SAL EN LA HERIDA

incidente a fin de identificar e interrogar a los que presuntamente habían intervenido
en las agresiones, pero en el momento de redactarse este informe no
habían logrado que se reabriera el caso.
El reiterado archivo del caso y la ausencia de una investigación pronta,
exhaustiva e imparcial por parte del juez de instrucción ha desembocado
en el archivo del caso sin llegar a juicio. El único recurso que les queda a
los denunciantes es apelar ante el Tribunal Constitucional alegando denegación
del proceso debido, un procedimiento largo y costoso que Javier S
afirma no poder emprender por motivos económicos. Los denunciantes
continúan sintiendo una gran rabia y frustración por lo que consideran un
doble fallo de la policía y del sistema judicial. Con el apoyo de una ONG
local, el Frente de Liberación Gay de Cataluña (Front d’Alliberament Gai
de Catalunya), Javier S ha seguido buscando justicia por otros cauces,
incluido el representante del gobierno estatal en Cataluña (Delegado del
Gobierno) y el Defensor del Pueblo catalán (Síndic de Greuges), y en
ambos casos le han asegurado que se abriría una investigación. Sin
embargo, hasta la fecha no ha recibido más información de ninguno de
los dos.
El caso de Daniel Díaz Gallego es un ejemplo de cómo el juzgado de instrucción
y el tribunal de segunda instancia han concedido más credibilidad al
testimonio de la policía que a otras formas de prueba.
EL CASO DE DANIEL DÍAZ GALLEGO Y OTROS
En el caso de Daniel Díaz Gallego, Manuel Matilla Parrilla, Israel Sánchez
Jiménez y Marcos V (véase supra), las presuntas víctimas de tortura y otros
malos tratos fueron condenadas por atentado contra agente público. El 3 de
octubre de 2005, Manuel Matilla y Daniel Díaz fueron condenados a tres
años y seis meses de prisión por desórdenes públicos, delito de lesiones y
delito de atentado (contra un agente público), lesiones y desórdenes públicos.
Israel Sánchez fue condenado a 18 meses de prisión por desórdenes
públicos y atentado contra agente público. Marcos V fue condenado a seis
meses de prisión por atentado contra agente público. Otro hombre, detenido
al mismo tiempo que los demás y por los mismos cargos, fue absuelto al no
haber sido identificado como sospechoso por los agentes de policía que testificaron
ante el tribunal. Según la información de que dispone Amnistía Internacional,
fue el único de los acusados que no había presentado denuncia por
malos tratos.
La Audiencia Provincial de Madrid confirmó las condenas en segunda instancia
el 25 de abril de 2007. En su fallo, el tribunal afirmaba que «la condena
del acusado [...] se basa exclusivamente en la declaración testifical de los
demás policías [presentes en el lugar de la detención] [...] sin tener en cuenta
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