judicial en una democracia” , 

advirtió.Según la SIP, el pasado sábado se emitió en 

la televisión pública argentina, durante las pausas 

publicitarias de partidos de fútbol y carreras de 

automovilismo, un anuncio de cuatro minutos de la 

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 

Audiovisual (AFSCA) que enfatizaba que el próximo 7 

de diciembre entrará en vigor el artículo 161 de la Ley 

de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009 

(Ley de Medios) .Ese artículo regula la cantidad de 

licencias permitidas por la ley para una empresa y, en 

caso de exceder el límite, obliga a los medios a 

desprenderse o vender sus permisos de operación en 

menos de un año.El Grupo Clarín presentó un recurso 

de inconstitucionalidad de ése y otro artículo, cuya 

aplicación se mantiene suspendida tras las medidas 

cautelares ratificadas por la Corte Suprema.Según la 

SIP, el citado anuncio advertía que si antes del 7 de 

diciembre el Grupo Clarín no reduce la cantidad de 

medios que posee, “ el Estado argentino se verá 

obligado a llamar a concurso público para adjudicar 

aquellas licencias que excedan el máximo autorizado 

por la ley a nuevos titulares ” .En respuesta, el Grupo 

Clarín afirmó en otro anuncio que si para esa fecha 

-establecida por la Corte para dictar sentencia- no se 

produce un fallo, podrían prolongarse las medidas 

cautelares o se dispondría de un año, el plazo 

contemplado en la ley, para resolver la 

disposición.Mohme, agregó que “ en vez de irrespetar 

una medida cautelar, el Gobierno debería aprovechar 

los espacios públicos para fomentar el espíritu de la 

ley sobre democracia y libertad de prensa más plural y 

diversa ” .“ Paradójicamente en los últimos años en 

Argentina -dijo en referencia a informes y misiones de 

la SIP al país- hemos visto cómo el Gobierno ha 

utilizado mecanismos para favorecer y castigar a 

medios a través de publicidad oficial y licencias de 

operatividad, entre otros métodos de censura indirecta 

” . 

240

ABC Digital/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 


Cascos azules uruguayos procesados con 

prisión por violencia contra haitiano 

El juez Alejandro Guido dictó este lunes el 

procesamiento con prisión de D.G.R. (28 años) , 

O.M.D.O. (22), R.T. (29) y M.R. (24) , imputándoles el 

delito de violencia privada, indicó en un comunicado 

Raúl Oxandarabat, vocero del Poder Judicial.Según 

el Código penal uruguayo, ese delito se aplica a quien 

use “violencia o amenazas para obligar a alguno a 

hacer, tolerar o dejar de hacer alguna cosa” y es 

castigado con entre tres meses y tres años de 

penitenciaría.Cinco marinos uruguayos que integraban 

la Misión de Estabilización de la ONU en Haití 

(Minustah) habían sido denunciados de violación por 

el haitiano Jhony Jean, quien viajó en mayo a 

Montevideo para declarar ante la justicia uruguaya.En 

su testimonio el joven reconoció a sus presuntos 

agresores, ratificó su denuncia y fue objeto de una 

pericia psicológica.Pero el fiscal Enrique Rodríguez 

descartó que haya habido un delito sexual y pidió que 

se enjuicie a cuatro de los cinco acusados por 

violencia privada.En su resolución del lunes, el juez 

Guido consideró que no había elementos de 

convicción suficientes para entender que hubo una 

violación, al tiempo que descartó el “animo jocandi” 

(intención de hacer una broma) que había alegado la 

defensa de los soldados uruguayos, explicó 

Oxandarabat.De acuerdo con el sistema penal 

uruguayo, el procesamiento implica que hay 

semiplena prueba para iniciar el juicio penal.El 

incidente ocurrió en julio de 2011 en la base militar de 

Port Salut, en el sur de Haití. 

241

BBC Brasil/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 


Revisor do mensalão condena Costa Neto 

por corrupção e lavagem de dinheiro 

O revisor do processo do mensalão no Supremo 

Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo 

Lewandowski, condenou nesta segunda-feira o 

ex-deputado federal e ex-presidente do PL Valdemar 

Costa Neto por corrupção passiva e lavagem de 

dinheiro.Segundo Lewandowski, as provas 

apresentadas pelo Ministério Público demonstram que 

o réu recebeu recursos em razão de sua condição de 

parlamentar, caracterizando o crime de corrupção 

passiva, de acordo com a Agência Brasil."Jacinto 

Lamas, várias vezes, recebeu dinheiro e concluiu 

dizendo que sempre levava os valores para a 

residência do senhor Valdermar Costa Neto", disse o 

revisor, referindo-se ao depoimento do tesoureiro do 

PL (atual PR) à época.Sobre ao crime de lavagem de 

dinheiro - cuja definição o revisor discorda do relator 

da ação, Joaquim Barbosa, por entender que um 

mesmo ato delituoso não pode condenar um réu por 

corrupção passiva e lavagem de dinheiro - 

Lewandowski ressaltou a razão de condenar o 

ex-deputado:"Houve dois conjuntos de fatos (a 

corrução passiva e a lavagem de dinheiro). Um 

primeiro em que ele recebeu vantagem indevida em 

valor elevado por interposta pessoa e houve um 

segundo recebimento, pela empresa Guaranhuns, que 

caracterizou a lavagem de dinheiro."Foi adiado para a 

próxima sessão o voto de Lewandowski sobre a 

participação de Roberto Jefferson, ex-deputado que é 

acusado de corrupção e lavagem de 

dinheiro.Jefferson foi o delator do esquema de compra 

de votos no Congresso que ficou conhecido como 

mensalão. Entre as acusações analisadas estão as de 

crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, 

formação de quadrilha e lavagem de dinheiro 

envolvendo partidos da base aliada em 2003 e 2004, 

durante o governo do presidente Lula.O julgamento 

será retomado na quarta-feira, 26/9, com o julgamento 

de Jefferson, além do relativo aos integrantes do 

PMDB e do PTB. Em seguida, está previsto o início do 

julgamento pelo relator do processo, ministro Joaquim 

Barbosa, do ex-presidente do PT José Genoino, o 

ex-tesoureiro Delúbio Soares e o ex-ministro da Casa 

Civil José Dirceu, apontado como chefe do esquema. 

242



Revisor julga atuação de Roberto 

Jefferson no mensalão 

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta 

segunda-feira o julgamento do mensalão, com a 

continuação do voto do ministro-revisor, Ricardo 

Lewandowski. Durante a leitura do seu voto, um dos 

momentos mais esperados é o julgamento do delator 

do esquema, Roberto Jefferson, ex-deputado que que 

é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro.Além 

de Jefferson, o revisor julga a participação de réus do 

PP e os integrantes do PL (atual PR), PMDB e 

PTB.No começo da leitura de seu voto, na semana 

passada, Lewandowski mostrou, mais uma vez, 

divergir do ministro-relator, Joaquim Barbosa, sobre 

a condenação de 12 réus, de acordo com a Agência 

Brasil.Um dos pontos de divergência entre 

Lewandowski e Barbosa é sobre o crime de lavagem 

de dinheiro, questão central por envolver os 13 réus 

cujas condutas são analisadas agora pelo STFNa 

quarta-feira, Barbosa havia dito que o ex-deputado 

federal Roberto Jefferson (PTB) cometeu crime de 

corrupção passiva. Jefferson foi o delator do esquema 

de compra de votos no Congresso que ficou 






243



Sepúlveda Pertence renuncia à 

presidência da Comissão de Ética Pública 

do governo 

O presidente da Comissão de Ética Pública da 

Presidência da República, Sepúlveda Pertence, 

afirmou nesta segunda-feira que deixará o posto, mais 

de um ano antes do término do seu mandato.Segundo 

Pertence, o motivo de sua renúncia, que será 

encaminhada hoje à presidente Dilma Rousseff, 

deveu-se à "mudança radical" na composição da 

comissão.Dilma não reconduziu ao cargo de 

conselheiros da comissão dois nomes que haviam 

sido indicados por Pertence, desagradando o 

ex-ministro do STF, para quem o ato foi um "fato 

inédito na história da comissão, dos dois nomes que 

eu tive a honra de indicar".A ordem da presidente 

ocorreu depois que os dois conselheiros pediram a 

exoneração do então ministro do Trabalho Carlos Lupi 

através de um relatório, que não foi bem recebido pelo 

Planalto.Sepúlveda Pertence afirmou que irá se 

dedicar à advocacia. 

244

Bizjournais/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 

CLIPPING INTERNACIONAL (European Court of Justice) 

Final Victory in Italy for Dutch Brewery 

Bavaria in Trademark Battle 

LIESHOUT, The Netherlands, September 24, 2012 

/PRNewswire/ -- 

The Italian Court of Cassation has put a final end to 

the trademark conflict between the Dutch brewery 

Bavaria and the Bayerischer Brauerbund (BBB). After 

more than 6 years of litigation, in 2011 the Italian Court 

of Appeal already ruled that all Bavaria trademarks 

have priority over and do not conflict with the protected 

geographical indication Bayerisches Bier. Today, the 

Court of Cassation totally rejected the BBB appeal, 

which means Bavaria has finally won this battle. This 

victory in Italy is the next positive decision, after 

Bavaria"s recent victories in Australia and Spain and 

the positive decisions of the European Court of 

Justice in Luxembourg. 

Legal background 

With this landmark decision, the Court of Cassation 

rejected entirely the BBB appeal, that was set after the 

decision of the Court of Appeal of Torino that the 

Bavaria figurative trademarks registered in Italy 

between 1971 and 1995 have all been validly 

registered and their use in Italy by Bavaria for its Dutch 

beer is legitimate and may continue notwithstanding 

the registration in 2001 of the geographical indication 

("PGI") Bayerisches Bier. The findings of the prior 

judgment issued on the merits in favour of both validity 

of the Bavaria figurative trademarks and of their 

legitimate use by Bavaria are therefore now final and 

indisputable. This implies that Bavaria can continue to 

sell in Italy its Bavaria Holland beer with no 

impediment from registration of the PGI Bayerisches 

Bier. 

Important victory 

Peer Swinkels, boardmember of Bavaria, commented: 

"After the decision of the Court of Appeal, we are very 

happy that the Italian Court of Cassation finally ruled 

that Bavaria"s figurative trademarks in Italy have all 

been validly registered and can be used freely. This 

conclusion is a great support to further building our 

brandname and to enhancing the perception of quality 

of our Bavaria-brand. We can now concentrate on 

continuing our business in Italy, where we have a very 

strong position in the imported beer market." 

Bavaria worldwide 

In its 300-year-old history, Bavaria has developed from 

a small brewery in the south of Holland into an 

international player. Nowadays, Bavaria is Europe"s 

biggest independent brewery. Sixty percent of the six 

million hectolitres of beer is exported 

As an independent family owned company Bavaria has 

gained leading positions in niche markets, for example 

with Malt Drinks in the Middle-East. Except for the beer 

Bavaria is internationally known for their surprising 

commercials starring famous actors such as Mickey 

Rourke, Hugh Hefner and Charlie Sheen. Besides that 

Bavaria is famous for the Formula-1 event Bavaria 

Moscow City Racing, but also for remarkable 

WK-gadgets, such as the orange DutchDress during 

the Worldcup in 2010. In 2010 Bavaria won the award 

for Best Marketing Effort in Holland, which was 

presented at the prestigious NIMA Awards. 

Bavaria worked together with the very well-known 

Italian IP boutique Â Studio 

LegaleJacobacci&Associati in this case, represented 

by Attorneys Massimo Sterpi and Luca Ghedina. 

SOURCEBavaria N.V. 

245

Blogs El Mercurio/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 


El ELN afirma que el marco para la paz 

en Colombia es contradictorio 

Bogotá, (EFE).- El Ejército de Liberación Nacional 

(ELN), la segunda guerrilla colombiana después de las 

FARC, consideró hoy de que el Marco Jurídico para la 

Paz, la base legal aprobada por el Congreso para 

negociar con los insurgentes, “es contradictorio”, al 

reiterar su voluntad de sumarse a las negociaciones 

con el Gobierno. 

Así se expresó esta guerrilla en una carta de 

respuesta al movimiento Colombianas y Colombianos 

por la Paz (CCP), liderado por la exsenadora Piedad 

Córdoba y que había pedido al ELN unirse al diálogo 

entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC). 

“Es necesario llenar de propuestas el proceso de paz, 

sumando su energía al torrente de esperanza y 

dignidad que para las clases populares significa, pues 

son ellas las que merecen las mejores condiciones 

para que la paz no sea la de los cementerios, el 

hambre y la sumisión”, asegura el ELN en su misiva 

colgada en su web. 

Pero advirtió de que el Marco Jurídico para la Paz, 

aprobado en junio pasado a propuesta del Gobierno 

del presidente Juan Manuel Santos, “es 

evidentemente contradictorio”. 

Este marco jurídico, según el ELN, “no consultó la 

opinión de la insurgencia, parte natural en el 

desenvolvimiento de cualquier intento de paz, ni tuvo 

una verdadera discusión pública”. 

“Además desconoce principios básicos de derecho y 

de trato político que deben ser tenidos en cuenta para 

restablecer las mínimas condiciones hacia una 

solución racional, participativa, no represiva, ni 

denigrante”, agrega la carta. 

“Compartimos que hay quienes proponen un marco 

que es parar la guerra y desgraciadamente la reforma 

constitucional que el presidente Santos ha mostrado, 

como avance para un proceso de paz, no se 

desmarca de ese enfoque”, según la guerrilla. 

A su juicio, esta base jurídica “abre la puerta a la 

impunidad de crímenes cometidos contra el pueblo por 

políticos, militares, policías y paramilitares; y no 

reconoce plenamente la realidad del delito político y 

del derecho internacional”. 

El ELN considera “un escollo grave mantener una 

legislación represiva que no sólo va acompasada con 

operaciones militares y paramilitares contra la 

población y las zonas de presencia guerrillera, sino 

que se aplica contra quienes se movilizan a favor de 

propuestas sociales y políticas”. 

Y concluye: “hay que humanizar el conflicto mientras 

perdure, mucho más cuando el Gobierno se niega a 

cesar el fuego y las hostilidades”. 

Colombianas y Colombianos por la Paz pidieron al 

ELN que se sumara al proceso de paz en agosto 

pasado, inmediatamente después de que Santos 

anunciara que se había llegado a un acuerdo para 

negociar con las FARC. 

Sin un alto el fuego previo, el Gobierno de Colombia y 

las FARC abrirán el diálogo formal el 8 de octubre en 

Oslo para después trasladar la mesa a La Habana. 

246

Bloomberg/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 


Two in Columbia University Fraud Case 

Get 7-to-21-Year Terms 

Two of four men convicted last month of stealing more 

than $5 million from New York’s Columbia University 

were sentenced to as much as 21 years in prison. 

Justice Robert Stolz of New York State Supreme 

Court in Manhattan today sentenced George Castro, 

50, of the Bronx, New York, to seven to 21 years for 

grand larceny, possession of stolen property and 

money laundering. Jeremy Dieudonne, 47, of 

Lawrence, Massachusetts, got the same term for 

grand larceny and possession of stolen property, and 

five to 15 years for a second stolen-property charge. 

All sentences will run concurrently. Those two, along 

with Walter Stephens Jr., 66, of Jersey City, New 

Jersey, and Joseph Pineras, 36, of the Bronx, were 

convicted Aug. 7 after a two-week trial. The four men 

were accused of stealing $5.7 million from the Ivy 

League school in October and November 2010 by 

redirecting payments from Columbia that were 

intended for New York Presbyterian Hospital. Pineras, 

an accounts payable clerk at Columbia, was the only 

defendant who worked for the university. The 

sentencing of Stephens was postponed until later this 

week and Pineras until November. The case is People 

v. Castro, 11-02922, New York State Supreme Court, 

New York County (Manhattan). To contact the reporter 

on this story: Chris Dolmetsch in New York 

atcdolmetsch@bloomberg.net. To contact the editor 


atmhytha@bloomberg.net. 

247



Africans Relocate to Alabama to Fill Jobs 

After Immigration Law 

Esene Manga, an Eritrean refugee living in Atlanta, 

hadn’t heard of Albertville, Alabama until a recruiter 

offered him a job there. Now Manga, 22, earns $10.85 

an hour cutting chicken breasts on a poultry-plant night 

shift, an unexpected beneficiary of a year-old law 

designed to drive out illegal Hispanic immigrants. This 

isn’t what the law’s backers said would happen. 

Republican state Senator Scott Beason, a sponsor, 

said at a news conference last year that the 

restrictions on undocumented workers would “put 

thousands of native Alabamians back in the work 

force.” Instead, it caused a labor shortage that resulted 

in the importation of hundreds of legal African and 

Haitian refugees, and Puerto Ricans, according to 

interviews with workers, advocacy organizations and 

businesses. Most were recruited by the poultry 

industry, in a segment of the economy that has been a 

heavy employer of undocumented workers, according 

to the Pew Hispanic Center, a Washington research 

group. Alabama is one of five states that last year 

passed immigration laws modeled on a 2010 Arizona 

measure largely invalidated by the U.S. Supreme 

Court in June. Last month, an appellate court in 

Atlanta said many of the Alabama law’s requirements 

also aren’t constitutional. Other provisions, including 

one allowing police to arrest suspected illegal 

immigrants, remain in place. Destination: Albertville In 

Albertville, a city of about 21,000 in the northeast 

corner of the state, Manga, his friend Abrahaley Araya 

and about 18 other African refugees started at Wayne 

Farms LLC’s plant in the days after the law took effect 

a year ago, according to the two men and Albert 

Mbanfu of Lutheran Services of Georgia, which helps 

refugees find jobs. Johnell Rodriguez, 26, said he was 

among 17 Puerto Ricans who arrived at another 

Alabama Wayne Farms plant a week after the law took 

effect. Haitian Saul Jules said he was recruited in 

Miami to work in Albertville by JBS SA (JBSS3)’s 

Pilgrim’s Pride Corp. a few months ago. Plants sought 

refugees because too few local residents were 

interested or qualified, said Frank Singleton, a 

spokesman for Wayne Farms, based in Oakwood, 

Georgia. Many legal Hispanic employees left after the 

immigration law took effect, he said. The company, 

which operates six plants in the state, spent $5 million 

to replace and train new workers, he said. Turnover in 

North Alabama was 50 percent last year, and is now 

as high as 90 percent in some plants because 

replacements didn’t stay, he said. The company is 

“having to use alternative methods and sourcing,” 

including recruiting refugees, Singleton said. Africa to 

Alabama Wayne Farms found Eritreans, displaced by 

war and conflict, and other Africans through East 

Coast Labor Solutions LLC, a Fairlea, West 

Virginia-based labor broker. East Coast has about 200 

workers in Alabama, owner Ray Wiley said in an 

interview. “Our jobs are often in states where 

immigration laws have hit the hardest, and mostly in 

the poultry industry,” he said. East Coast began calling 

Atlanta refugee agencies several months ago looking 

for legal immigrants to come to Alabama for a year, 

said Mbanfu, refugee employment director for 

Lutheran Services in Atlanta. He said the company 

would have taken as many refugees as he could refer. 

The agency connected East Coast with refugees who 

had been in the country three to five years, he said. 

Fresh Peppers Chris Gaddis, head of human 

resources for Greeley, Colorado-based Pilgrim’s Pride, 

which has four plants in Alabama, said the law didn’t 

affect its workforce. Worth Sparkman, a spokesman for 

Tyson Foods Inc. (TSN), which has two plants in 

Alabama, also said there was no effect. Alabama 

doesn’t track the number of refugees who come to fill 

jobs. The state had an estimated 120,000 illegal 

Hispanic immigrants in 2010, of whom 95,000 were in 

the labor force, according to the Pew Hispanic Center. 

They were 2.5 percent of the population and 4.2 

percent of the workforce. Changing demographics are 

reflected on store shelves. Albertville’s main Hispanic 

grocery, Tienda El Sol, added coconut milk, new 

varieties of hot peppers and other items to appeal to 

newcomers, manager Marjorie Centeno said. The 

Alabama law’s intent was to attack “every aspect of an 

illegal alien’s life,” and “make it difficult for them to live 

here so they will deport themselves,” Republican 

House sponsor Micky Hammon said during legislative 

debate, according to a Birmingham News report. 

Unwelcome Mat The measure let police arrest people 

after traffic stops if they couldn’t prove legal status. It 

made it a crime to rent property to illegal immigrants, 

forbade registering their cars or giving them dog or 

business licenses, and required schools to check 

students’ citizenship. Beason, the senator, said that 

while he welcomes legal immigrants, he isn’t pleased 

by the arrival of the refugees. “We would prefer they 

hire native Alabamians,” he said. The reason refugees 

are being hired is probably because “they’re cheaper,” 

he said. Beason credits the law with a decrease in 

Alabama’s unemployment rate. It dropped to 8.5 

percent in October 2011 from 8.8 the month before 

248

and continued to decline. Unemployment was 8.5 

percent in August, the most recent month for which 

data is available. The drop “absolutely, directly 

coincides with when our law went into effect,” he said 

this month. “It put thousands of Alabamians into jobs.” 

‘Ghost Town’ U.S. Bureau of Labor Statistics data 

show that the rate fell because the labor force shrank. 

Fewer people had jobs in Alabama in August than did 

before the law. In Albertville, poultry plants had long 

drawn Hispanic workers. In 2010, the Hispanic 

population in surrounding Marshall County was about 

three times the state average, according to the Pew 

Center. The Pew Center has no estimate on how many 

Hispanics left Alabama. Anecdotal evidence suggests 

Albertville lost many. “Here, it’s like a ghost town for 

Hispanics,” said Rafael Leon, owner of Accessories La 

Alianza, near Albertville. Leon sat waiting for 

customers to walk in and buy prepaid mobile phones 

and sparkly butterfly hair clips, skin creams and key 

chains. Rows of glass cases were empty. He said the 

store was busy before the law. “Now zero,” he said. 

“Nobody’s coming in.” He said he’ll move if business 

doesn’t pick up by December. Leon said one son is 

about to go to college, another is in high school and he 

himself has a baby. “We’re all kind of depressed,” he 

said. Cold Comfort Centeno, the grocery manager, 

said she has seen the decline, too. She said poultry 

companies could have used the money spent to find 



the refugees to help Hispanics get legal status. She 

said she has heard from recruits who complain that the 

plants are too cold and the jobs too difficult. Jules was 

one of four Haitians sitting in the Albertville lobby of 

Alatrade Foods LLC, a chicken-processing company 

that offers orientation in Creole, hoping for work. Jules 

said he lost his original job with Pilgrim’s Pride (PPC) 

after a month. “I’m not a lucky person,” he said. 

Rodriguez, the Puerto Rican, said he was recruited in 

a San Juan unemployment office by East Coast. He 

and 31 others flew to Atlanta the next month for poultry 

jobs, then split into buses to Alabama and North 

Carolina, Rodriguez said in Spanish through an 

interpreter. Manga and Araya, a 32-year-old who now 

works for Tyson, found themselves living in a dark 

apartment in an aging complex rented along with its 

furniture from the labor broker. It’s sparsely furnished, 

with mismatched chairs and a yellow sofa. When 

asked what they do in their spare time, both laughed. 

“Sometimes,” Araya said, “we walk to the library.” He 

and Manga said working in chicken plants is hard, and 

pays good money. “We are here to work,” Manga said. 

“We go to our jobs and come back.” To contact the 

reporter on this story: Margaret Newkirk in Atlanta 

atmnewkirk@bloomberg.net To contact the editor 

responsible for this story: Stephen Merelman 

atsmerelman@bloomberg.net 

249

Business Insurance/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 


Dukes lawsuit against Wal-Mart in 

California can attempt class status: Judge 

A federal judge has refused to dismiss the 

California-based litigation in the Betty Dukes v. 

Wal-Mart Stores Inc. gender discrimination case, 

ruling that plaintiffs should be given the opportunity to 

submit a motion for class certification. 

In June 2011, the U.S. Supreme Court ruled against a 

proposed class of some 1.5 million members 

nationwide in the case, holding that the “respondents 

have not identified a common mode of exercising 

discretion that pervades the company.” Plaintiffs 

subsequently refiled the case in California and 

Texas.Wal-Mart had moved to dismiss the case in 

California, “arguing chiefly that the newly proposed 

class suffers — albeit on a smaller scale — from the 

same kinds of problems that the Supreme Court said 

barred nationwide class certification,” said U.S. District 

Court Judge Charles R. Breyer in his ruling Friday in 

San Francisco.Judge Breyer said, however, that 

plaintiffs in the case should be permitted to introduce a 

motion for class certification. “With rare exceptions, the 

appropriate vehicle for testing the sufficiency of class 

allegations is a motion for class certification. This case 

is not one of the exceptions,” he said.“Because 

plaintiffs have proposed a class that could be certified 

if a showing consistent with the Supreme Court"s 

decision were made, this order reserves for later 

determination whether plaintiffs" evidence suffices,” 

said Judge Breyer.Judge Breyer said he “is not 

prepared to deny (plaintiffs) an opportunity to marshal 

and present evidence in support of their class 

allegations.”However, Judge Breyer also said in his 

ruling that “Wal-Mart argues with some force that the 

persisting heterogeneity of the proposed class makes 

unlikely a showing of commonality under any theory.” 

While plaintiffs “have focused their challenge on the 

allegedly biased decisions made by a group of 

regional, district and store managers, they must still 

prove that every decision-maker in that group — 

perhaps 400 or so under the corporate structure 

alleged … operated under a common policy or mode 

of decision-making.”He set Feb. 15, 2013, for a 

hearing on the plaintiff"s motion for class certification. 

Theodore J. Boutrous Jr., a partner with Gibson Dunn 

& Crutcher L.L.P. in Los Angeles, who represents 

Wal-Mart, said in a statement, “The court simply ruled 

that it will follow the usual procedure and allow 

plaintiffs to file a motion for class certification rather 

than addressing the issue at the motion to dismiss 

stage. “The ruling does not address whether the claims 

meet the demanding class certification standards 

established by the Supreme Court in this case, but it 

sets a high bar for plaintiffs to meet, and we believe 

they cannot possibly do so. “The purported statewide 

class the plaintiffs now allege is no more appropriate 

than the nationwide class the Supreme Court has 

already rejected. As we have said all along, these 

claims are unsuitable for class treatment because the 

situations of each individual are so different, and 

because the claims of these five plaintiffs are not 

representative of the hundreds of thousands of women 

who work at Wal-Mart. Wal-Mart has had a strong 

policy in place against discrimination well before the 

lawsuit was filed and continues to be a great place for 

women to work and advance.”However, Brad 

Seligman, of counsel to law firm Lewis, Feinberg, Lee, 

Renaker & Jackson P.C. in Oakland, Calif., who is 

plaintiff lead counsel on behalf of the Berkley, 

Calif.-based Impact Fund, said in a statement, “We 

have maintained all along that the Supreme Court"s 

decision did not preclude us from seeking justice for 

the women of Wal-Mart through class actions 

consistent with its new guidelines and standards, nor 

did the court rule on the merits of the case. This 

decision vindicates our argument.” 

250

Business Line/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 


Apex court asks TN govt to create 

additional seats in colleges 

The Supreme Court today asked the Tamil Nadu 

government to create additional seats in various 

educational institutions to ensure that meritorious 

students of general category do not suffer due to 69 

per cent quota for those of scheduled castes and tribes 

and the backward classes. 

A bench of justices K S Radhakrishnan and Dipak 

Mishra asked the government to take steps to increase 

seats in educational institutions as students with 99 

per cent marks are not getting admission in medical 

and engineering colleges. 

It had earlier on September 10 sought a response from 

the state government on a petition challenging the law 

providing 69 per cent reservation in government jobs 

and educational institutions. 

The court passed the order on a petition filed by some 

students contending that reservation exceeding 50 per 

cent in educational institutions and government jobs 

was in contravention to the mandate of the apex court 

judgement. 

The legislation in challenge was the Tamil Nadu 

Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled 

Tribes (Reservation of seats in educational institutions 

and of appointment or posts in the services under the 

state) Act, 1993, which provided 69 per cent 

reservations. 

251

Correo Del Orinoco/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 


Aurora Morales: La conciencia política 

del pueblo venezolano es extraordinaria 

La coordinadora del Comando Carabobo en el estado 

Miranda hizo referencia al programa neoliberal de la 

MUD que, tal como expresó, tiene que ver con la 

postura del candidato de derecha “La conciencia 

política del pueblo venezolano es extraordinaria; 

incluso en situaciones adversas hemos demostrado 

nuestra vocación democrática”, destacó este lunes la 

coordinadora del Comando Carabobo en el estado 

Miranda, Aurora Morales. 

“En situaciones que han sido adversas en una 

determinada coyuntura, como por ejemplo el rechazo 

a la reforma constitucional planteada en 2007, el 

Presidente (de la República, Hugo Chávez) fue el 

primero en reconocerlo, o en una situación difícil como 

fue el referendo revocatorio (2004), el Presidente dijo: 

vamos”, recordó Morales, durante una entrevista en el 

programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana 

de Televisión. 

Allí hizo referencia al programa neoliberal de la Mesa 

de Unidad Democrática (MUD) que, tal como expresó, 

tiene que ver con la postura del candidato de derecha, 

quien se opone a la transferencia del poder al pueblo. 

“Ellos se oponen a que enseñemos a gobernar al 

pueblo, a ser corresponsables con el Estado y la 

nación”, criticó Morales. 

Asimismo, destacó la transparencia del proceso 

electoral venezolano, avalado por distintas 

personalidades, entre ellas el expresidente 

estadounidense Jimmy Carter, quien ha monitoreado 

más de 90 comicios en diversos países. 

En días pasados, durante el conversatorio anual del 

Centro Carter, el exmandatario de la nación 

norteamericana resaltó que el proceso electoral en 

Venezuela es el mejor del mundo y elogió a 

Venezuela por contar con un sistema automatizado de 

votación que, además, arroja una boleta en físico y 

facilita la verificación de los resultados. 

252

Correo Peru/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 


San Martín: Se acatará fallo de Corte IDH 

sobre caso Barrios Altos 

La justicia peruana acatará la resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 

que recomienda anular el fallo sobre el caso Barrios 

Altos, anunció el presidente del Poder Judicial, César 

San Martín. 

En RPP dijo que corresponde como país civilizado 

cumplir, guste o no. "Lo que nos corresponde como 

país civilizado es llanamente cumplir, guste o no 

guste. Pese a quien le pese hay que obedecer la 

orden", señaló San Martín, al indicar que aunque no 

esté de acuerdo debe garantizar que se cumpla. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

IDH) ordenó al Estado peruano anular el fallo de la 

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que 

preside Javier Villa Stein, que redujo las penas de los 

integrantes del grupo Colina, al que se le atribuyó la 

matanza de Barrios Altos y retiró el delito de lesa 

humanidad del caso. 

253



Perú optimista con fallo en La Haya por 

la fuerza de los argumentos 

Ante la "fuerza de nuestros argumentos", el canciller 

Rafael Roncagliolo expresó hoy su optimismo frente al 

fallo de la Corte Internacional de Justicia de La 

Haya sobre el diferendo marítimo con Chile. 

Recordó que el Perú acudió al tribunal supranacional 

para resolver de manera pacífica una controversia, y 

desplegará todos sus esfuerzos para que el proceso 

se desarrolle con absoluta normalidad. 

"Estamos muy optimistas ante la fuerza de nuestros 

argumentos, (...) queremos que el proceso transcurra 

y haremos todo para que culmine y para evitar 

cualquier tipo de problema que pueda descarrilar al 

proceso", manifestó. 

En ese sentido, expresó su complacencia por las 

palabras de su homólogo chileno, Alfredo Moreno, 

quien afirmó que la relación entre Perú y Chile es 

mucho más que el juicio en La Haya. 

Roncagliolo dijo, además, que no es indispensable 

suscribir la Convención del Mar en el marco del 

proceso ante La Haya, aunque consideró que dicho 

tratado internacional debió firmarse hace años, por la 

imagen del país. 

Andina 

254



PJ postula a "Innovating Justice Awards 

2012" 

El Poder Judicial del Perú a través del Programa 

Nacional "Justicia en tu Comunidad" fue postulado al 

Premio Internacional "Innovating Justice Awars 2012", 

en la categoría Innovación Exitosa, cuya elección se 

realiza a través de Internet y el ganador será aquel 

que obtenga el mayor número de votos. 

En ese sentido, las Cortes Superiores de Justicia de 

todo el Perú solicitan a la ciudadanía y al público en 

general a emitir su voto haciendo click aquí. 

Una vez que ingrese a esta dirección electrónica 

deberá dar click en la etiqueta lateral derecha donde 

dice "Vote", indicó una nota de prensa de la Corte 

Superior de Justicia de Lima. 

En la Ficha de Registro que aparecerá enseguida, 

deberá registrarse con su nombre, apellido, género, 

correo electrónico y password, y dar click en la palabra 

Register. 

De inmediato recibirá un mensaje de correo 

electrónico con un "link" y al abrirla quedará registrado 

automáticamente su voto. El cierre del concurso vence 

el próximo lunes 1 de octubre de 2012. 

A través de este concurso internacional se desea 

destacar el trabajo voluntario de los jueces peruanos 

que donan su tiempo a lugares de la comunidad 

compartiendo sus conocimientos jurídicos y 

experiencia. 

La Corte de Lima resaltó que con este Programa se 

evitan los conflictos y se proporcionan alternativas 

desolución a las controversias. 

255

Corriere Della Será/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 


Disabili in classe tra barriere 

architettoniche e tagli al sostegno 

Disagi per i quasi 200mila studenti con disabilità. un 

bagno su tre non è accessibile. Ministero Istruzione: 

«Nessun taglio» 

MILANO - Siamo l’unico Paese europeo che ha di fatto 

superato il modello delle scuole speciali: gli alunni che 

le frequentano sono soltanto lo 0,01%. Lo evidenzia un 

recente rapporto, «Education and disability», redatto 

per la Commissione europea dal Nesse, Network 

indipendente di esperti in scienze sociali ed 

educazione, che ha analizzato il percorso scolastico 

dei ragazzi con disabilità nei 27 Stati dell’Unione. Pur 

essendo primi in Europa per l’integrazione scolastica, 

sta però attraversando una fase di sofferenza il diritto 

allo studio dei quasi 200mila alunni con disabilità che 

frequentano le scuole italiane. 

ANCORA BARRIERE - A cominciare dalle barriere 

architettoniche che ancora ostacolano l’accesso in 

classe, come denuncia il decimo rapporto su 

«Sicurezza, qualità e comfort degli edifici scolastici», 

realizzato da Cittadinanzattiva nell’ambito della 

campagna nazionale "Imparare sicuri". Secondo 

l’indagine, che ha coinvolto un campione di 111 scuole 

e quasi 1.400 alunni con disabilità, in una su tre il 

bagno non è accessibile, mentre in un edificio su due 

non esiste l’ascensore e, quando c’è, nel 14% dei casi 

non funziona. Barriere architettoniche poi anche in 

aula, a mensa, nei laboratori, in palestra. 

…E TAGLI AL SOSTEGNO - Altra nota dolente 

all’avvio di questo nuovo anno scolastico: la riduzione 

delle ore di sostegno. «Abbiamo ricevuto diverse 

segnalazioni dai genitori sulla contrazione di ore di 

sostegno o di assistenza per la comunicazione rispetto 

a quelle assegnate l’anno scorso - sottolinea Salvatore 

Nocera, vicepresidente nazionale della Fish, la 

Federazione italiana per il superamento dell’handicap 

-. I tagli anche agli enti locali stanno determinando 

problemi quotidiani alle famiglie». E poi: insegnanti di 

sostegno non ancora di ruolo che cambiano ogni anno, 

o che non arrivano in classe sin dal primo giorno di 

scuola. 

CIRCOLARE DEL MINISTERO - Il Ministero 

dell’Istruzione assicura che «ad oggi sono confermate 

tutte le dotazioni organiche dello scorso anno. La 

legge n. 111 del 15 luglio 2001 (art. 19, comma 7) 

prevede il non superamento della dotazione dell’anno 

scolastico 2011/2012. Inoltre, essendo terminato il 

triennio di riduzioni (previsto dall’art. 64), nessun taglio 

è stato operato nell’anno scolastico 2012/2013». Già a 

luglio era stata emanata una circolare ministeriale che 

ribadisce le norme sul diritto alle deroghe per il 

sostegno, richiama alla «scrupolosa osservanza delle 

vigenti disposizioni sia per quanto riguarda le modalità 

e le procedure di individuazione degli alunni con 

disabilità, sia ai fini dell'assegnazione delle ore di 

sostegno», raccomanda la «massima attenzione nella 

costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso 

di limitare, in presenza di grave disabilità o di due 

alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 

alunni». 

DIFFIDA E RICORSI - Ma se è così, perché genitori e 

associazioni denunciano i tagli? «Molti uffici scolastici 

ed enti locali sono in difficoltà – risponde Nocera –. Ma 

non ci sono bilanci che tengano in presenza di un 

diritto costituzionale garantito, come quello allo studio. 

Lo ha ribadito anche la Corte Costituzionale nella 

sentenza n. 80 del 2010». Che fare allora? 

«Consigliamo ai genitori di diffidare per iscritto la 

struttura scolastica a dare le ore che spettano 

(facsimile sul sito dell’Associazione italiana persone 

Down alla scheda n. 310 ndr) – suggerisce il 

vicepresidente della Fish –. Qualora non abbia effetto 

la diffida, si può fare ricorso al Tar». Del resto, per far 

vivere i propri figli in un ambiente normale e non 

protetto, nella «scuola di tutti», sempre più spesso 

negli ultimi mesi i genitori hanno fatto ricorso ai 

tribunali regionali amministrativi, chiedendo e 

ottenendo il ripristino delle ore di sostegno tagliate. E 

una recente sentenza del Tar del Lazio ha annullato la 

bocciatura di uno studente che non aveva avuto ore di 

sostegno a sufficienza. Secondo i giudici, infatti, 

l’alunno non aveva raggiunto gli obiettivi minimi indicati 

nel piano educativo individualizzato (Pei) perché gli 

era stato assegnato un docente di sostegno soltanto 

per 4 ore a settimana. Battaglie, dunque, a colpi di 

raccomandate e carta bollata, ma non solo. 

PROTOCOLLO MINISTERO SALUTE-MIUR - Per 

migliorare la qualità dell’integrazione scolastica a fine 

luglio i Ministeri della Salute e dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca hanno firmato un 

protocollo d’intesa di durata triennale. «Lo ha 

sollecitato anche l’Osservatorio sull’integrazione 

scolastica - operativo da quest’anno - per assicurare 

una maggiore attenzione sui singoli casi di alunni con 

disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) 

256

proprio in questo periodo di tagli alla spesa, e quindi di 

riduzione della garanzia del diritto allo studio» 

sottolinea Nocera. 

MENO BUROCRAZIA - «L’accordo intende rafforzare 

il coordinamento tra i Ministeri ma anche a livello 

territoriale, tra Asl e Servizi regionali scolastici – spiega 

Raffaele Ciambrone, dirigente dell’Ufficio per 

l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità 

presso la «Direzione per lo Studente» del Ministero 

dell’Istruzione –. Spesso, infatti, ci sono problematiche 

che vedono coinvolti più “attori”, come per esempio 

nell’iter diagnostico per l’integrazione scolastica: in 

questo caso si sta cercando di semplificare le 



procedure». Altro obiettivo è il potenziamento del ruolo 

dei Cts, i Centri territoriali di supporto, 96 distribuiti 

nelle varie Regioni, dove già operano insegnanti 

specializzati per l’inclusione scolastica. «In alcune 

Regioni – riferisce il dirigente del Ministero – stanno 

sperimentando sportelli che svolgono un servizio di 

consulenza per le scuole e le famiglie, ma anche di 

formazione degli insegnanti su nuove tecnologie e 

ausili in grado di favorire l’integrazione degli alunni con 

disabilità. Devono occuparsene, infatti, tutti i docenti, 

non solo quelli di sostegno». 

Maria Giovanna Faiella 

257



Colle, notificato ricorso a pm Palermo 

La procura di Palermo avrà 20 giorni di tempo 

per nominare i suoi avvocati e costituirsi in giudizio 

Giorgio NapolitanoGiorgio Napolitano 

PALERMO - La segreteria generale del presidente 

della Repubblica, Giorgio Napolitano, tramite 

l'avvocatura dello Stato, ha notificato alla procura di 

Palermo il ricorso alla Corte Costituzionale per 

conflitto d'attribuzione tra poteri dello Stato dopo le 

intercettazioni nell'inchiesta sulla trattativa tra Stato e 

mafia. 

RICORSO - Il Quirinale aveva presentato ricorso dopo 

le intercettazioni indirette di conversazioni telefoniche 

del Capo dello Stato con l'ex ministro dell'Interno, 

Nicola Mancino, effettuate nell'ambito dell'inchiesta dei 

pm di Palermo. Mercoledì scorso la Consulta aveva 

dichiarato ammissibile il ricorso dando un mese di 

tempo per la notifica, avvenuta invece dopo appena 

cinque giorni. 

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - La Procura di 

Palermo, dopo la ricezione del ricorso per conflitto di 

attribuzione, avrà 20 giorni di tempo per nominare i 

suoi avvocati e costituirsi in giudizio. I tempi sono 

contenuti nell'ordinanza della Corte costituzionale che 

è stata consegnata al procuratore di Palermo, 

Francesco Messineo. «Stiamo lavorando per costituirci 

e stiamo raccogliendo tutto il materiale per la memoria 

che presenteremo», ha detto il procuratore. Adesso i 

pm di Palermo dovranno scegliere gli avvocati che li 

rappresenteranno davanti alla Corte. La Consulta non 

era intervenuta sui tempi per la costituzione in giudizio 

del procuratore di Palermo: l'ordinanza non dice nulla 

in merito. Valgono quindi i termini previsti dall'art. 24 

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, 

che dà 20 giorni dalla notifica del ricorso per costituirsi 

in giudizio.Vista anche la rapidità della notifica alla 

Procura del ricorso (il Quirinale aveva 30 giorni) si 

accorciano anche i tempi dell'inizio del giudizio davanti 

la Consulta. 


258

Diário de Notícias Lisboa/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 


Patrões propõem taxas sobre tabaco e 

energia 

Passos Coelho reúne-se esta segunda-feira com os 

parceiros sociais. Patrões estão preocupados com 

efeito do eventual corte de um salário sobre o 

consumo. UGT admite greve geral, adianta o Jornal de 

Negócios. 

Pedro Passos Coelho pode ter pacificado os 

conselheiros de Estado mas terá esta segunda-feira 

que fazer novas cedências para recuperar o apoio de 

patrões e sindicatos. O recuo na versão original das 

alterações à Taxa Social Única, conjugado com a 

necessidade de reduzir o défice, coloca em cima da 

mesa um forte aumento de impostos via IRS, escreve 

hoje o Jornal de Negócios. 

Preocupadas com o efeito sobre o consumo, as 

confederações patronais sugerem que o Governo 

explore outras receitas. 

João Proença, da UGT, afirma que se os cortes 

chumbados pelo Tribunal Constitucional não forem 

bem distribuídos, através de "de todos os 

rendimentos", avança para greve geral. 

259



Oposição alemã exige aprovação de 

reforço do MEE no parlamento 

A oposição parlamentar alemã criticou hoje os planos 

para aumentar o volume do futuro Mecanismo 

Europeu de Estabilidade (MEE) de 500 mil para dois 

biliões de euros, revelados pelo semanário Der 

Spiegel. 

Sociais-democratas, ambientalistas e neocomunistas 

recordaram que o parlamento terá de aprovar 

qualquer alteração do novo mecanismo permanente 

de resgate, como sentenciou, a 12 de setembro, o 

Tribunal Constitucional Alemão. 

"Se o volume da soma para resgate permanecer 

constante, mas a soma a emprestar for aumentada 

através de alavancagem, o parlamento tem de se 

pronunciar", disse o deputado social-democrata 

Carsten Schneider ao jornal Passauer Neue Presse. 

Gerhard Schick, porta-voz do grupo parlamentar de 

Os Verdes para assuntos financeiros, afirmou também 

que uma alavancagem do MEE terá de ser submetida 

à votação no Bundestag. 

"Mesmo que a soma das contribuições para o MEE 

não aumente, aumenta o risco", advertiu Schick. 

A vice-presidente do Die Linke, Sara Wagenknecht, 

lembrou, por seu turno, que "não haverá mais dinheiro 

para o MEE sem riscos para os contribuintes". 

Por isso, se o Governo de Angela Merkel quiser 

quadruplicar o volume do novo fundo de resgate terá 

de responder de novo perante o Tribunal 

Constitucional, acrescentou a deputada 

neocomunista. 

O Governo alemão garantiu, entretanto, que o 

parlamento será chamado a decidir, em caso de 

alavancagem do MEE. 

"Se na Europa se decidir alavancar o MEE, e essa 

discussão está em curso, naturalmente que o 

Bundestag terá de ser ouvido", disse em Berlim o 

secretário de Estado das Finanças alemão, Steffen 

Kampeter. 

Segundo avançou o Der Spiegel, o modelo para a 

alavancagem do MEE para dois biliões de euros é o 

atual Fundo Europeu de Estabilidade Financeira 

(FEEF), que tem dois instrumentos que permitem que 

os Estados cubram apenas emissões de risco 

(obrigações de países mais vulneráveis, por exemplo) 

e que os privados possam participar em emissões 

mais seguras. 

Os planos de alavancagem do FEEF acabaram, no 

entanto, por se gorar, por falta de interessados. 

Devido à resistência de países como a Finlândia, o 

MEE ainda não foi alterado para contemplar a 

alavancagem para dois biliões de euros, mas a 

questão vai ser debatida esta semana na comissão do 

orçamento do parlamento alemão, adiantou ainda o 

Der Spiegel. 

O Ministério das Finanças germânico garantiu, no 

entanto, que mesmo com a alavancagem a 

contribuição de Berlim para o MEE não ultrapassará 

os 190 mil milhões de euros previstos, cerca de 27 por 

cento do total, como impôs o Tribunal 

Constitucional. 

260



Passos quer "fazer passar por parvo" o 

povo português 

O PCP acusou hoje o primeiro-ministro de querer fazer 

o povo português "passar por parvo" e de ter 

anunciado "a intenção de roubar o mesmo e aos 

mesmos" no final da reunião da concertação social. 

"Aquilo que o Governo veio fazer, a propósito da 

realização da reunião da concertação social, foi 

apresentar a intenção de roubar o mesmo e aos 

mesmos. Ou seja, aquilo que diz que não quer roubar 

com a mão esquerda, prepara-se para retirar aos 

trabalhadores e ao povo português, e com toda a 

força, com a mão direita", disse Vasco Cardoso, da 

Comissão Política do PCP, numa conferência de 

imprensa na sede do partido, em Lisboa. 

O dirigente comunista considerou que o Governo 

"mantém a intenção, de a propósito do cumprimento 

das metas do défice, roubar o valor equivalente a dois 

salários aos trabalhadores da administração pública e 

aos reformados e de um salários aos trabalhadores do 

setor privado, deixando mais uma vez, e de forma 

escandalosa, intocáveis os rendimentos do grande 

capital". 

Para Vasco Cardoso, Passos Coelho quis hoje passar 

"a ideia de que vai devolver um subsídio aos 

trabalhadores da administração pública", considerando 

tratar-se de "um cinismo e de uma hipocrisia que o 

povo português não pode nem vai aceitar". 

"Por muito que tentem, o povo português não aceitará 

passar por parvo como pretendeu o primeiro-ministro 

fazer hoje", sublinhou. 

"O PCP, ao mesmo tempo que alerta para estas 

manobras do Governo, reafirma a necessidade de o 

povo português levantar ainda mais alto a sua voz" 

contra o memorando da ajuda externa, disse Vasco 

Cardoso, apelando à participação na manifestação 

convocada pela CGTP para o próximo sábado, em 

Lisboa. 

"É preciso acabar com esta política e com este 

Governo, antes que esta política e este Governo 

acabem com o país", acrescentou, sublinhando que o 

Governo recuou nas alterações que pretendia 

introduzir na Taxa Social Única "com uma contribuição 

indispensável da luta dos trabalhadores e do povo 

português". 

Repetindo várias vezes que o Governo pretende 

"relançar uma grande manobra", que é "inadmissível", 

Vasco Cardoso disse ainda que, a nível institucional, o 

PCP também pretende usar "todos os instrumentos" 

de "questionamento e de confronto deste Governo" e 

que impeçam "a concretização destas medidas". 

Questionado sobre se isso inclui o envio para o 

Tribunal Constitucional do próximo orçamento, 

respondeu: "Naturalmente, não rejeitaremos também 

essa possibilidade". 

O Governo está a preparar uma proposta de aumento 

de impostos, incluindo o IRS, para compensar a 

devolução parcial dos subsídios de Natal e de férias 

retirados ao setor público e pensionistas, anunciou 

hoje o primeiro-ministro. 

261



Novo fundo de resgate deverá aumentar 

para dois biliões 

Aumento do capital do novo Mecanismo Europeu de 

Estabilidade (MEE) de 500 mil milhões para dois 

biliões de euros que permitirá resgatar grandes 

economias europeias, como a Itália ou Espanha, se 

necessário. 

Os países da zona euro planeiam aumentar o capital 

do novo Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) 

de 500 mil milhões para dois biliões de euros, através 

da participação de privados, noticia hoje o semanário 

alemão Der Spiegel. 

A mesma publicação adianta ainda que o ministro das 

das finanças alemão, Wolfgang Schäuble, é a favor 

destes planos, que permitirão resgatar grandes 

economias europeias, como a Itália ou a Espanha, se 

for necessário. 

O modelo para a alavancagem do MEE para dois 

biliões de euros é o atual Fundo Europeu de 

Estabilidade Financeira (FEEF), que tem dois 

instrumentos que permitem que os Estados cubram 

apenas emissões de risco (obrigações de países mais 

vulneráveis, por exemplo) e que os privados possam 

participar em emissões mais seguras. 

Os planos de alavancagem do FEEF acabaram, poré, 

por não avançar, por falta de interessados. 

Uma porta-voz do ministério das finanças alemão 

disse ao Der Spiegel que o objetivo é dotar o MEE de 

um instrumentário idêntico ao do FEEF, após a 

entrada em vigor do mecanismo permanente, 

agendada para oito de outubro, na reunião do 

eurogrupo. 

"Há conversações neste momento em Bruxelas", disse 

a mesma fonte, adiantando ainda que o ministro 

Wolfgang Schäuble é favorável aos planos. 

Devido à resistência de países como a Finlândia, o 

MEE ainda não foi alterado para contemplar a 

alavancagem para dois biliões de euros, mas a 

questão vai ser debatida esta semana na comissão do 

orçamento do parlamento alemão, adianta ainda o Der 

Spiegel. 

O ministério das finanças germânico garantiu, no 

entanto, que mesmo com a alavancagem, a 

contribuição de Berlim para o MEE não ultrapassará 

os 190 mil milhões de euros previstos, como impôs, 

aliás, o Tribunal Constitucional. 

262

Diario El Argentino/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 


Elecciones en la DAIA, otro round entre 

Cristina y Macri 

Las elecciones en la Delegación de Asociaciones 

Israelitas Argentinas (DAIA) del próximo 5 de 

noviembre se constituirán en una nueva pulseada 

entre el macrismo y el gobierno nacional. 

Sucede que todo indica que se enfrentarán el 

subsecretario de Derechos Humanos de la Ciudad de 

Buenos Aires, Claudio Avruj, con el ex vicepresidente 

de AMIA y DAIA, Julio Schlosser, quien tendrá el 

respaldo del gobierno nacional. La particularidad de 

las elecciones en la DAIA, a diferencia de la AMIA, es 

que los electores son las instituciones de la 

comunidad, unas 150, que además tienen pesos 

electorales distintos, por lo cual es muy importante los 

apoyos que consigan cada uno de los candidatos. La 

candidatura de Schlosser ya está confirmada y su lista 

también la componen Waldo Wolff, presidente de la 

Federación Argentina de Centros Comunitarios 

Macabeos (FACCMA) y Jorge Knoblovits (del club 

Náutico Hacoaj) como secretario general. Avruj, ex 

director ejecutivo de la DAIA y apadrinado por el 

influyente secretario de Gobierno porteño, Marcos 

Peña, también trabaja para fortalecer su candidatura. 

Según pudo saber Noticias Argentinas, tentó a un 

economistareconocido internacionalmente para que 

sea su candidato a vicepresidente y espera su 

respuesta. Algunos dirigentes que respaldan su 

postulación son el ex presidente de la DAIA, Jorge 

Kirszembaum, el director Ejecutivo de B nai B rth, 

Jorge Burkman y Mario Feferbaum, presidente de la 

Fundacion Memoria del Holocausto. Además negocia 

con otro referente del macrismo y con influencia 

dentro la colectividad como el rabino Sergio Bergman, 

quien representa a los sectores religiosos más 

modernos pero además entabló en los últimos años 

acuerdos políticos con el sector ortodoxo que lidera el 

rabino Samuel Levin. El Gobierno nacional está 

distanciado de las actuales conducciones de la DAIA y 

AMIA en manos de Donzis y Guillermo Borger y 

espera recuperar terreno de la mano de Schlosser y 

de Luis Grinwald, cuando en abril del año próximo se 

celebren las elecciones en la mutual israelí. El 

panorama en la AMIA no está tan claro, pero Grinwald 

-auspiciado por el kirchnerismo- enfrentaría a otro de 

los miembros de la influyente familia Werthein, Damián 

Werthein. 

Aquel distanciamiento entre la dirigencia comunitaria y 

la Casa Rosada se vio en algunas cuestiones 

puntuales en las últimas semanas, como la decisión 

de la Presidenta de no incluir a sus representantes en 

la comitiva que viajó a Nueva York para la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. En cambio 

acompañaron a la mandataria representantes de la 

Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del 

atentado a la AMIA, Sergio Burstein y Daniel 

Komarovsky, quienes no ocultan su alineamiento con 

el kirchnerismo ni objetarán la decisión que tome 

Cristina Kirchner en torno al pedido de diálogo político 

reiterado por el gobierno iraní en la causa AMIA. 

Pero también hubo otros factores que desataron 

recelos: la decisión de la AMIA de concederle el rol de 

orador central a Mauricio Macri en la cena anual de la 

institución y la interna que se desató en la DAIA 

cuando el presidente Donzis decidió recibir a la 

conducción de la UCR para que le presentara su plan 

contra una reforma constitucional para la re-reelección 

de Cristina Kirchner. 

263

Diario La Prensa/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 


Carrascosa pide a la Corte que anule su 

condena a prisión perpetua 

Carlos Carrascosa, viudo de María Marta García 

Belsunce y sentenciado a prisión por el homicidio de la 

mujer ocurrido en 2002, reclamó a la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación que anule su condena. 

Incluso, la defensa de Carrascosa le pidió a los 

ministros de la Corte que analicen las pruebas contra 

el viudo y dispongan su inmediata absolución, por 

entender que el máximo tribunal de la provincia de 

Buenos Aires tuvo un "exceso de rigor" que incurrió en 

la "arbitrariedad". 

En ese sentido, el recurso de Carrascosa repasa los 

movimientos protagonizados por el viudo el día del 

crimen, apoya la hipótesis del homicidio en ocasión de 

robo y fustigó al ex fiscal de la causa, Diego Molina 

Pico. 

Según el recurso ante la Corte, el fiscal se "irritó" con 

la familia de la víctima cuando motorizaron la idea de 

que la muerte de la socióloga había sido un accidente 

doméstico en la bañera, cuando un mes y medio 

después se supo que la mujer había recibido cinco 

tiros en la cabeza. 

No es la primera vez que Carrascosa llega con un 

recurso ante la Corte Suprema -antes había solicitado 

el cese de su prisión-, pero sí es la primera ocasión 

que le pide a los integrantes del alto tribunal que 

revisen las pruebas que lo llevaron a la cárcel en 

2009. 

La jugada de Carrascosa, ahora defendido 

penalmente por el abogado Fernando Díaz Cantón, 

busca revertir el fallo dispuesto hace unas semanas 

por la Suprema Corte de Justicia bonaerense que, 

por una cuestión formal, consideró que la presentación 

del viudo no era admisible. 

María Marta García Belsunce fue asesinada con cinco 

tiros en la cabeza el 27 de octubre de 2002 en el 

country Carmel de Pilar, pero nadie se enteró de ese 

crimen porque familiares y amigos actuaron como si 

hubiera sido un accidente. Luego, una autopsia dejó al 

descubierto el crimen y el fiscal Diego Molina Pico 

encabezó una acusación contra el entorno de María 

Marta, al que acusó de haber querido tapar el 

homicidio. 

En 2007 el Tribunal Oral en lo Criminal 6 de San Isidro 

entendió que Carrascosa había sido el promotor de 

esa confusión inicial que llevó a tender una supuesta 

red de encubrimiento en torno al homicidio. 

Así, lo condenó a cinco años y medio de prisión y lo 

envió a cárcel, pero el viudo alcanzó a salir gracias a 

un hábeas corpus tras 38 días de encierro. 

Sin embargo, en 2009, el Tribunal de Casación 

bonaerense revocó esa sentencia, reinterpretó la 

prueba y le aplicó la condena a perpetua por el 

homicidio agravado de su mujer, en el marco de la 

doble acusación que había sostenido la Fiscalía. 

Hace unos días, la Suprema Corte bonaerense 

resolvió rechazar los recursos extraordinarios de 

nulidad interpuestos por Carrascosa y de forma tácita 

terminó confirmando la orden de Casación. 

Preso en la unidad 41 de Marcos Paz del Servicio 

Penitenciario Bonaerense el viudo aspira ahora a que 

el máximo tribunal de Justicia ponga la lupa en torno 

a todas las pruebas no explicadas de la causa (el ADN 

hallado en la escena del crimen, los horarios, las 

voces de un llamado clave, los movimientos de los 

vigiladores) para revertir la condena. 

264

Diario La Prensa/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 


Para el oficialismo la Ley de Medios 

terminará "con una desnaturalización de 

la función de la información" 

El diputado kirchnerista Jorge Landau sostuvo hoy que 

la nueva ley de Medios apunta a volver "las cosas a su 

lugar", al advertir que hay "una desnaturalización de la 

función de la información" que transforma a los medios 

"en fuerzas de oposición" e impide a los partidos 

políticos asumir el rol que les corresponde. 

En tanto, el presidente del bloque del Frente Para la 

Victoria en Diputados, Agustín Rossi se refirió a la 

norma y recordó que el 7 de diciembre "todos los 

grupos de medios tienen que adecuarse a lo que dice 

a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual". 

Landau justificó el contenido de la ley al indicar que 

"uno de los grandes problemas que tiene el sistema de 

representación de la Argentina es la ausencia de un 

sistema de partidos políticos, de políticos de 

oposición", lo que atribuyó a los medios opositores 

que "arman las agendas". 

Según el diputado y apoderado del Partido 

Justicialista, esto va metiendo a los partidos políticos 

en una suerte de "dinámica" en que le "resulta mucho 

más sencillo enancarse en ese esquema que construir 

una fuerza política" que dé alternativa a la gente para 

canalizar sus demandas. 

"Entonces el sistema republicano no respira, no 

funciona", destacó. 

En diálogo con radio El Mundo, Landau fue consultado 

acerca de lo que puede pasar el 7 de diciembre 

cuando venza la medida cautelar que suspendió el 

artículo de desinversión que contiene la nueva ley de 

Medios. 

El diputado no dudó que el fallo de la Corte "le pone 

fin" ese día a la vigencia del recurso, el cual es "una 

medida provisoria", recordó. 

Dijo que el fallo de la Corte es "muy interesante 

porque marca exactamente la medida que pueden 

tener las actuaciones judiciales en la medida que 

desbaratan las decisiones de otro poder, en este caso 

del Poder Legislativo". 

Landau explicó que "si cada vez que se dicta una ley 

se recurre judicialmente para evitar que se aplique (la 

norma) se desnaturaliza la esencia del sistema 

republicano porque un poder avanza sobre el poder de 

otro. En este caso el Poder Judicial sobre el Poder 

Legislativo". 

Respecto de lo que ocurrirá el 7 de diciembre con las 

licencias que exceden el número que puede tener 

cada propietario, el diputado indicó que la autoridad de 

aplicación, que es la Autoridad Federal del Sistema de 

Comunicación Audiovisual (AFSCA), "tiene que 

proceder a actuar". 

Landau dijo desconocer la metodología que aplicará la 

AFSCA para instrumentar la ley, pero -ratificó- no tiene 

"ningún tipo de dudas que se tiene que aplicar" la 

norma. 

Sobre el "costo político" que tendrá que pagar el 

oficialismo, el legislador reiteró que "creo que aquí lo 

que tenemos es que volver las cosas a su lugar y creo 

que hay una fuerte desnaturalización en lo que hace a 

la función informativa, creo que hay un tratamiento 

político en lo que tiene que ver con la información". 

Landau aseguró que el Gobierno quiere "un 

periodismo independiente" y agregó que el tratamiento 

de la información debe dejar "de ser político porque lo 

que genera es una distorsión permanente. Se está 

perdiendo la esencia de lo que el periodismo debe ser, 

lo que ha sido siempre". 

Preguntado si ese diagnóstico lo aplica también para 

los medios afines al oficialismo, Landau insistió en que 

"la realidad es dialéctica, una acción siempre produce 

una reacción" y finalmente "todo es distorsionado 

porque es la consecuencia de quien tiene una 

presencia monopólica en el mercado". 

En tanto, Agustín Rossi remarcó que "la ley no sólo 

tiene que tener una correlación nacional, sino que 

también en cada una de las jurisdicciones se tiene que 

cumplir con el espíritu antimonopólico" de la 

normativa. 

El diputado nacional también aseguró que los grupos 

de medios de comunicación "han tenido el tiempo más 

que necesario" para cumplir con la ley, sancionada por 

el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo en 

octubre de 2009. 

Además destacó que previo a la sanción de la 

normativa hubo "proceso de audiencias públicas 

donde el nivel de consenso fue amplísimo, ya que 

participaron desde distintas organizaciones como la 

Iglesia hasta personalidades como Adolfo Pérez 

Esquivel". 

265

El País/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 


El régimen iraní detiene a dos hijos del 

expresidente Rafsanyaní 

Las autoridades judiciales iraníes han detenido en 

menos de 48 horas a dos de los hijos del ex 

presidente Alí Akbar Hachemí, conocido en Occidente 

por su patronímico, Rafsanyaní. Ambos están 

acusados de haber agitado las protestas que siguieron 

a las elecciones de 2009. Mehdi Hachemí ha sido 

enviado a la cárcel Evín esta mañana después de que 

se presentara a declarar de forma voluntaria tras 

regresar anoche de Londres, donde ha vivido desde 

entonces. Su hermana Faezeh fue recluida en la 

misma prisión el sábado por la noche para cumplir la 

pena de seis meses a que fue condenada a principio 

de año.Sobre Mehdi, de 43 años, pesaba una orden 

de detención desde noviembre de 2010 a raíz de que 

ignorara una citación judicial para responder a las 

acusaciones de malversación y blanqueo de capitales. 

El caso se arrastraba desde la controvertida 

reelección de Mahmud Ahmadineyad como 

presidente. Los Rafsanyaní, cuyo patriarca sufrió una 

sonora humillación en los comicios de 2005 frente al 

entonces desconocido alcalde de Teherán, apoyaron a 

su rival. Durante la campaña, Ahmadineyad denunció 

sus maniobras para impedir su triunfo, e incluso se 

atrevió a tachar de corrupto al infliuyente político, uno 

de los colaboradores del ayatolá Jomeiní en la 

fundación de la República Islámica.La presencia de 

Faezeh en las protestas del verano de 2009 reforzó la 

convicción de Ahmadineyad y sus aliados de que los 

Rafsanyaní estaban detrás de aquellas desórdenes, 

sin parangón desde la revolución de 1979. Empezó la 

operación de acoso y derribo, y Mehdi estimó más 

prudente autoexiliarse en Londres con el pretexto de 

realizar un doctorado. Su repentino regreso, justo 

cuando se habla de la posible vuelta de su padre a la 

escena política, hace especular con que haya 

obtenido algún tipo de garantías.De momento, sin 

embargo, su abogado, Mahmud Alizadeh Tabatabai, 

se ha quejado por la decisión de encarcelar a Mehdi, 

que calificó de “innecesaria e ilógica” porque, aseguró 

a la agencia Isna que "no existe peligro de fuga". 

Como suele ser habitual en Irán, el letrado no fue 

autorizado a presenciar la declaración de su cliente.En 

cuanto a Faezeh, la policía acudió a su domicilio el 

sábado por la noche y la trasladó a Evín para hacerle 

cumplir los seis meses de cárcel a que fue condenada 

a principios de año por “propaganda contra el 

régimen”. La exdiputada, de 50 años, ya había sido 

brevemente detenida en febrero del año pasado por 

dirigir “un grupo de alborotadores antirrevolucionarios”. 

Sin embargo, según su abogado, la condena responde 

a una entrevista con una web opositora en la que 

criticó las violaciones de derechos humanos y la 

política económica del Gobierno. Además de seis 

meses de cárcel, el tribunal revolucionario le impuso 

cinco años de inhabilitación política.Las dificultades de 

sus hijos con las autoridades han sido un signo más 

de la pérdida de poder e influencia de Rafsanyaní 

desde 2009. En marzo del año pasado no logró ser 

reelegido presidente de la Asamblea de Expertos, 

cargo que pasó a un aliado de Ahmadineyad. Sin 

embargo, en los últimos meses, la prensa iraní ha 

venido reflejando una creciente presencia en actos 

públicos del veterano político, que a sus 78 años ha 

pasado por todos los altos cargos del país, incluida la 

presidencia entre 1989 y 1997, y que aún dirige el 

Consejo de Discernimiento (la más alta instancia de 

arbitraje).Aunque los rumores de que planea 

presentarse a las elecciones de 2013 tal vez sean 

exagerados, algunos analistas consideran que su 

pragmatismo podría resultar útil a Irán ante la presión 

internacional por su programa nuclear. Rafsanyaní 

parece respaldar la idea de un Gobierno de unidad 

nacional que una a los moderados tanto del sector 

fundamentalista como del reformista para sacar al país 

de la actual crisis. La mera idea pone los pelos de 

punta a los más radicales que, con el control de las 

fuerzas armadas, el poder judicial y los seminarios de 

Qom, no están dispuestos a compartir el poder. 

266



López avanza medidas, “legislativas 

incluso”, contra el desahucio de parados 

El lehendakari, Patxi López, se ha comprometido hoy 

a impulsar cuantas iniciativas sean necesarias, 

“incluso legislativas”, para que no puedan ser 

desahuciadas las personas en desempleo que no 

puedan hacer frente al pago de las hipotecas de sus 

viviendas habituales. Aunqu8e no ha concretado las 

medidas a adoptar, el líder del Ejecutivo vasco ha 

querido recoger el guante que en las últimas semanas 

le habían planteado jueces y abogados 

progresistas.López ha hecho el anuncio en Bilbao, 

durante la apertura del Año Judicial, que ha presidido 

junto al máximo responsable de la judicatura vasca, 

Juan Luis Ibarra. Al acto han asistido también el fiscal 

superior del País Vasco, Juan Calparosoro, los jueces 

que integran el órgano de gobierno del Tribunal 

Superior y los tres vocales para Euskadi del Consejo 

General del Poder Judicial: Margarita Uria, Félix Azón 

y Manuel Almenar.López ha anunciado su intención de 

recoger la propuesta de la magistratura para 

“proteger” a los desempleados de las ejecuciones 

hipotecarias, después de que este año, también 

haciéndose eco de la petición de los jueces de hacer 

frente al “drama humano” de los desahucios, se haya 

creado el Servicio de Mediación Hipotecaria. Un 

servicio, público y gratuito, del que se han beneficiado 

un centenar de ciudadanos en sus cinco meses de 

funcionamiento.“Con dinero público hemos ayudado a 

los bancos. Corresponde ahora a los bancos hacer un 

esfuerzo para que ningún ciudadano se vea 

necesitado de rescate”, ha considerado el lehendakari, 

quien ha defendido también que “los ciudadanos no 

son hipotecas impagadas andantes, sino sujetos de 

derechos, y deben ser objeto de políticas públicas que 

les impidan caer en la marginación, la pobreza o el 

desarraigo”.Ibarra, por su parte, ha situado a la 

judicatura como garante de la salvaguarda de los 

derechos de los ciudadanos, sobre todo en materia 

laboral, mediante el “control inmediato de la legalidad 

y de la validez de las decisiones empresariales, ahora 

atribuidas a la voluntad unilateral de los empresarios”. 

Además, ha criticado la imposición de tasas para el 

acceso a los tribunales y el “colapso” en el proyecto de 

modernización de la Justicia. 

267

No es nada nuevo que en momentos de crisis 

económica se produzcan los estallidos nacionalistas 

más viscerales. De hecho, en el siglo pasado las 

concepciones revolucionarias proletarias fueron 

vencidas y sustituidas por aberrantes movimientos 

fascistas. Aquí, desde hace tiempo, el movimiento 

obrero se dejó seducir por el discurso identitario local 

y las reivindicaciones sociales en las manifestaciones 

sindicales se realizan bajo el abusivo ondear de 

banderas regionales y nacionalistas.No es 

sorprendente que la encrucijada financiera a la que 

Cataluña ha llegado intente ser superada por el 

nacionalismo mediante la huida hacia delante que 

significa este estallido por la independencia. Llamada 

a la independencia que conllevaría la ruptura de la 

convivencia política, pues desde la polis la política se 

sustenta en la coexistencia de diferentes lealtades. 

Desde el momento que el nacionalismo opta por una 

sola lealtad, la política desaparece. Sin embargo, lo 

que la historia nos demuestra es que no es solución la 

opción nacionalista, porque la quiebra económica no 

desaparece, sino que se acrecienta, y entonces 

deciden invadir el país vecino.Aunque la democracia 

busque soluciones políticas ante la ruptura 

nacionalista, no crean que éstas son fáciles. Quizás 

haya que aceptar que no hay solución. La Ley de la 

Claridad hoy tan traída no fue bien recibida en los 

ambientes nacionalistas, pues supone un cauce 

pactado y dirigido desde el que posee la competencia 

de convocar un plebiscito, el Estado, con todo tipo de 

Poco original 



salvaguardas, mayorías cualificadas entre ellas, ante 

un posible final traumático y sin vuelta atrás. Es decir, 

un proceso poco dado a la demagogia, pues su 

máxima es la claridad en todos sus aspectos, los 

legales y los políticos, y la gente puede enfrentarse 

con conocimiento responsable a la seducción emotiva 

y enajenada de la independencia.El federalismo, 

solución que tenía que haber sido aplicada tiempo 

atrás, y no mentada ahora como Santa Bárbara 

cuando truena, tampoco lo es porque le gusta aún 

menos al nacionalismo, ya que el federalismo se basa 

en la lealtad de las partes con el todo —como en EE 

UU o en Alemania—, y el sistema del peculiar Estado 

de las Autonomías que nos dimos acabó permitiendo 

equívocos inaceptables en el federalismo. Lo que no 

quiere decir que no sea la opción definitiva futura, pero 

supondría una reforma constitucional que pudiera 

poner en entredicho las peculiaridades de las 

provincias vascas y de Navarra. Y no serviría para 

contentar a los nacionalistas, sencillamente porque el 

nacionalismo es incontentable, pues dejaría de ser 

nacionalismo.Stéphane Dion, padre de la Ley de la 

Claridad, ya avisó en Bilbao el 25 de noviembre de 

2003 de la imposibilidad de convencer a los 

nacionalistas mediante transferencias de 

competencias. “Si la descentralización de un país se 

hace para calmar al nacionalismo, será un fracaso. 

Los separatistas no quieren una descentralización, 

sino su propio Estado”. 

268


CLIPPING INTERNACIONAL (Constitutional Law) 

Basque diaspora seeks home vote 

For decades, a steady undercurrent of harassment has 

been a highly effective complement to the murders and 

the bombs, to the insidious accusations and the 

outright threats."Your militant Spaniard attitude forces 

us to warn you to leave Euskal Herria. Prepare to face 

the consequences, you and your family. ETA." Carlos 

Fernández de Casadevante, a professor of 

international law, received this letter in his office at the 

Basque Country University"s School of Law in San 

Sebastián; before that, the campus had been plastered 

with signs inviting students to attack him and two other 

faculty members deemed "Spanish." This was followed 

by graffiti consisting of the words "Casadevante 

carcelero" (Casadevante jailer) surrounded by a target 

symbol. Even later came an explosive package with 

loose cables that the regional police dealt with.At this 

point Casadevante, a native of San Sebastián and a 

father of five, felt he had had enough. These days, he 

teaches at King Juan Carlos University in Madrid. His 

"crime" was to have noted down on the classroom 

blackboard the number of days that ETA"s kidnap 

victims had been kept locked up in cramped 

hideouts.The ideological cleansing carried out 

systematically by ETA and sectarian nationalists has 

resulted in a purge of the Basque voter rolls. Over the 

years, tens of thousands of people have left their 

native land in a quiet but persistent stream, nearly 

always with a heavy heart, a hurt soul and the distress 

of having to start their lives over in a new place.But the 

truly disconcerting thing is that, despite all the broken 

lives and the enormous tear in the Basque Country"s 

social fabric, this exodus has been practically invisible 

to official Basque nationalism. In fact, the only 

diaspora there is official news of in Euskadi is the one 

at the 187 Basque social centers scattered across the 

globe (mostly in the Americas), which is chiefly made 

up of descendants of Basques who emigrated around 

a century ago for economic and political reasons.It is 

only now, with some voices proposing ways to help 

displaced Basques join the voter rolls without leaving 

their current residences, that the true dimension of the 

phenomenon is beginning to take shape amid 

significant controversy."We want the same treatment 

as the Basques or descendants of Basques in 

America," demand some of the people who left 

Euskadi because of ETA-related threats. Can they be 

denied the right to vote in Basque elections, when the 

children and grandchildren of Basques who left for 

America 80, 100 or 130 years ago have it?Basque 

nationalism extended its web across the ocean with 

subsidies for projects that promoted Basque folklore 

and language and for the maintenance of the Basque 

centers. At the same time, it turned a blind eye on the 

exodus taking place in the real Euskadi. Nobody 

knows the exact number of people who fled to save 

their lives or out of progressive weariness at the 

constant harassment and the poisoned social and 

political atmosphere.The figures range from the 

300,000 claimed by the Basque Popular Party to the 

100,000 posited by the current Basque government 

(Socialist) and the 200,000 estimated by Foro Ermua, 

an association of Basque professionals (including 

many university lecturers)."These are inflated 

estimates," says the sociologist Josu Mezo, a 

professor at Castilla-La Mancha University. "They are 

based on the fact that the Basque voter rolls would 

have 228,000 additional voters if it had grown at the 

same rate as the rest of Spain between 1979 and 

2011. The mistake lies in attributing all the exits to the 

terrorist threat and failing to consider other factors like 

the extremely low birth rate in Euskadi, the industrial 

crisis and the workers from other regions who retired 

and went back home to their villages."Between 1980 

and 2000, the migratory balance in Euskadi was 

negative by 157,417 people, or 7.2 percent of the 

population. Most of this emigration took place in the 

1980s, when terrorist activity reached a peak and the 

great industrial restructurings took place.Faced with a 

lack of reliable data, the basic reference remains the 

direct relatives of the hundreds of murder victims and 

injured survivors, plus an at-risk community potentially 

made up of police officers, non-nationalist politicians, 

judges, prosecutors, entrepreneurs and other 

professionals who are victims of economic extortion, 

members of citizen associations, intellectuals, teachers 

and journalists committed to the resistance against 

ETA. The most commonly accepted estimates in this 

case talk in terms of some 40,000 people.Two of these 

are Antxon Urrestarazu, 57, a technical architect for 

the city of Puerto de Santa María (Cádiz), and Arantxa 

González, 54, a civil servant with the Andalusian 

health service."I never could get used to the lack of 

freedom," says Urrestarazu. "One day, you see four 

individuals shut down all the stalls at Zarautz market 

without any kind of opposition, and you realize that 

these experiences in collective submission are 

accumulative and contagious, and that you don"t want 

your child to grow up in a society like that. So we put 

1,200 kilometers between us and them. Should I be 

able to vote there? I no longer feel part of that 

community.""It is evident that to a greater or lesser 

degree, the Basque voter rolls have been purged due 

to ETA"s violence," says Javier Tajadura, a professor 

of constitutional law. "We jurists started out from the 

belief that the reform would be justified even if there 

was just one person who lost his or her right to vote 

269

ecause of terrorism. It"s about restituting that right 

and finding a constitutional context for 

it.""Quantitatively the reform will not be relevant. We 

don"t expect thousands of displaced people to return 

to the Basque voter rolls," adds Ángel Sánchez 

Navarro, who coordinated the 21 jurists who came up 

with the proposal for electoral reform at the 

government"s request.But nationalists feel that the 

reform would open the door to "a Spanish electoral 


CLIPPING INTERNACIONAL (Constitutional Law) 

fiddle" because it would include the vote of police, 

military and other state workers stationed in Euskadi 

for five years who declare having left because of 

terrorist threats. Or, in the words of radical nationalist 

leader Arnaldo Otegi, whose lexicon speaks volumes: 

"Txakurras (dogs in Basque, a pejorative term for the 

police) and their fucking families will be able to vote." 

270



Gallardón responde al desafío de los 

jueces apelando a su responsabilidad 

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha 

respondido esta mañana a la posible convocatoria de 

una huelga de jueces con el vaticinio de que la 

mayoría hará "un ejercicio de 

responsabilidad".Gallardón ha hecho estas 

declaraciones a los periodistas tras inaugurar en un 

hotel madrileño unas jornadas informativas. El titular 

de Justicia ha reconocido que los jueces tienen todo 

el derecho, al igual que el resto de los funcionarios 

públicos, a manifestar su descontento por unas 

medidas "muy duras" en el terreno económico, que 

exigen más esfuerzo de trabajo a todos los 

funcionarios públicos.Gallardón ha expresado el 

respeto absoluto del Ministerio de Justicia a aquellos 

jueces que quieran anteponer su condición de 

funcionarios públicos, pero ha mostrado su confianza 

en que la inmensa mayoría de la carrera judicial hará 

un ejercicio de responsabilidad "en estos momentos 

de crisis".Los jueces anunciaron el pasado viernes que 

celebrarán los juicios solo por la mañana como 

medida de protesta contra las reformas anunciadas 

por el Ministerio de Justicia, al tiempo que se han 

planteado la posibilidad de convocar una huelga y 

pedir la dimisión del presidente del Consejo General 

del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner. 

271



Violentar el Congreso conlleva penas de 

cárcel, avisa la Delegación 

Todavía ayer los agentes seguían identificando 

miembros de las asambleas del 25-S, la iniciativa que 

pretende rodear el Congreso el próximo martes. 

Mientras, hay cinco manifestaciones aprobadas por la 

Delegación del Gobierno ese mismo día en las 

inmediaciones del Hemiciclo. Alguna tan próxima que 

concluye en la plaza donde se ubica la estatua de 

Neptuno. La Delegación ha advertido de que violentar 

el Congreso ese día conlleva penas de seis meses a 

un año de cárcel.La Delegación de Gobierno ha 

autorizado finalmente varias concentraciones para el 

próximo martes 25, día en que se reúne el Parlamento 

y en que un grupo de activistas ha lanzado una 

convocatoria para rodear el Congreso. Las Cortes 

estarán fuertemente custodiadas desde la noche del 

lunes y se establecerán varios perímetros de 

seguridad. Mil trescientos cincuenta agentes 

antidisturbios han sido movilizados.Tras estimar el 

escrito que la semana pasada presentó a título 

particular un ciudadano que responde a las iniciales R. 

O. G. R., la Delegación autoriza las siguientes 

concentraciones: de 12.00 a 14.00 “en las zonas 

peatonales” de la plaza de España y Puerta de 

Atocha, donde los convocantes recibirán a los 

autobuses que lleguen de otras ciudades. De 14.00 a 

17.30, en la plaza de España y en el bulevar del paseo 

del Prado (entre Neptuno y Atocha), donde realizarán 

asambleas y una “comida popular”. A las 17.30, dos 

marchas que discurrirán, la primera, desde la plaza de 

España a la Puerta del Sol, y la segunda, de Cibeles a 

Neptuno, ocupando ambas “únicamente los carriles 

del sentido de marcha de los vehículos”. La 

Delegación autoriza a que ambas manifestaciones 

confluyan en Neptuno y no hasta “la empalizada que 

rodea el Congreso de los Diputados”, como solicitaba 

este ciudadano.Respecto a la intención de los 

manifestantes de realizar a continuación una 

“asamblea general permanente” de cinco días 

—siempre según la solicitud de dicho ciudadano—, la 

Delegación autoriza a hacerla de 18.30 a 21.30 “en la 

zona peatonal del paseo del Prado comprendida entre 

la plaza de Cibeles y Neptuno”.La Coordinadora 25-S 

—el grupo que viene organizando esta convocatoria— 

ha reaccionado desmarcándose de la solicitud 

realizada por este ciudadano: “Nos desmarcamos 

rotundamente de esta iniciativa individual, que poco 

tiene que ver con la propuesta de desobediencia civil 

realizada por la Coordinadora 25-S y la Plataforma en 

Pie”, afirman en un comunicado. Respecto al permiso 

de la Delegación de Gobierno, añaden: “Después de 

que Cristina Cifuentes lleve días declarando que 

manifestarse cerca del Congreso es ilegal, ha tenido, 

como es costumbre ya en ella, que rectificar y admitir 

que sí se puede, puesto que la acción está protegida 

por el derecho constitucional de reunión”.No es la 

primera vez que un ciudadano pide por su cuenta y 

riesgo permiso para manifestarse en contra del criterio 

de los indignados. Sucedió el pasado mes de mayo 

mientras se organizaban las manifestaciones de 

aniversario del movimiento. 

272

El Universal/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 


Senado retoma análisis de Código para 

juicios orales 

El Senado de la República reactivó la discusión del 

nuevo Código federal de Procedimientos Penales, 

cuyo objetivo es trazar el andamiaje de ejecución de 

los juicios orales en México, ya que sin este 

ordenamiento las entidades que instrumenten la 

oralidad en su sistema penal corren el riesgo de 

enfrentar una escalada de juicios de amparo, y la 

Procuraduría General de la República está 

imposibilitada para atraer casos de aquellas entidades 

donde ya se instrumenten los juicios orales y las 

figuras de la reforma de justicia penal.Los 

coordinadores parlamentarios en el Senado del PRI, 

Emilio Gamboa Patrón; del PAN, Ernesto Cordero 

Arroyo; del PRD, Miguel Barbosa, y del PVEM, Jorge 

Emilio González Martínez, sostuvieron ayer una 

reunión con distintos actores de la sociedad civil y que 

empujan el tema como Alejandro Martí, de México 

SOS; la investigadora del CIDE, Ana Laura Magaloni, 

entre otros.Laura Magaloni dijo a los senadores que 

requieren "mucha imaginación" para garantizar que el 

nuevo Código federal no convierta los juicios orales en 

un simple evento en el que delante de un juez se lee 

un expediente."Podemos tener un nuevo código y que 

no pase nada o que pasen peores cosas de las que ya 

suceden, es una reforma que requiere tal capacidad 

de imaginación para refundar nuestra institución, 

nuestra procuración e impartición de justicia, que no 

sólo basta aprobar un nuevo Código para que eso 

sucede, pero un Código potente es indispensable para 

hacer la diferencia", dijo Magaloni.El Presidente del 

Senado, Ernesto Cordero, reconoció ante los 

activistas que las modificaciones legales enfrentarán 

resistencias, por lo que será necesario contar con la 

constante presión de la sociedad civil para sacarlas 

adelante."Se van a generar tensiones en un sistema 

que se niega a ser transformado. Si esto no sale, 

vamos a ser tan responsables nosotros como ustedes. 

Su deber es empujarnos, no dejen que nos echemos 

para atrás, esto va a generar resistencias", dijo.Sin 

embargo, el también coordinador del PAN expresó sus 

dudas sobre la posibilidad de trabajar el proyecto junto 

con los diputados y sobre los tiempos para 

procesarlo."Lo haremos tan pronto como se pueda. No 

vamos a sacar nada al vapor", afirmó.Entre los 

problemas que enfrenta la procuración de justicia por 

la falta del nuevo Código a nivel federal es que la PGR 

no puede atraer ciertos casos porque los estados 

trabajan con el juicio acusatorio y la federación no.La 

reunión se realizó cuatro días después de que la 

procuradora general de la República, Marisela Morales 

Ibáñez, en su calidad de presidenta de la Conferencia 

Nacional de Procuración de Justicia, pidiera 

formalmente una reunión con los presidentes de las 

comisiones ordinarias -en proceso de instalaciónencargadas 

de procesar los cambios en el Código 

federal de Procedimientos Penales.Morales dejó claro 

cuál es el problema real por la falta del nuevo Código 

federal: "Nos ha traído muchos problemas. Incluso en 

las atracciones de los casos. Hay casos muy 

complicados que obviamente los estados piden que 

sean atraídos, pero ellos están trabajando en otros 

sistema; eso evidentemente trae muchos problemas y 

eso ocasiona de por sí que a veces haya invalidez de 

muchas diligencias", informó Morales al Senado.A la 

fecha existen 18 entidades han elaborado códigos 

procesales penales: Baja California, Chihuahua, 

Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, 

Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 

Puebla, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas. 

Diseñados sin el código federal tipo para establecer 

los lineamientos de los juicios orales.Alejandro Martí, 

presidente de México SOS, demandó sacar adelante 

el nuevo Código en menos de cinco meses. Incluso, 

iniciar posteriormente una reforma constitucional para 

que por primera vez haya un código único y no 

distintos en la República.El coordinador del PRD en el 

Senado, Miguel Barbosa, reconoció que es necesario 

armonizar el procedimiento penal en México, y para 

ello se ha planteado un código único en materia de 

procedimientos penales."El propósito del 

procedimiento es dotarle a la autoridad de los 

elementos de prueba para castigar al culpable y para 

absolver al inocente, la búsqueda de la verdad 

material e histórica, ese debe ser el propósito de un 

procedimiento penal, inquisitivo o acusatorio y oral, es 

la búsqueda de la verdad material que hay que 

conocer", indicó.rcr 

273



Congreso del Trabajo pide evitar una 

"reforma monstruo" 

El Congreso del Trabajo ha instruido a los diputados y 

senadores que lo representan a no votar por aquellos 

planteamientos que afecten el Artículo 123, el derecho 

de huelga, la contratación colectiva y autonomía 

sindical, sostuvo Reyes Soberanis Moreno, integrante 

de la Confederación Obrera Revolucionaria, quien 

advirtió de los riesgos de que en la discusión de los 

cambios a la Ley Federal del Trabajo vaya a quedar 

una "reforma monstruo"."Hacer una reforma parcial en 

un tiempo muy corto reduce la capacidad de análisis 

real de fondo que derive en una reforma de beneficio. 

Porque si después de 500 iniciativas para una reforma 

laboral, casi 15 años de discusión y más de 40 años 

de vida de la actual legislación, no se ha concretado 

cambiar la ley, entonces veo muy complicado que en 

unos días se pongan de acuerdo, por lo que se corre 

el riesgo de hacer un frankenstein que dañe más los 

derechos de los trabajadores".Soberanis Moreno, 

secretario general de la Confederación Obrera 

Revolucionaria (COR), insistió en la importancia de 

hacer un análisis de fondo de la iniciativa preferente 

en la citada materia que envió el Ejecutivo al 

Congreso el pasado 1 de septiembre y no caer en el 

error de hacerle cambios y aprobarla al vapor.Otro 

error y perverso, continuó, sería que se aprueben 

modificaciones a través de acuerdos cupulares, 

porque obedecería a intereses particulares y de grupo 

y no de los trabajadores.Expuso que al interior del 

Congreso del Trabajo no se pretende una reforma 

constitucional,"Nosotros no hablamos de reforma 

constitucional, en lo que se refiere al derecho de 

huelga y la contratación colectiva."Son garantías que 

deben ser intocables así como el de autonomía 

sindical, por lo que se rechaza la propuesta de que se 

aplique a los sindicatos auditorías externas, porque 

como su nombre lo dice, es externa y significaría una 

intervención a los sindicatos, en donde, al menos en 

las organizaciones afiliadas al CT, sí se rinden 

cuentas a sus agremiados".Reyes Soberanis estuvo 

de acuerdo en que se ponga orden en las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, "porque ahí a veces ni se da 

la justicia y esta no es pronta, ni expedita y el 

trabajador se enfrenta a un viacrucis que cae en la 

trampa, tanto de burocracia, como de autoridades y 

coyotaje, cuando debería ser la resolución más 

inmediata".spb 

274



Protestas paralizan centro de Cuernavaca 

La ciudad capital registra un caos vehicular por las 

manifestaciones de protesta de trabajadores 

sindicalizados de Nissan contra la reforma laboral, el 

"plantón" de camiones de carga del Nuevo Grupo 

Sindical alrededor del Palacio de Gobierno en 

demanda del pago por servicios prestados y los 

cierres de los principales accesos al centro por 

maestros jubilados que reclaman el pago de una prima 

de antigüedad.A la protesta de los grupos organizados 

podrían sumarse los maestros en activo, cuya 

dirigencia sindical exige al gobierno estatal el pago de 

varias prestaciones pendientes desde mayo 

pasado.Los liderazgos de la sección 19 del SNTE, 

advirtieron en conferencia de prensa que ante el 

incumplimiento del gobierno estatal para pagarles 

prestaciones pendientes desde mayo pasado, 

realizarán paros escalonados de 12 horas a partir de 

este martes. El miércoles está programada una 

manifestación en el zócalo de Cuernavaca.Por su 

lado, los maestros jubilados cerraron los principales 

accesos al centro de Cuernavaca para exigir al 

gobierno estatal el pago de la prima de antigüedad 

para 8 mil seis profesores, sin embargo, la autoridad 

gubernamental comunicó el viernes pasado que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación había 

considerado ilegal que el Congreso de Morelos haya 

modificado el Presupuesto de Egresos del estado para 

etiquetar poco más de 100 millones de pesos en el 

pago de la prima de antigüedad para los maestros en 

retiro.El secretario de Gobierno, Oscar Sergio 

Hernández Benítez, ha declarado a la prensa que el 

Estado carece de recursos para pagar la prestación 

que demandan los maestros jubilados.spb 

275

La Nacion/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 


Dura condena de la SIP al spot del 

Gobierno contra el grupo Clarín 

La SIP cuestionó con dureza al gobierno 

nacional. Foto: Archivo Luego de la difusión del spot 

del Gobierno contra el grupo Clarín, la Sociedad 

Interamericana de Prensa (SIP) rechazó hoy las 

"amenazas" de la Casa Rosada a través de espacios 

en la TV Pública y condenó "que se deslegitime a la 

Corte Suprema de Justicia" en la discusión judicial 

por el recurso de inconstitucionalidad sobre varios 

artículos de la Ley de Medios. 

"Deploramos que el gobierno use un spot para difundir 

propaganda política en la televisión pública con la 

intención de amenazar a un medio que no se apega a 

sus puntos de vista y para presionar a los jueces a 

emitir un resultado que le favorezca", expresó Gustavo 

Mohme, presidente de la Comisión de Libertad de 

Prensa e Información, según consignó la agencia 

DyN. 

La Casa Rosada difundió un duro spot en el que 

emplaza al grupo Clarín a activar un plan de 

desinversión antes del 7 de diciembre, fecha en que 

entrará en vigencia el artículo 161 de la nueva ley de 

medios audiovisuales. 

Tras la embestida del Gobierno, el grupo Clarín 

respondió: "El 7 de diciembre no debe suceder nada ni 

jurídica ni fácticamente con los medios del grupo". 

En ese marco, Mohme señaló que "esta nueva acción 

se enmarca en las ya conocidas presiones lanzadas 

contra medios críticos y contra la Justicia para que 

falle a favor del Gobierno en torno a la Ley de 

Medios". 

Y agregó: "También pone en entredicho la 

independencia sobre la que debe sostenerse el Poder 

Judicial en una democracia". 

El artículo 161 de la ley de medios audiovisuales 

regula la cantidad de licencias permitidas por la Ley 

para una empresa y "en caso de exceder el límite 

obliga a los multimedios a desprenderse o vender sus 

permisos o licencias de operación en menos de un 

año", recordó la SIP. 

Mediante un comunicado, la SIP detalló también que 

el Grupo Clarín presentó un recurso de 

inconstitucionalidad de los artículos 45 y 161, cuya 

ejecución se mantiene suspendida tras la aplicación 

de medidas cautelares ratificadas por la Corte 

Suprema. 

Mohme, agregó que en vez de "irrespetar una medida 

cautelar", el Gobierno debería aprovechar los espacios 

públicos para "fomentar el espíritu de la Ley sobre 

democracia y libertad de prensa más plural y diversa". 

"Paradójicamente, en los últimos años en la Argentina 

hemos visto como el Gobierno ha utilizado 

mecanismos para favorecer y castigar a medios a 

través de publicidad oficial y licencias de operatividad, 

entre otros métodos de censura indirecta", indicó. 

Por último, advirtió que la situación de la libertad de 

prensa en la Argentina "gozará de especial atención" 

durante la Asamblea General de la organización a 

celebrarse entre el 12 y el 16 de octubre en San 

Pablo, Brasil.. 

276



Carrascosa pide su absolución ante la 

Corte Suprema 

Tras el fallo del máximo Tribunal bonaerense , que 

rechazó los planteos de nulidades presentados por 

Carlos Carrascosa y su defensa, el viudo de María 

Marta García Belsunce apeló y pidió su absolución 

ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

El recurso extraordinario -al que hoy tuvo acceso 

Télam-, fue presentado el viernes pasado ante el 

máximo tribunal del país por el abogado Fernando 

Díaz Cantón. En su pedido, Díaz Cantón solicita que 

"dado la prolongada prisión injusta que padece el Sr. 

Carrascosa", la propia Corte Suprema vaya a la 

cuestión de fondo, analice la prueba y lo absuelva "en 

forma total" no sólo por el homicidio, sino también por 

el encubrimiento por el que fue sentenciado en 2007 

tras un juicio ante el Tribunal Oral Criminal 6 de San 

Isidro. Foto: Matías AimarSubsidiariamente, el 

abogado pide que la Corte nacional le ordene a la 

Suprema Corte bonaerense revisar el fallo 

condenatorio que, tras tres años de espera, ellos 

rechazaron analizar. 

En su presentación, Díaz Cantón critica a la Corte 

bonaerense al afirmar que cometieron un "exceso de 

rigor formal constitutivo de arbitrariedad". 

Los puntos cuestionados 

Al analizar la cuestión de fondo y criticar la prueba por 

la que Carrascosa está condenado a perpetua, Díaz 

Cantón presenta 14 puntos, algunos con fundamentos 

nuevos y otros ya reiterados por las distintas defensas 

de la familia en los dos juicios orales que hubo por el 

caso. 

En primer lugar, da por probado que el real horario en 

el que aquella tarde del 27 de octubre de 2002 

Carrascosa llegó a su casa fue alrededor de las 19, tal 

como contó el vigilador José Ortiz -denunciado por 

falso testimonio en la causa-, y cuando, según la 

defensa, María Marta ya estaba muerta. 

"Si esto fuera cierto, todos coinciden en que no hay 

modo de situar a Carrascosa en la escena del crimen 

al momento de su comisión", afirma el letrado en el 

escrito. 

El abogado también cuestiona que estén referidas a 

acciones de encubrimiento las frases "Tenela", 

"Tocala", "Cerrá la puerta" y "Dale, vamos", que se 

escuchan de fondo a la grabación de la llamada de 

Carrascosa a la ambulancia y que se le atribuyen a 

Guillermo Bártoli y una mujer que no pudo ser 

identificada. 

"Lo que en realidad sugieren estas expresiones, 

tomadas en el contexto general, y que no ha sido 

desacreditado por prueba de cargo alguna, es la 

desesperada realización de maniobras de resucitación 

que estaban practicando sobre el cuerpo de María 

Marta", sostiene el letrado. 

En un argumento inédito hasta ahora en el expediente, 

Díaz Cantón tomó como "una prueba científica de que 

Carrascosa no cometió el homicidio", el testimonio que 

brindó en el último juicio del 2011 el médico forense 

que hizo la autopsia de la víctima. 

El forense Héctor Moreyra explicó que a María Marta 

le habían provocado en sus costillas "una o dos 

fracturas" de carácter "no vitales" con las maniobras 

de reanimación y que para ello es necesario que haya 

pasado "al menos una hora" entre el momento del 

deceso y los trabajos de resucitación. 

Tomando los horarios del arribo de los conocidos y 

médicos que practicaron esas maniobras, y teniendo 

en cuenta ese lapso de una hora marcado por el 

forense, Díaz Cantón afirma que el horario del crimen 

tiene que haber sido "antes de las 18.30, es decir, 

aproximadamente media hora antes de que llegara 

Carrascosa". 

El defensor también resaltó en la apelación el 

testimonio de otros médicos de la autopsia que 

afirmaron que ellos recién se dieron cuenta de que la 

víctima tenía cinco balazos en la cabeza cuando 

abrieron el cráneo y encontraron las balas. 

En otro de los puntos, el defensor acusó al fiscal 

Molina Pico de "adoptar una actitud de enorme 

disgusto con la familia" porque se "irritó" al darse 

cuenta de que había cometido un grave error al no 

haber ordenado la autopsia en el mismo momento en 

el que concurrió al velatorio. 

Por último, el defensor apoya la hipótesis de un 

homicidio en ocasión de robo, menciona que 

"cámaras" y "alarmas perimetrales" fueron 

desactivadas ese día y toma como principal evidencia 

los ADN de dos hombres y una mujer encontrados en 

pequeñas manchas de sangre halladas en una 

alfombra, el baño, las paredes del dormitorio y la 

antesala de la casa del crimen. Foto: Archivo "Esa 

sangre no corresponde ni a la víctima, ni al viudo, ni a 

ninguno de los familiares ni demás personas 

imputadas. Estos rastros de sangre corresponden a 

las personas que sostuvieron una lucha con la víctima 

previo a dispararle (los asesinos)", sostiene el letrado. 

El petitorio de sus amigos 

En un mail enviado a muchas personas, amigos de 

Carrascosa difunden un "petitorio internacional" para 

juntar firmas por Carrascosa. 

"Debido la medida injusta que tomó la Corte 

277

onaerense días atrás con respecto a la condena, 

hemos hecho una petición internacional para que se 

ponga atención al fondo de la cuestión, es decir, para 

que se lea la causa completa y se evalúe como 

corresponde", dice el mail. "Carlos necesita, no sólo 

que cada uno de ustedes se adhiera a la petición, 

firmándola; sino también, que reenvíen este mail a 

todos sus contactos pidiendo lo mismo (que firmen y la 



reenvíen); para que juntemos la cantidad de firmas 

necesarias como para que den curso al pedido". 

El mail incluye un link a la página en la cual se puede 

firmar el petitorio.. 

Exclusivo: desde la cárcel, Carrascosa habló con LA 

NACION 

278



Caso Candela: piden juicio político contra 

el ministro Casal 

Luego del informe presentado por la Comisión 

Especial de Acompañamiento para el Esclarecimiento 

del asesinato de Candela Sol Rodríguez , que 

denuncia serias irregularidades en la investigación del 

crimen, los cuestionamientos apuntan ahora al 

ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, 

Ricardo Casal. 

El presidente del bloque de diputados de la Coalición 

Cívica-ARI, Walter Martello, presentó un pedido de 

juicio político contra el funcionario. Según informa la 

Agencia Periodística de Buenos Aires (Agepeba), la 

solicitud fue presentada el viernes pasado pero se dio 

a conocer hoy. 

"Casal, como máximo responsable de la seguridad en 

Buenos Aires, conocía que el asesinato de Candela 

estuvo vinculado a grupos del narcotráfico que operan 

en la región junto a la policía bonaerense. La 

existencia de esas bandas tiene mucho que ver con 

complicidades, zonas liberadas y protecciones de las 

que nadie se hace cargo", dijo Martello, según publica 

Agepeba. 

Para el diputado, "el ministro es el principal 

responsable político de este escándalo, que no puede 

quedar impune". 

Otras consecuencias del informe 

El dictamen de la comisión especial ya había motivado 

otras solicitudes. Cuando se dio a conocer el informe, 

el presidente de la Suprema Corte de Justicia 

bonaerense, Eduardo De Lázzari, dispuso que se 

investigue la actuación del titular del Juzgado de 

Garantías 4 de Morón, Alfredo Meade , en la 

investigación por el crimen de Candela Sol Rodríguez 

en noviembre de 2011 en Hurlingham. 

La propia comisión había solicitado en la presentación 

del documento la exoneración del jefe de la Policía 

Bonaerense, Hugo Matzkin. 

También habían solicitado que se someta a Jury al 

fiscal general, Federico Nieva Woodgate; al fiscal 

Marcelo Tavolaro y a Meade.. 

Caso Candela: qué dice el informe final de la Comisión 

279



Preocupación de los abogados laboralistas 

Los jueces del Pöder Judicial nacional. Foto: LA 

NACION Infografía: Los jueces del Poder Judicial 

nacionalMás notas para entender este temaUno de 

cada cinco jueces es suplente El fuero laboral, que 

entiende en caso de despidos, es el que más vacantes 

exhibe en los juzgados de primera instancia. 

Preocupada por esta situación, la Asociación de 

Abogados Laboralistas presentó un amparo contra el 

Poder Ejecutivo para que formalice el nombramiento 

de 17 candidatos que ya fueron seleccionados por el 

Consejo de la Magistratura. 

El amparo intenta "suplir la injustificada y prolongada 

omisión de más de dos años (27 meses) de formalizar 

el nombramiento de 17 postulantes a jueces de 

primera instancia del fuero de Trabajo de la Nación". 

La asociación que preside León Piasek, entendió que 

las consecuencias se traducen en demoras y 

perjuicios contra los trabajadores que inician 

demandas por créditos alimentarios, y contra los 

abogados, "que ven dificultada su labor profesional". 

Les pidieron a la Justicia que emplace al Poder 

Ejecutivo para que "concrete las designaciones. La 

causa quedó en el Juzgado Contencioso 

Administrativo N°2, de Esteban Furnari. 

"Quedan 36 cargos por cubrir; 17 de ellos por las 

demoras señaladas, y para los restantes cargos por 

cubrir, el Consejo de la Magistratura debería llamar a 

concurso, lo que motivará la presentación de un nuevo 

amparo", dijeron. 

Hernán Ordiales, representante del Poder Ejecutivo en 

el Consejo de la Magistratura, dijo a LA NACION que 

tenía entendido que en pocos días el Poder Ejecutivo 

iba a enviar al Senado esas propuestas del concurso 

ya concluido. No obstante, hasta la fecha no se 

conoce una decisión de esas características de parte 

del Gobierno. 

Por otra parte, la Asociación por los Derechos Civiles 

que hizo el relevamiento de los jueces subrogantes 

(ver aparte) entendió que esta situación lleva a una 

pérdida de la independencia judicial que es la garantía 

de imparcialidad, tal como lo advirtió la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en 2008.. 

280



Uno de cada cinco jueces es suplente 

Más notas para entender este temaPreocupación de 

los abogados laboralistas Uno de cada cinco jueces 

nacionales ocupa el cargo como suplente y el 20 por 

ciento de ellos ni siquiera es juez, sino un secretario 

designado interinamente para ocupar ese lugar, según 

una investigación de la Asociación por los Derechos 

Civiles (ADC). La mayoría de ellos, además, fueron 

designados como subrogantes sin fecha de 

vencimiento en el cargo. 

Esta situación irregular, que afecta la garantía de 

independencia del Poder Judicial, fue considerada 

inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 

2007. Además, el Poder Ejecutivo sigue sin 

reglamentar la ley de subrogancias de 2008, con lo 

que tampoco confeccionó la lista de conjueces que 

exige la norma, para elegir de allí a los suplentes. 

"El elevado número de subrogantes a lo largo del 

tiempo ha tornado en regla la excepción. No existe 

uniformidad en los mecanismos de subrogancia, hay 

poco control, no hay información centralizada y, por lo 

tanto, opacidad en la manera en que se desenvuelve 

este mecanismo", dijo Álvaro Herrero, director 

ejecutivo de la ADC. 

La situación generó análisis contrapuestos en el seno 

del Consejo de la Magistratura, encargado de llamar a 

concurso para completar las vacantes y proponer 

ternas de candidatos de las cuales saldrá el elegido 

por el Ejecutivo que ocupará el cargo si es que 

consigue acuerdo del Senado. 

El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de 

la Magistratura, Hernán Ordiales, dijo a LA NACION 

que no hay demora en los concursos, sino que hubo 

"una importante cantidad de jubilaciones porque se 

está llegando al final de un ciclo de los jueces 

designados en la década del 90, con lo que se 

produjeron más cantidad de vacantes que las que uno 

quisiera". De todos modos, consideró que lo extenso 

de los concursos se vincula con las etapas que deben 

superar los candidatos, lo que les da mayor garantías 

a los justiciables. 

Contrariamente a lo que concluyó la ADC en su 

trabajo, Ordiales entendió que no hay afectación de la 

independencia judicial, pues dijo: "Va a depender de 

cada funcionario y si es susceptible o no de ser 

presionado". 

Desde la oposición, el senador radical Mario 

Cimadevilla, también integrante del Consejo, admitió: 

"Hay demoras en los concursos, entre otras causas, 

porque hay problemas para encontrar jurados, y 

además hay demoras en el Poder Ejecutivo, cuando 

los concursos están terminados, en girar los nombres 

de los postulantes al Senado". Pero el asunto es más 

grave, señaló: "El tema de las subrogancias tiene un 

contenido político porque los jueces amigos del poder 

como (Norberto) Oyarbide, mientras se cubren las 

vacantes de su fuero, tienen más posibilidades de que 

le toquen las causas y así pueden manejarlas". 

El trabajo de las investigadoras de la ADC Celeste 

Leonardi y Eleonora Rabinovich destaca que en el 

fuero federal -que investiga al poder político- cuatro de 

los doce juzgados están vacantes y ocupados por tres 

suplentes (dos juzgados están a cargo de un mismo 

juez provisorio). Son Marcelo Martínez de Giorgi 

-secretario de Cámara que suple desde 2006 en un 

juzgado y desde 2008 en otro- y espera la aprobación 

de su pliego en el Senado; Oyarbide está a cargo de 

dos juzgados desde 2008, y Sergio Torres suple un 

juzgado desde 2010. El Senado trató esta semana los 

pliegos de los jueces elegidos para ocupar esos 

cargos vacantes. 

Otro integrante del Consejo de la Magistratura, en 

cambio, afirmó en reserva que la resistencia de 

algunos miembros del cuerpo es parte del problema. 

Los números son implacables: el 18,7% de todos los 

jueces son subrogantes y el récord lo tiene el fuero 

laboral, con 35 vacantes; seguido por el criminal, con 

25, y el civil, con 23. Es que en los últimos dos años el 

Consejo de la Magistratura concluyó 5 concursos para 

cubrir 21 vacantes, mientras que en 2010 había 

concluido 39 para cubrir 119 vacantes. Hasta julio 

último estaban pendientes en el Poder Ejecutivo 81 

designaciones. Se elevaron al Senado desde 

entonces 19 pliegos y quedaban pendientes otros 62. 

Para el trabajo se enviaron pedidos de información a 

la Cámaras de Apelaciones de todo el país. 

Es decir que en cinco de los 25 fueros hay un 30% de 

suplentes. El mayor problema se da en Salta, donde la 

cifra llega al 35%, y en San Martín, con el 33%. A esto 

se suma que entre todos los suplentes, el 20% son 

secretarios y prosecretarios, es decir que no fueron 

designados mediante los mecanismos constitucionales 

y dos son abogados de la matrícula. Casi siete de 

cada diez jueces suplentes son varones y la mayoría 

de las mujeres desempeñan cargos interinos en 

juzgados de primera instancia, es decir, en los de 

menor importancia, mientras que las funciones en las 

Cámaras y en los tribunales orales son 

desempeñadas por varones. 

alak, duro contra la trata 

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio 

Alak, calificó ayer a la trata de personas como un 

"crimen mafioso y aberrante", con motivo de una 

jornada de sensibilización acerca de ese delito que 

realizó en la muestra Tecnópolis. Alak precisó que, 

desde 2008, 3518 personas fueron rescatadas de las 

organizaciones criminales.. 

281

La Nacion Chile/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 


Cascos azules uruguayos son 

encarcelados por “violencia privada” 

Los cuatro marinos uruguayos acusados de abusar de 

un menor en Haití vieron este viernes frustrada su 

aspiración de que se archivara el caso y fueron 

encarcelados para ser procesados por un delito que 

es penado con entre tres meses y tres años de prisión, 

pero no por violación como pedía la acusación.Los 

uniformados, identificados como D.G.R., de 28 años; 

O.M.D.O., de 22; R.T., de 29, y M.R., de 24, y que 

pertenecían a la Misión para la Estabilización de Haití 

de Naciones Unidas (Minustah), serán juzgados en los 

próximos meses por el delito de “violencia privada”, 

informó el Poder Judicial a través de un 

comunicado.El delito que se les imputa, la “violencia 

privativa”, está dirigido “al que usare violencia o 

amenazas para obligar a alguno a hacer, tolerar o 

dejar de hacer alguna cosa” y se encuentra tipificado 

en el Código Penal entre los “delitos contra la libertad 

individual”.El abogado de tres de los cuatro marinos, 

Gustavo Bordes, aclaró este viernes a Efe que en la 

práctica “no es un delito grave”, pues es “residual en el 

sentido de que se castiga la amenaza de algo, no la 

violencia”.Con los rostros cubiertos con abrigos, los 

imputados comparecieron este lunes a mediodía en 

Montevideo ante el juez letrado en lo penal de 

vigésimo turno, Alejandro Guido, para que les 

comunicara su determinación sobre la continuidad de 

la causa, cuyos orígenes se remontan a septiembre de 

2011.Entonces fue difundido a través de internet un 

video en el que los marinos abusaban del joven 

haitiano Johnny Jean en una unidad militar del 

destacamento del país suramericano en Port-Salut 

(sur de Haití).En las imágenes, grabadas con un 

teléfono móvil, se veía a Jean tumbado boca abajo 

sobre un colchón con los pantalones bajados mientras 

era retenido por dos militares y un tercero 

semidesnudo se arrodillaba a sus espaldas entre las 

risas generalizadas pero en ningún momento se 

apreciaba que exista violación.El dictamen conocido 

este lunes desecha la acusación de violación 

presentada por la víctima al no haber "elementos de 

convicción suficientes" para sustentarla, como ya 

había hecho la Fiscalía al presentar su informe ante el 

juez Guido.“Para nosotros lo que era muy claro era 

que no había existido ningún delito de violación ni 

nada que se le pareciera”, recalcó por su parte 

Bordes.Según el letrado, “era evidente que el joven 

haitiano estaba mintiendo”, entre otras cosas porque 

los testimonios de los uniformados y el archivo de las 

guardias en la unidad militar probaron que el incidente 

ocurrió el 27 de mayo y no a fines de agosto como él 

sostenía.Además, Jean dijo haber sido interceptado 

en plena calle y arrastrado hasta la entrada del 

cuartel, lo cual tampoco se pudo demostrar, agregó el 

abogado, que cuestionó el tiempo transcurrido entre 

los abusos y la denuncia de la víctima, tres 

meses.Bordes explicó que las imágenes grabadas 

"fueron pasando de uno a otro" entre los militares 

hasta que uno de ellos se la dio por error a un haitiano 

al que le estaba entregando una grabación con 

música, y "una persona" lo mandó "a un bufete a 

Estados Unidos" que buscó "una demanda civil por 

sumas millonarias".Hasta este lunes los marinos 

habían permanecido en libertad aunque previamente 

habían sido encerrados dos meses en una prisión 

uruguaya de forma preventiva entre septiembre de 

2011, cuando fueron enviados de regreso a su país, y 

diciembre de ese año.Por el incidente fue destituido el 

jefe del contingente de Uruguay en la Minustah y el 

propio presidente José Mujica llegó a disculparse 

públicamente con el pueblo haitiano y su homólogo en 

la nación caribeña, Michel Martelly. 

282

Le Monde/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 


La commission Jospin doit changer de 

méthode ! 

Pas un chef d"Etat, à l"exception de Georges 

Pompidou, qui n"y ait imprimé sa marque et sa trace ! 

De Gaulle, le premier, la transforma, dès 1962, en 

instaurant l"élection présidentielle au suffrage 

universel direct. Valéry Giscard d"Estaing avec la 

modification de la saisine du Conseil constitutionnel, 

François Mitterrand à l"occasion de la ratification du 

traité de Maastricht, Jacques Chirac avec le passage 

du septennat au quinquennat, Nicolas Sarkozy en 

limitant à deux le nombre de mandats 

élyséens...Toutes les présidences, ou presque, 

commencent d"ailleurs par la création d"une 

commission chargée de toiletter la Constitution. Le 

doyen Georges Vedel, le professeur Pierre Avril, 

Edouard Balladur ont planché, tour à tour, sur des 

propositions qui sont demeurées lettre morte. Avec 

l"installation de la commission Jospin, nous revivons, 

aujourd"hui, le même scénario. Le scepticisme est 

donc de mise, non pas sur le résultat ou la pertinence 

de ses travaux, mais sur leur mise en oeuvre.La 

qualité des hommes et des femmes n"est pas en 

cause. En revanche, la méthode rend l"échec presque 

inévitable. Ces commissions travaillent dans la 

confidentialité. Du coup, lorsque sont dévoilées leurs 

conclusions, l"esprit critique l"emporte, les polémiques 

s"installent, les oppositions font feu de tout bois et le 

président, pour calmer le jeu politique, enterre tout. On 

verra s"il en va autrement avec François Hollande, 

mais un changement de méthode pourrait lui donner 

une plus grande liberté d"action et de décision.A 

l"approche discrète, voire secrète, d"un collège 

d"experts, pourquoi ne pas substituer un grand débat 

public dont le comité des sages désignés par le chef 

de l"Etat tirerait les conclusions ? Ce déverrouillage 

constituerait une avancée démocratique et donnerait 

de la force aux réformes retenues. Il rapprocherait les 

citoyens de leurs institutions.Si soufflait ce vent du 

débat, deux propositions, parmi bien d"autres 

naturellement, pourraient être examinées. La première 

concerne la parité hommes-femmes. Souhaitable, elle 

est devenue dans la formation des équipes 

gouvernementales à la fois un exercice imposé et une 

opération cosmétique ! On ne choisit plus les ministres 

en fonction de leurs compétences mais de leur sexe. 

Cette parité ministérielle, numérique, est une approche 

peu gratifiante pour les femmes.Ce n"est pas, en effet, 

à l"échelon gouvernemental qu"il faut imposer la 

parité, mais au sein de l"Assemblée nationale, dont la 

vocation est d"être représentative. Dans chaque 

circonscription, après adaptation des modalités 

électorales, seraient élus un homme et une femme. 

Libre, ensuite, au président de constituer son 

gouvernement dans un vivier renouvelé.Deuxième 

proposition à débattre : la modification du corps 

électoral du Sénat et l"affirmation de sa vocation. Il 

pourrait être constitué - de droit - des maires des 

grandes villes de France (plus de 100 000 habitants), 

des présidents des conseils régionaux et 

départementaux, si ces structures demeurent, et 

d"élus désignés au scrutin de liste pour représenter les 

villes petites et moyennes ainsi que les communes 

rurales. Le Sénat deviendrait, de fait, la Chambre des 

collectivités territoriales, à l"image du Bundesrat 

allemand, tandis que l"Assemblée, comme le 

Bundestag, serait représentative du peuple 

français.Cette évolution du Sénat réglerait, en outre, la 

question du cumul des mandats. Il faudrait être élu 

local pour siéger dans la Haute Assemblée. Le cumul 

serait, en revanche, interdit à la Chambre des députés. 

Certes, il ne s"agit pas de copier le modèle allemand, 

mais cette nouvelle configuration Assemblée-Sénat 

améliorerait l"harmonie démocratique du pays. Une 

nécessité en temps de crise pour rapprocher les 

Français de leurs institutions et de leurs 

représentants.A tout le moins, un débat public 

s"impose sur cette question essentielle de la 

représentativité de notre Parlement. 

283

Le Monde/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 


Explosion de l"usine AZF : un an de 

prison ferme pour le directeur de Grande 

Paroisse 

L"audience d"appel pour homicides involontaires 

contre le directeur de l"usine Serge Biechlin et son 

propriétaire Grande Paroisse a duré quatre mois et 

demi pour s"achever le 15 mars. | AFP/PASCAL 

PAVANI 

La Cour a suivi l"accusation, attribuant la catastrophe 

qui a fait trente et un morts et deux mille cinq cents 

blessés le 21 septembre 2001 à un accident chimique 

dû au mélange de deux produits incompatibles.Serge 

Biechlin a été condamné à trois ans de prison, dont 

deux avec sursis, et à 45 000 euros d"amende, et la 

compagnie Grande Paroisse à 225 000 euros 

d"amende, tandis que la compagnie pétrolière Total – 

propriétaire de Grande Paroisse – et son ancien PDG 

Thierry Desmarest ont été mis hors de cause. M. 

Biechlin devrait effectuer la partie ferme de sa peine 

sous le régime de la semi-liberté."La cour déclare 

Serge Biechlin et la société Grande Paroisse 

coupables d"avoir par maladresse, imprudence, 

inattention, négligence ou manquement à une 

obligation de sécurité ou en commettant une faute 

caractérisée qui exposait autrui à un risque (...) 

involontairement causé la mort" des victimes, a 

déclaré à l"audience le président de la cour, Bernard 

Brunet.RELAXE EN PREMIÈRE INSTANCEGrande 

Paroisse et Serge Biechlin avaient été relaxés en 

première instance au bénéfice du doute. Lundi matin, 

les deux mille cinq cents parties civiles faisaient savoir 

qu"une nouvelle relaxe provoquerait "douleur et 

frustration". Elles seraient alors privées d"explication 

du drame, dans une ville désormais largement 

révulsée par la chimie.Leur satisfaction pourrait être de 

courte durée, car le chef de file de la défense, Me 

Daniel Soulez-Larivière, a laissé planer la menace 

d"un pourvoi en cassation et a prévenu qu"en cas de 

"condamnation sans preuve", il faudrait que le Conseil 

constitutionnel se prononce sur une décision "contraire 

à tous les principes de la présomption 

d"innocence".Lire :Explosion de l"usine AZF : épilogue 

judiciaire 

284

Los Angeles Times/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 


Porn stars oppose plan requiring condoms 

on adult-film sets 

Several porn actors have come out against a proposed 

initiative to require condoms on adult film sets in Los 

Angeles County. At a news conference last week, one 

of the porn actors, James Deen, likened the “Safer 

Sex” initiative -- Measure B on the Nov. 6 ballot -- to an 

infringement on the civil rights of him and other 

performers. “The idea of restricting our ability to make 

choices of our own is insulting. It is frankly 

unconstitutional,” he said, adding that he has never 

contracted a sexually transmitted disease. Deen has 

appeared in more than 900 adult movies and co-stars 

in the upcoming indie film “The Canyons.” He was 

flanked by representatives of the Valley Industry & 

Commerce Assn., who said Measure B would cost 

millions of dollars in revenues and thousands of jobs -from 

film and DVD production to Web development. 

“When we saw Measure B come across our computer 

screens, it became immediately apparent to us that 

this was bad for business in the Valley,” said David 

Adelman, chairman of the association, which 

represents businesses in San Fernando Valley. 

Funded and placed on the ballot by the AIDS 

Healthcare Foundation, Measure B would require the 

Los Angeles County Department of Public Health to 

license and permit adult-movie productions and require 

performers to wear condoms. It would also institute 

on-set inspections. If the measure passes, opponents 

contend, adult-film production will move to other 

counties or states, such as Nevada and Florida, 

hurting the local entertainment industry. “The 

adult-entertainment industry is an important part of that 

matrix,” Adelman said. The association joins the No on 

Government Waste Committee, a broad-based 

coalition of business organizations, chambers of 

commerce and entertainment companies that oppose 

Measure B. Deen, who was joined by two female 

adult-film performers on Thursday, also defended 

current safeguards by pointing out that porn actors 

must undergo testing for HIV and sexually transmitted 

diseases every 14 to 28 days. “It’s the personal choice 

of the performers,” he said. “If a performer desires a 

condom, then they use a condom.” ALSO: Sunset 

Boulevard bridge over 405 Freeway reopens San 

Diego County brush fire grows; 20 homes destroyed 

Endeavour: Astronauts hope shuttle will inspire future 

generations --Mark Kellam, Times Community News 

Photos: Porn actor James Deen, left, and other 

adult-film performers come out against Measure B 

during a news conference in Burbank on Thursday. 

(Mark Kellam/Times Community News) 

285

Los Tiempos/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 


El ELN afirma que el marco para la paz 

en Colombia es contradictorio 

BOGOTÁ | 

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda 

guerrilla colombiana después de las FARC, consideró 

hoy de que el marco jurídico para la Paz, la base legal 

aprobada por el Congreso para negociar con los 

insurgentes, "es contradictorio", al reiterar su voluntad 

de sumarse a las negociaciones con el Gobierno. 

Así se expresó esta guerrilla en una carta de 

respuesta al movimiento Colombianas y Colombianos 

por la Paz (CCP), liderado por la exsenadora Piedad 

Córdoba y que había pedido al ELN unirse al diálogo 

entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC). 

"Es necesario llenar de propuestas el proceso de paz, 

sumando su energía al torrente de esperanza y 

dignidad que para las clases populares significa, pues 

son ellas las que merecen las mejores condiciones 

para que la paz no sea la de los cementerios, el 

hambre y la sumisión", asegura el ELN en su misiva 

colgada en su web. 

Pero advirtió de que el marco jurídico para la Paz, 

aprobado en junio pasado a propuesta del Gobierno 

del presidente Juan Manuel Santos, "es 

evidentemente contradictorio". 

Este marco jurídico, según el ELN, "no consultó la 

opinión de la insurgencia, parte natural en el 

desenvolvimiento de cualquier intento de paz, ni tuvo 

una verdadera discusión pública". 

"Además desconoce principios básicos de derecho y 

de trato político que deben ser tenidos en cuenta para 

restablecer las mínimas condiciones hacia una 

solución racional, participativa, no represiva, ni 

denigrante", agrega la carta. 

"Compartimos que hay quienes proponen un marco 

que es parar la guerra y desgraciadamente la reforma 

constitucional que el presidente Santos ha mostrado, 

como avance para un proceso de paz, no se 

desmarca de ese enfoque", según la guerrilla. 

A su juicio, esta base jurídica "abre la puerta a la 

impunidad de crímenes cometidos contra el pueblo por 

políticos, militares, policías y paramilitares; y no 

reconoce plenamente la realidad del delito político y 

del derecho internacional". 

El ELN considera "un escollo grave mantener una 

legislación represiva que no sólo va acompañada con 

operaciones militares y paramilitares contra la 

población y las zonas de presencia guerrillera, sino 

que se aplica contra quienes se movilizan a favor de 

propuestas sociales y políticas". 

Y concluye: "hay que humanizar el conflicto mientras 

perdure, mucho más cuando el Gobierno se niega a 

cesar el fuego y las hostilidades". 

Colombianas y Colombianos por la Paz pidieron al 

ELN que se sumara al proceso de paz en agosto 

pasado, inmediatamente después de que Santos 

anunciara que se había llegado a un acuerdo para 

negociar con las FARC. 

Sin un alto el fuego previo, el Gobierno de Colombia y 

las FARC abrirán el diálogo formal el 8 de octubre en 

Oslo para después trasladar la mesa a La Habana. 

286

Reuters General/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 

CLIPPING INTERNACIONAL (Judicial Review) 

Judge dismisses New York's anti-drilling 

lawsuit 

By Jessica Dye NEW YORK | Mon Sep 24, 2012 

7:37pm EDT NEW YORK (Reuters) - A federal judge 

in Brooklyn dismissed a lawsuit on Monday brought by 

New York state and environmental groups challenging 

proposed natural gas drilling in the Delaware River 

basin. U.S. District Judge Nicholas Garaufis threw out 

the action on procedural grounds, saying there was no 

basis for the lawsuit since the regulations it sought to 

halt had not yet been finalized."The court concludes 

that this dispute is not currently fit for judicial review," 

Garaufis wrote. "The harms that plaintiffs ultimately are 

concerned about are speculative, and rely on a chain 

of inferences that may never come to pass."New York 

and several environmental groups sued the U.S. 

government and Delaware River Basin Commission in 

2011, asking for environmental studies to determine 

the effect of gas drilling on the basin, which supplies 

water to about 15 million people, including some New 

York City residents.The DRBC, a federal-interstate 

commission that develops and governs the basin's 

water resources, issued draft regulations in 2010 and 

revised draft regulations in 2011 that would govern 

natural gas exploration and extraction in the basin.The 

proposal would allow as many as 18,000 wells in the 

basin, some of which would be developed using 

hydraulic fracturing, or fracking, where underground 

gas is extracted by injecting a high-pressure stream of 

water and chemicals.The rules have not yet been 

finalized and, except for a few test wells, gas 

development in the basin has been halted. But New 

York and the environmental groups said there should 

have been a comprehensive environmental study 

performed by the commission before the proposal was 

issued and that the final regulations should be blocked 

until one is completed.As the amount of fracking 

activity has exploded across the country, states such 

as New York are trying to figure out how to safely 

expand gas drilling while protecting sensitive natural 

resources, including drinking water.New York is 

currently working on its own environmental review to 

determine whether to permit fracking in the state. 

Some towns have taken steps to ban the practice 

within their borders and at least two of those bans 

have survived initial challenges in New York state 

courts.A spokesman for the U.S. attorney's office in 

Brooklyn declined to comment, as did the New York 

attorney general's office. The commission did not 

immediately return requests for comment. (Reporting 

by Jessica Dye; Editing by Noeleen Walder and Andre 

Grenon) 

287



Pakistan's top court struggles to deliver 

justice 

By Katharine Houreld ISLAMABAD | Mon Sep 24, 

2012 5:01pm EDT ISLAMABAD (Reuters) - Each day, 

the chief justice of Pakistan's Supreme Court 

confronts a stack of blue folders stuffed with desperate 

pleas from residents claiming that corrupt police, inept 

prosecutors or moribund lower courts have failed 

them. The files detail heinous crimes, of newlyweds 

axed to death, children kidnapped and even an 

unsolved case of a young woman burned alive.Chief 

Justice Iftikhar Chaudhry has won acclaim for 

punishing wrong-doers or delivering justice in a few 

well-publicized cases. But rather than staunching the 

flow, his interventions have unleashed a torrent of new 

claims as his court emerges as a beacon of hope in a 

corrupt and dysfunctional justice system."People think 

the government is not functioning, so the Supreme 

Court becomes the recourse," said lawyer Salman 

Raja.This year, the Supreme Court has received more 

than 140,000 petitions, a more than 300-fold increase 

from the 450 petitions received seven years ago, 

according to court data obtained by Reuters. The court 

does not compile statistics showing how many 

petitions resulted in successful 

prosecutions.Chaudhry's activism has established him 

as hero for many and turned the judiciary into a power 

centre in Pakistan's young democracy that has been 

ruled by the military for more than half its 65-year 

history.But the deluge also highlights the struggle to 

build national institutions in a country of 180 million 

people that is beset by Taliban violence, daily power 

cuts and widespread poverty.Chaudhry's defenders 

say he is the last hope for people abandoned by their 

leaders.Critics contend his unique brand of activism 

has pitted the Supreme Court against civilian and 

military leaders, distracting attention from the urgent 

task of reforming a broken judiciary.SYSTEM IN 

CRISISThe Supreme Court has about 20,000 cases 

pending and there is a backlog of about 1.4 million 

cases nationally, according to a U.S. State Department 

report.If cases reach any Pakistani court, only 5-10 

percent result in a conviction, according to a 2010 

report by the International Crisis Group on reforming 

the justice system.Prosecutors are underpaid and 

overwhelmed and judges rely almost entirely on oral 

statements rather than physical evidence.The system's 

shortcomings are vast. Investigators typically work on 

30-40 cases at a time. Most police are poorly trained a 

n d officers have few opportunities for promotion, 

providing little motivation to solve cases, the Asia 

Society think-tank concluded in a report published in 

July.Torture is common in interrogations because 

many police are not taught any other method, it 

added."Witnesses are scared to go to court," said 

Hassan Abbas, a former policeman who edited the 

Asia Society report."There's extra-judicial killings, 

people are taking the law into their own hands."Against 

this bleak backdrop, victims increasingly cling to hope 

that Chaudhry will take up a legal cudgel on their 

behalf, but the top court is overwhelmed and results 

have been mixed.In the imposing white marble 

headquarters of the Supreme Court in the capital, 

Islamabad, a team of young men working in the 

Human Rights Cell sorts through thousands of 

petitions stacked on desks and chairs.Most are 

handled by lower officers, but about 20 percent are 

serious enough to land on Chaudhry's desk."If people 

don't get justice, society turns into a jungle," warned 

Qammaruddin Bohr, the new head of the 

unit.Chaudhry personally intervened in a case after 

police took no action when relatives of Tasslem 

Solangi were accused of setting hungry dogs on a 

17-year-old girl, then shooting her dead over 

inheritance. He ruled the police had been criminally 

negligent and ordered Solangi's uncle and others 

arrested.But since then, her case has languished for 

five years in the lower courts and her family has gone 

into hiding, fearful of some of those accused who are 

now free on bail."I have no hope for justice," one 

relative told Reuters by phone before quickly hanging 

up, underscoring that even the Supreme Court has 

limits to what it can deliver.PUGNACIOUS 

JUDGEChaudhry is best known in Pakistan for 

standing up to former military leader Perez Musharraf. 

Black-robed lawyers in ties and waistcoats battled 

police in 2007 over Musharraf's ultimately 

unsuccessful attempt to hold on to the 

presidency.Since then, Chaudhry has become a 

central figure in Pakistani politics. This June, he 

dismissed former Prime Minister Yusuf Raza Gilani for 

refusing to re-open a corruption case against the 

president.The Supreme Court has intervened on 

issues from sugar prices to energy policy and the 

promotion of state employees - decisions usually made 

by other officials.But Babar Sattar, a columnist, 

recently wrote that the court was "self-righteous, 

egotistical" and devoid of a vision for reform.In June, 

Chaudhry intervened in corruption allegations against 

his son and received a reprimand from Pakistan's 

attorney general.Chaudhry's decision to call an inquiry 

after a well-known television actress was found with 

288

two bottles of wine at Islamabad airport - an offense for 

a Muslim in Pakistan - fed accusations that he is prone 

to populist grand-standing.JUDGES 

EMBOLDENEDChaudhry's activism has set the tone 

for other senior judges. Provincial high courts are 

hearing more petitions but running up against the 

same congested legal machinery.Taxi driver 

Muhummed Ihtisham's case shows both the courts' 

reach and their limits.He petitioned the Peshawar High 

Court after his wife was tortured to death and their two 

toddlers thrown off a building in December.Police had 

named Ihtisham as a suspect on the word of his wife's 

family. But the High Court ordered police to 

investigate, and they discovered phone records 

implicating his accusers.Five of Ihtisham's in-laws 

were charged. Their case opened in August in a tiny 

court in the town of Mardan outside Islamabad. The 

case has been adjourned three times since because 



paperwork was not ready.Ihtisham said his wife's 

wealthy, politically connected family wanted revenge 

for the couple's elopement five years earlier. They 

deny the charges."They have money. I don't. They 

have contacts. I don't. I just have a petition. I have no 

other option," said Ihtisham as he stared at 

photographs of his family's bodies."This has destroyed 

my whole world," he said.With each blue folder placed 

on Chaudhry's desk, the expectations on the Supreme 

Court grow.The court says it is cutting the backlog of 

cases, but many fear the gap between hope and reality 

in Pakistan is only widening."People are losing hope in 

the justice system," said Abbas, the former police 

officer. "They are losing hope in 

democracy."(Reporting By Katharine Houreld; Editing 

by Michael Perry, Ken Wills and John Mair) 

289



Voting laws may disenfranchise 10 

million Hispanic U.S. citizens: study 

By Patricia Zengerle WASHINGTON | Sun Sep 23, 

2012 10:23pm EDT WASHINGTON (Reuters) - New 

voting laws in 23 of the 50 states could keep more 

than 10 million Hispanic U.S. citizens from registering 

and voting, a new study said on Sunday, a number so 

large it could affect the outcome of the November 6 

election. The Latino community accounts for more than 

10 percent of eligible voters nationally. But the share in 

some states is high enough that keeping Hispanic 

voters away from the polls could shift some 

hard-fought states from support for Democratic 

President Barack Obama and help his Republican 

rival, Mitt Romney.The new laws include purges of 

people suspected of not being citizens in 16 states that 

unfairly target Latinos, the civil rights group 

Advancement Project said in the study to be formally 

released on Monday.Laws in effect in one state and 

pending in two others require proof of citizenship for 

voter registration. That imposes onerous and 

sometimes expensive documentation requirements on 

voters, especially targeting naturalized American 

citizens, many of whom are Latino, the liberal group 

said.Nine states have passed restrictive photo 

identification laws that impose costs in time and money 

for millions of Latinos who are citizens but do not yet 

have the required identification, it said.Republican-led 

state legislatures have passed most of the new laws 

since the party won sweeping victories in state and 

local elections in 2010. They say the laws are meant to 

prevent voter fraud; critics say they are designed to 

reduce turnout among groups that typically back 

Democrats.Decades of study have found virtually no 

use of false identification in U.S. elections or voting by 

non-citizens. Activists say the bigger problem in the 

United States, where most elections see turnout of well 

under 60 percent, is that eligible Americans do not 

bother to vote.Nationwide, polls show Obama leading 

Romney among Hispanic voters by 70 percent to 30 

percent or more, and winning that voting bloc by a 

large margin is seen as an important key to Obama 

winning re-election.The Hispanic vote could be crucial 

in some of the battleground states where the election 

is especially close, such as Nevada, Colorado and 

Florida.For example, in Florida, 27 percent of eligible 

voters are Hispanic. With polls showing Obama's 

re-election race against Romney very tight in the state, 

a smaller turnout by Hispanic groups that favor Obama 

could tilt the vote toward the Republican.(Editing by 

Christopher Wilson) 

290

Süddeutsche Zeitung/ - Politik, Seg, 24 de Setembro de 2012 


Mubarak-Gefolgsleute dürfen für 

Parlament kandidieren 

Ehemalige Gefolgsleute des gestürzten ägyptischen 

Präsidenten Hosni Mubarak können sich nach einer 

Gerichtsentscheidung um einen Sitz im Parlament 

bewerben. Das Oberste Verwaltungsgericht in Kairo 

entschied am Sonntag, dass sich Mitglieder der 

inzwischen aufgelösten Mubarak-Partei PND bei der 

nächsten Wahl 2013 aufstellen lassen können, wie aus 

Justizkreisen verlautete. 

Keinem Bürger Ägyptens dürften seine Bürgerrechte 

verwehrt werden, darunter das Recht auf eine 

Kandidatur für das Parlament, wenn er alle Kriterien 

dafür erfülle, hieß es zur Begründung. Im April 2011 

war die PND aufgelöst worden, das Parteivermögen 

wurde der Regierung überstellt. Mubarak war am 11. 

Februar 2011 nach wochenlangen Straßenprotesten 

zurückgetreten. 

Am Samstag hatte das Oberste Verwaltungsgericht die 

Auflösung des Parlaments bestätigt. Das Parlament 

bestehe seit dem Urteilsspruch des 

Verfassungsgerichts vom 14. Juni zur Auflösung der 

Volksvertretung nicht mehr legal. 

Parlamentsneuwahlen müssen nach ägyptischem 

Recht zwei Monate nach der Annahme einer neuen 

Verfassung stattfinden, an der seit Juli eine 

Kommission arbeitet. In spätestens sechs Monaten 

muss deren Arbeit abgeschlossen sein. 

Bei den Parlamentswahlen, die sich in mehreren 

Etappen von Ende November bis Januar erstreckten, 

hatte die Partei der Muslimbrüder die Hälfte der 

Mandate errungen, die Salafisten wurden mit rund 

einem Viertel der Sitze zweitstärkste Kraft. Mitte Juni 

erklärte das Verfassungsgericht das Wahlgesetz für 

die Parlamentswahl jedoch in weiten Teilen für 

ungültig, woraufhin der Militärrat das Parlament 

auflöste und selbst die Kontrolle über die 

Gesetzgebung übernahm. 

291

The Economic Times/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 


Maharashtra home department 'rejects' 

Ajmal Kasab's mercy plea 

MUMBAI: Ajmal Kasab's mercy petition, addressed to 

President Pranab Mukherjee, has been "rejected" by 

Maharashtra's Home Ministry, days after the lone 

surviving perpetrator of 26/11 Mumbai terror attacks 

set in motion the last option available to save his life. 

"The Home Ministry has rejected Kasab's petition and 

has forwarded it to the Chief Minister's Office," sources 

in the home department told PTI today. 

Under the rules, the Chief Minister's Office would now 

forward the mercy plea to the Union Home Ministry, 

which in turn would send it to the Rashtrapati Bhavan 

with its recommendation. 

There has been a demand from several quarters for 

speedy implementation of the apex court order, 

upholding Kasab's death sentence. 

Shiv Sena had recently demanded that President 

Pranab Mukherjee "summarily dismiss" Kasab's mercy 

petition. 

Kasab had moved his plea earlier this month, over a 

fortnight after the Supreme Court upheld his death 

sentence. 

The nearly four-year legal battle launched by the 

25-year-old had ended on August 29 when the 

Supreme Court upheld his conviction and death 

sentence in the 26/11 attacks case, saying he killed 

without "the slightest twinge of conscience." 

292

The Economic Times/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 


R Lakshmipathy is new PTI Chairman 

NEW DELHI: R Lakshmipathy, publisher of Tamil daily 

Dinamalar, was elected Chairman of the Board of 

Directors of Press Trust of India (PTI) after the 

company's Annual General Meeting (AGM) here 

today. 

Lakshmipathy, who has served as PTI Chairman twice 

earlier, succeeds M P Veerendrakumar, Chairman and 

Managing Director of Mathrubhoomi group of 

newspapers. 

K N Shanth Kumar of Deccan Herald was elected Vice 

Chairman of the Board. 

Lakshmipathy is an educationist running several 

educational institutions for the benefit of rural people in 

and around Madurai for which has been awarded D. 

Litt. by Alagappa University and Bharathiar University. 

He had served as President of the Indian Newspaper 

Society (INS) and Indian Languages Newspaper 

Association (ILNA). He is a member of the Press 

Council. 

Shanth Kumar is Editor of Kannada daily, Prajavani 

and monthly Mayura. He is a Director of Printers 

(Mysore) Private Ltd, publishers of Deccan Herald 

group of newspapers and other publications and has 

been a past president of Audit Bureau of Cirulations 

(ABC). 

Earlier, the outgoing Chairman Veerendrakumar told 

the 64th AGM of the company that while the past year 

had some positives, there were challenges and 

difficulties ahead. 

He told the shareholders that PTI had always followed 

an employee-friendly approach and implemented the 

previous Wage Board Awards. In fact, the company 

had provided benefits to the staff above and beyond 

the Wage Board Awards. 

However, the recommendations of the latest Wage 

Board are way beyond the paying capacity of the 

company which had filed a writ petition before the 

Supreme Court challenging the constitution of the 

Majithia Wage Board and its recommendations. The 

matter is before the Court. 

Besides, Lakshmipathy, Veerendrakumar and Shanth 

Kumar, members of the PTI Board are: Vineet Jain 

(Times of India), Vijay Kumar Chopra (Hind 

Samachar), N Ravi (The Hindu), Aveek Kumar Sarkar 

(Ananda Bazar Patrika), Shekhar Gupta (Indian 

Express), Mahendra Mohan Gupta (Jagran 

Prakashan), Hormusji N Cama (Bombay Samachar), 

Riyad Mathew (Malayala Manorama) and Sanjoy 

Narayan (Hindustan Times). 

The directors outside the newspaper industry are Prof. 

E V Chitnis, Justice S P Bharucha and Fali S Nariman. 

293

The New York Times/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 


U.S. Hearings Again Sought for 3 

Detainees 

WASHINGTON — Lawyers for three men who have 

been imprisoned by the United States military in 

Afghanistan without trial for nearly a decade are 

renewing their quest for hearings in American courts. 

They say new information has emerged that 

undermines an appeals court ruling against them two 

years ago. That information — which the lawyers are 

filing as documents in the United States District Court 

here — includes a letter by the chief of staff to 

President Hamid Karzai of Afghanistan declaring that 

the Afghan government does not want custody of the 

detainees and that it “favors these individuals having 

access to a fair judicial process, and adjudication of 

their case by a competent court.” The prisoners are 

two Yemenis and a Tunisian who say they were 

captured outside Afghanistan and that they are not 

terrorists. They want a federal judge, John D. Bates, to 

review the evidence against them and, if he agrees 

that they are being held by mistake, to order the 

military to repatriate them. Detainees imprisoned at 

Guantánamo Bay, Cuba, already have such habeas 

corpus rights. There are believed to be about a dozen 

such men — non-Afghans captured elsewhere — who 

have been imprisoned for years by the United States 

military at Bagram Air Base, north of Kabul. In 2009, 

Judge Bates ruled that he could hold hearings for the 

three, but in 2010 an appeals-court panel unanimously 

reversed him. It cited an array of factors, including 

potential practical obstacles to extending 

Guantanámo-style habeas rights to a prison in a war 

zone. The appeals court also said that American 

courts should be wary of extending constitutional 

protections to detainees on Afghan soil because it 

might have negative diplomatic consequences. But 

Ramzi Kassem, a City University of New York law 

professor who is helping represent the detainees, said 

the letter from Mr. Karzai’s chief of staff called that 

premise into question. “Our clients, like the prisoners at 

Guantánamo, should get their day in court,” Mr. 

Kassem said. Recently, Mr. Kassem and a colleague, 

Tina Foster of the nonprofit International Justice 

Network, asked Judge Bates to rule again that he 

could hold habeas corpus hearings for their clients. At 

a hearing in July, Judge Bates told the detainees’ 

lawyers, “What you have to do is convince me that 

there’s new evidence that should change the 

outcome.” But a Justice Department lawyer, Jean Lin, 

told the judge at that hearing that nothing had changed 

since the appeals court reversed him. The lawyers 

obtained the letter from Mr. Karzai’s chief of staff 

during a trip to Afghanistan this month at their own 

expense. The trip was timed to coincide with hearings 

before a military panel weighing whether to keep 

holding or to repatriate several clients. In a declaration, 

Ms. Foster said that the detainees, through military 

officials in Afghanistan assisting them to prepare for 

the administrative hearings, had reached out to the 

lawyers about serving as witnesses. When they got to 

Afghanistan, however, they were told that the 

Pentagon had decided not to let them participate in 

person or by phone, despite a rule saying that 

“reasonably available” witnesses were allowed. Their 

clients, she said, then boycotted their hearings as 

unfair. The lawyers also submitted declarations from a 

retired Army colonel, Lawrence Wilkinson, who served 

as a top aide to Colin Powell, then the secretary of 

state, and also from Glenn L. Carle, a former C.I.A. 

official. Both Colonel Wilkinson and Mr. Carle have 

criticized aspects of the second Bush administration’s 

counterterrorism policies. Each wrote that a “likely” 

motive in bringing detainees to Afghanistan was a 

desire to evade judicial review of their detention. At the 

July hearing, however, the Justice Department argued 

that courts should be concerned only if detainees who 

already had habeas corpus rights were taken to a 

place where they would no longer have them, which 

they said was not the case with these detainees. 

294



Ex-Informer to Serve 20 Years for 

Dealing Drugs and Guns 

A former confidential informer for the New York Police 

Department pleaded guilty on Monday to dealing drugs 

and selling guns illegally as part of a plea deal under 

which he will be sentenced to 20 years in prison. 

Before emerging as a key character in a seamy 

mystery of police corruption this year, the informer, 

Ivan Chavez, 25, had provided tips to detectives that 

resulted in dozens of arrests and hundreds of guns 

seized from the streets in New York, two people with 

knowledge of the case have said. His undoing was 

entwined with the fall of Nicholas Mina, a police officer 

who prosecutors say is the reason that guns began 

disappearing in February from the lockers of police 

officers in the Ninth Precinct station house in the East 

Village. Prosecutors said Officer Mina, 32, was stealing 

guns from fellow officers and delivering them to Mr. 

Chavez, who was his drug dealer, in exchange for 

prescription painkillers. Mr. Chavez, in turn, arranged 

to have the guns sold through an intermediary to 

undercover detectives, who were initially unaware they 

were buying police property as opposed to street guns. 

In State Supreme Court in Manhattan on Monday, 

there was no mention of Mr. Chavez’s earlier work as 

an informer. Nor was there any mention of the fact that 

Mr. Chavez had, for a time, apparently duped the 

authorities. His lawyer, Daniel Hupert, entered guilty 

pleas on Mr. Chavez’s behalf to illegally selling 

firearms and to illegally selling methadone to Officer 

Mina. Mr. Chavez also pleaded guilty to conspiracy. At 

one point, an assistant district attorney, Christopher 

Prevost, asked Mr. Chavez whether Officer Mina had 

supplied him with five firearms. “Yes, he did,” Mr. 

Chavez said in a soft, high-pitched voice. Mr. Chavez 

appeared in court with a carefully trimmed, pencil-thin 

beard. He wore a loosefitting gray sweatshirt. He said 

little beyond answering “yes” or “no” to questions from 

Mr. Prevost and Justice Edward McLaughlin. After the 

hearing, Mr. Hupert declined to answer questions 

about his client’s work as a police informer. Mr. Hupert 

said that Mr. Chavez, who lived in Queens, is a father. 

“For all the nasty activity listed in the indictment, he’s a 

nice guy,” Mr. Hupert said. He said that Mr. Chavez 

would not testify as a government witness in the 

pending cases against Officer Mina and four others 

who prosecutors say helped Mr. Chavez deal drugs 

and guns. There is “no possibility at all” of cooperation 

with the prosecutors, Mr. Hupert said. Mr. Hupert said 

his client agreed to accept a 20-year prison sentence 

so that the government would not indict him on 

additional drug-dealing charges, which could have 

carried an even longer sentence. 

295



Louisiana: Accord Is Reached on Prison 

Overhaul 

The Justice Department and the sheriff who runs the 

Orleans Parish Prison have reached an agreement on 

changes at the institution, where violence, suicides, 

unclean conditions and poor medical treatment are 

commonplace, said Thomas E. Perez, assistant 

attorney general for the civil rights division. The 

department said on Monday that it sought to intervene 

in a class-action lawsuit brought on behalf of prisoners. 

Sheriff Marlin Gusman, who oversees the prison, 

supported the federal involvement, which set the stage 

for the negotiated changes. The next step toward a 

final settlement will be finding money to pay for the 

overhaul. 

296



Top Afghan Security Official Wins Case 

Challenging Corruption Accusation 

KABUL, Afghanistan — A judicial panel here ruled in 

favor of Afghanistan’s national security chief on 

Monday in an unusual case of a senior government 

official turning to the courts and the public to prove that 

allegations of corruption against him were untrue. The 

three-judge panel found that a former deputy attorney 

general, Fazel Ahmed Faqiryar, had falsely accused 

Rangin Dadfar Spanta, the national security adviser, of 

corruption and had falsely alleged that he had been 

forced into early retirement. Mr. Faqiryar was ordered 

to pay a modest fine, about $300. The small fine was 

in keeping with Mr. Spanta’s stated intent, which was 

to clear his name rather than to get revenge, said his 

lawyer, Ahmad Farid Arabzai. “Our goal is not to 

avenge,” Mr. Arabzai said. “What we want is to prove 

that we are not corrupt, we are not involved in 

embezzlement.” Mr. Spanta has been in a two-year 

dispute with Mr. Faqiryar, who named him in 

Parliament hearings and interviews with both Afghan 

and international news organizations, including The 

New York Times. The hearing was heavily covered by 

news outlets, many of which had previously broadcast 

news about the corruption allegations. In the course of 

the hearing, Mr. Faqiryar, who represented himself in 

court, repeated some of the allegations and said there 

were documents to prove them in the attorney 

general’s office where he used to work, but several of 

his arguments seemed inconclusive. Although he was 

holding a sheaf of papers throughout the proceedings, 

he did not appear to have given any of them to the 

court. Mr. Faqiryar also said he was glad he no longer 

worked for the government. At one point during his 

presentation, he indicated that he believed the case 

was being brought for political reasons and at another 

time for personal reasons, but above all he argued that 

an example was being made of him. “If this is 

punishable at my 74 years of age and with my record 

of performance as a lawyer and with all of the 

documents I have mentioned, then I request that you 

punish me so that it can be a lesson for everyone,” Mr. 

Faqiryar said. “But if this is a case where the law is 

only enforced when it comes to one person, then this 

is not justice.” He said he would appeal the verdict. 

The case stems from a period in 2009-2010, when the 

international community was seized by the idea that 

the aggressive prosecution of high-profile corruption 

cases in Afghanistan, backed by international financing 

and mentoring, would help to restore faith in the 

Afghan government and begin to inculcate the rule of 

law. The attorney general’s office began investigations 

of scores of public officials on suspicion of corruption, 

kickbacks and bribery. Corruption is rife in 

Afghanistan, which ranks third from last in 

Transparency International’s list of countries. At the 

time, there was finger pointing and complaints of 

corruption against scores of public officials. In the 

summer of 2010, shortly before the incident involving 

Mr. Faqiryar and Mr. Spanta, the prosecution of a 

close aide to President Hamid Karzai was halted after 

the president intervened, saying that Western-backed 

investigators had violated the aide’s civil rights. Around 

the same time, the two main fraud investigative units 

— the major crimes task force and the sensitive crimes 

unit — while continuing to work, saw none of their 

cases brought to trial. The only truly high-profile case 

that appears to have moved forward in the past two 

years is one involving the chief executives of Kabul 

Bank. In that case, Mr. Karzai has appointed a special 

tribunal to bring charges. With no high profile cases 

going to prosecution, many officials whose names 

were reported in the news media as accused of 

corruption never saw the allegations proved or 

dismissed, including Mr. Spanta. The incident began 

when Mr. Faqiryar was sent by the attorney general’s 

office to testify before Parliament about corruption and 

read out a long list of officials on whom the office was 

said to have files. When Mr. Spanta’s name came up, 

it surprised many people, in part because he had a 

reputation for honesty and not least because the 

national security office generally handled few 

contracts. Mr. Spanta, an economist by training whose 

family lives in Germany, is a rare member of Mr. 

Karzai’s inner circle who does not even own a house in 

Kabul, but stays in the national security guesthouse, 

occasionally returning to Germany to visit his family. 

Because prosecutions were never brought, it was 

unclear whether there was a file at all and, if there 

was, what was in it. 

297



An Old Warrior With No Taste for 

Nuclear War 

Until very recently, Dwight D. Eisenhower has done a 

remarkably good job of hiding in plain sight. The 

Eisenhower era, the Eisenhower jacket and the still 

in-the-works Eisenhower memorial (planned for 

Washington) attract more news attention than the man 

himself does. And despite a library’s worth of books, 

letters, papers and oral histories documenting this 

president’s life and times, Eisenhower’s importance is 

only beginning to be widely noticed. The impression of 

a bland man overwhelmed by the demands of the Oval 

Office has been so easily embraced that it refuses to 

go away. Even this year, when new books and reprints 

about the 34th president abound and Eisenhower 

revisionism is on the rise, the subject remains below 

the radar, or at least without wide readership. Evan 

Thomas’s “Ike’s Bluff,” a bustling, anecdotal book with 

a high-concept premise, aims to change all that. Unlike 

Jean Edward Smith’s heftier “Eisenhower in War and 

Peace,” a major biography that arrived this year, Mr. 

Thomas’s account does not span the full Eisenhower 

story. It focuses on the presidential years (1953-61) 

and concentrates on a matter of strategy. “Having 

done as much as any man to win World War II, Ike 

devoted the rest of his public service to keeping 

America and the world out of World War III,” Mr. 

Thomas asserts. As he explains it: “His ability to save 

the world from nuclear Armageddon entirely depended 

on his ability to convince America’s enemies — and his 

own followers — that he was willing to use nuclear 

weapons. This was a bluff of epic proportions.” At first 

Mr. Thomas hammers the bluff conceit so hard that he 

risks sounding forced and facile. But he winds up 

making a substantive case for the way that 

Eisenhower, the World War II Allied forces’ supreme 

commander and one of the greatest shoo-ins in 

American electoral history, brought his military instincts 

from the battlefield to the White House. That 

background did not make him hawkish; anything but. 

His first secretary of state, John Foster Dulles, took 

care of the saber rattling, while Eisenhower denounced 

what he named “the military-industrial complex.” But 

Eisenhower, according to Mr. Thomas, adopted a 

tough, all-or-nothing attitude toward armed conflict. As 

the first president to serve two full four-year terms in 

the age of nuclear weapons, Eisenhower scorned what 

he sarcastically called “a nice, sweet, World War II 

type of war” and implied a capacity for something 

worse. America’s new cold war enemies had no 

reason not to believe him. Mr. Thomas supports this 

claim by drawing on sources recently declassified or 

largely overlooked. Some of his most valuable 

information comes from minor-seeming figures who 

knew this president best. Two books have been written 

about Eisenhower’s secretary, Ann Whitman; they are 

out of print and barely figure in Mr. Smith’s biography. 

But her writings, described by Mr. Thomas, show her 

to be an astute observer of presidential mood swings. 

And who knows what else? Mr. Thomas does say, 

without further explanation, that she left her husband 

to be with her boss. Eisenhower’s doctor, Howard 

McCrum Snyder, knew better than anyone that the 

commander in chief paid a heavy physical toll for the 

blandness he projected in public — and once had a 

presidential golf club thrown at him. Eisenhower’s son, 

retired Brig. Gen. John Eisenhower, worked for (and 

was once told to drop dead by) his own father. As for 

aides, Mr. Thomas says: “Television viewers saw a 

genial grandfather. His aides sat at the foot of 

Vesuvius.” “Ike’s Bluff” admires its subject so raptly 

that it attempts difficult contortions on his behalf. About 

civil rights, Mr. Thomas plays apologist for 

Eisenhower’s failure to be more outspoken. “He was 

probably shrewd to operate behind the scenes on civil 

rights legislation, although his invisible hand was often 

taken for detachment,” the books says. And it cites 

other instances of the vagueness, opacity or silence 

that dim the Eisenhower legacy. But by and large, the 

“Ike’s Bluff” theory effectively explains his behavior in 

the Korean War, the Suez Canal crisis, the 

showdowns with China over the islands Quemoy and 

Matsu and the downing of an American U-2 spy plane 

in the Soviet Union. The U-2 incident stands out with 

special clarity because Mr. Thomas evokes the 

president’s dealings with the Soviet leader Nikita S. 

Khrushchev so well. Although the book’s main focus is 

on a string of international standoffs, the little details 

often have more freshness and insight than its 

towering ones do. So an account of Khrushchev’s 

highly colorful 1959 visit to the United States — which 

draws on Peter Carlson’s hilarious-sounding book “K 

Blows Top” — is a standout episode here (though the 

trip is glossed over or aridly summarized in other 

Eisenhower books). In this telling, Khrushchev’s 

interpreter began to draw little mushroom clouds in his 

notes because the subject came up so often. Mr. 

Thomas’s earlier book on the Central Intelligence 

Agency, “The Very Best Men” (not to be confused with 

“The Wise Men,” written with Walter Isaacson), gives 

him excellent preparation for describing the culture of 

condescension created by Eisenhower’s self-styled 

298

superiors in Washington. (Their criticism was often 

aired by the well-connected columnist Joseph Alsop, a 

particularly vituperative enemy.) Yet Eisenhower, 

deliberately if mysteriously, did much to diminish his 

own image. Imagine a more recent president saying, 

“That’s just too complicated for a dumb bunny like me” 

and not catching hell for it. Then imagine a man who 



quit smoking by ordering himself to do so. 

Eisenhower’s combination of courage, petulance and 

cunning are hard qualities to reconcile. And Mr. 

Thomas sometimes has no answers. But he 

approaches the ever more changeable Eisenhower 

legacy with new and intriguing questions. 

299

UOL Internacional/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 

Supremo Tribunal Federal (Supremo Tribunal Federal) 

Governo convoca aliados para salvar MP 

de compras governamentais 

Por Jeferson RibeiroBRASÍLIA, 24 de Set (Reuters) - 

O governo se desdobra para articular a presença de 

parlamentares aliados no Congresso, na última 

semana de esforço concentrado antes das eleições 

municipais, com o objetivo de aprovar a medida 

provisória que abre crédito orçamentário de 6,8 

bilhões de reais e garante a execução de um 

ambicioso programa de compras governamentais 

lançado pela presidente Dilma Rousseff em 

junho.Essa MP faz parte do esforço do governo para 

reativar o crescimento econômico nos próximos meses 

e enfrentar a crise internacional. A medida perde a 

validade no dia 8 de novembro, mas ainda precisa ser 

aprovada na Comissão Mista de Orçamento (CMO) e 

nos plenários da Câmara e do Senado.Apesar de 

faltar mais de um mês para que ela deixe de ter 

validade, o tempo para tramitação é considerado 

exíguo pela área política do Executivo, ainda mais 

levando em conta que haverá disputa de segundo 

turno para prefeitos em várias capitais e cidades com 

mais de 200 mil eleitores.Se não for aprovada pela 

CMO nesta semana, a MP só deve ser analisada 

pelos parlamentares na segunda semana de outubro, 

o que aumentaria ainda mais a pressão sobre sua 

tramitação e o risco de perda da validade.Segundo 

uma fonte do governo, que falou sob condição de 

anonimato, se a medida provisória não for aprovada 

até o início de novembro o programa de compras 

governamentais ficará "muito prejudicado", porque os 

recursos previstos para essa iniciativa não constam no 

Orçamento deste ano.O programa do Executivo é de 

cerca de 8,4 bilhões de reais, sendo que 6,8 bilhões 

de reais são viabilizados pela medida provisória.Na 

semana passada, os aliados não somaram número 

suficiente de senadores para abrir a sessão na CMO, 

e a votação da MP das compras governamentais, que 

chegou em junho ao Congresso, foi novamente 

adiada.O governo tem tentado nos últimos dias 

mobilizar os aliados para aprovar a MP e fez uma 

nova convocação nesta segunda, conforme disse a 

fonte.A aprovação da MP que trata do Código 

Florestal, e perde a validade em 8 de outubro, e a 

indicação do ministro Teori Zavaski ao Supremo 

Tribunal Federal, que serão analisadas pelos 

senadores nesta semana, são pendências que 

preocupam muito menos a área política do 

governo.Dos 6,8 bilhões de reais previstos na MP, 1,4 

bilhão de reais serão usados para compra de veículos 

escolares e mobiliário para as escolas. O governo 

federal fará a aquisição e repassará aos 

municípios.Mais 1 bilhão de reais será usado pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário para comprar 

retroescavadeiras e motoniveladoras. E mais 1,5 

bilhão será usado pelo Ministério da Defesa para 

adquirir e modernizar equipamentos militares.O 

restante dos recursos seria dividido para ações 

capitaneadas pelos Ministérios do Planejamento, da 

Integração Nacional, da Justiça, dos Transportes, da 

Saúde e das Cidades. 

300


Poder Judiciário (Conselho Nacional de Justiça) 

"The Economist" chama presídios da 

América Latina de "jornada para o 

inferno"" 

Em uma reportagem publicada no último domingo 

(22), o jornal "The Economist" faz críticas aos 

presídios na América Latina por estarem longe de ser 

um lugar seguro para reabilitação, classificando-os de 

"jornada para o inferno" em países como Venezuela, 

México, Honduras, Chile e Brasil. 

"Os prisioneiros não só são submetidos a tratamentos 

brutais frequentes em condições de miséria e 

superlotação extraordinária, e muitas cadeias são 

administradas por grupos criminosos", diz o jornal. 

Ao falar da situação do Brasil, a reportagem cita a 

situação do presídio Romeu Gonçalves de Abrantes, 

em João Pessoa, na Paraíba, denunciada no final de 

agosto pelo Conselho Estadual de Direitos 

Humanos. O órgão visitou o presídio e encontrou um 

cenário de horror. Um amontoado de 80 homens nus 

dividindo espaço numa cela com fezes flutuando em 

poças de água e urina. O Ministério Público, Polícia 

Federal e o governo estadual apuram as denúncias de 

maus tratos aos presos. 

Situações como essa, segundo o "Economist", 

resultam num surto de massacres em prisões e 

incêndios provocados deliberadamente. Exemplos 

recentes não faltam. Em fevereiro deste ano, um 

incêndio matou mais de 350 detentos em uma cadeia 

no centro de Comayagua, em Honduras, na maior 

tragédia no sistema penitenciário do país. 

Em julho, pelo menos 26 prisioneiros morreram em 

uma guerra de gangues na prisão de Yare, na 

Venezuela. Mais tarde, foram encontrados com os 

prisioneiros rifles, metralhadora, duas granadas e dois 

morteiros. Uma quantidade semelhante de presos 

morreu em uma revolta na prisão de Rodeo, também 

na Venezuela, no ano passado. 

No país governado pelo presidente Hugo Chávez, 

entre 2004 e 2008, mais de 400 presos morreram na 

cadeia. Até 2011, o número somava 560, de acordo 

com o Observatório Prisional. Em outras palavras, um 

venezuelano tem 20 vezes mais chances de morrer no 

presídio do que na rua. 

Um fogo, que começou durante uma briga de 

prisioneiros na prisão de San Miguel, em Santiago, no 

Chile, em dezembro de 2010, terminou com 81 

prisioneiros mortos e 15 feridos. Todas as vítimas 

serviam sentenças inferiores a cinco anos, por crimes 

como pirataria de DVD e roubos. 

Após o incidente, o governo chileno iniciou um plano 

de reformas, incluindo a construção de quatro novas 

prisões. O objetivo é cortar o índice de extrapolação 

da capacidade prisional de 60% para 15% até 2014. 

Em 2011, de acordo com a publicação, o Brasil tinha 

515 mil presos -- contra 90 mil em 1990--, a quarta 

maior população carcerária do mundo, atrás de 

Estados Unidos, China e Rússia. 

Assim como em Honduras, quase a metade dos 

presos no Brasil não teve sua sentença dada pela 

Justiça. Em outros casos, o jornal cita que "a situação 

no Brasil é tão caótica que alguns presos não são 

libertados nem quando terminam de cumprir sua 

pena". "É por isso que as prisões são chamadas de 

escolas de bandidos", disse à revista Migdonia 

Ayestas, do Observatório Nacional da Violência, uma 

ONG de Honduras. 

No entanto, avanços foram feitos no país. O jornal cita 

a libertação de 22, 6 presos após uma avaliação de 

300 mil casos pelo Conselho Nacional de Justiça e a 

construção de unidades de segurança máxima 

afastadas. "O governo federal pode fazer pouca coisa 

para melhorar as condições das prisões, porque são 

os juízes que condenam as pessoas à prisão e os 

Estados que operam os presídios", disse à revista 

Augusto Rossini, diretor do Departamento 

Penitenciário Nacional (Depen) do Ministério da 

Justiça. 

Além disso, para evitar a superlotação, um decreto 

federal aprovado em 2011 proibiu a prisão preventiva 

para réus primários acusados de crimes menores, e o 

Congresso aprovou uma lei que dá aos presos um dia 

de folga a cada 12 horas dedicadas ao estudo ou 

trabalho. 

No México, onde rebeliões e fugas são cada vez mais 

frequentes, as mortes dentro de presídios vêm 

aumentando conforme o crescimento do crime 

organizado. Em 2007, foram 15 mortes, contra 71 em 

2011. Nos primeiros três meses de 2012, 80 presos 

foram mortos. 

O caso com mais mortes registrado este ano ocorreu 

em fevereiro. Mais de 30 membros da Zetas, uma 

gangue de traficantes, matou 44 presos em uma 

cadeia de Apodaca, próxima a Monterrey, antes de 

escaparem. 

Uma das fugas de presídio mais ousadas na América 

Latina aconteceu há poucos dias no México. Pelo 

menos 132 presos fugiram por um túnel escavado a 

301

partir da carpintaria do Centro de Readaptação Social 

de Piedras Negras. 

O município de Piedras Negras, 1.290 km ao norte da 

capital mexicana, faz fronteira com a cidade 

americana de Eagle Pass, no Texas. No país, os 

presídios localizados em áreas perto da fronteira com 

os Estados Unidos são os que mais vêm registrando 

fugas desde 2010. 


Poder Judiciário (Conselho Nacional de Justiça) 

Em 17 de dezembro de 2010 ocorreu a maior fuga de 

presos da história do México, quando mais de 140 

detentos escaparam da prisão de Nuevo Laredo, no 

Estado de Tamaulipas, na fronteira americana. Em 

setembro do mesmo ano, outros 85 presos haviam 

escapado de uma prisão de Reynos, também em 

Tamaulipas. 

302

UY Press/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 


Argentina: el gobierno emite spot 

publicitario para amenazar con la ley de 

medios 

El spot oficial está firmado por la Autoridad Federal de 

Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).Esta 

medida se basaría en una polémica ley aprobada en el 

parlamento en el año 2009 luego de un debate que la 

oposición calificó como “llena de irregularidades”.A 

partir de la ley se presentaron múltiples recursos de 

inconstitucionalidad y esto llevó a que varios jueces 

ordenaran medidas cautelares que congelaron la 

aplicación de la norma. A pesar de que la Justicia aún 

debe resolver varios planteos pendientes, el gobierno 

argentino decidió oficializar la nueva legislación. La 

resolución de los jueces fue también aprobada por la 

Suprema Corte de Justicia.La llamada Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual divide el 

espacio radioeléctrico en tres partes iguales entre el 

Estado, el sector privado y las organizaciones sin fines 

de lucro.El más perjudicado por la nueva ley de 

medios es el Grupo Clarín, el principal multimedios del 

país, que desde hace dos años mantiene una fuerte 

enemistad con el gobierno.Las licencias del grupo 

habían sido renovadas por diez años en 2007 por el 

entonces presidente Néstor Kirchner, marido de la 

actual mandataria, pero el apoyo del multimedios a la 

protesta agraria que desestabilizó los primeros meses 

de la gestión de Fernández, en 2008, marcó el 

comienzo de una batalla que en estos días se 

agudizó.Gobierno celebra, oposición cuestionaUn 

amplio sector de la oposición política y social al 

gobierno está muy preocupada por estas medidas, 

porque simultáneamente el gobierno o empresarios 

estrechamente vinculados al gobierno han avanzado 

sobre los diversos medios electrónicos (televisoras 

abiertas, TV cables y radios) y se invierten cifras de 

cientos de millones de dólares en publicidad y 

campañas oficiales en los diversos medios, incluyendo 

programas como “Fútbol para todos”."Lo que se ha 

hecho con la ley de Medios es repetir el COMFER 

pero poniendo al zorro controlando el gallinero", 

advirtió el líder de Proyecto Sur, Fernando "Pino" 

Solanas, e insistió: "Empecemos por el hecho de que 

todavía no hay palabra definitiva de la Justicia, la 

medida cautelar puede renovarse, puede 

prolongarse", y dijo desconocer "con qué argumento 

se puede opinar lo contrario".“Más allá de que 

estemos o no de acuerdo con algunos artículos, la 

aplicación de la Ley tiene que ser pareja para todos”, 

consideró el socialista y lider del Frente Amplio 

Progresista (FAP) Hermes Binner. Precisamente, el 

Gobierno sólo parece estar urgido por quitarle 

licencias a Clarín y no así a otros grupos de medios 

cercanos al oficialismo que exceden el número 

máximo que habilita la nueva Ley. El legislador del 

FAP Claudio Lozano, en tanto, sostuvo que “si el 

objetivo es democratizar, el Gobierno debe esperar a 

que la Justicia zanje el conflicto sobre la cuestión de 

fondo”.Mientras que la diputada de Unión por Todos, 

Patricia Bullrich, agregó: "Es increíble, el gobierno 

nacional usa el dinero de todos los argentinos para 

anunciar que piensa violar la ley el 7 de diciembre".El 

jefe de Gabinete del gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en tanto, consideró 

que los avisos del Gobierno durante la transmisión del 

fútbol convirtieron al "Fútbol para todos en un Spots 

contra todos" y recordó que estos avisos fueron 

"primero fue contra nosotros (durante la pelea por el 

Subte), después contra la provincia de Córdoba (por el 

conflicto previsional) y ahora contra Clarín". Para 

Larreta, el Gobierno está "usando el dinero de todos 

para hacer política. Todo aquel que piensa distinto, ya 

sea una persona, empresa, partido político o medio de 

comunicación es considerado como enemigo".“Cristina 

está anunciando que quiere violar la ley el 7 de 

diciembre. Esto es un apriete, no sólo a Clarín, sino a 

todo aquel que piense distinto”, aseguró el jefe de 

Gobierno porteño, Mauricio Macri. “Está más claro que 

nunca que la Ley tenía dos objetivos: silenciar 

cualquier oposición y construir un monopolio oficial . 

Una muestra clave fue la noche del cacerolazo, en 

que el único que mostró lo que estaba pasando fue 

TN”, recordó el senador radical Ernesto 

Sanz.“Estamos absolutamente en contra de que se 

quiera cambiar un monopolio por otro, por más que 

nos digan que le hacemos el juego a la derecha. Se 

construyó un monopolio estatal que es utilizado como 

herramienta electoral. Dicen que hacen una política de 

izquierda, pero en realidad es absolutamente 

conservadora”, opinó el titular de la CGT, Hugo 

Moyano.“¿De qué democratización de los medios 

están hablando? Ni siquiera nos dieron la licencia de 

una radio en un lugar alejado del interior”, se preguntó 

el titular de la CTA (Central Sindical) anti K, Pablo 

Micheli).“El Gobierno está preparando el terreno para 

ir por la televisión independiente con cualquier excusa. 

La lucha por la libertad de prensa estará pronto entre 

303

los reclamos de la gente”, consideró el diputado 

Eduardo Amadeo, del Frente Peronista.“Es un nuevo 

ataque del Gobierno contra la libertad de expresión 

bajo la fachada de una presunta legalidad. Quieren 

UY Press/ - Notícias, Seg, 24 de Setembro de 2012 


ahogar a los medios independientes y someten al 

resto al arbitrio de una pauta publicitaria discrecional”, 

evaluó el denarvaísta José Scioli. f.l. 

304






Caso de menor acusado de matar irmão de 2 anos gera debate sobre Justiça nos EUA, 310 



Pérez Molina ofrece a Colombia experiencia de Guatemala para proceso de paz, 312 



Fallo de CorteIDH sobre matanza en Perú será acatado a pesar de las críticas, 313 



West Virginia Voting Map Upheld by U.S. Supreme Court, 314 



Texas Diversity Tested as Court May Curb Affirmative Action, 315 

Business Insurance - Article 


Alliant Insurance barred from soliciting certain Aon construction clients, 317 



‘Groundwater near Carbide factory contaminated’, 318 



Civil-military relations in crisis, 319 



Fuel loading at Kudankulam under way despite protests, 321 



Binner juntó firmas por Florida contra la re-reelección, 322 



Tras 4 años, logró recuperar al hijo que su ex mujer se había llevado, 323 



La SIP y emisoras de todo el mundo repudian el ataque al Grupo Clarín, 324 



JNE declaró la vacancia de 11 alcaldes en lo que va del año, 325 



Comisión de Presupuesto del Congreso sesiona hoy en Chiclayo, 326 


306



TC: Fallo de la Corte IDH deja al Perú como "país bananero", 327 



Marò, la sentenza potrebbe slittare Il verdetto atteso all'inizio di ottobre, 328 



Oliveira Martins: "Não podemos fazer cortes cegos" na despesa , 329 



Redes sociales, privacidad y Derecho, 330 



Muere de cáncer el exministro de Educación de México, Alonso Lujambio, 331 



Lujambio fue un hombre de bien: Fernández de Cevallos, 333 



Lujambio trabajó por un país democrático: IFAI, 334 



Crise deixa Tribunal Constitucional-Familiar à solta , 335 



Chávez, del abuso de promesas a los hechos, 336 



Caso Candela: piden el juicio político de Casal, 338 



Fuerte rechazó de la SIP a las amenazas a Clarín, 339 

Le Monde - Article 


Le Conseil constitutionnel se penche sur la "bonne moralité" des magistrats, 340 

Los Angeles Times - Politics 


Annual free health clinic coming to L.A. Sports Arena, 341 

Los Tiempos - actualidad 


MSM exige que se declare “desierta” la convocatoria a Fiscal General del Estado, 342 



NY court revives lawsuits between Mashreq, Algosaibi, al-Sanea, 343 



307


"Soccer Mom Madam" pleads guilty in New York, 344 



Weeks before election, Pennsylvania voter ID law back in court, 345 



Supreme Court to address blood testing for drunk driving, 346 



Texas set to put to death man who received three stays of execution, 348 



Supreme Court upholds West Virginia redistricting, 349 



U.S. top court to review blood tests to test driver sobriety, 350 



Americas court tells Peru to scrap rule that could help Fujimori, 351 



Jayalalithaa slams Karunanidhi for 'double standards' on FDI, diesel issues, 352 



Aarushi Talwar murder case: Court orders Nupur Talwar's release, 353 



Kudankulam nuclear plant's first unit likely to be operational by next year: R K Sinha, 354 



Zardari graft cases: Pakistan govt submits to SC Swiss letter draft, 355 



Justices Uphold Map for West Virginia Voting, 356 



In Massachusetts, Brown Attacks Warren’s Character, 357 



Boy Scouts Assert ‘Good Faith Effort’ to Protect Youths, 359 



New Limits Considered in Airwaves, 360 



Texas: Ex-Army Recruiter Is Executed for 2002 Killing, 361 

308




History in Little Rock, 362 



New Ruling on Katrina Favors Corps of Engineers, 363 


BBC Brasil/ - Notícias, Ter, 25 de Setembro de 2012 


Caso de menor acusado de matar irmão 

de 2 anos gera debate sobre Justiça nos 

EUA 

Ligia Hougland De Washington para a BBC Brasil 

Um caso de direito penal envolvendo um menor na 

Flórida está causando um amplo debate nos Estados 

Unidos que vai além de questões jurídicas, fazendo a 

sociedade questionar o conceito de Justiça. 

Cristian Fernandez, de apenas 13 anos, está sendo 

julgado como se fosse maior de idade por um tribunal 

do distrito de Duval County por dois crimes cometidos 

em 2011. 

O menino é acusado de ter matado por espancamento 

seu meio-irmão David, de 2 anos, e de ter atacado 

sexualmente seu outro meio-irmão, um menino de 5 

anos. 

Se Cristian for condenado por homicídio doloso, ele 

pode receber pena de prisão perpétua, sem 

possibilidade de liberdade condicional. 

O caso chamou atenção não apenas pela idade de 

Cristian, mas também pelo passado de abusos e de 

violência a que o próprio acusado foi submetido no 

ambiente familiar ao longo de sua vida. 

Marcas da violência 

Cristian nasceu marcado pela violência. Sua mãe, 

Bianella Susana, deu à luz o menino quando tinha 

apenas 12 anos. O pai de Cristian foi condenado a 10 

anos de prisão por ter estuprado a, então, 

pré-adolescente. 

Quando tinha dois anos de idade, o menino foi 

encontrado vagando de madrugada pelas ruas do sul 

da Flórida, despido e mal cuidado. A avó, que era a 

responsável pelo menino, estava trancada há horas no 

quarto de um hotel de estrada, em uma maratona de 

uso de drogas. 

Alguns anos mais tarde, em 2007, o Departamento de 

Crianças e Famílias da Flórida investigou uma 

alegação de que Cristian havia sido abusado 

sexualmente por um primo. 

O menino também começou a dar sinais de distúrbio 

de comportamento, com um histórico de relatos às 

autoridades locais de que ele havia matado um filhote 

de gato, além de ter simulado atos sexuais e se 

masturbado na escola. 

Mesmo assim, Cristian apresentava um excelente 

desempenho acadêmico. 

Em 2010, foi constatado que o menino vivia 

novamente em um ambiente violento. O marido de 

Bianella deu um soco no olho de Cristian, fazendo 

com que sua escola o encaminhasse a um hospital. 

Ao chegar à residência da família, em um subúrbio de 

Miami, para investigar a agressão a Cristian, a polícia 

encontrou o padastro do menino morto. A causa da 

morte indicava suicídio com arma de fogo. 

Julgamento 

Um ano mais tarde, Bianella deixou Cristian sozinho 

em casa com os dois irmãos, quando David foi 

espancado. Ela demorou mais de oito horas para levar 

o filho de dois anos, que se encontrava inconsciente, 

até um hospital. 

Em março deste ano, a mãe dos meninos se declarou 

culpada por homicídio culposo, determinado pela falta 

de intenção em provocar a morte da vítima, e pode ser 

condenada a 30 anos de prisão. 

Agora, a juíza Mallory Cooper enfrenta um dos casos 

de direito penal mais complicados já vistos nos 

tribunais americanos. 

Muitos advogados e promotores apoiam a promotora 

estadual, Angela Corey, que pediu que Cristian fosse 

julgado como adulto. 

Mas acadêmicos de direito e psiquiatria acreditam que 

a abordagem do direito penal no caso de delinquentes 

juvenis deve ser mais humana. 

"Precisamos decidir se queremos um sistema que visa 

à punição ou à justiça", disse à BBC Brasil Jenna 

Saul, médica especialista em psiquiatria forense. 

Segundo a psiquiatra, é possível que Cristian nem 

entenda as consequências dos seus atos de violência, 

310

uma vez que, na realidade dele, a agressão física é 

uma forma de mostrar frustração que não resulta em 

morte. 

"Esse menino deve, sem dúvida alguma, ser julgado 

por um tribunal para menores, onde podem ser 

implementadas maneiras de reintroduzi-lo à 

sociedade", afirmou Saul. 

Outros casos 

Na década de 80, houve um aumento no número de 

casos de menores sendo julgados como adultos no 

país. No fim dos anos 90, a maioria dos estados 

americanos tornou mais fácil que delinquentes 

menores de idades fossem tratados como adultos 

pelos tribunais criminais. 

BBC Brasil/ - Notícias, Ter, 25 de Setembro de 2012 


Atualmente, existem mais de 2 mil indivíduos no 

sistema carcerário dos EUA que receberam pena de 

prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade 

condicional, quando ainda eram menores de idade. 

Recentemente, a Suprema Corte dos EUA declarou 

que esse tipo de pena é inconstitucional, 

classificando-a como "punição com requintes de 

maldade", mas nos EUA a autonomia dos estados 

torna a questão mais complexa. 

Em âmbito global, há apenas 12 outros casos de 

encarcerados que foram condenados quando menores 

à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade 

condicional. 

311

Blogs El Mercurio/ - Notícias, Ter, 25 de Setembro de 2012 


Pérez Molina ofrece a Colombia 

experiencia de Guatemala para proceso de 

paz 

Naciones Unidas, (EFE).- El presidente de Guatemala, 

Otto Pérez Molina, aseguró hoy en la ONU que 

Colombia cuenta con “todo el respaldo” del pueblo 

guatemalteco de cara al proceso de paz iniciado con 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC). 

“La lucha por la paz del presidente (Juan Manuel) 

Santos tiene todo el respaldo del pueblo de 

Guatemala, al que le tocó vivir un enfrentamiento 

armado de 36 años y que finalmente firmamos una 

paz duradera”, dijo Pérez Molina en un encuentro con 

la prensa en la sede central de Naciones Unidas en 

Nueva York. 

El mandatario guatemalteco se reunirá mañana, 

miércoles, con su homólogo colombiano y tiene 

previsto mostrarle su apoyo y el de “todo el pueblo 

guatemalteco”, dispuesto a “poner a disposición de 

Santos cualquier experiencia que podamos aportar, 

aunque sea mínima”. 

Pérez Molina intervendrá este miércoles en los 

debates públicos de la Asamblea General de la ONU, 

donde propondrá impulsar nuevas alternativas para 

combatir el narcotráfico internacional, entre ellas la 

despenalización de las drogas. 

El presidente centroamericano explicó que planteará 

la “revisión” de la Convención Única de Naciones 

Unidas sobre Estupefacientes, piedra angular de la 

política internacional contra las drogas y que fue 

aprobada en 1961. 

“Se trata de encontrar nuevas rutas alternativas para 

ser más eficientes en la lucha contra la droga”, dijo el 

mandatario, que abogó por que se modifiquen los 

parámetros que la rigen, centrándose en el impacto de 

la violencia que causa el narcotráfico, entre otros 

puntos. 

Pérez Molina aseguró que espera contar con el 

respaldo de Santos en ese punto y que ambos países 

puedan promover “un bloque latinoamericano que 

impulse las reformas que se están buscando”. 

Durante su visita a la ONU, el presidente se reunió 

este martes con el secretario general de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), José 

Miguel Insulza, con quien habló de la marcha de los 

estudios encargados a esa organización sobre el 

tráfico de drogas durante la cumbre de Cartagena de 

Indias del pasado abril. 

Además, también trataron de la reunión que la OEA 

facilitará entre Guatemala y Belice, el próximo 6 de 

octubre, en la que debe “ratificar el compromiso para ir 

a la consulta y llevar el diferendo a la Corte 

Internacional de Justicia (CIJ), para después aceptar 

lo que el tribunal diga”, añadió Pérez Molina. 

312

Blogs El Mercurio/ - Notícias, Ter, 25 de Setembro de 2012 


Fallo de CorteIDH sobre matanza en Perú 

será acatado a pesar de las críticas 

Lima, (EFE).- El fallo de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CorteIDH) que ordenó corregir la 

resolución que redujo las condenas a los autores de la 

matanza de Barrios Altos, en Perú, será acatado, a 

pesar de las críticas expresadas hoy en Lima. 


afirmó que “como país civilizado estamos obligados a 

cumplir lo resuelto por la Corte, pues si no se corrige 

se generará una situación de impunidad”. 

La sala presidida por el juez peruano Javier Villa Stein 

decidió en agosto pasado que la matanza de Barrios 

Altos no constituía un delito de lesa humanidad, por lo 

que rebajó las sentencias a todos los implicados, 

incluido el asesor del expresidente Alberto Fujimori, 

Vladimiro Montesinos, de 25 a 20 años de cárcel. 

Ayer, la CorteIDH emitió una resolución en la que pidió 

al Estado peruano corregir el fallo de Villa Stein 

porque contradice el reconocimiento que hizo en 2001 

a los crímenes cometidos por el grupo paramilitar 

Colina, responsable de la matanza de Barrios Altos. 

San Martín explicó que “no se puede decir que no es 

un delito de lesa humanidad” porque “es un tema 

concluso, es cosa juzgada internacional, y que “pese a 

quien le pese, a obedecer y alinearse”. 

En el mismo sentido, el presidente del Congreso, 

Víctor Isla, declaró hoy que está a favor de cumplir 

con la resolución porque “tenemos que ser 

respetuosos” de los mandatos del sistema 

interamericano de justicia. 

“Lo que nos corresponde como país civilizado es 

llanamente cumplir, guste o no guste”, dijo el 

legislador oficialista. 

Su colega de la oposición, Víctor Andrés García 

Belaunde, coincidió en que se tiene que cumplir 

porque la resolución ya “es un desprestigio” para la 

justicia peruana. 

La ministra de Justicia, Eda Rivas, declaró ayer que 

la CorteIDH ha accedido a que Perú busque corregir 

“en sede interna” la resolución judicial que rebajó las 

condenas por la matanza de Barrios Altos. 

Rivas precisó que la resolución emitida por la 

CorteIDH “no ha ordenado anular el fallo, sino que ha 

accedido a que Perú resuelva en sede interna y corrija 

la anomalía producida por la sentencia”. 

La ministra indicó que la resolución de la CorteIDH 

coincide con la posición del Ejecutivo peruano de que 

la sentencia “es incompatible y se aparta de la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de los 

fallos del Poder Judicial con respecto al caso Barrios 

Altos y los delitos cometidos por el denominado grupo 

Colina”. 

Por su parte, el presidente de la sala que rebajó las 

condenas por el caso Barrios Altos, Javier Villa Stein, 

dijo que el fallo de la CorteIDH marca un “precedente 

terrible para la justicia peruana”. 

El juez supremo agregó, en un pronunciamiento 

entregado a los medios, que la resolución de la 

CorteIDH es “una ofensa” para la soberanía del Perú y 

que le corresponde al presidente Ollanta Humala 

pronunciarse. 

En el mismo sentido, el presidente del Tribunal 

Constitucional, Ernesto Álvarez, declaró a canal N 

que la sentencia es resultado de “la escasa defensa 

por parte del Perú como una nación digna y con un 

Estado de Derecho que merece respeto”, pero agregó 

que “aunque no nos guste tenemos que acatarlo”. 

“El problema del Perú es que siempre tiene que acatar 

fallos porque no ha hecho una defensa eficaz. Lo 

sucedido en esa audiencia es de vergüenza”, criticó. 

313

Bloomberg/ - News, Ter, 25 de Setembro de 2012 


West Virginia Voting Map Upheld by 

U.S. Supreme Court 

The U.S. Supreme Court upheld West Virginia’s 

congressional voting boundaries, saying the population 

among districts can vary to protect incumbents and 

keep counties and cities intact. In an unsigned opinion 

with no dissents, the justices today upheld a bipartisan 

redistricting plan that kept the state’s three 

congressional districts largely unchanged. A lower 

court had said the map violated the “one person, one 

vote” rule. The high court today said that constitutional 

principle, which has guided federal redistricting for 50 

years, wasn’t an absolute. “Our cases leave little doubt 

that avoiding contests between incumbents and not 

splitting political subdivisions are valid, neutral state 

districting policies,” the Supreme Court said. The 

justices also said states could seek to avoid shifting 

voters into new districts. Under West Virginia’s plan, 

the largest district has 4,871 more people than the 

smallest. West Virginia officials, who created the 

districts under a bipartisan agreement after the 

decennial census, said the size differences are 

minuscule, given that each district has more than 

600,000 people. Population Equality The Supreme 

Court first said in the 1960s that state legislative 

districts must have approximately the same number of 

people to comply with the Constitution. The court 

applied a similar rule to congressional redistricting in 

1964, saying districts within a state must achieve 

population equality “as nearly as is practicable.” The 

high court invoked that decision in 1983 when it struck 

down a New Jersey congressional redistricting plan 

because the largest district was 0.70 percent larger 

than the average district. In voiding the West Virginia 

map on a 2-1 vote, a panel of federal judges said the 

map’s variance of 0.79 percent could have been 

avoided using computer software. The Supreme 

Court put that ruling on hold in January, keeping the 

districts intact for this year’s election. The two county 

commissioners challenging the map said that 

lawmakers never explained why they needed to create 

districts with varied populations. The state legislature 

“did not create a contemporaneous record in any form 

sufficient to show that the 4,871-person variance in 

this case, or any part thereof, was necessary to 

achieve some legitimate goal,” Jefferson County 

Commissioners Patricia Noland and Dale Manuel 

argued in court papers. The challengers also contend 

that the redistricting plan violates the West Virginia 

constitution. Today’s ruling didn’t address that claim. 

The case is Tennant v. Jefferson County Commission, 

11-1184. To contact the reporter on this story: Greg 

Stohr in Washington atgstohr@bloomberg.net To 

contact the editor responsible for this story: Steven 

Komarow atskomarow1@bloomberg.net 

314

Bloomberg/ - Notícias, Ter, 25 de Setembro de 2012 


Texas Diversity Tested as Court May 

Curb Affirmative Action 

The University of Texas at Austin is one of the most 

ethnically diverse U.S. campuses. With whites, blacks, 

Hispanics and Asians weaving along sidewalks under 

the 307-foot UT Tower, a student can encounter 

classmates from three or four cultural backgrounds in a 

matter of seconds. “I’m not sure if you can really get 

that anywhere else,” said senior Jesse Hernandez, 

whose high school in the Rio Grande Valley was 98 

percent Hispanic. Texas’s way of creating that diversity 

is now being challenged at the U.S. Supreme Court in 

a case that may rewrite the rules for affirmative-action 

programs used by almost every selective university in 

the country. The justices hear arguments Oct. 10 on a 

lawsuit by a rejected white applicant who says she was 

the victim of discrimination. The court’s new makeup 

since its last admissions case in 2003 has heightened 

the prospect of a decision rolling back affirmative 

action. At the core of the debate is whether universities 

can adequately diversify without resorting to racial 

preferences. Texas admits three-quarters of its 

freshman class each year on the basis of high school 

class rank -- the “top 10 percent rule.” That system 

ensures a significant number of minorities because it 

guarantees slots to students at predominantly Hispanic 

and black schools. The university considers race only 

in admitting the rest of the class. Opponents of 

preferences say that’s unnecessary, given the success 

of the class-rank method. Texas counters that even 

with race-based admissions, a high percentage of its 

classes have few if any black and Hispanic students. 

‘Alternative Ways’ Should the high court side with 

opponents, the ruling could set up Texas’s class-rank 

system as a model for other universities, forcing many 

to give up preferences. “If Texas’s use of race is struck 

down, then universities across the country will need to 

find alternative ways to produce racial diversity,” said 

Richard Kahlenberg, a senior fellow at the Century 

Foundation, a Washington research group, who 

focuses on education issues. “That could mean 

attention to economic status, or percentage plans or 

eliminating legacy preferences.” The Supreme Court 

narrowly upheld affirmative action in its 2003 Grutter v. 

Bollinger decision. A 5-4 majority reaffirmed the 

landmark 1978 Bakke ruling, saying colleges and 

graduate schools could consider the race of applicants 

as an admissions factor to help ensure a diverse 

campus. Changed Makeup Yet the court’s makeup has 

since changed, with Justice Samuel Alito, a skeptic of 

preferences, replacing Justice Sandra Day O’Connor, 

the author of the Grutter decision. The court’s new 

composition has fostered predictions that the justices 

will limit or even overturn the 2003 ruling. “These shifts 

in personnel sometimes have enormous 

consequences,” said Pamela Harris, a former Justice 

Department official in the Obama administration and 

now a visiting professor at Georgetown University Law 

Center in Washington. “I think this is a case where we 

will see that.” Texas’s hybrid admissions system is the 

product of a 1997 state law, which accounts for 75 

percent of the university’s entering class each year. In 

practice, the ranking cutoff varies from year to year 

because of space constraints, and students applying 

next year will have to be in the top 8 percent of their 

class to gain automatic admission. The racially 

segregated nature of the state’s high schools means 

the law guarantees admission to thousands of black 

and Hispanic students. Of the 9,383 students admitted 

as freshmen last year through the class-rank system, 

29 percent were Hispanic and 6 percent were black. 

Not Enough Texas officials say that isn’t enough. In a 

2004 study, the university concluded that almost 90 

percent of undergraduate classes with enrollment of 10 

to 24 had either no black students or only one. Almost 

40 percent had zero or one Hispanic. The state is 38 

percent Hispanic and 12 percent black. The top 10 

percent law “helped, but it did not get us to the 

endpoint,” said William Powers, the university’s 

president, in an interview in his office on campus. 

“Hispanic students and African-American students are 

still underrepresented on what we think a diverse 

campus ought to be like.” For the rest of the freshman 

class, Texas considers race directly. Much like the 

University of Michigan Law School, whose policy was 

at issue in the Grutter case, Texas uses a holistic 

review process for those applications, considering race 

along with grades, test scores, extracurricular activities 

and essays. Richer Learning Texas officials say that 

process creates a richer learning environment than 

class rankings would produce alone. Although people 

admitted through holistic review are predominantly 

white, the group also includes relatively wealthy black 

and Hispanic students who attend integrated high 

schools and finish just outside the top 10 percent. “If 

one of the goals of having a diverse learning 

environment is to break down stereotypes and 

increase cross- racial understanding, then having the 

full range of that intragroup diversity is very important,” 

said Greg Vincent, the university’s vice president of 

diversity. All told, the entering class for the fall of 2011 

was 21 percent Hispanic, 5 percent black, 18 percent 

315

Asian and 48 percent white. That suggests the holistic 

approach doesn’t necessarily increase the overall 

percentages of Hispanic and black students. A federal 

appeals court upheld the Texas admission system, 

saying it squared with the admissions policy upheld in 

Grutter. The Obama administration is joining the 

university in backing the continued use of race. 

Passed Over The justices will weigh arguments from 

Abigail Noel Fisher, who applied unsuccessfully to the 

school in 2008. Fisher later enrolled at Louisiana State 

University, where she graduated with a degree in 

business this year. Fisher, who attended a public high 

school in the Houston suburbs, says she was passed 

over by UT in favor of classmates with lower grades 

and fewer activities. “The only other difference 

between us was the color of our skin,” she said in a 

video released by her lawyers. Her lawyers said in 

court papers that any additional diversity Texas 

achieves from using race in the holistic process 

doesn’t warrant the “extreme measure of racial 

classifications.” One of the people behind Fisher’s suit, 

Edward Blum, in an interview pointed to the example 

of Texas A&M, a rival university that is bound by the 

top 10 percent law and doesn’t use racial preferences. 

Texas A&M’s entering class last year was 19 percent 

Hispanic and 3 percent black. State Demographics 

“The level of diversity UT has achieved is just slightly 

more than the level of diversity that A&M has achieved 

without resorting to racial preferences,” said Blum, 

director of the Project on Fair Representation in 

Alexandria, Virginia. California and Florida also have 

adopted class-rank plans for state universities. In 

neither state do public universities also use 

race-conscious admissions. Fisher’s lawyers contend 

that Texas’s true goal is to mirror the demographics of 

the state, something the Supreme Court has said is 

impermissible. Texas officials say they aren’t seeking 

to replicate the state’s population. In Grutter, the 

majority voiced skepticism that percentage plans were 

an adequate substitute for race-conscious admissions. 

O’Connor questioned whether those plans could work 

at the graduate-school level. Individual Assessments 

“Even assuming such plans are race-neutral, they may 

preclude the university from conducting the 

individualized assessments necessary to assemble a 

student body that is not just racially diverse, but 

Bloomberg/ - Notícias, Ter, 25 de Setembro de 2012 


diverse along all the qualities valued by the university,” 

the justice wrote. O’Connor’s 2006 retirement means 

Justice Anthony Kennedy, who dissented in the 2003 

case, probably will cast the deciding vote. Justice 

Elena Kagan isn’t taking part in the case. She was the 

Obama administration’s top courtroom lawyer when 

the administration filed a brief at the appeals court 

level. Texas didn’t admit blacks until 1950, and its 

350-acre Austin campus bears signs of that checkered 

racial history. Statues of Confederate Civil War figures, 

including Robert E. Lee and Jefferson Davis, still stand 

on the school’s South Mall. In more recent years, the 

university has added statues to honor civil rights 

leaders, including Martin Luther King Jr. and Barbara 

Jordan, a Texan who was the first Southern black 

woman elected to the U.S. House of Representatives. 

Mixed Views Student views about the case are 

likewise mixed. Jordan Grenadier, a white senior who 

is executive director of the campus chapter of the 

Young Conservatives of Texas, says she would like to 

see Texas abolish both the top 10 percent program 

and racial preferences, which she called “reverse 

racism.” “It all plays into fairness,” she said. Danielle 

Milton, a black sophomore from Houston, says she can 

understand why Abigail Fisher would be upset by her 

rejection. At the same time, Milton says she 

appreciates having other black students as 

classmates. “You want to walk into a classroom and at 

least sometimes see someone who looks like yourself,” 

said Milton, who fell just outside the top 10 percent of 

her private high school Most students interviewed said 

they value the diversity they find at Texas, even if 

some of them see race-based admissions as an 

imperfect means to achieve it. “It brings cultural 

awareness to the UT community,” said Garrett Miller, a 

white sophomore beginning his first year in Austin after 

transferring from predominantly white Texas Christian 

University. “It’s something UT can be proud of.” The 

court will rule by June in the case, Fisher v. University 

of Texas at Austin, 11-345. To contact the reporter on 

this story: Greg Stohr in Washington 

atgstohr@bloomberg.net To contact the editor 

responsible for this story: Steven Komarow 

atskomarow1@bloomberg.net 

316

Business Insurance/ - Article, Ter, 25 de Setembro de 2012 


Alliant Insurance barred from soliciting 

certain Aon construction clients 

A New York judge has issued an injunction against 

Alliant Insurance Services Inc., barring it from soliciting 

certain clients of Aon P.L.C."s construction operations 

in its ongoing legal tussle over employee poaching 

with the insurance broker. 

New York Supreme Court Justice Marcy S. 

Friedman"s Sept. 21 order forbids Alliant Senior 

Managing Director Peter Arkley, formerly CEO of the 

construction operations at London-based Aon, from 

soliciting business from any former Aon client or 

customer that Mr. Arkely worked with during the two 

years prior to June 13, 2011.The injunction also bars 

Newport Beach, Calif.-based Alliant from soliciting any 

Aon Construction Services Group member to work at 

Alliant. In a lawsuit filed in New York in 2011, Aon 

alleged that Mr. Arkley and several former Aon 

executives conspired with Alliant to solicit at least 40 

other employees to quit Aon and join Alliant.Justice 

Bernard J. Fried of the Supreme Court of the State of 

New York issued a similar temporary injunction against 

Alliant in December 2011. 

Separately, in June 2011, Mr. Arkley and other former 

Aon employees filed a lawsuit in California challenging 

the legality of the noncompete clauses in their 

employment contracts with Aon. In June, Judge Dale 

Fischer of the U.S. District Court for the Central District 

of California struck down the noncompete provisions in 

Aon"s employment agreements with Mr. Arkley and 

fellow former Aon employees Ken Caldwell and 

Michael Parizin.Conversely, a ruling issued in July of 

this year said Aon"s suit against Alliant can move 

forward, deeming the California lawsuit a “tactical first 

strike” intended to shift the legal battle to California, 

where employment covenants have lesser legal 

standing. 

317

Business Line/ - Markets, Ter, 25 de Setembro de 2012 


‘Groundwater near Carbide factory 

contaminated’ 

The groundwater around the Union Carbide factory in 

Bhopal continues to be contaminated even 28 years 

after the world’s largest industrial disaster in which leak 

of a poisonous gas had killed more than 15,000 

people, the Supreme Court was told on Tuesday. 

The Indian Institute of Toxicology Research (IITR), 

which examined the groundwater, submitted a report 

to the apex court saying the levels of lead, nitrate and 

nickel were more than permissible levels in many 

samples of water taken by it. 

“In nine of the 30 samples, nitrate levels exceeded its 

permissible Bureau of Indian Standard (BIS) limits for 

drinking water. Lead level in 24 samples were found to 

exceed its BIS permissible limit,” said the report, 

submitted to a bench headed by Justice Altamas 

Kabir. 

The report, however, added there was no threat 

because of the groundwater contamination as the 

requirement for drinking water in the area was being 

met through piped water supply. 

The water samples were to be examined by the 

institute on three parameters of physico-chemical, 

heavy metals and organics but organic analysis could 

not take place as it takes time. 

318



Civil-military relations in crisis 

The troubled state of civil-military relations in India has 

attracted much attention in recent times. Many, 

especially within the military, argue that it has been in 

a state of prolonged crisis since as far back as 2006 

when disputes over the Pay Commission created bad 

blood between civilians and the military. 

These tensions, however, paled in comparison to the 

controversies that erupted earlier this year. General 

V.K. Singh’s tenure as Chief of Army Staff saw many 

firsts; a Service Chief representing against the Ministry 

of Defence in the Supreme Court, the Ministry of 

Defence established the precedence and upheld the 

sanctity of a designated “succession line” to the 

position of Service Chief and the leak of a top-secret 

letter from the Army Chief to the Prime Minister 

complaining about weaknesses in “defence 

preparedness” stemming mainly from higher defence 

mismanagement. 

The distrust between civilians and the military became 

a national issue when Indian Express reported about 

how the Defence Ministry was “spooked” by the 

allegedly unplanned move of some army units near the 

capital this past January. While the Prime Minister 

quickly denied this news report, the media highlighted 

an obvious fact: civil-military relations were in deep 

trouble and required urgent attention. 

General Singh’s retirement has cooled tempers 

somewhat and taken this issue off the front pages, but 

the systemic and structural problems that lie at the 

roots of the problem lie unaddressed. It is inevitable 

then that some manifestation of the civil-military divide 

will emerge in some form sooner or later. Most visitors 

to the South Block, the seat of the Defence and 

External Affairs Ministries and of the military 

headquarters, are struck by the obvious disconnect 

that exists between these bureaucracies. While some 

of it is to be expected, the low level of interaction, 

information flow and even trust between civilian 

bureaucrats in the Defence Ministry and the uniformed 

military makes India somewhat of an outlier among 

democracies. 

Defence Minister A.K. Antony tacitly acknowledged 

this when he recently appealed to the two groups to 

put aside their “bitterness.” The near total absence of 

military officials in the Defence Ministry combined with 

a generalist civil service and considerable 

decision-making powers create problems on the 

civilian side. Paradoxically, the military enjoys 

considerable autonomy in its “internal functions” and 

suffers from an archaic organisational structure, which 

allows the Service Chiefs powers to make policy 

changes, often on a whim or opinion. In turn, due to 

the legacy of the disastrous 1962 border war, which 

was blamed at that time on political interference, 

politicians rarely intervene. Put simply, the unique 

nature of civil-military relations in India, described 

elsewhere as an “absent dialogue,” is structurally 

problematic, leading to considerable friction between 

the civilians and the military. The seed of this problem 

was sown in the early years after independence, and is 

— albeit unintended — a by-product of one of the 

greatest achievements of Indian democracy: civilian 

control of the military. 

The tradition of firm civilian control was not 

predestined, but rather the result of Nehru’s forceful 

and towering personality, combined with the military’s 

desire to be “apolitical.” Credit must also be given to 

Lord Mountbatten and Lord Ismay, who were the 

architects of the system of higher defence organisation 

that was put in place. 

They recommended a system of committees that 

would enable frequent dialogue and exchanges 

between political leaders, bureaucrats and the military. 

However, as the Mountbatten papers now reveal, the 

nature of civil-military interaction as it evolved initially 

concerned and ultimately exasperated Mountbatten. 

Even after he left India, Mountbatten was keenly 

interested in defence policy and maintained 

correspondence with Nehru and a number of senior 

civilian and military officials. Their correspondence 

reveal the tension and frequent disputes over seniority, 

conduct of business rules and ultimately power that 

divided civilian bureaucrats and the military. 

Mountbatten was concerned about the lack of military 

officials and expertise within the Defence Ministry and 

urged then Defence Minister Krishna Menon to 

address this issue. However, his advice went 

unheeded. Ironically, during this time, the British were 

changing their higher defence organisations, by 

undertaking defence reforms under Mountbatten’s 

stewardship. Even after failing to convince Nehru to 

usher in defence reforms, Mountbatten did not give up, 

and in later years, either directly or indirectly 

approached successive Prime Ministers including 

Shastri, Indira Gandhi, and just a year before his 

death, Morarji Desai. But all his efforts were in vain. 

The architect of India’s higher defence organisation 

was undone by its practice. 

One reason why the debate could not, and still cannot, 

move forward is a troubling lack of historical records; a 

direct consequence of not following a declassification 

policy. It is an open secret that the Defence Ministry 

and the armed forces do not adhere to the Public 

Records Act or the Public Record Rules and do not 

have structures in place that allow them to declassify. 

It is not even clear whether documents are archived 

319

and preserved properly or have been misplaced and 

even destroyed. While many have bemoaned this, 

what is perhaps not adequately understood is how it 

adversely shapes the quality of civilian control. 

Civilian bureaucrats, who in any case are not 

specialists, lack the ability to inform themselves 

adequately and constantly re-invent the wheel. As a 

result, they show a poor grasp and understanding of 

military matters and are unable to engage in an 

informed dialogue. Many members of India’s strategic 

community have recognised these problems and 

offered some sensible policy measures to enable more 

harmonious civil-military relations. For instance, 

Admiral Arun Prakash, among many others, has 

argued in favour of integrating bureaucracies and 

fostering teamwork by cross-posting civilian and 

military officers. Recognising the problems stemming 

from a generalist civil service, N.N. Vohra has 

advocated the creation of a civilian Ministry of 

Defence, or even National Security cadre. Almost all 

members of the strategic community have called for a 

more logical and mature declassification policy. 

Unfortunately, however, the political class has been 



noticeable for its absence in engaging with these 

issues. Although A.K. Antony has been the 

longest-serving Defence Minister in a continuous stint 

(which should have provided some stability), his tenure 

has witnessed some of the most severe civil-military 

tensions. Political parties and the Parliamentary 

standing committee on defence have all been remiss 

in their duties, as there has not been a serious debate 

on defence reforms, civil-military relations and higher 

defence management. Instead, the debate, if at all, 

has been mainly focused on scandals, real and 

imagined, and personnel issues. Unless there is 

forceful and informed political intervention, the 

weaknesses in India’s defence preparedness 

stemming from troubled civil-military relations will 

continue. 

The article is by special arrangement with the Center 

for the Advanced Study of India, University of 

Pennsylvania 

(The author is a Postdoctoral Research Fellow at the 

Centre for the Advanced Study of India.) 




Fuel loading at Kudankulam under way 

despite protests 

Even as anti-nuclear activists and villagers continue 

their agitation against the Kudankulam Nuclear Power 

Plant, Secretary of Department of Atomic Energy R.K. 

Sinha said nuclear fuel loading for the first unit of the 

plant is underway and it is not facing any technical 

issues. 

Sinha was talking to the media at the India Nuclear 

Energy summit in Mumbai on Tuesday. 

Without giving a date on when the unit would be able 

to provide power to the grid, due to a pending 

Supreme Court litigation, Sinha added that the unit 

would progressively reach ‘criticality’ stage. 

Regulatory officials from the Atomic Energy Regulator 

Board are present at the Kudankulam site and are 

monitoring all safety systems, he added. 

Criticality is the penultimate stage in a nuclear power 

unit, after which electricity can be produced safely. 

He said currently, the Nuclear Power Corporation of 

India (NPCIL) is building seven reactors, of which four 

would be completed by 2017. NPCIL does not see any 

difficulties in setting up nuclear power plants, other 

than land acquisition and providing compensation for 

people who have given land for the projects, he 

added. 

On the pending 10,000-MW Jaipur nuclear project, 

Sinha said the final technical and commercial 

agreement for the project is under negotiations with 

French supplier Areva. A definite agreement could be 

reach in a couple of months, he said. 

Earlier, while addressing delegates at the summit, 

Sinha said that due to new discoveries, India’s 

uranium resources have been augmented by about 70 

per cent in the last five years. However, commercial 

operation of some of the new mines is delayed, he 

added. 

The Tummalapalle uranium mine in Andhra Pradesh, 

which has one the largest uranium resources in the 

country, has started producing uranium ore in small 

quantities. It would soon commence full commercial 

operations, he said. 

rahul.wadke@thehindu.co.in 

321

Clarín/ - Policiales, Ter, 25 de Setembro de 2012 


Binner juntó firmas por Florida contra la 

re-reelección 

"Realmente no queremos la re-re y ustedes nos 

ayudan aintentar frenarla", le contó una vecina a 

Hermes Binner en el tumulto agitado decalle Florida y 

Diagonal Norte al mediodía. En ese punto de la 

Ciudad, el líderdel Frente Amplio Progresista, junto a 

los diputados Victoria Donda y Roy Cortina,entre 

otros, iniciaron una caminata hasta Corrientes en el 

marco de la campañapor un millón de firmas contra la 

reforma constitucional para habilitar la reelección de la 

presidenta Cristina Kirchner."Queremos que se 

cumpla la Constitución y también que sealeje toda 

otra suspicacia que pueda dar origen a la reforma", 

advirtió elsocialista e insistió en que la campaña que 

iniciaron la semana pasadacontinuará hasta el 30 de 

octubre, como se había programado, porque la 

iniciativadel kirchnerismo sigue en marcha, aunque 

tras el cacerolazo hayan bajado el tono. “Ese es 

elmodus operandi del Gobierno: saca los temas a 

rodar, evalúa cómo impactan ydespués los saca de la 

agenda y los vuelve a poner", explicó Binner a 

Clarín.Junto con Donda, Jorge Ceballos y Humberto 

Tumini de Libresdel Sur, Gerardo Milman y Omar 

Duclos del GEN, Cortina y Juan Carlos Zabalzadel 

socialismo, Binner recorrió las diferentes mesas que el 

FAP instaló desdelas 11 sobre la calle Florida. En 

cada punto, los vecinos podían sumar sunombre, firma 

y DNI en las planillas dispuestas por el Frente en 

rechazo a lare–re elección."Se van llenando fichas y 

fichas con muchísimas firmas y nosparece que 

realmente estamos en un camino donde la gente 

quiere que se respetenlos valores de la Constitución 

argentina", agregó el ex gobernador de Santa Fe."Esta 

es una iniciativa que pone al FAP en la calle", opinó 

Cortina, al tiempo que Duclós sumó: "Vamos a seguir 

con estasactividades porque se convierten en un 

vehículo para que la gente se exprese yla verdad es 

que la respuesta es muy buena".Además de las 

mesas en Florida, el FAP colocó puntos derecolección 

de mesas en las avenidas Medrano y Rivadavia, 

Coronel Díaz y SantaFe, entre otros barrios porteños y 

las principales ciudades del interior delpaís. 

322

Clarín/ - Notícias, Ter, 25 de Setembro de 2012 


Tras 4 años, logró recuperar al hijo que su 

ex mujer se había llevado 

El hombre respiró profundo.“Gracias a Dios, por fin se 

terminó esta pesadilla” , soltó. Del otro lado de la línea 

telefónica la empleada del Poder Judicial de Salta le 

acababa de informar que su hijo había sido 

recuperado .La última vez que el hombre –de quien 

sólo trascendió su apellido, Vázquez– había visto a su 

hijo fue hace cuatro años, cuando el nene tenía 8 años 

y su madre se lo llevó de manera compulsiva. Fue en 

agosto de 2008, cuando el desesperado padre, que es 

empleado del profesorado de Arquitectura de la 

Universidad Nacional de Salta, puso la denuncia en 

una dependencia policial para recuperar a su 

hijo.Algunos desencuentros, muchas discusiones y un 

sinfín de peleas le pusieron punto final a la pareja que 

mantuvo durante casi 10 años con la madre de su hijo. 

La mujer optó un día escapar con el menor con rumbo 

desconocido.A partir de allí comenzó la batalla legal e 

investigativa para recuperarlo. Hasta que el caso llegó, 

en julio pasado, al Juzgado de Instrucción Formal 6ta 

Nominación, a cargo de José María Alvarado Solá. 

“Nosotros recibimos el exhorto para iniciar la 

investigación, hasta que luego de dos meses logramos 

ubicar el paradero de la madre junto al menor”, contó 

a Clarínel subcomisario Carlos Liendro, a cargo de la 

división Trata de Personas de la Policía de Salta.La 

madre del chico, identificada por la policía como Laura 

Verónica Rodríguez Ruiz, de 33 años, estaba oculta 

en la ciudad de Mar del Plata, donde trabajaba como 

telefonista de una empresa de electrodomésticos. Lo 

hacia con el nombre de Verónica Rodríguez, para no 

ser ubicada por los investigadores.“La investigación y 

los cruces de datos informáticos nos llevaron hasta el 

domicilio de la mujer y luego pudimos ubicar su lugar 

de empleo”, explicó Liendro. Con los datos 

debidamente chequeados, una comisión policial partió 

desde Salta el miércoles pasado, y el viernes 

allanaron la casa de la mujer, ubicada en la calle 

French al 4500, en el barrio Nueva Pompeya de Mar 

del Plata.En la vivienda, los efectivos policiales se 

encontraba el chico y la mujer, que se entregó sin 

oponer resistencia. Los dos fueron trasladados hacia 

la capital salteña el viernes pasado.La mujer quedó 

detenida en la alcaidía de la capital provincial y hoy 

prestará declaración ante la Justicia. Su situación es 

muy comprometida porque deberá cumplir, además, 

una condena de seis meses de prisiónque un juez le 

había aplicado en 2009 por desobediencia 

judicial.“Cuando llegamos a la casa, la madre y el 

chico se encontraban solos. Por eso no podemos decir 

si es que ella recompuso o no su vida sentimental, si 

está en pareja o no con otro hombre”, relató uno de 

los policías que participó del operativo. 

323

Clarín/ - Notícias, Ter, 25 de Setembro de 2012 


La SIP y emisoras de todo el mundo 

repudian el ataque al Grupo Clarín 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la 

Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), dos 

entidades representativas de los medios a nivel 

internacional, se sumaron ayer a la ola de repudios 

por las amenazas del Gobierno de quitarle licencias 

audiovisuales al Grupo Clarínel 7 de diciembre, por un 

artículo de la ley de medios trabado en la Justicia. 

Además, el spot publicitario emitido en Fútbol para 

Todos el fin de semana, en el que se lanzó la 

embestida oficial, generó nuevos rechazos de políticos 

y empresarios.En un comunicado, la SIP (que nuclea 

a unos 1.300 diarios y revistasdel continente) rechazó 

“las amenazas del Gobierno contra el Grupo Clarína 

través de espacios publicitarios de televisión” y 

condenó que “se deslegitime a la Corte Suprema que 

discute unrecurso de inconstitucionalidadsobre varios 

artículos de la Ley de Medios, cuyo fallo podría ser 

emitido a principios de diciembre”. “ Deploramos que 

el Gobierno use un spot para difundir propaganda 

política en la televisión pública con la intención de 

amenazar a un medio que no se apega a sus puntos 

de vista y para presionar a los juecesa emitir un 

resultado que le favorezca”, expresó Gustavo Mohme, 

presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e 

Información. Director del diario La República de Perú, 

Mohme subrayó que “esta nueva acción se enmarca 

en las ya conocidas presiones lanzadas contra medios 

críticos y contra la Justicia”. Y agregó: 

“Paradójicamente, en los últimos años en Argentina 

hemos visto cómo el Gobierno ha utilizado 

mecanismos parafavorecer y castigara medios a 

través de publicidad oficial y licencias de operatividad, 

entre otros métodos de censura indirecta”. La libertad 

de prensa en el país será tema de la asamblea que la 

SIP realizará en octubre en San Pablo.Por su lado, 

AIR –que representa más de 15.000 emisoras 

privadas de radio y televisión de todo el mundo– 

expresó que “observa con grave preocupación la 

situación que afecta a medios de comunicación en la 

Argentina, en particular al Grupo Clarín , ante una 

sistemática ofensivade hostilidad e intimidación que 

viene ejerciendo el Poder Ejecutivo de ese país”. 

Sobre el spot de TV, la asociación lo consideró “ una 

campaña contra el Grupo Clarínq ue no se ajusta a la 

verdady crea de facto condiciones de inseguridad para 

el legítimo funcionamiento de los medios de 

comunicación radiales, televisivos, abiertos y de cable, 

objeto de esta arremetida contra quienes no son 

afines al gobierno por su línea editorial e 

informativa”.La AIR subrayó que la aplicación del 

artículo 161 el 7 de diciembre “significaría una drástica 

reducción de los medios de comunicación 

independientes que subsisten en la Argentina, con la 

consecuente pérdida de canales de expresión que 

permiten el ejercicio de la crítica política y el escrutinio 

público, condiciones esenciales de una Democracia”. 

Y le pidió al Ejecutivo que “se abstenga de utilizar 

recursos y medios públicos para fines 

propagandísticos y que respete la independencia del 

Poder Judicial, absteniéndose de intervenir 

públicamente respecto de materias que están siendo 

objeto de tramitación en los Tribunales de Justicia”. 

324

Correo Peru/ - Notícias, Ter, 25 de Setembro de 2012 


JNE declaró la vacancia de 11 alcaldes en 

lo que va del año 

En lo que va del año, el Pleno del Jurado Nacional de 

Elecciones (JNE) determinó la vacancia de 11 

alcaldes, 10 distritales y un provincial, así como la 

suspensión de otros 9. 

Se trata del alcalde provincial de Huaral, en Lima, Luis 

Uribe Ochoa, quienrecientemente fuera retirado de la 

gestión edilicia por poseer sentencia condenatoria por 

delito doloso, informó el JNE. 

Con relación a los burgomaestres distritales, Áncash 

aglomera tres de los 10 casos, se trata de las 

autoridades de Huayán, Malvas y San Marcos. 

En tanto, los otros alcaldes corresponden a Iberia 

(Tahuamanu, Madre de Dios), Crucero (Carabaya, 

Puno), Llayla (Satipo, Junín), Pacanga (Chepén, la 

Libertad), Coronel Gregorio Albarracín (Tacna), Nueva 

Arica (Chiclayo, Lambayeque) y Supe (Barranca, 

Lima).La causal más recurrente en estos casos se 

refiere a la inconcurrencia a sesiones ordinarias, 

según la cual se vaca a una autoridad que no acude 

tres veces consecutivas o seis veces en un periodo de 

tres meses. 

Entre otras razones figuran: desempeñar otros cargos 

ejecutivos y administrativos prohibidos por ley, muerte, 

contrataciones indebidas y nepotismo. 

En cuanto a los nueve burgomaestres suspendidos, 

uno de ellos corresponde a la provincia de Tocache 

(San Martín). En tanto, los otros ocho pertenecen a los 

distritos de Puente Piedra (Lima), Uchumayo 

(Arequipa), Quellouno (La Convención, Cusco), 

Caracoto (San Román, Puno), Cuchumbaya (Mariscal 

Nieto, Moquegua), Perene (Chanchamayo, Junín), El 

Carmen (Chincha, Ica) e Independencia (Huaraz, 

Áncash). 

Estas autoridades fueron sancionadas debido a 

motivaciones como la inhabilitación dictada por el 

Poder Judicial y por sanción por falta grave. 

De otro lado, fueron destituidos de sus cargos dos 

consejeros regionales (Cajamarca, Huánuco), 55 

regidores distritales y 27 provinciales. 

De acuerdo a ley, el JNE recordó que es el organismo 

encargado de resolver, en última y definitiva instancia, 

las apelaciones referidas vacancia y suspensión de 

autoridades municipales y regionales, electas por 

sufragio popular. 

325



Comisión de Presupuesto del Congreso 

sesiona hoy en Chiclayo 

La Comisión de Presupuesto del Congreso, presidida 

por el legislador Josué Gutiérrez Cóndor, realiza hoy 

una sesión descentralizada en las instalaciones del 

Gobierno Regional de Lambayeque. 

A esta cita se han hecho presentes los legisladores 

lambayecanos Yehude Simon Munaro, Alejandro 

Aguinaga Recuenco y Virgilio Acuña Peralta, quienes 

forman parte de este grupo de trabajo. 

También están presentes el presidente regional de 

Lambayeque y de La Libertad, Humberto Acuña 

Peralta y José Murgia Zannier, respectivamente. 

El sentenciado alcalde de la provincia de Chiclayo, 

Roberto Torres Gonzáles, llegó a esta cita, pese a 

estar inhabilitado por el Poder Judicial para ejercer el 

cargo. 

Los alcaldes de Lambayeque, Percy Ramos; del 

distrito de La Victoria, Anselmo Lozano; de Ciudad 

Eten, Alejandro Ñíquen; entre otros burgomaestres 

participan de esta reunión a fin de exponer proyectos 

para sus jurisdicciones y solicitar el presupuesto para 

su financiamiento y ejecución. 

326



TC: Fallo de la Corte IDH deja al Perú 

como "país bananero" 

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), 

Ernesto Álvarez, pidióa los titulares de las instituciones 

constitucionales "no personalizar ni adjetivar" en 

referencia al presidente del Poder Judicial (PJ), 

César San Martín, quien en la víspera tuvo gruesos 

calificativos contra los representantes del TC. 

"Queremos una relación lógica, seria y madura con los 

poderes del Estado (...) no podemos personalizar ni 

adjetivar a los titulares de los órganos constitucionales 

porque eso contribuye a vanalizar la política", refirió a 

Canal N. 

En ese sentido, manifestó que las declaraciones de 

San Martín "no contribuyen al fortalecimiento de la 

administración de justicia" y calificó los dichos del 

presidente del PJ de "palabras dignas de un patio de 

primaria". 

Al respecto, agregó, que no llamará a la calma a San 

Martín ya que lo consideró "poco digno de 

manifestarle o sugerirle alguna actitud". 

República bananera. Sobre la sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), 

que ordena revisar el fallo de la sala presidida por el 

juez Javier Villa Stein sobre los crímenes del grupo 

Colina, Álvarez sostuvo que el Perú quedó como una 

"república bananera" al aceptar que la corte revise un 

caso que aún está judicializado en el Perú. 

"El Perú, como Estado, debe defender a la sociedad 

peruana y tener una defensa eficaz que no 

entreguemos causas que representan la dignidad del 

país de una manera tan fácil y vergonzosa", 

sentenció. 

Criticó la estrategia de los representantes del Estado 

ante la Corte IDH y afirmó que "el problema del Perú 

es que siempre acata fallos por no ejercer unadefensa 

eficaz". 

"Lo sucedido en esa audiencia es de vergüenza, 

ningún país que yo recuerde ha tenido una defensa 

tan deplorable en sede internacional frente a un 

organismo", manifestó. 

327

Corriere Della Será/ - Notícias, Ter, 25 de Setembro de 2012 


Marò, la sentenza potrebbe slittare Il 

verdetto atteso all'inizio di ottobre 

La decisione era programmata per il 29 settembre 

Ma il giudice Altamas Kabir ha molti verdetti in 

sospeso 

Girone e LatorreGirone e Latorre 

NEW DELHI - La sentenza della Corte Suprema 

relativa al caso dei due marò arrestati in India 

(Salvatore Girone, Massimiliano Latorre) per omicidio 

di due pescatori potrebbe slittare anche a dopo il 29 

settembre. Lo ha detto oggi una fonte legale che 

segue la vicenda. Per quella data è infatti prevista 

l'elevazione a presidente della Corte Suprema del 

giudice Altamas Kabir che nei mesi scorsi si è 

occupato del ricorso italiano sull'applicabilità della 

legge indiana al caso commesso fuori dalle acque 

territoriali dell'India lo scorso 15 febbraio. 

«Siccome il giudice Kabir è impegnato questa 

settimana con un grande numero di verdetti in sospeso 

- ha detto la fonte - è possibile che la sentenza slitti a 

dopo il 29 settembre, probabilmente fra una settimana 

o dieci giorni dopo questa data». Nell'ultima udienza, 

lo scorso 4 settembre, il giudice Kabir e il collega J. 

Chelameswar, che compongono la seconda sezione 

del massimo organo giudiziario di New Delhi, avevano 

ascoltato le ragioni della difesa, dichiarato chiuso il 

processo e permesso ai legali dello Stato del Kerala e 

di quello centrale di presentare delle controrepliche 

scritte entro il 10 settembre. (da Ansa) 


328

Diário de Notícias Lisboa/ - Notícias, Ter, 25 de Setembro de 2012 


Oliveira Martins: "Não podemos fazer 

cortes cegos" na despesa 

O presidente do Tribunal de Contas, Guilherme 

d"Oliveira Martins, defendeu hoje que não se podem 

"fazer cortes cegos" relativamente à despesa, 

nomeadamente na educação e na saúde. 

Oliveira Martins sublinhou também, num encontro hoje 

em Lisboa sobre justiça tributária, a importância do 

cumprimento do memorando da 'troika' (Fundo 

Monetário Internacional, Comissão Europeia e Banco 

Central Europeu) para a credibilidade de Portugal, 

mas avisou que não pode ser exigido aos 

contribuintes mais do que as suas capacidades. 

"Não é possível retirar ao contribuinte mais do que 

aquilo que ele pode", afirmou Guilherme d' Oliveira 

Martins, salientando que os impostos são um 

instrumento "fundamental" numa democracia, mas que 

tem de ser respeitado o princípio das capacidades 

contributivas. 

A eficiência tributária "não pode" ser posta em causa, 

afirmou, defendendo que "não podemos fazer cortes 

cegos" relativamente à despesa, designadamente no 

que toca às responsabilidades sociais: "É 

indispensável assegurar um equilíbrio entre receitas e 

despesas. Insisto que é indispensável sempre olhar 

dos dois lados, da receita e da despesa" acrescentou. 

O presidente do Tribunal de Contas, à margem 

daquele encontro, disse que nos países modernos, e 

"nas democracias que funcionam", há sempre um 

"grande" equilíbrio entre o que é pedido aos 

contribuintes e o serviço público que é prestado, e 

defendeu que "não podemos pôr em causa a saúde e 

a educação". 

Sobre o corte dos subsídios, Guilherme d'Oliveira 

Martins lembrou a decisão "plenamente legítima" do 

Tribunal Constitucional e defendeu que, perante 

essa decisão, "é indispensável criar um instrumento 

que assegure que os recursos que estão previstos no 

memorando [da 'troika'] vão ser cumpridos e 

respeitados". 

Quanto aos protestos nas ruas, contra o agravamento 

das medidas de austeridade, disse: "Não podemos ser 

surdos em relação ao que ocorre não apenas em 

Portugal, mas em todos os países desenvolvidos, e 

para isso temos de melhorar a justiça fiscal e os 

instrumentos de cidadania. É que a austeridade não 

sendo um fim em si mesma, é um instrumento de 

disciplina necessário". 

O presidente do Tribunal de Contas salientou ainda a 

importância do Observatório da Fiscalidade 

Portuguesa: "É absolutamente fundamental o 

observatório, porque temos de dizer cada vez mais 

aos contribuintes que há razões, ou melhor que têm 

de haver razões, para acreditar num Estado de bem" . 

329

El País/ - Internacional, Ter, 25 de Setembro de 2012 


Redes sociales, privacidad y Derecho 

Las redes sociales, como bien pronosticara el profesor 

Castells, se han convertido en un elemento esencial 

de interacción y comunidad en Internet. Desarrollamos 

en ellas ocio, libertad de expresión, participación 

política y una parte de la vida social y profesional. 

Desde su nacimiento han venido acompañadas de 

polémicas sobre privacidad por incidentes con perfiles 

abiertos por defecto, protección de los menores o 

análisis de datos. La última, la revelación de mensajes 

privados.Estos incidentes de privacidad o seguridad y 

las sucesivas reacciones corporativas nos obligan a 

reflexionar. Una primera impresión es la de estar 

asistiendo a un modelo de negocio en el que el 

producto siempre está en fase beta y se mejora a 

base del viejo método de prueba/error. Pero un 

análisis técnico obliga a superar el territorio de las 

emociones y a transitar el de la racionalidad 

normativa.Pese a lo que digan ni la privacidad ha 

muerto, ni el Derecho va por detrás de Internet, o no al 

menos en sentido estricto. Así, es evidente que lo 

primero que debe garantizar cualquier proveedor es 

un cumplimiento razonable de las condiciones de 

servicio. Por otra parte, existen elementos comunes 

de privacidad en los documentos del Consejo de 

Europa, de la Unión Europea (UE), de la OCDE y de la 

Organización Asia Pacífico (APEC) que deberían 

servir de guía. Solicitar un consentimiento adecuado, 

tratar los datos de modo leal o garantizar la seguridad 

son principios compartidos. Es más, algunos países 

como EE UU los garantizan desde la Privacy Act de 

1974, poseen legislaciones modélicas en el ámbito de 

los menores (Children Online Data Protection Act) y la 

Cuarta Enmienda ha sido un faro que nos guió en 

ámbitos como la inviolabilidad del domicilio y el 

secreto de las comunicaciones.El Derecho de la UE es 

más contundente y se acompaña de un aparato 

administrativo sancionador disuasorio que se aplica 

por Autoridades de Protección de Datos con una 

enorme capacidad de actuación y un expertise 

envidiable. Sin embargo, lo definitorio del modelo ha 

sido la identificación y tutela de un derecho 

fundamental a la protección de datos, y la regulación 

del mercado de la privacidad partiendo del inalienable 

principio-derecho del respeto de la dignidad humana y 

la libre autodeterminación.El problema no reside en la 

vieja Europa cuyo Derecho limita el negocio, sino en la 

necesidad de diseñar los sistemas pensando en la 

privacidad. La ciudadanía digital poco a poco va 

entendiendo la importancia nuclear de ejercer un 

control real sobre su información. Garantizarlo va a ser 

en breve algo más que una exigencia jurídica, la 

credibilidad, respetabilidad y confianza en el 

proveedor dependerá de ello.Ricard Martínez es 

profesor de Derecho Constitucional en la Universitat 

de Valencia y presidente de la Asociación Profesional 

Española de Privacidad. 

330



Muere de cáncer el exministro de 

Educación de México, Alonso Lujambio 

Alonso Lujambio, académico, maestro, funcionario 

público, escritor y efímero senador de la República 

Mexicana falleció este martes a la edad de 50 años, 

aquejado por un cáncer de médula ósea y males 

renales."Me atemorizan los malos, pero me horrorizan 

los buenos que no hacen nada", dijo Lujambio en una 

entrevista en 2011, cuando publicó Retratos de 

familia, un libro sobre algunos de sus ancestros.Una 

de las últimas apariciones públicas de Alonso 

Lujambio fue el pasado 29 de agosto. Ese día llegó en 

silla de ruedas al Senado a asumir su cargo. La 

enfermedad lo había dejado sin pelo y necesitaba 

ayuda para ponerse en pie. A pesar de las huellas de 

la batalla que duraba ya 10 meses, mantenía el buen 

trato y la elocuencia que la vida pública de México le 

conoció en las últimas tres décadas.Su presencia ese 

día en el recinto legislativo concitó un espontáneo 

homenaje de aliados y adversarios, quienes al 

aplaudirle reconocían una valiente lucha que daba al 

cáncer desde noviembre del año pasado, y que al 

mismo tiempo significaba un tributo a un hombre que a 

pesar de su juventud había recorrido ya importantes 

funciones antes de convertirse por fin en 

legislador.Nacido el 2 de septiembre de 1962, con 

raíces vascas, su nombre completo era Alonso José 

Ricardo Lujambio Irazábal y comenzó su educación en 

una escuela religiosa donde sus mejores años 

ocurrieron cuando el Colegio Tepeyac dejó de estar 

regido por los padres benedictinos. Hizo estudios de 

Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo 

de México (ITAM), donde luego sería directivo y 

profesor. Con estudios de doctorado en Yale (EEUU) 

fue también académico en la Universidad Nacional 

Autónoma de México y en la Universidad 

Iberoamericana.“Como maestro, vocación que ejerce 

desde los 24 años, Lujambio tiene fama de ser estricto 

y muy exigente. Sus alumnos de la clase de Ciencia 

Política en el ITAM son recibidos cada semestre con la 

advertencia de dar su máximo esfuerzo. En los 

exámenes que aplica, acostumbra ser directo: una 

mala calificación suele ser acompañada de una 

exhortación a cambiarse de carrera”, escribió la 

reportera Claudia Ramos en un perfil periodístico 

sobre Lujambio, publicado en la revista Quién cuando 

el nombre del entonces secretario de Educación 

comenzó a ser mencionado entre los precandidatos 

presidenciales del Partido Acción Nacional, organismo 

del que fue historiador y al que se sumó en 2009.La 

carrera pública de Lujambio tiene su primer 

protagónico en 1996, cuando es designado como 

Consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), cuando 

este organismo inauguró su etapa de plena 

independencia del gobierno.“Se trata pues de 

consolidar todo lo que 1994 avanzó de limpieza 

electoral y de legitimidad democrática, pero también 

de eliminar la inequidad en las condiciones de 

competencia, el gran valor democrático pendiente en 

nuestra agenda de transición. Hay que crear, ya, 

confianza -plena para los ciudadanos y para los 

partidos- de que los votos serán libremente emitidos, 

justamente computados, en juego limpio y equilibrado 

en elecciones federales”, escribió en noviembre de 

aquel año enReforma, al anunciar a sus lectores que 

debido a su nuevo encargo suspendería sus 

colaboraciones periodísticas en ese diario.Como 

consejero electoral, presidió el comité de fiscalización 

del IFE que impuso multas multimillonarias al PRI y a 

los Amigos de Fox (ente creado para financiar al 

panista Vicente Fox) por rebase de topes de campaña 

e irregularidades en las finanzas de las elecciones de 

2000. El caso priista se conoce como PemexGate e 

implicó una multa de mil millones de pesos. Amigos de 

Fox por su parte enfrentó una sanción por 497 

millones de pesos.En 2005 Alonso Lujambio fue 

designado comisionado del Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), 

el órgano para la transparencia en México. Al presidir 

ese organismo promovió una reforma constitucional 

sobre el derecho a la información, lo que se logró en 

2007. Dejó el IFAI en abril de 2009, cuando fue 

nombrado por el presidente Felipe Calderón, su amigo 

de tiempo atrás, secretario (ministro) de Educación 

Pública. Fue en ese puesto donde enfrentó una de las 

posiciones más difíciles, no solo porque le tocó lidiar 

con la poderosa líder del sindicato magisterial Elba 

Esther Gordillo, sino porque también heredó un 

desaseado y polémico comité encargado de la 

organización de los festejos del bicentenario de la 

independencia en 2010, organismo caracterizado por 

suntuosos gastos y una obra conmemorativa que 

estuvo lista más de un año después de la fecha 

debida.Apenas se supo de manera oficial la noticia del 

fallecimiento, en su cuenta de Twitter el Presidente 

Felipe Calderón escribió: "descansa en paz querido 

331

Alonso, te extrañaremos mucho. Seguiremos tu 

ejemplo de sensatez, alegría, honestidad, patriotismo 

y amor por la vida". Después, desde Nueva York 

donde se encuentra de visita, Calderón dijo que 

“México pierde a un hombre de Estado. Perdemos a 

uno de los mexicanos más lúcidos, a un académico 

plenamente comprometido con la transformación de la 

realidad y con la construcción del bien común. Un gran 

servidor público y un gran político; a un ser humano 

bondadoso y congruente. Perdimos, también, a un 

amigo leal, alegre y valiente. Es una gran pérdida”.Por 

su parte, el presidente electo Enrique Peña Nieto 

publicó también en twitter: “Lamento el triste 

fallecimiento del Senador Alonso Lujambio, hombre 

dedicado al servicio de México. Mis condolencias a 

sus seres queridos”.Autor, entre otras obras de La 

democracia indispensable. Ensayos sobre la historia 

de Acción Nacional (El Equilibrista, 2009), El porvenir 

posible. Carlos Castillo Peraza (Fondo de Cultura 

Económica, en coautoría con Germán Martínez 

Cázares, 2006), la citada Retratos de Familia. Un 

dramaturgo liberal, un historiador católico y un 

espiritista maderista (Arkhé Ediciones, 2011). Así 

como también del Estudio Introductorio a una edición 

del Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM) de 

las obras La Constitución Inglesa, de Walter 

Bagehot, y de El gobierno congresional, de Woodrow 

Wilson.“El legado que Alonso nos deja es una cicatriz 

de compromiso con la libertad. Eso nos deja al PAN y 

a México. Y deja un compromiso y un coraje por el 

parlamento. Era su sueño llegar al congreso y llegó”, 

dice a EL PAÍS Germán Martínez Cázares, quien 

destaca que ha muerto quizá el mayor experto 

mexicano en parlamentos. “Esa faceta de Alonso se 

conoce poco. Lo acompañé en Madrid a buscar 



arquitectura parlamentaria, coleccionaba discursos del 

parlamento inglés, del español, de Francia. Conocía 

perfectamente los debates de la Constitución del 57. 

Nadie tenía tan claro el sentido liberal que Acción 

Nacional debe tener. El PAN pierde a una de las 

últimas conciencias liberales, que podían darle de 

nuevo rumbo al partido. Es una pérdida mayúscula. Y 

el PRI pierde un aliado liberal para las reformas de 

Peña Nieto”.En noviembre del año pasado un mal 

renal le alejó temporalmente de la secretaría de 

Educación. En enero se trasladó a Estados Unidos. Le 

daban tres meses de vida, triplicó eso y vivió para 

tomar posesión de su cargo de senador.En una 

entrevista con Joaquín López Dóriga, Lujambio tras 

reaparecer en público dijo sobre el mal que le 

afectaba: “Es un cáncer. Lo haces pedazos, lo dejas 

muerto y después viene el otro round y se levanta con 

fuerza endemoniada. Le doy una tranquiza y después 

se levanta como si nada, parece caricatura, y es un 

poco lo que sucede con este cáncer, que con unos 

químicos matas muchas células cancerosas, y en 

ocho días están otra vez ahí”. Con voz cansada pero 

lucidez intacta agregó en esa conversación que había 

aprendido que no valía la pena tener prisa: “Con el 

acercamiento con la muerte te cambia radicalmente la 

visión de la vida, he podido reflexionar y hablar con 

mis hijos, es muy difícil pero muy productivo (…) he 

cambiado ahora voy con más tranquilidad, sin 

urgencia loca, que afecta ser menos eficaz”.Al 

momento de su muerte, Lujambio preparaba una 

nueva batalla: presentaría junto con su partido una 

iniciativa para aprobar la reelección de legisladores.Le 

sobreviven su mujer Teresa Toca, sus hijos Íñigo, 

Tomás y Sebastián, y decenas de amigos y alumnos. 

332

El Universal/ - Nación, Ter, 25 de Setembro de 2012 


Lujambio fue un hombre de bien: 

Fernández de Cevallos 

Diego Fernández de Cevallos, ex candidato a la 

Presidencia de la República, aseguró que el 

fallecimiento de Alonso Lujambio es una gran pérdida, 

porque se trata de un hombre que amó intensamente 

a México. Al acudir al panteón francés, en donde son 

velados los restos del senador panista y ex titular de la 

Secretaría de Educación Pública, acompañado del ex 

procurador General de República, Antonio Lozano, el 

también conocido "Jefe Diego" señaló que Lujambio 

Irazábal fue un gran ejemplo, porque era "un hombre 

de bien".Por su parte, el ex procurador Lozano Gracia 

dijo que Lujambio dejó una marcada presencia en las 

instituciones en las que formó parte.Declaró que sus 

aportaciones fueron muy importantes, no sólo como 

funcionario, sino también dentro del análisis.Subrayó 

que deja un vacío como amigo, pero también un gran 

recuerdo.El ex secretario de gobernación, Santiago 

Creel, dijo que es una gran perdida para su familia y 

para el país."Alonso Lujambio deja un gran legado y 

un gran ejemplo, un legado de un intelectual 

comprometido, un político que asumió sus 

responsabilidad y un ejemplo con toda esta etapa de 

entereza, de dignidad, de fortaleza humana que nos 

deja conmovidos a todos".A la capilla ardiente también 

ingresaron la magistrada del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, la magistrada 

Maricarmen Alanís; de la misma forma para presentar 

sus condolencias a la familia ingresó el jefe de la 

oficina de la presidencia Gerardo Ruiz Mateos.tcm 

333

El Universal/ - Notícias, Ter, 25 de Setembro de 2012 


Lujambio trabajó por un país 

democrático: IFAI 

Jacqueline Peschard, presidenta comisionada del 

Instituto Federal de Acceso a la Información, aseguró 

que Alonso Lujambio Irazábal trabajó a lo largo de su 

vida para que México fuera un país democrático. A su 

llegada al panteón francés, en donde son honrados los 

restos de Lujambio por familiares, amigos, 

correligionarios del panismo y funcionarios público, 

Peschard señaló que como presidente del IFAI empujó 

en una segunda fase la reforma constitucional al 

artículo sexto, y fue quien planteó por primera vez la 

necesidad de contar con una Ley General de 

Transparencia.Con esa ley se impulsó la existencia de 

estándares comunes para todos los estados, 

municipios y la federación.La presidenta del IFAI dijo 

que Lujambio deja más que un legado en materia de 

trasparencia, puesto que al ocupar otros cargos 

públicos, como la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), "trabajó fuerte para hacer de la educación un 

servicio, para todos los mexicanos, de mayor 

calidad".Antes también estuvo para presentar sus 

condolencias el ex secretario de Educación, Miguel 

Limón Rojas, quen dijo que sólo acudió a manifestar 

su respeto a la familia del senador Lujambio.A la sala 

han llegado entre otros, José Manuel Villalpando, ex 

comisionado para la organización de los festejos del 

Bicentenario; el subsecretario de Educación Básica, 

Francisco Ciscomani, una persona cercana a 

Lujambio desde el IFAI; así como la consejera 

electoral y ex comisionada del IFAI, María Marván.cg 

334

Expresso OnLine Lisboa / - Notícias, Ter, 25 de Setembro de 2012 


Crise deixa Tribunal 

Constitucional-Familiar à solta 

O nascimento e morte da TSU (nami) absorveu tudo 

nos últimos quinze dias. Mas a engrenagem do nosso 

sistema político continuou a funcionar. Só passou 

mais despercebida. 

Pedro Machete vai ser o novo juiz do Tribunal 

Constitucional, cooptado pelos outros juízes É filho 

do antigo líder do PSD, Rui Machete. A competência 

de Pedro Machete não está em causa. Mas espanta 

(cada vez mais) que o Tribunal Constitucional 

continue mergulhado neste caldo familiar. Quando não 

é a Assembleia da República a fazê-lo, através da 

eleição de novos juízes, são estes, por cooptação, a 

cozinhá-lo, o que é ainda mais grave porque estamos 

a falar de uma lógica política que parece enformar os 

próprios juízes, alguns deles com um perfil mais 

técnico que político. Que lhes aconteceu? 

Deixaram-se contagiar? 

Pedro Machete é o segundo filho de um líder laranja a 

integrar o Tribunal Constitucional. O primeiro foi 

Paulo Mota Pinto, filho do ex-líder social-democrata 

Carlos Mota Pinto. 

Em 2007, Rui Pereira saiu do governo de Sócrates 

para ir para o Tribunal Constitucional. Foi substituir 

a mulher, a juíza Fernanda Palma. Gabriel Queiró 

também estava na calha para substituir a mulher, a 

juíza Maria dos Prazeres Beleza. Mas a 

"transeferência" não chegou a ocorrer. 

Para além do parentesco filial e conjugal, o Tribunal 

Constitucional é pródigo no parentesco maçónico. 

São vários os maçons que já foram juízes e os lugares 

transmitem-se de uns para outros. 

Há uns meses, PS e PSD, que controlam o Tribunal 

Constitucional desde a sua fundação, propuseram 

dois novos membros maçons, Saragoça da Matta e 

Conde Rodrigues. Mas a contestação surgida à volta 

destes nomes, na comunicação social e na blogosfera, 

acabou por fazer abortar a sua eleição pela 

Assembleia da República. 

O problema do Tribunal Constitucional pode nem 

estar na sua natureza e composição. Só que em 

Portugal, onde pululam os interesses, servidos na 

plataforma laranja e rosa, é muito fácil acabar (quase) 

tudo numa extensão do PS e do PSD, extensão 

familiar, extensão maçónica. Assim não dá para ter um 

órgão do género do actual TC. È preferível abrir uma 

secção de assuntos constitucionais no Supremo 

Tribunal de Justiça. 

O problema é que a crise está a deixar-nos 

paralisados para exigirmos a reforma política, tão 

necessária como a reforma económica do Estado. É 

ela que até pode melhor abrir o caminho... 

335

La Nacion/ - Notícias, Ter, 25 de Setembro de 2012 


Chávez, del abuso de promesas a los 

hechos 

CARACAS.- Hugo Chávez soñó un mundo mejor. Y 

como si fuera un Aladino de la política, con su lámpara 

maravillosa rebosante de petróleo, comenzó a 

prometer gestas maravillosas y obras magníficas. 

Prometía y prometía, rascando su lámpara imaginaria 

en busca de la revolución. Sus afirmaciones eran tan 

contundentes que muchos creyeron que aquellos 

sueños se realizarían de forma automática. 

Bastaba con que el líder de la revolución gritara con 

mucha convicción sus promesas de cambio. Incluso 

se atrevió a poner como prenda su propio nombre: 

"Declaro que no permitiré que en Venezuela haya un 

solo niño de la calle. Si no, ¡dejo de llamarme Hugo 

Chávez Frías!", se juramentó en su toma de posesión, 

en 1999. 

Transcurridos 14 años, el diputado opositor Andrés 

Álvarez acusa al presidente: "¡Qué gran mentira! La 

indigencia infantil se mantiene hoy por cantidades en 

las regiones". También lo hace el escritor venezolano 

Leopoldo Tablante: "Fue una gran promesa que mutó 

en fracaso obsceno. Venezuela, país pobre de por sí, 

nunca tuvo tantos indigentes como ahora". 

Las promesas se sucedían, pero muy pocas se 

cumplían. Chávez afirmó que iba a acabar con "la 

pesada carga burocrática del Estado", pero pasó de 

17 a 26 ministerios y de 900.000 a 2,5 millones de 

empleados públicos. "Y eso va a seguir subiendo", se 

desdice ahora, mientras recicla 55 promesas para la 

actual campaña. 

También dijo que iba a acabar con la violencia, pero 

Venezuela se desangra cada año (19.000 homicidios 

sólo en 2011). Incluso ilusionó al país cuando 

prometió transformar el poder judicial en "justo e 

independiente". Dicho y no hecho: el antiguo 

magistrado estrella del chavismo confesó que el 

presidente ordenaba sentencias y que el 

vicepresidente coordinaba a los jueces. 

"Chávez es, en sí mismo, una promesa incumplida", 

sostiene el analista político Alfredo Yánez. "Su 

irrupción con el golpe del 92 propició una serie de 

expectativas alrededor de este hombre de verbo 

suelto, pero sin ningún tipo de experiencia académica. 

Todo se ha incumplido: desde aquello de la mayor 

suma de felicidad posible hasta la filosofía del hombre 

nuevo." 

"También dijo que haría de Venezuela una potencia 

nuclear. Y una potencia mundial", recuerda, por su 

parte, el politólogo Carlos Raúl Hernández. Y mucho 

más: una base aeroespacial en Aragua con tecnología 

bielorrusa, el eje Apure-Orinoco para desarrollar el 

Sur, el tren que iba a atravesar toda Venezuela y se 

quedó en unas decenas de kilómetros, el proyecto 

hidrológico Yacambú, la ruta de la empanada. 

El cuento de las mil y una promesas que nunca se 

cumplieron. "No creo que Chávez haya cumplido casi 

nada de lo que prometió", insiste Tablante. A 

continuación, una lista de algunas promesas del 

mandatario. 

1. Venezuela sin villas 

"Dentro de cinco años no vamos a solucionar el grave 

problema de la vivienda, pero al menos un 50% debe 

estar solucionado." (Diciembre de 1998) 

Chávez se sinceró cuando comenzó su primer 

mandato. Venezuela sufría al final del siglo pasado un 

déficit habitacional de un millón y medio de viviendas, 

según los cálculos del propio gobierno bolivariano. 

"Hoy la deuda habitacional asciende a 2,5 millones", 

afirma el dirigente opositor Juan Andrés Mejías. "Entre 

1999 y 2011 el gobierno apenas construyó 373.076 

viviendas", añade. Más de la mitad de los venezolanos 

viven en "ranchitos" (villas), producto de la migración y 

la explosión demográfica. El gobierno, que siempre 

miró de reojo a Brasil y su exitoso plan para las 

"favelas", aceleró en los últimos meses para 

proporcionar techo a los damnificados de las 

inundaciones de 2010. Incluso Chávez se atrevió con 

otra cifra: dos millones de viviendas. 

2. Paraíso hidropónico 

"Ha comenzado en Caracas el plan de siembra 

urbana: vamos a sembrar las ciudades con microhatos 

organopónicos e hidropónicos para dar ejemplo." 

(Febrero de 2002) 

Nada se sabe de estas ensoñaciones con sabor a 

hortaliza. Tampoco de los famosos "gallineros 

verticales en cada casa, el gran plan de autogestión 

alimentaria" lanzado por Chávez en una de sus 

famosas apariciones en el programa Aló, presidente.? 

3. Gran gasoducto del Sur 

"La decisión política está tomada." (Enero de 2006) 

El mandatario venezolano comunicó al mundo, luego 

de reunirse con Néstor Kirchner y Luiz Inacio Lula da 

Silva, que un monumental gasoducto de 8000 

kilómetros uniría Venezuela, Brasil y el norte de la 

Argentina para canalizar 100 millones de metros 

cúbicos de gas diarios. Pero todavía no se construyó 

ni un solo metro de gasoducto. 

4. El líder que no quería el poder eterno 

"Claro que voy a entregar el poder en cinco años, 

incluso antes." (Diciembre de 1998) 

El líder bolivariano no cumplió con aquella promesa 

336

que lanzó antes de asumir. Incluso comenzando de 

nuevo la suma: "Sí, yo me tengo que ir del gobierno en 

2012", dijo luego, en diciembre de 2007. En dos 

semanas, Chávez se presentará a su cuarta elección 

presidencial para gobernar, al menos, durante 20 

años. 

5. El nuevo Cancún 

"Al litoral central lo vamos a convertir en otro Cancún 

turístico en Vargas." (Diciembre de 2009) 

La tragedia causada por los deslaves en el estado de 

Vargas, en 1999, acarreó varias promesas 

presidenciales. La realidad es hoy muy distinta. 

Ningún complejo hotelero o instalación turística se 

construyó para rehabilitar la zona devastada. 

6. El río en el que se bañarán los caraqueños 

"Daniel Ortega, te invito a que nos bañemos juntos en 

el río Guaire el próximo año." (Marzo de 2005) 

Entusiasmado con su propio sueño, Chávez incluyó en 

su oferta comer sancocho en la orilla de un río tan 

sucio hoy que las clínicas capitalinas tienen un 

protocolo de lavado estomacal y bombardeo de 

antibióticos a todo aquel desafortunado que caiga a 

sus aguas. Pero la esperanza es lo último que se 

pierde: "El saneamiento del Guaire va marchando. En 

la demora está el peligro, pero creo que ya cogimos el 

camino", añadió el presidente en julio del año pasado. 

Catorce meses después, el Guaire está tan sucio 

como hace siete años. Pero el oficialismo insiste: 

incluyó su saneamiento en su programa electoral. 

7. La escalada militar 

"Vamos a conservar nuestros fusiles, nuestros 

soldados, pero no podemos incrementar el gasto 

militar." 

El pacifismo del siglo pasado dio paso al mayor 

comprador de armamento en América latina, con casi 



3000 millones de dólares gastados desde 2007: 24 

cazas Sukhoi, 38 helicópteros, 100.000 fusiles 

kalashnikov, misiles, fragatas, submarinos... 

8. Palacio de las letras y Disneylandia para el pueblo 

"Me voy de Miraflores y lo dejo a los muchachos de los 

pueblos para que nazca la Universidad Popular 

Bolivariana." (Enero de 2002) 

Una década después, Miraflores es aún el palacio 

presidencial. Y más: "Ya autoricé convertir la Carlota 

en un fantástico parque temático. Yo voy a empezar a 

dar ejemplo", dijo en 2007. Una especie de 

Disneylandia en el corazón de Caracas del que 

todavía nadie disfruta, pese a que en los últimos 

meses incluso se planeó un circuito de Fórmula 1 en 

sus instalaciones. 

9. Puente submarino en el lago Maracaibo 

"Va a ir un túnel bajo el agua, ¡qué mollejúo 

(chévere)!" (Noviembre de 2005) 

El segundo puente sobre el lago Maracaibo, con un 

túnel submarino, prometía ser la gran obra 

arquitectónica de la revolución bolivariana. Siete años 

después lo único que se percibe es el miedo de los 

zulianos a que el actual puente, deteriorado, se pueda 

quebrar. 

10. Medios privados intocables 

"Basta con el medio de comunicación que tiene hoy el 

Estado, el canal 8. Con los demás canales, yo tengo la 

mejor relación. Deben seguir siendo privados." 

(Diciembre de 1998) 

La embestida chavista contra los medios privados 

provocó el cierre del canal RCTV, en 2007. Luego 

llegaron las amenazas y la asfixia económica para 

otros.. 

337



Caso Candela: piden el juicio político de 

Casal 

El el ministro de Seguridad Ricardo Casal y el 

gobernador Daniel Scioli. Foto: Archivo LA PLATA.- El 

ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, 

enfrenta un pedido de juicio político en la Cámara de 

Diputados de la provincia de Buenos Aires por su 

desempeño en la resolución del crimen de Candela 

Sol Rodríguez . 

El pedido de juicio político fue impulsado por el bloque 

de la Coalición Cívica-ARI, que tiene cuatro de los 

noventa y dos legisladores de la Cámara baja. Pero 

éste no sería un impedimento para avanzar con el 

juicio contra Casal, ya que a pesar de estar en minoría 

opositora el pedido de la CC-ARI es una amenaza 

para el gobernador Daniel Scioli por un simple motivo: 

en el Senado este bloque firmó en acuerdo político 

con el sector kirchnerista del Frente para la Victoria 

para pedir la exoneración de la cúpula policial. 

En Diputados, Walter Martello presentó el pedido de 

juicio político contra el ministro de Justicia y 

Seguridad. "Casal, como máximo responsable de la 

seguridad en Buenos Aires, conocía que el asesinato 

de Candela estaba vinculado a grupos del narcotráfico 

que operan en la región junto a la policía bonaerense", 

denunció. 

El legislador insistió en apuntar sus acusaciones 

contra Casal. "El ministro es el principal responsable 

político de este escándalo, que no puede quedar 

impune". 

Para Martello, " la única forma de que no vuelva a 

haber otra Candela en la provincia es no quedarnos 

en acciones meramente declarativas y que aquellos 

funcionarios, fiscales y jefes policiales que tuvieron 

directa participación en el caso reciban una sanción 

ejemplificadora". 

El juicio político es una facultad que concede la 

Constitución de la provincia, en su artículo 73, inciso 

2, al Poder Legislativo bonaerense. 

En el proceso, la Cámara de Diputados oficia como 

cámara acusadora. Para eso, tiene que firmar un 

dictamen acusatorio, que para ser aprobado y girado 

al Senado, que oficia como jurado de sentencia, debe 

ser apoyado por los dos tercios de los 92 miembros 

que integran la cámara joven bonaerense. 

El bloque opositor de la CC-ARI sólo posee cuatro 

miembros del total del cuerpo. Pero buscará reunir la 

aprobación de los bloques Nuevo Encuentro, que ya 

pidió sanciones en la Justicia para Casal, y de un 

sector kirchnerista que reprueba el aval del ministro de 

Justicia y Seguridad. 

"Voy a intentar demostrar que si hubo siete 

legisladores, muchos de ellos del FPV, que firmaron el 

informe del caso es porque Casal es el responsable 

político", dijo Martello a LA NACION. 

Hasta ayer, el presidente del bloque del Frente para la 

Victoria (FPV), Juan de Jesús, no estaba enterado del 

pedido de juicio político contra Casal. "No tengo 

noticias de este pedido de informes. Tendrá que ver 

con el rol de la oposición aprovechar el dictamen de 

senadores. No vemos que tenga razón más allá de 

generar un hecho político", dijo a LA NACION el 

legislador sciolista. 

Otros bloques opositores, como el Frente Amplio 

Progresista (FAP), tampoco estaban enterados de la 

presentación ingresada el jueves último con el número 

de expediente D2628.12-13. 

"Tendríamos que ver el pedido. No estamos de 

acuerdo con la política de seguridad, pero tenemos 

que ver si el pedido se ajusta a las causales de juicio 

político previstas por la Constitución", dijo Marcelo 

Díaz, presidente de la bancada del FAP bonaerense. 

Argumentos 

Martello fundamentó su pedido en una resolución del 

presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

provincia de Buenos Aires. 

El dictamen que cita el legislador opositor se basa en 

el informe sobre el crimen de la menor y sostiene que, 

independientemente de la causa que investiga el caso 

de Candela Sol Rodríguez, la comisión mencionó la 

existencia de "conductas eventualmente ilícitas". Por 

esa razón el dictamen requiere al presidente de la 

comisión especial que informe "si se han efectuado 

denuncias penales al respecto" y recomienda que, en 

el caso de no se hayan hecho, deberían promoverse 

"las presentaciones pertinentes". 

Alicia Kirchner replicó a Lanata 

"Como bien dice @CFKArgentina La Cadena ilegal del 

desánimo tiene fecha de vencimiento: 7D" Se ve que 

les duele la dignidad de un pueblo!" Con breves frases 

como éstas, Alicia Kirchner respondió por Twitter las 

denuncias de Jorge Lanata sobre irregularidades en el 

manejo de fondos en Kolina, la agrupación creada por 

la ministra de Desarrollo Social. "Por ambición 

mercenaria el grupo del Monopolio tergiversa con 

clara intencionalidad. La calumnia tiene un solo 

nombre COBARDÍA", completó la ministra.. 

338



Fuerte rechazó de la SIP a las amenazas a 

Clarín 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó 

ayer las "amenazas del gobierno de la Argentina 

contra el Grupo Clarín, a través de espacios 

publicitarios de televisión", y condenó que se 

"deslegitime a la Corte Suprema de Justicia", que 

tiene en estudio un recurso de inconstitucionalidad 

sobre varios artículos de la ley de medios. 

"Deploramos que el Gobierno use un spot para 

difundir propaganda política en la televisión pública 

con la intención de amenazar a un medio que no se 

apega a sus puntos de vista y para presionar a los 

jueces a emitir un resultado que le favorezca", afirmó 

Gustavo Mohme, presidente de la Comisión de 

Libertad de Prensa e Información de la SIP, sociedad 

que agrupa a más de 1300 publicaciones del 

hemisferio occidental. 

Mohme, director del diario La República de Perú, 

advirtió: "Esta nueva acción se enmarca en las ya 

conocidas presiones lanzadas contra medios críticos y 

contra la Justicia para que falle a favor del Gobierno 

en torno a la ley de medios", que está -en partesuspendida 

porque la Justicia creyó que podría 

contrariar principios constitucionales. "También pone 

en entredicho la independencia sobre la que debe 

sostenerse el Poder Judicial en una democracia", 

agregó Mohme. 

Anteayer, el gobierno nacional embistió contra el 

Grupo Clarín a través de una propaganda difundida 

por la TV Pública. Sostuvo que la actividad de prensa 

de ese grupo configura una "cadena nacional ilegal", y 

le advirtió que si antes del 7 de diciembre próximo no 

activa un plan de desinversión, "el Estado argentino se 

verá obligado a llamar a concurso público" para 

adjudicar licencias del grupo. 

Fue un anuncio de cuatro minutos difundido durante 

las pausas publicitarias de partidos de fútbol y 

carreras de automovilismo. 

En respuesta, el Grupo Clarín afirmó en otro spot que 

el 7 de diciembre "no debe suceder nada ni jurídica ni 

fácticamente con los medios del grupo". Explicó que si 

para esa fecha -establecida por la Corte para dictar 

sentencia- no se dicta un fallo sobre el planteo de 

fondo, podrían prolongarse las medidas cautelares o 

se dispondría de un año, por ley, para resolver la 

disposición. 

Desde la SIP, Mohme, agregó que, en vez de 

"irrespetar una medida cautelar", el Gobierno debería 

aprovechar los espacios públicos para fomentar el 

espíritu de la ley sobre democracia y libertad de 

prensa más plural y diversa. "Paradójicamente, en los 

últimos años, en la Argentina hemos visto cómo el 

Gobierno ha utilizado mecanismos para favorecer y 

castigar a medios a través de publicidad oficial y 

licencias de operatividad, entre otros métodos de 

censura indirecta." 

La SIP informó que la situación de la libertad de 

prensa en la Argentina gozará de especial atención 

durante la asamblea general de la organización, que 

se celebrará del 12 al 16 de octubre en Brasil. 

En el mismo sentido, la Asociación Internacional de 

Radiodifusión (AIR) manifestó que "observa con grave 

preocupación la situación que afecta a medios de 

comunicación en la República Argentina, en particular 

al Grupo Clarín, ante una sistemática ofensiva de 

hostilidad e intimidación que viene ejerciendo el Poder 

Ejecutivo de ese país", y expresó que el intento de 

aplicar de hecho el artículo 161 de la ley de medios, al 

margen de lo que resuelva la Justicia, "constituye una 

presión indebida del Poder Ejecutivo sobre el Poder 

Judicial". 

Los vaivenes del discurso 

Gabriel MariottoVicegobernador bonaerense Hoy, el 

Gobierno sostiene que el 7 de diciembre vence 

indefectiblemente el plazo del Grupo Clarín para 

ajustarse a la ley de medios. Pero el 22 de mayo de 

este año, el vicegobernador bonaerense y promotor de 

la ley de medios sostenía otra cosa. "A partir de esa 

fecha (7 de diciembre), el Grupo Clarín tiene un año 

para ajustarse a derecho",declaró a la televisión 

pública.. 

339

Le Monde/ - Article, Ter, 25 de Setembro de 2012 


Le Conseil constitutionnel se penche sur 

la "bonne moralité" des magistrats 

Le Conseil constitutionnel doit se prononcer le 5 

octobre sur la nécessité (ou non) de préciser la "bonne 

moralité" demandée aux magistrats par la loi. | AFP 

La plaignante à l"origine de cette QPC avait vu sa 

candidature rejetée parce qu"elle avait été condamnée 

plusieurs années auparavant à une amende et une 

suspension de permis pour conduite en état d"ivresse. 

L"alinéa 3 de l"article 16 de l"ordonnance du 22 

décembre 1958 "portant loi organique relative au statut 

de la magistrature" stipule que les candidats à 

"l"auditorat" (les élèves juges) doivent "jouir de leurs 

droits civiques et être de bonne moralité"."Le 

législateur nous dit qu"il faut présenter une bonne 

moralité, mais il ne nous dit pas ce qu"est la bonne 

moralité. Il se dessaisit, délègue. Il ne respecte pas la 

Constitution", a plaidé son avocat, Me Manuel Carius. 

"La loi ne donne pas les moyens de savoir quelles sont 

les garanties qui sont offertes et quelles sont les 

limites aux atteintes faites aux libertés individuelles, a 

estimé Me Carius. On ne peut pas laisser le candidat 

dans un flou qui laisse place à un pouvoir 

discrétionnaire, je n"ose pas dire arbitraire.""NI LA 

MORALE NI LA MORALITÉ NE DISPOSENT D"UN 

CONTENU PRÉCIS"Selon lui, "ni la morale ni la 

moralité ne disposent d"un contenu précis, 

objectivable, prédéterminé". "Il appartient donc à la loi 

organique de faire un travail de définition", a estimé 

l"avocat, concluant à une atteinte à l"égalité et au 

respect de la vie privée.Le représentant du 

gouvernement a balayé ses arguments et invité les 

membres du Conseil à "juger conforme à la 

Constitution le troisièmement de l"article 16 de la loi 

organique portant statut de la magistrature". Ils se 

prononceront le 5 octobre. En mai, le Conseil 

constitutionnel avait abrogé la loi sur le harcèlement 

sexuel, dont il avait jugé la formulation trop floue. Lire : 

Tollé contre l"abrogation de la loi sur le harcèlement 

sexuel 

340

Los Angeles Times/ - Politics, Ter, 25 de Setembro de 2012 


Annual free health clinic coming to L.A. 

Sports Arena 

The Los Angeles area's fourth annual free health clinic 

is planned Thursday through Sunday at the Los 

Angeles Sports Arena, with the aim of providing 

medical, vision and dental care at no charge for 

thousands of needy residents. Care Harbor, a Los 

Angeles-based nonprofit organization, is the lead 

organizer of the event, which will run from 7 a.m. to 5 

p.m. Thursday through Sunday. The presenting 

sponsor will be the L.A. Care Health Plan, which 

serves Los Angeles County residents through such 

programs as Medi-Cal and Healthy Families. It is the 

nation's largest public health plan. Care Harbor 

President Don Manelli said organizers had distributed 

about 4,800 wristbands to patients who are expected 

to show up for the clinic. They will be served by an 

estimated 3,250 volunteers, including doctors, nurses 

and non-medical volunteers. As of Tuesday afternoon, 

Care Harbor had turned away hundreds of nurses and 

general volunteers, but Manelli said dentists and oral 

surgeons were still needed. "We see thousands of 

individuals and families who need medical attention 

now and many who need it on an ongoing basis," 

Manelli said. Volunteer medical and dental 

practitioners will provide immediate care for 

participants at the clinic. In addition, representatives of 

Jules Stein Eye Institute, Harbor Clinic, Saban Free 

Clinic and the Southside Coalition of Community 

Health Centers, among other organizations, will be on 

hand to make appointments for follow-up care. Manelli 

said organizers this year had greatly expanded dental 

and vision care, the leading needs among patients. 

This year's clinic will feature 100 dental chairs, up from 

79 last year, he said. Organizers have also expanded 

the educational components of the clinic, Manelli said, 

in response to the U.S. Supreme Court's recent 

decision to uphold the Affordable Care Act, the federal 

healthcare reform law that is intended to make it easier 

for underinsured or uninsured patients to 

get affordable care. For information about the event, or 

to register as a medical volunteer, see the clinic 

website. ALSO: Ruins unearthed of S.F. City Hall 

destroyed in 1906 earthquake Beeping package 

deemed safe after KNX radio building evacuated Chris 

Brown in court, applauds when ex-gang member 

exonerated --Martha Groves 

341

Los Tiempos/ - actualidad, Ter, 25 de Setembro de 2012 


MSM exige que se declare “desierta” la 

convocatoria a Fiscal General del Estado 

LA PAZ | 

El Movimiento Sin Miedo (MSM) exige al Movimiento 

Al Socialismo (MAS) que declare “desierta” la 

convocatoria pública a Fiscal General del Estado, toda 

vez que los candidatos que se presentaron a la misma 

no reúnen los requisitos mínimos para ejercer el 

máximo cargo del Ministerio Público, ni se garantiza la 

equidad de género, ni la presencia de candidatos 

indígenas. 

A ello se suma, según manifestó la diputada Marcela 

Revollo (MSM), una convocatoria aprobada 

“unilateralmente” por el vicepresidente Álvaro García 

Linera, donde, para ser Fiscal General, se debe 

cumplir menos requisitos que para ser un magistrado 

del Órgano Judicial, lo cual es rechazado por la 

legisladora. 

“Ha sido lamentable verificar que profesionales con un 

diplomado de tres meses, con un curso de tres 

semanas, con un artículo publicado de no más de mil 

caracteres en la prensa, con una especialidad en 

derecho constitucional de seis meses han pasado a la 

fase final”, cuestionó Revollo. 

Al respecto, el presidente de la Comisión de Justicia 

Plural de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Cejas 

(MAS), dijo que para declarar desierta esta 

convocatoria es necesario plantear argumentos 

“jurídicos” y no “políticos” como lo plantea el MSM. 

342

Reuters General/ - Article, Ter, 25 de Setembro de 2012 


NY court revives lawsuits between 

Mashreq, Algosaibi, al-Sanea 

By Joseph Ax NEW YORK | Tue Sep 25, 2012 7:18pm 

EDT NEW YORK (Reuters) - A divided New York state 

appeals court on Tuesday reinstated two lawsuits 

involving the Algosaibi family conglomerate, 

Dubai-based Mashreqbank PSC and Maan al-Sanea, 

the Saudi billionaire head of the Saad Group, in 

connection with a longstanding fight over an alleged 

multibillion-dollar fraud. The ruling, which found that 

New York was the appropriate forum to hear the 

lawsuits, is the latest development in the global legal 

battle between al-Sanea and his in-laws, the 

Algosaibis. A spokesman for al-Sanea declined to 

comment on Tuesday's decision.The Algosaibi family 

claims al-Sanea, who married into the family 30 years 

ago, defrauded it of billions of dollars after he was put 

in charge of its financial businesses. Al-Sanea and the 

Saad Group have denied the allegations.The 2009 

collapse of al-Sanea's Awal Bank and Algosaibis' The 

International Banking Corporation, both based in 

Bahrain, left more than 100 banks, including Deutsche 

Bank, HSBC and Societe Generale, owed an 

estimated $22 billion.Since then, the Algosaibi family 

and al-Sanea have faced off in courts in New York, 

Saudi Arabia, Bahrain, London, the Cayman Islands 

and Geneva.In 2009, Mashreqbank sued the 

Algosaibis in New York court, seeking to recover $150 

million in foreign exchange trades executed in New 

York. Those funds eventually were transferred into an 

account controlled by al-Sanea, according to the 

bank's lawsuit.The Algosaibis then filed a lawsuit in 

New York against al-Sanea, claiming he and his Awal 

Bank had used Algosaibi accounts as part of a 

massive fraud. The Algosaibis also asserted in court 

filings that Mashreqbank aided al-Sanea in the alleged 

scheme, according to the decision.The two lawsuits 

were dismissed in 2010 by state Supreme Court 

Justice Richard Lowe, who granted al-Sanea's request 

to toss out the case against him, saying it did not 

properly belong in New York state court. As a result, 

he also dismissed the lawsuit brought by 

Mashreqbank, since the two cases were closely 

intertwined.In a 3-2 ruling, an intermediate state 

appeals court reversed that decision, ruling that Lowe 

had overstepped his authority and that New York was 

an appropriate forum for the complaints."New York has 

a compelling interest in adjudicating controversies that 

implicate its preeminent position in the international 

banking system," the majority wrote in the ruling from 

the Appellate Division, First Department.In a dissent, 

however, two justices said Lowe had correctly found 

that the case should be tried elsewhere, since the 

dispute involves foreign entities, evidence and 

witnesses are located outside of New York and the 

"resolution likely requires the application of foreign 

law."Eric Lewis, a lawyer for the Algosaibi company, 

said in a statement the ruling recognized the "critical 

role of New York courts" in combating international 

fraud."In today's world, frauds can involve numerous 

countries, none of which may have the resources or 

critical involvement to investigate," he said.A lawyer for 

Mashreqbank, Carmine Boccuzzi, said the bank was 

"confident it will prevail" in its claim against the 

Algosaibis.A 3-2 ruling typically means the state's 

highest court, the Court of Appeals, will hear an appeal 

if al-Sanea decides to file one.The cases are 

Mashreqbank PSC v. Ahmed Hamad Al Gosaibi and 

Brothers Co, and Ahmed Hamad Al Gosaibi and 

Brothers Co v. Maan Abdul Waheed Al Sanea et al., 

New York State Supreme Court, Appellate Division, 

First Department, Nos. 6917 and 6918. (Reporting by 

Joseph Ax; Additional reporting by Douwe Miedema; 

Editing by Noeleen Walder) 

343



"Soccer Mom Madam" pleads guilty in 

New York 

NEW YORK | Tue Sep 25, 2012 5:46pm EDT NEW 

YORK (Reuters) - Anna Gristina, the accused 

Manhattan madam whose case garnered lurid 

headlines in the New York media, pleaded guilty 

Tuesday in state court to one count of promoting 

prostitution. The "Soccer Mom Madam," as she was 

dubbed by the tabloids, is expected to be sentenced in 

November to time served by Acting Manhattan 

Supreme Court Justice Juan Merchan. She spent four 

months in jail after her February arrest.With her family 

in the front row of the courtroom, Gristina told Merchan 

she wanted to change her plea to guilty, then turned 

and mouthed to her husband, Kelvin Gorr, 

"Okay?"Gorr nodded, hugging their young son.Officials 

spent five years investigating the case, using wiretaps 

and other methods of surveillance. But it only resulted 

in one criminal count against Gristina.The Manhattan 

district attorney's office said Gristina ran a high-end 

brothel for wealthy clients out of a Manhattan 

apartment and was captured on tape boasting of 

connections inside the Federal Bureau of Investigation, 

the district attorney's office and the police 

department.Assistant District Attorney Charles Linehan 

told Merchan that prosecutors had been unable to 

substantiate her claims of ties to law enforcement."We 

are left with a straightforward promoting prostitution 

case," he said. "That is all."Gristina had refused to 

consider a plea deal, in part because she could face 

deportation to her native Scotland for a crime of moral 

turpitude. Her lawyer, Norman Pattis, said she would 

fight to stay in the United States.As part of her plea, 

Gristina admitted in court that she arranged for a tryst 

between two prostitutes she employed and a man, 

known to her as "Anthony," inside an apartment on the 

Upper East Side. The man was an undercover police 

officer, according to court documents. (Editing by Dan 

Burns and Stacey Joyce) 

344



Weeks before election, Pennsylvania 

voter ID law back in court 

By Mark Shade HARRISBURG, Pennsylvania | Tue 

Sep 25, 2012 2:47pm EDT HARRISBURG, 

Pennsylvania (Reuters) - A judge who will decide 

whether Pennsylvania's new voter-identification law 

should be blocked heard testimony on Tuesday from 

one witness who said fears that the measure placed 

an unfair burden on residents were overblown. The 

witness, Kurt Myers, a deputy secretary for the 

Pennsylvania Department of Transportation, said 

about 11,000 voters have gotten the mandated ID 

cards at the center of the controversial law and 

thousands more were set to get theirs before the 

November 6 election."We're in the business of issuing 

IDs, not denying IDs," Myers told Commonwealth 

Court Judge Robert Simpson.Simpson, who upheld 

the law in August, called the hearing on orders by the 

state's highest court to reconsider his ruling. The 

Pennsylvania Supreme Court last week told him to 

decide by October 2 whether voters have "liberal 

access" to the mandated IDs, and if they don't, to block 

the law before the November election.National 

attention is focused on the court battle over the law 

passed in March by the Republican-led Legislature 

without a single Democratic vote, as similar fights over 

potential voter disenfranchisement by ID laws are 

waged in Texas and South Carolina.A flashpoint is the 

law's effect on voter turnout in Pennsylvania, a key 

swing state in the tight presidential race just six weeks 

away.Critics say it is designed to keep minority voters, 

who typically vote Democratic, away from the polls. 

Supporters of the voter ID law say it is aimed at 

ensuring that only those legally eligible to vote cast 

ballots.The law says that all voters must show either a 

state driver's license, government employee ID or a 

state non-driver ID card to vote.Myers said his agency, 

known as PennDOT, has been doing everything it can 

to get voter IDs to those who want them. While 

challengers argue otherwise, Myers maintained there 

will not be a large, last-minute push by voters to get 

allowable IDs."The data doesn't support that there are 

thousands and thousands of people out there without 

(a) voter ID," he said.Simpson, who has until October 2 

to issue his ruling, was expected to continue hearing 

testimony on Thursday and indicated he will rule 

shortly after that."I am not of the mind to wait until the 

last minute. The sooner the better," Simpson said. 

(Writing by Barbara Goldberg; editing by Philip 

Barbara) 

345



Supreme Court to address blood testing 

for drunk driving 

By Terry Baynes and Jonathan Stempel 

WASHINGTON | Tue Sep 25, 2012 5:15pm EDT 

WASHINGTON (Reuters) - The Supreme Court will 

soon consider whether police must get a warrant 

before forcing a suspected drunken driver to submit to 

a blood test, a case that could set a new legal 

standard for motorists' privacy. By agreeing on 

Tuesday to hear the case along with six others, the 

court has agreed to review close to 40 cases for the 

nine-month term that begins on Monday.It will add 

others in months to come and typically hears 70 to 75 

cases a year. Decisions are expected by the end of 

June.In the blood-test case, police in the state of 

Missouri argued they should not have to wait for 

approval to draw blood given how quickly alcohol 

dissipates in the bloodstream.The state's highest court 

rejected that argument in a January 17 decision, 

saying the test violated the Fourth Amendment of the 

U.S. Constitution, which protects against 

unreasonable searches and seizures.According to the 

FBI, about 1.41 million people were arrested in the 

United States in 2010 for driving under the 

influence.About 28 people die each day in the United 

States as a result of drunken driving crashes, 

according to National Highway Traffic Safety 

Administration data.Lewis Katz, a criminal justice 

specialist at Case Western Reserve University School 

of Law in Cleveland, said a decision against Missouri 

could upend a longstanding practice by police to help 

thwart drunken driving."The Supreme Court has 

generally in the last four decades been sympathetic to 

police claims in this area of warrants, but this is an 

entirely different area because of the intrusion into the 

body," Katz said. "Invasion of the body is the greatest 

invasion of privacy there could be."BLOOD 

SAMPLETyler McNeely had been pulled over for 

speeding just after 2 a.m. on October 3, 2010, by a 

Missouri highway patrolman, who then took him to a 

nearby hospital. A technician measured McNeely's 

blood-alcohol content at 0.154 percent, nearly twice 

the legal limit, roughly 25 minutes after he had been 

pulled over.The Missouri Supreme Court agreed with 

McNeely that the blood sample should be suppressed, 

finding that there were no "special facts" or "exigent 

circumstances" to justify obtaining it in a hurry.Courts 

have split over whether the natural, rapid dissipation of 

alcohol in the bloodstream, typically 0.015 percent to 

0.020 percent an hour, creates enough urgency to 

allow the warrantless drawing of blood.Missouri argued 

that the state Supreme Court misinterpreted a 1966 

U.S. Supreme Court precedent that upheld the 

warrantless drawing of blood from a man who had 

recently been in a car accident. The U.S. Supreme 

Court said that "special facts" justified that 

search.McNeely is represented by the American Civil 

Liberties Union. In court papers, he said at least 27 

U.S. states had laws banning the warrantless, 

nonconsensual drawing of blood.GABELLI; WEST 

VIRGINIAThe Supreme Court also agreed to consider 

an appeal by fund manager Marc Gabelli, a son of 

famed investor Mario Gabelli, who accused the 

Securities and Exchange Commission of waiting too 

long to bring a civil case relating to so-called market 

timing.Marc Gabelli, a former portfolio manager at 

Gabelli Funds LLC, and Bruce Alpert, a chief operating 

officer for the firm, were accused by the regulator of 

letting a British firm secretly conduct hundreds of 

market-timing trades in the Gabelli Global Growth 

Fund between 1999 and 2002.The SEC did not sue 

until April 2008, which Gabelli and Alpert said was 

beyond the five-year statute of limitations since the last 

suspect trade had taken place, in August 2002.A 

federal appeals court saw no problem with the delay, 

saying the SEC would have had no reason to uncover 

the matter prior to September 2003, when then-New 

York Attorney General Eliot Spitzer announced an 

industrywide probe into the practice.Market timing 

involves rapid trading in violation of funds' rules, and at 

the expense of ordinary investors who lack the 

privilege.In a separate decision, the Supreme Court 

also overturned a lower court order that had thrown out 

West Virginia's congressional redistricting map, which 

opponents claimed did not treat all votes equally.The 

Supreme Court said a federal district court panel 

erred in striking down a redistricting map that critics 

said allowed too much variation in the population of 

various districts, and also devalued the votes of people 

in the state's faster-growing Eastern Panhandle.In an 

unsigned opinion, the Supreme Court said the panel 

failed to give deference to West Virginia's legitimate 

reasons for drawing the map, including a desire not to 

split counties between districts, and to avoid pitting 

incumbents against each other. The state has three 

congressional districts.Other cases the Supreme 

Court agreed to decide:* Whether the federal 

government can claim immunity over the alleged 

sexual assault of an inmate by three guards at a prison 

in Lewisburg, Pennsylvania.* Whether lawyers could 

obtain personal information about drivers from state 

motor vehicle records, with a goal of trying to find 

346

plaintiffs to pursue litigation.* Whether medical 

personnel in the military are entitled to immunity, in a 

case involving an alleged "battery" over an eye surgery 

procedure that did not go as planned.* Whether a state 

has power to recover money it spent on Medicaid 

payments to victims of negligence and other private 



wrongs known as torts, when the recipients also 

recover from an outside source.(Reporting by Terry 

Baynes and Jonathan Stempel; Editing by Howard 

Goller and Doina Chiacu) 

347



Texas set to put to death man who 

received three stays of execution 

Tue Sep 25, 2012 1:29pm EDT n">(Reuters) - Texas is 

set to put to death Tuesday a man who has received 

three stays of execution and is requesting a fourth 

from the U.S. Supreme Court because of questions 

about the representation he received from defense 

lawyers. Cleve Foster, 48, was convicted along with an 

accomplice of the 2002 murder and rape of Nyanuer 

"Mary" Pal, whose naked body was found in a ditch, 

according to a report by the Texas Attorney General's 

office.The U.S. Supreme Court a year ago granted a 

temporary stay of execution just 2-1/2 hours before 

Foster was to be put to death by lethal injection. It was 

the third stay of execution from the high court for 

Foster, who also was granted a delays in January and 

April 2011.Foster's lawyers have asked the U.S. 

Supreme Court for a fourth stay of execution, the high 

court said on Tuesday. The execution is scheduled for 

after 6 p.m. local time at the state penitentiary in 

Huntsville, Texas.Foster's accomplice in the murder, 

Shelton Ward, died of brain cancer on death row in 

2010. Foster maintained in his trial that Ward acted 

alone, and that contact between him and the victim 

was consensual.The two men and Pal were regulars at 

Fat Albert's bar in Fort Worth when, the night before 

Valentine's Day in 2002, bartenders said Pal walked 

out with them, according to the report. Pal left in her 

car and the men followed closely behind in Foster's 

truck.Eight hours later, Pal's body was found with a 

gunshot wound to the head and wadded-up duct tape 

nearby, according to the report.Foster would be the 

30th person executed in the United States this year 

and the ninth in Texas.Texas has executed more than 

four times as many people as any other state since the 

death penalty was reinstated in the United States in 

1976, according to the Death Penalty Information 

Center.(Reporting By Corrie MacLaggan and Terry 

Baynes; Writing by Greg McCune) 

348



Supreme Court upholds West Virginia 

redistricting 



WASHINGTON (Reuters) - The Supreme Court 

upheld West Virginia's congressional restricting map 

as constitutional on Tuesday, overturning a lower court 

order that found the plan violated the principle of "one 

person, one vote." In an unsigned opinion, the court 

said that a federal district court panel had erred in 

voiding the map in January and had failed to give 

appropriate deference to the Democratic-controlled 

legislature that had crafted it.West Virginia had argued 

that it had legitimate interests in allowing small 

variations in populations served by each district such 

as making districts compact, not splitting counties 

between districts, and avoiding contests between 

incumbents.The drawing of congressional districts 

often generates litigation because of its potential to 

reduce political power of various constituents, 

including political parties and individual municipalities 

or counties.The Jefferson County Commission claimed 

that West Virginia's plan appeared to dilute the voting 

power in the state's faster-growing Eastern Panhandle 

by splitting that region up.The state's plan also had a 

population variance between the largest and smallest 

districts of 0.79 percent of the population of the 

average district, in line with plans that the Supreme 

Court had upheld in the past.But the Supreme Court 

said it was not essential that a state draw districts with 

"precise mathematical equality" so long as small 

variations serve legitimate objectives.It said such 

deviations were justified in this case, in light of the 

state's interests and the absence of better alternatives 

that offered greater population equality.The court 

noted that one alternative, branded by supporters as 

the "Perfect Plan," would have achieved virtual 

population equality - a population difference of one 

person between the largest and smallest districts - at a 

cost of splitting counties, pitting two incumbents 

against each other, and moving one-third of the state's 

population into a new district.West Virginia has three 

congressional representatives."We're incredibly 

disappointed," Stephen Skinner, a lawyer for the 

Jefferson County Commission, said in a telephone 

interview. "The law until today has been crystal clear, 

and the Supreme Court has changed the standards. 

To place arbitrary county lines over mathematical 

certainty does not comport with truly representative 

government."The Supreme Court had put the lower 

court order on hold while it reviewed the matter. It 

returned the case to the district court for further 

proceedings.The case, brought in the name of West 

Virginia's secretary of state, is Tennant et al v. 

Jefferson County Commission, U.S. Supreme Court, 

No. 11-1184.(Reporting by Terry Baynes and Jonathan 

Stempel; Editing by Howard Goller and Doina Chiacu) 

349



U.S. top court to review blood tests to test 

driver sobriety 



WASHINGTON (Reuters) - The U.S. Supreme Court 

agreed on Tuesday to consider whether police must 

get a warrant before forcing a suspected drunken 

driver to submit to a blood test, in a case that could set 

a new legal standard for motorists' privacy. Police in 

the state of Missouri argued they should not have to 

wait for approval to draw blood given how quickly 

alcohol dissipates in the bloodstream.The state's 

highest court rejected that argument in a January 17 

decision, saying the test violated the Fourth 

Amendment of the U.S. Constitution, which protects 

against unreasonable searches and 

seizures.According to the FBI, about 1.41 million 

people were arrested in the United States in 2010 for 

driving under the influence.About 28 people die each 

day in the United States as a result of drunken driving 

crashes, according to National Highway Traffic Safety 

Administration data.Lewis Katz, a criminal justice 

specialist at Case Western Reserve University School 

of Law in Cleveland, said a decision against Missouri 

could upend a longstanding practice by police to help 

thwart drunken driving."The Supreme Court has 

generally in the last four decades been sympathetic to 

police claims in this area of warrants, but this is an 

entirely different area because of the intrusion into the 

body," Katz said. "Invasion of the body is the greatest 

invasion of privacy there could be."BLOOD 

SAMPLETyler McNeely had been pulled over for 

speeding just after 2 a.m. on October 3, 2010, by a 

Missouri highway patrolman, who then took him to a 

nearby hospital. A technician measured McNeely's 

blood-alcohol content at 0.154 percent, nearly twice 

the legal limit, roughly 25 minutes after he had been 

pulled over.The Missouri Supreme Court agreed with 

McNeely that the blood sample should be suppressed, 

finding that there were no "special facts" or "exigent 

circumstances" to justify obtaining it in a hurry.Courts 

have split over whether the natural, rapid dissipation of 

alcohol in the bloodstream, typically 0.015 percent to 

0.020 percent an hour, creates enough urgency to 

allow the warrantless drawing of blood.Missouri argued 

that the state Supreme Court misinterpreted a 1966 

U.S. Supreme Court precedent that upheld the 

warrantless drawing of blood from a man who had 

recently been in a car accident. The U.S. Supreme 

Court said that "special facts" justified that 

search.McNeely is represented by the American Civil 

Liberties Union. In court papers, he said at least 27 

U.S. states had laws banning the warrantless, 

nonconsensual drawing of blood.A decision in the 

Missouri case is expected in the court's upcoming 

term, which begins next Monday.The case is Missouri 

v. McNeely, U.S. Supreme Court, No. 

11-1425.(Reporting by Terry Baynes and Jonathan 

Stempel; Editing by Howard Goller and Doina Chiacu) 

350

Reuters General/ - Notícias, Ter, 25 de Setembro de 2012 


Americas court tells Peru to scrap rule 

that could help Fujimori 

LIMA | Mon Sep 24, 2012 7:17pm EDT LIMA (Reuters) 

- The Inter-American Court of Human Rights told Peru 

on Monday to annul a ruling by its Supreme Court 

that could have paved the way for an early release of 

jailed former President Alberto Fujimori. President 

Ollanta Humala's administration harshly criticized the 

Supreme Court in July for cutting the prison terms 

being served by members of an infamous death squad 

that Fujimori ran during his crackdown on leftist 

insurgents in the 1990s.Supporters of Fujimori, 74, say 

he was unfairly sentenced to 25 years in prison for 

allowing the death squad, known as Colina, to operate 

on his watch. Fujimori's conviction by a Peruvian court 

in 2009 tied him to "crimes against humanity" that the 

Inter-American court blamed on the death squad in 

2001.But a panel of Supreme Court judges led by 

Justice Javier Villa Stein said in July a series of 

massacres carried out by Colina only amounted to less 

serious "human rights violations.At the time, Humala's 

office promised to block the ruling while Fujimori's 

lawyer, Cesar Nakazaki, said it could strengthen an 

appeal he has been working on for his client, who is 

suffering from mouth cancer.Fujimori's trial was a rare 

instance of a former head of state being tried in his 

own country for rights crimes and put Peru at the 

forefront in Latin American of bringing authoritarian 

leaders to justice.Since then, Peru has often had a 

rocky relationship with the international court and 

Humala, a former soldier, once accused it of interfering 

in local affairs.More than 69,000 people died or 

disappeared in the 1980s and 1990s as the Peruvian 

state battled Maoist Shining Path guerrillas. Fujimori is 

often credited for capturing the Shining Path's leaders 

but also has been blamed for widespread corruption 

and human rights violations. (Reporting By Mitra Taj 

and Terry Wade. Editing by Andre Grenon) 

351

The Economic Times/ - News, Ter, 25 de Setembro de 2012 


Jayalalithaa slams Karunanidhi for 

'double standards' on FDI, diesel issues 

CHENNAI: Accusing her arch rival and DMK chief M 

Karunanidhi of adopting 'double standards' on key 

issues, Tamil Nadu Chief Minister Jayalalithaa today 

said his remarks that his party upheld 'coalition 

dharma' meant he supported the Centre's decision to 

allow FDI in retail. 

She also said Karunanidhi, who had demanded 

rollback of the recent diesel price hike, should explain 

to the people whether his son and Union Minister M K 

Alagiri opposed at the Cabinet Committee on Political 

Affairs (CCPA) the decision to increase the price. 

"Karunanidhi should explain whether Alagiri gave his 

consent to the diesel price hike (at the meeting) or kept 

away from the meeting," she said in a hard-hitting 

statement. 

Referring to his recent remarks after Trinamool 

Congress pulled out of UPA opposing FDI in 

multi-brand retail and diesel price hike, Jayalalithaa 

recalled he had said, his party does not act in haste on 

alliances. 

"He had said DMK does not pull out in haste and only 

does if there is an ideological difference and that it 

upholds coalition dharma. (By saying so), he has 

clarified that he supports Centre's decision on FDI," 

she said in a statement. 

Though DMK supported the September 20 bandh 

called by Opposition parties, the party "maintained 

silence that day," she said, adding, he had however, 

claimed in a statement that thousands of shops had 

downed shutters in a bid to "create an image as if DMK 

participated in the protest." 

This was another instance of his "double standards," 

Jayalalithaa said, accusing him of adopting similar 

tactics on the Cauvery issue and the Kudankulam 

nuclear power project, which is in the midst of an 

anti-nuclear protest. 

Jayalalithaa asserted that her government would make 

efforts to get justice for Tamil Nadu on the Cauvery 

waters issue through the Supreme Court. 

352



Aarushi Talwar murder case: Court orders 

Nupur Talwar's release 

GHAZIABAD: Dentist Nupur Talwar, facing trial in the 

twin murder case of her daughter Aarushi and 

domestic aide Hemraj, was today ordered by a CBI 

court here to be released from prison on bail. 

Special Judge AK Lal ordered Nupur Talwar's release 

in pursuance of a Supreme Court's order which had 

granted her bail on September 17, stipulating that she 

should be released by today, September 25. 

After granting her bail, the apex court had put off her 

release by a week to enable CBI to get its remaining 

material witnesses examined by the trial court, which is 

currently recording the prosecution evidence. 

The special judge ordered Nupur's release on a 

personal bond of Rs two lakhs with two sureties of the 

same amount. 

Presently lodged in Dasna jail in Ghaziabad, Nupur is 

expected to be released by late evening. 

Nupur has been in jail since her surrender before the 

Ghaziabad court on April 30. She had got bail on 

September 17 from the apex court, which she had 

moved challenging the Allahabad High Court's order 

which had dismissed her bail plea on May 31. Earlier, 

the trial court had denied her bail on May 2. 

Her dentist husband Rajesh Talwar, who is a 

co-accused in the case, has been on bail since July 

11, 2008. 

14-year-old Aarushi was found dead in her bedroom at 

the Talwar's residence in Jalvayu Vihar, Noida, on the 

intervening night of May 16-17, 2008. The body of 

Hemraj was found on May 17 on the terrace. 

353



Kudankulam nuclear plant's first unit 

likely to be operational by next year: R K 

Sinha 

MUMBAI: Amid anti-nuclear protests by villagers, 

Atomic Energy Chairman R K Sinha today said the first 

unit of 1,000 MW of the Kudankulam nuclear plant in 

Tamil Nadu is likely to become operational by next 

year. 

"Though it will not be able to give the exact time for 

commissioning of the project mainly due to the 

directives of the Atomic Energy Regulatory Board 

(AERB) and the case pending in the Supreme Court, 

we expect the unit to go operational by the next 

calendar year," Sinha told reporters on the sidelines of 

India Nuclear Energy 2012 summit here. 

He said the fuel loading at the unit is in process and is 

likely to be completed in the next few months. 

Last week, the AERB gave its approval for loading of 

enriched uranium fuel into the first unit of the 

Kudankulam nuclear plant built with Russian 

collaboration. 

"With the launch of the Kudankulam next year, some of 

the power problems (of Tamil Nadu) will be solved," he 

said. 

Sinha further said the second unit of the Kudankulam 

nuclear plant is expected to be ready as per the 

schedule, and added that land acquisition and public 

acceptance are two challenges that need to be 

addressed. 

"Today, we are not worried about technology and raw 

material when it comes to setting up a plant. What is a 

challenge before us is that we are not prepared to 

address the challenge of public acceptance. There is a 

need to update knowledge base. We will also need to 

enhance efforts to spread awareness on effects of 

radiation on health," he said, adding that land 

acquisition also poses a challenge. 

On the development on the 9,000 MW nuclear plant 

project at Jaitapur in Maharashtra, Sinha said, "final 

technical- commercial offer is under negotiation. It is 

difficult to give any time-frame as it depends on the 

outcome of dialogues which are undergoing. Last 

week we had a discussion with a French 

delegation...all is under control and we think we will 

come to a conversion of position in a couple of 

months." 

He further said construction of four 700 MW 

pressurised heavy water reactors (two each in Gujarat 

and Rajasthan) were under various stages of 

completion and power production will begin from these 

plants by 2017. 

354

The Economic Times/ - Notícias, Ter, 25 de Setembro de 2012 


Zardari graft cases: Pakistan govt submits 

to SC Swiss letter draft 

ISLAMABAD: Under immense pressure to reopen graft 

cases against President Asif Ali Zardari, Pakistan 

government today submitted before the Supreme 

Court the draft of a letter to be sent to Swiss 

authorities in this regard. 

Law Minister Farooq H Naek submitted the draft before 

a five-member apex court bench, headed by Justice 

Asif Saeed Khosa, after which the judges studied it 

and raised some objections before adjourning the 

hearing in the case till Wednesday 

Prime Minister Raja Pervez Ashraf had last week told 

the apex court that his government had decided to 

withdraw a letter previously sent to Swiss authorities 

for closing the graft cases against Zardari. 

He had also assured the court that he would authorise 

the Law Minister to implement its previous orders for 

writing to the Swiss authorities. 

As the court resumed hearing the case today after a 

week-long break, Naek submitted the draft of the letter 

along with an authority letter on behalf of Ashraf. 

The judges adjourned the hearing briefly for 15 

minutes to read the contents of the letter at their 

chamber. They later called the Law Minister and the 

government's lawyers inside the court chamber for 

consultation. 

The court then said the judges have seen the draft of 

the letter and also held consultations. 

The Law Minister later said his attention was drawn to 

some points in the drafted letter which require 

consultation with the government following which he 

sought adjournment of the hearing for one day. 

The court accepted his plea and adjourned the hearing 

till Wednesday. 

The draft seeks the withdrawal of letters written in May 

22, 2008 by the then Attorney General Malik Qayyum 

to Swiss authorities that Pakistan was no longer 

interested in pursuing graft charges against Zardari 

and his late wife, former Premier Benazir Bhutto. 

355

The New York Times/ - Politics, Ter, 25 de Setembro de 2012 


Justices Uphold Map for West Virginia 

Voting 

WASHINGTON — The Supreme Court on Tuesday 

ruled that small population variations among a state’s 

Congressional districts do not run afoul of the principle 

of “one person, one vote,” even though advances in 

computer mapping technology have made it possible 

to achieve near-perfect equality in representation. The 

court also added six cases to its docket for the coming 

term, including one concerning whether the police 

need a warrant to draw blood from someone arrested 

on suspicion of drunken driving who refuses to 

consent. The ruling issued Tuesday, which was 

unanimous and unsigned, involved West Virginia’s 

three House districts. It reversed a divided decision 

from a three-judge panel of a federal court in 

Charleston, W.Va., that had rejected House districts 

with slightly varying populations. The Supreme Court 

blocked that decision in January, and it issued its 

ruling in time for the elections in November. Tuesday’s 

ruling, like another unanimous decision from the 

justices in January concerning electoral maps in 

Texas, called for deference to judgments made by 

state legislators. West Virginia lawmakers had 

considered nine plans and had settled on one where 

the gap between the most populous and least 

populous districts was about 4,900 people, or 0.79 

percent. The Legislature rejected what it called the 

“Perfect Plan,” which contemplated a population 

difference of a single person. “That appears, however,” 

Tuesday’s decision said, “to have been the only 

perfect aspect of the Perfect Plan.” The plan split 

counties, put the homes of two incumbents in the 

same district and moved a third of the state’s 

population from one district to another. The plan the 

Legislature adopted did none of that, the decision said, 

and it “moved just one county, representing 1.5 

percent of the state’s population, from one district to 

another.” The decision, Tennant v. Jefferson County 

Commission, No. 11-1184, noted that the leading 

Supreme Court decision in this area, Karcher v. 

Daggett in 1983, had seemed to endorse a variance of 

0.78 percent, which was almost the same as the one 

under review. Technological advances, Tuesday’s 

ruling said, altered neither the applicable legal 

standards nor how much dilution of the “one person, 

one vote” principle is tolerable. The justices also 

agreed to decide a question that has divided the lower 

courts: When do the police need a warrant to obtain 

blood in a drunken-driving investigation? The case 

arose from the arrest of Tyler G. McNeely, who was 

pulled over for speeding on a Missouri highway and 

exhibited, the State Supreme Court said, “the telltale 

signs of intoxication — bloodshot eyes, slurred speech 

and the smell of alcohol on his breath.” He performed 

poorly on a field sobriety test and was arrested. Mr. 

McNeely refused to take a breath test or, after being 

taken to a hospital, to consent to a blood test. One was 

performed anyway, about 25 minutes after Mr. 

McNeely was pulled over, and it showed a blood 

alcohol level of 0.15 percent, almost twice the legal 

limit. The state court suppressed the evidence, saying 

there had been no “exigent circumstances” that 

excused the failure to obtain a warrant. “Warrantless 

intrusions of the body are not to be undertaken lightly,” 

the court said in an unsigned opinion. In 1966, in 

Schmerber v. California, the Supreme Court said no 

warrant was required to take blood without the driver’s 

consent after an accident where the driver and a 

passenger were injured. The fact that alcohol levels 

diminish over time figured in the court’s analysis, as 

did the time it took to investigate the scene of the 

accident and move the injured people to the hospital. 

The question in the new case, Missouri v. McNeely, 

No. 11-1425, is whether the natural dissipation of 

blood alcohol by itself justifies taking blood without 

warrant in a routine case where, as the state court put 

it, “there was no accident to investigate and no injuries 

to attend to.” 

356



In Massachusetts, Brown Attacks 

Warren’s Character 

BOSTON — Video emerged on Tuesday showing 

supporters of Senator Scott P. Brown making 

tomahawk gestures with their arms and yelling Indian 

war whoops at supporters of Elizabeth Warren, his 

Democratic challenger, outside a pub on Saturday. 

The gestures were meant to mock Ms. Warren’s 

assertions, for which she has offered no 

documentation, that she has Native American 

ancestry. When reporters asked Mr. Brown about the 

gestures, he said he did not condone such behavior. 

But, he added, “the real offense here was that 

Professor Warren checked the box,” indicating that she 

was Native American, and “claimed something she 

wasn’t entitled to.” The issue, he said, “goes to her 

character.” With six weeks left and the high-stakes 

Senate race still very close, Mr. Brown is seeking to 

convert almost everything into a character issue. 

“When you’re running for the United States Senate, 

you have to take a test,” Mr. Brown told reporters on 

Saturday at Sullivan’s restaurant on Castle Island. 

“And that test is one of character and honesty and 

trustworthiness, and I believe she hasn’t passed that 

test.” Ms. Warren maintains that Mr. Brown is trying to 

avoid discussing his own record. But she has 

appeared on the defensive as Mr. Brown continues to 

hammer his message. At their first debate last week, in 

his television ads and on the campaign trail, Mr. Brown 

has been saying both directly and indirectly that Ms. 

Warren, a Harvard law professor who built her 

reputation as a hard-driving advocate for middle-class 

families, is not who she says she is. While she claims 

to be representing “the little guy,” Mr. Brown says, she 

was actually a “hired gun” for Travelers Insurance 

against victims of asbestos poisoning and for the LTV 

Steel Company when it was trying to avoid paying 

health benefits for its retirees. She earned $350,000 in 

one year at Harvard, he says, while teaching only one 

course. And in what has become perhaps the 

signature issue of the campaign, Mr. Brown says she 

“falsely” claimed to be a Native American, “a person of 

color,” when she applied for law school teaching jobs 

in the 1980s and ’90s, and “took advantage of a status 

that was only entitled to people of true need.” Ms. 

Warren has been saying for months — and repeats in 

a new ad — that her claims of Native American 

ancestry are based on family lore and that those who 

hired her did not even know about her background. But 

she has had a harder time responding to the other 

claims. On Tuesday, she called a news conference to 

address the charges that she worked for big 

corporations, which contrasts with her image as a 

consumer advocate. But the cases are complex, and 

Ms. Warren has had difficulty framing them in ways 

that are easy for voters to understand. In the debate, 

for example, when Mr. Brown accused her of working 

for Travelers, she offered no explanation. “It’s just not 

true,” she finally said. “The facts speak for 

themselves.” Only after the debate did Ms. Warren 

explain to reporters that as a bankruptcy expert, she 

was brought into the case to protect the use of a $500 

million trust to ensure that the maximum number of 

victims would be compensated. Ms. Warren helped win 

the argument before the Supreme Court and then left 

the case. Later, a separate court held that Travelers 

did not have to pay the money. A lawyer representing 

the asbestos victims told journalists on Friday that, 

contrary to Mr. Brown’s assertions, Ms. Warren had 

actually stood up for the victims. But Mr. Brown 

dismissed him as a Democratic donor. And on 

Saturday he went even further: “Those victims are still 

waiting for their payments,” he told reporters. “Some of 

them have died as a result of her efforts.” (Ms. Warren 

had left the case, and the Brown campaign offered no 

evidence supporting this assertion.) Asked by a 

reporter on Saturday about her salary at Harvard and 

her course load, Ms. Warren did not address the 

numbers. “The answer is this is not about diving into 

the weeds,” she said. “He’s voted against jobs, against 

women, against college students, he has worked in 

secret to weaken the rules against Wall Street, and the 

best he’s got is personal attacks.” Later, her campaign 

provided material that said in 2008, she made 

$348,000, taught four courses and wrote or contributed 

to a book and four journal articles. In 2009, she taught 

three courses, won an award for excellence in 

teaching and wrote or contributed to three books and 

four articles. In 2010, she taught one course and took 

leave to work in Washington and was paid $282,000; 

in 2011, she taught one course, contributed a book 

chapter and was on leave, earning $82,000. In 2012 

she has been on leave to campaign and earned no 

salary. Ms. Warren’s supporters contend that Mr. 

Brown is resorting to such attacks because he has little 

to say about his own record. Mayor Thomas Menino of 

Boston, who threw his valuable political support to Ms. 

Warren last week, said in an interview on Monday, 

“When candidates go negative, it means they have 

nothing to talk about.” He continued: “Education, public 

safety, jobs, housing — my God, he won’t talk about 

any of it. He voted against a jobs extension bill three 

357

times.” Ms. Warren’s senior campaign strategist, Doug 

Rubin, said that Mr. Brown’s strategy was risky 

because going negative could hurt his image as an 

affable person. “He’s helping us out, eroding his 

good-guy image, and we’re going at him with the facts 



that he hasn’t been as bipartisan as he says he has,” 

Mr. Rubin said. “They’re just throwing stuff at the wall 

because if this is about competing visions, they can’t 

win.” 

358



Boy Scouts Assert ‘Good Faith Effort’ to 

Protect Youths 

The Boy Scouts of America, facing what could be an 

avalanche of unfavorable attention in coming weeks 

from the court-ordered release of internal files about 

inappropriate sexual behavior by youth leaders, issued 

a report on Tuesday by a professor who reviewed the 

files and found what she called “a good faith effort” to 

protect boys from harm. The group’s senior leadership 

team also issued “an open letter to the scouting 

community” that included an apology for past wrongs, 

but also a strong assertion that decades of efforts to 

internally document deviant behavior within the Scouts 

— to purge bad leaders — had worked. “Where those 

involved in scouting failed to protect, or worse, inflicted 

harm on children, we extend our deepest apologies 

and sympathies,” the letter said. The Oregon Supreme 

Court ordered in June that thousands of pages of 

so-called “perversion files” be opened to public 

inspection, as part of an abuse case by a former Scout 

leader in Portland. The release was delayed by a court 

motion from the Boy Scouts requesting redaction of 

certain information, including the names of victims. 

One of the lawyers in the Portland case, Paul Mones, 

said the files would be available online when the 

redactions were completed. The review of the files was 

conducted by Janet Warren, a professor of psychiatry 

and neurobehavioral sciences at the University of 

Virginia. She said in a statement that part of what 

emerged from her analysis was that there was no 

single pattern and that the stereotypical “profile” of a 

child sex offender was illusive. “In reviewing the 

entirety of these files, I was struck by the wide range of 

individuals,” she wrote. Professor Warren, who had 

also testified on the Boy Scouts’ behalf in the Portland 

case, said that in the context of scouting’s huge 

numbers, the relatively small number of volunteers — 

about 2 per 100,000 or 0.002 percent — who came to 

the attention of the organization in one year she looked 

at, 1980, suggested that youth were safer in the Boy 

Scouts than in society at large. 

359



New Limits Considered in Airwaves 

WASHINGTON — From East Hampton to Malibu, the 

only limit on how much beachfront property one can 

own is usually however much one can afford. Not so in 

the air across the continent, where the Federal 

Communications Commission has long set limits on 

how much of the airwaves one company can control. 

Now, pushed by small and medium-size 

telecommunications companies, the government plans 

to begin setting new rules to govern how much of the 

airwaves, or spectrum, a single carrier can hold. A big 

goal for those small companies, which compete with 

the behemoths Verizon and AT&T, is a measure that 

would give greater importance to so-called beachfront 

spectrum. Those are the highly sought-after airwaves 

that travel farther between antennas and pass more 

easily through buildings, making them especially 

attractive in urban areas where the largest, most 

profitable clusters of mobile device users congregate. 

It may sound esoteric, but the issue is known to every 

cellphone user who has experienced a dropped call or 

a smartphone browser stuck endlessly loading a Web 

page. After years of limiting companies to no more 

than one-third of the available airwaves in a given 

territory, the F.C.C. on Friday will begin the 

rule-making process on whether new technologies 

require limits to be redrawn, recalibrated or perhaps 

removed. The F.C.C.’s decision, which probably will 

not be final for about a year, will have broad effects on 

consumers and companies. It plays a part in another 

matter the agency is expected to consider on Friday: 

rules for auctioning off newly reclaimed airwaves. In 

that effort, the commission is aiming to take back 

portions of the airwaves used by the military or by 

television broadcasters, offering cash incentives for 

companies or other groups to give up their spectrum. 

Those airwaves would be auctioned, with a portion of 

the proceeds going back to the original license holder. 

By giving more weight to the best-performing 

spectrum, the F.C.C.’s overall limits could increase 

competition by restricting the big companies from 

buying too much of the airwaves, said Matt Wood, 

policy director for Free Press, a consumer advocacy 

group. “It is not the sheer amounts that matter,” he 

said. “It is where it is located on the radio dial that 

makes certain spectrum more valuable to a wireless 

company’s business.” Some wireless company 

executives disagree, saying that the fact that some 

airwaves can travel farther than others is meaningless 

in a large city like New York, where so many users are 

congregated that a company already has to put in 

extra towers to keep airwaves from being overloaded. 

Overloading, of course, results in dropped calls. 

Nevertheless, the quest for new rules is being 

welcomed by large and small mobile phone companies 

alike, each looking for a competitive advantage. Public 

interest groups that often oppose the companies’ 

efforts to trade spectrum also favor changes. “There 

are a lot of competing interests here,” said Walter G. 

D. Reed, a partner at Edwards Wildman Palmer in 

Providence, R.I., who has worked on 

telecommunications issues. And the F.C.C.’s 

challenge is how to allow companies like AT&T and 

Verizon expand their businesses while ensuring that 

smaller carriers do not get shut out. Wireless industry 

executives say that they would welcome almost any 

new standards because that would remove the 

uncertainty cast by the agency’s past practice of 

weighing potential spectrum deals case by case. 

“Spectrum policy in this country needs to be built on a 

full factual record and rational economic policy,” Joan 

Marsh, vice president for federal regulatory issues at 

AT&T, said in an interview. “Carriers need a clear and 

reliable understanding of when and under what 

circumstances spectrum acquisitions will be permitted, 

something we do not have today. This proceeding will 

provide the vehicle to meet both goals, and take 

spectrum policy out of merger-specific proceedings 

and place it in an industrywide rule-making, subject to 

judicial review.” The F.C.C. staff has circulated its 

proposals to the five-member commission, but the 

agency would not discuss the possible outcomes 

before the Friday meeting. 

360



Texas: Ex-Army Recruiter Is Executed 

for 2002 Killing 

Two hours after the United States Supreme Court for 

a fourth time refused to stop the execution of a former 

Army recruiter, he was put to death for killing a woman 

he met a decade ago in a Fort Worth bar. Last year, 

the court issued three reprieves, once moments before 

the recruiter, Cleve Foster, 48, was to be led to the 

death chamber. Mr. Foster’s lawyers argued that he 

was innocent of the murder of Nyaneur Pal, 30, a 

Sudanese immigrant, and that his legal help was 

deficient at trial and early in the appeals process. 

Three Supreme Court justices — Ruth Bader 

Ginsburg, Elena Kagan and Sonia Sotomayor — 

would have stopped the execution, the court indicated 

in its brief ruling. Mr. Foster’s lawyers argued the court 

should block the execution again in light of its ruling 

this year in an Arizona case that an inmate who 

received poor legal assistance should have his case 

reviewed. But lower courts have said it was a narrow 

ruling and did not apply to all states, Texas among 

them, because procedures on the books already 

address the problem. Another man convicted of the 

killing with Mr. Foster, Sheldon Ward, died of cancer 

on death row in 2010. 

361

The New York Times/ - Notícias, Ter, 25 de Setembro de 2012 


History in Little Rock 

The day marks an important milestone in civil rights 

history and the birth of one of the best known 

television personalities of our lifetime. 1957 — 

Hundreds of Army troops protect nine black teenagers 

on their first day at all-white Central High School in 

Little Rock. Integrating the school was an early test of 

Brown v. the Board of Education, a landmark 

Supreme Court ruling that having separate high 

schools for white and black children was a violation of 

the Constitution. Take a look at this video first. It 

gives a good overview of what happened, particularly 

the cruelty the nine black children had to put up with. 

Then have a look at this one — it is the original Army 

footage and has no sound, which, for me, adds to the 

impact. 

Video by AssociatedPress Today in History for 

September 25th Today in History for September 25th 

Today’s birthdays: 

Barbara Walters. While she joined Today in 1961, she 

did not become co-host until the mid-1970s. Here is a 

1970 video of her interviewing Mary Barrelli Gallagher, 

author of “My Life With Jacqueline Kennedy.” 

Michael Douglas. 

362

The New York Times/ - Notícias, Ter, 25 de Setembro de 2012 


New Ruling on Katrina Favors Corps of 

Engineers 

A federal appeals court reversed itself, ruling Monday 

that the Army Corps of Engineers is not liable for 

devastation caused in Hurricane Katrina from a 

government-built navigation canal. The Court of 

Appeals for the Fifth Circuit ruled that the government 

is immune from lawsuits for decisions made by the 

corps that might have left the 76-mile channel, the 

Mississippi River-Gulf Outlet or MR-GO, vulnerable. 

“MR-GO’s size and configuration greatly aggravated 

the storm’s effects on the city and its environs,” wrote 

Judge Jerry E. Smith, writing for a three-judge panel, 

adding that the federal tort claims act “completely 

insulates the government from liability.” In March, the 

same panel had ruled that the government was liable 

for some of the flooding, affirming a landmark ruling by 

Judge Stanwood Duval Jr. of federal District Court in 

2009. While the government is generally immune from 

flooding claims resulting from failures of flood control 

projects, Judge Duval ruled that damage related to the 

MR-GO canal was different because its purpose was 

navigation, not flood protection, even though it was 

lined with levees. The government appealed the 

decision, asking the full circuit to rehear the case. 

Instead, the three-judge panel on Monday withdrew 

the earlier decision and substituted a new one that 

cited the “discretionary-function exception” to the tort 

claims act. Joseph Bruno, a lawyer in New Orleans 

who represents plaintiffs, called the decision 

“devastating. I’m just amazed that the same 

three-judge panel that affirmed did an abrupt 

about-face and gave the corps a pass.” “We will 

continue to press the case,” Mr. Bruno said. It is 

unclear whether that will mean asking the full circuit 

court to reconsider the case or making an appeal to 

the Supreme Court. “Katrina victims have been 

thrown a lot of curveballs,” said Pierce O’Donnell, a 

lawyer for plaintiffs in the case. 

363





CLIPPING INTERNACIONAL | Corte Penal Internacional 

Palestinos buscan de nuevo en la ONU su reconocimiento como Estado, 368 



Julgamento do mensalão é retomado com voto sobre réus do PTB e do PMDB, 369 



DC—BCCI row: HC appoints retired SC Judge as arbitrator, 370 



Civil rights body alleges ‘miscarriage of justice’ in Maruti Manesar case, 371 



Pricing authority should ascertain cost if the drug firm does not furnish it: Court, 372 



Apex court issues notice to Centre on PIL seeking removal of SEBI Chairman, 373 



Binner no le cree al Gobierno y junta firmas contra la re-re, 374 



Inchiesta Dell'Utri passa a Milano Ad occuparsene sarà la Boccassini , 375 



Tre volte nel braccio della morte. Alla quarta viene giustiziato, 376 



José Eduardo dos Santos toma hoje posse, 377 



Manuel Vicente empossado no cargo de vice-Presidente , 378 

Diario El Argentino - Notícias 


Avanza en la Suprema Corte de Justicia la causa contra Pacayut y Klein, 379 



Tribunal Constitucional asegura que el peaje es una tarifa, no un impuesto 12:00 AM, 380 



PUCMM hace homenaje a Rafael Alburquerque 12:00 AM, 381 


365



Los Mossos que lanzaron una granada a un detenido se escudan en los protocolos, 382 



Cebrián pide un pacto de Estado para acometer la reforma de las instituciones, 383 



Prioridades, 384 



Hay que cumplir con resolución, 385 



Izquierda avala impugnar en SCJN reforma laboral, 386 



ONG piden a Corte resolver caso de Inés y Valentina, 387 



EUA: Executado no Texas homem que negou ter cometido crime, 388 



Angola: Manuel Vicente empossado no cargo de vice-Presidente, 389 



Kabinett billigt ESM-Protokollerklärung, 390 



Der ESM wächst und wächst , 391 



En Brasil hablan de la "democradura" de Cristina, 393 



UC to pay nearly $1 million in UC Davis pepper-spray settlement, 394 



Texas puts to death man who received three stays of execution, 395 



Court rejects bid to block Arizona "show your papers" immigration provision, 396 



Conservative group launches ad attacking Florida Supreme Court, 397 

Süddeutsche Zeitung - Politik 


366


Zum Glück unpräzise, 398 



High Court rejects CBI plea to cancel bail of two CWG accused, 399 



Supreme Court to deliver opinion on Presidential Reference on 2G verdict, 400 



Jairam Ramesh tries to dispel apprehension about land bill before GoM meeting, 401 



Sahara India Pariwar: Massive, splashy and mysterious, 402 



City Is Sued Over Approval of N.Y.U. Expansion Plan, 403 



Suburban Mother Pleads Guilty to Running a Brothel on the Upper East Side, 404 



Ala. council stops work on Confederate statue, 405 



Texas executes ex-Army recruiter after 3 reprieves, 406 

367

ABC Digital/ - Notícias, Qua, 26 de Setembro de 2012 

CLIPPING INTERNACIONAL (Corte Penal Internacional) 

Palestinos buscan de nuevo en la ONU su 

reconocimiento como Estado 

La Asamblea no puede reconocerles como integrantes 

de pleno derecho de la organización tal como 

pretendían el año pasado, pero sí como Estado 

observador o no miembro, el mismo estatus que tiene 

el Vaticano y que les podría permitir, entre otras 

cosas, acceder a organismos como la Corte Penal 

Internacional (CPI).A diferencia de la opción del 

Consejo de Seguridad, donde no consiguieron 

suficiente apoyo para contrarrestar el poder de veto de 

EE.UU., el reconocimiento como Estado observador 

sólo precisa de la mayoría de los votos de la 

Asamblea, que los palestinos tienen ampliamente 

garantizada.De acuerdo con sus cálculos, entre 150 y 

170 de los 193 países miembros de la ONU están 

dispuestos a apoyar su petición, entre ellos casi todos 

los latinoamericanos, todos los árabes, gran parte del 

resto de asiáticos y africanos y cerca de la mitad de 

los europeos.Un considerable espaldarazo moral a los 

ojos del mundo, que además les abriría la puerta al 

ingreso en otras agencias de Naciones Unidas y al 

recurso a los tribunales internacionales, algo 

especialmente temido por Israel.La CPI rechazó el 

pasado abril una demanda palestina sobre supuestas 

violaciones de los derechos humanos en Cisjordania 

con el argumento de que no eran miembros plenos de 

la ONU y los palestinos aseguran que piensan acudir 

de nuevo a la Corte tras el reconocimiento de la 

Asamblea General.El Gobierno de EE.UU. ha 

presionado en las últimas semanas al presidente de la 

Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, 

para que no llevase su petición a la Asamblea o al 

menos para que la retrasase, sabedor del profundo 

malestar que causa en la administración israelí la idea 

de que salga adelante.Pero los palestinos insisten por 

el momento en su intención de presentarla, aunque 

han aceptado esperar para hacerlo hasta después de 

las elecciones norteamericanas del 6 de noviembre, 

aseguraron a Efe fuentes de la Organización para la 

Liberación de Palestina (OLP), encargada de 

representarles en la ONU hasta el momento como 

“entidad observadora”.La fecha elegida en principio 

para la votación es la del 29 de noviembre, cuando la 

Asamblea General se reúna con motivo del Día 

Internacional de Solidaridad con el Pueblo 

Palestino.Hasta entonces y desde que Abás concluya 

mañana su intervención ante el plenario, los palestinos 

intentarán negociar con el resto de países un borrador 

de declaración, que incluya el reconocimiento de un 

Estado en las fronteras anteriores a 1967 con 

Jerusalén Este como capital.“Queremos hacer un 

borrador con todos, la Unión Europea (UE), la Liga 

Árabe y el resto de países. No presentar uno por 

nuestra cuenta”, afirmó el pasado jueves el jefe 

negociador palestino, Saeb Erekat, para quien habrá 

“un antes y un después” del respaldo de la ONU, que 

“cambiará los términos de negociación con Israel”.A su 

juicio, tras el reconocimiento como Estado por una 

gran mayoría de la Asamblea, “ningún israelí podrá ya 

referirse a los territorios ocupados como territorios en 

disputa” ya que Palestina “será oficialmente un Estado 

bajo ocupación”.Israel, que ha construido hasta el 

momento 120 asentamientos en los territorios 

ocupados durante la guerra de 1967 en los que viven 

más de medio millón de israelíes, considera que 

muchos de esos lugares forman ya parte de su Estado 

y los reclama para sí en la negociación.Para Erekat, 

sin embargo, la solución de dos estados es “la única 

que continúa siendo válida” y no la “solución de un 

Estado que pretende imponer Israel por la vía de los 

hechos consumados”.Lo cierto es que con las 

negociaciones con Israel estancadas desde hace dos 

años, una crisis financiera que ha ocasionado este 

mes las primeras protestas sociales en Cisjordania y 

un proceso de reconciliación con Hamás que no acaba 

nunca de concretarse, la opción de volver a la ONU es 

de las pocas que le quedan a Abás para intentar 

contener la creciente frustración popular. 

368

BBC Brasil/ - Notícias, Qua, 26 de Setembro de 2012 


Julgamento do mensalão é retomado com 

voto sobre réus do PTB e do PMDB 

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta 

quarta-feira o julgamento do mensalão, com a 

continuação do voto do ministro-revisor, Ricardo 

Lewandowski.Durante a leitura do seu voto, ele 

julgará o delator do esquema, Roberto Jefferson 

(PTB), ex-deputado que que é acusado de corrupção 

e lavagem de dinheiro.Jefferson é acusado de ter 

recebido 4 milhões de reai, em um esquema que ficou 

conhecido como ?valerioduto?, em 2005, envolvendo 

pagamentos ilícitos para favorecer o governo Lula em 

votações. Também serão julgados Romeu Queiroz 

(PTB), José Borba (ex-PMDB) e Emerson Palmieri 

(ex-PTB).Lewandowski já havia condenado, na 

segunda-feira, o ex-deputado federal e ex-presidente 

do PL Valdemar Costa Neto por corrupção passiva e 

lavagem de dinheiro.Os acusados do PTB e do PMDB 

já foram condenados pelo ministro Joaquim Barbosa, 

relator do processo. No começo da leitura de seu voto, 

na semana passada, Lewandowski mostrou, mais 

uma vez, divergir do ministro-relator, Joaquim 

Barbosa, sobre a condenação de 12 réus, de acordo 

com a Agência Brasil.Um dos pontos de divergência 

entre Lewandowski e Barbosa é sobre o crime de 

lavagem de dinheiro, questão central por envolver os 

13 réus cujas condutas são analisadas agora pelo 

STFNa quarta-feira, Barbosa havia dito que o 

ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) cometeu 

crime de corrupção passiva.Jefferson foi o delator do 

esquema de compra de votos no Congresso que ficou 






369

Business Line/ - Notícias, Qua, 26 de Setembro de 2012 


DC—BCCI row: HC appoints retired SC 

Judge as arbitrator 

The Bombay High Court (HC) today appointed a 

retired Supreme Court judge as arbitrator to resolve 

within three months the dispute between the Cricket 

Board and Deccan Chronicles Holdings Ltd (DCHL) 

over termination of the latter’s IPL franchise Deccan 

Chargers. 

Justice S J Kathawala ordered the appointment of 

Justice C K Thakkar to mediate after the parties failed 

to come up with mutually-acceptable names of 

arbitrators. 

The court, however, reserved its order on a plea made 

by DCHL to stay the BCCI’s decision taken at its 

emergency IPL Governing Council meeting in Chennai 

last week to terminate the contract of the 

cash-strapped Deccan Chargers. 

The court further ordered DCHL to give Rs 100 crore 

bank guarantee to BCCI within ten days after it passes 

an order on the former’s petition seeking a stay on 

termination. 

The court had yesterday suggested BCCI and DCHL 

to come out with mutually acceptable names of 

arbitrators. However, they could not arrive at a 

consensus on the names, following which the court 

appointed one of its choices. 

Meanwhile, Yes Bank, the financial supporter of 

DCHL, which had yesterday moved a Chamber 

Summons seeking to intervene in the matter, told the 

court today that it wanted to withdraw its plea. 

The court expressed its surprise and pulled up the 

bank for the flip-flop. “This is not proper”, the judge 

said. 

Yes Bank had put forward three conditions to be met 

while seeking to intervene in the matter—withdrawal of 

BCCI’s decision to terminate the franchise, deposit 

whatever amount is due or receivable by Deccan 

Chargers in their account with Yes Bank and the 

Cricket Board release Rs 41 crore due to Deccan 

Chargers. 

The bank had said if these conditions were not met, 

the entire exercise of trying to save the franchise 

would be futile. “If the franchise does not survive and 

we do not get the money, then what is the use of 

giving Deccan Chargers Rs 33 crores to clear its 

dues?” its counsel said. 

The court, however, did not pass any order on Yes 

Bank’s withdrawal plea today. 

370



Civil rights body alleges ‘miscarriage of 

justice’ in Maruti Manesar case 

The People’s Union for Democratic Rights (PUDR), a 

civil rights organisation, has alleged “extensive torture” 

of Maruti workers by the Haryana Police. 

On July 18, apart from damage to offices on account of 

fire, the violence had claimed the life of a senior 

human resources official and left 96 others injured. 

In a statement issued after an investigation into the 

violence at the carmaker’s Manesar factory on July 18, 

the PUDR alleged there was “miscarriage of justice” in 

the form of “arbitrary arrests of workers, illegal 

detention and harassment of their family members, as 

well as custodial violence.” 

It added that the defence counsel had applied for a 

proper medical examination much earlier, and the 

same was permitted by the court. But, PUDR alleged 

that the police caused significant and deliberate delay 

even after court permission was granted, causing 

marks and evidence of torture to be reduced. 

The police have arrested 145 workers so far, while 

over 540 permanent workers have been fired by Maruti 

in August citing involvement in the clash. PUDR said 

the dismissals were wrong, as it was done even before 

the investigation report was released. It alleged that 

the arrests were made on the basis of a list provided 

by the company. 

The body has demanded an independent judicial 

enquiry into the events that led to the death of 

company official Awanish Dev where the judge 

nominated is agreeable to both parties. It added that 

the Special Investigation Team be drawn from the 

police in other states (apart from Haryana, Delhi and 

Punjab). 

General Secretary of the Maruti Udyog Kamgar Union 

(Gurgaon plant) Kuldeep Janghu confirmed that family 

members of Maruti’s Manesar workers were harassed 

after a large section of the workers went into hiding in 

July-August. 

“We have heard of many being tortured at the hands of 

the police, though there is no proof to really confirm 

that,” he said. 

Attempts to contact the Haryana police failed. 

371



Pricing authority should ascertain cost if 

the drug firm does not furnish it: Court 

Price of essential drugs fixed by the National 

Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) cannot be 

caught in a time warp nor can non-furnishing of cost 

information by drug companies be an alibi for passivity 

on its part. So held the Karnataka High Court in Ishaan 

Labs (P) Ltd v Union of India, when it found that the 

price fixed in 1999 for the formulation Glipizide was 

continued even in 2003 whereas the Drug (Prices 

Control) Order 1995 clearly envisages fixation of prices 

on the basis of cost findings from time to time. The 

court did not agree with the contention that unless the 

drug companies came forward with information as to 

rise in cost of inputs, there was no way to allow 

increase in the prices of the scheduled drugs. The 

NPPA, the court said, must conduct its own research 

and keep tabs on the price movement of inputs 

including packaging materials. That cost of packaging 

was completely cold shouldered came for special 

criticism from the court. In short, the court upheld and 

reiterated the Supreme Court view that price fixation 

must meet the test of reasonableness and cannot be 

caught in a time warp.(The author is a New 

Delhi-based chartered accountant) 

372



Apex court issues notice to Centre on PIL 

seeking removal of SEBI Chairman 

The appointment of U.K. Sinha as SEBI Chairman 

came under judicial scanner today with the Supreme 

Court asking the Government to respond to a plea 

alleging various irregularities in his appointment.A 

Bench headed by Justice S.S. Nijjar issued a notice to 

the Centre and the SEBI Chairman, directing them to 

file their replies within four weeks on alleged 

irregularities in Sinha’s appointment.The Bench also 

impleaded the President’s Secretary Omita Paul, who 

was the advisor to the then finance minister when the 

decision to appoint Sinha as SEBI Chairman was 

taken by the Government.The bench impleaded her 

after it was alleged that she had bent rules to facilitate 

Sinha’s appointment as SEBI Chairman by bypassing 

other candidates who had applied for the post.The 

Bench, however, refused to issue notice to the Centre 

on plea for CBI inquiry into Sinha’s appointment. The 

court passed the order on a PIL filed by one Arun 

Kumar Aggarwal, seeking to quash Sinha’s 

appointment. 

373

Clarín/ - Notícias, Qua, 26 de Setembro de 2012 


Binner no le cree al Gobierno y junta 

firmas contra la re-re 

Aunque los rebotes del cacerolazo llamaron a silencio 

al Gobierno, que “planchó” las aclamaciones por una 

“Cristina eterna”, la oposición mantiene firme su 

campaña de juntar firmas contra una reforma 

constitucionalque habilite la re-re elección deCristina 

Kirchner. Después de recorrer Córdoba y Rosario, 

ayer líder del Frente Amplio Progresista, Hermes 

Binner llegó a Florida y Diagonal Norte y la UCR 

comenzó su recorrida por los distritos del interior 

bonaerense en busca de más adhesiones contra la re 

–re. “Sabía de la campañay me acerqué a firmar y 

además me llevo una planilla para que firmen en mi 

trabajo”, contó Alberto, empleado del INDEC desde 

hace 30 años, cuando se alejaba de una de las mesas 

dispuestas por militantes del FAP, donde aseguran 

que en Capital juntan entre 700 y 800 firmas diarias 

por mesa. Ayer, había una mesa por cuadra entre 

Diagonal Norte y Corrientes, el recorrido que al 

mediodía hizo Binner, con Victoria Donda, Jorge 

Ceballos y Humberto Tumini de Libres del Sur, 

Gerardo Milman y Omar Duclos del GEN, Roy Cortina 

y Juan Carlos Zabalza del socialismo.“Queremos que 

se cumpla la Constitución y también que se aleje 

toda otra suspicacia que pueda dar origen a la 

reforma” , advirtió Binner e insistió en que la campaña 

que iniciaron la semana pasada continuará hasta el 30 

de octubre como se había programado porque la 

iniciativa del kirchnerismo sigue en marcha, aunque 

ahora hayan bajado el tono. “Ese es el modus 

operandi del Gobierno: saca los temas a rodar, evalúa 

cómo impactan y después los saca de la agenda y los 

vuelve a poner ”, explicó Binner a Clarínmientras se 

acomodaba junto a una joven que acababa de pedirle 

una foto juntos. Durante la recorrida hasta avenida 

Corrientes, la caminata ágil de Binner no se apaciguó 

pese al pedido de Donda: “¿Y si vamos un poco más 

lento?”, ni el saludo de los militantes en las distintas 

mesas; mucho menos ante el grito de un hombre que 

pasó, también apurado, y soltó: “El límite es Macri, 

Binner, para el socialismo el límite es Macri”. “Es un 

proyecto que está instalado y la verdad que para mí 

todo esto es como un deja vuporque cuando yo 

empecé a militar Menem pedía su re –re y mi primera 

actividad fueron unas pintadas en contra de ese 

proyecto, ahora estoy acá juntando firmas contra la 

re-re de Cristina”, contó Donda, quien también estuvo 

con Binner en Rosario y Córdoba con la campaña 

“Sumá tu firma para defender. La independencia de 

poderes, el federalismo y los derechos sociales”. 

Tanto Binner como el resto de los miembros del FAP 

insistieron en que la recepción de la gente a la 

campaña es más que buena, pero aclararon que 

recién para fin de mes tendrán los primeros 

relevamientos sobre el resultado de la campaña en 

cantidad de firmas. “El sábado en Coronel Díaz y 

Santa Fe y Medrano y Rivadavia juntamos 1.800 

firmas en dos horas, la gente hacía fila para firmar” , 

contó el socialista Cortina, mientras que Duclós y 

Tumini aseguraron que la campaña es bien recibida 

también en el interior: “En Chaco juntamos 800 firmas 

en una mañana”, aseguró el referente de Libres del 

Sur. 

374

Corriere Della Será/ - Notícias, Qua, 26 de Setembro de 2012 


Inchiesta Dell'Utri passa a Milano Ad 

occuparsene sarà la Boccassini 

L'inchiesta è quella per la presunta estorsione a 

Berlusconi. La Suprema Corte ha accolto l'istanza 

della difesa 

Dell'Utri con i suoi legali (Ansa)Dell'Utri con i suoi legali 

(Ansa) 

Da Ingroia alla Boccassini. L'inchiesta sulla presunta 

estorsione di Marcello Dell'Utri ai danni di Silvio 

Berlusconi passa dalla procura di Palermo a quella di 

Milano. E di conseguenza nelle mani di Ilda 

Boccassini, che guida la Dda di Milano in qualità di 

procuratore aggiunto. Stamani negli uffici della 

Boccassini è arrivato un fax da Roma con la decisione 

della Procura generale della Cassazione di inviare gli 

atti per competenza da Palermo a Milano. 

RICHIESTA DELLA DIFESA - Delle indagini, dunque, 

si occuperà il dipartimento guidato da Boccassini, già 

titolare del procedimento sul caso Ruby a carico di 

Berlusconi e che in passato ha seguito le inchieste 

Sme e Lodo/Imi-Sir, nelle quali tra gli imputati figurava 

il leader del Pdl (prosciolto poi in Cassazione). La 

Procura generale della Suprema Corte ha infatti 

accolto l'istanza che, nelle scorse settimane, era stata 

avanzata dai legali di Berlusconi, gli avvocati Niccolò 

Ghedini e Piero Longo. Il Pg di Cassazione ha ritenuto 

che la competenza territoriale sull'inchiesta fosse della 

Procura milanese, e non dei Pm di Palermo. Anche il 

procuratore nazionale Antimafia aveva espresso, nei 

giorni scorsi, il suo parere in tal senso. 

LE MOTIVAZIONI - «Allo stato delle indagini tutti i 

bonifici risultano essere pervenuti sui conto correnti 

accesi da Dell'Utri presso banche di Milano, eccetto 

due». Questo è uno dei passaggi chiave del 

provvedimento con il quale la Procura generale della 

Corte di Cassazione ha trasferito la competenza del 

processo a Milano. Nel provvedimento lungo 4 pagine, 

il sostituto procuratore generale Aurelio Galasso fa 

anche riferimento al parere espresso nei giorni scorsi 

dal procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso 

secondo cui la competenza sarebbe del pm di Milano. 

PROCURA NAZIONALE - «Il richiamo da parte del pm 

della sentenza di condanna di Dell'Utri non appare 

rilevante ai fini di una eventuale competenza per 

connessione -scrive il magistrato- come rilevato dal 

procuratore nazionale non vi è coincidenza temporale 

tra le vicende, dal momento che la responsabilitá 

penale di Dell'Utri è stata affermata fino al 1992 

mentre i fatti per cui si procede sono tutti successivi. 

Inoltre i due procedimenti si trovano in diverse fasi 

procedimentali sicchè nessuna connessione è 

ipotizzabile». Il magistrato fa riferiimento al processo a 

carico di Dell'Utri per concorso esterno in associazione 

mafiosa. Dopo l'annullamento con rinvio della 

Cassazione il processo a Dell'Utri per mafia è tornato 

davanti alla Corte d'Appello di Palermo. 

Redazione Online 

375

Corriere Della Será/ - Notícias, Qua, 26 de Setembro de 2012 


Tre volte nel braccio della morte. Alla 

quarta viene giustiziato 

Condannato per omicidio è stato giustiziato con 

un'iniezione letale. La Corte stavolta ha respinto la 

richiesta di sospensione 

Il carcere di Huntsville (Ap)Il carcere di Huntsville (Ap) 

Cleve Foster è stato nel braccio della morte per ben 

tre volte. Il 48enne, condannato alla pena capitale in 

Texas per aver ucciso nel 2002 un'immigrata 

sudanese, era però stato sempre salvato in extremis 

da un intervento provvidenziale della Corte Suprema. 

La sua quarta richiesta di posporre la condanna è 

stata però respinta: l'ex reclutatore dell'esercito è stato 

ucciso martedì sera con un'iniezione letale. 

SOSPENSIONE - Cleve Foster aveva sempre 

proclamato la sua innocenza, nonostante la prova del 

Dna l'avesse incastrato. E’ il trentesimo giustiziato 

negli Usa quest’anno, il nono nello stato del Texas. 

L’uomo è deceduto nella tarda serata, due ore dopo 

che la Corte Suprema aveva respinto (con 6 voti a 

favore contro 3 contrari), la richiesta di sospensione 

della pena capitale. Il 46enne sarebbe stato coinvolto 

dieci anni fa nel rapimento e nell’uccisione di Nyaneur 

Pal, un'immigrata dal Sudan. La 30enne fu uccisa a 

colpi di arma da fuoco alla testa e il suo corpo fu 

abbandonato in un fosso il 14 febbraio del 2002. 

Foster e l'amico Sheldon Ward l'avevano conosciuta in 

un bar a Fort Worth, in Texas. Alcuni testimoni li 

avevano visti parlare con la donna alcune ore prima 

dell'omicidio. Ward, anche lui condannato a morte, è 

deceduto in carcere due anni fa per un tumore. 

«Appena chiuderò gli occhi sarò con mio padre», sono 

state le ultime parole di Foster. «E sarò con Dio: è 

tutto, è la mia vita». Si sarebbe anche rivolto ai 

famigliari delle vittime. Con queste parole: «Non so 

cosa proveranno stasera. Prego affinchè ci ritroveremo 

tutti in cielo». 

TELEFONATA - Il «Dead Man Walking» del Texas ha 

ripercorso tre volte l’ultimo miglio, quel tragitto verso la 

camera dell’esecuzione. La quarta, però, è stata la sua 

ultima. Foster è infatti uno dei pochi casi di 

sospensione della pena capitale ad un passo della 

morte. Lo scorso anno, la telefonata arrivò proprio 

mentre s’incamminava verso la stanza dell'esecuzione. 

Nel gennaio 2011, la sospensione arrivò mentre il 

condannato consumava il suo ultimo pasto. La 

cosiddetta «sospensione dell'undicesima ora», era 

ogni volta stata possibile grazie a degli espedienti 

burocratici dei suoi legali. Alle 18.43 di martedì (le 

00.43 in Italia) a Foster è stato somministrato il cocktail 

letale, 25 minuti più tardi è stato dichiarato morto. Dal 

1924 al 1964 nell'unità di Huntsville, 61 persone sono 

finite sulla sedia elettrica; da allora sono state eseguite 

485 condanne a morte mediante iniezione letale. 

Elmar Burchia 

376

Diário de Notícias Lisboa/ - Notícias, Qua, 26 de Setembro de 2012 


José Eduardo dos Santos toma hoje posse 

José Eduardo dos Santos presta hoje juramento em 

Luanda como primeiro Presidente angolano eleito, 

numa cerimónia para que foram apenas convidadas a 

participar entidades nacionais e corpo diplomático. 

A cerimónia, em que será também empossado Manuel 

Vicente como vice-Presidente, tem a duração prevista 

de cerca de 90 minutos e decorrerá junto ao Mausoléu 

onde se encontram os restos mortais do primeiro 

chefe de Estado de Angola, António Agostinho Neto, 

na Praia do Bispo.Com a posse, que será conferida 

pelo presidente do Tribunal Constitucional, Rui 

Ferreira, José Eduardo dos Santos, Presidente de 

Angola desde 1979, inicia um mandato de cinco 

anos.Na sequência da última revisão constitucional, os 

mandatos presidenciais, até três interpolados, 

deixaram de ser de quatro anos e o chefe de Estado e 

o seu vice passam a ser eleitos por via indireta.José 

Eduardo dos Santos torna-se Presidente da República 

por ter encabeçado a lista vencedora das eleições 

gerais de 31 de agosto passado, em que o MPLA, 

partido que lidera, obteve 71,84 por cento dos votos, 

seguindo-se a UNITA (18,66%) e a CASA-CE 

(6,00%).A população da capital foi convidada para 

assistir à cerimónia, para o que foi decretada 

tolerância de ponto. 

377

Diário de Notícias Lisboa/ - Notícias, Qua, 26 de Setembro de 2012 


Manuel Vicente empossado no cargo de 

vice-Presidente 

Manuel Vicente prestou hoje juramento em Luanda no 

cargo de vice-Presidente de Angola, na sequência das 

eleições gerais de 31 de agosto passado. 

posse foi conferida pelo presidente do Tribunal 

Constitucional, Rui Ferreira, tendo Manuel Vicente 

lido a fórmula constitucional de juramento, com a mão 

direita sobre a Constituição, tal como já havia feito 

José Eduardo dos Santos para um mandato de cinco 

anos como Presidente da República. 

378

Diario El Argentino/ - Notícias, Qua, 26 de Setembro de 2012 


Avanza en la Suprema Corte de Justicia la 

causa contra Pacayut y Klein 

Ingresó a la Vocalía del ministro de la Corte Suprema 

deJusticia Eugenio Zaffaroni el recurso extraordinario 

presentado por elex senador por Islas, Félix Pacayut, 

y su esposa Ruth Klein, quieneshabían sido juzgados 

por los delitos de falsedad ideológica deinstrumento 

público y de fraude y estafa a la administración 

pública. 

Por ello habían sido condenados a las penas de tres 

años y cuatro meses de prisión efectiva e 

inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de 

cargos públicos y dos años de prisión condicional 

respectivamente. La Sala Nº 1 de Procedimientos 

Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de 

Justicia había concedido el recurso al ex legislador, 

según consta en el fallo que tuvo los votos a favor de 

Claudia Mizawak y Daniel Carubia, y en disidencia de 

Carlos Chiara Díaz. De esta forma, se remitirán al 

máximo cuerpo los obrados en la causa sobre la 

adquisición de una vivienda en Mazaruca, según el 

artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial. La 

causa surgió a raíz la adjudicación de una vivienda a 

la esposa de Pacayut en un establecimiento forestal 

en Mazaruca que pertenecía a Yacimientos 

Carboníferos Fiscales. La Justicia buscó probar que 

en ese momento la mujer no era indigente, sino 

propietaria de una vivienda en Paraná, ubicada en 

Laprida al 500. El 11 de diciembre de 2006 se había 

dictado el procesamiento de Pacayut en la causa, pero 

desde esa fecha el expediente estaba en la Sala I de 

la Cámara del Crimen esperando ser anexado a la 

causa Puerto Ibicuy, que se sustancia en ese mismo 

tribunal. Esto último, reclamado por la defensa, no se 

concretó. El ex senador enfrenta otra causa, cuyo 

juicio oral y público está previsto para los días 3, 4, 5 y 

6 de diciembre. Se investiga el destino que tuvieron 

unos 20 millones de dólares de Aportes del Tesoro 

Nacional que debieron dirigirse a la construcción de un 

puerto de aguas profundas en Islas del Ibicuy. 

379

Diario Libre/ - Notícias, Qua, 26 de Setembro de 2012 


Tribunal Constitucional asegura que el 

peaje es una tarifa, no un impuesto 12:00 

AM 

SANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional 

estableció el criterio de que el peaje como figura 

contributiva no es un impuesto. 

Mediante sentencia TC/0045/12, el tribunal rechazó un 

recurso de inconstitucionalidad en contra de la 

Resolución No. 01/2002, del 26 de julio del 2002, 

dictada por el Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones, por no existir violación alguna a la 

facultad congresual a establecer impuestos o 

contribuciones generales. 

Considera que es preciso señalar que el peaje es una 

tasa o tarifa que se cobra a un medio de transporte 

terrestre o fluvial como derecho de tránsito por utilizar 

una infraestructura vial, cuyo financiamiento de 

construcción, operación y mantenimiento se sustenta 

económicamente de los ingresos recaudados por 

dicho concepto. 

Sostiene que como figura jurídica tiene una naturaleza 

que le identifica más como una tasa, en vez de un 

impuesto, "pues las tasas -a diferencia de los 

impuestos- son contribuciones económicas que hacen 

los usuarios de algún servicio prestado por el Estado y 

están orientadas a compensar el gasto económico en 

que se incurre por la prestación del referido servicio". 

Estima que ha quedado en evidencia que el peaje 

como figura contributiva no es un impuesto, ni la 

fijación de su monto por parte de Obras Públicas 

constituyen ni caracterizan la infracción constitucional. 

380

Diario Libre/ - Notícias, Qua, 26 de Setembro de 2012 


PUCMM hace homenaje a Rafael 

Alburquerque 12:00 AM 

SD. La Pontificia Universidad Católica Madre y 

Maestra y la Maestría de Derecho Laboral denominó a 

los coloquios sobre derecho laboral con el nombre del 

ex vicepresidente de la República, Rafael 

Alburquerque. 

Durante el acto de inauguración el doctor 

Alburquerque disertó sobre "La Apelación Laboral", 

ante un público integrado por Jueces de los Tribunales 

de Trabajo, Abogados especialistas en la materia y 

estudiantes de la Maestría de Derecho Laboral. 

En la mesa de honor estuvieron presentes los 

doctores Julio Aníbal Suárez, ex-magistrado de la 

Suprema Corte de Justicia; Manuel Bergés, 

presidente de la Asociación Dominicana de Derecho 

del Trabajo y la Seguridad Social y el licenciado 

Heriberto Rivas, presidente de la Asociación de 

Abogados Laboralistas. 

381

El País/ - Notícias, Qua, 26 de Setembro de 2012 


Los Mossos que lanzaron una granada a 

un detenido se escudan en los protocolos 

Los dos agentes de un cuerpo de elite de los Mossos 

d"Esquadra acusados de reventar los testículos a un 

sospechoso al lanzarle una granada de aturdimiento 

en una detención se han escudado este miércoles en 

que su actuación se ajustó a los protocolos de Interior 

y a lo aprendido en los entrenamientos.En la sección 

octava de la Audiencia de Barcelona se ha iniciado el 

juicio contra un sargento y un agente del Grupo 

Especial de Interveción (GEI) de los Mossos 

d"Esquadra, para quienes la Fiscalía pide 18 meses 

de prisión por reventar los testículos a un hombre en 

la detención de un cobrador de morosos sospechoso 

de pertenecer a una banda de extorsioadores, en 

noviembre de 2008.La víctima acompañaba en el 

asiento de copiloto de su coche al sospechoso de 

extorsión, cuando un grupo de agentes de los GEI se 

acercó al vehículo y, tras darles el alto, rompieron los 

vidrios del automóvil y lanzaron a su interior una 

granada de aturdimiento STUNT, que con un fuerte 

sonido y un destello de luz se utiliza para causar un 

bloqueo y evitar posibles respuestas agresivas de los 

delincuentes.El artefacto cayó sobre la entrepierna de 

la víctima y detonó antes de que ésta pudiera cogerla 

con las manos, en cuestión de segundos, lo que le 

provocó heridas en ambos testículos que le han 

dejado estéril, además de desencadenarle una 

depresión y obligarle a seguir tratamiento hormonal 

crónico, según ha explicado el propio lesionado en el 

juicio.La granada de aturdimiento, que desde ese 

accidente no ha vuelto a utilizarse en el interior de 

vehículos, estaba pensada para su uso preferente en 

entradas en domicilios y en motines penitenciarios de 

acuerdo con una instrucción del Departamento de 

Interior de la Generalitat, según recalca la Fiscalía en 

su escrito de conclusiones provisionales. Sin embargo, 

el sargento Víctor E., que ha asumido la 

responsabilidad en la decisión de que los agentes del 

operativo llevaran ese tipo de granadas, ha insistido 

en que se limitó a "aplicar simplemente el protocolo" 

de actuación y que los mossos siguieron estrictamente 

las pautas aprendidas en los entrenamientos.En la 

misma línea se ha manifestado el otro agente 

acusado, que ha señalado que lanzó la granada sobre 

el vehículo tal y como los agentes de su unidad "tienen 

entrenado", al ver que el coche avanzaba con la 

intención de darse a la fuga, y que su intención fue 

tirarla al suelo, aunque no vio adónde se dirigía.Los 

mossos imputados han resaltado que las granadas de 

aturdimiento habían sido empleadas varias veces con 

anterioridad por el GEI dentro de vehículos sin 

incidente alguno y que, apenas quince días antes, 

lanzaron un artefacto de ese tipo en un coche en que 

viajaban cuatro presuntos asaltantes de una "banda 

de peruanos", ninguno de cuyos ocupantes resultó 

herido.Esa misma versión exculpatoria la ha 

corroborado ante el tribunal el inspector jefe del GEI, 

que en su declaración como testigo ha precisado que 

su unidad se encargó de comprobar en sus 

entrenamientos la eficiencia de las granadas de 

aturdimiento, sin detectar problema alguno.El 

inspector, que ha señalado que el propio fabricante de 

la granada advierte en sus instrucciones sólo de la 

posibilidad de que puedan causar daños auditivos, ha 

aclarado que los GEI hicieron detonar el STUNT 

dentro de coches, con materiales inflamables y sobre 

sus propias manos, pero jamás causaron daño 

alguno.Un subjefe del GEI, también citado como 

testigo, ha añadido que en una operación antiterrorista 

del año 2008 un artefacto detonador STUNT cayó 

sobre un sospechoso, al que sólo provocó pequeñas 

quemaduras en la ropa sin alcanzar ni siquiera la 

piel.La Fiscalía pide que los dos acusados, o la 

Generalitat de forma subsidiaria, indemnicen con 

50.000 euros a la víctima, que ejerce la acusación 

particular en la causa y pide dos años de prisión para 

los agentes por un delito de lesiones imprudentes.El 

juicio proseguirá mañana con las pruebas periciales, 

ya que el tribunal ha decidido interrumpir la sesión a 

las 14.00 horas en cumplimiento del acuerdo que los 

magistrados de la Audiencia aprobaron el pasado 

viernes de celebrar vistas solo por la mañana en 

protesta por los planes de reforma de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial anunciados por el Gobierno. 

382

El País/ - Notícias, Qua, 26 de Setembro de 2012 


Cebrián pide un pacto de Estado para 

acometer la reforma de las instituciones 

"No saldremos de la crisis sin reformas institucionales 

que necesitan del consenso". Para acometerlas es 

preciso un "pacto de Estado que defina las 

prioridades", ha afirmado esta mañana el presidente 

del grupo Prisa (editor de EL PAÍS), Juan Luis 

Cebrián. "Un pacto de Estado, no un trágala", precisó 

antes de señalar que "cada vez es más evidente la 

necesidad de una reforma constitucional" en España. 

A su juicio, resulta "imposible" resolver el pulso 

soberanista catalán "sin abordar la cuestión del Estado 

federal". "Bien diseñado, permitiría una convivencia 

estable", precisó.En un desayuno del Foro de la 

Nueva Comunicación, el periodista y académico 

aseguró que el pacto de Estado debe definir las 

prioridades no solo políticas, sino incluso respecto "al 

Estado de bienestar que podemos tener" . Tiene que 

ofrecer "un nuevo proyecto a las nuevas 

generaciones". El PP y el PSOE deben tener especial 

responsabilidad en este pacto consensuado, pero a él 

deberían sumarse otras fuerzas políticas, incluidas las 

nacionalistas, y los sindicatos.En el marco de esas 

reformas consensuadas se debe incluir la de la 

Constitución en puntos como el del Estado 

autonómico. Aseguró que en la redacción de la Ley 

Fundamental no se estableció el federalismo "porque 

el Ejército no lo hubiera asumido" y que el Estado de 

las Autonomías no resulta "adecuado" para muchos 

ciudadanos de las comunidades históricas. "La 

reforma de la Constitución no es un problema, sino 

una forma de empezar a solucionar un problema", 

afirmó. A su juicio existe "una asimetría inconcebible" 

entre las comunidades.Sobre el pulso soberanista 

catalán y la inclusión de un editorial conjunto en varios 

medios catalanes Cebrián señaló que "se está 

echando mucha leña al fuego" y que excitar el 

nacionalismo catalán contra el español "es lo peor que 

podía pasar". Añadió, en respuesta a una pregunta, 

que la situación genera una inestabilidad económica 

que se seguirá notando, por ejemplo en la subida de la 

prima de riesgo, y recordó que Cataluña debe 44.000 

millones de euros. El presidente del grupo Prisa cree 

que la independencia catalana "no se va a producir", 

es algo que generaría una "situación muy difícil" 

incluso para la propia Cataluña. "Las aguas se van a 

reconducir, pero es imposible resolverlo sin abordar la 

cuestión del Estado federal", dijo.En su exposición, 

Juan Luis Cebrián abordó "las tres crisis" que marcan 

el día a día: la institucional, tanto europea como 

española y la económica. Están generando un cambio 

de paradigma y una creciente desafección de los 

ciudadanos frente al sistema, falta de expectativas, 

rabia, depresión... "En otras épocas esos sentimientos 

causaban revoluciones y con la primavera árabe se ha 

acabado el ciclo de las revoluciones tranquilas", dijo. 

En Europa existe "un conflicto intracontinental": las 

naciones de la cultura "de la mantequilla y la cerveza" 

frente a las del "vino y el aceite de oliva". En cambio, 

falta buena gobernanza y fallan las instituciones de la 

Unión Europea, a menudo muy orientadas hacia la 

postura de Alemania. "La crisis puede acabar con 60 

años de esfuerzo por la unión", afirmó. A ello se suma, 

a nivel global,que cada vez son más los ejecutivos y 

los tecnócratas los que dirigen a los pueblos. "Los 

mercados son los que progresivamente controlan a los 

Gobiernos", dijo. Además, la prometida reforma del 

capitalismo, que planteó el G-20, ha fracasado.En el 

caso de España se suman además los 

incumplimientos y el descrédito de los políticos y la 

falta de transparencia, entre otras cuestiones. "A perro 

flaco, todo son pulgas, pero más que pulgas, son 

pirañas que devoran el tejido social. En dos años 

hemos pasado de nadar en la abundancia a ser el 

principal problema de estabilidad para la UE", afirmó 

Cebrián. "Todas las instituciones han estado 

sometidas a descrédito en los últimos años", dijo. Tras 

recordar las fuertes críticas sociales a los políticos 

-"auténticas castas"-, señaló que solo ellos "podrán 

sacarnos de esta situación". Es preciso "reparar los 

estragos cometidos para recuperar la marca España". 

383

Ayer mismo, la vicepresidenta del Gobierno, en 

respuesta a la situación política creada por la masiva 

manifestación independentista celebrada en 

Barcelona, respondía una y otra vez de forma 

obsesiva que lo importante ahora, la prioridad 

absoluta, es la salida de la crisis y la creación de 

empleo. Todo lo demás debe esperar su momento 

oportuno. Lástima que el Gobierno al que pertenece 

esté cosechando un sonoro fracaso en la persecución 

de los objetivos que retóricamente proclama. Similares 

argumentos a los empleados por Soraya Sáenz de 

Santamaría pueden encontrarse en diversas columnas 

de prestigiosos analistas. Parece, pues, oportuno 

recordar que un sistema político estable es un factor 

primario del desarrollo económico, otorga a las 

personas la seguridad, que es el primer requisito para 

el éxito económico. No existe hoy un país con un 

sistema político estable —y honesto— que no tenga o 

haya tenido un razonable desarrollo económico. Y 

existen muy pocos, de los que, sin un sistema de ese 

tipo, pueda decirse lo mismo. Pues bien, no parece 

que se pueda afirmar que en España exista un 

sistema y un modelo de Estado estables, si se 

consideran las enormes tensiones en torno a la 

distribución del poder político territorial.La situación 

actual tiene su origen en el hecho de que no hubo un 

ejercicio expreso del poder constituyente sobre la 

articulación territorial del Estado. Las Cortes 

Constituyentes elegidas en 1977 no abordaron de 

manera frontal este problema y, en consecuencia, 

tampoco pudo pronunciarse sobre él el pueblo español 

en el referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1978. 

Por eso la construcción del Estado ha sido, y sigue 

siendo, el resultado de las mayorías parlamentarias 

existentes en cada momento, de los subsiguientes 

pactos políticos y de las sentencias del Tribunal 

Constitucional. En palabras del profesor Pérez Royo, 

la estructura del Estado no se ha resuelto nunca en 

España en la Constitución, sino con base en la 

Constitución.Pero esta situación no puede continuar 

indefinidamente. Un Estado para poder operar de 

manera estable y con legitimidad indiscutible e 

indiscutida, condición indispensable para el desarrollo 

económico, necesita una estructura 

constitucionalizada. De lo contrario, el desarrollo del 

Estado —financiación incluida— seguirá como hasta 

ahora, al albur de los resultados electorales y de los 

pactos políticos que dichos resultados obliguen a 

realizar.Pero la situación ha experimentado un cambio 

cualitativo a raíz de la sentencia del Tribunal 

Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña (STC 

Prioridades 

El País/ - Internacional, Qua, 26 de Setembro de 2012 


31/2010), que, en opinión de una importante corriente 

de especialistas en derecho constitucional, ha 

supuesto una ruptura del pacto constituyente. En 

efecto, el artículo 2 de la Constitución establece al 

mismo tiempo la unidad del Estado y el derecho a la 

autonomía de nacionalidades y regiones. Pues bien, el 

constituyente quiso que la conjugación de ambos 

principios se realizase mediante un pacto político entre 

las Cortes Generales, en cuanto representantes del 

pueblo español y único órgano que puede ser portador 

de la voluntad del Estado, y el Parlamento y el cuerpo 

electoral de la nacionalidad o región que exprese su 

voluntad de autonomía. Pacto que se refiere tanto al 

proceso estatuyente originario como a los procesos de 

reforma de los Estatutos correspondientes. Me refiero 

singularmente a los Estatutos de la vía del artículo 

151, es decir, Cataluña, Euskadi, Galicia y Andalucía. 

El constituyente quiso garantizar que la propuesta 

autonomista no pudiese afectar a la unidad del 

Estado, pero también que éste no pudiese imponer a 

una comunidad autónoma un Estatuto que ésta no 

desee. Y esto último es precisamente lo que hizo la 

sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 31/2010 

sobre el Estatut, violentando tanto el pacto político 

entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes 

Generales como la voluntad del pueblo catalán 

expresada en referéndum. Con el agravante de que la 

Constitución no reserva papel alguno al TC en este 

proceso que es un compromiso de naturaleza 

exclusivamente política. En palabras del citado Pérez 

Royo, el TC es el máximo intérprete de la 

Constitución y de los Estatutos de Autonomía, es 

decir del “bloque de constitucionalidad”, pero no 

participa en la génesis de dicho bloque.Toda esta 

situación ha conducido a una deriva soberanista del 

nacionalismo catalán cuya última expresión, hasta 

ahora, fue la multitudinaria manifestación de 

Barcelona. Sería, pues, imprescindible que doña 

Soraya y el Gobierno, además de las obviedades 

propagandísticas con las que nos abruman, nos 

dijeran cómo piensan restablecer la estabilidad política 

del sistema, imprescindible para el crecimiento, la 

superación de la crisis y la creación de empleo. Y el 

presidente Feijóo, y los líderes de las demás fuerzas 

políticas gallegas, deberían aclarar cuál es el papel 

que, a su juicio, debería jugar Galicia en el proceso 

abierto de restructuración del poder político en 

España. Por cierto, tienen una ocasión única para 

definir su posición en la Conferencia de Presidentes 

que se va a celebrar el próximo 2 de octubre. 

Estaremos atentos. 

384

El Peruano/ - Notícias, Qua, 26 de Setembro de 2012 


Hay que cumplir con resolución 

Las reacciones por la resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 

que ordena resolver la sentencia del Poder Judicial 

que reduce las penas al grupo "Colina" no se hicieron 

esperar, y buena parte de ellas expresaron 

coincidencia con lo señalado por el referido tribunal 

supranacional. Así, el presidente del Tribunal 

Constitucional (TC), Ernesto Álvarez, dijo que esta es 

de obligatorio cumplimiento, "aunque no nos guste".Él 

recordó que los Estados que se dicen respetuosos del 

derecho internacional deben cumplir con los fallos y 

resoluciones de la Corte IDH. Sin embargo, también 

dijo que ya es momento de que el país ejerza una 

defensa eficaz ante este tipo de organismos.Álvarez 

manifestó que el tribunal interamericano debió conocer 

que este caso ya estaba judicializado en el Perú, al 

presentarse una acción de amparo contra la sentencia 

de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, 

que encabeza el magistrado Javier Villa Stein, y que 

se encuentra pendiente de resolver.Por ello criticó 

duramente lo que calificó de falta de una defensa 

adecuada, pues –a su criterio– se ha dictado una 

sentencia que deja mal parado al país. En ese sentido, 

indicó que el Estado debe establecer una estrategia 

en materia de defensa ante el sistema interamericano 

de justicia.Para el titular del TC, el Perú, como Estado, 

debe defender a la sociedad peruana ante esos 

organismos y buscar que se establezca la verdad en 

cada uno de los casos pendientes."El problema es que 

siempre tenemos que acatar fallos porque no se 

ejerce una defensa eficaz", declaró a Canal N.En el 

Poder Legislativo, su presidente Víctor Isla, dijo que 

debe respetarse la decisión de la Corte IDH que 

ordena corregir una polémica sentencia de la justicia 

peruana que reduce las penas a integrantes del grupo 

"Colina". Por ello destacó las declaraciones del 

presidente de la Corte Suprema, César San Martín, 

hechas en ese sentido"Somos un país miembro de la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos y 

tenemos que ser respetuosos de esta", recordó.No da 

para másRespecto al tema, el exfiscal supremo 

Avelino Guillén recalcó que esta resolución "cierra 

definitivamente" cualquier posibilidad al exmandatario 

Alberto Fujimori de usar a su favor la sentencia de la 

sala presidida por Villa Stein. Esta será anulada 

"irremediablemente" como consecuencia de la 

decisión de la Corte IDH, indicó.Además, destacó que 

el presidente del Poder Judicial ya haya señalado 

que la resolución del tribunal supranacional tiene 

categoría de cosa juzgada.Guillén señaló que el 

Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el 

Congreso tienen que evaluar detenidamente el 

contenido de esta decisión y las implicancias que tiene 

respecto al cumplimiento de fallos 

internacionales.Consideró que el CNM también 

debería evaluar la actitud de Villa Stein, quien, a su 

juicio, ha incurrido en rebeldía al rechazar los términos 

y calificar de afrenta el pronunciamiento de la Corte 

IDH. En tal sentido, puntualizó que sería grave no 

acatar lo dispuesto por ese organismo 

supranacional.Parte del punto de vista de Guillén fue 

compartido por el exintegrante del referido tribunal 

Fernando Vidal, para quien el fallo que rebaja las 

penas a los integrantes del grupo "Colina" deberá ser 

anulado y emitirse una nueva sentencia.Tras explicar 

que la nueva sentencia deberá seguir las líneas que 

establece la resolución de la Corte IDH, indicó que era 

de esperar la reciente resolución de este tribunal 

interamericano ordenando corregir un fallo de la Sala 

Penal Permanente de la Corte Suprema por los 

antecedentes existentes.Agregó que el Perú tendrá 

que cumplir con esto, ya que los países signatarios de 

la Convención Interamericana de Derechos Humanos 

están obligados a respetar lo que dictamine esta 

instancia supranacional. "Esto implica estar sometidos 

a la competencia de la Corte IDH. Esta actúa como un 

órgano supranacional encima de la jurisdicción interna 

de los países."Manifestó que el Perú no puede 

desconocer esta resolución, ya que suscribió la 

mencionada convención en 1981.Evaluarán 

documentoEl Consejo Nacional de la Magistratura 

(CNM) incluirá en la investigación preliminar a la Sala 

Penal Permanente de la Suprema, que preside Javier 

Villa Stein, la evaluación de la resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos que pide 

corregir el fallo que reduce las penas al grupo 

"Colina".El presidente de este organismo, Gastón 

Soto, precisó que será la comisión permanente de 

procesos disciplinarios de dicha entidad la que adopte 

una decisión final al respecto. "Claro que analizaremos 

esa resolución. Cualquier documento que llegue, más 

allá de la importancia que le pueda dar una u otra 

parte, será analizado. Eso lo puedo 

garantizar."También explicó que se cumple con los 

plazos reglamentarios para que la comisión 

investigadora pueda presentar un informe, luego de 

analizar las explicaciones de los jueces que son 

investigados.Soto justificó la demora en resolver la 

investigación preliminar señalando que se han 

presentado otras tres denuncias contra la misma sala 

penal, acumulándose al expediente de la denuncia 

inicial.Por lo demás, fue claro al subrayar que debe 

cumplirse lo establecido en los compromisos 

internacionales suscritos por el Estado peruano. 

385

El Universal/ - Notícias, Qua, 26 de Setembro de 2012 


Izquierda avala impugnar en SCJN 

reforma laboral 

Normal 0 21 Para evitar un avance de la iniciativa 

preferente en materia laboral, la izquierda en el 

Senado ya prepara la vía jurídica para detenerla. La 

senadora perredista Alejandra Barrales comentó que 

la semana próxima acudirá, junto con el senador del 

PT, Manuel Bartlett, a un encuentro con ministros de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

para intercambiar puntos de vista sobre la 

inconstitucionalidad que representa la aplicación de la 

iniciativa preferente, por la falta de reglamento. 

"Nosotros nos estamos preparando para hacer lo que 

nos toca, incluso por la vía jurídica. No existe una ley 

reglamentaria (para la aplicación de la iniciativa 

preferente) y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro 

alcance. Solicitamos ya una reunión con los ministros 

de la Suprema Corte, para ver ellos qué opinan", 

comentó en entrevista. Alejandra Barrales, junto con el 

senador también del PRD, Raúl Morón; del PT, David 

Monreal, y de Movimiento Ciudadano, Layda 

Sansores, asistieron esta mañana a la Cámara de 

Diputados para analizar el dictamen de reforma laboral 

que ya preparan los diputados y a partir de ahí, como 

izquierda, tomar decisiones. "Nosotros estamos 

confirmando que el tema es una trampa, estamos 

revisando el documento que configuraron PRI y PAN y 

que confirma que juntos tienen un acuerdo, es una 

trampa, porque afuera Calderón vende una reforma 

que nosotros llamamos una reforma del desempleo y 

lo que vende es la transparencia, la rendición de 

cuentas, la democracia, pero resulta que se ponen de 

acuerdo con el PRI para no tener transparencia y 

democracia", comentó Barrales. La senadora 

perredista apuntó que si bien el proyecto de reforma 

laboral no toca los sindicatos, sí afecta a los 

trabajadores en lo individual porque se mantiene el 

despido por correspondencia y la subcontratación 

(outsourcing), entre otros. PASAN MANIFESTANTES 

POR EL SENADO Un nutrido grupo de manifestantes 

que se oponen a la reforma laboral hizo una pausa por 

el Senado de la República, para rechazar la iniciativa 

preferente del presidente Felipe Calderón. Los 

manifestantes se estacionaron sobre Paseo de la 

Reforma y la calle de Madrid, para bloquear los 

accesos a la Cámara Alta. Su destino final es la 

Cámara de Diputados. 

386

El Universal/ - Notícias, Qua, 26 de Setembro de 2012 


ONG piden a Corte resolver caso de Inés 

y Valentina 

Organizaciones de derechos humanos de México y 

América Latina, presentaron ante la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN) un documento 

amicus curiae, para solicitarle que resuelva el 

expediente relativo a la determinación de las 

obligaciones que le imponen al Poder Judicial de la 

Federación las sentencias dictadas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en los 

casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo 

Cantú.El 1 de octubre de 2010, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) 

notificó dos sentencias contra el Estado Mexicano en 

los casos de Inés Fernández Ortega y otros, y 

Valentina Rosendo Cantú y otra, en las cuales 

determinó que ambas mujeres indígenas del pueblo 

me’phaa habían sido violadas sexualmente y 

torturadas por elementos del Ejército Mexicano en 

diferentes circunstancias durante el año 2002, a la 

edad de 25 y 17 años respectivamente.Las 

organizaciones feministas y de derechos humanos 

que elaboraron el documento destacan que una de las 

obligaciones impuestas por la Corte Interamericana se 

vincula con la necesidad de que, cuando los casos 

sean consignados, "el Poder Judicial de la 

Federación imparta justicia con perspectiva de género 

y etnicidad". 

El amicus curiae fue firmado por el Centro de 

Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 

(Centro Prodh), FUNDAR - Centro de Análisis e 

Investigación-, Litiga-Organización de Litigio 

Estratégico de Derechos Humanos y Asociadas por lo 

Justo (JASS). 

Además participaron en su elaboración el Equipo 

Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) de 

Argentina, el Estudio para la Defensa de los Derechos 

de las Mujeres (DEMUS) de Perú, la Coordinadora de 

la Mujer de Bolivia, la Corporación Humanas de Chile, 

la Corporación Humanas de Ecuador, la Corporación 

Humanas de Colombia, Equis - Justicia para las 

Mujeres de México, y la Asociación La Cuerda de 

Guatemala, todas integrantes de la Articulación 

Regional Feminista. 

Destacaron que el expediente Varios 1396/2012 

ofrece a la SCJN la oportunidad de definir cómo debe 

impartirse justicia con perspectiva de género y 

etnicidad, en términos de los fallos y a partir de los 

estándares que el máximo tribunal dictó a favor de 

ambas mujeres Me"phaa. 

Recordaron que una resolución tan trascendente ya se 

dio en la SCJN. Después de que la CoIDH dictó 

sentencia en el caso Rosendo Radilla Pacheco, el 

pleno de la Corte inició una consulta entre los 

ministros para determinar qué obligaciones le surgían 

al Poder Judicial de la Federación de dicho fallo y de 

qué manera se acometería dicho cumplimiento. 

De esta consulta derivaron los criterios sobre las 

modalidades del control de convencionalidad a que 

están obligados los órganos jurisdiccionales 

mexicanos, así como los límites a que debe sujetarse 

el fuero militar, entre otras cuestiones. Las 

organizaciones piden ahora que un análisis similar se 

realice a partir de los fallos en los casos de Inés 

Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.cg 

387

Expresso OnLine Lisboa / - Notícias, Qua, 26 de Setembro de 2012 


EUA: Executado no Texas homem que 

negou ter cometido crime 

Cleve Foster foi executado, esta terça-feira, no estado 

norte-americano do Texas, depois de ter recorrido 

quatro vezes para o Supremo Tribunal, garantindo não 

ter cometido o crime pelo qual ia acusado. 

Foster, acusado de ter assassinado uma mulher em 

2002, recebeu a injeção letal na terça-feira, duas 

horas depois de o Supremo Tribunal ter rejeitado, com 

seis votos a favor e três contra, o adiamento da 

execução, o que se verificou três vezes em 2011. 

O homem, de 48 anos, que trabalhava recrutando 

novos soldados garantiu ser inocente até ao fim, 

apesar de o Ministério Público argumentar que havia 

provas de ADN que o incriminavam. 

388

Expresso OnLine Lisboa / - Notícias, Qua, 26 de Setembro de 2012 


Angola: Manuel Vicente empossado no 

cargo de vice-Presidente 

Manuel Vicente prestou hoje juramento em Luanda no 

cargo de vice-Presidente de Angola, na sequência das 

eleições gerais de 31 de agosto passado. 

A posse foi conferida pelo presidente do Tribunal 

Constitucional, Rui Ferreira, tendo Manuel Vicente 

lido a fórmula constitucional de juramento, com a mão 

direita sobre a Constituição, tal como já havia feito 

José Eduardo dos Santos para um mandato de cinco 

anos como Presidente da República. 

EL. 

389

Frankfurter Allgemeine Zeitung/ - Politik, Qua, 26 de Setembro de 2012 


Kabinett billigt ESM-Protokollerklärung 

Das Bundeskabinett hat den zweiten 

Nachtragshaushalt des Bundes für dieses Jahr 

gebilligt. Ebenfalls wurden die vom 

Verfassungsgericht verfügten Auflagen zur 

deutschen Beteiligung am ESM umgesetzt. 

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die vom 

Bundesverfassungsgericht verfügten Auflagen zur 

deutschen Beteiligung am Euro-Rettungsschirm ESM 

umgesetzt. Die Ministerrunde verabschiedete in Berlin 

eine völkerrechtliche Erklärung. Damit teilt die 

Regierung den anderen ESM-Trägern formal mit, 

welche Bedingungen für die deutsche Beteiligung an 

dem Schirm gelten. 

Das Bundesverfassungsgericht hatte entschieden, 

dass die deutsche Haftungsgrenze von 190 Milliarden 

Euro nicht ohne Zustimmung des deutschen Vertreters 

in den ESM-Gremien erhöht werden darf. Zudem muss 

dafür gesorgt werden, dass Bundestag und Bundesrat 

umfassend informiert werden. 

Diese Bedingungen wurden nun in der 

völkerrechtlichen Erklärung festgeschrieben. Dies ist 

die Voraussetzung dafür, dass Deutschland als letzter 

ESM-Teilnehmer den Ratifizierungsprozess 

abschließen kann. Der formalen Abschluss des 

Verfahrens obliegt Bundespräsident Joachim Gauck. 

Nachtragshaushalt gebilligt 

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch den zweiten 

Nachtragshaushalt für 2012 gebilligt. Mit dem 

Nachtrag will die schwarz-gelbe Koalition unter 

anderem die Mehrkosten beim künftigen 

Hauptstadtflughafen auffangen. 

Der Entwurf sieht eine Verpflichtungsermächtigung 

von 312 Millionen Euro vor, damit der Bund mit den 

beiden anderen Anteilseignern Berlin und 

Brandenburg den Kapitalbedarf decken kann. Diese 

Mittel können allerdings erst nach Zustimmung des 

Haushaltsausschusses des Bundestages endgültig 

freigegeben werden. Auch sind Maßgaben der 

EU-Kommission zu den staatlichen Beihilfen 

abzuwarten. 

Der zweite Nachtragsetat der Koalition ist auch wegen 

zusätzlicher Bundesmittel in Höhe von 580,5 Millionen 

Euro zum Kita-Ausbau erforderlich. Die Bundesländer 

hatten die Gelder als Gegenleistung für ihre 

Zustimmung zum Fiskalpakt erwirkt. Ferner soll der 

deutsche Anteil von 1,6 Milliarden Euro an der 

geplanten Kapitalerhöhung der Europäischen 

Investitionsbank (EIB) abgedeckt werden. 

390



Der ESM wächst und wächst 

Am 8. Oktober soll der permanente Krisenfonds an 

den Start gehen. Der Übergang vom Provisorium 

EFSF soll geräuschlos verlaufen. Dafür sorgt der Chef 

Klaus Regling. 

Von Werner Mussler, Luxemburg 

Mit zwölf Mitarbeitern hat Klaus Regling im Sommer 

2010 angefangen. Der „provisorische“ Krisenfonds, 

den er im Auftrag der Eurogruppe aufbauen sollte, 

wurde in der Öffentlichkeit „Rettungsschirm“ genannt 

und hatte den anstrengenden Namen „Europäische 

Finanzstabilisierungsfazilität“ (EFSF). Nach drei 

Jahren sollte der Fonds wieder verschwinden, Regling 

sollte sich selbst überflüssig machen. 

Es ist anders gekommen. Aus der provisorischen 

EFSF wird nun der permanente „Europäische 

Stabilitätsmechanismus“ (ESM), aus der 

Zweckgesellschaft nach Luxemburger Recht eine 

internationale Organisation. Am 8. Oktober werden die 

Eurofinanzminister in Luxemburg die 

Gründungsdokumente des Dauerfonds unterzeichnen. 

Im Tagesgeschäft soll sich der Übergang möglichst 

gar nicht bemerkbar machen - schon weil der neue 

Chef der alte ist. Für Regling, den in vielen öffentlichen 

und privaten Ämtern gestählten Finanz- und 

Krisenmanager, endet eine längere Zeit der 

Ungewissheit. Zunächst stritten die Europolitiker über 

das Für und Wider eines dauerhaften Fonds. Dann 

konnten sie sich lange nicht einigen, ob der Deutsche, 

der am 3. Oktober 62 Jahre alt wird, auch den ESM 

leiten sollte. Schließlich wurde der ESM-Start zur 

Hängepartie, weil sich das Bundesverfassungsgericht 

für seine Eilentscheidung über den Fonds bis 

September Zeit nahm. 

Nervöse Investoren gibt es immer 

Gewachsen ist der Fonds dennoch stetig - aus zwölf 

sind mittlerweile rund 60 Mitarbeiter geworden. Im 

ESM sollen es bis zum Jahresende 75 werden, bis 

Mitte 2013 sogar 100. Er brauche drei Kategorien von 

Personal, sagt Regling im Gespräch: Fachleute für 

Makroökonomik und Finanzpolitik, Experten mit 

Erfahrung als Börsenhändler und 

Verwaltungspersonal. Sollte der Krisenfonds wie 

geplant irgendwann auch angeschlagene Banken 

direkt rekapitalisieren (und damit Miteigentümer der 

Institute werden), käme eine neue Kategorie hinzu. 

Regling bräuchte dann auch Bankmanager und 

Fachleute im jeweiligen nationalen Banken- und 

Kapitalmarktrecht. Auf der EFSF-Website sind derzeit 

18 Stellen offen, hinzu kommt ein 

Fellowship-Programm, das Fachleuten von außen eine 

temporäre Beschäftigung am ESM ermöglichen soll. 

Gespräche mit den potentiellen Investoren - vor allem 

Staatsfonds, Pensionsfonds, Versicherungen - und 

den Ratingagenturen wird Regling auch künftig 

regelmäßig führen. „Aber mittlerweile sind unsere 

Anleihen ein eingeführtes Produkt, von dem die 

Investoren wissen, dass es eine vernünftige Rendite 

bietet. Anfangs musste ich immer erklären, wer und 

was wir sind. Das wissen die Anleger mittlerweile.“ 

Nervös seien die Investoren in den vergangenen 

beiden Jahren immer geworden, wenn die politische 

Großwetterlage schwierig geworden sei. Besonders 

heikel sei es vor einem knappen Jahr geworden, als 

der damalige griechische Ministerpräsident Giorgos 

Papandreou ein Referendum angekündigt und damit 

Zweifel am Verbleib seines Landes im Euroraum 

geweckt hatte. Danach habe selbst der deutsche Staat 

kurzfristig Refinanzierungsprobleme gehabt. 

Die jüngste Aufregung um die mögliche Hebelung des 

ESM kann Regling nicht verstehen. Es sei immer klar 

gewesen, dass die Leitlinien des dauerhaften Fonds 

möglichst detailgenau jenen der EFSF entsprechen 

sollten - zu diesen gehört auch die Hebelung. Dass 

dieses Instrument im EFSF bislang nicht genutzt 

wurde, liegt laut Regling nicht daran, dass die 

Investoren kein Interesse gezeigt hätten. Der Grund 

sei, dass bislang kein Land einen Antrag auf 

Intervention des ESM am Primär- oder Sekundärmarkt 

gestellt hätten, für die die Hebelinstrumente hätten 

eingesetzt werden können. 

Den Fonds in einen Winterschlaf versetzen 

Regling bleibt überzeugt, dass seine Institution ihren 

Beitrag dazu liefern kann, dass die Euro-Krise in zwei 

bis drei Jahren überwunden wird. „Wir tun das, was 

der IWF seit vielen Jahren erfolgreich tut: Wir helfen 

Ländern, die zu den nötigen Reformen bereit sind, ihre 

Finanzierungsschwierigkeiten zu überwinden.“ Wenn 

Irland 2013 wieder vollends an die Märkte 

zurückkehre, werde sich der Erfolg dieser Politik 

zeigen. Irland wäre ohne die Hilfe der EFSF vermutlich 

nicht mehr in der Währungsunion“, sagt Regling. Wenn 

die Krise überwunden sei, wolle er den Fonds in eine 

Art Winterschlaf versetzen, in dem nur eine 

Kernmannschaft das Notwendigste regelt und die 

Belegschaft zurückgefahren wird. 

Zuerst einmal aber braucht der künftige ESM-Chef 

mehr Platz, deshalb wird der Fonds demnächst 

umziehen - von einem gesichtslosen Bau auf dem 

391

Luxemburger Kirchberg in den nächsten, einige 

hundert Meter weiter liegenden. Platz braucht er nicht 

zuletzt für den Handelssaal. Schon jetzt werden die 

EFSF-Anleihen nur noch teilweise über die Deutsche 

Finanzagentur in Frankfurt plaziert. Künftig soll sich 

der ESM die Mittel ganz ohne diese Hilfe - aber weiter 

durch damit beauftragte externe Händler - selbst 

besorgen. Den ersten kleinen „Trading Floor“ kann 

Regling schon jetzt präsentieren, die ersten 

Operationen erledigt der Fonds bereits selbst. 

Bedenken der Landsleute 

In ein paar Jahren, sagt Andres Sutt, werde der ESM 

eine eingespielte Institution sein. Derzeit sei das noch 

nicht so, meint der 44 Jahre alte Este, der Regling seit 

einigen Monaten als „Seniorberater“ dient. Er fühle 

sich wieder jung, sagt der frühere estnische 

Vize-Zentralbankchef. „Es ist hier so spannend wie vor 

zwanzig Jahren in Estland, nach dem Zusammenbruch 

der Sowjetunion.“ Damals half der Este in Tallinn die 

neue estnische Zentralbank mit aufzubauen. „Hier in 

Luxemburg bin ich noch einmal Pionier geworden“, 

sagt Sutt, der vom IWF zum ESM stieß. 

Der Este kennt sich mit den Vorbehalten gegen seinen 

neuen Arbeitgeber aus. Auch sein Heimatland 

ratifizierte den ESM-Vertrag erst, als das 

Verfassungsgericht sein Plazet gegeben hatte. Sutt 

berichtet von Bedenken seiner Landsleute gegen 

Hilfen für Länder wie im Süden des Euroraums, deren 

Pro-Kopf-Einkommen wesentlich höher ist als das 

estnische. Freilich zeigt Estland die unveränderte 

Attraktivität des Euro und des ESM: Mitten in der Krise, 

Anfang 2011, ist das Land beigetreten. Die lettischen 



Nachbarn werden es wohl - nachdem auch sie ein 

radikales Sparprogramm durchlaufen haben - Mitte 

2013 genauso machen. Den Ausschlag habe in 

Estland gegeben, dass man einer „solidarischen 

Gemeinschaft“ beitrete, sagt Sutt. Was er wohl meint: 

Auf diese Gemeinschaft könnte irgendwann auch 

einmal Estland angewiesen sein. 

Bundesbank hofft auf Klärung 

Das Bundesverfassungsgericht will sich im weiteren 

Verfahren um den Stabilisierungsfonds ESM auch mit 

der Frage beschäftigen, ob der Kauf von 

Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank auf 

dem Sekundärmarkt unerlaubte monetäre 

Staatsfinanzierung ist. Im Umfeld der Bundesbank 

hofft man nun darauf, dass die Verfassungsrichter sich 

einer Definition nähern werden, wann diese Grenze 

überschritten ist. Das könnte eine eigene Festlegung 

des Gerichts sein. Denkbar ist aber auch, dass das 

Bundesverfassungsgericht sich mit dieser Frage 

erstmals überhaupt an den Europäischen Gerichtshof 

wenden wird. 

Unterdessen reagierte die EZB auf Medienberichte, sie 

habe erstmals die rechtliche Grundlage ihres 

angekündigten Anleihekaufprogramms geprüft, mit 

Verwunderung. Die Annahme, dass nicht zuvor geprüft 

wurde, sei sonderbar, sagte ein EZB-Angehöriger. 

Selbstverständlich sei das geschehen. In den Wochen 

vor der Veröffentlichung des Programms hat unter 

anderem auch eine juristische Arbeitsgruppe an den 

Details gearbeitet, in der die EZB und die 17 

nationalen Notenbanken vertreten waren (ruh.). 

392

La Nacion/ - Notícias, Qua, 26 de Setembro de 2012 


En Brasil hablan de la "democradura" de 

Cristina 

Un editorial del diario brasileño Estadão critica 

duramente a Cristina 

Kirchner. Foto: http://www.estadao.com.brEn un 

editorial durísimo, el diario brasileño Estadão habló de 

un "intento obsesivo" de la presidenta Cristina Kirchner 

de establecer una "democradura" en la Argentina. 

El texto hace referencia al artículo 161 de la ley de 

servicios de comunicación audiovisual y a los ataques 

del Gobierno al Grupo Clarín. 

"En el Código Penal brasileño, el artículo 161 se 

refiere a los delitos contra la propiedad. En la ley de 

servicios de comunicación audiovisual argentina, el 

mismo artículo hace uso de artificios autoritarios para 

permitir delitos contra la libertad de prensa", sostiene. 

"Esto es lo que el texto llama con eufemismo cínico 

«proceso de desinversión» de las empresas de 

medios", agrega. A continuación, el editorial menciona 

brevemente cómo surgió la ley de medios sancionada 

en 2009 y habla de "llevar hasta las últimas 

consecuencias la colonización por parte del sistema 

Kirchner". 

"En una disposición típica de Chávez", "ley liberticida", 

"enemigos jurados de la pareja KIrchner", "sede de 

Clarín invadida por un pelotón de la AFIP", "la policía 

se cruzó de brazos mientras un piquete sindical 

impidió que los diarios lleguen a los quioscos", "un 

proyecto de ley que declara de «interés público» la 

producción, venta y distribución de papel para 

periódicos en Argentina", "artículo draconiano". 

"La ley de medios mutila al Grupo Clarín con el claro 

objetivo de silenciarlo" 

"La ley de medios mutila al Grupo Clarín con el claro 

objetivo de silenciarlo", lanza. 

"El fin de semana pasado, en medio de la transmisión 

de la liga nacional de fútbol, la televisión estatal 

transmitió un video vituperando al Grupo Clarín y 

confirmó la fecha del 7 de diciembre para que el 

artículo 161 empiece a tener efecto. Nadie sabe 

exactamente qué va a pasar después", plantea. 

"La Presidenta lanzó un ultimátum a través de una 

truculenta «cadena nacional ilegal», como se dijo, 

para precipitar su desmantelamiento (del Grupo 

Clarín). Como un tractor, pasó sobre el debido 

proceso que está aún en curso y a pesar de la 

decisión de la Corte Suprema. Pero es lo que puede 

esperar de Cristina en su intento obsesivo de 

establecer en la Argentina una «democradura»".. 

393

Los Angeles Times/ - Notícias, Qua, 26 de Setembro de 2012 


UC to pay nearly $1 million in UC Davis 

pepper-spray settlement 

The University of California will pay damages of 

$30,000 to each of the 21 UC Davis students and 

alumni who were pepper-sprayed by campus police 

during an otherwise peaceful protest 10 months ago, 

the university system announced Wednesday. The 

agreement, which must still be approved in federal 

court, also calls for UC to pay a total of $250,000 to 

the plaintiffs’ attorneys and set aside a maximum of 

$100,000 to pay up to $20,000 to any other individuals 

who join the class-action lawsuit by proving they were 

either arrested or directly pepper-sprayed, a university 

statement said. A video released online, showing an 

officer spraying seated students directly in their faces 

at close range during an Occupy rally, had triggered 

outrage. PHOTOS: UC Davis pepper spray incident 

And UC's own investigations and a shake-up at the UC 

Davis police force put the university in a weak position 

to argue against the students' lawsuit. The preliminary 

settlement, which was approved by the UC regents in 

a closed-door meeting earlier this month, will be paid 

through the UC's self-insurance program, which 

officials said has about $600 million in reserves. In 

April, a UC task force headed by former state 

Supreme Court Justice Cruz Reynoso found that UC 

Davis police had violated policy and that campus 

administrators mishandled the November 2011 

campus protest. In May, a separate draft report about 

campus responses to civil disobedience across UC 

urged administrators to use mediation instead of 

confrontation in most cases, although it said pepper 

spray might remain a necessary tool of last resort. A 

final version was released this month with no major 

policy changes. ALSO: Jury to reconvene in trial of 

chef who said he cooked wife's body 13-year-old 

charged with murder in Riverside County man's death 

UC Irvine regains Guinness world record for biggest 

dodgeball game -- Stephen Ceasar 

394

Reuters General/ - Article, Qua, 26 de Setembro de 2012 


Texas puts to death man who received 

three stays of execution 

By Corrie MacLaggan and Terry Baynes Tue Sep 25, 

2012 10:32pm EDT n">(Reuters) - Texas executed a 

man on Tuesday who had received three stays of 

execution from the U.S. Supreme Court because of 

questions about how forcefully his lawyers defended 

him. Cleve Foster, 48, was convicted with an 

accomplice in the 2002 murder and rape of Nyanuer 

"Mary" Pal, whose naked body was found in a ditch, 

according to a report by the Texas Attorney General's 

office.Foster had asked the U.S. high court for a fourth 

stay of execution but it was denied on Tuesday. He 

was pronounced dead at 6:43 p.m. local time (2343 

GMT) at the state penitentiary in Huntsville, Texas 

criminal justice spokesman Jason Clark said.The U.S. 

Supreme Court a year ago granted a temporary stay 

of execution just 2 1/2 hours before Foster was to be 

put to death by injection. It was the third stay from the 

high court for Foster, who also was granted delays in 

January and April 2011.Tuesday's request for a fourth 

stay was referred by Justice Antonin Scalia to the full 

court but just three of the nine justices -- Elena Kagan, 

Sonia Sotomayor and Ruth Bader Ginsburg -- said 

they would favor another stay.Foster's accomplice in 

the murder, Shelton Ward, died of brain cancer on 

death row in 2010. Foster maintained in his trial that 

Ward acted alone and that contact between him and 

the victim was consensual.The two men and Pal were 

regulars at Fat Albert's bar in Fort Worth when, the 

night before Valentine's Day in 2002, bartenders said 

Pal walked out with them, according to the report. Pal 

left in her car and the men followed closely behind in 

Foster's truck.Eight hours later, Pal's body was found 

with a gunshot wound to the head and wadded-up duct 

tape nearby, according to the report.Foster is the 30th 

person executed in the United States this year and the 

ninth in Texas.In his last statement, Foster sent his 

love to his family and friends. "I love you, I pray one 

day we will all meet in heaven ...," Foster said. "Ready 

to go home to meet my maker."Texas has executed 

more than four times as many people as any other 

state since the death penalty was reinstated in the 

United States in 1976, according to the Death Penalty 

Information Center.(Writing by Greg McCune; Editing 

by Mary Wisniewski and Bill Trott) 

395



Court rejects bid to block Arizona "show 

your papers" immigration provision 

PHOENIX | Tue Sep 25, 2012 9:03pm EDT PHOENIX 

(Reuters) - A U.S. federal appeals court on Tuesday 

rejected a bid by a coalition of civil and immigrants 

rights activists to prevent police from enforcing an 

Arizona provision that is at the heart of the fierce 

national debate over illegal immigration. The 9th U.S. 

Circuit Court of Appeals in San Francisco denied an 

emergency motion for an injunction blocking the "show 

your papers" provision of SB 1070, the state's 

crackdown on illegal immigrants, pending appeal.The 

provision requires police to verify the citizenship or 

immigration status of people arrested, stopped or 

detained if there is a reasonable suspicion that they 

are in the country unlawfully.It went into effect on 

September 18 after a U.S. district judge lifted an 

injunction blocking it.In June the U.S. Supreme Court 

confirmed that three other key provisions of SB 1070 

were unconstitutional, but declined to block the "show 

me your papers" provision. Several other parts of SB 

1070 are blocked by separate injunctions issued by the 

district court.Arizona Republican Governor Jan Brewer 

signed the state crackdown on illegal immigrants into 

law in April 2010, saying that the federal government 

had failed to secure the state's border with 

Mexico.Brewer is an outspoken foe of Democratic 

President Barack Obama's administration on 

immigration.In a statement Tuesday, the governor said 

she was under "no illusion that opponents of SB 1070 

will stop their baseless allegations and call off their 

teams of lawyers.""Know this: They will not succeed. 

The State of Arizona stands firmly in support of the 

rule of law, in defense of our citizens and together with 

our brave men and women in uniform," she 

added.Karen Tumlin, managing attorney with the 

National Immigration Law Center which was among a 

coalition that challenged the law, said the group is 

exploring its legal options."We need to continue the 

fight because of the unconstitutional harm it will 

unleash in Arizona" Tumlin said. "First and foremost, 

we are concerned about unlawful detention and 

individuals who may be profiled based on their manner 

of speech or the color of their skin."Obama challenged 

Arizona's law in court two years ago, saying the U.S. 

Constitution gives the federal government sole 

authority over immigration policy.(Reporting by Tim 

Gaynor and David Schwartz; Editing by Stacey Joyce 

and Xavier Briand) 

396



Conservative group launches ad attacking 

Florida Supreme Court 

By Michael Peltier TALLAHASSEE, Florida | Tue Sep 

25, 2012 8:47pm EDT TALLAHASSEE, Florida 

(Reuters) - A conservative advocacy group began 

running an Internet ad criticizing the Florida Supreme 

Court on Tuesday, days after the Republican Party 

started a campaign to sack three justices who rejected 

efforts to overturn President Barack Obama's 

healthcare law. Americans for Prosperity, a 

conservative group financed by billionaires Charles 

and David Koch, released the first in an expected 

series of ads attacking the Supreme Court after the 

Republican Party of Florida executive committee voted 

unanimously to target justices Fred Lewis, Barbara 

Pariente and Peggy Quince.The justices face a 

popular vote to remain in office this fall under the 

state's merit retention law, which was created in the 

1970s to insulate the high court from political 

pressure."All three justices are too extreme not just for 

Florida, but for America, too," the Republican 

committee said in a statement announcing its 

upcoming effort.The ad does not mention the justices 

by name but attacks the Affordable Care Act, saying 

the program is expensive and the law has been 

unpopular."That's why many states, like Ohio, gave 

their citizens the right to vote against it," the 30-second 

spot says. "Not Florida. Our own Supreme Court 

denied our right to choose for ourselves. Shouldn't our 

courts protect our rights to choose?"A spokesperson 

for Americans for Prosperity did not immediately return 

a phone call for comment.Slade O'Brien, president of 

AFP of Florida, told the Miami Herald/Tampa Bay 

Times: "We're not advocating for the election or defeat 

of any of the justices. What we're attempting to do is 

call more attention to them advocating from the 

bench."In 2010, the three justices joined the majority in 

a 5-2 decision to reject a state effort to invalidate the 

heath care reform. Last year, the court also rejected a 

move by Republican Governor Rick Scott to 

circumvent the legislature in agency rulemaking.The 

Florida Supreme Court has often been at odds with 

the Republican-led Florida Legislature and a series of 

Republican governors over the last dozen years.In 

2000, the three judges joined a majority of the court to 

order Florida election officials to recount ballots in the 

presidential election between Democrat Al Gore and 

Republican George W. Bush. That decision was 

overturned by the U.S. Supreme 

Court.CONSERVATIVE AGENDA?Critics of the recall 

say the efforts are less about judicial activism and 

more to do with a conservative Republican 

agenda."Let's make no mistake," said former state 

Senator Alex Villalobos, a moderate Republican from 

Miami. "That is what this is all about."In 2010, voters 

removed three Iowa Supreme Court justices who 

were part of a decision that legalized same-sex 

marriage in the state. It was the first time members of 

that state's high court had been recalled by 

voters.Created in 1976, Florida's merit retention 

system was an attempt to take politics out of the 

judicial nominating process following a series of 

embarrassing imbroglios involving high court 

justices.Under the system, appellate judges and 

Supreme Court justices are appointed by the 

governor from a list of candidates submitted by a 

qualifications commission. While the justices do not 

face elections against rival candidates, voters are 

asked every six years to retain them.If a majority votes 

against them, replacements will be appointed by the 

governor."The short reason why we have merit 

selection and merit retention for the appellate bench in 

Florida is that (the Supreme Court) was riddled with 

corruption all because of the politics that went into how 

they were selected," said Martin Dyckman, whose 

book "A Most Dishonorable Court: Scandal and 

Reform in the Florida Judiciary," chronicled judicial 

missteps that led to the merit retention system.Another 

group, Orlando-based Restore Justice, was formed in 

August to target Lewis, Pariente and Quince for 

removal.And another, Defend Justice from Politics, 

was established earlier this month to support the 

judges' retention efforts. The justices themselves have 

collectively raised more than $1 million to remain on 

the bench."The consequences of this retention election 

are not just the individual fates of these three justices 

but the fate for maybe a generation to come of the 

Florida Supreme Court," Dyckman said. (Additional 

reporting by Kevin Gray in Miami; Editing by David 

Adams and Jim Loney) 

397

Ein Kommentar von Matthias Drobinski 

Die wahre Beschneidungsdebatte beginnt erst jetzt - 

sie findet aber im richtigen Rahmen statt. Der 

Gesetzentwurf von Justizministerin 

Leutheusser-Schnarrenberger lässt Fragen offen. Die 

jüdischen und muslimischen Gemeinden werden 

Regeln finden müssen, die dem Gesetz entsprechen. 

Das ist ihnen zuzumuten. 

Der Gesetzentwurf von Justizministerin Sabine 

Leutheusser-Schnarrenberger zur religiös motivierten 

Beschneidung von Knaben ist unpräzise - zum Glück. 

Er macht das beste, was ein Gesetzgeber nach dem 

Kölner Urteil tun kann. Er gibt einen Rahmen vor, füllt 

ihn aber nicht. Das müssen andere tun. 

Es soll also eine Körperverletzung bleiben, wenn man 

einem Jungen aus religiösen Gründen die Vorhaut 

entfernt. Es ist aber nicht rechtswidrig, wenn es 

medizinisch einwandfrei geschieht, selbst, wenn kein 

Süddeutsche Zeitung/ - Politik, Qua, 26 de Setembro de 2012 


Zum Glück unpräzise 

Mediziner am Werk ist. 

Klugerweise setzt der Entwurf nicht bei der 

Religionsfreiheit an - der Staat hätte erklären müssen, 

was wie wichtig ist für eine Religion, und das darf er 

nicht. Er setzt vielmehr beim Sorgerecht an, bei der 

Abwägung von Erziehungsauftrag und Kindeswohl. 

Und er ist offen für den Einzelfall. Denn zwischen den 

unaufhebbar konkurrierenden Rechten ist letztlich nur 

im Einzelfall zu entscheiden. 

Welche Ausbildung muss ein Beschneider haben, was 

gefährdet das Kindeswohl? Der Entwurf lässt solche 

Fragen offen. Die jüdischen und muslimischen 

Gemeinden werden Regeln finden müssen, die dem 

Gesetz entsprechen - das ist ihnen zuzumuten. Im 

Streitfall entscheiden Gerichte, bis hin zum 

Verfassungsgericht. Erst jetzt beginnt also die wahre 

Beschneidungsdebatte. Sie findet aber im richtigen 

Rahmen statt. Und nicht im wabernden Raum des 

Ressentiments. 

398

The Economic Times/ - Notícias, Qua, 26 de Setembro de 2012 


High Court rejects CBI plea to cancel bail 

of two CWG accused 

NEW DELHI: The Delhi High Court has rejected CBI's 

plea seeking cancellation of bail of two persons, 

accused in a Commonwealth Games scam case, for 

allegedly absconding for over six months during the 

probe. 

Justice P K Bhasin rejected CBI's two separate 

petitions yesterday. The agency had contended that 

accused Purushottam Dev Arya and Anil Kumar 

Madan, who are businessmen, did not deserve to be 

out on bail on the ground of parity as they had 

absconded for over six month during the probe in the 

case. 

The court, however, said after the accused were 

released on bail nothing was reported against them 

and also co-accused A K Reddy has been granted bail 

by the Supreme Court on the ground of parity. 

"There is no doubt that against the accused (Arya) the 

Special Judge had to resort to proceedings under 

Sections 82 and 83 (declaration as proclaimed 

offender) of the Code of Criminal Procedure and it was 

only after his properties were ordered to be attached 

that he had surfaced and surrendered himself after the 

rejection of his anticipatory bail application by this 

court. 

"However, after he (Arya) had surrendered himself he 

remained in jail for some months and after his release 

from jail nothing was reported against him and even 

the co-accused A K Reddy has also now been granted 

bail by the Supreme Court ...Since all the accused 

involved in the main case were out on bail, this court 

does not consider it to be a fit case for cancellation of 

bail granted to the accused...," the court said on CBI's 

plea against Arya. 

Justice Bhasin also passed a similar order on another 

CBI plea against Madan. 

399

The Economic Times/ - Notícias, Qua, 26 de Setembro de 2012 


Supreme Court to deliver opinion on 

Presidential Reference on 2G verdict 

NEW DELHI: The Supreme Court will tomorrow 

deliver its opinion on the Presidential Reference 

moved by Centre on whether auctioning of natural 

resources across all sectors is mandatory in line with 

its 2G spectrum judgement. 

A five-judge Constitution Bench headed by Chief 

Justice S H Kapadia will also decide whether the 

reference is maintainable or not as it was alleged that 

the government tried to overrule the 2G verdict through 

the route of reference. 

The Constitution Bench also consist of justices D K 

Jain, J S Khehar, Dipak Misra and Ranjan Gogoi. 

The government had on April 12 moved the Reference 

signed by the then President Pratibha Patil in which 

eight questions have been raised, including whether 

there could be judicial interference in policy matters, 

vis-a-vis disposal of natural resources and investments 

made by foreign investors under multi and bilateral 

agreements. 

"Whether the judgement lays down that the 

permissible method for disposal of all natural 

resources across all sectors and in all circumstances is 

by the conduct of auction," the Reference has stated. 

"Whether the court holds that within the permissible 

scope of judicial review that the policy is flawed, is the 

court not obliged to take into account investment made 

under the said policy including the investment made by 

foreign investors under the multi and bilateral 

agreements," it said. 

It sought the court's opinion on "whether the judgement 

is required to be given retrospective effect so as to 

unsettle the licences issued for 2G spectrum and 

allocated after 1994 till 2008." 

The Reference also touched upon the 3G spectrum 

allocated through "auction" and wanted to know the 

implications of the judgement on it. 

"Whether 3G spectrum acquired through the auction in 

2010 by entities whose (2G) licences have been 

quashed in the judgement stands withdrawn," it 

asked. 

A meeting of the Union Cabinet, chaired by Prime 

Minister Manmohan Singh, had on April 10 cleared the 

Telecom Ministry's proposal to seek the Supreme 

Court's opinion on various issues arising out of the 

February 2 judgement. 

The two-judge bench, in its verdict, had also observed 

that auction was best suited route for allocating natural 

resources like telecom spectrum because the policy of 

first-come-first-serve was flawed. 

The bench had on May 11 issued notices to the state 

governments and industrial chambers FICCI and CII 

and sought their responses on behalf of the private 

industries. 

The court had also issued notices to the NGO, Centre 

for Public Interest Litigation (CPIL) and Janata Party 

President Subramanian Swamy on whose petitions a 

bench comprising justices G S Singhvi and A K 

Ganguly (since retired) had delivered a judgement on 

February 2 cancelling 122 telecom licences by holding 

that the first-come-first-served policy was illegal and 

unconstitutional. 

The bench headed by Justice Singhvi had held that all 

natural resources should be allocated through auction. 

400

The Economic Times/ - News, Qua, 26 de Setembro de 2012 


Jairam Ramesh tries to dispel 

apprehension about land bill before GoM 

meeting 

NEW DELHI: Ahead of the first meeting of the Group 

of Ministers on the land bill, rural development minister 

Jairam Ramesh has tried to dispel the apprehension of 

his Cabinet colleagues on the issues of urbanization 

and industrialization. In a note prepared for the 

purpose, Ramesh has attempted to explain how the 

"balanced" approach of the proposed legislation 

tackles the imperatives of economic growth without 

diluting the political considerations of taking on board 

the needs of the aam aadmi, particularly the 

marginalized. 

In the aftermath of protests over policy reform 

measures like FDI in retail, the diesel price hike, and 

cap on subsidized LPG cylinders, the congress-led 

UPA would like to refurbish its image as the party 

concerned with the welfare of the aam aadmi. With 

Prime Minister Manmohan Singh telling the Congress 

working Committee that his government's resolve will 

not falter when it comes to helping the poor and the 

weaker sections of the society. 

The land bill provides the government an opportunity 

to show case how it can give an impetus to 

industrialization and economic growth while protecting 

the interests of landowners and those whose livelihood 

depends on the land. The rural development minister 

is expected to stress on benefits of a "fair" and 

"transparent" land bill not only to aid industrialization 

but prevent the inequities that allow for the spread of 

Naxal influence in rural areas. 

Ramesh's note outlines the manner in which the Land 

Acquisition Act, 1894, currently in force, shows little 

regard for the concerns and needs of those whose 

land is acquired. A situation that doesn't augur well for 

the UPA government's stated goal of inclusive growth. 

The note draws attention to the Supreme Court's 

observations to make a case for a legislation that is 

more balanced. 

Even, industry which is pushing for more concessions, 

acknowledges that the current law has resulted in 

lengthy litigations resulting in unreasonable cost 

escalations. Government statistics reveal that 70 per 

cent of the land acquisitions are held up on account of 

court cases. 

The note highlights how forced acquisitions, the 

absence of safeguards and appeals, the silence on the 

issue of rehabilitation and resettlement, the 

indiscriminate invocation of the urgency clause and the 

low rate of compensation have meant that the 

acquisitions have been challenged in court. 

In highlighting how the current acquisition practices 

results in the "stalling of legitimate infrastructural 

project", Ramesh hopes to impress upon his Cabinet 

colleagues particularly those heading infrastructure 

and industry portfolios, the necessity of putting in place 

a legislation that will remove the bottleneck that 

litigations pose for industrial and infrastructure 

projects. 

Explaining the balanced approach of the proposed 

legislation, Ramesh has touched on the thorny issue of 

state autonomy. Several key issues like the 

compensation calculation for land in rural areas, the 

threshold above which the compensation and 

rehabilitation provisions will be mandatory in the case 

of private purchase, the decision on acquiring multi 

crop or irrigated farm land have all been level to state 

governments. 

401

The Economic Times/ - News, Qua, 26 de Setembro de 2012 


Sahara India Pariwar: Massive, splashy 

and mysterious 

KHALILABAD: Like millions of Indians, Jag Ram 

Chaudhary invested with the Sahara conglomerate - 

Rs 1,300 ($24) a month in his case - to put away 

money for a rainy day. 

"My wife had an accident some years back. I don't 

have much savings, so I thought I'll be able to save 

some money by putting in a small amount every 

month," said Chaudhary, an office helper at a 

construction company in Uttar Pradesh state. 

On August 31, India's Supreme Court ruled that 

finance schemes run by two Sahara companies were 

illegal and ordered it to repay as much as $4.5 billion 

to up to almost 30 million mostly small investors, plus 

interest. The final figures are still to be determined as 

some clients have already redeemed their 

investments, lawyers on both sides of the matter said. 

The case has shone a rare light on the unlisted giant 

whose interests range across finance, housing, media 

and entertainment 

Sahara has accumulated a string of trophies in recent 

years, including a stake in a Formula One motor racing 

team and ownership of Grosvenor House hotel in 

London. In July, it agreed to buy a controlling stake in 

New York's Plaza Hotel. 

But its core client base is the towns and villages away 

from the shiny cities of modern India. There, Sahara s 

ells investment products to often poor people in 

amounts as small as Rs 2 (4 US cents) a day. The 

company is a household name in India through its lead 

sponsorship of the national cricket team. 

"Banks take eight years to pay what I get from Sahara 

in five years," Chaudhary, 40, said in Khalilabad, a 

town in Sant Kabir Nagar district in northern India. Like 

several Sahara customers interviewed nearly two 

weeks afterwards, he had not heard of the court 

ruling. 

SPENDING POWER 

Critics, including activist groups, say Sahara's 

investment products are designed to evade oversight 

by financial regulators and that it lacks transparency 

on the source and use of its funds, selling products to 

investors who do not understand the risks and 

ploughing the proceeds into real estate projects. 

Under the scheme rejected by the Supreme Court, 

two firms owned by Sahara had offered bonds to small 

investors, promising, in some cases, to return three 

times the face value after 10 years. 

The court ruling that it raised money by "dubious" 

means follows another rebuke in 2008, when the 

central bank ordered a Sahara company to stop taking 

deposits from the public. 

In a country where "black money", or undeclared 

wealth, is rampant, Sahara's size and spending power 

have long fuelled speculation over how the company 

operates. 

Sahara, headed by Subrata Roy Sahara, its chairman 

and self-described "managing worker", says it helps 

small investors outside the banking system and that it 

has never defaulted on them. 

"Sahara agents motivate people who would otherwise 

spend the money on liquor, gambling, etc," said Guddu 

Pandey, a school teacher and Sahara agent in Uttar 

Pradesh state, echoing an argument made by Sahara 

after the court verdict. 

402

The New York Times/ - Notícias, Qua, 26 de Setembro de 2012 


City Is Sued Over Approval of N.Y.U. 

Expansion Plan 

Eleven groups have filed suit against New York City for 

approving a plan to expand New York University’s 

footprint in Greenwich Village, a move that critics say 

could destroy the university’s historic neighborhood. 

The lawsuit, filed Monday in State Supreme Court in 

Manhattan, accuses government decision makers, 

including both the City Planning Commission and the 

City Council, of illegally turning over public land to 

facilitate the university’s plans. It also claims that the 

approval process lacked transparency and denied the 

public a chance for meaningful input. The suit asks the 

court to reverse the city’s approval. It also seeks to 

prevent the university from starting any construction. 

The City Council gave final approval to the plan in July 

despite opposition from neighborhood groups and 

preservationists, who warned that it could change the 

character of a beloved neighborhood that has nurtured 

artistic and social movements throughout the decades. 

The area includes row houses and carriage houses 

dating from the 1820s to the 1850s. In the early 1920s 

and 1930s, the Greenwich Village Follies gave Martha 

Graham and Cole Porter their start. Among the artists 

who eventually lived or worked there were Jackson 

Pollock, Mark Rothko, Allen Ginsberg, Andy Warhol 

and Keith Haring. The expansion plan calls for four 

new buildings in the area around Washington Square 

Park and the demolition of two low-rise buildings. After 

objections from residents and university faculty, the 

proposal was reduced by about 20 percent to 1.9 

million square feet of new classroom space, and other 

facilities for the more than 50,000 students that attend 

N.Y.U., the nation’s largest private university. 

Supporters have argued that the university’s ability to 

attract top students boosts the city’s economy because 

many stay in the area after graduating. Plaintiffs in the 

lawsuit include the university’s faculty members, 

Greenwich Society for Historic Preservation, the 

Historic Districts Council, Washington Square Village 

Tenants’ Association, the East Village Community 

Coalition and others. The city’s Law Department said it 

was reviewing the suit. 

403

The New York Times/ - Notícias, Qua, 26 de Setembro de 2012 


Suburban Mother Pleads Guilty to 

Running a Brothel on the Upper East Side 

A suburban New York mother who became a tabloid 

and television sensation after she was charged in 

February with running an Upper East Side brothel 

pleaded guilty on Tuesday to one count of promoting 

prostitution. The woman, Anna Gristina, 45, who came 

to be called the Soccer Mom Madam, accepted a plea 

offer that the judge expected would not require her to 

serve additional jail time. She served four months on 

Rikers Island before her bail was lowered in June. 

After her arrest, interest in the case was heightened by 

a request for high bail from a prosecutor, who told 

Justice Juan M. Merchan of State Supreme Court in 

Manhattan that Ms. Gristina had been recorded telling 

a friend that her powerful clients would pay for her to 

leave the country if she were ever prosecuted. During 

a hastily scheduled court appearance Tuesday, that 

prosecutor said Ms. Gristina’s claims in those 

wiretapped conversations could not be proved. “We 

are left with a straightforward promoting-prostitution 

case — a defendant who ran a brothel for many years 

and who profited from the sex trade,” Charles Linehan, 

an assistant district attorney, said in court. She would 

have faced up to seven years in prison had she gone 

to trial and been convicted. Justice Merchan said he 

was “not pleased” with Ms. Gristina’s conduct during 

the case, including exercising “poor judgment” in 

bringing her young son to the courtroom. But he said 

that six months in jail, with time off for good behavior, 

and five years of probation would be “fair and just” for 

a first-time offender. With her husband and three 

children looking on, she accepted the judge’s offer, 

which was contingent on her admitting her guilt and 

cooperating with probation authorities. Ms. Gristina, 

who was born in Scotland and is not a United States 

citizen, also faces possible deportation. One of her 

lawyers, Norman A. Pattis, said after the court hearing 

that Ms. Gristina decided to plead guilty because a trial 

would have “hurt people close” to her. 

404

USA Today/ - News, Qua, 26 de Setembro de 2012 


Ala. council stops work on Confederate 

statue 

SELMA, Ala. (AP) -- Council members in an Alabama 

city voted Tuesday to stop a group"s work on a new 

monument honoring a Confederate general who was 

an early leader in the Ku Klux Klan.The Selma City 

Council voted 4-0 with two members abstaining to stop 

all work on the monument to Gen. Nathan Bedford 

Forrest until the courts decide whether the city or a 

Confederate heritage group owns the cemetery 

property where the monument would be rebuilt.The 

vote came after a group of protesters marched to City 

Hall.Demonstrations by civil rights groups about 10 

years ago led to the relocation of a Forrest monument 

from outside a city building near downtown to a section 

of a city cemetery honoring Confederate war dead. But 

Forrest"s bust was removed and apparently stolen 

from atop a 7-foot granite memorial earlier this year, 

and efforts to rebuild it have drawn protests and calls 

by civil rights activists not to replace it.Detractors say 

Forrest traded black people like cattle, massacred 

black Union soldiers and joined the early Ku Klux Klan. 

His defenders dispute much of that and counter with 

stories that depict him as a protector of slave families 

and defender of the weak who resigned from the 

KKK.A member of the group Friends of Forrest, Pat 

Godwin, said she feels the protests have been an 

effort to obscure the police investigation of the 

disappearance of the bust."It"s all smoke and mirrors 

to divert attention from the issue of the theft of the 

bust," Godwin said.The council had earlier indicated it 

would allow people to speak on the issue at the 

Tuesday work session, but would not vote on the 

racially sensitive issue. Council members changed 

their mind after activist Rose Toure, a leader of the 

protests, and other speakers urged the council to vote. 

Council member Bennie Ruth Crenshaw moved that 

the council order all work on the monument stopped 

after city attorney Jimmy Nunn said he had not been 

able to locate a deed to the Confederate section of the 

cemetery."Let"s stop the building and move this 

Nathan Bedford Forrest issue out of the way," 

Crenshaw said.Another council member, Susan Keith, 

abstained from the vote. She said earlier she needed 

more information before she could decide how to vote. 

She said she would also like to wait until the 

investigation of the theft is completed."There"s just too 

many discrepancies," she said.The marchers, chanting 

"No justice, no peace," had started at the Edmund 

Pettus Bridge, where voting rights protestors were 

beaten by law enforcement officers during a 1965 

march, an episode that drew national attention to 

violence against blacks in the South during the civil 

rights era.Several people told council members that 

the city could move past those violent images by not 

allowing the monument to be rebuilt."How are we 

going to teach our kids anything if we give praise to 

this man?" asked Selma resident Rosa Monroe, who 

said Forrest was not the kind of man the city needs to 

be honoring.Several members of Friends of Forrest 

watched the march, but declined to comment. No 

supporters of the monument spoke at the council work 

session.The supporters did hand out a press release 

that described Forrest as a brave military leader who 

led efforts to defend Selma from siege by Union forces 

late in the Civil War. 

405

USA Today/ - News, Qua, 26 de Setembro de 2012 


Texas executes ex-Army recruiter after 3 

reprieves 

HUNTSVILLE, Texas (AP) -- A former Army recruiter 

was executed Tuesday evening in Texas for 

participating in the shooting death of a woman he and 

a buddy met 10 years ago at a Fort Worth bar.Texas 

prison officials gave Cleve Foster a lethal injection at 

7:43 p.m. EST Tuesday, just hours after the U.S. 

Supreme Court refused to postpone his punishment 

for a fourth time. Once previously he was moments 

from being led to the death chamber before the 

justices intervened.His attorneys argued he was 

innocent of the slaying of Nyaneur Pal, a 30-year-old 

immigrant from Sudan, that he had deficient legal help 

at his trial and in early stages of his appeals and his 

case deserved a closer look.In the seconds before the 

single lethal dose of pentobarbital began, Foster 

expressed love to his family and to God."When I close 

my eyes, I"ll be with the father," he said. "God is 

everything. He"s my life. Tonight I"ll be with him."He 

did not proclaim innocence or admit guilt. He did turn 

to relatives of his two victims, saying, "I don"t know 

what you"re going to be feeling tonight. I pray we"ll all 

meet in heaven."As the drugs began taking effect and 

while he was repeatedly saying he loved his family, he 

began snoring, then he stopped breathing.The victim, 

known as Mary Pal, was shot in the head and dumped 

in a ditch on Valentine"s Day 2002.Three of the nine 

Supreme Court justices -- Ruth Bader Ginsburg, 

Elena Kagan and Sonia Sotomayor -- would have 

stopped the punishment, the court indicated in its brief 

ruling less than two hours before Foster could be taken 

to the Texas death chamber.By then, Foster already 

had been moved to a tiny cell steps away from the 

death chamber to await lethal injection, the ninth this 

year in Texas."I didn"t do it," Foster, maintaining his 

innocence, told the Associated Press recently from 

death row. "And if it means I"m going to the gurney 

and the taking of my life, so be it."Last year -- in 

January, April and September -- the justices stopped 

his scheduled punishment. Once, he was moments 

from being led to the death chamber. 

406

20/09/2012 - MyClipp

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