SAL EN LA HERIDA

constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen
a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean
cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio
de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia
de tal funcionario o persona». Todas las formas de tortura y otros
malos tratos están expresamente prohibidas por el derecho internacional en
todas las circunstancias.
El artículo 7 del PIDCP y el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos obligan a las autoridades españolas a garantizar que ninguna persona
es sometida a tortura u otros malos tratos. Con arreglo a estos tratados (así
como a la Convención contra la Tortura), en el caso de que se denuncie un
acto de tortura u otros malos tratos, las autoridades españolas deben garantizar
que se realiza con prontitud una investigación independiente, imparcial y
exhaustiva y que todas las personas responsables de tal acto son puestas a
disposición judicial. Los tratados obligan también a las autoridades españolas
a asegurarse de que las víctimas de tal trato tienen acceso a un remedio efectivo
y reciben reparación adecuada, que incluya indemnización, restitución,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
El artículo 15 de la Constitución española proclama el derecho a la vida y a
la integridad física y prohíbe la tortura y los tratos o penas inhumanos o
degradantes en todas las circunstancias. 4 El Código Penal de 23 de noviembre
de 1995 define y establece las penas aplicables por actos de tortura
cometidos por funcionarios públicos en los artículos 174-176. La pena máxima
por tortura son 6 años de prisión e inhabilitación por un periodo de hasta
12 años. El Código penaliza también los actos del funcionario público que,
faltando a los deberes de su cargo, permita que otra persona cometa tortura u
otros malos tratos. 5
4 Constitución española de 1978, artículo 15.
5 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
ESPAÑA: SAL EN LA HERIDA | 11