SAL EN LA HERIDA

positivas al introducir la vigilancia a través de circuitos cerrados de televisión
en áreas comunes de las zonas de custodia de sus comisarías.
En aquellos casos en que las comisarías de policía disponen de medios
para la grabación en vídeo, es fundamental que las cintas se conserven
durante un periodo suficiente para su uso en posibles investigaciones. En el
caso de Lucian Padurau, la juez y el fiscal solicitaron ver las grabaciones
efectuadas en la comisaría de policía del día de su detención. Sin embargo,
se les informó de que las cintas se habían borrado ya (de conformidad con el
procedimiento habitual, según se afirmó, de borrar las cintas al cabo de 11
días). En tales circunstancias se menoscaba por completo la utilidad de la
videovigilancia.
EL CASO DE DRISS ZRAIDI 28
Driss Zraidi, ciudadano marroquí, estuvo detenido y fue sometido a tortura en
la comisaría de la fuerza policial autonómica de Roses, Cataluña, el 3 de
agosto de 1998. Como consecuencia de los malos tratos, sufrió la fractura de
varias costillas y numerosas heridas en la cabeza que requirieron tratamiento
hospitalario durante ocho días.
El 5 de agosto de 1998, Driss Zraidi presentó ante el Juzgado de Instrucción
número 5 de Figueres una denuncia en relación con los malos tratos que
había sufrido, que condujo a la apertura de una investigación por parte de la
Dirección General de Seguridad Ciudadana (Direcció General de Seguretat
Ciutadana) de Cataluña. En enero de 2003, 10 agentes fueron acusados de
tortura y lesiones y otros 4 fueron procesados por tortura por omisión y por
omisión del deber de socorro y omisión en la persecución de delitos. Sin
embargo, el 20 de mayo de 2004 los 14 encausados fueron absueltos por la
Audiencia Provincial de Girona, no obstante los informes médicos que atestiguaban
las lesiones sufridas y la grabación de los incidentes en una cinta de
audio que al parecer registró cinco conversaciones distintas en las que varios
agentes, entre los que al parecer se encontraban algunos de los acusados,
hablaban de la agresión, y en otra cinta que registró sonidos de golpes y gritos.
El tribunal falló que el incidente era «sin duda constitutivo de un delito
de torturas», pero afirmó que era imposible determinar qué agentes de los
acusados habían sido responsables personalmente de las agresiones. Una
investigación interna previa en el seno de la fuerza policial había establecido
la identidad de los agentes presuntamente responsables, pero un testigo
clave cambió su testimonio durante la investigación criminal, lo que hizo
imposible la identificación. El tribunal no admitió las conclusiones de la
28 Véase el informe de Amnistía Internacional España. Crisis de identidad: Tortura
y malos tratos de índole racista a manos de agentes del Estado, 2002, Índice AI: EUR
41/001/2002.
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