SAL EN LA HERIDA

los casos de Javier S (véase infra), Jordi Vilaseca y Beauty Solomon. Aun
reconociendo que la presunción de inocencia es de aplicación a todas las
personas acusadas de la comisión de un delito, Amnistía Internacional
considera motivo de preocupación la constante que surgió en los casos
que investigó, en los que daba la impresión de que los jueces de instrucción
pasaban por alto pruebas que contradecían las declaraciones de
agentes de policía que estaban siendo investigados por conducta delictiva.
Las indagaciones del comisario de Derechos Humanos del Consejo de
Europa sobre un caso de presunta conducta indebida de la policía en
España pusieron de relieve esta contradicción al preguntar: «¿Cómo es
posible [...] que el juez que instruye unas denuncias por posibles malos
tratos se limite a pedir información a los propios denunciados y se conforme
posteriormente con su respuesta archivando el caso sin más averiguaciones?».
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Una cuestión que fue motivo de especial preocupación para Amnistía
Internacional fue la reiterada referencia de las personas entrevistadas al
concepto de «presunción de veracidad» en relación con los testimonios
policiales, según el cual la palabra de un agente de policía se toma a priori
como verdad. La investigación de Amnistía Internacional ha indicado
que los testimonios policiales se toman como verdad no sólo en ausencia
de otras pruebas, sino incluso cuando otras pruebas los contradicen directamente.
Agentes policiales a título individual, parlamentarios, funcionarios
de las oficinas de los Defensores del Pueblo y fiscales hicieron referencia
a este concepto, aunque representantes de la judicatura y de la
Fiscalía General aseguraron a Amnistía Internacional que la «presunción
de veracidad» no era una doctrina jurídica. La confusión general acerca de
la existencia y/o la condición jurídica de este concepto suscita claros
motivos de preocupación ante la falta de imparcialidad institucionalizada
e individual en la que los testimonios policiales tienen más peso que cualquier
otra prueba, aun cuando esos testimonios provengan de una parte
interesada en el caso que es objeto de investigación. Es evidente que la
aplicación de la «presunción de veracidad» contraviene la obligación de
garantizar la investigación imparcial de los delitos y de garantizar que esto
no sólo se hace sino que se ve que se hace. La ausencia, real o percibida,
de imparcialidad puede constituir asimismo una violación de los artículos
12 y 13 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, que imponen a los Estados Partes la obligación
de llevar a cabo investigaciones prontas e imparciales sobre todas las
denuncias razonables de malos tratos. En el caso de Ben M’Barek v.
Túnez, el Comité contra la Tortura de la ONU determinó que se habían violado
estos artículos porque el juez de instrucción había «incumplido el
deber de imparcialidad que le impone la obligación de escuchar a los tes-
34 Informe de Álvaro Gil-Robles, Comisario para los Derechos Humanos, sobre su
visita a España, 10-19 de marzo de 2005, CommDH(2005)8, párr. 14.
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