LOS NUEVOS ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN EN ... - ecsa chile

LOS NUEVOS ESQUEMAS
DE INTEGRACIÓN EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE
M. Cristina Silva P. *
Hablar de integración regional en América Latina y el Caribe remite frecuentemente a
juicios negativos y evaluaciones poco auspiciosas. Se trata de una dinámica que
generalmente es analizada con lentes ajenos, y donde se ha instalado el discurso del
escepticismo.
Sin embargo, si nos alejamos de los dogmas de la integración clásica y nos
aproximamos a la perspectiva de los resultados obtenidos, probablemente la opinión
sobre la integración latinoamericana y caribeña sería más positiva. Y esto es posible de
apreciar con más fuerza en las últimas dos décadas, especialmente en la integración del
siglo XXI, donde se han intensificado y fructificado estos procesos, y se han
emprendido búsquedas propias, más alejadas de los parámetros tradicionales replicados
del modelo de integración europeo.
En efecto, la multidimensionalidad emprendida con la corriente neo-regionalista de los
90 y luego la proliferación de mecanismos de principios del siglo XXI –duramente
juzgada, por cierto–, se ha traducido en un momento de impulso en el tratamiento
colectivo de las prioridades regionales y subregionales.
Aún más, el solo reconocimiento y establecimiento de consensos en torno a las
prioridades latinoamericanas y caribeñas, o bien de sus subregiones, constituye ya un
avance sin precedentes en el camino de la construcción de un proyecto regional común.
Por tanto, este artículo propone recrear la mirada sobre la forma que el concepto de
integración regional ha ido tomando en América Latina y el Caribe, centrándose en las
últimas iniciativas, que han ido acompañando e impulsando la nueva y revalorada
posición de América Latina y el Caribe en el escenario internacional.
Constataciones básicas
Un primer y necesario cuestionamiento debe hacerse respecto a la transferencia directa
del modelo de integración europeo en el proceso latinoamericano y caribeño, ejemplo
que frecuentemente se toma como parámetro y justificativo para evaluar fallidamente la
integración latinoamericana y caribeña.
Claramente, cada una de estas regiones inicia sus procesos de integración desde razones
distintas y en contextos diferentes, por lo que difícilmente puede esperarse una
expresión similar de la forma y contenido de la integración. En nuestra región no
tuvimos la motivación forzada de la guerra para buscar indefectiblemente la integración
como garantía de paz. No hemos tenido que aunar sectores estratégicos para evitar
confrontaciones. Tampoco contamos en el último siglo con personalidades que hayan
liderado carismáticamente la decisión de integrarnos.
* Presidenta de la Asociación Chilena de Estudios Europeos y Regionales, ECSA-­‐Chile.

Por tanto, una primera constatación es que la integración no se inocula, no es un bien
exportable, sino un camino propio, que se recorre de acuerdo a intereses y contextos
particulares.
Esta distinción lleva necesariamente a respetar y valorar separadamente tanto los 60
años del proceso europeo como las distintas búsquedas latinoamericanas y caribeñas.
Entendiéndolo así, no resulta razonable descartar el proceso latinoamericano y caribeño
por el hecho de que no se ha seguido el mismo orden europeo, la progresión lógica
desde lo económico hacia lo político.
Tampoco resultaría apropiado medir el valor de la integración latinoamericana y
caribeña a partir de la concurrencia de ciertas condiciones como la cesión de soberanía o
la necesidad de juridicidad o de compromisos vinculantes. Si bien en América Latina y
el Caribe estos requisitos son incipientes o inexistentes, se han establecido otras formas
de avanzar en la coexistencia.
Igualmente, hay que notar que estas condiciones de la integración tampoco están
plenamente desarrolladas o ejercidas en Europa. La integración europea no es
homogénea ni estática. Así, una parte de los temas responden a una autoridad común y
otros siguen siendo atribución de los Estados. Asimismo, los acuerdos se expresan en
distintos instrumentos, que no solo se remiten a imponer obligaciones, sino que en
muchos casos se manifiestan simplemente en recomendaciones. Igualmente, la
juridicidad en la UE ha ido avanzando a través de una serie de reformulaciones de
tratados, dando cuenta de la necesidad de adaptación a nuevas formas de
funcionamiento.
La integración latinoamericana y caribeña claramente ha corrido otros carriles y ha
asumido otras expresiones. Y esto se aprecia hoy con más claridad que a fines del siglo
pasado, donde los nuevos mecanismos nos llevan a ensayar nuevas clasificaciones.
Así, actualmente la integración puede ser caracterizada de acuerdo a sus objetivos más
relevantes, que pueden ser políticos, geoestratégicos, sectoriales, ideológicos u otros.
Ahora, la noción geográfica es trascendida en función de las prioridades de los grupos
de países convocados. Y el pragmatismo y funcionalidad ha llevado, en muchos casos, a
crear organismos que no pueden ser encajados en el concepto puro de integración, en el
sentido que no generan, por ejemplo, instituciones centrales ni delegación de
soberanías, pero son tan fuertes en su accionar que muchas veces arrojan más resultados
que los modelos clásicos.
Por tanto, para efectos del desarrollo de un corpus latinoamericano y caribeño, la
importancia de cada iniciativa debe ser valorada básicamente por sus niveles de
efectividad más que por la replica fiel de un determinado modelo.
Los nuevos enfoques de los años 90
Habiendo establecido las disquisiciones anteriores, revisemos la particular evolución de
la integración latinoamericana y caribeña de los últimos 20 años, donde se aprecia un
cambio de paradigma que determina el surgimiento de nuevos mecanismos de
integración latinoamericanos y caribeños. Esto tiene su punto más alto de expresión en

2011, con la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños,
CELAC, el primer organismo exclusivo y enteramente representativo de los 33 países
de la región. Sin duda, un hecho histórico. Para muchos, una aspiración ambicionada
por más de dos siglos...
Durante los años 90, los organismos tradicionales de la segunda mitad del siglo XX,
como el Pacto Andino, el Mercado Común Centroamericano o la Comunidad del Caribe
emprendieron una profundización de sus procesos, como parte de un «nuevo
regionalismo», que pretendía economías más abiertas y más competitivas, atendiendo al
mismo tiempo la necesidad creciente de avanzar hacia un intercambio de carácter
multidimensional. Esto implicaba proyectarse no solo desde una base económica sino
más bien desde una base amplia, que considerara las realidades específicas y
necesidades de cada subregión, abordando, por ejemplo, los temas políticos, sociales,
jurídicos, culturales, físicos, de defensa, ambientales, energéticos, turísticos u otros.
Por tanto, los temas prioritarios fueron abriéndose espacio consecuentemente, haciendo
saltar las teorías y los órdenes y requisitos preestablecidos en el modelo europeo.
Estas “actualizaciones” llevaron a la refundación del Pacto Andino de 1969 a través de
los protocolos de Trujillo (1996) y de Sucre (1997), que dieron origen a una Comunidad
Andina que responde a los requerimientos de abocarse no solo al comercio de bienes y
servicios sino también a las relaciones externas, a los aspectos sociales, educativos y
culturales de los países andinos.
Igualmente, Centroamérica amplió su Mercado Común Centroamericano (MCCA) de
1960 hacia un nuevo Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que surge en
1991 con el Protocolo de Tegucigalpa y que persigue el objetivo fundamental de
convertir a Centroamérica en una “región de paz, libertad, democracia y desarrollo”,
para lo cual emprenden un desarrollo integral en lo económico, social, cultural, político
y ecológico, desde la base del respeto a los derechos humanos y con un modelo de
seguridad regional.
Por otra parte, el Caribe ha ido construyendo cada década nuevas geometrías que
coexisten para distintos propósitos. La Comunidad del Caribe (CARICOM) de 1973
pretende la unión política y comercial de sus 15 estados parte. En 1981 surge la
Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), destinada a la cooperación
técnica y el desarrollo sostenible de sus nueve miembros. En 1992 los países del
CARICOM, restando a Montserrat y agregando a República Dominicana, crean el
CARIFORUM, para negociar con la Unión Europea. Y en 1994 se funda la Asociación
de Estados del Caribe (AEC), con 25 miembros, que se plantea más bien como una zona
de cooperación, de fortalecimiento del intercambio comercial y de preservación de la
“integridad medioambiental del Mar Caribe”.
Además, nuevos mecanismos nacen como expresión de este regionalismo: el Tratado de
Asunción crea en 1991 al Mercado Común del Sur y en 1994 se conforma el Grupo de
los Tres (México, Colombia y Venezuela), hoy desaparecido.
En síntesis, la integración latinoamericana y caribeña de los 90 se encamina hacia un
nivel más profundo, pero no avanza en el orden del modelo europeo, sino que va

tomando elementos de acuerdo a sus diagnósticos y necesidades subregionales
prioritarias.
Sin embargo, es importante reconocer que este desarrollo pragmático de la construcción
latinoamericana y caribeña ha estado siempre influido por el espejo europeo,
configurándose una nueva forma de integración, con parámetros propios pero con
influencia evidente del know how y de la arquitectura institucional europea.
Los mecanismos de integración del siglo XXI
Luego del nuevo enfoque que profundiza la integración latinoamericana y caribeña en
los 90, el año 2000 aparece una nueva tendencia: la emergencia de nuevos mecanismos,
donde el factor de proximidad geográfica no es una condicionante, pues se tiende hacia
objetivos comunes más allá de las relaciones fronterizas, reconociendo afinidades y
objetivos compartidos en un contexto de alianzas.
Se ubican aquí el germen de la UNASUR –surgido en las primeras cumbres
sudamericanas–, la Alianza Bolivariana (ALBA), el Arco y la Alianza del Pacífico y la
CELAC, que obedecen a razones geoestratégicas e ideológicas. Es decir, al menos
cuatro proyectos que coexisten y parecen estar dando respuesta eficiente a los espacios
que los constituyen.
Pero no solo el terreno abonado por los nuevos propósitos de los años 90, sino también
otras razones históricas y geoestratégicas explican el surgimiento de nuevos esquemas
de integración, más atípicos que los anteriores.
Entre otros, se puede reconocer como factor gatillante de esta multiplicación de
geometrías el interés de Brasil, que empieza a mirar a la región como un espacio
funcional a su rol creciente de líder mundial. Para Brasil, los demás países de América
Latina y el Caribe representarían no solo la posibilidad de aliados en los esquemas
multilaterales, sino también un área de crecimiento económico y de exportación de sus
principales modelos, como el energético.
De esta manera, es necesario reconocer que Brasil ha promovido las dos principales
iniciativas de integración surgidas en el siglo XXI: la UNASUR y la CELAC.
UNASUR: un espacio geoestratégico
Brasil fue el convocante a la I Cumbre Sudamericana, que tuvo lugar el año 2000 –en el
contexto de la celebración de los 500 años de su independencia–. Luego de tres cumbres
sudamericanas –Brasilia, Guayaquil y Cusco–, en 2004 fueron rebautizadas como
cumbres de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), hasta llegar al
surgimiento de la Unión de Naciones Suramericanas, suscrita en 2008. Así, el paso de la
“Comunidad” a la Unión”, que en Europa tomó cerca de cuatro décadas, en el caso
sudamericano se concretó abreviadamente, en cuatro años.
Pero más allá de estas peculiaridades, UNASUR se ha constituido en un referente
principal del espacio sudamericano, que trasciende lo geográfico y asume su
característica de geoestratégico. Hablamos aquí de la quinta economía del mundo,
ubicada entre los dos principales océanos, dotada de importantes patrimonios

estratégicos naturales, como un tercio del agua dulce del planeta, ocho millones de km2
de bosques, e hidrocarburos con reservas para 100 años. Es también la principal zona
productora y exportadora mundial de alimentos.
La Comisión Estratégica de Reflexión para la Integración Sudamericana en su informe
del año 2006 identificó los sectores donde se estimaban mayores posibilidades de
cooperación entre países, a saber: infraestructura; energía; complementación industrial y
agrícola; medio ambiente; combate a la pobreza y a la exclusión social; fuentes de
financiamiento para el desarrollo; seguridad; educación, cultura, ciencia y tecnología.
De esta forma, UNASUR ha organizado su institucionalidad básicamente en torno a
estas prioridades, creando nueve Consejos: de Salud; Desarrollo Social; Infraestructura
y Planeamiento; Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación; Drogas;
Defensa; Economía y Finanzas; Energético y; Electoral.
Para apreciar el nivel que han alcanzado los trabajos, basta revisar los últimos avances
de algunos de estos Consejos. Así por ejemplo, en mayo de 2011 el Consejo de Defensa
Sudamericano constituyó su Junta de Defensa, un organismo que velará por el
resguardo territorial de todos los países de Sudamérica. Asimismo, lanzó su Centro de
Estudios Estratégicos de la Defensa (CEED), instancia que se constituye en fuente de
información propia sobre los “activos estratégicos” de Sudamérica, con el fin de
proponer políticas geoestratégicas, básicamente destinadas a la protección de sus
recursos naturales.
Igualmente, en julio de 2011 se instaló en Río de Janeiro el Instituto Suramericano de
Gobierno de Salud (ISAGS), que vendrá a perfeccionar los sistemas de salud de los
países que integran la UNASUR, a través de apoyo técnico, gestión del conocimiento y
formación de funcionarios. Todo esto, en consonancia con las directrices del Consejo de
Salud, que pretende enfrentar de manera colectiva los problemas prioritarios de la
región en este ámbito, como el manejo de pandemias, el acceso universal a
medicamentos, entre otros.
Por otra parte, el Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento
(COSIPLAN) lanzó en noviembre de 2011 su Plan de Acción Estratégica 2012-2020,
con una cartera de 540 proyectos por un valor de 120 mil millones de dólares y 31
proyectos modelo, por 14 mil millones. La hoja de ruta contempla en una primera etapa
inversiones por 96 mil millones de dólares, que vendrán a atender un déficit estructural
sudamericano, cual es la deficiencia en conectividad.
El ALBA y la Alianza del Pacífico: dos visiones diferentes
Dos tipos de “Alianzas” han surgido en América Latina y el Caribe, de características
contrapuesta: la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y la Alianza
del Pacífico. Ambas se han demostrado extraordinariamente activas en sus trabajos y
han lanzado iniciativas de alto impacto.
En el año 2004 nace un mecanismo autodefinido como de “integración diferente”: el
ALBA, que surge del eje Cuba-Venezuela. Su nombre inicial era Alternativa
Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, recogiendo la terminología histórica
del legado de Simón Bolívar y de José Martí, entre otros próceres independentistas.

El ALBA surgió como una “Alternativa” a la propuesta estadounidense de un Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA), y se convirtió en “Alianza” en 2009,
resignificando el sentido del grupo tras la retirada del proyecto hemisférico. Se declara
como un mecanismo de “cooperación, solidaridad y complementación”, que persigue
una unión política cimentada en afinidades ideológicas contrarias al neoliberalismo.
El ALBA está integrada actualmente por ocho países del Caribe, Centro y Sudamérica –
Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Antigua
y Barbuda, y Dominica– y se encuentra en proceso de expansión.
El ALBA tuvo una primera etapa especialmente dinámica (2004-2009) donde se
celebraron 15 cumbres a través de las cuales se avanzó en la estructura, objetivos y
ampliación –incorporando nuevos miembros cada año–. En 2009 ocurre la suspensión y
posterior retiro de Honduras y decrece la velocidad de implementación de varios
acuerdos.
No obstante, la XI Cumbre del ALBA, celebrada en Caracas en febrero de 2012,
reimpulsa decididamente la construcción de este bloque, al reanudar su proceso de
ampliación, fortalecer su arquitectura institucional y profundizar sus objetivos
económicos productivos.
Así, a los ocho miembros se suman como “miembros invitados especiales” Santa Lucía
y Surinam, y se ratifica a Haití como “miembro invitado permanente”. Todos estos
status especiales deberían derivar en la adhesión plena, fortaleciendo la presencia del
ALBA en el Caribe.
Es importante notar que, si sumamos a sus miembros plenos aquellos en proceso de
adhesión, los potenciales adherentes (Jamaica), observadores (Paraguay, Uruguay,
Granada, Guyana) y simpatizantes (Argentina), el espacio de influencia ALBA alcanza
ya a 17 países. Esto es, la mitad +1 de los países de América Latina y el Caribe.
Un elemento fundamental en la conformación del ALBA es la participación social. Así,
cuatro Consejos se relacionan directamente con el Consejo presidencial del ALBA –
instancia máxima del grupo–: el político, económico, social y, de manera inédita, un
Consejo de Movimientos Sociales, de carácter consultivo.
El ALBA se basa en la afinidad política de sus miembros, lo cual explica su gran
dinamismo, pero también su vulnerabilidad ante las posibles alternancias en los
gobiernos. Además de su estructura participativa, y reforzando su carácter ideológico, el
ALBA creó recientemente una Coordinadora de Partidos Políticos, para intensificar las
coordinaciones entre los partidos y movimientos políticos del bloque.
En el ámbito económico, el ALBA se propone como un espacio de cooperación “no
mercantilista”, por lo cual se rechazan los Tratados de Libre Comercio y se promueve
un Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP). Asimismo, la creación de un Espacio
Económico ALBA (ECOALBA) sienta las bases de un nuevo “bloque comercial”, que
pone en práctica el TCP, caracterizado por sus objetivos de complementación,
diversificación productiva, desarrollo compartido, entre otros. ECOALBA entrará en

funcionamiento dos años después de la segunda ratificación de sus firmantes, es decir,
probablemente en el primer semestre de 2014.
En este mismo plano, el ALBA ha propuesto, entre otras múltiples iniciativas, el uso de
una moneda de intercambio: el SUCRE (Sistema Único de Compensación Regional de
Pagos), que ha empezado a extenderse entre sus países miembros. Así por ejemplo, el
Banco Central del Ecuador ha declarado que ya más del 50% de las operaciones
comerciales entre ese país y Venezuela se realizan en este Sistema.
En el otro lado de las iniciativas de inspiración ideológica se ubica la Alianza del
Pacífico, lanzada en abril de 2011 entre cuatro países miembros del Arco del Pacífico.
Este último surge en 2007 por iniciativa peruana y como estrategia para revitalizar a la
Comunidad Andina, tras el retiro de Venezuela en 2006. El Arco es un foro informal de
11 países ribereños del Pacífico, desde México hasta Chile, destinado a promover la
relación comercial con el Asia Pacífico. Sin embargo, sus trabajos se encuentran en
suspenso, no habiéndose sostenido reuniones desde 2010.
La Alianza del Pacífico congrega a Chile, Perú, Colombia y México. Y próximamente
deberá ampliarse al espacio centroamericano, con la incorporación de Panamá y Costa
Rica. Mantiene el carácter y objetivo geoestratégico del Arco, pero se plantea como un
mecanismo político y económico de países con modelos de desarrollo favorables al libre
mercado. A través de esta Alianza se desarrollará una “integración profunda” de bienes,
servicios, capitales y personas. Es también una “integración hacia fuera”, hacia el gran
comercio mundial asiático, y además, un proyecto contrapuesto al ALBA,
complementario a los vigentes y abierto a la adhesión de nuevos países, apuntando
principalmente a los integrantes del Arco del Pacífico.
La Alianza del Pacífico ha concitado gran interés mundial, puesto que constituye el 35%
del PIB de América Latina y moviliza más comercio que el Mercosur. Según datos de la
OMC, la Alianza del Pacífico exportó cerca de 445 mil millones de dólares en 2010,
casi un 60% más que las exportaciones del Mercosur en el mismo año.
Como se señalaba, la Alianza pretende implementar las cuatro libertades de circulación
entre sus miembros. Así por ejemplo, en el ámbito del libre tránsito de personas ha
propuesto la eliminación de visas para inversionistas, que será complementada con un
mecanismo de información policial de personas para combatir la delincuencia
organizada. Igualmente, ha integrado sus mercados financieros a través del Mercado
Integrado Latinoamericano (MILA) que congrega ya a las bolsas de Santiago, Lima y
Bogotá.
Este proyecto ha demostrado un fuerte pragmatismo, pues a pesar de su enfoque
neoliberal, membresías como las de Perú –que tuvo un giro político desde Alan García a
Ollanta Humala– se han mantenido estables. Además, se plantean decididamente a
eliminar todo lo que signifique obstáculos al comercio y a la inversión, como las
burocracias. Igualmente, inauguraron un nuevo formato a nivel mundial, organizando la
primera cumbre virtual en marzo de 2012, hecho positivamente valorado por la prensa y
analistas internacionales, como ejercicio de demostración de la priorización del trabajo
por sobre los protocolos y de ahorro de recursos estatales.
La Alianza del Pacífico deberá suscribir su tratado constitutivo en junio de 2012.

En este sentido, cabe hacer notar que tanto la Alianza del Pacífico como la CELAC
tienen menos de un año de vida –se lanzaron en abril y diciembre de 2011,
respectivamente– por lo que, si bien nacen con la mejor voluntad política de sus
miembros, sus resultados son todavía venturosos.
La CELAC: la nueva voz de América Latina y el Caribe
Finalmente, el gran corolario de la integración del siglo XXI: la CELAC, la flamante
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, lanzada en Riviera Maya en
febrero de 2010 y oficializada en Caracas el 3 de diciembre de 2011.
La CELAC es un mecanismo de índole política y geoestratégica, que agrupa de manera
pionera exclusivamente a los 33 países de América Latina y el Caribe, tomando el
acervo institucional del Grupo de Río (GR) y los contenidos de la Cumbre de América
Latina y el Caribe para la Integración y el Desarrollo (CALC).
Se trata nuevamente de una iniciativa impulsada por Brasil, al organizar la primera
Cumbre de América Latina y el Caribe para la Integración y el Desarrollo en diciembre
de 2008, y que fuera refrendada por México, presidencia del Grupo de Río 2008-2010.
Cabe señalar que, si bien mantiene un formato similar al del Grupo de Río, no se trata
de una “actualización” de este mecanismo, pues asume características inéditas en la
experiencia de integración latinoamericana y caribeña. Así por ejemplo, parte con una
agenda de trabajo, definida en numerosas reuniones ministeriales donde se fue
consensuando una cantidad de documentos que constituyen la base de un proyecto
común latinoamericano y caribeño, centrado en elementos como la cooperación entre
los mecanismos regionales y subregionales de integración, la coordinación financiera, la
energía, la infraestructura, el desarrollo social, la seguridad alimentaria, el desarrollo
sostenible, los desastres naturales y el cambio climático. Sin duda, son potenciales y
problemáticas que deben ser administrados conjuntamente y que orientarán el trabajo
colectivo en función de la integración y el desarrollo de la región.
A estas prioridades ya definidas se podrán ir agregando otras, que se irán desprendiendo
del propio accionar colectivo. Así por ejemplo, se estima que debería crearse un
Consejo de Cooperación CELAC, para construir una posición común latinoamericana y
caribeña que represente las prioridades de la región en los foros internacionales y ante
cooperantes externos, tema en el que, a diferencia de otras regiones, América Latina y el
Caribe no aparece organizada.
Por otra parte, la CELAC representa de manera plena a los 33 países de América Latina
y el Caribe, en circunstancias que el Grupo de Río en sus 25 años de funcionamiento no
logró incorporar directamente a la totalidad de los países, quedando subrepresentado el
Caribe. Hoy la participación del Caribe es un factor que cambia la tradicional situación
de los países continentales e insulares como dos realidades desconectadas, a pesar de
compartir un mismo espacio geográfico. Esta integración en pie de igualdad del Caribe
en el proyecto latinoamericano y caribeño abre insospechadas posibilidades,
especialmente en la relación entre América Latina y el Caribe anglófono, poco
explorada hasta el momento.

Otra característica de la CELAC es que asume el mandato de interlocución
extrarregional, concitando un renovado interés de regiones y países por establecer
diálogos con la región. Si bien tradicionalmente se sostenían diálogos
institucionalizados con la UE y otros en el marco de Naciones Unidas, ahora se suman
nuevas demandas de interacción con regiones como la Unión Africana o países como
India y China, entre otros.
Por otro lado, esto ha implicado también un replanteamiento de los sistemas nacionales
de representación en el exterior donde, por ejemplo, los países latinoamericanos y
caribeños se organizaban en el ámbito diplomático como Grupo Latinoamérica y el
Caribe (GRULAC), con presidencias rotativas que variaban entre un país y otro. Hoy, la
voz de América Latina y el Caribe radica en el país que asume la Presidencia Pro
Témpore de la CELAC, correspondiéndole a Chile esta función –además de todas las
demás responsabilidades de coordinación de los 33 países– durante 2012, a Cuba en
2013 y a Costa Rica en 2014.
La CELAC no solo establece objetivos comunes, sino también da cuenta de lecciones
aprendidas. Así por ejemplo, no sustituye ni compite con ningún mecanismo anterior,
como se pueda presumir respecto a la OEA o UNASUR. Por el contrario, está llamada a
poner de acuerdo y optimizar el funcionamiento de lo existente.
Asimismo, se establece sin sedes ni burocracias, sino a partir de una estructura liviana,
altamente operativa, con presidencias rotativas y reuniones sectoriales en función de un
Plan de Acción al cual se le da seguimiento anual. Aquí, se prioriza el diálogo
constructivo y el trabajo en torno a una agenda por sobre los mecanismos burocráticos y
la arquitecturas institucionales.
Más allá de todas las expectativas que despierta la CELAC, surge también con una
cantidad de desafíos que se irán despejando en la medida que se vaya consolidando. El
escepticismo que afecta en general a la integración latinoamericana y caribeña afecta
especialmente a esta nueva Comunidad, por sus mismas ambiciones.
Es cierto que muchos proyectos se han entrabado por personalismos y voluntarismos,
duplicación de objetivos de las iniciativas existentes, tendencias refundacionales,
debilidad jurídica o incluso la misma falta de conceptualización teórica de base. En el
caso de la CELAC, por ser un proyecto abarcador, se suman además las dudas por la
convergencia entre visiones contrapuestas –principalmente entre las perspectivas ALBA
y las de países con tendencias neoliberales-, las tensiones bilaterales por litigios
limítrofes, las dialécticas entre países dominantes, las asimetrías, las visiones norte-sur,
entre otras que pueden amenazar los posibles avances en este espacio común.
La propia orgánica de la CELAC es objeto de cuestionamientos, pues surge con
procedimientos flexibles y que pueden juzgarse como débiles o contradictorios.
Técnicamente, la CELAC es un foro, pero con atribuciones y mandatos que
comprometen a la totalidad de sus miembros, aun cuando su implementación es
voluntaria. Sus decisiones se asumen por consenso y no por sistemas de mayorías. No
mantiene un presupuesto. No se ha definido aún un sistema de rotación de las
presidencias pro témpore. Y así podríamos seguir enumerando temas que generan
cuestionamiento pero que, de seguro, irán decantando y tomando su forma definitiva en
la medida que la CELAC se vaya consolidando.

Por ahora, la CELAC parte con una base que le permite funcionar, y es quizás ése el
gran mérito: en una región diversa en cuanto a sus diagnósticos y sus visiones la
CELAC ha logrado construir posiciones y proyectar objetivos comunes.
En cualquier caso, este foro parece responder de manera actualizada a las exigencias de
una región que comienza a ser reconocida por sus patrimonios estratégicos y
potencialidades y que requiere establecer sus posiciones en la arena internacional. Tras
décadas perdidas y retrasos endémicos, pareciera ser que el surgimiento de la CELAC
representa hoy una afirmación natural, lógica y coherente con el contexto actual. Y su
sola existencia es ya una realidad transformadora.
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Santiago de Chile, Mayo 2012