SAL EN LA HERIDA

ién se utilizó contra él una pistola de electrochoque no reglamentaria
(Taser).
Juan Martínez Galdeano murió en el cuartel de la Guardia Civil. La primera
autopsia, realizada el 29 de julio de 2005, no pudo determinar de manera concluyente
el factor clave que causó su fallecimiento, que quedó registrado como
«una insuficiencia respiratoria o cardiorrespiratoria aguda» 45 , pero señaló que
existía «una relación de causalidad entre el fallecimiento y la situación de detención
del sujeto». 46 Su cuerpo presentaba marcas de un gran número de hematomas
que a juicio del patólogo habían sido causadas por los golpes recibidos y las
técnicas de coerción física. Una nueva autopsia, realizada el 10 de enero de
2006, concluyó que la causa de la muerte fue una reacción adversa a la cocaína,
agravada por la violencia que se le infligió.
El 26 de julio de 2005 se abrió una investigación interna basada en material
de vídeo grabado por las cámaras del circuito cerrado de televisión del cuartel de
la Guardia Civil, y la información se remitió a la autoridad judicial, el Juzgado de
Instrucción número 1 de Roquetas de Mar. En consecuencia, nueve agentes fueron
procesados por delito de atentado grave contra la integridad moral, delito de
lesiones y delito de homicidio imprudente. Los nueve quedaron en libertad bajo
fianza y el oficial al mando quedó suspendido en sus funciones. Los cargos presentados
contra uno de los agentes se retiraron posteriormente.
El 19 de marzo de 2007 comenzó la vista oral del juicio en la Sección Tercera
de la Audiencia Provincial de Almería y la sentencia se dio a conocer el
27 de abril. Cinco de los agentes acusados fueron absueltos. Dos fueron
declarados culpables de una falta de lesiones con la agravante de abuso de
superioridad, y fueron condenados al pago de una multa. El oficial al mando,
José Manuel Rivas, fue declarado culpable de un delito de atentado no grave
contra la integridad moral del fallecido y de una falta de lesiones. Fue condenado
a 15 meses de prisión, al pago de una multa y a inhabilitación para
empleo o cargo público durante tres años. Tanto la acusación como la defensa
han recurrido la decisión judicial.
En 1996, el Comité de Derechos Humanos de la ONU afirmó en sus
observaciones finales sobre el informe presentado por España que veía con
inquietud que «las autoridades públicas no siempre realizan investigaciones
[sobre presuntos malos tratos] sistemáticamente y que, cuando los
miembros de esas fuerzas son declarados culpables de tales actos y condenados
a penas de privación de libertad, a menudo reciben indultos, son
excarcelados pronto o simplemente no cumplen la condena». 47 Esta prácti-
45 Informe de la autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal de Almería,
29 de julio de 2005, p. 13.
46 Informe de la autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal de Almería,
29 de julio de 2005, p. 13.
47 Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: España, 3 de abril de
1996, CCPR/C/79/Add.61, párr. 10.
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