SAL EN LA HERIDA

ca ha sido criticada también por el Comité contra la Tortura en su decisión de
2005 sobre el caso de Kepa Urra Guridi (véase infra). 48
DECISIÓN DEL COMITÉ DE LA ONU CONTRA LA TORTURA,
17 DE MAYO DE 2005. COMUNICACIÓN NÚM. 212/2002, KEPA URRA GURIDI
Kepa Urra Guridi fue detenido el 22 de enero de 1992 en una operación antiterrorista de
la Guardia Civil. Interpuso una denuncia por las torturas sufridas mientras estaba bajo
custodia. El 7 de noviembre de 1997, la Audiencia Provincial de Vizcaya declaró culpables
del delito de torturas a tres agentes de la Guardia Civil y los condenó a cuatro años,
dos meses y un día de prisión y seis años y un día de inhabilitación en cuerpos y fuerzas
de seguridad y a la suspensión de sus funciones durante el tiempo de la pena de prisión.
La sentencia también condenó a los agentes al pago a la víctima de una indemnización
de medio millón de pesetas (en aquellas fechas, 3.374 dólares estadounidenses, aproximadamente).
El Ministerio Fiscal apeló la sentencia ante el Tribunal Supremo, solicitando la
reducción de las penas y una calificación diferente de los hechos. El 30 de septiembre
de 1998, el Tribunal Supremo redujo la pena a un año de prisión para cada agente.
El Tribunal razonó que el recurrente había sido torturado con el fin de obtener
información pero que las lesiones infligidas no requirieron tratamiento médico más
allá de la primera asistencia y, en consecuencia, la pena de un año era proporcional a
la gravedad del delito.
El Ministerio de Justicia solicitó el indulto para los tres agentes, que les fue concedido
por el Consejo de Ministros el 16 de julio de 1999. Los agentes quedaron inhabilitados
para todo cargo público durante un mes y un día, pese a lo cual uno de los
agentes permaneció en el servicio activo.
El Comité de la ONU contra la Tortura consideró que las acciones del Estado eran
contrarias a sus obligaciones en virtud del artículo 2 de la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que exige a los Estados
Partes que adopten medidas efectivas para prevenir actos de tortura. El Comité
concluyó asimismo que la reducción de las penas y la concesión de indultos violaba
el artículo 4 de la Convención, que obliga a las autoridades a garantizar que los actos
de tortura se castigan con penas adecuadas que tengan en cuenta la gravedad del
delito. El Comité concluyó que la víctima no había recibido una reparación adecuada,
que, tal como exige el artículo 14, debe incluir restitución, indemnización, rehabilitación
y garantías de no repetición. En consecuencia, el Comité llegó a la conclusión de
que el Estado había violado la Convención.
48 El informe España: Acabar con la doble injusticia. Víctimas de tortura y malos
tratos sin reparación, publicado por Amnistía Internacional España en 2004, contiene
otros ejemplos de casos en que el gobierno concedió indultos a agentes policiales condenados
por malos tratos, incluso en casos en que esta decisión era contraria a la
recomendación del tribunal que dictó sentencia.
ESPAÑA: SAL EN LA HERIDA | 55