SAL EN LA HERIDA

los organismos de derechos humanos para combatir los malos tratos y la
impunidad de manera más efectiva.
Cuando surge un caso de presuntos malos tratos a manos de funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, el proceso suele ser siempre el
mismo: investigación interna inexistente o inadecuada de lo sucedido y
rápido archivo 12 de toda denuncia judicial por falta de pruebas, incluso si
hay datos médicos y otros indicios creíbles que la respaldan. Cuando se
lleva el caso a juicio, a menudo concluye con una sentencia absolutoria,
por haber sido imposible identificar a los agentes responsables, o con una
condena nominal. No es raro que el procedimiento dure años, tras sobreseer
retiradamente el juez de instrucción el caso. 13 Las víctimas entrevistadas
por Amnistía Internacional denuncian a menudo que los jueces de
instrucción y los fiscales se basan en gran medida en declaraciones de la
policía y no les dan el mismo crédito a ellas ni a los testigos. Amnistía
Internacional considera también motivo de preocupación la existencia de
casos en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han presentado
denuncias dirigidas aparentemente a desacreditar el testimonio
de las víctimas con el fin de ocultar las pruebas que puedan presentar
contra ellos o de intimidarlas para que retiren su denuncia. Otros factores
que, a juzgar por las investigaciones en que está basado el presente informe,
contribuyen a mantener en España la impunidad de los malos tratos a
manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son:
– Formación inicial inadecuada y formación continua insuficiente sobre el
uso adecuado de la fuerza y las normas de derechos humanos aplicables.
– Falta de protocolos y orientación clara a la policía sobre el uso de la
fuerza.
– Falta de sistemas audiovisuales de grabación en todas las zonas de las
comisarías de policía donde pueda haber personas detenidas, como celdas,
zonas comunes, salas de interrogatorio, etc.
– Falta de garantías de examen médico de los detenidos sin que se halle
presente la policía (a menos que el personal médico lo solicite en casos particulares).
– Informes médicos y forenses inexactos o incompletos.
12 El caso puede quedar archivado provisionalmente en la fase de instrucción si el
fiscal decide no continuar con él. Se puede recurrir contra esta decisión, por lo que es
una medida provisional, no definitiva. Sin embargo, en la práctica el caso queda
sobreseído a menos que se intente activamente que vuelva a abrirse, por medio, por
ejemplo, de un recurso de apelación de la persona denunciante.
13 En España funciona un sistema de justicia penal «inquisitivo», en el que las
investigaciones iniciales sobre los delitos corren a cargo de un juzgado de instrucción.
La tarea de éste consiste en reunir todas las pruebas necesarias para abrir un proceso
penal. Si el juzgado de instrucción considera que se trata de un caso válido al que hay
que dar respuesta, lo remite junto con todas las pruebas al órgano judicial competente
para que se inicie el juicio oral.
14 | ESPAÑA: SAL EN LA HERIDA