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captura por el periodismo de investigación se abre un campo hacia la
‘accountability vertical mediática’.
En este sentido, sirvan como ejemplos los siguientes casos de investigación
periodística puestos mediáticamente en la ‘agenda’ ética de la corrupción política
algunos de los cuales ya llegaron a la justicia:
El más relevante de todos fue el que trató la investigación del contrabando
de armas que convergentemente con el tratamiento judicial desembocó en la
detención del ex presidente Carlos Menen, de Emir Yoma, su ex cuñado y del
Gral. Balza, Comandante en Jefe durante su gobierno.Lo significativo en términos
de ‘accountability horizontal’ fue que en este caso la investigación periodística
llevada a cabo por el periodista Daniel Santoro había comenzado antes, el 6 de
marzo de 1995, y luego el abogado Monner Sans presentó una denuncia judicial
el 15 de marzo en base a sus notas. Menen descalificó al periodista y le inició un
juicio por violación de secretos de Estado. Pero en julio del 2001 el juez federal
Jorge Urso procesó y dictó prisión preventiva al exPresidente. Se trataba de la
primera resolución de la historia judicial argentina en que un juez nombrado
durante un gobierno democrático dictaba la prisión preventiva de un ex presidente
constitucional, tema este que aún sigue abierto y con nuevas derivaciones
económicas.
Otras líneas abiertas por el periodismo de investigación según se
presentaron en el programa televisivo “Telenoche investiga” también significaron
casos de ‘accountability mediática’ donde se abrieron espacios para la
participación de los ciudadanos como denunciantes de casos de corrupción
persiguiendo su eventual consideración judicial.
En tal sentido puede citarse la denuncia realizada por el periodismo de
investigación y la posterior detención y juzgamiento de la denominada Mafia
Judicial que canjeaba expedientes judiciales y DNI por dinero. A este caso se
agregaron otros cuyo epílogo judicial se encuentra en diversas fases tales como el
conocido como la Mafia del Martillo, que reveló cómo ‘La Liga’ operaba bajo
amenazas interfiriendo la subasta de inmuebles rematados y develando el
irrregular entramado de los procedimientos judiciales de los juzgados civiles y
comerciales de la Capital Federal; o la investigación acerca de casos de
corrupción en el PAMI o en el sistema de Promoción Industrial de la provincia de
San Luis que facilitaba una relación espúrea entre funcionarios provinciales y
empresas fantasmas.
A partir de aquí queda delimitada una función no jurídica ni
institucionalizada del periodismo asociada al sistema político: la ‘accountability
vertical mediática’. Lo cual significa también una conexión con la tradición clásica
referida a J. Locke quien agregaba a la ley civil la ley de la opinión pública
definida como el poder rector de la sociedad civil.
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