AMPARO DIRECTO CIVIL 614/2012 - Consejo de la Judicatura ...

AMPARO DIRECTO CIVIL 614/2012.
QUEJOSA: **********.
MAGISTRADO: JOSÉ GUILLERMO
ZÁRATE GRANADOS.
SECRETARIO: RENÁN CETINA PONS.
Guanajuato, Guanajuato. Acuerdo del Primer Tribunal
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera
Región, correspondiente a la sesión de diecinueve de
septiembre de dos mil doce.
V I S T O para resolver el juicio de amparo directo civil
614/2012; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete
de mayo de dos mil doce en la Cuarta Sala Civil del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, **********demandó
el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la
autoridad y por el acto que enseguida se transcriben:
AUTORIDAD RESPONSABLE:
“…Magistrada Propietaria que integra la Cuarta Sala
Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado…”.
ACTO RECLAMADO:
“…La resolución de fecha 23 de abril de 2012, dictada
por la Magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado dentro del toca número

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**********,…dentro del juicio sumario civil, expediente
**********, del índice del Juzgado Único Civil de Valle de
Santiago, Guanajuato…”.
La quejosa señaló como garantías individuales
violadas las contenidas en los artículos 1, 4, 14 y 16
constitucionales y como tercero perjudicado a **********
SEGUNDO. Por oficio **********recibido el once de
junio de dos mil doce, la Magistrada de la Cuarta Sala Civil
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato
rindió el informe justificado, enviando el expediente original
del juicio sumario civil **********así como el toca de
apelación ********** y constancias de emplazamiento, al
Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de
Decimosexto Circuito en turno, para la sustanciación del
juicio de amparo.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materias
Civil y del Trabajo, al que tocó conocer del asunto, por auto
de presidencia de doce de junio del año en curso admitió a
trámite la demanda, la radicó con el número 614/2012 y dio
la intervención que corresponde al Agente del Ministerio
Público de la Federación adscrito, quien no formuló
pedimento. Asimismo, de autos se advierte que el tercero
perjudicado fue emplazado mediante notificación por lista,
según constancia en la hoja 32 de este expediente.
CUARTO. Mediante proveído de siete de agosto de
dos mil doce, el Presidente del citado Tribunal remitió a
este órgano colegiado el expediente relativo al amparo
directo civil 614/2012 en atención al oficio

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STCCNO/1082/2012 signado por el Secretario Técnico de
la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo
de la Judicatura Federal.
QUINTO. Por auto de presidencia de trece de agosto
de este año, se turnó el presente asunto al magistrado José
Guillermo Zárate Granados, para que formulara el proyecto
de resolución correspondiente; y,
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Este Primer Tribunal Colegiado de Circuito
del Centro Auxiliar de la Tercera Región es competente
para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad
por los artículos 103 y 107, fracción V, inciso c) y VI, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44,
46 y 158 de la Ley de Amparo; 37, fracción I, inciso c), 38 y
144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
así como el Acuerdo General 18/2008 del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el diverso
12/2011 del propio Pleno, toda vez que el acto reclamado
es una sentencia definitiva dictada por un tribunal judicial
con sede dentro del ámbito territorial que tiene señalado
este colegiado como jurisdicción.
SEGUNDO. La existencia del acto reclamado quedó
acreditada con el informe justificado rendido por la
autoridad responsable, así como con los autos originales
que remitió.
TERCERO. El amparo fue promovido dentro del
término de quince días previsto por el artículo 21 de la Ley

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de Amparo, pues de autos se advierte que la quejosa fue
notificada de la sentencia reclamada el veinticuatro de abril
de dos mil doce (hoja 39 del toca de apelación), que
presentó su demanda el diecisiete de mayo siguiente,
según sello y certificación que constan en la hojas 23 vuelta
y 24 de este expediente, y que el plazo referido concluyó en
esta última fecha.
CUARTO. Las consideraciones que sustentan la
sentencia reclamada, son las siguientes:
“...SEGUNDO.- En este apartado se dan por
reproducidos, como si a la letra se insertaran, los conceptos
de agravio esgrimidos por el apelante, mismos que por la
íntima relación que guardan entre sí, su análisis se hará en
forma conjunta sin que ello implique lesión a garantías
individuales.
En apoyo a esta determinación a continuación se
transcribe el criterio jurisprudencial sostenido por el más
alto Tribunal de la República, visible con el número 30 en la
página 20 del Apéndice al Semanario Judicial de la
Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, que reza:
“AGRAVIOS, EXAMEN DE LOS…”. [Se transcribe]
Los agravios esgrimidos por la disidente se estiman
esencialmente fundados y procedentes por lo siguiente:
La obligación alimentaria consiste en el deber que
tiene una persona, en su carácter de deudora, de ministrar
a otra, en su calidad de acreedora, lo necesario para
subsistir, de acuerdo con las posibilidades del primero y las
necesidades del segundo. Por tal motivo, la obligación de
proporcionar alimentos se circunscribe, en términos

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generales, a la satisfacción de las necesidades de comida,
vestido, habitación, asistencia en la enfermedad, según lo
dispuesto por el artículo 362 del Código Civil del Estado.
Al respecto, de conformidad con el contenido del
artículo 356 del Código Civil, los cónyuges tienen la
obligación de darse alimentos.
Ahora, en el caso de los divorciados, el artículo 342
del Código Procesal Civil previene que:
“Artículo 342.- En los casos de divorcio, la mujer
inocente tendrá derecho a alimentos mientras no
contraiga nuevas nupcias y viva honestamente. El
marido inocente sólo tendrá derecho a alimentos
cuando esté imposibilitado para trabajar y no tenga
bienes propios para subsistir. Además cuando por el
divorcio se originen daños y perjuicios a los intereses
del cónyuge inocente, el culpable responderá de ellos
como autor de un hecho ilícito.”
Al respecto del fallo combatido se obtiene que, el
contenido del artículo 342 del Código Civil antes descrito
constituyó el fundamento del Juez de origen para sancionar
al demandado al pago de alimentos a favor de quien fuera
su cónyuge, al establecer que por haber resultado la
demandante cónyuge inocente en juicio tramitado con
antelación le correspondía al demandado proporcionarle
alimentos, al tener por comprobado que no cuenta con
trabajo alguno que le genere ingresos, por dedicarse al
hogar y cuidado de los hijos.
La conclusión anterior es sustentable desde un plano
de legalidad, porque la misma encuentra apoyo en el
contenido del artículo 342 del Código Civil.
No obstante, la función de los jueces del Estado va
más allá de la mera aplicación o interpretación de la ley.

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En efecto, los tribunales del Estado Mexicano deben
analizar si la norma aplicable es acorde a la Constitución
Federal o a los tratados internacionales en materia de
derechos humanos.
Así lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, con motivo del procedimiento;
instaurado para cumplir las disposiciones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Rosendo
Radilla.
El quince de marzo de dos mil ocho, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos sometió a la
jurisdicción de la Corte Interamericana una demanda en
contra de los Estados Unidos Mexicanos.
De acuerdo a la Comisión Interamericana, el Estado
Mexicano incurrió en diversas violaciones, las cuales
continuaron hasta la fecha de resolución del asunto.
Pues bien, al dictar sentencia la Corte Interamericana
determinó una serie de obligaciones para el Poder Judicial
mexicano, entre ellas la contenida en el punto 339 de la
determinación en comento, que señala:
“339. En relación con las prácticas judiciales, este
Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es
consciente de que los jueces y tribunales internos están
sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a
aplicar disposiciones vigentes en el ordenamiento
jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado
internacional como la Convención Americana, sus
jueces, como parte del aparato del Estado, también
están sometidas a ella, lo que les obligada [sic] a velar
porque los efectos de las disposiciones de la
Convención no se vean mermados por la aplicación de
leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio

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carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el
Poder Judicial debe ejercer un “control de
convencionalidad” ex officio entre las normas internas y
la Convención Americana, evidente en el marco de sus
respectivas competencias y de las regulaciones
procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder
Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado,
sino también la interpretación que del mismo ha hecho
la Corte Interamericana, intérprete último de la
Convención Americana.”
A causa de dicha determinación, el Pleno de Nuestro
Máximo Tribunal, instrumentó un procedimiento para
determinar la vinculación de la sentencia emitida por la
Corte Interamericana, emitiendo diversas consideraciones
sobre el tema, que fueron plasmadas en la sentencia
dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y que fue publicada el cuatro de
octubre de dos mil once en el Diario Oficial de la
Federación, de cuya lectura se desprende lo siguiente:
“29. Es en el caso de la función jurisdiccional,
como está indicado en la última parte del artículo 133 en
relación con el artículo 1° en donde los jueces están
obligados a preferir los derechos humanos contenidos
en la Constitución y en los Tratados Internacionales,
aun a pesar de las disposiciones en contrario
establecidas en cualquier norma inferior. Si bien los
jueces no pueden hacer una declaración general sobre
la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que
consideren contrarias a los derechos humanos
contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí
sucede en las vías de control directas establecidas
expresamente en los artículos 103, 107 y 105 de la
Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar estas

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normas inferiores dando preferencia a los contenidos de
la Constitución y de los tratados en esta materia.”
“30. De este modo, el mecanismo para el control
de convencionalidad ex officio en materia de derechos
humanos debe ser acorde con el modelo general de
control establecido constitucionalmente, pues no podría
entenderse un control como el que se indica en la
sentencia que analizamos si el mismo no parte de un
control de constitucionalidad general que se desprende
del análisis sistemático de los artículos 1° y 133 de la
Constitución y es parte de la esencia de la función
judicial.”
“31. El parámetro de análisis de este tipo de
control que deberán ejercer todos los jueces del país, se
integra de la manera siguientes [sic]: Todos los
derechos humanos contenidos en la Constitución
Federal (con fundamento en los artículos 1° y 133), así
como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de
la Federación; Todos los derechos humanos contenidos
en Tratados Internacionales en lo que el Estado
Mexicano sea parte. Criterios vinculantes de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos establecidos en
las sentencias en la que el Estado mexicano hay sido
parte y criterios orientadores de la jurisprudencia y
precedentes de la citada Corte, cuando el Estado
mexicano no haya sido parte.”
“32. Esta posibilidad de inaplicación por parte de
los jueces del país en ningún momento supone la
eliminación o el desconocimiento de la presunción de
constitucionalidad de las leyes, sino que, precisamente,
parte de esta presunción al permitir hacen el contraste
previo a su aplicación.”
Sobre el tema, cobra aplicación al caso la tesis

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emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, consultable en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta; Décima Época, Libro III, Diciembre
de 2011, Tomo 1; página 535, que a la letra dice
“CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO
EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE
CONSTITUCIONALIDAD…”. [Se transcribe]
Conforme con lo destacado al momento, puede
advertirse que la función del juez ha sido ampliada en
forma trascendental, porque los tribunales deben efectuar
un control de convencionalidad y de constitucionalidad, sin
limitarse a la aplicación ordinaria de la ley.
Dicha situación modifica el esquema utilizado para
dictar sentencias de segunda instancia, que se rige bajo el
principio del doble grado, conforme al cual la legalidad del
fallo combatido corresponde verificarse a la luz de los
agravios esgrimidos, porque al tribunal de alzada
corresponde analizar la constitucionalidad de los preceptos
aplicados para decidir la contienda en forma abierta, es
decidir desde todas las perspectivas, no sólo desde los
agravios expuestos por el disconforme.
Lo mismo ocurre con el control de convencionalidad,
porque la contravención entre la norma y las disposiciones
internacionales en materia de derechos humanos, debe
estudiarse en forma integral.
Entonces, el apelante puede o no cuestionar la
constitucionalidad de la ley aplicada; sin embargo, el
tribunal debe verificar si la hipótesis normativa aplicada
(artículo 342 del Código Civil del Estado) contradice el texto
fundamental o los dispositivos internacionales, porque el
tema de constitucionalidad y de convencionalidad se
constituye como un tópico preferente, de estudio obligado

en todos los casos.
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Lo anterior, derivado del contenido del artículo 1° de la
Constitución Federal vigente, que establece: [Transcribe
sus dos primeros párrafos]
De acuerdo con lo anterior, el tribunal debe verificar si
el precepto legal ordinario, es acorde al texto fundamental
antes de aplicarlo al caso particular, porque resulta un
tópico de estudio obligado y previo.
De otra forma no tendría sentido establecer un control
de constitucionalidad o convencionalidad, es decir, si los
tribunales continuaran sujetos a los argumentos del
inconforme, realmente, volveríamos a un control concreto
de la constitucionalidad, lo cual se pretendió superar
conforme a los lineamientos establecidos por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En tal virtud, este tribunal está facultado para analizar
si la norma aplicada por el Juez de origen para sancionar al
demandado-inconforme al pago de alimentos a favor de
quien fuera su consorte por detentar el carácter de cónyuge
culpable, se adecua o no al texto constitucional y las
convenciones internacionales.
Para tal efecto conviene atender al contenido del
artículo 1° de nuestra Constitución Política en el que se
contiene la tutela la garantía de igualdad a través de la
cual, por el solo hecho de encontrarse en territorio nacional,
todo individuo tiene la posibilidad de gozar de los derechos
públicos subjetivos que consagra dicho ordenamiento
fundamental, queda prohibido todo tipo de discriminación
originada por cualquier motivo, tal como se desprende de lo
dispuesto en sus párrafos primero y tercero.
Bajo esta tesitura y sobre este particular, el más Alto
Tribunal de la Nación ha sustentado el criterio de que el

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verdadero sentido de la igualdad es colocar a los
particulares en condiciones de poder acceder a derechos
reconocidos constitucionalmente, lo que implica eliminar
situaciones de desigualdad manifiesta, pero que ello no
significa que todos los individuos deban ser iguales en todo,
ya que si la propia Constitución protege la propiedad
privada, la libertad económica y otros derechos
patrimoniales, está aceptando implícitamente la existencia
de desigualdades materiales y económicas.
Así las cosas, el principio de igualdad no implica que
todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en
todo momento y ante cualquier circunstancia, en
condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio
se refiere a la igualdad jurídica que debe traducirse en la
seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse
de un beneficio) desigual e injustificado, Por ello, el valor
superior que persigue este principio consagrado en nuestra
Constitución y que esta autoridad está obligada a velar a fin
de lograr una correcta impartición de justicia acorde con la
nuestra Carta Magna, consiste en evitar que existan
normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de
igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación
la ruptura da esa igualdad al generar un trato
discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien
efectos semejantes sobre las personas que se encuentren
en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad
jurídica.
Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
visible en el Tomo XX, Octubre de dos mil cuatro, página
99, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, del rubro y texto siguientes:

transcribe]
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“IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO…”. [Se
Asimismo, la diversa jurisprudencia emitida por la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
visible en el Tomo XXIV, Septiembre de dos mil seis,
página 75, del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes:
“IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL
LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL…”. [Se transcribe]
Por otra parte, el artículo 4° de la Constitución
General de la República, en su primer párrafo, prevé en
forma particular, la igualdad del hombre y la mujer frente a
la ley y ordena al legislador que proteja la organización y el
desarrollo de la familia. Este párrafo que se introdujo en la
Carta Magna mediante reforma publicada en el Diario
Oficial de la Federación del treinta y uno de diciembre de
mil novecientos setenta y cuatro, es continuación de un
largo proceso para lograr una equiparación jurídica de los
géneros femenino como masculino. En la iniciativa de
reformas a dicho precepto, se propuso elevar a la categoría
de norma constitucional la igualdad jurídica entre los sexos
y se indicó que ésta serviría de pauta para modificar leyes
secundarias que incluyeran modos sutiles de
discriminación.
De manera que al disponer el artículo 4°
Constitucional, la igualdad entre el hombre y la mujer, lo
que está haciendo en realidad es establecer una
prohibición para el legislador de discriminar por razón de
género pues frente a la ley, el hombre y a [sic] deben ser
tratados por igual, y así reconocerse en cada decisión que
se emita. Entonces, los hombres y las mujeres tienen los

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mismos derechos desde su nacimiento. Sin embargo, a
pesar de que esos derechos están reconocidos tanto
nacional como internacionalmente, en la vida cotidiana, en
el marco jurídico se afrontan situaciones en las que esos
derechos no siempre se respetan, de aquí que el Juzgador
también está obligado a preservar la observancia de estas
disposiciones, esto es, a observar los principios que derivan
de estas disposiciones. Respalda lo anterior la
Jurisprudencia de Novena Época número 2a./J. 176/2010,
emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y consultable en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Diciembre de
2010, Materia Constitucional, página: 646, que dice:
"PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY
CONFORME A LA CONSTITUCIÓN…”. [Se transcribe]
Ahora bien, la igualdad entre hombres y mujeres se
fundamenta en la dignidad, cualidad que nos corresponde a
todos y todas sin importar diferencias de sexo, origen
étnico, religión, pensamiento, etcétera. No obstante lo
anterior, existen disposiciones que contradicen la garantía
de igualdad, tal es el caso del citado artículo 342 del
Código Civil para el Estado de Guanajuato, el cual contiene
disposiciones que no son acordes a la garantía individual
de igualdad jurídica del hombre y la mujer ante la ley.
Ciertamente el artículo en cita dispone textualmente en su
primer párrafo lo siguiente: [Lo transcribe].
Como se ve, el ordinal en cuestión prevé una marcada
diferencia entre el hombre y la mujer al referirse, en primer
término, a que la mujer por el sólo hecho de resultar
cónyuge inocente en el divorcio necesario, tendrá derecho
a percibir alimentos, y en el caso de que el marido sea
inocente, tiene derecho a recibir alimentos únicamente

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cuando se encuentre imposibilitado para trabajar y no tenga
bienes propios para subsistir, sin que en esta última
hipótesis se incluya a la cónyuge mujer. Entonces, de inicio,
se advierte que este dispositivo contiene una contravención
a la garantía de igualdad, específicamente entre el hombre
y la mujer, que se está obligado a observar por disposición
expresa de nuestra Constitución, pues este párrafo dispone
con claridad que la esposa inocente sea cual sea su
condición física y económica, tendrá derecho al pago de
una pensión por alimentos a que hace referencia la primera
parte del artículo en cita. Sin embargo, el marido, en este
importante derecho, es tratado de manera desigual en
franca inobservancia al artículo 4° Constitucional al
referirse en la segunda parte del mismo dispositivo, que
tendrá derecho a percibir pensión por alimentos, siempre y
cuando esté incapacitado física y mentalmente, y que no
tenga medios económicos para subsistir.
Ahora bien, es cierto que de conformidad con este
artículo, en forma general, el cónyuge culpable tiene
derecho [sic] a asegurar la subsistencia del cónyuge
inocente; sin embargo, se expresa una situación de
desigualdad cuando señala que el marido considerado
cónyuge culpable tiene que cubrir alimentos a su esposa
inocente sin necesidad de que ésta cumpla ningún
requisito, salvo la observancia de la buena conducta y no
contraer nuevas nupcias, mientras que el marido inocente
sólo puede recibir el beneficio del derecho de alimentos
cuando esté discapacitado [sic] y, además, que dependa
económicamente de esa pensión su subsistencia, entonces
la esposa está exonerada tácitamente de probar esas
causas de su derecho para que el marido le ministre
alimentos, lo que pone de manifiesto un trato desigual por

15 ADC 614/2012
razón de sexo, que contraviene el contenido del artículo 1°
de la Constitución Federal.
De igual manera, el artículo 342 del Código Civil,
analizado desde un plano de convencionalidad, contraviene
el contenido del artículo 24 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanas [sic], el cual previene que:
“Artículo 24. Igualdad ante la Ley. Todas las
personas son iguales ante la ley. En consecuencia,
tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de
la ley”.
Entonces, la igualdad del gobernado ante la ley se
encuentra elevada al rango de derecho fundamental, por
ende, cualquier disposición que atente contra la efectiva
tutela del derecho planteado, será contraria al artículo 24
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En ese tenor, el análisis del derecho fundamental que
nos ocupa, —igualdad frente a la ley— tanto en un plano de
constitucionalidad, como de convencionalidad, tiene el
mismo alcance, porque la protección real del derecho a la
igualdad debe garantizarse en forma amplia excluyendo
cualquier diferenciación en la ley por razón del sexo.
En esas condiciones, si el artículo 342 del Código Civil
para el Estado de Guanajuato en la parte relativa a cuáles
son los elementos que, dependiendo de si se es hombre o
mujer, el cónyuge inocente debe demostrar a fin de obtener
la sanción de pago de alimentos a su favor, contraviene la
garantía de igualdad prevista en nuestra Constitución
Política y la Convención Americana de Derechos Humanos,
es preciso analizar la disposición conforme al criterio
jurisprudencia aplicable al caso de Décima Época emitido
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
visible en el Semanario Judicial de la Federación y su

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Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1; página 552, a
fin de determinar cómo es que debe de aplicarse esta
norma en la parte relativa, criterio en el cual se señala:
“PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX
OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS…”.
[Se transcribe]
Del contenido inicial del artículo en análisis, como ya
se dijo, se advierte que los alimentos que debe pagar el
cónyuge culpable al inocente tienen el carácter de sanción
y que lo que se está protegiendo mediante ese precepto es
la subsistencia del cónyuge que incumplió [sic] con las
obligaciones derivadas del matrimonio y que, de no haber
sido por el otro, seguiría unido mediante ese vínculo y, por
el contrario, no se protege la subsistencia de las personas a
cargo de otras sin ningún vínculo jurídico entre ellas.
Entonces es claro que en las sentencias sobre alimentos
reclamados por uno de los divorciados debe analizarse la
procedencia de la reclamación tomando en cuenta que el
cónyuge inocente tiene derecho a recibir alimentos de su
contraria, por así prevenirlo el artículo 342 del Código Civil,
por tratarse de una sanción general para los casos de
divorcio y proteger al cónyuge considerado inocente, sin
diferenciar en este punto si se trata de la mujer o el varón.
No obstante, debe declarase como inaplicable aquélla
parte del artículo en cuestión que releva a la mujer de la
carga de probar que se encuentra imposibilitada para
trabajar, que tiene incapacidad física o mental que le impida
trabajar y que carece de bienes propios para subsistir,
porque si de tales extremos no se exenta al hombre que
detenta la calidad de cónyuge inocente, es claro que la
aplicación de ese aspecto del artículo en cita implicaría

17 ADC 614/2012
contravenir la garantía de igualdad del gobernado frente a
la ley, por tanto lo estatuido en la Constitución Federal y la
Convención de referencia.
Apoya lo anterior, por identidad jurídica, la tesis
aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de a [sic] Nación, visible en el Tomo XXVI, Julio de
dos mil siete, página 266, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia
Constitucional y Civil, del rubro y texto siguientes:
"PENSIÓN ALIMENTICIA EN CASO DE DIVORCIO
NECESARIO. EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO CIVIL DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE LA PREVÉ, VIOLA
LA GARANTÍA DE IGUALDAD CONTENIDA EN EL
ARTÍCULO 4°., PRIMER PÁRRAFO, DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL…”. [Se transcribe]
Con las precisiones destacas, si como lo refiere el
apelante, en la especie ninguna prueba se allegó al
sumario con la que pudiera justificarse por la parte actora
que se encuentre imposibilitada para trabajar, así como que
no tenga bienes para subsistir. Entonces, bajo estas
condiciones, si dentro de los autos del juicio no se
justificaron los extremos del artículo 342 del Código Civil
para el Estado de Guanajuato, entonces la condena relativa
prevista como sanción por la ley resulta improcedente aun y
cuando tenga la calidad de cónyuge inocente, pues esta
situación no basta, atento a lo aquí argumentado, para
establecer el pago de alimentos a su favor, sino que
además debió justificar estar imposibilitada para trabajar y
no tener bienes propios para su subsistencia, por lo que al
no haber acreditado estos extremos, es la razón por la cual
se impone absolver al demandado de las prestaciones que
le fueran reclamadas, lo anterior de conformidad a lo

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dispuesto por los artículos 84, 342, 359 del Código Civil, 1°,
40, 133 de la Constitución Federal y 24 de la Convención
Americana de Derechos Humanos.
No obsta a lo anterior, el señalamiento de la
accionante en el sentido de que durante el matrimonio el
demandado le solicitó a su cónyuge dejar de trabajar
dejando por ello de hacerlo, así como que tal hecho se
encuentre reconocido por el demandado, porque al haberse
decretado la disolución del matrimonio, la parte actora no
se encontraba comprometida a dejar de aplicarse al trabajo
por el hecho de habérselo solicitado su contraria durante su
matrimonio, por haber dejado de existir entre las parte las
obligaciones derivadas del matrimonio, concretamente de
atender la demandante una solicitud de esa naturaleza, a
quien en cambio a fin de recibir alimentos de su contraria
como cónyuge inocente competía comprobar que se
encuentra imposibilitada para trabajar, y que carece de
bienes para subsistir, aspectos que no logró justificar la
accionante, lo que torna improcedente su reclamación
concerniente al pago de alimentos enderezada contra quien
fuera su cónyuge, atento a lo dispuesto por el artículo 84
del Código Procesal Civil.
En tales condiciones, se revoca la sentencia
combatida a efecto de establecer que: La parte actora
**********, no acreditó los elementos de su acción, por lo
que se absuelve al demandado **********, del pago de las
prestaciones que le fueran exigidas.
Al no haberse acogido las pretensiones de la parte
actora, se impone condenarla al pago de las costas
erogadas por su contraria con motivo del trámite del
presente asunto durante ambas instancias, al no advertirse
alguna hipótesis que autorice exonerarla del pago de las

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mismas, al haber provocado con su actitud el presente
asunto el reclamar el pago de alimentos sin justificar los
elementos de su acción, lo anterior de conformidad a lo
dispuesto por los artículos 11, 12 y 227 del Código Procesal
Civil…”.
QUINTO. La parte quejosa expresó como conceptos
de violación:
“…PRIMERO. Señala la autoridad responsable que la
obligación alimentaria consiste en el deber que tiene una
persona, en su carácter de deudora, de ministrar a otra, en
su calidad de acreedora, lo necesario para su subsistencia.
Para lo cual agrega que debe de ser conforme a las
posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor.
Por tal motivo, “la obligación de proporcionar alimentos se
circunscribe, en términos generales, a la satisfacción de las
necesidades de comida, vestido, habitación, asistencia en la
enfermedad, según lo dispuesto por el artículo 362 del
Código Civil del Estado”.
Tal y como lo establece la responsable y de
conformidad con el contenido del artículo 356, del Código
Civil, los cónyuges tienen la obligación de darse alimentos.
Y en los casos de divorcio es la propia legislación la que
establece cuándo habrá de quedar vigente la obligación
alimentaria. Así entonces, hace con ello alusión al ordinal
342, del Código Civil de Guanajuato que manifiesta y
"declara", la responsable, inaplicable bajo la óptica del
principio de igualdad entre hombre [sic] y mujeres. Así
trascribe la responsable el ordinal 342, para luego concluir:
“Al respecto del fallo combatido se obtiene que, el
contenido del artículo 342 del Código Civil antes

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descrito constituyó el fundamento del Juez de origen
para sancionar al demandado al pago de alimentos a
favor de quien fuera su cónyuge, al establecer que por
haber resultado la demandante cónyuge inocente en
juicio tramitado con antelación le correspondía al
demandado proporcionarle alimentos, al tener por
comprobado que no cuenta con trabajo alguno que le
genere ingresos, por dedicarse al hogar y cuidado de
sus hijos”.
“La conclusión anterior es sustentable desde un
plano de legalidad, porque la misma encuentra apoyo
en el contenido del artículo 342 del Código Civil”.
“No obstante, la función de los jueces del Estado
va más allá de la mera aplicación o interpretación de la
ley”.
“En efecto los tribunales del Estado Mexicano
deben analizar si la forma aplicable es acorde a la
Constitución Federal o a los tratados internacionales en
materia de derechos humanos”.
Es de resaltar que la responsable conforme a la
obligación Constitucional de todo Juzgador señala que la
función de los jueces del Estado va más allá de la mera
aplicación o interpretación de la ley pues deben las
sentencias ser acordes con la Constitución Federal y los
Tratados Internacionales en materia de Derechos
Humanos.
Lo que constituye precisamente el eje medular de la
violación que comete en mi perjuicio.
Bajo la pretendida defensa que busca la responsable
del derecho de igualdad entre hombres y mujeres, y en su
búsqueda de resarcir, lo que a su juicio, de la legislación
local no es acorde con la Constitución y los Tratados
Internacionales en materia de derechos humanos, es que

21 ADC 614/2012
deja de aplicar en beneficio de la contraparte y, por
consecuencia, [sic] perjuicio de mi derecho humano a la
alimentación, el ordinal 342 citado. Así la Sala impugnada
no obstante que no se encuentra facultada en legislación
alguna, pues como autoridad solo puede hacer lo que la ley
le concede, revoca sin que exista medio de impugnación
alguno la determinación asumida por un órgano Judicial del
mismo grado que la responsable, Octava Sala Civil, quien
en sentencia firme dictada en el toca **********, determinó
que tengo derecho a recibir alimentos de la contraparte en
mi carácter de cónyuge inocente del divorcio decretado.
Violación directa de la garantía de seguridad jurídica que
lleva inmersa a su vez la trasgresión de mi derecho
humano a la alimentación, como resultado esto último de la
igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de
responsabilidades entre los cónyuges en cuanto al
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución
del mismo, lo que en la especie se actualiza, y que no es
observado por la Sala.
Es verdad que los tribunales del Estado deben
analizar si una norma es aplicable [sic] es acorde a la
Constitución o a los Tratados Internacionales en materia de
Derechos Humanos.
Como también es verdad, que esa misma obligación
tiene la responsable de verificar si después de analizar lo
que a su juicio no es acorde con la Constitución o con los
Tratados Internacionales en materia de derechos humanos,
no resulta también violatorio de otro derecho humano.
Como en la especie mi derecho a la alimentación.
Pues, si bien pudiera ser cierto que busca con el
control de convencionalidad que aduce en la sentencia,
obtener una aplicación del principio de igualdad entre

22 ADC 614/2012
hombre y mujer, sin embargo, lo que realmente consigue es
violentarlo al dejar de observar mis derechos como
cónyuge inocente y en su caso premiar al consorte culpable
y que en su momento dio origen al [sic] disolución del
vínculo matrimonial. Bajo el argumento de que la norma
aplicable no es acorde a la Constitución ni a los Tratados
Internacionales en materia de derechos humanos, motivo
por el cual deja de aplicarla en su totalidad olvidando por
completo el principio pro persona y así entonces, consigue
vulnerar mis derechos humanos, ya que, bajo la pretendida
defensa que hace lo que genera es efectivamente dejar de
aplicar un ordenamiento de menor grado pero que a la luz
del principio pro persona contenido en el segundo párrafo
del artículo 1, de la Constitución y que a la letra dice: [Lo
transcribe]
Ordinal que violenta directamente la responsable ante
su inexacta aplicación, pues, reitero que al buscar en su
concepto emular a los órganos federales bajo la posibilidad
que le otorga, ahora, el control de convencionalidad ex
officio en materia de derechos humanos, lo que le faculta,
según la responsable, a dejar de aplicar la norma en su
totalidad, en realidad lo que realiza es violentar en mi
perjuicio las normas contenidas en la Constitución, pues si
bien es cierto que intenta aplicar e interpretar las normas
relativas a los derechos humanos de conformidad con la
Constitución y los tratados internacionales de derechos
humanos, no menos cierto es que lo hace sólo
favoreciendo a mi contraparte sin dar entonces la
protección que más favorezca a mi persona.
Es decir, lo aplica parcialmente sólo en beneficio de
una de las partes con lo cual genera la violación del
principio de igualdad que la Magistrada buscaba salvar.

23 ADC 614/2012
Pues, su resolución lo que genera es un trato desigual
entre las partes en conflicto y mientras beneficia a una, el
cónyuge culpable del divorcio y que da causa al mismo, a la
otra, cónyuge inocente del divorcio y que no da causa al
mismo, la perjudica, así las cosas, con la pretendida
aplicación de la Constitución y del principio de igualdad la
Magistrada lo que logra es romper con ello y violarlo en mi
perjuicio.
Si bien es cierto que busca la interpretación más
favorable al derecho humano, lo que es de explorado
Derecho que en la doctrina se le llama principio pro
persona, lo hace sólo en beneficio de una de las partes, por
lo tanto, no menos cierto es que ello es violatorio del
principio de igualdad de las partes. Pues, no buscó
entonces la interpretación más favorable a mi derecho
humano. De ahí la violación que realiza, en mi perjuicio, en
forma directa del artículo 1, de la Constitución en relación
con el 133, que también vulnera en mi perjuicio por su
inexacta aplicación.
Señala la responsable: “Conforme con lo destacado al
momento, puede advertirse que la función del juez ha sido
ampliada en forma trascendental, porque los tribunales deben
efectuar un control de convencionalidad y de
constitucionalidad, sin limitarse a la aplicación ordinaria de la
ley”.
Pero dicho control debe ser ejercido en forma
responsable con ambas partes en litigio, en igualdad de
condiciones, ya que, si se realiza como en la especie, una
aplicación del control de convencionalidad y
constitucionalidad que aduce la Sala responsable, sólo en
beneficio de una de las partes ello vulnera entonces el
propio principio de igualdad de las partes, al revocar la

24 ADC 614/2012
sentencia impugnada y establecer que no ha lugar a pagar
pensión alimenticia en mi beneficio me deja en un absoluto
plano de desigualdad con respecto a mi contraparte sin
observar incluso que la propia Convención Americana
sobre los Derechos Humanos, establece en su artículo 17,
que “Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas
para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada
equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto
al matrimonio durante el matrimonio y en caso de disolución
del mismo”. Es decir, la convención contempla la posibilidad
de que existan responsabilidades que subsistan entre los
cónyuges una vez que se ha disuelto el vínculo
matrimonial. De ahí que la inobservancia en mi beneficio de
lo anterior vulnera el principio de igualdad en mi perjuicio.
Pues la interpretación más favorable se realiza únicamente
respecto de mi contraparte.
Continúa la responsable: “Dicha situación modifica el
esquema utilizado para dictar sentencias de segunda
instancia, que se rige bajo el principio del doble grado,
conforme al cual la legalidad del fallo combatido corresponde
verificarse a la luz de los agravios esgrimidos, porque al
tribunal de alzada corresponde analizar la constitucionalidad
de los preceptos aplicados para decidir la contienda en forma
abierta, es decidir desde todas las perspectivas, no sólo
desde los agravios expuestos por el disconforme”.
“Lo mismo ocurre con el control de convencionalidad,
porque la contravención entre la norma y las disposiciones
internacionales en materia de derechos humanos, debe
estudiarse en forma integral”.
“Entonces, el apelante puede o no cuestionar la
constitucionalidad de la ley aplicada; sin embargo, el tribunal
debe verificar si la hipótesis normativa aplicada (artículo 342
del Código Civil del Estado) contradice el texto fundamental o

25 ADC 614/2012
los dispositivos internacionales, porque el tema de
constitucionalidad y de convencionalidad se constituye como
un tópico preferente, de estudio obligado en todos los casos”.
Es verdad que el promovente del recurso de apelación
nada aduce sobre lo resuelto, como también es verdad que
si la Alzada responsable encuentra desde su perspectiva
que la norma fuente de la condena es contradictoria con las
disposiciones internacionales de derechos humanos, luego
entonces, señala que la debe estudiar en forma integral,
deviene así la violación en mi perjuicio de mis derechos
humanos, en virtud de que si suple en absoluto la
impugnación de la contraria bajo el argumento defensor de
los derechos humanos, entonces tendría que haber
estudiado en su totalidad el litigio presentado y concluir que
tengo derecho a recibir alimentos del cónyuge culpable,
porque yo no di causa al divorcio, y aplicar no sólo en
beneficio de mi contrario la interpretación más favorable a
su derecho humano, sino resolver el fondo haciendo
también una interpretación más favorable a mi derecho
humano, entonces bajo su argumento ya no resulta
necesario decidir en una controversia de divorcio quién es
el cónyuge culpable o quien el inocente, pues ello resultaría
obsoleto. Lo que es en verdad un absurdo.
Por lo anotado debió entonces hacer la interpretación
más favorable al derecho humano no sólo a mi contraparte
sino también a mi persona y concluir la parte del ordinal
342, del Código Civil, que debía dejar de aplicarse pero no
todo en su totalidad.
Lo anterior aunado a que dicho ordinal es
complementario de los artículos 341 y 356, del mismo
cuerpo normativo.
Es decir, la interpretación más favorable al derecho

26 ADC 614/2012
humano no es determinar que dicho artículo 342, se deja
de aplicar y, por lo tanto, no existe condena en alimentos,
pues, dicha interpretación si es en verdad es sólo favorable
a mi contraparte, lo que reitero es violatorio del principio de
igualdad de las partes, la interpretación más favorable al
derecho humano debió ser el determinar qué parte del
ordinal 342, se debía dejar de aplicar, no en su totalidad,
sino sólo la parte que fuera violatoria de los derechos
humanos, de lo contario se vulnera entonces mi derecho
humano al ser complementario de los ordinales 341 y 356,
no se deben dejar de estudiar en forma integral.
Señala la Constitución que el varón y la mujer son
iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia. También establece que toda
persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente
y de calidad. El estado lo garantizará.
Esa obligación que le impone la Constitución al estado
de garantizar la alimentación genera el trato especial que
tienen los alimentos que de explorado Derecho se sabe son
de orden público.
Entonces, al ser de orden público los alimentos y si el
hombre y la mujer son iguales ante la ley, debía entonces la
Responsable realizar una interpretación integral de los
ordinales señalados y concluir qué parte del artículo 342,
no resulta aplicable.
El ordinal 342, señala en la parte que corresponde a
la sentencia impugnada que [Lo transcribe parcialmente].
El Código Civil de Guanajuato establece las
obligaciones que nacen con el matrimonio. Entre ellas se
encuentran el contribuir cada uno por su parte a los fines
del matrimonio y a socorrerse mutuamente, vivir juntos.
Señala también que el sostenimiento, administración,

27 ADC 614/2012
dirección y atención del hogar se distribuirán
equitativamente y de común acuerdo entre los cónyuges. Y
aclara que se considerará como aportación al
sostenimiento del hogar la atención y el trabajo en el
mismo.
Otra de las obligaciones se establece en el ordinal
356, cuando fija que los cónyuges deben darse alimentos.
Pero la parte medular fuente de mi derecho a percibir
alimentos y que si bien se trata de una norma de inferior
jerarquía es evidente que ante la aplicación del principio pro
persona que señala el aplicar la norma que más beneficie
al derecho humano de la persona, que en la especie es mi
derecho a la alimentación, es la segunda parte del ordinal
356, que señala: “La ley determinará cuándo queda
subsistente esta obligación en los casos de divorcio y en los
otros que la misma ley señale”. Además de que se trata de
castigar al cónyuge que dio causa al divorcio, lo cual no
debe dejar de observarse.
Es decir, la norma primaria resulta ser ésta, en la cual
la legislación establece cuándo quedará subsistente la
obligación alimentaria en casos de divorcio. Lo que es
respetuoso del principio de igualdad y que surte aplicación,
ya que, no fija si se trata de hombre o mujer sólo que la ley
determinará cuándo subsiste la obligación de percibir
alimentos en los casos de divorcio.
Lo cual tiene su fundamento también en la propia
Convención Americana sobre los Derechos Humanos,
donde se establece en el artículo 17, que “Los Estados
Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la
igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de
responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio
durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo”.

28 ADC 614/2012
De ahí que al disolver un matrimonio la Convención
fija la posibilidad de que existan responsabilidades entre los
cónyuges.
Luego complementado al ordinal 356, se encuentra el
artículo 341, que señala: “Ejecutoriado el divorcio, se
procederá desde luego a la división de los bienes comunes y
se tomarán las precauciones necesarias para asegurar las
obligaciones que queden pendientes entre los cónyuges”.
Del artículo 341, anotado se obtiene que una vez que
se ha declarado ejecutoriado el divorcio se deben tomar las
precauciones necesarias para asegurar las obligaciones
que queden pendientes entre los cónyuges. Y si ello se
estudia en forma integral con lo dispuesto en el 356, que es
la norma primaria que genera el derecho de alimentos se
obtiene que una vez que se decreta un divorcio es posible
que existan obligaciones alimenticias entre los divorciados.
Lo cual dependerá del carácter de cónyuge culpable o
inocente.
Para ello, se tiene con una serie de causales de
divorcio que así lo establecen. Si se observa la sentencia
de primer grado dictada dentro del expediente **********,
que fue agregada en copia certificada y que la Responsable
no valoró en mi perjuicio establece que mi contraparte
**********resultó cónyuge culpable.
La obligación de proporcionar alimentos surge en el
matrimonio.
Si se disuelve como resultado de un divorcio
necesario, como el que promoví en contra de mi
contraparte, la legislación prevé diversas consecuencias
para el cónyuge que causó la disolución del vínculo
matrimonial, entre las que se encuentra que el cónyuge
inocente tendrá derecho a recibir alimentos.

29 ADC 614/2012
En consecuencia, se debe concluir que en razón de la
disolución para el cónyuge culpable subsiste la obligación
de otorgar alimentos al cónyuge inocente, por lo que debe
otorgarlos como lo venía haciendo o debía hacerlo dentro
del matrimonio en caso de continuar casado. De ahí que el
ordinal 356, que se complementa con el 341, fija la
posibilidad de que el cónyuge inocente reciba alimentos del
cónyuge culpable.
transcribe]
Si por lo tanto el artículo 342, señala que: [Lo
En corolario a lo aducido es evidente que la
interpretación más favorable al derecho humano no es
concluir que dicho artículo 342, se debe dejar de aplicar en
su totalidad y, por consecuencia, no hay condena en
alimentos.
Pues como se estableció dicha condena se encuentra
contemplada en la legislación civil en normas primarias
respecto del artículo 342, es decir que el citado 342, no es
el ordinal que genera el derecho a alimentos como
erróneamente señala la responsable sino que es el ordinal
356, en relación con el 341, los que fijan la procedencia de
condenar a alimentos al cónyuge culpable y que el 342,
señalado por la responsable es de carácter secundario en
relación con el 356, ya que, sólo lo complementa y, por lo
tanto, una verdadera interpretación integral más favorable a
mi derecho humano a la alimentación que no sea sólo
favorable a mi contraparte, lo cual insisto es violatoria en sí
misma del principio de igualdad de las partes, es
determinar qué parte del ordinal 342, se debe dejar de
aplicar, pues, no es dable que se haga en su totalidad sino
sólo la parte que fuera violatoria de los derechos humanos,
de lo contrario se vulnera entonces mi derecho humano.

30 ADC 614/2012
Además, de que la finalidad del ordinal es el castigar al
cónyuge culpable por haber dado causa al divorcio, no
beneficiarlo bajo el argumento de la responsable.
Por lo tanto si el artículo 342, señala que [lo transcribe
nuevamente].
Es dable ejercer un control convencional ex officio
adoptando la interpretación más favorable al derecho
humano de que se trate en atención al principio pro
persona, se concluye así que se debe dejar de aplicar la
parte que se considera violatoria de derechos humanos del
citado ordinal.
Si en la especie lo que se alega por la responsable
era la violación al principio de igualdad, luego entonces,
debió interpretar y, por consecuencia, dejar de aplicar del
ordinal 342, la parte que señala “tendrá derecho a alimentos
mientras no contraiga nuevas nupcias y viva honestamente”.
Así como la parte que establece “sólo.... cuando esté
imposibilitado para trabajar y no tenga bienes propios para
subsistir”.
Para quedar: “En los casos de divorcio, la mujer
inocente tendrá derecho a alimentos. El marido inocente
tendrá derecho a alimentos”. De lo anotado se debe concluir
que una interpretación conforme al principio pro persona es
que en los casos de divorcio el cónyuge inocente tendrá
derecho a alimentos.
Es decir, tanto el hombre como la mujer que tengan la
calidad de cónyuge inocente en un asunto de divorcio
tendrán la posibilidad de recibir una pensión alimenticia en
los términos que se venía haciendo antes de la disolución
del vínculo, disolución a la cual al no dar causa no tendrán
por qué resentir las consecuencias. Por ello, si la
interpretación que otorga en todo tiempo a las personas la

31 ADC 614/2012
protección más amplia es aquella que concluye que en los
casos de divorcio el cónyuge inocente tiene derecho a
alimentos los cuales se habrán de determinar atendiendo a
los principios de necesidad y posibilidad.
Lo que por cierto eran en realidad los agravios que
esgrime mi contraparte.
Lo anotado sí respeta el principio de igualdad y pro
persona que contempla la constitución en su artículo 1,
violado en mi perjuicio. La integración que pretende hacer
la Magistrada es benéfica solo de los derechos humanos de
la contraparte pero deja de lado mi derecho humano
reconocido en la Convención Americana de Derechos
Humanos. De ahí, lo incongruente de la resolución, pues, al
pretender respetar un derecho lo hace no obstante que ello
implique la violación de otro derecho de igual categoría.
En corolario, si el artículo 24 de la Convención
Americana de Derechos Humanos establece la igualdad
ante la Ley y señala: “Todas las personas son iguales ante la
ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a
igual protección de la ley” Es evidente que la magistrada se
aleja de dicho principio y bajo el pretexto de buscar la
igualdad ante la ley lo viola en forma directa al no
contemplar mi derecho humano a la alimentación. Además
de mi derecho humano a la seguridad jurídica pues se trata
de una sentencia firme que no fue impugnada en su
momento la que me concede alimentos.
Ante lo esgrimido es claro que la Responsable al
señalar que habría de verificar si el precepto legal —342,
del Código Civil de Guanajuato—, ordinario es acorde con
el texto fundamental y el estudio de la igualdad que realiza,
resultan acordes a lo que peticionó en el juicio de garantías.
La aplicación de los argumentos de la Magistrada le

32 ADC 614/2012
obligaba a buscar que en su sentencia las normas relativas
a los derechos humanos se interpretaran de conformidad
con la Constitución y con los tratados internacionales de la
materia favoreciendo en todo tiempo, no sólo a mi
contraparte sino también a mi persona con la protección
más amplia. Lo que no obstante el estudio que realiza de la
igualdad no lo hace y procede a estudiar y citar
jurisprudencia relativa a explicar la igualdad para concluir y
resolver en forma desigual y discriminatoria de mi persona,
con su argumentación sólo resuelve a favor de mi
contraparte y deja de estudiar mi derecho humano.
sentencia]
Señala la responsable: [Transcribe parte de la
Lo que la lleva a concluir en forma errónea: [Ídem]
La jurisprudencia que aplica en forma inexacta y
perjudicial para mi derecho a recibir alimentos, le obliga a la
Responsable a realizar la interpretación en el sentido más
amplio y que beneficie al llamado principio pro persona.
El principio pro persona, tiene como finalidad acudir a
la norma más protectora y preferir la interpretación de
mayor alcance de ésta. Para con ello reconocer y
garantizar el ejercicio de un derecho fundamental.
También se puede gracias al mismo principio
consagrado en el artículo 1, de la Constitución, aplicar la
norma o interpretación más restringida al establecer
limitaciones y restricciones al ejercicio de los derechos
humanos.
En virtud del principio pro persona la norma que
prevalecerá es aquella que mejor proteja o menos restrinja
al ser humano en el ejercicio de sus derechos
fundamentales.
Al usar la autoridad responsable el término control de

33 ADC 614/2012
convencionalidad y hacer alusión al caso **********, es una
muestra de la efervescencia jurídica del control
constitucional que se encuentra en boga, si bien es cierto
los argumentos de la Magistrada pueden ser válidos en
algunos negocios judiciales empero, no es técnico su
empleo cuando el constituyente permanente elevó al rango
de derecho fundamental los derechos humanos, entonces
hablamos de un verdadero control de constitucionalidad. El
empleo de los términos adecuados no es una cuestión de
limpieza gramatical o uso de tecnicismos legales sino va
más allá porque bastaría con que se violara un derecho
humano por parte de la autoridad para que el justiciable
pudiera acudir a la autoridad de control de
constitucionalidad alegando una violación directa a la
misma, situación que no ocurría [sic] si se tratara de una
violación a un simple tratado.
Del acto que se reclama se puede obtener el siguiente
proloquio: en el Estado de Guanajuato aun y cuando haya
cónyuge inocente en el divorcio necesario el culpable no
tiene la obligación de pagarle alimentos porque el artículo
342, del Código Civil para dicha entidad es inconstitucional.
Dicha regla se multiplicaría en la mayoría de los Estados de
la República que contengan disposición análoga al
precepto aludido.
Ante tal escenario el intérprete debe elegir entre
aplicar mecánicamente el numeral 342, citado y desconocer
el derecho humano de alimentos de alguien que es
inocente y con esto premiar al cónyuge que dio origen al
divorcio, así entonces, el cónyuge que haya cometido
adulterio, golpeado, consumido drogas, ejecutado violencia
en contra de los hijos, por citar algunas causales, o como
en la especie abandonar el domicilio conyugal sin causa

34 ADC 614/2012
justificada, deberá ser absuelto del pago de los alimentos
bajo la falaz conclusión a la que arriba la responsable, bajo
la opción que representa la sentencia impugnada o bien
penetrar al espíritu de la norma y buscar la justicia
distributiva de que hablaba Aristóteles.
Ante tal disyuntiva me inclino por el esfuerzo mental
que se traduce en la búsqueda de la segunda solución y los
escenarios, además del señalado en el sentido de
interpretar el ordinal 342, bajo el argumento de tanto el
hombre como la mujer en los casos de divorcio que hayan
sido declarados cónyuges inocentes tendrán derechos a
alimentos sin más limitante que la aplicación de los
principios de necesidad y posibilidad, son también los
siguientes:
a) El artículo 342, es parcialmente inconstitucional en
lo que se refiere al tratamiento del varón pero no así para la
mujer, en tal razón debe subsistir el apartado que a la letra
dice: “En los casos de divorcio, la mujer inocente tendrá
derecho a alimentos mientras no contraiga nuevas nupcias y
viva honestamente”, y en atención al principio que donde
existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición
dicho segmento es aplicable al varón por analogía y sentido
de igualdad de las personas ante la ley.
Con lo anterior se respeta también el principio de
igualdad constitucional previsto en los artículos 1, 4 y 13,
de la Ley Fundamental y la intención del legislador de
sancionar al cónyuge culpable.
b) El artículo 342 es inconstitucional excepto en el
apartado que a la letra dice: “En los casos de divorcio, la
mujer inocente tendrá derecho a alimentos”, aquí también
se aplica dicho precepto por analogía y en atención al
principio de igualdad a que se ha hecho referencia en el

35 ADC 614/2012
inciso anterior y en el caso en particular lo que queda
subsistente sería el derecho y lo relativo a la necesidad y la
posibilidad de percibir alimentos quedara en otro proceso,
lo que se regularía por las reglas generales de los mismos.
He de hacer mención que en la sentencia que dejó
firme el divorcio la autoridad judicial así lo interpretó al
menos eso deja entrever cuando manda para la
cuantificación de alimentos a un incidente de ejecución de
sentencia. Las soluciones anteriores respetan los principios
da pro persona, universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad que gobiernan los derechos
humanos.
Invocando la autoridad responsable el principio de pro
persona trata de justificar su resolución y lo único que hace
es tergiversar dicho axioma y digo esto por lo siguiente: es
un derecho inherente a la persona por el simple hecho de
ser humano, el absolverlo de pagar alimentos cuando una
norma jurídica contenga reglas diferentes para el varón y la
mujer bastando únicamente esta situación sin importar si él
es el adúltero, el inmoral, el vicioso, el golpeador, el que
amenaza, el que injuria o el que abandona el hogar
conyugal. La autoridad responsable pensó que sí y que
esto era respetar el principio pro persona, lo anterior se
deja entrever en su resolución.
El principio de pro persona implica el respetar el
derecho humano de alimentos y el artículo 342, puede
escindirse y alcanzar la interpretación a que se alude en los
incisos a y b anteriores a este parágrafo.
En cuanto al principio de progresividad se respetaría
porque el derecho humano de alimentos quedaría
subsistente.
Por lo anterior la autoridad responsable de manera

36 ADC 614/2012
inexacta interpreta el artículo 342, del Código Civil para el
Estado de Guanajuato y sus argumentos llevan al absurdo
legal a que arribó.
Cuando la responsable señala en su sentencia:
“Entonces es claro que en las sentencias sobre
alimentos reclamados por uno de los divorciados debe
analizarse la procedencia de la reclamación tomando en
cuenta que el cónyuge inocente tiene derecho a recibir
alimentos de su contraria, por así prevenirlo el artículo 342
del Código Civil, por tratarse de una sanción general para los
casos de divorcio y proteger al cónyuge considerado
inocente, sin diferenciar en este punto si se trata de la
mujer o el varón”.
Lo resaltado es propio. Parece que adopta una
correcta interpretación del principio pro persona y, por
consiguiente, resultaría que favorecía en todo tiempo a las
personas la protección más amplia, sin embargo, no es así
para ambas partes. Sólo para mi contrario.
Del párrafo anotado de la resolución se obtiene que la
Magistrada está convencida de que la interpretación
correcta del artículo 342, del Código Civil arroja como
resultado que las sentencias de alimentos reclamados por
uno de los divorciados deben analizarse la reclamación
tomando en cuenta que el cónyuge inocente tiene derecho
a recibir alimentos de su contraria, de conformidad con el
artículo 342, del Código Civil, lo cual declara la responsable
se trata de una sanción general para los casos de divorcio y
como resultado dice se debe proteger al cónyuge
considerado inocente, sin hacer diferencia alguna de si se
trata de la mujer o el varón.
Es decir, la primera interpretación que se propone en
estricta aplicación del principio pro persona. En búsqueda

37 ADC 614/2012
de favorecer en todo tiempo a las personas la protección
más amplia.
Sin embargo y en contra de lo anotado la sentencia
impugnada en el párrafo siguiente señala en forma
contradictoria con la interpretación que dice debe hacerse
del ordinal 342, citado lo siguiente:
“No obstante, debe declarase como inaplicable
aquella cuestión que releva a la mujer de la carga de
probar que se encuentra imposibilitada para trabajar,
que tiene incapacidad física o mental que le impida
trabajar y que carece de bienes propios para subsistir,
porque si de tales extremos no se exenta al hombre que
detenta la calidad de cónyuge inocente, es claro que la
aplicación de ese aspecto del artículo en cita implicaría
contravenir la garantía de igualdad del gobernado frente
a la ley, por tanto lo estatuido en la Constitución Federal
y la Convención de referencia.”
Lo que demuestra que no se trata de favorecer en
todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Así perjudica mi derecho humano a la alimentación
reconocida por el simple hecho de ser persona tanto en la
norma suprema del país como en los tratados
internacionales signados por el Estado Mexicano.
Pues, si primero señala que en una sentencia de
alimentos derivada de un proceso instado por un cónyuge
divorciado —sin que pase desapercibido que al iniciar mi
demanda era cónyuge de mi contraparte pues todavía no
se decretaba el divorcio—, se debe analizar la solicitud con
base en el hecho de que se trata del cónyuge inocente
quien reclama y tiene por entonces al guardar el carácter
aludido derecho a recibir alimentos de su contraria, pues,
aduce la magistrada que así lo previene el artículo 342, del

38 ADC 614/2012
Código Civil, lo que es una sanción general para los casos
de divorcio, por consecuencia, si [sic] dice que se debe
proteger al cónyuge considerado inocente, sin hacer
diferenciar si se trata de la mujer o el varón.
Debe en correspondencia a su argumento determinar
que la interpretación que más beneficia a ambas partes y
que respeta la sanción del cónyuge culpable es aquella que
encuadra en el hecho de que en los casos de divorcio el
cónyuge inocente tendrá derecho a recibir alimentos sin
hacer diferencia si se trata de la mujer o el varón, el
cónyuge inocente.
Pero no es así la interpretación que realiza y se
contradice al párrafo siguiente al establecer que debe
declarase como inaplicable la parte del artículo 342, que
releva a la mujer de la carga de probar que se encuentra
imposibilitada para trabajar, que tiene incapacidad física o
mental que le impida trabajar y que carece de bienes
propios para subsistir.
Pues aduce que de tales extremos no se exenta al
hombre que detenta la calidad de cónyuge inocente.
Es clara la ambigüedad de la sentencia. Por un lado
señala que el 342, se debe interpretar en formas [sic]
simple en el sentido de que el cónyuge inocente tiene
derecho a alimentos sin importar que se trate del hombre o
de la mujer.
Por otra parte termina estableciendo que si no se
exenta al hombre en su carácter de cónyuge inocente de
probar los requisitos señalados en el ordinal 342, para la
obtención de alimentos, no debe entonces, exentarse a la
mujer de demostrarlos.
Absurdo jurídico que denota la falta de aplicación del
principio pro persona. Pues, si se trata de una sanción la

39 ADC 614/2012
que se genera para el cónyuge culpable, debe entonces
entenderse que la aplicación que más favorece es aquella
que no considera los requisitos que establece el ordinal
342, del Código Civil de Guanajuato, para conceder
alimentos al cónyuge inocente según se trate del hombre o
de la mujer.
Es decir, lo que previamente señala la magistrada en
su sentencia, “el cónyuge inocente tiene derecho a recibir
alimentos de su contraria, por así prevenirlo el artículo 342
del Código Civil, por tratarse de una sanción general para los
casos de divorcio y proteger al cónyuge considerado
inocente, sin diferenciar en este punto si se trata de la mujer
o el varón”.
Es menester agregar que se funda inexactamente la
responsable para apoyar su errónea interpretación del
principio pro persona y del principio de igualdad lo que la
lleva a concluir que se deben de exigir los requisitos que
establece el ordinal 342, para otorgar alimentos a una
persona que tenga el carácter de cónyuge inocente, en la
jurisprudencia que se trascribe:
“Apoya lo anterior, por identidad jurídica, la tesis
aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de a Nación, visible en el Tomo XXVI, Julio de dos
mil siete, página 266, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia
Constitucional y Civil, del rubro y texto siguientes:
"PENSIÓN ALIMENTICIA EN CASO DE DIVORCIO
NECESARIO. EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO CIVIL DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE LA PREVÉ, VIOLA
LA GARANTÍA DE IGUALDAD CONTENIDA EN EL
ARTÍCULO 4o., PRIMER PÁRRAFO, DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL…”. [Se transcribe].

40 ADC 614/2012
Se establece que se aplica inexactamente en principio
porque la jurisprudencia anotada es de fecha anterior a la
reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos.
La responsable omite señalar que la tesis emitida es del
año 2007, es decir, anterior a la reforma constitucional en
materia de derechos humanos publicada el 10 de junio de
2011, según decreto de reforma.
Con independencia de lo anotado la tesis señalada
establece en su parte final, que el tener que acreditar la
necesidad alimentaria, por parte del hombre, demostrando
que carece de bienes propios para subsistir o que está
imposibilitado para trabajar, incumple con la finalidad
perseguida en los casos de divorcio, consistente en
sancionar al cónyuge culpable del divorcio.
Luego entonces, la propia tesis que la Magistrada
utiliza para robustecer sus razonamientos es la que le
ilustra para determinar que en el Estado de Aguascalientes
el artículo 310, del Código Civil, cuyo análogo es el 342, de
nuestro Estado, es violatorio de la garantía de igualdad por
pretender que en los casos de divorcio el hombre además
de ser cónyuge inocente debe demostrar lo que genera un
trato distinto entre el varón y la mujer, por razón de sexo,
sin que exista una justificación razonable para ello, pues,
en los casos de divorcio necesario el legislador condiciona
el derecho del marido para obtener una pensión alimenticia
a consecuencia del divorcio, ya que, no es suficiente que
hubiere resultado inocente, sino que tiene que acreditar su
necesidad alimentaria demostrando que carece de bienes
propios para subsistir o que está imposibilitado para
trabajar, con lo cual se incumple con la finalidad perseguida
en estos casos, consistente en sancionar al cónyuge
culpable del divorcio.

41 ADC 614/2012
De lo anotado se obtiene que si bien es verdad la
distinción que hace el legislador puede ser no conforme con
la Constitución, la distinción que por razón de sexo se
realiza en el 342, resulta entonces fuera de lugar y como
señala la tesis anotada, se hace una distinción por razón de
sexo que exista una justificación razonable para ello, por
eso concluye la tesis que esa distinción se encuentra fuera
de lugar, la condición que se le pone al hombre como
cónyuge inocente no encuentra cabida en el principio de
igualdad, sin embargo, al ser anterior a la reforma
constitucional debió la Magistrada entender que
precisamente esas diferencias que se le exigen al hombre
no deben de considerarse pues de hacerlo se incumple con
la finalidad que persigue el legislador de sancionar al
cónyuge culpable de divorcio de ahí que la interpretación
correcta que debió darle la Responsable al ordinal 342, es
el de señalar que esas distinciones no se deben de
considerar y, por consecuencia, se debe sancionar al
cónyuge culpable del divorcio con independencia de que el
cónyuge inocente sea hombre o mujer.
Interpretación correcta que debió cuidar y buscar para
con ello proteger mi derecho humano a la alimentación para
concluir que si las exigencias que se le hacen al hombre
como cónyuge inocente para recibir alimentos se
encuentran fuera de lugar en igualdad de condiciones se
encontraran si se le hace a la mujer inocente.
Por ello, la solución final que adopta la autoridad
responsable de requerirme demostrar —lo que además son
hechos negativos no sujetos a prueba— que me encuentro
imposibilitada para trabajar, que tengo una incapacidad
física o mental que me impida trabajar y que carezco de
bienes propios para subsistir, se encuentra fuera de lugar,

42 ADC 614/2012
ya que, se aleja de la finalidad de sancionar al cónyuge
culpable del divorcio, tal y como correctamente señala la
tesis que aplica inexactamente la responsable.
Así las cosas, su pretendida defensa del principio de
igualdad la lleva a cometer la violación en mi perjuicio de lo
que señala es violatorio del derecho humano de mi
contraparte, entonces, por igualdad de razón si lo que se
dice es violatorio del derecho humano de mi contraparte se
me aplica a mi persona se está entonces igualmente
violando mis derechos humanos y mis garantías
constitucionales.
Pues, la igualdad no representa cometer violación del
principio mismo en perjuicio de uno para beneficiar a otro.
Ello se trata de aplicar lo que más convenga en beneficio
de la persona de conformidad con el ordinal 1, de la
Constitución.
En esa tesitura es de abundar que si las reglas que
señala el 342, del Código Civil, en caso del hombre
cónyuge inocente se alejan de la finalidad perseguida de
sancionar al cónyuge culpable del divorcio, el respeto al
principio de igualdad no es que las apliques al cónyuge
inocente mujer, pues, ya se estableció que no son
correctas, algo no puede ser violatorio y correcto al mismo
tiempo, y en un verdadero respeto del principio de igualdad
es que no se apliquen ni a uno ni otro.
Que el cónyuge inocente tenga derecho a recibir
alimentos del cónyuge culpable con independencia de que
el cónyuge inocente sea mujer u hombre. Sólo por el hecho
de haber resultado inocente en el divorcio pues se trata de
una sanción que es lo que la responsable no aprecia.
Lo que se busca, tal y como establece la tesis que
aplica incorrectamente la responsable, es sancionar al

43 ADC 614/2012
culpable de divorcio esa es la finalidad perseguida.
En la especie, la solución que adopta la Magistrada es
beneficiar al culpable de divorcio. De ahí lo incongruente de
la sentencia y, por consiguiente, lo violatorio de mis
derechos humanos, de mi garantía de seguridad jurídica y
acceso a la justicia.
No obstante, que la propia tesis en la que se apoya
para resolver le ilustra en el sentido de que en los casos de
divorcio el cónyuge inocente tiene derecho a recibir
alimentos del culpable pues esa es la finalidad, que el
cónyuge culpable sea sancionado, bajo el argumento de
que es inconstitucional el ordinal 342, citado, en lugar de
considerar una aplicación pro persona que beneficie mis
derechos humanos lo realiza al contrario, es decir, en
detrimento de mis garantías me exige que demuestre las
circunstancias que la jurisprudencia señala que no deben
de aplicarse.
Para concluir la resolución en los siguientes términos:
[Transcribe parcialmente la sentencia]
Es decir, confirma la Responsable que aún y cuando
la tesis en la que se apoya para resolver le explica que si
bien es verdad el ordinal que aduce la tesis del Estado de
Aguascalientes con su correlativo en nuestra entidad, 342
del Código Civil, resulta violatorio del principio de igualdad,
ello obedece a que se le exige al hombre como cónyuge
inocente que aspire a recibir alimentos demuestre
cuestiones que se encuentran fuera de la realidad, ya que,
no se le exigen a la mujer y no son acordes con la finalidad
del artículo que es el sancionar al cónyuge culpable de que
se haya disuelto el matrimonio.
Entonces no obstante lo anotado, decide la autoridad
responsable desatender la tesis aludida y en lugar de hacer

44 ADC 614/2012
una aplicación pro persona bajo el argumento de que la
hace, me exige cumplir con los extremos del ordinal en cita.
Demostrar lo que precisamente es fuente de la
desigualdad que aduce al hacer una interpretación que se
encuentra en demasía alejada de ser acorde con el artículo
1, de nuestra Constitución en la parte que señala: “Las
normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a
las personas la protección más amplia”. Que evidentemente
violenta en mi perjuicio ante su inexacta interpretación y
aplicación.
Entonces genera también la violación de mi derecho
adquirido en sentencia firme al señalar que la condena
relativa prevista como sanción por la ley resulta
improcedente aún y cuando tenga la calidad de cónyuge
inocente, pues, esta situación no basta, bajo la óptica de la
responsable, para condenar a mi contrario a pagar
alimentos, lo cual puede ser incluso genérico, pero es
suficiente para revocar la determinación de primer grado.
Pero ello no acaba ahí, pues lo anterior es suficiente
para sin tener facultad alguna dejar de cumplir una
sentencia firme dictada en un órgano de igual categoría.
Vulnerando con ello la Seguridad Jurídica.
Por lo que insisto en referir que no es dable la
argumentación de la magistrada que pretende a efecto de
no vulnerar el principio de igualdad exigirme mayores
requisitos para la obtención de una pensión alimenticia en
mi carácter de cónyuge inocente cuando la finalidad del
artículo es castigar al cónyuge culpable por lo que en
consecuencia en lugar de requerir mayores requisitos debe
interpretarse el artículo en el sentido de que el cónyuge

45 ADC 614/2012
inocente tendrá derecho a alimentos sin diferenciar si se
trata de la mujer o el varón.
Ante ello es evidente que la resolución se encuentra
indebidamente fundada y motivada pues en lugar de dejar
de aplicar lo que la corte determina como incorrecto y
violatorio del principio de igualdad, me exige lo cumpla,
bajo el argumento de una igualdad falaz, lo que a su vez no
es acorde con el principio pro persona.
Si el principio pro persona, tiene como finalidad acudir
a la norma más protectora y preferir la interpretación de
mayor alcance de este. Para con ello reconocer y
garantizar el ejercicio de un derecho fundamental, como es
la alimentación, exigirme mayores requisitos para que
acceda al goce de ese derecho en lugar de respetar el
principio referido lo vulnera, ya que en lugar de generar una
interpretación de mayor alcance en la cual se establezca
que el cónyuge inocente tiene derecho a recibir alimentos
del cónyuge culpable sin diferenciar si se trata de la mujer o
el varón. Lo anterior sí constituye una interpretación acorde
tanto con el principio de igualdad como con el principio pro
persona y por consecuencia respetaría el derecho conferido
en la carta magna en los artículos 1 y 4, en relación con el
ordinal 17 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y 133, de la Constitución.
Para de esta forma respetar la intención final que es la
de castigar al cónyuge culpable sin diferenciar si se trata de
la mujer o el varón pues bajo el argumento de la Magistrada
de ahora en adelante no es dable la condena a alimentos
en materia de divorcio.
En las relatadas circunstancias se encuentra
demostrado que el exigirme demostrar que me encuentro
imposibilitada para trabajar y no tener bienes propios para

46 ADC 614/2012
mi subsistencia, resulta ser violatorio del principio de
igualdad y de mi derecho a la alimentación, además claro
de mi seguridad jurídica pues la sentencia dictada en mi
favor ningún beneficio me genera con su argumento no
obstante que no he dado causa al divorcio. De ahí que
ahora en adelante con el argumento impugnado busca la
magistrada ayudar a las personas que dan causa al
divorcio alejándose de la finalidad de sancionar al cónyuge
que da causa al mismo, lo que resulta contrario a los
principios rectores de la familia que se supone busca
proteger el Estado Mexicano.
Sin que pase desapercibido la violación directa que
efectúa del tratado internacional signado por el Estado
Mexicano relativo a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, que en su protección a la familia
establece que los estados partes deben tomar medidas
apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la
adecuada equivalencia de responsabilidades de los
cónyuges en cuanto al matrimonio durante el matrimonio y
en caso de disolución del mismo.
De lo último se colige que existen derechos que
continúan entre cónyuges y que derivan de su carácter de
inocente o culpable, de ahí que la condena en alimentos
tiene su base también en la convención referida la que se
viola en mi perjuicio ante su incorrecta aplicación. En esa
tesitura, la convención contempla la posibilidad de que las
obligaciones de las personas que fueron matrimonio
subsistan algunas al concluido el vínculo que los unía. Lo
que es precisamente la tutela que realiza el ordinal 342,
luego entonces se debe modificar la interpretación que
erróneamente hace la responsable de dicho ordinal para
concluir en caso de divorcio el cónyuge inocente tienen

47 ADC 614/2012
derecho a recibir alimentos sin diferenciar si se trata de la
mujer o del varón, pues lo que busca el Código Civil, es
respetar la convención aludida para que las
responsabilidades de los cónyuges una vez disuelto el
matrimonio se cumplan.
SEGUNDO. El acto reclamado conculca en mi
perjuicio el derecho fundamental de seguridad jurídica
previsto en los artículos 14 párrafo segundo y cuarto, la
primera parte del artículo 16 y el 17 de la Carta Magna
Federal.
El párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución
estatuye que: [Lo transcribe].
En primer lugar he de decir que mi derecho para
percibir alimentos por parte de mi ex cónyuge hoy tercero
perjudicado tiene su origen en el proceso de divorcio
necesario que se tramitó ante el Juez de Partido Único del
Partido Judicial de Valle de Santiago, Guanajuato.
En el expediente **********. Una vez agotada la
secuela del procedimiento el tercero perjudicado a que he
hecho referencia resultó cónyuge culpable. Sin embargo
como no fue condenado a alimentos en primera instancia
impugné la resolución. En segunda instancia la Octava Sala
Civil en el toca **********, condenó al pago de alimentos por
encuadrar la hipótesis dentro de lo que previene el artículo
342 del Código Civil para el Estado de Guanajuato.
La resolución que condenó al tercero perjudicado al
pago de alimentos quedó firme. Así entonces el acto
jurídico de la sentencia en el proceso de divorcio deviene
de inmutable por el mandato de la autoridad jurisdiccional
en tal sentido, tal y como obra en autos y que en su
momento fue acreditado con las copias certificadas del
proceso judicial aludido.

48 ADC 614/2012
La autoridad responsable en su motivación valoró
inexactamente dichas documentales lo que la llevó a
cometer el yerro en que incurrió. Para poder dar a entender
lo anterior considero necesario decir lo siguiente:
a) El divorcio necesario se tramita en la vía ordinaria
civil y tiene las etapas [sic] la legislación establece. Una vez
resuelto el fondo del asunto salvo que se siga diverso juicio
en el que se concluya que el procedimiento sea nulo por
haber sido fraudulento, no le es dable a un Juez distinto al
de la causa revocar o modificar una resolución judicial que
ha quedado firme. En su afán de aterrizar las ideas que han
surgido de la doctrina mexicana respecto a los derechos
humanos, la autoridad responsable se desatiende de reglas
elementales que rigen el procedimiento y con esto lo único
que consigue es romper con la seguridad jurídica que tutela
la ley fundamental.
Es inconcebible el hecho que la magistrada so
pretexto que el artículo 342 es inconstitucional o inaplicable
desconozca la validez de una sentencia que tuvo su
génesis en un proceso diverso del que se sometió a su
análisis y lo anterior es apreciable a simple vista porque si
el juicio de alimentos se ventiló en la vía sumaria y el de
divorcio en la ordinaria, ese simple hecho nos indica de la
diversidad de los procesos y aún más basta con ver el
número de expediente para darnos cuenta de ello.
Si la autoridad judicial que conoció del juicio de
divorcio y alimentos resolvió el primero de ellos mediante
sentencia firme en primer lugar y posteriormente lo hizo en
relación con los alimentos cuya sentencia fue impugnada
en los términos de ley, pregunto: ¿La resolución que recae
en el juicio de alimentos puede revocar o modificar la de
divorcio?, la respuesta es que no, porque decir lo contrario

49 ADC 614/2012
es abrir la puerta legal para que todos los negocios
judiciales de divorcio necesario en que haya habido
cónyuge culpable y éste haya sido condenado al pago de
alimentos para la cónyuge inocente le bastaría con que en
un juicio de alimentos se dictara resolución y una
magistrada benevolente en efervescencia de los derechos
humanos dijera que el artículo 342 es inaplicable por ser
contrario a la Constitución y en conclusión absuelva al
cónyuge culpable.
Ello se traduce en la destrucción del principio de
legalidad porque la autoridad responsable de manera
inexacta funda y motiva el acto reclamado porque si bien da
sus razones con ellas lo que consigue es romper con el
estado de derecho porque no es posible jurídicamente
sostener que por sostener que una norma es contraria a la
Constitución esto pueda ser motivo suficiente para revocar
una resolución que quedó firme, tan no es así que la propia
Suprema Corte de Justicia de la Nación el establecer
jurisprudencia por contradicción de tesis el sentido de la
misma no afecta las resoluciones que se hubieren dictado y
que hayan sido génesis de dicha contradicción. Si la
autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite y al
respecto no existe artículo legal que autorice a revocar o
modificar una resolución judicial es obvio que se está
violando el derecho fundamental de seguridad jurídica
específicamente en lo que se refiere a la legalidad, de allí la
inexacta aplicación de la ley.
b) Los artículos 365 fracción I, 363 y 364, del Código
de Procedimientos Civiles a la letra dicen: "Causan
ejecutoria las siguientes sentencias: I. Las que no admiten
ningún recurso", "Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha
causado ejecutoria" y "La cosa juzgada es la verdad legal y

50 ADC 614/2012
contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase,
salvo los casos expresamente determinados por la ley".
Antes de continuar con mi argumentación he de decir
que tratándose de alimentos no es aplicable en estricto
sentido la cosa juzgada, sin embargo en sentido amplio sí
es así si se analiza la figura anterior en los términos a que
alude la última parte del artículo 363 cuando dice "salvo los
casos expresamente determinados por la ley...", pero en el
caso en particular por eso utilizó el concepto compuesto
sentencia firme y estoy de acuerdo en que puede
modificarse pero únicamente cuando la ley así lo establece
lo que no ocurre en la especie.
Si una resolución firme sólo puede revocarse o
modificarse si y sólo si la ley lo establece es obvio que en
ausencia de norma jurídica lo anterior sea jurídicamente
imposible. El hecho que el artículo 342 supuestamente sea
inconstitucional bajo ningún aspecto autoriza a la autoridad
responsable para desconocer los límites objetivos y
subjetivos de la cosa juzgada.
En las relatadas circunstancias es que solicito se me
conceda la protección de la Justicia Federal en contra del
acto reclamado de la Magistrada que integra la Cuarta Sala
Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Pues
no es dable que revoque la sentencia de primer grado con
el argumento de que se viola el principio de igualdad entre
hombre y mujer y por consecuencia, se aleje de la finalidad
del ordinal 342 en relación con el 356, ambos del Código
Civil de Guanajuato, la que consiste en sancionar al
cónyuge culpable que generó el divorcio.
En consecuencia de lo anotado es que solicito la
protección de la Justicia Federal a efecto de que se me
ampare en contra de los actos señalados…”.

51 ADC 614/2012
SEXTO. Los conceptos de violación son
esencialmente fundados.
Como antecedentes del caso, hay que señalar que la
quejosa fue demandada en la vía civil en la acción de
divorcio necesario, con base en la causa prevista en la
fracción XVIII del artículo 323 del Código Civil para el
Estado de Guanajuato, esto es, la separación de los
cónyuges por más de dos años. Ella, a su vez, reconvino
por la diversa VIII, que prevé la separación del hogar
conyugal por más de seis meses sin causa justificada. El
juicio, que se radicó con el número **********en el Juzgado
Civil de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, fue
resuelto en el sentido de declarar improcedente la acción
del actor y decretar el divorcio por haberse actualizado la
causa expresada por la hoy inconforme. En el toca de
apelación **********, la Sala modificó la de primer grado,
para condenar al cónyuge culpable a pagarle a ésta
alimentos, los cuales se cuantificarían en ejecución de
sentencia. Esta última resolución causó ejecutoria el
veintiuno de septiembre de dos mil once, según se ve en la
copia del auto relativo (hoja 110 del expediente del juicio de
origen).
Por lo que hace al acto reclamado, deriva del juicio
sumario civil **********, del índice del juzgado en cita, sobre
pago de pensión alimenticia, que la aquí quejosa promovió
contra el tercero perjudicado.
Luego, de acuerdo con el juicio de divorcio, existe una
decisión judicial firme que condena al cónyuge culpable a

52 ADC 614/2012
pagar a alimentos a la actora reconvencional, aquí quejosa.
Condena que encuentra sustento en los dispositivos legales
356 y 342 del Código Civil local, que dicen:
“Artículo 356. Los cónyuges deben darse
alimentos. La ley determinará cuando queda
subsistente esta obligación en los casos de divorcio y
en los otros que la misma ley señale.”
“Artículo 342. En los casos de divorcio, la mujer
inocente tendrá derecho a alimentos mientras no
contraiga nuevas nupcias y viva honestamente. El
marido inocente sólo tendrá derecho a alimentos
cuando esté imposibilitado para trabajar y no tenga
bienes propios para subsistir. Además, cuando por el
divorcio se originen daños y perjuicios a los intereses
del cónyuge inocente, el culpable responderá de ellos
como autor de un hecho ilícito.
En el divorcio por mutuo consentimiento, salvo
pacto en contrario, los cónyuges no tienen derecho a
pensión alimenticia, ni a la indemnización que
concede este artículo.”
Se advierte que la ley establece que puede haber
casos en los cuales subsista la obligación de alimentos en
el caso de divorcio (dado que originalmente esa obligación
deriva del matrimonio), y que uno de ellos es cuando existe
un cónyuge culpable, pues cuando no lo hay, como en el
divorcio por mutuo consentimiento, no existe el derecho a
recibirlos.
En la especie, al haber una sentencia firme que

53 ADC 614/2012
decretó el divorcio atendiendo a la causa alegada por la
mujer, esto es, por el abandono del hogar conyugal por el
marido durante más de seis meses sin causa justificada,
existe un cónyuge culpable que debe darle alimentos a la
esposa inocente. A eso se redujo la sentencia de la Cuarta
Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Guanajuato, dictada en el toca de apelación **********.
No obstante, en la resolución que constituye el acto
reclamado —sentencia en el toca de apelación **********—,
derivada de la impugnación contra la diversa dictada en el
juicio sumario civil en ejercicio de la acción de pago de
pensión alimenticia definitiva **********, del índice del propio
Juzgado Único Civil de Partido de Valle de Santiago,
Guanajuato, la autoridad responsable, aduciendo ejercicio
de las facultades que le otorgan a los jueces del país las
reformas constitucionales en materia de derechos humanos
de diez de junio de dos mil once, así como las
jurisprudencias que cita de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, determinó no aplicar el numeral 342 del código
sustantivo de la entidad, en la parte que releva a la mujer
inocente de probar que está imposibilitada para trabajar y
que no tiene bienes propios para subsistir, y absolvió al
apelante del pago de alimentos, pues estimó el citado
precepto contradictorio del principio de igualdad y de no
discriminación entre el hombre y la mujer que postulan los
diversos 1º y 4º de la Constitución Federal. Asimismo, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su
numeral 24, que dice:
“Artículo 24. Igualdad ante la Ley
Todas las personas son iguales ante la ley. En

54 ADC 614/2012
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a
igual protección de la ley.”
Esa determinación es violatoria de garantías por las
razones que expone la quejosa en sus conceptos de
violación. En principio, como lo señala, el acto reclamado
ignora la resolución firme de una diversa Sala del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado, esto es, la dictada en el
toca **********, y con ello el principio de seguridad jurídica
que también está constitucionalmente protegido en los
artículos 14 y 16 de la Carta Magna. El control de
constitucional o de convencionalidad ex officio practicado
por la responsable no puede dar lugar a ignorar los demás
derechos de las partes o a minimizarlos, pues como dice el
texto de una de las jurisprudencias que cita la Sala: “…la
persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse
a costa de una afectación innecesaria o desmedida de
otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.”
Pues bien, en primer lugar, al dejar de aplicar el
precepto 342 de la legislación civil de la entidad, en la parte
que precisa el tribunal de apelación, soslaya que existe una
sentencia firme que condena al cónyuge culpable al pago
de alimentos, liberándolo así de una sanción judicialmente
determinada y que deriva de un precepto que sí resiste un
análisis a la luz del derecho de igualdad que prevén tanto la
Constitución Federal como los tratados internacionales en
los que México es parte, pues pueden ser objeto de
alimentos tanto el hombre como la mujer, sin distinción, si
resultan inocentes en un caso de divorcio necesario.
Así lo determina la propia responsable en la sentencia

eclamada, donde afirma que:
55 ADC 614/2012
“…debe analizarse la procedencia de la
reclamación tomando en cuenta que el cónyuge
inocente tiene derecho a recibir alimentos de su
contraria, por así prevenirlo el artículo 342 del Código
Civil, por tratarse de una sanción general para los
casos de divorcio y proteger al cónyuge considerado
inocente, sin diferenciar en este punto si se trata de la
mujer o el varón.
No obstante, debe declarase como inaplicable
aquélla parte del artículo en cuestión que releva a la
mujer de la carga de probar que se encuentra
imposibilitada para trabajar, que tiene incapacidad
física o mental que le impida trabajar y que carece de
bienes propios para subsistir, porque si de tales
extremos no se exenta al hombre que detenta la
calidad de cónyuge inocente, es claro que la
aplicación de ese aspecto del artículo en cita
implicaría contravenir la garantía de igualdad del
gobernado frente a la ley, por tanto lo estatuido en la
Constitución Federal y la Convención de referencia.”
Sin embargo, aun reconociendo que el cónyuge
inocente tiene derecho a recibir alimentos de su contrario,
por tratarse de una sanción general para los casos de
divorcio, sin diferenciar en este punto si se trata de la mujer
o el varón, la Sala absuelve al demandado de esa carga.
De ahí que sea fundado el concepto de violación
donde se indica que la resolución reclamada tuvo por
consecuencia que se favoreciera al cónyuge culpable y se

56 ADC 614/2012
ignorara la condena que ya había obtenido el inocente,
afectando así el principio de igualdad que la responsable
pretendía proteger.
Hay que tener en cuenta, además, que esa igualdad
en el caso de las obligaciones después del divorcio, está
respaldada, como lo apunta la quejosa, por la propia
Convención Americana sobre los Derechos Humanos, cuyo
artículo 17 establece que “Los Estados Partes deben tomar
medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos
y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los
cónyuges en cuanto al matrimonio durante el matrimonio y
en caso de disolución del mismo”.
En ese contexto, la Sala hizo lo correcto al interpretar
el artículo 342 en cuestión como contradictorio del principio
de igualdad, pero no al imponer a la quejosa las
condiciones que le exige el precepto al marido inocente,
pues con ello no hizo sino maximizar los intereses del
hombre culpable y sacrificó los de la actora inocente.
En efecto, este órgano jurisdiccional considera que el
citado precepto 342 es contradictorio del principio de
igualdad, no ciertamente en cuanto a que dispone que el
cónyuge inocente, sea mujer u hombre, tiene derecho a
recibir alimentos, sino al establecer parámetros diversos en
atención al género en la misma hipótesis. Así, en el primer
caso, impone que la mujer no haya contraído nuevas
nupcias y que viva honestamente, pero sólo para que
continúe la pensión, no para otorgarla; en cambio, para el
otorgamiento a su favor, el hombre debe probar que esté
imposibilitado para trabajar y no tenga bienes propios para

subsistir.
57 ADC 614/2012
Esa diferenciación sí pugna con el contenido de los
numerales 1º y 4º, primer párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dicen:
“Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos
todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con esta Constitución y
con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados
Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo
hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada

58 ADC 614/2012
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las
personas.”
“Artículo 4o.- El varón y la mujer son iguales ante
la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo
de la familia.”
Como se ve, la Constitución Federal establece que
todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, que las
normas relativas a los derechos humanos se interpretarán
de conformidad con el propio pacto fundamental y con los
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia, lo que no
es sino la formulación del principio pro persona.
Pues bien, como se vio, el precepto 342 de la
legislación civil local impone requisitos o condiciones
diversos según el género, para acceder o continuar con los
alimentos en caso de ser cónyuge inocente en un divorcio
necesario, pero esa diferencia no está justificada, como lo
señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la
tesis derivada del amparo directo en revisión 949/2006
(citada por la Sala), en el que analizó el contenido del
artículo 310 del Código Civil del Estado de Aguascalientes,
de contenido idéntico al del citado al inicio de este párrafo.

59 ADC 614/2012
En la ejecutoria de la que derivó la tesis que en ese
asunto se redactó, de rubro: “PENSIÓN ALIMENTICIA EN CASO
DE DIVORCIO NECESARIO. EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO CIVIL
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE LA PREVÉ, VIOLA LA
GARANTÍA DE IGUALDAD CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 4º, PRIMER
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”, se expuso lo
siguiente:
“Como se estableció precedentemente, en los
casos de divorcio necesario, teniendo los alimentos
decretados a favor de la mujer inocente, el carácter de
una sanción para el marido culpable, de acuerdo con
los citados numerales, tal derecho se genera por la
sola circunstancia de que la mujer resultó inocente en
el divorcio; por tanto, cuando el indicado párrafo
señala “mientras no contraiga nuevas nupcias y viva
honestamente”, con ello el legislador sólo estableció
aquellas condicionantes que tienen que observarse
para no perder ese derecho y seguir disfrutándolo; es
decir, quiso significar que la pensión alimenticia una
vez decretada a favor de la mujer inocente en el
divorcio, puede perderse, cuando ésta no viva
honestamente o contraiga nuevas nupcias; sin que
tales condicionantes constituyan la razón para el
otorgamiento de tal derecho.
[...]
Advertimos entonces que, para que la mujer
inocente tenga derecho a alimentos, no requiere
necesariamente que tenga o no bienes para subsistir
o que se encuentre imposibilitada para trabajar;
simplemente que resulte inocente en el divorcio, toda

60 ADC 614/2012
vez que, se insiste, en estos casos la razón de ser de
los alimentos que como obligación se impone al
cónyuge culpable, constituye una sanción.
En tanto, la segunda parte del párrafo citado del
artículo 310, previene que en los casos de divorcio, el
marido inocente sólo tendrá derecho a alimentos
cuando esté imposibilitado para trabajar y no
tenga bienes propios para subsistir.
Apréciase en este caso, que ya no se presenta
esa equiparación absoluta ante la Ley entre la mujer y
el hombre, en el divorcio.
En efecto, por lo que hace a los alimentos de la
mujer, se decretaría por el solo hecho de resultar
inocente en el divorcio, aun cuando ésta tenga bienes
y esté en condiciones de trabajar y, como quedó
establecido, cuando la norma refiere: “mientras no
contraiga nuevas nupcias y viva honestamente”, con
ello el legislador aludió a aquellas condiciones que
tienen que observarse para que la mujer no pierda
ese derecho, lo cual dependerá de la actitud o de la
conducta que asuma ésta una vez disuelto el vínculo
matrimonial; derecho que, de proponérselo la mujer
inocente, puede tornarse vitalicio.
[...]
Desde esta óptica, apreciamos que la pensión
alimenticia que en estos casos se decreta a favor de
la cónyuge inocente en el divorcio y que corre a cargo
del marido culpable, reviste el carácter de una
verdadera compensación indemnizatoria, que se
otorga a la mujer por el tiempo en que duró el
matrimonio, y como consecuencia de que su

61 ADC 614/2012
disolución no fue causada por ella, sino por el marido
declarado culpable.
En cambio, por lo que se refiere a los alimentos
del marido inocente, sólo en el caso de que
carezca de bienes propios para subsistir o esté
imposibilitado para trabajar, la mujer culpable
tendrá la obligación de proporcionarle esos alimentos.
En principio, se percibe de tal prevención, que el
varón en el divorcio no tiene derecho a percibir
alimentos; puesto que, para obtenerlos a
consecuencia de la disolución del matrimonio, no es
suficiente que el marido hubiere resultado inocente,
sino que debe acreditar cualquiera de las dos
circunstancias referidas, a saber, que carezca de
bienes propios para subsistir o esté imposibilitado
para trabajar, como si se tratara de una necesidad
alimentaria derivada del matrimonio, no obstante que,
como se estableció, la razón de ser del pago de
alimentos tratándose del divorcio necesario, es una
sanción o pena que se impone forzosamente al
cónyuge culpable de la disolución del vínculo
matrimonial.
En este aspecto, ya no se presenta esa
equiparación absoluta que existe en el matrimonio,
entre la mujer y el hombre, porque el tratamiento que
se da en la norma impugnada es distinto.”
[...]
En este sentido, si la ley parte de una absoluta
equiparación entre los cónyuges, en orden a la
capacidad jurídica y a la aptitud para la vida, para
el trabajo, no debería hacer esta distinción.

62 ADC 614/2012
Lo anterior es así, porque si durante el
matrimonio ambos cónyuges tienen el deber recíproco
de darse alimento, de ayuda mutua según sus
necesidades y de acuerdo con sus posibilidades, en
el caso de divorcio, como se sanciona al cónyuge
culpable por un hecho que le es directamente
imputable y, dado que ya no prestará ese auxilio
económico al otro cónyuge, no habrá razón para
distinguir entre la mujer y el marido, pues no es en
función de la necesidad de los alimentos, sino por
una pena que se impone al cónyuge culpable, por
haber dado causa a la disolución del matrimonio.
[...]
Sentado lo anterior, esta Primera Sala estima
que el artículo 310 del Código Civil del Estado de
Aguascalientes resulta violatorio de la garantía de
igualdad que consagra el artículo 4º, primer párrafo,
de la Constitución General de la República, pues la
previsión que contempla en relación con los cónyuges
que tienen derecho a percibir alimentos con motivo de
la disolución del vínculo matrimonial, implica un trato
desigual entre los iguales.
El precepto impugnado, literalmente establece:
“Artículo 310.- En los casos de divorcio, la
mujer inocente tendrá derecho a alimentos
mientras no contraiga nuevas nupcias y viva
honestamente. El marido inocente sólo tendrá
derecho a alimentos cuando esté imposibilitado
para trabajar y no tenga bienes propios para
subsistir. Además, cuando por el divorcio se
originen daños o perjuicios a los intereses del

63 ADC 614/2012
cónyuge inocente, el culpable responderá de ellos
como autor de un hecho ilícito.
En el divorcio por mutuo consentimiento,
salvo pacto en contrario, los cónyuges no tienen
derecho a pensión alimenticia, ni a la
indemnización que concede este artículo”.
Dicha prevención legal establece un trato distinto
entre el varón y la mujer en relación al derecho de
percibir alimentos en los casos de divorcio, a pesar de
que la ley parte de una absoluta equiparación entre
los cónyuges, en orden a la capacidad jurídica, y a la
aptitud para la vida y para el trabajo.
[...]
No obstante, la norma impugnada evidencia ese
tratamiento distinto por razón de sexo, porque en los
casos de divorcio necesario teniendo los alimentos
decretados a favor de la mujer inocente, el carácter de
una sanción para el marido culpable, tal derecho se
genera con la sola circunstancia de que aquélla
resulte inocente en el divorcio, sin que sea necesario
que acredite que tenga o no bienes para subsistir o
que esté o no en condiciones para trabajar.
Incluso, el que la norma señale “mientras no
contraiga nuevas nupcias y viva honestamente”, con
ello el legislador sólo se refirió a aquellas
condicionantes que tienen que observarse por parte
de la mujer inocente en el divorcio para no perder ese
derecho alimentario y seguir disfrutándolo, lo que
implica que puede tornarse vitalicio, pero que no
incide en el otorgamiento de la pensión relativa.
En esta medida la pensión alimenticia así
decretada a favor de la mujer inocente en el divorcio,

64 ADC 614/2012
reviste el carácter de una verdadera compensación
indemnizatoria, que se otorga a la mujer por el tiempo
en que duró el matrimonio, y como consecuencia de
que su disolución no fue causada por ella, sino por el
marido declarado culpable.
Sin embargo, no acontece lo mismo en el caso
del marido inocente, porque el legislador respecto de
éste lo trata de manera distinta a la mujer inocente,
sin justificar razonablemente esa distinción por
cuestión de sexo.
Aquél para obtener una pensión alimenticia a
consecuencia del divorcio, no es suficiente que
hubiere resultado inocente, sino que tiene que
acreditar su necesidad alimentaria, como si se tratara
de un derecho que deriva del matrimonio, a saber,
que carece de bienes propios para subsistir o que
esté imposibilitado para trabajar; con lo cual, ya no se
está cumpliendo con la finalidad perseguida en estos
casos, de sancionar a la mujer que resultó culpable en
el divorcio.
Ya expresamos que ante la ley, el hombre y la
mujer son iguales; sin embargo, la norma trata de
forma distinta situaciones iguales y crea sin
fundamento, un supuesto diferente, lo que supone una
violación al principio de igualdad ante la ley; es decir,
en este caso, el legislador introduce una distinción no
razonable o, mejor dicho, realiza una distinción no
justificable.
Se insiste, tal distinción legislativa no obedece a
una finalidad objetiva, porque el legislador introduce
tratos desiguales de manera arbitraria, no obstante
que el artículo 4º, constitucional proclama en la

65 ADC 614/2012
primera parte de su primer párrafo, la igualdad entre el
varón y la mujer ante la ley.
[...]
Por tanto, se evidencia por parte del legislador,
un tratamiento desproporcional, en la medida de que
al marido inocente para obtener esa pensión
alimenticia requiere de acreditar las dos
circunstancias antes apuntadas y, en el caso de la
mujer inocente, no tiene que acreditar nada, sino
simplemente por el hecho de resultar inocente en el
divorcio ya tiene derecho a percibir alimentos, aun
cuando posea bienes y esté en condiciones físicas
para trabajar, con lo cual se infringe la garantía de
igualdad jurídica entre el hombre y la mujer.
Incluso, para el caso de la mujer inocente la
pensión alimenticia que se decreta a su favor a
consecuencia del divorcio, constituye una verdadera
compensación indemnizatoria que se le otorga
simplemente por no haber dado causa al divorcio; en
tanto, para el marido inocente, para la obtención de
dicha pensión tiene que demostrar una necesidad
alimentaria, que no se exige a la mujer, a pesar de
que ésta resultó culpable; de ahí su
desproporcionalidad.
Lo anterior es así, porque al proclamar el artículo
4º, constitucional, la igualdad entre el hombre y la
mujer, lo que está haciendo en realidad es establecer
una prohibición para el legislador de discriminar por
razón de género: frente a la ley, el hombre y la mujer
deben ser tratados por igual.
Esto es, con tal disposición se enfatiza la
prohibición general de discriminación establecida en el

66 ADC 614/2012
tercer párrafo del artículo 1º, de la propia Carta Magna
cuando señala que queda prohibida la discriminación
motivada por razón de género.”
No pasa inadvertido que el criterio que sostuvo la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el asunto cuyas
consideraciones se reprodujeron parcialmente, tomó en
consideración los preceptos de la Constitución Federal
vigentes con anterioridad a la reforma de junio diez de dos
mil once, sin embargo, se siguen los razonamientos del Alto
Tribunal en la medida en que la prohibición de la
discriminación por razón de género y la igualdad entre el
hombre y la mujer subsisten, ampliados, en los artículos 1º
y 4º de la Constitución Política del país.
En ese contexto, este tribunal determina que, en
efecto, el artículo 342 de la normatividad civil del Estado de
Guanajuato atenta contra el principio de no discriminación
por cuestión de género que protege la Constitución Federal
como un derecho humano, así como la igualdad entre el
hombre y la mujer que también acogen diversos tratados
internacionales en los que México es parte, como la
Convención Americana de los Derechos Humanos,
específicamente en sus dispositivos 17.4 y 24, de este
contenido:
“Artículo 17. Protección a la Familia.
[…]
4. Los Estados Partes deben tomar medidas
apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la
adecuada equivalencia de responsabilidades de los
cónyuges en cuanto al matrimonio durante el

67 ADC 614/2012
matrimonio y en caso de disolución del mismo. En
caso de disolución, se adoptarán disposiciones que
aseguren la protección necesaria a los hijos sobre la
base única del interés y conveniencia de ellos.”
“Artículo 24. Igualdad ante la Ley
Todas las personas son iguales ante la ley. En
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a
igual protección de la ley.”
De igual manera, el diverso numeral 23 del Pacto
Internacional de derechos civiles y políticos, de contenido
similar al anterior.
No obstante, la inaplicación del precepto 342 del
Código Civil local por la responsable encuentra serios
obstáculos para su aprobación, como ya se adelantó, pues
al hacerlo, evita que la quejosa reciba los alimentos a que
ya fue condenado su contraparte en resolución firme al
imponerle cargas que no tenía originalmente, exonerando a
éste de una sanción por ser culpable del divorcio, lo que se
traduce en una contravención al principio de igualdad
porque la ley local establece que el derecho a recibirlos
recae tanto en el hombre como en la mujer, por el solo
hecho de que resulten cónyuge inocente.
Pero además, implica una contravención al principio
pro persona que recoge el artículo 1º constitucional, pues
no hace una interpretación que favorezca de una manera
más amplia a las partes, dado que soslaya el derecho de la
mujer a recibir los alimentos, y favorece únicamente al

68 ADC 614/2012
cónyuge culpable, como lo apunta acertadamente la
promovente.
Por otra parte, la Sala considera que:
“...debe declarase como inaplicable aquella
cuestión que releva a la mujer de la carga de probar
que se encuentra imposibilitada para trabajar, que
tiene incapacidad física o mental que le impida
trabajar y que carece de bienes propios para subsistir,
porque si de tales extremos no se exenta al hombre
que detenta la calidad de cónyuge inocente, es claro
que la aplicación de ese aspecto del artículo en cita
implicaría contravenir la garantía de igualdad del
gobernado frente a la ley, por tanto lo estatuido en la
Constitución Federal y la Convención de referencia…”
Al respecto, tiene razón la quejosa al inconformarse
con el acto reclamado en la parte en la que asume que si
no se exenta al hombre en su carácter de cónyuge inocente
de probar los requisitos señalados en el ordinal 342, para la
obtención de alimentos, no debe entonces, exentarse a la
mujer de demostrarlos. Ello dado que si la condena a
alimentos es una sanción que se genera para el cónyuge
culpable, debe entonces entenderse que la aplicación que
más favorece es aquella que no considera los
condicionamientos que establece ese numeral para
conceder alimentos al inocente según se trate del hombre o
de la mujer o que elimina por inconstitucional el tratamiento
al varón, como lo señala la quejosa en sus conceptos de
violación. Lo que a juicio de este tribunal es correcto, pues
no es la porción normativa que considera al hombre y a la

69 ADC 614/2012
mujer como beneficiarios de ese derecho por ser cónyuges
inocentes la que se contrapone con los derechos humanos
a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo,
sino la que fija los requisitos al primero, de encontrarse
imposibilitado para trabajar y que no tiene bienes
suficientes para subsistir y no se los impone a la mujer que
no dio causa al divorcio.
No hay que perder de vista que, como lo indica la
quejosa, el Máximo Tribunal ya estableció para el caso de
un precepto idéntico al que se analiza, que las condiciones
impuestas al hombre inocente son incorrectas, pues
evaden el objetivo de la norma, que es precisamente
sancionar al cónyuge por el hecho de ser culpable, con
independencia de su género.
De ahí que sea fundado el concepto de violación que,
además de hacer notar las apuntadas deficiencias de la
sentencia reclamada, sostiene que la responsable debió
entender que precisamente las condiciones que se le
exigen al hombre no deben ser consideradas en relación
con la quejosa, pues se incumpliría la finalidad que
persigue el legislador de sancionar al cónyuge culpable de
divorcio, de modo que la interpretación que debió darle al
ordinal 342 del código civil local era señalar que esas
distinciones no se deben tener en cuenta y, por
consecuencia, se debe sancionar al culpable del divorcio
con independencia de que el inocente sea hombre o mujer.
Esto es, como también lo alega la quejosa, el respeto al
principio de igualdad no es, como lo determinó la Sala, que
se apliquen a la mujer inocente las condiciones que dicho

70 ADC 614/2012
artículo le impone al hombre, pues ya se estableció que no
son correctas, sino que no se apliquen ni a uno ni al otro.
Asimismo, no hay que dejar de ver que en la especie,
el cónyuge inocente no es el hombre, caso en el cual se
pudiera interpretar el artículo cuestionado de la manera
más favorable y desaplicarlo en la porción en la que lo
condiciona a que no tenga posibilidad de trabajar y que no
tenga bienes propios para subsistir. En palabras de la
quejosa, no es al apelante al que habría que proteger, pues
él es el cónyuge culpable. Antes bien, la afectada con la
resolución del tribunal de apelación es la mujer inocente, y
es ella quien resiente esa decisión porque aun con una
sentencia firme previa que le resultó benéfica al condenar a
su exesposo a darle alimentos, se le impide recibirlos
porque se le exige que pruebe condiciones que pugnan
contra el derecho de recibir alimentos por el cónyuge
inocente, afectando con ello no solamente el derecho a
gozar de ese derecho, sino contraviniendo el diverso de
seguridad jurídica, como ya se dijo, y la interpretación pro
persona.
Luego, este Tribunal federal considera que si bien el
artículo 342 del Código Civil para el Estado de Guanajuato
contraviene el derecho de igualdad entre el hombre y la
mujer y el de no discriminación por razón de género,
previstos en la Constitución Federal en sus numerales 1º y
4º, y en las convenciones a las que se hizo referencia, de
ello no se sigue que, en el caso a estudio, deba
desaplicarse en la parte que, según la responsable, releva
a la quejosa de probar estar imposibilitada para trabajar y
no tener bienes propios para subsistir, de modo que en este

71 ADC 614/2012
caso, no pueden imponerse a la quejosa esas condiciones,
pues son éstas, precisamente, en las cuales la Suprema
Corte de Justicia se basó para estimar inconstitucional el
artículo 310 del Código Civil de Aguascalientes, de
contenido idéntico al 342 de la legislación de Guanajuato
que se analiza, dado que aquél, aun siendo inocente, tiene
que acreditar su necesidad alimentaria y no así la mujer.
Consecuentemente, considerando que en la especie
es la mujer inocente la que acude al amparo y que sus
argumentos han sido esencialmente fundados, la
interpretación pro persona conduce a este órgano
colegiado a determinar que los efectos de la concesión no
pueden implicar que se le exija la demostración de estar
imposibilitada para trabajar y no tener bienes propios para
subsistir, como se le impone al hombre inocente, pues
hacerlo maximiza los intereses del apelante, a pesar de ser
culpable del divorcio, y sacrifica los de ella, aun cuando no
dio pie a la disolución del vínculo. Por ello, en este caso se
debe obligar al apelante a dar alimentos a su contraparte
(lo que ya había sido determinado por diversa Sala Civil) en
tanto lleve ésta una vida honesta y no se vuelva a casar.
Esto es, al no estar cuestionado el derecho del
cónyuge inocente de recibir alimentos y tener la quejosa tal
carácter, la diferenciación injustificada que hace el artículo
342 de la normativa civil de la entidad no afecta al marido
culpable, caso en el cual, de haber acudido él al amparo,
cuando hubiera sido declarado cónyuge inocente con
derecho a alimentos, sí habría que desaplicar la porción
normativa que le impone probar estar imposibilitado para
trabajar y no tener bienes para subsistir. Pero en el caso,

72 ADC 614/2012
se repite, imponerle esas cargas a la mujer inocente
transgrede el principio de igualdad y el derecho de
seguridad jurídica, porque se le exige probar lo que no
debe, pues son esas cargas las que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación estima que son, igualmente, motivo de
una discriminación de género.
Por eso, en el presente asunto no es necesario
desaplicar el artículo en cita, dado que la discriminación
que contiene afectaría en todo caso al hombre inocente que
debe probar los mencionados extremos, pero en la especie
el marido divorciado resultó culpable, y por esa sola razón
la quejosa tiene derecho a los alimentos.
En tales condiciones, procede conceder el amparo
solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable
deje insubistente la sentencia reclamada, y en su lugar
dicte otra en la que no desaplique el artículo 342 del Código
Civil para el Estado de Guanajuato, tenga en cuenta que el
derecho de la quejosa a recibir alimentos ya está
determinado por una sentencia firme previa, y con plenitud
de jurisdicción resuelva la litis de apelación con base en los
agravios planteados.
Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 76 y 77
de la Ley de Amparo, 34 y 35 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a
**********, contra el acto que reclamó de la Magistrada de la
Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado de Guanajuato, consistente en la sentencia dictada

73 ADC 614/2012
el veintitrés de abril de dos mil doce, en el toca de
apelación **********. El amparo se concede para los efectos
precisados en la parte final del último considerando de este
fallo.
Anótese en el libro de gobierno correspondiente;
déjese copia certificada de la presente ejecutoria para que
obre en este Tribunal y, con una más vuelvan los autos a la
Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de
la Tercera Región, para los efectos legales conducentes; al
que también deberá remitirse la resolución mediante correo
electrónico.**********
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado de Circuito
del Centro Auxiliar de la Tercera Región, por unanimidad de
votos de los Magistrados, Presidente Gilberto Díaz Ortiz,
Francisco Martínez Hernández y José Guillermo Zárate
Granados, siendo ponente el tercero de los nombrados,
quienes firman ante la Secretaria de Acuerdos, Licenciada
Marisol Estrada Orantes que da fe.
G. Díaz O. firmado.- F. Martínez H. firmado.- J G. Zárate G.
firmado.
'En términos de lo previsto en los artículos 13, 14
y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, en esta versión
pública se suprime la información considerada
legalmente como reservada o confidencial que
encuadra en esos supuestos normativos'.