SAL EN LA HERIDA

Sergio LD dijo a Amnistía Internacional que, el 6 de septiembre de 2002,
había presentado formalmente una denuncia en el Juzgado de Instrucción
número 2 de Barcelona por tortura, agresión a la integridad de su persona y
lesiones. Como la comisaría carecía de cámaras de circuito cerrado de televisión,
no existían pruebas de vídeo que confirmaran su denuncia, pero sí lo
hacían numerosos informes médicos y la identificación de algunos de los
agentes en ruedas de reconocimiento. A pesar de la gravedad de los hechos
denunciados, el fiscal y la juez de instrucción consideraron que se trababa de
un caso de faltas, no de delitos, por lo que no cabía hacer una investigación
exhaustiva de lo ocurrido, así que en enero de 2003 se archivó provisionalmente
el asunto por falta de pruebas. Sergio LD interpuso recurso de apelación
contra esta decisión en la Audiencia Provincial de Barcelona, que, el 9
de diciembre, concluyó que la actuación del tribunal de primera instancia
había sido incorrecta y «absolutamente inaceptable» y le ordenó abrir una
investigación por un posible delito de tortura. En el momento de publicarse el
presente informe el caso estaba aún en la fase de instrucción.
Amnistía Internacional ha observado también casos en que los jueces de
instrucción no abren investigaciones por iniciativa propia sobre aparentes
malos tratos si la víctima no presenta formalmente una denuncia, ni siquiera
habiendo indicios de que se han infligido los malos tratos. El inicio de investigaciones
en tales casos es una obligación recogida expresamente en las normas
internacionales, según las cuales «incluso cuando no exista denuncia
expresa, deberá iniciarse una investigación si existen otros indicios de que
puede haberse cometido un acto de tortura o malos tratos». 23 El Comité de la
ONU contra la Tortura reiteró este deber en su decisión sobre una queja presentada
contra España en 1995, en la que señaló que «el artículo 13 de la
Convención no exige la presentación formal de una denuncia de tortura, sino
que basta la simple alegación por parte de la víctima, para que surja la obligación
del Estado de examinarla pronta e imparcialmente». 24 Asimismo, el
CPT ha señalado que «aun en el caso de no presentarse una queja formal, [el
Ministerio Fiscal o las autoridades judiciales] deberían tener la obligación
legal de emprender una investigación cuando reciben información fidedigna,
sobre posibles malos tratos infligidos a personas privadas de libertad, de
cualquier fuente». 25
23 Principios Relativos a la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, principio 2.
24 Irène Ursoa Parot v. España, Comunicación núm. 6/1990, Comité contra la Tortura,
doc. ONU A/50/44 (1995), párr. 10.4.
25 14º Informe General de Actividades del CPT, párr. 27.
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