El Real Patronato en la Corona de Aragón - Publicaciones ...

PUBLICACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Antonio Carrasco Rodríguez
EL REAL
PATRONATO
EN LA CORONA
DE ARAGÓN

© 1997
© Universidad de Alicante
Publicaciones, 1997
Portada: Gabinete de Diseño
Universidad de Alicante
Fotocomposición y edición:
TESITEX, S.L.
ISBN: 84-7908-351-4
Depósito Legal: S. 904-1997
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
El caso catalán
1715-1788

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Índice
1. Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1. Propósitos, fuentes y contenidos . . . . . . . . . . . . . 7
1.2. Regalismo y real patronato . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Notas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos . . . . . 26
2.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.2. Provisiones de benefi cios regulares . . . . . . . . . 79
2.3. Provisiones de benefi cios seculares . . . . . . . . 140
Notas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
3. El acceso real a las rentas eclesiásticas:
la carga de pensiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Notas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
4. El rey: patrón de la iglesia nacional . . . . . . . . . . . 306
4.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
4.2. Defensa de particulares y comunidades
eclesiásticas contra determinados abusos . . . 307

Índice
4.3. Consecuencias de la guerra de sucesión
sobre el Real Patronato. . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
4.4. Extensión del Real Patronato . . . . . . . . . . . . . 318
4.5. Actuaciones ante ataques de la Santa Sede
contra el Real Patronato . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
4.6. Actitud real hacia las cofradías . . . . . . . . . . . . 320
4.7. Solicitudes a la Santa Sede de extensión
de cultos y canonización de beatos,
a petición de sus súbditos . . . . . . . . . . . . . . . 322
4.8. Protección de congregaciones. . . . . . . . . . . . . 324
4.9. Reglamentación del boato y la dignidad
del culto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
4.10. Contribución al lustre y el honor de las
iglesias y búsqueda del bien común de
la comunidad eclesiástica . . . . . . . . . . . . . . . 326
4.11. Atención por el correcto funcionamiento
interno de la Iglesia nacional . . . . . . . . . . . . . 330
4.12. Intervenciones reales en cuestiones
jurisdiccionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
4.13. Intervenciones en los pleitos judiciales
relativos al Real Patronato . . . . . . . . . . . . . . . 347
4.14. Mantenimiento del orden eclesiástico . . . . . . 348

Índice
4.15. Atención real por las necesidades
espirituales de sus súbditos . . . . . . . . . . . . . 356
4.16. Protección de la cultura eclesiástica:
fundación de seminarios y conservación
y estudio de archivos y bibliotecas. . . . . . . . . 365
4.17. Asistencia a los marginados . . . . . . . . . . . . . 383
4.18. Reglamentación de las fi estas eclesiásticas . 389
4.19. Confi rmación de privilegios a instituciones
eclesiásticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
4.20. Racionalización del mapa eclesiástico . . . . . 401
4.21. Intervenciones en asuntos de índole
económica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
Notas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
5. Conclusiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
6. Bibliografía básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462

1. INTRODUCCIÓN
ÍNDICE
1. Introducción
1.1. PROPÓSITOS, FUENTES Y CONTENIDOS
La Iglesia ha tenido, como institución con una enorme infl
uencia sobre el pueblo, un papel central en la Historia
de España a lo largo del tiempo. Desde los orígenes
de la Edad Media hasta la centuria actual, se ha relacionado
muy íntimamente con los sucesos fundamentales que han
afectado el devenir secu lar de los españoles (nota 1).
A la hora de introducirnos en la Historia eclesiástica del siglo
XVIII, al margen de la consulta de textos indispensables en
su bibliografía (nota 2), resulta cla rifi cador recordar las advertencias
que Roberto Fernández Díaz plasmó en su trabajo
«La clerecía catalana en el Setecientos» (nota 3). Se lamentaba
de que la Histo ria de la Iglesia en este siglo se encontrara
«en mantillas», achacando este mal a la línea proteccionista
y endogámica marcada por una escuela tradicional de
investigadores vinculados a la propia institución eclesiástica
7

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
y de marcado sig no apologista (nota 4). Pero también, quitaba
valor a los trabajos realizados a partir del fi n de la dictadura
franquista por una nueva generación de investigadores
de clara infl uencia marxista, críticos subjetivos de la realidad
de la Iglesia del si glo que nos ocupa. Femández, con ironía,
pedía «al cielo» la aparición de una nueva tendencia investigadora
que, además de librarse del yugo del proteccio nismo
teológico, encarase el estudio del tema desde una postura
más ecléctica, sin los prejuicios del materialismo histórico.
En este estudio, pretenderemos situamos en esta línea de investigación,
aunque siempre resulte difícil para cualquier historiador
liberarse de «sus pro pios fantasmas», y más si éstos
se relacionan con aspectos tan íntimos como los religiosos.
Afortunadamente, y al contrario de lo que sucede con otras
etapas históri cas, la nómina de investigadores que en la actualidad
estudian con rigor cientí fi co el siglo XVIII español
va incrementándose con un ritmo lento pero muy constante.
Desde sus inicios, la historiografía española de las Luces ha
presen tado un carácter apasionado y comprometido. Los liberales
no han querido ver en la Ilustración más que lo que
anunciaba su liberalismo. En cambio, los tra dicionalistas, por
su parte, han mostrado interés por ofrecer una imagen del
Si glo de las Luces como «una época de imitación servil, de
ÍNDICE
8

1. Introducción
rastrera adulteración, de traición respecto a algunos valores
declarados específi ca mente nacionales» (nota 5). Autores
como J. L. Abellán o T. Egido afi rman que debe huirse de estos
criterios ideológicos tan hondamente maniqueos.
Desde hace un cuarto de siglo, ha dado comienzo una nueva
etapa historio gráfi ca en la que se están alcanzando hitos
cada vez más importantes en rela ción con el conocimiento
de la centuria dieciochesca; hitos que nos acercan progresivamente
a una percepción más ajustada de su verdadera
realidad, en la que se hallan los fundamentos de las muchas
incógnitas que quedan aún por re solver (nota 6). Cabe
destacar como uno de los últimos y más valiosos balances
histo riográfi cos del XVIII español, el realizado por Roberto
Fernández en la Introducción al «Homenaje a Pierre Vilar»
(nota 7). Por ello, nuestra intención será, si no arrojar alguna
«luz» nueva, sí aclarar y, sobre todo, ordenar conocimientos
sobre el tema.
La presente monografía supone una primera aproximación
a unos fondos documentales que, debido a su volumen y
complejidad, no habían sido estudia dos, a pesar de su gran
importancia para el conocimiento de la realidad eclesiástica
del XVVII (nota 8). Se trata de los fondos de la Secretaría de
Gracia, Justicia y Real Patronato de la Corona de Aragón y,
ÍNDICE
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
en concreto, del Real Patronato, per tenecientes a la Cámara
de Castilla, y conservados en el Archivo Histórico Na cional de
Madrid (nota 9).
La riqueza y el volumen de los fondos exigían que la investigación
se orientase esencialmente hacia una selección de
aquellas series que permitiesen una mejor aproximación al
contenido general y la concreción de ulteriores líneas de
trabajo. Y la documentación escogida fue la recogida en los
libros de la serie «Registros del Real Patronato»:
- Para Aragón . . . . . . . . años 1707-1807, libros 274-277.
- Para Cataluña . . . . . . . años 1715-1807, libros 280-284.
- Para Mallorca . . . . . . . años 1707-1798, libro 285.
- Para Valencia . . . . . . . años 1707-1802, libros 278-279.
La elección de los libros como objeto exclusivo del presente
trabajo ofre cía indudables ventajas. En primer lugar, porque
tales libros, ya ordenados por territorios, «registraban»
las disposiciones tomadas en la Cámara, concernientes al
Patronato de la Corona de Aragón. En ese sentido, ofrecían
una guía de gran va lor, ordenada según una secuencia cronológica,
que comprendía el conjunto de las materias contenidas
en todo el fondo del Real Patronato de dicha Corona
(nota 10).
ÍNDICE
10

ÍNDICE
1. Introducción
Tras una primera visión de sus contenidos, y dada su exorbitante
exten sión, nos vimos en el dilema de tener que elegir
las magnitudes espacio y tiem po de la investigación. En un
primer momento, pensamos dedicarnos al estudio de los fondos
relativos al antiguo reino de Valencia Pero pronto cambiamos
de opinión. Al hojear la documentación del caso catalán,
comprendimos que el estudio de sus registros sería mucho
más útil, más completo que el del caso va lenciano. Por ello,
tras vencer una inicial inclinación que nos llevaba hacia la
investigación local, iniciamos el análisis de los libros del Real
Patronato relati vos a Cataluña. En ellos, se apreciaban nítidamente
aspectos como las conse cuencias de la conquista
borbónica, las disputas jurisdiccionales y económicas de los
benefi ciados eclesiásticos o la mayor dureza de las disposiciones
reales en los momentos de auge de las posturas
regalistas, tal y como ocurrió tras el Concordato con la Santa
Sede de 1753. Elección ésta que no impedía que nuestro
trabajo de análisis se convirtiese, dentro de su modestia, en
una especie de modelo para la realización de futuros estudios
sobre los distintos ámbitos eclesiásticos del resto de la
Corona de Aragón. Y una vez señalada la magnitud espacial,
quedaba por delimitar la temporal. Y ésta quedó fi jada en el
año 1788, fecha del fallecimiento de Carlos III.
11

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
1.2. REGALISMO Y REAL PATRONATO
«El regalismo, se formule como se formule, se ha convertido
en una de las claves fundamentales de interpretación de la
historia española del siglo XVIII» (nota 11). Estas palabras
de Teófanes Egido, aceptadas por la historiografía actual de
modo generalizado, nos demuestran la trascendencia del
regalismo -pie dra angular de la presente monografía- dentro
del devenir histórico del Setecientos. Por ello, antes de comenzar
la exposición de los resultados del pre sente estudio,
consideramos imprescindible defi nir esta particular ideología,
tan presente no sólo en los ámbitos jurisdiccionales o diplomáticos,
sino también en la mentalidad colectiva de la sacralizada
sociedad del Antiguo Régimen.
Desde su aparición, a lo largo de los siglos, han sido numerosos
los inten tos de defi nir el concepto `regalismo'. En la
centuria de las Luces, Pedro Ro dríguez de Campomanes lo
conceptualizó como «el conjunto de derechos reales en la
provisión de los benefi cios eclesiásticos y en la custodia (o
guar danía) de las mitras vacantes» (nota 12)
También la llamada «historiografía tradicional», encabezada
por Menén dez Pelayo se ocupó en defi nir el término. El polígrafo
santanderino conside raba como regalismo «toda intrusión
ilegítima del poder civil en negocios eclesiásticos», «una
ÍNDICE
12

1. Introducción
guerra hipócrita, solapada y mañera contra los derechos,
inmunidades y propiedades de la Iglesia», y un ariete contra
la Curia Romana. En suma, que el regalismo del XVIII fue la
más odiosa y antipática de todas las «herejías administrativas»
(nota 13).
Autores actuales como Rafael Olaechea o Teófanes Egido
tampoco se han resistido a ofrecer sus propias defi niciones.
Éstas pretenden hacer desaparecer la falsa imagen del regalismo
que generalizó la historiografía tradicional. El primero
de ellos entiende por regalismo «el sistema de los regalistas
que de fendían las regalías de la Corona, en las relaciones del
Estado con la Iglesia, y realizaban -como legítimas- los derechos
y la intervención de los soberanos en asuntos eclesiásticos,
a expensas o en detrimento de las «reservas pontifi cias»
y de las «reglas de cancillería», secularmente establecidas
en España por la Curia Romana» (nota 14).
Egido, en cambio, piensa que sería más correcto observarlo
como «force jeo constante y secular por atribuir a la potestad
real los derechos que se creen inherentes a su soberanía;
por dirimir tantas cuestiones en las que la ju risdicción civil
concurre con la eclesiástica -o con la pontifi cia para ser más
exactos- en un tiempo sustancialmente sacralizado y en el
que los límites y competencias del monarca católico y del
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13

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
pontífi ce monarca-cabeza de la Igle sia tienen que abocar a
una colisión forzosa» (nota 15). Nos quedamos, pues, con
esta defi nición.
El regalismo, tanto en la Historia como en la historiografía, fue
y ha sido causa y consecuencia de confrontaciones ideológicas
y de luchas de intereses de diverso tipo. Y hasta fechas
relativamente recientes, las posturas más perdurables y exitosas
han sido las antirregalistas. Por ello, no debe resultar
extraño que el regalismo se haya identifi cado con el cúmulo
de abusos y usurpaciones del poder real a costa del pontifi -
cio, ignorando que los regalistas acusaban a los contrarios de
injerencias eclesiásticas en dominios seculares.
Desde 1960 aproximadamente, la fructífera revisión que
se está llevando a cabo sobre el siglo de la Ilustración en
España está suponiendo que muchos de los errores difundidos
por las tesis ultramontanas de la historiografía tradicional
se estén desechando, dando paso a una «nueva» visión del
regalismo bor bónico, de mayor rigor histórico y alejada de
planteamientos dualistas.
De este modo, podemos afi rmar que el regalismo no fue una
tendencia ideológica importada del extranjero. Muy al contrario.
Aunque no se puede ne gar la infl uencia de téoricos europeos
(nota 16), o el peso que en los comportamientos políti-
ÍNDICE
14

ÍNDICE
1. Introducción
co-religiosos tuvieron fi guras de la realeza como Federico II o
el empera dor José II, la mayor parte de los fundamentos de
las posiciones regalistas die ciochescas procedió del más o
menos heterogéneo grupo formado por escritores, teólogos,
juristas y políticos pertenecientes a la más neta tradición hispana
anterior -sobre todo del siglo XVI-. Ello se tradujo en el
hecho de que, en el ejercicio de la soberanía eclesiástica, los
monarcas del Setecientos recuperaran los modos de actuar
de los reyes anteriores (nota 17).
Por consiguiente, debemos rechazar el peyorativo sambenito
extranjerizan te colgado sobre el regalismo español por los representantes
de líneas ultra montanas, molestos por el impulso
ilustrado al nacionalismo eclesiástico, en abierta oposición
a la centralización romana (nota 18).
No obstante, la historiografía tradicional, de un modo cuasi
inquisitorial, censuró también al regalismo por su pretendida
heterodoxia. Una «herejía ad ministrativa» del Estado borbónico
español, en palabras de Menéndez Pelayo. Por ello, los
historiadores actuales han tenido que aunar sus esfuerzos
interpre tativos en aras de lograr las pruebas necesarias para
absolverlo de tal pecado. Dicha acusación tuvo su origen
en la identifi cación de los ilustrados como jansenistas, por
15

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
sus posiciones antijesuíticas y, sobre todo, por sus enfrentamientos
con Roma.
El ‘jansenismo español’ presentó caracteres jurisdiccionales,
rigores mora listas y comportamientos piadosos, y personifi có
las actitudes religiosas de los gobernantes y pensadores ilustrados,
pero sin un ápice de disidencia. Los regalistas jamás
participaron en polémicas dogmáticas. Al contrario, tuvieron
siem pre presente la distinción entre sacerdocio e imperio -entre
ámbitos espirituales y temporales-. Melchor de Macanaz,
en su Pedimento Fiscal, deja muy claro que «en las materias
tocantes a la fe y religión se debe ciegamente seguir la doctrina
de la Iglesia, cánones y concilios que la explican; pero en
el gobierno temporal cada soberano en sus reinos sigue las
leyes municipales de ellos» (nota 19). Es más, los regalistas
ilustrados no sólo eran profundamente religio sos, ortodoxos,
anticismáticos sino que, además, consiguieron recrear una
espiri tualidad propia, auténtica, consecuencia directa y evolucionada
de la concepción religiosa que expusieron en sus
obras los espirituales del siglo XVI.
Dicho todo esto, la concluyentes palabras de Teófanes Egido
nos sirven para zanjar la cuestión, considerando plenamente
refutadas las infundadas y tendenciosas acusaciones lanzadas
por la historiografía tradicional contra el regalismo
ÍNDICE
16

1. Introducción
español: «El regalismo ha sido absuelto de anatemas y de
extranjería vergonzante» (nota 20).
En el siglo XVIII, el regalismo fue una manifestación más de
los anhelos de la Monarquía moderna por ejercer la autoridad
regia en todos los terrenos sin excepción alguna; y por
consiguiente, uno de los ejes fundamentales de la actuación
política de los reyes españoles (nota 21).
El sistema centralizador de gobierno impuesto por los
Borbones no podía admitir la existencia de fuerzas que escapasen
a su férreo control. Por ello, los monarcas trataron
de controlar los aspectos temporales de la institución más
poderosa del reino, la Iglesia. Y la defensa a ultranza de las
regalías inherentes a la soberanía regia se convirtió en un
desafío contra la Santa Sede, originán dose de ese modo una
pugna que se caracterizó por la carrera de intromisiones mutuas,
y en la que la Curia Romana contratacaba con el arma
de las reservas pontifi cias.
Ante la aparición de brotes antirregalistas, el poder monárquico
hizo uso de una serie de instrumentos preventores y
represores, entre los que podemos destacar el dominio sobre
la Inquisición, el ejercicio de una censura más secularizada
pero no menos rigurosa, la alianza ideológica y económica
ÍNDICE
17

ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
con los su periores del clero y, sobre todo, el ejercicio efectivo
de las regalías de la Corona.
Las regalías eran una serie de derechos que, desde el siglo
XV, venían siendo considerados como atribuciones intrínsecas
e inalienables de la Corona, procedentes de la soberanía
regia, y relacionadas con el deber real de actuar como patrón
protector de la Iglesia nacional. Entre ellas, destacaremos
dos: el Exequatur y el Real Patronato.
El Placet, Pase regio o Exequatur era la facultad que permitía
al monarca conceder, denegar o retener cualquier tipo de
bulas, breves o rescriptos pontifi cios (salvo los expedidos por
la Penitenciaría), que tratasen aspectos temporales o mixtos,
no dogmáticos, y tras el reconocimiento previo del Consejo
de Castilla. Fue establecido por Felipe II por pragmática del
20 de noviembre de 1569 (nota 22).
El Placet fue aprovechado por los Borbones para engrandecer
sus prerro gativas e impedir la ejecución de cualquier disposición
pontifi cia que pudiese coartar sus intereses absolutistas
(nota 23). Ya el 5 de julio de 1709, Felipe V dispuso que
se remitieran al Consejo de Castilla (nota 24) todas las bulas
y breves apostólicos, para pasar por el tamiz del exequatur.
18

ÍNDICE
1. Introducción
No obstante, la regalía por antonomasia era el Real Patronato
(nota 25). Como ya indicamos, el rey se consideraba con
pleno derecho para intervenir en los asun tos eclesiásticos
de carácter temporal, «como Patrono Universal que soy
de las Iglesias de mis dominios y Protector de la Disciplina
Eclesiástica en ellos» (nota 26). La regalía del Real Patronato
era el instrumento que permitía a la Corona esa intervención;
una actuación en tres diferentes ámbitos. Por una parte, muy
des tacable era la participación real en los nombramientos de
los benefi cios del Re al Patronato, cuya nómina incluía buena
parte de las principales prebendas eclesiásticas (obispados
y arzobispados, determinadas abadías). Por otra, el rey tenía
la facultad de cargar pensiones sobre los frutos y rentas de
dichas prela cías, sin sobrepasar el tercio de su valor. Y, en
tercer lugar, el rey, de acuerdo con su concepción de patrón
protector, había de velar por el buen funciona miento de las
iglesias de sus reinos, manteniéndolas alejadas de cualquier
eventual difi cultad.
Completaremos este breve apunte sobre el Patronazgo Regio
con la visión de Christian Hermann. Según su parecer, éste
era para la monarquía un dere cho útil, porque le permitía
percibir una parte de las rentas eclesiásticas. Pero al mismo
tiempo podía ser considerado como un derecho oneroso,
19

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
puesto que la corona estaba obligada a proteger y mantener
a la Iglesia nacional. Se trata ba de un patronato laico, es decir,
fuera del alcance de las reservas pontifi cias; real, esto es,
perteneciente a una entidad -la Corona- y no a una persona -
un determinado rey-, lo que lo hacía inalienable; y, por último,
perfecto o de de recho, por hallarse asentado en los títulos
de fundación, erección y dotación, a los que la corona añadía
el título de cruzada, por derecho de conquista «in par tibus
infi delium», que la Santa Sede no le reconocía (nota 27).
La consecución del Real Patronato Universal fue el objetivo
esencial, la «manzana de la discordia» (nota 28) en las
relaciones de los monarcas españoles con la Santa Sede
durante la primera mitad del siglo XVIII. Este hito fue logrado
con la transacción del Concordato de 1753, que puede ser
considerado como el exponente máximo del triunfo del regalismo
en España.
ÍNDICE
20

1. Introducción
1. W. Callahan: Iglesia, poder y sociedad en España. 1750-1874.
Madrid, 1980, p. 11.
2. R. García Villoslada (coord.): Historia de la Iglesia en España. Vol.
IV. «La Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII». Madrid. 1979.
J. Pradells- E. La Parra (edits.): Iglesia, sociedad y Estado en España,
Francia e Italia (ss. XVIII al XX). Ali cante. 1992. Q. Aldea Vaquero y
otros: Diccionario de Historia eclesiástica. Madrid. 1973. R. Olaechea:
Las relaciones hispano-romanas en la segunda mitad del siglo XVIII.
Zaragoza. 1985.
3. R. Fernández Díaz, «La clerecía catalana en el Setecientos», en
Esglèsia i so cietat a la Catalunya del s. XVIII, vol. I, Cervera, 1990,
pp. 23-118.
4. Lo mismo pensaba Antonio Domínguez Ortiz que, en 1973, escribía:
«Nos en frentamos, pues, con el hecho increíble de que una nación
cuya historia está íntima mente ligada a la Iglesia católica no tiene
una historia eclesiástica que pueda califi carse siquiera de mediana.
A lo sumo, podemos aprovechar los capítulos, forzosa mente breves
y no siempre imparciales que a España se dedican en la Historia de
la Iglesia publicada por la B.A.C.»; en Las clases privilegiadas en la
España del Antiguo Régimen, Madrid, 1973, p. 201.
5. F. López: «La Historia de las ideas en el siglo XVIII: concepciones
antiguas y revisiones necesarias», en Boletín del Centro de Estudios
del Siglo XVIII, 3 (1975), Oviedo, 1975, p. 14. Citado por Antonio Luis
Cortés Peña: La política religiosa de Carlos III y las órdenes mendicantes,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada,
1989, p. 66.
ÍNDICE
21

ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
6. Idea extraída por A. L. Cortés Peña, op. cit., p. 67, del artículo de
I. M. Zavala: «Hacia un mejor conocimiento del siglo XVIII español»,
en Nueva Revista de Filología Hispánica. XX, 2 (1971), México, pp.
341-360.
7. R. Fernández (ed.): España en el siglo XVIII. Homenaje de Pierre
Vilar. Barce lona. 1985.
8. Domínguez Ortiz habla de ellos en «Las rentas episcopales de la
Corona de Aragón en el siglo XVIII», p. 14, que aparece en J. Nadal-
G. Tortella (editores):
Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España
Contemporánea. Actas del Primer Coloquio de Historia Económica
de España. (Barcelona 11-12 de ma yo de 1972): «En el AHN existe
una sección muy amplia (casi dos mil legajos) titulada Patronato de
Aragón, hasta ahora no utilizada ni apenas conocida por carecer de
ca tálogo. En esa masa documental hay una riqueza insospechada de
datos para nuestra historia eclesiástica: presentaciones de obispados,
abadías, canonicatos, curatos y de más piezas de provisión real, informes,
pensiones, pleitos, denuncias... Toda la vida eclesiástica de
las regiones orientales está allí». Domínguez Ortiz, al tiempo que se
quejaba de que nadie hubiera trabajado sobre esta documentación,
daba una idea de su importancia real.
9. María Jesús Álvarez-Coca González nos ofrece la catalogación
de estos fondos documentales -que años atrás requería Antonio
Domínguez Ortiz- en: «La Corona de Aragón: documentación en el
Consejo y la Cámara de Castilla (1707-1834). Fuentes en el Archivo
Histórico Nacional», en Hispania, XLIX, 173 (1989), pp. 895-948.
22

1. Introducción
10. El análisis de los libros permitía una explotación mucho más racional
que el de los legajos, puesto que éstos, amén de su gran volumen
-más de un millar-, contenían los expedientes motivadores de la decisiones
y órdenes contenidas en los libros.
11. Teófanes Egido: «El regalismo en España»; en J. Pradells-E. La
Parra (edits.): Iglesia, sociedad y Estado en España, Francia e Italia
(ss. XVIII al XX), Alicante, 1991, pp.193, 206, 211.
12. P. Rodríguez de Campomanes: Tratado de la regalía de España,
o sea el dere cho real de nombrar a los benefi cios eclesiásticos de
toda España, y guarda de sus Iglesias vacantes; con un Suplemento,
o refl exiones históricas, para la mayor inteligen cia del novísimo
Concordato de 11 de enero de 1753 en sus principales artículos. Citado
por Rafael Olaechea, op. cit., p. 144.
13. M. Menéndez Pelayo: Historia de los heterodoxos españoles, 3
vols, Madrid, 1881, t. III, pp. 32-33.
14. Olaechea, gran conocedor del tema, nos ofrece una defi nición no
muy inspirada -y algo redundante-, al menos desde el punto de vista
de la redacción (regalismo es el sistema de los regalistas que defendían
las regalías...). De cualquier forma, podemos observar como a
nivel de contenidos, las ideas van aclarándose con el paso del tiempo
y el progreso en la investigación y conocimiento del siglo XVIII con
toda su parafernalia ideológica. La citada defi nición aparece en su artículo
«Política eclesiástica del gobier no de Fernando VI», en AA.VV.:
La España de Fernando VI, Oviedo, 1981, p. 143.
ÍNDICE
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Nos ofrece otra defi nición en Las relaciones hispano-romanas en la
segunda mitad del siglo XVIII, p. 24: «El regalismo era un estilo de
gobierno, basado en un siste ma de principios concatenados, los cuales
formaban un cuerpo de doctrina, se concreta ban en los usos y
prácticas regalísticas, y aludían directamente a ciertas intervenciones
de los derechos reales en sectores que le eran impropios».
15. T. Egido, op. cit., pp. 125-126.
16. A. Mestre en «Corrientes interpretativas actuales de la Ilustración
española», en España a fi nales del siglo XVIII, Tarragona, 1982,
pp. 77-79, considera triple la in fl uencia extranjera: francesa, inglesa
(Bacon) e italiana (Gianvicenzo Gravina, Pietro Giannone, Muratori,
clero español en Roma...), pero recalca la importancia primordial
en el regalismo español del «infl ujo de Melchor Cano, el infl ujo de
Arias Montano o de Luis Vives y otros erasmistas, o de Fray Luis de
Granada que está en el fondo de todos los movimientos reformistas
españoles del siglo XVIII y llega hasta las Cortes de Cádiz como fi gura
de primera magnitud».
17. V. Rodríguez Casado: «Iglesia y Estado en el reinado de Carlos
III», en Estu dios Americanos 1(1948), pp. 5, 6 y 10.
18. R. Ricard: «Gallicanismo et 'catholicisme éclaire' en Espagne et
Amerique es pagnole», en Bulletin Hispanique, 62 (1960), París, p.
190.
19. Edición de F. Maldonado de Guevara, Madrid, 1972, p. 92. Citado
por T. Egi do, «Regalismo y relaciones...», p. 132.
20. Teófanes Egido, «El regalismo en España», p. 194.
ÍNDICE
24

1. Introducción
21. A. L. Cortés Peña, op. cit., p. 15.
22. Novísima Recopilación, libro II, título III, ley V.
23. A. de la Hera: El regalismo borbónico en su proyección indiana,
Madrid, 1963, pp. 93-94.
24. Novísima Recopilación, libro II, título 111, ley VI.
25. Rafael Olaechea, op. cit., pp. 144-145.
26. Esta fórmula es muy frecuente en la documentación analizada.
Valgan como ejemplo estas localizaciones: A.H.N. «Registros del Real
Patronato», libro 282, pp. 234, 255, 256v, 277v.
27. Ch. Hermann: L'Eglise d'Espagne sous le patronage royal (1476-
1834), Ma drid, 1988, pp. 43-44.
28. Es ésta una expresión muy del gusto de Rafael Olaechea, que la
utiliza en su capítulo «Política eclesiástica del gobierno de Fernando
VI», del libro de AA.VV. La época de Fernando VI, p. 145; y en su
magna obra Las relaciones hispano-romanas en la segunda mitad
del siglo XVIII, p. 26.
ÍNDICE
25

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
2. LAS PROVISIONES DE BENEFICIOS
ECLESIÁSTICOS
2.1. INTRODUCCIÓN
2.1.1. LA CÁMARA DE CASTILLA
Premisa inicial para la realización de cualquier trabajo
de investigación so bre fondos documentales es el
conocimento profundo del organismo productor de
dicha documentación; un conocimiento que debe llegar a aspectos
tan diferentes como su estructura, sus competencias
o su régimen de funcionamiento interno (nota 1).
Durante el siglo XVIII, con la instauración de la dinastía borbónica,
el sis tema organizativo polisinodial sufrió profundas
modifi caciones, tanto formales como, sobre todo, efectivas,
puesto que, junto a los consejos, las Secretarías de Estado
y del Despacho -que «despachaban» directamente con el
ÍNDICE
26

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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
monarca los asuntos de su departamento- fueron las que
asumieron la capacidad ejecutiva (nota 2).
Aunque los Consejos aspiraban a un mismo fi n -mover los
engranajes de la Monarquía-, cada uno poseía su demarcación
propia. Las relaciones entre todos ellos las establecía
el rey quien, por medio de las respectivas instruccio nes y
órdenes, regulaba su funcionamiento. Este modo de actuación,
embaraza do además por rencillas jurisdiccionales y
por choques de competencias, pecaba de excesiva lentitud.
Únicamente con carácter extraordinario se cele braban sesiones
conjuntas, o el rey disponía que determinados consejeros
parti ciparan en las asambleas de un consejo ajeno. Esta
incoherencia estructural (nota 3), junto al solapamiento de
funciones que devenía del hecho de no delimitar con precisión
las competencias de cada uno de los consejos, fue uno
de las factores que condujo a la crisis del modelo. A estos
dos motivos -confusión de las atri buciones, y la consiguiente
dispersión de los asuntos- respondió la potencia ción de los
Secretarios de Estado y del Despacho.
Dentro de la nómina de consejos, el Consejo de Estado y el
de Castilla ofrecían ciertas peculiaridades. Ambos sufrieron
vitales cambios en el siglo XVIII. Mientras el primero -que
tradicionalmente asesoraba al rey en los asuntos de la políti-
27

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
ca exterior- acabó siendo un organismo meramente testimonial,
sin ninguna competencia política efectiva y conformado
por la nobleza de más alto linaje; el de Castilla experimentó
una evolución completamente opuesta, puesto que pasó de
ser un tribunal con competencias territoriales claramente
delimitadas a asumir competencias en todo el ámbito de la
Monarquía (nota 4).
Pero sus competencias cuasi universales (nota 5) lo hacían
una institución arcaica e insufi ciente para dar «cauce efi caz»
a las necesidades político-sociales de la España del XVIII.
Y su efi cacia se vio mermada por la pujanza del despotismo
ministerial (nota 6).
Sus consejeros eran nombrados directamente por el rey,
quien los escogía entre los hombres de leyes más afamados.
También solían formar parte del Consejo los obispos, arzobispos,
condes y marqueses (nota 7). Entre los miembros,
destacaba la labor de los fi scales, que eran los relatores ordinarios
de todos los negocios importantes, y tomaban parte
en las cinco Salas del Consejo, y tam bién en la Cámara.
Excluidos estos últimos, el número de consejeros se elevaba
a 30, a los que había que añadir una buena cantidad de
«jueces, escribanos, relatores, receptores, abogados, ofi ciales,
jefes de mesa, expedicioneros, cova chuelistas, ujieres,
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28

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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
porteros y un impresor». Junto a éstos, un total de 144, había
que contar a los agentes de corte y a los procuradores,
que actuaban como intermediarios entre los particulares y los
magistrados (nota 8). El Estado no les remu neraba esta actividad,
pero sí les autorizaba para trabajar por su cuenta en la
tranútación de los asuntos que les confi aban los candidatos a
las prebendas eclesiásticas (nota 9).
No todos los asuntos se sustanciaban y determinaban en el
pleno del Con sejo (nota 10). Había algunos que obligatoriamente
debían ser consultados con el rey; y otros, en cambio,
que para su más fácil resolución se distribuían por las cinco
salas que integraban el Consejo pleno (nota 11).
A pesar del gran número de funcionarios -o quizá por eso
mismo-, aun la gestión de los asuntos más superfl uos solía
hacerse interminable. Las ofi cinas del Consejo, paralizadas
por el caos legislativo, estaban siempre repletas de papeles
y documentos, de suerte «que nada era tan raro en España,
como una medida tomada oportunamente» (nota 12)
Como puede apreciarse, el Consejo de Castilla era un organismo
complejo. Dos instituciones estaban estrechamente
vinculadas a él. Por un lado, la Sala de alcaldes de Casa y
Corte, que estaba presidida por un ministro del Consejo Real,
29

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
y era considerada como una de las dependencias del mismo
(nota 13).
Y por otro, la Cámara de Castilla -o «Consejo de la Cámara»,
como apa rece mentada con frecuencia en la documentación-,
que era una sección privi legiada del Consejo, cuyas
atribuciones estaban bien defi nidas, y que se ha considerado
también como un organismo independiente y autónomo, cuyos
miembros eran elegidos únicamente entre los consejeros
de Castilla (nota 14).
Los orígenes del Consejo de la Cámara son oscuros; actualmente,
esta cuestión es todavía motivo de debate. Resulta
particularmente difícil dar una fecha concreta para su creación,
debido a que los asuntos de gracia y de patronato
fueron tratados, durante mucho tiempo, directamente por el
rey «por vía de cámara» (nota 15). Los primeros indicios de
la existencia de la institución los halla mos tras la muerte de
Fernando el Católico, cuando algunos miembros del Consejo
de Castilla lo fueron también de la Cámara (nota 16). Pese a
ello, Garma y Durán señala el año 1518 como el de inicio de
este Consejo, aunque su perfec cionamiento lo retrasa hasta
1523:
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«Tuvo su principio año de 1518 por el Emperador Carlos
V y la Reina doña Juana su madre, que acavaron de
30

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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
perfeccionar el de 1523, pues, aunque des de el año de
1387 se servían los Reyes de quatro ministros letrados
que lla mavan silenciarios por las cosas secretas que les
comunicavan en su Real Cámara, donde assistían, y de
que provino el nombre, fue del agrado del Ce sar elegir
por camaristas tres o quatro consejeros del de Castilla
(cuya prác tica se ha continuado sin número fi xo desde
entonces), para que confi riessen y consultassen a S.M.
las dependencias que indistintamente se les cometía,
pues no tuvo negocios proprios, ni señalados hasta que
Phelipe II, por su real cédula de 6 de enero de 1588 le
aplicó el conocimiento de todas las materias pertenecientes
al Real Patronato Eclesiástico, Gracia y Justicia,
con jurisdic ción privativa en quanto a ellas tocasse»
(nota 17)
Por tanto, su origen más próximo se debió a Juana la Loca y a
su hijo Car los V, cuyos consejeros Zapata, Vargas, Galíndez
de Carvajal, Mota y Padilla formaron parte de ella, así como
el canciller Gattinara y el secretario Cobos (nota 18).
También señala Garma y Durán como hito fundamental la
fecha de 1588. Ese año, el «Rey Prudente» -por real cédula
de 6 de enero (nota 19)- dio a la Cámara un estatuto ofi -
cial, reguló su funcionamiento. Felipe II la erigió en Consejo
31

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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
-Consejo de la Cámara-, dando instrucciones para su organización
y gobierno, y disponiendo que, en adelante, todos
los asuntos tocantes al Real Patronato, Gracia y Justicia, se
despacharan en la Cámara y no se remitiesen al Consejo de
Castilla ni a otro tribunal. Ello signifi có su consolidación administrativa
co mo órgano independiente de éste. Dicha instrucción,
además, estableció que el presidente del Consejo
de Castilla fuese asimismo presidente de la Cámara, con
derecho a voto, igual que el resto de los camaristas -también
miembros del mencionado consejo-. Su número no se precisaba;
tan sólo se hacía referencia a «diversas personas» de
reconocida «prudencia, cristiandad y buen zelo».
La normativa impuesta por Felipe II tuvo como consecuencia
secular que la composición de la Cámara fuera siempre -o
casi siempre- bastante reduci da. Un Presidente, un número
reducido de camaristas, y tres secretarios -en cargados
de los asuntos de Gracia, Justicia, y Real Patronato,
respectivamente . Otros funcionarios subalternos eran un
relator -que recibía los expedientes y realizaba un informe
de los mismos sobre el que trabajaban los camaristas-, un
contador -que llevaba la cuenta y razón de los efectos de
la Cámara, ayudado por un ofi cial mayor-, un tesorero -que
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
recibía dichos efectos, siendo el depo sitario de los mismos- y
varios porteros.
La importancia del presidente de la Cámara de Castilla radicaba
en su con dición de presidente o gobernador del Consejo
de Castilla, cargo que le eleva ba a la más alta representación
política de la monarquía, inmediatamente detrás del monarca
(nota 20). Su primera misión era velar por el buen funcionamiento
del Consejo, para lo que, anualmente, proponía al
rey la distribución de los conse jeros entre las distintas salas.
Gozaba de la facultad de poder encomendarles distintas comisiones.
Además, era el encargado de proponer los puestos
subal ternos del Consejo. Ningún componente de éste podía
ausentarse de la corte sin su autorización. Como máximo
responsable de la Cámara, era quien propo nía, con la ayuda
de sus miembros, personas dignas de mérito para los diferentes
empleos y cargos de todos los territorios de la Monarquía
(nota 21). Para ello, contaba con el apoyo de una red de
informadores en las distintas Universida des y Audiencias,
que le facilitaban los nombres de los sujetos más idóneos. La
Cámara se reunía sin periodicidad fi ja, según las necesidades,
en su domicilio particular. Su calidad de segunda fi gura
de la monarquía fue perdiendo poder político a medida que
el sistema de validos durante el XVII, y el recobrado au ge de
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
los Secretarios de Estado y del Despacho a partir de Felipe
V, fueron co brando mayor fuerza efectiva y coparon las principales
decisiones gubernamentales (nota 22).
Aunque la planta del Consejo de la Cámara sufrió escasas
alteraciones a lo largo del siglo XVII, el número de camaristas
sí varió con el paso de los años. Teóricamente, tres consejeros
de Castilla tenían derecho al título «del Consejo Real de
la Cámara de Castilla», pero, de hecho, hubo hasta seis en
el reinado de Carlos II (nota 23). En 1691, las medidas generales
de austeridad de los consejos afectaron al número de
camaristas. Así, un decreto dado por Carlos II, y con fi rmado
por Felipe V en 1701, procedía a la reforma del número de
ministros de la Cámara: de los seis camaristas que entonces
había, se estableció que los tres más modernos quedaran sin
goce alguno y pasasen a entrar por antigüedad en las vacantes
que se produjeren (nota 24). No se debía sustituir a los
camaristas que muriesen hasta quedar reducido su número
a tres. Pero estas medidas no fueron respetadas. En 1694,
cuando todavía había en la Cámara cuatro miembros, el rey
nombró a uno más y, posteriormente, también como supernumerarios
-en demismo burocrático- a otros tres. El decreto
de 28 de febrero de 1701 mantu vo ofi cialmente el número de
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
plazas en tres, pero se continuaron nombrando supernumerarios
(nota 25).
En el siglo XVIII, con la instauración de la nueva dinastía borbónica,
los cambios se produjeron con renovada celeridad,
de acuerdo con el ideal político de centralización que ésta
deseaba imprimir al sistema de administración heredado
de los Austrias. Esta centuria será, pues, la época que más
huella deje en su esquema organizativo, ya que las reorganizaciones
no sólo afectaron al nú mero de consejeros sino
que alteraron el esquema burocrático, al crearse una nueva
Secretaría y la fi gura del fi scal (nota 26).
A partir de 1707, los decretos de Nueva Planta dieron paso
a un nuevo apa rato institucional, que tendía -inversamente al
de los Austrias- hacia una nítida intensifi cación del centralismo
adrninistrativo (nota 27), que permitía al monarca hacer
llegar su autoridad, con mayor o menor efectividad, a todos
los confi nes de la Monarquía, por medio de sus diversos
agentes.
En este contexto se comprende fácilmente que la abolición
del Consejo de Aragón, el 15 de julio de 1707, con el consiguiente
traspaso de sus competen cias a las instituciones
centrales de la Corona, refrendaba la voluntad real de elimi-
35

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
nar cualquier reconocimiento de una presencia corporativa
de los reinos de la Monarquía (nota 28).
La extinción del Consejo de Aragón conllevó la distribución
de sus funcio nes entre los distintos organismos existentes.
De este modo, se vieron afecta dos los Consejos de Castilla e
Italia, y la Cámara.
Se partió de una división territorial. El Consejo de Castilla y la
Cámara se repartieron la administración de Aragón, Valencia,
y Cataluña posteriormente, según las competencias de cada
cual: el Consejo de Castilla, el gobierno y la administración
de justicia, y la Cámara, las cuestiones de Real Patronato,
Gra cia y Justicia (nota 29).
Y el Consejo de Italia se encargó de todos los asuntos referentes
a las islas -Mallorca, Menorca y Cerdeña-, aunque
esta situación no se prolongaría mu cho tiempo, puesto que
a raíz de su extinción, estos territorios siguieron la mis ma vía
administrativa que los otros reinos de la Corona de Aragón.
El traspaso de funciones -que exigía un reajuste en el aparato
burocrático se produjo en el instante mismo de la supresión
del Consejo de Aragón, como demuestra el hecho de que
el decreto de transferencia del personal a los nuevos destinos
lleve la misma fecha que el de la extinción del Consejo
ÍNDICE
36

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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
(nota 30). Tres anti guos consejeros de Aragón pasaron a
serlo de Castilla (Miguel de Jaca y Niño, Francisco Portell y
Pedro José Borrull), aunque ninguno de ellos formó parte de
la Cámara.
No hubo, pues, interrupción en la administración de los territorios
(nota 31). Tam poco se produjo pérdida de documentación
gracias a las normas dictadas para que el Consejo y
la Cámara de Castilla tomasen del archivo del Consejo de
Aragón aquella documentación que necesitasen como antecedentes
de su pro pia gestión.
El criterio seguido en la reestructuración no fue otro que el
de mantener claramente diferenciada la administración de los
reinos de Castilla y los de la Corona de Aragón. Siguiendo
esta directriz básica y ante la imperativa necesidad de
afrontar la nueva coyuntura mediante el establecimiento de
nuevas uni dades administrativas, en el Consejo de Castilla
se creó una nueva escribanía, la Séptima, por donde correrían
exclusivamente los asuntos de la antigua Coro na de
Aragón. Asimismo, en la Cámara se fundó una nueva secretaría,
con en tidad independiente de las tres Secretarías de
Castilla (nota 32), la «Secretaría de Gracia, Justicia y Real
Patronato de la Corona de Aragón», que debe centrar toda
nuestra atención puesto que fue el organismo expendedor de
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
la documen tación manejada para la confección del presente
trabajo de investigación (nota 33).
Al igual que en el Consejo de Castilla, la Cámara afrontó con
total correc ción la transferencia de competencias: el decreto
con la «relación de empleos que el rey ha sido servido conferir
a todos los ministros de la tabla del Conse jo de Aragón
que ha resuelto extinguir» es también del 15 de julio de
1707 (nota 34). A la Cámara fue destinado como secretario
(nota 35) Juan Milán de Aragón, que había sido protonotario
del suprimido Consejo. Además, fueron transferidos los ofi -
ciales subalternos de la Protonotaría de dicho consejo, y toda
la documentación que pudiera servir como antecedente de su
gestión, hecho fundamental de cara a su conservación.
La nueva secretaría tuvo un carácter cualitativamente diferente
a las otras tres puesto que trató todos los asuntos
concernientes exclusivamente a la Coro na de Aragón, mientras
las restantes tramitaron por separado las cuestiones de
Gracia, Justicia, y Real Patronato, relativas a los territorios
castellanos. Por lo tanto, la Cámara se convirtió en el único
organismo que entendía en las mate rias señaladas en todos
los Reinos de la Monarquía -con la excepción de los territorios
aforados de Navarra y las Provincias Vascongadas -.
38

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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
A juzgar por el volumen documental, la gestión del Real
Patronato en los territorios de la Corona de Aragón debió
funcionar muy correctamente. Entre registros y copiadores
hay 31 libros y los legajos de Consultas, Decretos, Ordenes y
expedientes ascienden a 1.082, aunque algunos pertenecen
al período del Consejo de Aragón (nota 36).
En noviembre de 1713, fecha inserta en el período de reorganización
admi nistrativa que supusieron las reformas emprendidas
por el equipo Orry-Maca naz en el Consejo de Castilla
(nota 37), la Cámara de Castilla fue suprimida aduciendo
problemas de «todo género de concurrenzias de un tribunal a
otro» (nota 38). La Se cretaría de la Corona de Aragón dejó
de funcionar según su tradicional base te rritorial, quedando
establecido que «las dependencias de los Reinos de Aragón
y Valencia, que hasta aquí se han despachado por Secretaría
separada de las otras tres de Castilla, han de correr de aquí
en adelante unidas con aquéllas y sin diferencia alguna»
(nota 39). Los cuatro Secretarios se repartieron los negocios
y competencias de la Cámara conforme fueron divididos
por las cinco Salas del Consejo, es decir, Consejo Pleno, de
Gobierno (nota 40), de Justicia, Provincia y Cri minal.
De cara a las investigaciones sobre este período, hay que
contar con una difi cultad añadida, pues durante los dos años
39

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
que duró esta reforma -1713 -1715-, la documentación referida
a Gracia, Justicia y Real Patronato puede ser más difícil
de localizar, por cuanto cabe la posibilidad de que se uniera
a la ge nerada por el propio Consejo de Castilla (nota 41). No
es cuestión de desanimar a los investigadores, puesto que
esta circunstancia, tan molesta como potencialmen te negativa,
se vio paliada por dos hechos.
En primer lugar, porque el rey dio instrucciones para que los
cuatro secre tarios de la Cámara pasaran a ser «secretarios
en jefe» del Consejo, y éstos im pusieron a los hasta entonces
omnipotentes escribanos de éste el sistema de trabajo que
se seguía tradicionalmente en la Cámara.
El segundo hecho corrector se produjo cuando Felipe V, ante
el fracaso operativo de la reforma, restituyó la Cámara a su
antigua planta, en 1715, indi cando expresamente que los
documentos se debían reintegrar a su Secretarla correspondiente.
De cualquier forma, la conclusión de la conquista de Cataluña
en 1715 por el bando borbónico evita el problema de la dispersión
documental al presente estudio.
Como se acaba de adelantar, poco tiempo duró la reorganización
de la ad ministración central. Por decreto de 9 de
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
junio de 1715 se restauró la Cámara de Castilla a su antiguo
estado, volviendo Juan Milán de Aragón a hacerse cargo de
una Secretaría de Cámara con competencias específi camente
territoria les, esto es, con las negociaciones de Aragón,
Cataluña y Valencia (nota 42). El citado decreto estableció la
composición de la Cámara de la siguiente manera (nota 43):
un Presidente -Gobernador del Consejo de Castilla-, cinco
consejeros vitalicios de directa designación real (nota 44),
cuatro secretarios, un relator, un tesorero, un con tador y varios
porteros.
Hemos dejado para el foral la defi nición de una fi gura importantísima
en la estructura y funcionamiento de la Cámara: el
Fiscal. Para los asuntos de espe cial relevancia, que requerían
una asistencia letrada de mayor calado -funda mentalmente,
los referentes al Real Patronato-, se demandaba el parecer
del Fiscal del Consejo de Castilla (nota 45), al que no siempre
se acomodaban las opinio nes de los camaristas.
El gran valor de sus actuaciones radicaba en su labor en
defensa de los de rechos del rey y de la sociedad. El fi scal
constituía el ministerio público, y en sus dictámenes ponía de
manifi esto las posturas regalistas más radicales, sobre todo
en la protección del intocable Patronato Regio; declaraciones
que tuvie ron que ser suavizadas con frecuencia por los
41

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
propios miembros de la Cámara. Entre 1621 y 1746, hubo
simultáneamente en el Consejo de Castilla dos fi scales: uno
civil y otro criminal. El fi scal civil se encargaba de todos los
pro cesos relacionados con el patrimonio, rentas e impuestos
reales, vigilaba las enajenaciones de los bienes públicos, y
defendía los derechos del rey en los procesos que afectaban
a ciudades, villas y lugares de realengo. En cambio, el fi scal
criminal debía velar por la aplicación de las penas previstas
por la ley para el castigo de los culpables (nota 46).
Durante el período de reformas de 1713-1715, ambas fi scalías
desaparecie ron, creándose circunstancialmente el puesto
de Fiscal General del Consejo de Castilla, que recayó en
Melchor Rafael de Macanaz (nota 47), y que, al contrario que
los antiguos fi scales, tenía derecho a voto cuando se trataba
de la «tranquili dad del reino» (lo que le daba bastantes posibilidades
de acción) o del Patrona to Real.
En 1715, tras la llegada de Isabel de Famesio, la situación
volvió a norma lizarse. Felipe V decretó el 9 de junio la anulación
de este empleo de Fiscal ge neral, restituyendo «a su
antiguo método y manejo la Fiscalía del Consejo de Castilla».
Considerando el incremento de los negocios con la agregación
de los reinos de Aragón, Valencia y Cataluña, para evitar
retrasos, resolvió que los fi scales volvieran a ser dos, «encar-
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
gándose el uno de los negocios y de pendencias civiles, y el
otro de los criminales» (nota 48). Aunque se consideró conve-
niente no mezclar los asuntos de Castilla con los de Aragón,
se evitó crear una tercera fi scalía, por lo que se convino una
solución intermedia: el fi scal de lo criminal también llevaría
los asuntos civiles de la Corona de Aragón. Fue nom brado
fi scal de lo criminal -por tanto, de Aragón- José Rodrigo, y
agente fi s cal, Miguel Palacios (nota 49).
Ante el cúmulo de negocios relativos al Real Patronato, y la
imposibilidad del fi scal del Consejo de atenderlos, por decreto
de 6 de agosto de 1735, Felipe V creó la plaza de Fiscal de la
Cámara, para el conocimiento exclusivo de los negocios del
Real Patronato (nota 50). El cargo recayó en José Ventura
Güell, a quien siguieron Gabriel de Olmeda -marqués de los
Llanos-, Blas Jover y Francisco José de las Infantas.
Este sistema tuvo vigencia hasta el año 1769 en que se dio
a las fi scalías una nueva base territorial. Las dos Castillas
tuvieron sendas fi scalías propias, creándose, por fi n, una
tercera fi scalía, que entendería privativamente «en to dos los
asuntos fi scales del Departamento de Aragón en la forma que
están prevenidos en la Escribanía de Cámara del Consejo
por lo tocante á aquel Reyna; en la que se comprehenden
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
todos los negocios de las Audiencias de Aragón, Valencia,
Cataluña y Mallorca» (nota 51).
La situación continuaría así hasta que, otro real decreto de
8 de septiembre de 1786, «atendiendo a la difi cultad de que
un solo fi scal despachase los ne gocios de la Cámara juntamente
con los de su respectivo departamento en el Consejo»
(nota 52), dispuso que los fi scales del Consejo lo fuesen también
de la Cámara.
Esta decisión provocó un considerable retraso en el despacho
de los nego cios de la Cámara por lo que, cinco años
más tarde, por decreto de 8 de sep tiembre de 1792, se retornó
al esquema de 1735, disponiéndose que los fi scales
del Consejo no lo fuesen de la Cámara, y que se destinase
para la Fiscalía de este tribunal a un ministro del Consejo
(nota 53).
La información que a este respecto nos ofrece la Novísima
Recopilación, se agota en 1802, fecha en que se suprimió la
fi scalía de la Cámara y se mandó repartir los negocios de ella
entre los tres fi scales del Consejo.
Ya advertimos con anterioridad que la poco clara delimitación
de sus com petencias provocaba frecuentes solapamientos
entre los distintos consejos. Esta circunstancia también afec-
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
tó a la Cámara, como puede observarse en su documentación.
No son raras las interferencias entre la Cámara y otros
organismos de la monarquía, sean éstos otros consejos u
otras instancias administrativas de nuevo cuño (Capitanes
Generales, Intendentes).
En la Cámara de Castilla se dilucidaban asuntos de gran
relevancia políti ca, administrativa y jurisdiccional. Así, G.
Desdevises du Dezert (nota 54) y Janine Fa yard (nota 55),
nos ofrecen una breve relación de las mismas. Las podemos
diferenciar en tres categorías defi nidas según la especialización
temática que observába mos en las otras tres Secretarías
de la Cámara.
En primer lugar, los negocios referidos a Justicia (nota 56),
donde la Cámara desa rrolla su labor más específi camente
administrativa, y que enmarca las relacio nes con las instituciones
territoriales, Audiencias y Chancillerías, corregidores,
regidores y otros ofi cios subalternos, así como la participación
activa en el di seño de la nueva planta de gobierno en los
territorios recientemente reincorpo rados a la corona. Caben,
por tanto, en este grupo, competencias como convocar las
Cortes y comprobar los poderes de los diputados; o presentar
ter nas y expedir los nombramientos de los altos funcionarios
del Estado -funda mentalmente, los ministros de las
45

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Audiencias, Chancillerías, Auditorías y Consejos, los regidores
de las principales ciudades y otros cargos subalternos-.
Seguidamente, la función de la Cámara como dispensadora
de distintas gracias y mercedes presenta también una extensa
variedad: concesión de dis pensas de edad, legitimidad y
grados para el ejercicio de las funciones públicas; concesión
de cargos honorífi cos; privilegios municipales; exenciones
tri butarias; indultos; fundaciones de mayorazgos; pensiones;
concesión de títulos nobiliarios; socorros varios; cartas de
naturalización; determinación de los lí mites de las grandes
propiedades, etc.
Por último, también es necesario destacar la labor de la
Cámara en relación con el Real Patronato, lo que la hace
partícipe directa de las tensas relaciones hispano-romanas
(nota 57). Para conocer cuáles fueron sus funciones
y competencias en este campo, es indispensable acudir a
la Novísima Recopilación, al título XVII del libro I, intitulado
«Del Real Patronato; y conocimiento de sus nego cios en la
Cámara». Recoge un vasto y plurisecular conjunto de disposiciones
legislativas delimitadoras de la capacidad de intervención
de la Corona en los asuntos eclesiásticos, en las que
se contempla con nitidez la pretensión real de tutelar la vida
interna de la Iglesia.
ÍNDICE
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
La Cámara tenía la prerrogativa de intervenir en las propuestas
de benefi cios, es decir, podía proponer al monarca,
en connivencia con el Padre Confe sor, a las personas que
juzgaba más idóneas para arzobispados, obispados, abadías
consistoriales, dignidades, prebendas de ofi cio, benefi
cios y demás tí tulos eclesiásticos, de su real presentación
(nota 58).
Intervenía también en la vida interna de las órdenes religiosas,
por delega ción expresa del rey. Informaba, asimismo,
sobre las rentas de los cargos ecle siásticos vacantes y el
secuestro de las prebendas confi scadas.
Como ya se indicó, la Cámara tenía atribuciones exclusivas
sobre asuntos del Real Patronato en todos los territorios del
Estado español, excepción hecha de los territorios aforados
de Navarra y las Provincias Vascongadas. Por ello, cualquier
otro tribunal del reino tenía que inhibirse en su favor en las
causas que concernían al Patronato Regio (nota 59).
La Cámara ofrecía, como vemos, un amplio abanico competencial
muy he terogéneo.
Por otra parte, las evoluciones y actividades de los camaristas
cambiaron de lugar de reunión a lo largo de los siglos. En
un principio, la Cámara se reu nió en palacio, en la misma cá-
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
mara del rey -hecho éste que le dio el nombre-. Con ocasión
de encontrarse enfermo el presidente Juan de Zúñiga, Felipe
III ordenó que, en adelante, las sesiones tuviesen lugar en
casa del presidente, y en caso de vacante o enfermedad de
éste, en una de las salas del Consejo de Castilla (nota 60).
El horario de las sesiones de la Cámara no se fi jó en el primer
decreto que regulaba su funcionamiento. Se hablaba
vagamente de uno o dos días cada se mana -a criterio del
presidente, según el volumen de trabajo pendiente-, procurando
que no coincidiesen con las reuniones ordinarias del
Consejo, a las que los camaristas debían asistir. Por tanto,
las fechas y el horario de las sesio nes dependían del tiempo
disponible de sus miembros (nota 61). Con el tiempo tendieron
a regularizarse, reuniéndose los lunes y miércoles por
la tarde, y los viernes y sábados por la mañana, excepto
durante el verano, en que el horario de los cuatro días era
matutino. En 1736 se ordenó a su presidente que señalase
los camaristas que le pareciese «para que se juntasen algunas
mañanas de ca da semana á evacuar negocios que no
fuesen de Real Patronato, á fi n de que por las tardes se atendiese
principalmente á estos» (nota 62). A pesar de todo,
la irre gularidad fue la tónica que imperó en la asistencia a la
Cámara, y la disponibi lidad, el criterio operativo. Tan sólo cir-
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
cunstancialmente llegaron a juntarse los cinco miembros que
constituían formalmente la Cámara, sin que ello obedecie se
a consideraciones particulares sobre los temas que hubieran
de tratarse.
Los camaristas rubricantes en la documentación analizada a
lo largo de los setenta y tres años estudiados fueron: Luis de
Miraval, García Pérez de Ara ciel, el conde de Gerena, Pedro
Colón de Larreategui, el marqués de Aranda, Pascual de
Villacampa, el marqués de Lara, José de Bustamante y Loyola,
Ga briel de Olmeda y Aguilar, José Ventura Güell, Pedro de
Herrayzábal, Juan Antonio de Soria, Juan Pereyta, Gaspar
Vázquez de Tablada -obispo de Ovie do-, Tomás Antonio de
Guzmán y Spínola, Antonio Boneta, Juan Trigueros, Francisco
Díaz Santos de Bullón -obispo de Barcelona, promovido a
Sigüen za-, Diego de Rojas y Contreras -obispo de Calahorra
y la Calzada, más tarde de Cartagena-, Francisco del Rallo
y Calderón, Blas Jover Alcázar, Francisco Cepeda, Manuel
Ventura Figueroa, Francisco José de las Infantas, Francisco
de la Mata Linares, Leyra, Pedro Rodríguez Campomanes,
el conde de Aranda, Andrés de Maraver y Vera, Miguel María
Nava, Juan Acedo Rico, el conde de Balazote, Pedro José
Valiente, Francisco de Velasco, Toral, y Santiago José de
Spinosa (nota 63).
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Como conclusión a esta disertación sobre la Cámara, podemos
utilizar una refl exión de Olaechea sobre la infl uencia que
sobre ella tuvo el Concordato de 1753, con la consiguiente y
torrencial lluvia de benefi cios eclesiásticos por proveer.
Cabe afi rmar, sin duda, que «si alguna institución española
se vio afectada de lleno por sus consecuencias, ésa fue la
Cámara, por cuyas puertas se volcó el cuerno de la abundancia
benefi cial, y al mismo tiempo un aluvión de pretendientes.
(...). La dedicación de los reyes al patronato convirtió a la
Cámara en una gigantesca expendeduría, con caracteres de
monopolio, y las secreta rías del patronato se transformaron
en unos activos centros de distribución que recogían, fi ltraban
y repartían el generoso caudal vertido por tantos miles
de benefi cios, vacantes y pensiones. En fuerza de ley, toda
provisión, por in signifi cante que fuera, debía de pasar por el
tamiz de la Cámara, siendo per seguidos los eclesiásticos,
particulares o agentes que pretendieran actuar por su cuenta»
(nota 64).
La Cámara era como una ofi cina central para todos los asuntos
concernien tes al Real Patronato, cuya tramitación corría
a cargo de sus dos sucursales: las agencias de preces de
Madrid y Roma.
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
2.1.2. LAS AGENCIAS DE PRECES DE MADRID Y ROMA
Como acaba de indicarse, la tramitación de las reales cédulas
concernien tes a asuntos del Real Patronato corría a cargo
de las dos sucursales de la Cá mara: las agencias de preces
de Madrid y de Roma. Por ello, constituían el puente entre
las dos cortes, la vaticana y la española, al mismo tiempo
que uno de los cauces naturales de desarrollo del regalismo
económico-jurisdiccional borbónico.
2.1.2.1. La Agencia de Preces de Madrid
Todas aquellas provisiones reales que necesitaban la confi rmación
pontifi cia debían pasar por el trámite de las expediciones
a Roma, y pagar allí los emolumentos acostumbrados.
La vía ofi cial se centraba en tomo a las agencias de preces.
Los provistos debían pagar previamente a la Cámara los
derechos de expedición, al recibir el título que les servía de
resguardo, para poder recoger, cuando llegare, la bula confi rmada
por la Santa Sede (nota 65).
El ofi cial 4° de la Secretaría del Patronato de Castilla era el
agente de pre ces en Madrid y, por tanto, el encargado de la
tramitación de las expediciones.
La nada sencilla tarea de este agente se centraba en enviar a
la agencia de Ro ma las provisiones de benefi cios y las minu-
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
tas de los poderes y consentimien tos de pensiones de los sujetos
promovidos a las diferentes prelacías, que requerían la
confi rmación pontifi cia. Una vez llegaban las bulas o breves,
el agente debía vigilar si en sus narrativas se incluían errores
perjudiciales contra el rey y las regalías, y retener las que no
estaban en regla hasta que fueran co rregidos esos errores
(nota 66). Además, debía concurrir al tribunal de la nunciatura,
para enterarse de las informaciones que se daban a los
arzobispos y obispos electos, y para que por demora no se
dilatara el traspaso de las iglesias.
La complejidad de estas funciones determinó la atención que
los reyes prestaron a la hora de nombrar al agente de preces
de Madrid, pues el cargo no podía recaer en cualquiera, sino
que requería una serie de dotes y cualidades que estaban
fuera del alcance de la mayoría de los ofi ciales (nota 67). El
mismo Felipe V se encargó de señalar «la forma en que se
había de servir, en adelante, el ofi cio de agente del rey y ofi -
cial de la secretaría del real patronato» (nota 68).
Para eliminar los perjuicios que conllevaban las expediciones
por los agen tes de Madrid, sin noticia del embajador
o del agente del rey en Roma, en 1708 se estableció que,
en adelante, el agente general del rey en Madrid observara
inviolablemente que todos los despachos de presentación a
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
obispados, arzobis pados, abadías, pensiones, provisiones
de resulta, y demás, se remitiesen al embajador en Roma,
y si no al agente. Estos despachos debían ir avalados por
cartas de la Secretaría del Patronato (nota 69).
Y a fi n de que las bulas no cayeran en manos de prestamistas
y mercantes de Roma, o de que no fueran por la vía de la
Secretaría del Patronato, y para evitar daños a los presentados
para piezas eclesiásticas, caso de que éstos no tuvieran
dinero, o de que por falta de medios se vieran obligados a
tomarlos de los mercantes de Roma, el agente real en aquella
ciudad estaba obligado a ad vertir a los prestamistas y
agentes que las referidas bulas estarían depositadas en la
Secretaría del Patronato, sin entregarse a las partes interesadas,
hasta que constara en ella haber sido satisfecha, por
sus correspondientes pupilos de Es paña, la parte que les
adelantaron para la obtención de dichas bulas, a no ser que
consintieran que fueran entregadas a los destinatarios. La
misma obliga ción tenía el agente de Madrid, en el caso de
que fuera una persona residente en España la que pagara el
coste de las bulas. El agente de Madrid debía notifi car al de
Roma los despachos que remitía cada correo y todo lo que
fuera nece sario indicar para su rápida expedición, presentando
las respuestas del agente de Roma en la Secretaría.
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
La asignación del agente era de 11.000 reales de vellón al
año, aparte de su sueldo de ofi cial 4°, y de los derechos devengados
por la agencia en el despa cho de las expediciones
que corrían por su mano.
A lo largo del siglo XVIII, los agentes fueron: Claudio Cerdán
(principio de siglo-1708), Miguel de los Ríos (1708), Alejandro
Antonio Rubalcava (1708-1714), Santiago Agustín Riol (1714-
1734), Guillermo Pelegrín (1734 1736), Juan Antonio de Soria
(1736-1760), Vitores de Elías y Zaldívar (1760 -1777), José
Fernando Ruiz (1777-1780, agente interino), Juan Fernando
de Aguirre (1780-a fi nal de siglo aún conservaba el cargo)
(nota 70).
2.1.2.2. La Agencia de Preces de Roma
Ambas agencias debían complementarse, actuar conjuntamente
en contra de las «erosiones» de la dataría.
Al no poder ser objeto del control directo de Madrid, las constituciones
de la agencia romana eran muy rígidas (nota 71).
El agente real en la Ciudad Eterna allanaba muchos inconvenientes,
lubri fi caba muchos roces, daba las primeras voces
de alerta en cuanto descubría al guna maniobra clandestina
de los curiales. Enviaba valiosos informes a Madrid acerca
de la Curia romana. Instruía a los agentes de Madrid sobre
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
el modo de acompasar sus preces con el estilo, el uso, y las
exigencias de la dataría, y les amonestaba cuando se trataba
de subsanar los errores de las expediciones (nota 72).
Ocuparon la agencia de preces romana durante el siglo XVIII:
Alonso To rralba (...-1711), Juan Díaz de Arce (1711-1720),
Félix Comejo (1720-1727), Domingo Uriarte Argüelles (1727-
1734), José de Viana y Eguiluz (1734- 1750), Miguel Antonio
de la Gándara (1750-1757), Manuel de Roda y Arrieta (1757-
1765), José Nicolás de Azara (1766-1798) y Gabriel Durán
(1798-...) (nota 73).
2.1.3. LA CURIA ROMANA
Para comprender el mundo de las relaciones hispano-romanas
y la proble mática en tomo al Patronato, no podemos quedarnos
en el mero conocimiento de la situación en España.
Olaechea lo dejó claro al escribir que «la política religiosa
española fue, durante el siglo XVIII, como un Jano bifronte,
uno de cuyos rostros se orientaba hacia Roma, y el otro miraba
a Madrid» (nota 74). Por ello, en este apartado, nuestras
miradas se centrarán en la Curia romana, diana de las envenenadas
fl echas regalistas de la política religiosa española.
La Curia era el órgano a través del cual el papa recibía toda
clase de infor mación y se conectaba con los miembros de la
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Iglesia (nota 75). En ella desplegaban sus actividades los
curiales, esto es, las personas que formaban sus tribuna les,
o que tenían estrecha y frecuente relación con el papa y el
gobierno de la Iglesia.
En los tribunales de la Curia se trataba toda clase de negocios
tocantes a los Estados Pontifi cios. Se dividían en cuatro
grandes grupos: los tribunales de judicatura ordinaria; los de
apelación; los que ejercitaban su jurisdicción en materias
particulares; y los tribunales superiores, a los que estaban
sujetos los anteriores. Los asuntos concernientes a dispensas
matrimoniales, gracias de particulares y cuestiones benefi
ciales atañían a los de apelación y jurisdicción particular.
Los tribunales de justicia de la Curia eran la Sacra Rota
romana, y la Cá mara Apostólica -especie de ministerio de
Hacienda-. A esta última le incum bía tanto la autoridad fi -
nanciera como la jurisdicción administrativa. Uno de sus
curiales era el tesorero que, además de custodiar el tesoro,
se encargaba de supervisar a los colectores y subcolectores
(nota 76).
En cambio, los tribunales de gracia preparaban la resolución
de las preces que la Santa Sede concedía a modo de favores
o gracias. A este grupo pertene cían la Penitenciaría y
la Dataría. La primera tenía la misión de expedir las gracias
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
espirituales -absoluciones, conmutaciones, dispensas-. La
segunda era el tribunal más vasto de la Curia.
Su nombre derivó de la palabra que antecedía a la fecha de
los documen tos: datum apud S. Petrum (nota 77). La Dataría
cubría el despacho de una amplia ga ma de gracias ordinarias
que, génericamente, las podemos reducir a las dispensas
matrimoniales, a las cuestiones benefi ciales y a ciertas
gracias de particulares. Técnicamente, preparaba las preces
para la decisión del papa, y una vez otorgadas por éste, daba
rúbrica a los documentos, los databa, registra ba y remitía a
los expedicioneros y agentes para su entrega. Por la expedición,
el solicitante debía pagar una tasa (nota 78).
Excepto la Dataría, todos los tribunales de la Curia tenían
potestad para ex pedir sus actas y documentos auténticos, sin
necesidad de recurrir a otro depar tamento superior. La labor
de la Dataría en el capítulo de las expediciones era complementada
por dos ofi cinas que estaban en directa conexión
con ella: la Cancillería Apostólica y la Secretaría de Breves.
La Cancillería era el tribunal más antiguo de la Curia. Su actividad
princi pal radicaba en la preparación y expedición de
las actas pontifi cias que se des pachaban en forma de bula,
con arreglo al estilo antiguo, y sin abreviaturas. No todos los
documentos requerían bulas. Por ejemplo, como ya vimos,
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
éstas eran precisas para confi rmar los nombramientos de
eclesiásticos para prebendas consistoriales -arzobispados,
obispados, abadías-; o para los decretos más so lemnes.
Al multiplicarse, con el tiempo, el volumen de los negocios
que debían tra tarse en la Cancillería, comenzó a utilizarse
la fórmula breve, que incluía en la redacción de las actas el
empleo de abreviaturas. Así, la Secretaría de Breves formó,
ella sola, una sección aparte de la Cancillería.
En la Dataría, una exasperante lentitud marcaba ordinariamente
cualquier tipo de gestión (nota 79). Por ello, las actividades
de sus curiales propiciaron grandes querellas; todo el
mundo murmuraba contra ella. Los españoles tenían motivos
más que sufi cientes para hacerlo pues dichos abusos se manifestaban
en un de sacertado criterio de provisión venal de
los benefi cios eclesiásticos. No se atendía a las capacidades
para la cura de almas o a los modos de vivir de los prebendados,
ni a los informes de obispos y ordinarios. El «mejor postor»
o el que estuviera dispuesto a pagar más altas tasas por
las expediciones era quien se benefi ciaba de la prebenda.
No obstante, a pesar de todas las críticas, Roma -sólo alguna
vez que otra intentó lánguidamente remediar los abusos y
desórdenes de la Curia (nota 80). También exasperaba a los
españoles la cantidad de funcionarios que man tenían con el
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
pago de las tasas por las expediciones. Roma era el paraíso
de los funcionarios. Entre los empleados y los parásitos de la
Curia sumaban tres cuartas partes de la población de Roma
que no mendigaba.
Dejando de lado las continuas y seculares quejas españolas,
continuaremos profundizando sobre un tema ya mencionado
en multitud de ocasiones en la presente monografía. Si el
Estado español atacaba al pontifi cio con las regalías «inherentes»
de la Corona, la Santa Sede respondía con otras armas
no menos «hirientes»: las reservas pontifi cias, una serie
de bulas, breves y rescriptos apostólicos compendiados en
las llamadas Reglas de Cancillería, y en virtud de los cuales
los pontífi ces procedían a la colación de determinados benefi
cios.
En resumen, la Santa Sede se reservaba todas las catedrales
y abadías con más de 399 ducados de renta anual, y los
benefi cios que vacasen estando sin prelado dichas sedes;
los benefi cios obtenidos de modo incorrecto o fraudulento;
todas las dignidades post pontifi calem -incluso de catedrales
o colegiatas- que pasasen de 20 ducados de renta anual;
los benefi cios de los familiares de cardenales; todos los
benefi cios obtenidos por los colectores y subcolectores de
la Cámara Apostólica, mientras ejerciesen su cargo, y los
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
benefi cios a los que tuviesen derecho por su cargo; todos
los benefi cios de cualquier curial que muriese en tiempo de
traslado de la curia, fuese donde fuese; todos los benefi cios
de los camareros del papa, aunque sólo fueran ad honorem,
y también los de sus corredores; con objeto de socorrer a los
clérigos pobres y premiar a otras personas beneméritas, se
reservaba la provisión de todos los benefi cios de patronato
eclesiástico, curados y no curados, seculares y regulares en
los meses de enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, octubre
y noviembre, y concedía la alternativa de seis meses a
los obispos que la pidiesen voluntaria mente, por el tiempo
en que residieran personalmente en sus mitras, en lugar de
los cuatro meses que tenían de ordinario para la colación de
benefi cios en sus respectivas diócesis (nota 81).
Además, el nuncio de España podía proveer numerosos benefi
cios y cape llanías de escaso valor y, en virtud de un indulto
concedido por Sixto V en 1585, durante los meses ordinarios
de los obispos tenía la facultad de nombrar candidatos
para las prebendas vacantes per obitum, cuya renta anual no
pasase de 24 ducados de oro de la Cámara Apostólica.
Por consiguiente, la red de reservas pontifi cias se extendía
prácticamente hasta los últimos rincones donde hubiera un
benefi cio susceptible de colación o pensión; y si sus rentas
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
eran menores que 24 ducados anuales los podía conferir el
nuncio. Así, los prelados veían muy recortadas sus posibilidades
de dis poner de los benefi cios de sus mitras.
Como puede verse, fueron éstos los fundamentos legales
que solidifi caron las posiciones romanas en las negociaciones
seculares encaminadas a la conse cución del Real
Patronato Universal por la Corona española.
Pero las brazos pontifi cios aún se alargaban más. Además de
los benefi cios «reservados», había otros «afectados» como
consecuencia de un acto simbóli co del papa, llamado appositio
manuum -aplicación de las manos-. Mediante la afección,
el papa se reservaba tácitamente un benefi cio para disponer
libre mente de él, quedando retenido e impidiendo su provisión
por el ordinario, al menos por aquella vez (nota 82). En
virtud de diversos decretos, el papa podía «afectar» nueve
géneros distintos de benefi cios, cada uno de los cuales incluía
numero sos casos particulares. No es extraño, pues,
que desde Madrid se pidiera una reforma total.
Concluyendo, puede observarse cómo toda la tipología benefi
cial (nota 83 )era sus ceptible de ser reservada o afectada.
Ello explica la intensidad de la guerra de injerencias e intromisiones
por parte de ambos contendientes, y el fervor pues
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
to por la Corona española en las negociaciones por el Real
Patronato Universal -en busca de la profi laxis colativa -.
La Santa Sede tenía variados motivos para reservar o afectar
tan grande masa benefi cial, o para conceder dispensas y
gracias. Por encima de la mera voluntad de los papas, sobrevolaba
una razón de mayor peso: la crematística.
Además de las tasas que debían de pagarse por el despacho
de las preces, la Curia se benefi ciaba de una serie de tributos:
annatas, medias annatas y quindenios, pagaderos en
moneda de oro de la Cámara Apostólica (nota 84).
Annata signifi caba etimológicamente la renta de un año, que
era lo que, en teoría, debía pagarse por un benefi cio mayor.
Pero normalmente no consistía en la renta de un año, sino
en la cantidad establecida por los aranceles de la Cancillería.
Se pagaba antes de la expedición de las bulas, pues la experiencia
había mostrado a la Curia que era difícil cobrarla una
vez que el benefi cio esta ba en posesión del benefi ciario. La
media annata era la mitad de la renta de un año, y se pagaba
por el disfrute de un benefi cio menor.
Los quindenios eran annatas quindenales. Como los benefi
cios acumulados a lugares píos o a cuerpos morales no
vacaban por no morir sus benefi ciados, estaban exentos del
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
tributo de las annatas, por lo que se les aplicaba el pago de
los quindenios (suponiendo que las vacantes tenían lugar
cada quince años, y precisamente durante los meses apostólicos
o reservados a la Santa Sede). Los quindenios se
extendieron llegando a incluir prácticamente todas las pensiones,
acumulaciones y uniones perpetuas que existían en
España, exigiendo el tribu to incluso de los monasterios del
Real Patronato.
Los quindenios dejaron de pagarse teóricamente tras el
Concordato de 1753, al igual que las annatas en los benefi -
cios de renta anual superior a 24 du cados. Pero en la práctica,
los curiales de la Cancillería siguieron cobrándolos al
despachar las provisiones de benefi cios unidos, colegiatas
y monasterios. Los benefi cios con renta anual superior a 24
ducados, además del coste de la bula, pagaban la media annata
o el quindenio.
No basta con aceptar como cierta la existencia de abusos en
la Curia roma na. Es necesario analizar las causas que los
hicieron tan manifi estos.
Y motivos justifi cadores hallaremos en el sistema de ocupación
de las pla zas. Además de la percepción de manchas -
propinas-, más o menos aceptada a nivel general, los ofi cios
de la Dataría y la Cancillería constituían una de las mejores
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
fuentes de ingresos. Debían ser ocupados personalmente
por sus pro pietarios, pero era práctica común entre éstos el
hecho de subarrendarlos con usura. Y los subarrendadores
procuraban sacar el máximo partido a las expedi ciones a fi n
de amortizar con la mayor rapidez el desembolso. De este
modo se espoleaban las «corruptelas, trampas y triquiñuelas»
en la expedición de las preces (nota 85).
Los mismos vicios aquejaban a los agentes y expedicioneros,
que vivían, asimismo, del producto de las expediciones. Por
la Ciudad Eterna circulaban agentes de diversos tipos o categorías
(nota 86).
Los agentes ofi ciales o agentes generales de preces eran
los enviados por los monarcas para ventilar los asuntos de la
Curia relativos a su país (nota 87).
Los agentes de curia eran simples curiales de Roma que
mantenían corres pondencia epistolar con agentes particulares
de España. Con la expedición de las preces que recibían
de España, por vía privada, redondeaban el sueldo que ganaban
en el tribunal en que trabajaban.
Los agentes eclesiásticos eran clérigos encargados extraofi -
cialmente por sus obispos de solventar en Roma los asuntos
enviados desde su mitra.
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
Los expedicioneros particulares hacían el negocio por su
cuenta; cargaban los gastos de las expediciones con la
aveniencia de la Dataría, que también ob tenía benefi cios de
ello. También daban rienda suelta a múltiples falsifi caciones.
La mayoría eran italianos. Ahí se chocaba con el problema
de que las más de las veces ignoraban la situación del país
o diócesis representados, por lo que lo mejor era poner las
agencias y expediciones en manos de compatriotas.
Tras el Concordato de 1753 se trató de encauzar todas las
expediciones por un solo canal: la Cámara. Por ello, durante
la segunda mitad del siglo, los agentes generales del rey
de España recibieron repetidas órdenes para impedir la actuación
de agentes particulares en la expedición de preces.
Tales mandatos no tuvieron éxito. Los particulares eran una
«quinta columna» de dífi cil oposi ción. Algunos eran miembros
de la propia embajada que trabajaban a espaldas del
agente general. Además, actuaban en connivencia con la
propia Dataría, que también obtenía lucro de los tratos.
Otro aspecto destacable es el gran número de españoles
que acudía a Roma por asuntos matrimoniales, litigiosos o
benefi ciales, para obtener la expedición de las consiguientes
dispensas, gracias y bulas colativas. Llegaron a constituir
una clase especial en el mundo eclesiástico y social romano:
65

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
la de los «preten dientes». Muchos no lograban sus objetivos,
por lo que tenían que malbuscarse la vida allí. Había
una gran cantidad de mendigos y vagos, de los que la mitad
eran mujeres. Tras la fi rma del Concordato de 1753, los pretendientes
de bene fi cios se vieron obligados a abandonar la
Ciudad Eterna, para pulular primero por la corte madrileña y,
más tarde, por sus sedes episcopales.
Antes de acabar el epígrafe hablando de la moneda curial,
trataremos un curioso negocio que, cómo no, también reportaba
benefi cio a la Dataría: las pensiones y resignas.
Renuncia era la dimisión de un benefi cio, y resigna la cesión
que hacía un benefi ciado en favor de determinada persona,
bien por entero o -lo que era más frecuente- reservándose
alguna pensión sobre las rentas del benefi cio re signado
(nota 88).
Sólo el papa, a través de la Dataría, podía admitir estas resignas
con dos súplicas: una consignando la renuncia, y otra
solicitando el disfrute de la pen sión. De ambas bulas -provisión
y pensión reservada- se debía pagar la media annata.
Muchas veces el valor de la pensión reservada era menor
que el precio de la bula. También sucedía que, al quedar mermados
los frutos de los benefi cios, podía retardarse la nueva
provisión al negarse el benefi ciado a aceptar la pensión re-
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
servada, con el consiguiente perjucio de orden pastoral para
la parro quia por estar largo tiempo desasistida.
En España, apenas había benefi cios -reservados- libres del
descuento de las pensiones cargadas por Roma por diferentes
conceptos. Los monarcas espa ñoles no discutían el derecho
papal, pero juzgaban una extorsión que el dinero español
pasase a manos de extranjeros.
Entrando ya en el tema de las monedas utilizadas por la Curia
romana, es necesario conocer que las rentas benefi ciales se
obtenían en especie y su cómputo se hacía en ducados de
oro de Castilla, pero el pago de las pensiones im puestas por
Roma debía efectuarse en ducados de oro de la Cámara
Apostólica, lo que era más gravoso pues había que convertir
los frutos en moneda (nota 89).
El ducado de oro romano tenía más valor que el castellano.
Mientras que 1 ducado de oro de Castilla equivalía a 11 reales
de vellón, 1 ducado de oro de la Cámara Apostólica se
cambiaba por 15,62 reales de vellón (nota 90). Esto es, 1
ducado de la Cámara Apostólica suponía 1,42 ducados de
oro castellanos.
El cambio, tan oneroso ya de por sí para los españoles, todavía
podía ser más desfavorable cuando los suplicantes, para
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
dar celeridad a las expediciones, se ponían en manos de un
agente particular, que aún cargaba el cambio más alto.
Una vez conocidos todos los entes participantes en la expedición
de los do cumentos necesarios para la provisión de
benefi cios eclesiásticos (nota 91), podemos sumergimos en
este submundo, comenzando por una compendiosa explicación
de sus mecanismos y de los criterios seguidos en las
colaciones.
4.4.4. MECANISMOS Y CONDICIONANTES DE LAS PROVISIONES
2.1.4.1. Introducción
En este epígrafe trataremos de reproducir el proceso de provisión
de los benefi cios eclesiásticos desde la vacante previa
hasta la posterior colación, así como los criterios y factores
infl uyentes en la selección de prebendados.
El conjunto de prebendas eclesiásticas estaba sometido a
un continuo fl ujo de provisiones y vacantes. Los sistemas de
colación eran tres: por elección, confi rmada por el ordinario
(nota 92); por presentación, cuando se trataba de algún patrón
laico o del monarca (nota 93); y por libre colación del
papa o del nuncio. Las va cantes, en cambio, podían sobrevenir
de cinco maneras. Olaechea las enumera: «por defunción
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68

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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
o cambio de estado del benefi ciado; por incompatibilidad; por
impetración defectuosa o irrita; por crimen; y por negligencia
del provisto, que dejó transcurrir el plazo señalado para la
solicitud de las preces o la toma de posesión del benefi cio».
Además existían otros modos reservados al papa (nota 94).
Si combinamos la gran cantidad y variedad de benefi cios a
proveer, y la gran cantidad y variedad de modos de vacante,
podremos comprender la com plicación burocrática y las
posibilidades de abusos que se daban en la Curia. No es
necesario recordar las quejas españolas sobre la forma que
ésta tenía de proveer los benefi cios eclesiásticos (venalidad,
alejamiento y desconocimiento de la realidad del país, lentitud...).
No obstante, tras el traspaso de funciones que supuso
el Concordato de 1753, la Cámara de Castilla pasó a ser
quien su friera estas críticas, pues se vio desbordada durante
mucho tiempo por el alu vión benefi cial. Algunos abusos se
repitieron; se hizo popular la frase: «las cosas de palacio van
despacio» (nota 95).
2.1.4.2. El procesa de provisión de benefi cios del Real
Patronato
Tras quedar vacante un benefi cio eclesiástico del Patronato
Regio, el obis po de su diócesis -si era secular-, o el abad de
69

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
su monasterio -si era regular-, debían remitir al rey por medio
de la Cámara un informe con la causa de la vacante y las características
de la prebenda (valor y calidades; cargos, pensiones
y otras obligaciones). Una vez conocida la vacante por
el rey, éste sometía su provisión a la consulta de la Cámara.
La Cámara se reunía, discutía el tema en cuestión, y elevaba
al rey su pare cer recogido en un documento, la consulta. Ésta
comenzaba con un breve pero conciso enunciado (nota 96),
que era seguido por una detallada exposición del asunto, y
concluía con la opinión de los consejeros, que normalmente
era unánime.
Una vez estaba en manos del rey, éste, independientemente
del contenido fi nal de aquélla, y con mayor o menor celeridad,
tomaba una decisión. Aun que lo más frecuente era que
el monarca se acomodara al parecer del órgano central, no
fueron pocas las ocasiones en que adoptó posturas abiertamente
contrarias.
La consulta de las prebendas eclesiásticas vacantes se efectuaba
los lunes, siendo los candidatos elegidos en la Cámara
por votación. Dos días después, los miércoles, eran fi rmadas
por los magistrados de turno, y remitidas al mo narca, por vía
de Gracia y Justicia, junto con la lista de pretendientes -y sus
respectivas relaciones de méritos-. El rey las despachaba los
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70

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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
viernes. Una vez fi rmados los nombramientos, los remitía a
la Cámara -devolviendo, asimismo, las citadas relaciones de
méritos-, que los publicaba el lunes siguiente (nota 97).
Una vez enterado de la resolución real, el benefi ciado o su
agente debían acudir a la secretaría correspondiente a recoger
la cédula de presentación, para lo que era requisito ineludible
llevar un certifi cado del prelado en el que constaran las
rentas eclesiásticas que gozaba Si las tenía, éstas pasaban
a disposi ción del monarca (nota 98), a menos que la gracia
concedida fuera compatible con la posesión de otras rentas
eclesiásticas.
Tras ello, el benefi ciado debía superar el penúltimo trámite
burocrático. Era enviado a la ofi cina del sello, donde su título
de provisión era registrado; título con el cual podría recoger
defi nitivamente la prebenda, una vez que ésta viniera confi
rmada por las pertinentes bulas pontifi cias, de cuya consecución
se encargaba, como ya hemos visto, la Agencia de
Preces, en contacto directo con la Curia romana.
La agencia de preces de Madrid enviaba a la de la Ciudad
Eterna la lista de benefi cios eclesiásticos cuyo nombramiento
necesitaba de confi rmación ponti fi cia (nota 99). Allí, el propio
agente de preces o el embajador en dicha corte presentaban
las elecciones reales ante «Su Beatitud», para que les
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
diera su confi rmación or denando la expedición de las bulas
y breves correspondientes, cuyas tasas ha bía que pagar en
la Dataría. Normalmente, entre la fecha de expedición de la
carta dirigida al embajador o al agente de preces y la del despacho
de las bulas podían transcurrir unos dos meses.
Satisfechos los pagos, los escritos pontifi cios iban a manos
del agente de preces en Roma, que los remitía a la agencia
de Madrid. De allí pasaban a ma nos del secretario de la
Cámara, que los dejaba al fi scal para su supervisión, por si
venían en la debida forma o en ellos había algo contrario a
las regalías de la corona.
En el caso de las mitras, el fi scal solía retener la bula dirigida
a los vasallos legos de las respectivas catedrales puesto que,
bajo la amenaza de sufrir las mismas penas que eran impuestas
a los rebeldes, les ordenaba a éstos prestar fi delidad al
obispo y pagarle los servicios y derechos acostumbrados, lo
que era impropio de la autoridad eclesiástica y perjudicial a la
regalía de la Corona, única fuente de la jurisdicción temporal
de los prelados en sus reinos. Además, la Cámara advertía a
los electos que cuando prestasen juramento a la Santa Se de,
tal como prevenía la Bula de Consagración, expedida a tal
efecto, éste «sea y se entienda sin perjuicio del de fi delidad
debido al rey, ni de sus regalías, le yes del reino, disciplina
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72

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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
de él, Concordatos, legítimas costumbres, y otros de rechos».
Tras cumplir estas prevenciones, les eran devueltas las bulas,
junto con los executoriales necesarios para la toma de
posesión de la mitra (nota 100), y una real cédula que les
otorgaba el señorío temporal y la jurisdicción sobre los términos
adscritos a su dignidad episcopal (nota 101).
Y por fi n, salvados todos los trámites burocráticos -que solían
ocupar a la Secretaría de Gracia, Justicia y Real Patronato
de la Corona de Aragón alrede dor de un mes y medio-
(nota 102), se le entregaba la bula o breve al benefi ciado,
que disponía de un determinado plazo de tiempo -normalmente
dos meses- para presentarse en su benefi cio y tomar
posesión de él.
Y así terminaba el proceso de provisión de benefi cios eclesiásticos
del Re al Patronato. El provisto se presentaba en
su benefi cio con los documentos pontifi cios y los reales, y
normalmente no había problemas para que tomara posesión
de él.
2.1.4.3. Criterios y factores en la distribución de los
benefi cios
En la distribución de benefi cios, la Cámara intentaba no
alejarse mucho de dos principios generales. Por un lado,
73

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
proveer las vacantes con la mayor breve dad -hecho que muy
poco frecuentemente se conseguía-. Y por otro, elegir a los
pretendientes más dignos y apropiados para el servicio y utilidad
de las pie zas eclesiásticas (nota 103).
De esta forma, en igualdad de méritos, eran preferidos los
diocesanos a los foráneos, cuando se trataba de benefi cios
de una mitra en concreto.
Las prebendas de ofi cio se proveían por oposición y concurso,
según las normas del concilio de Trento (nota 104).
Las mitras y las primeras dignidades de catedrales y colegiatas
eran distri buidas, por regla general, entre los «sujetos de
juicio, literatura y prendas sa cerdotales que más se hubieran
distinguido en el servicio de otras iglesias y en el del Estado»
(nota 105). He aquí un aspecto interesante de la mentalidad
de la dinas tía borbónica: en igualdad de condiciones se anteponían
los eclesiásticos de valor, que se hubieran cualifi cado
políticamente (nota 106), a aquellos otros que no eran más
que estrictamente sacerdotes. Aquellas dignidades, para
cuya obten ción se requería el grado de doctor o de licenciado,
sólo se proveían en sujetos titulados por la Universidad.
El ascenso en la carrera eclesiástica se basaba en el nivel de
educación: más específi camente, en la formación recibida en
las fa cultades de teología, fi losofía y derecho (nota 107). Y
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74

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
parte muy importante en las posi bilidades de ascenso tenía
el tipo de educación recibida, pues el inicio de la carrera marcaba,
en buena medida, todo el itinerario posterior, condicionando
las formas y la intensidad de la dedicación pastoral y
social que los sacerdotes tenían en sus pueblos o ciudades
(nota 108).
Para las prebendas y benefi cios sin cura de almas, que sólo
requerían «edad, orden y virtud sufi ciente», eran preferidos
los capellanes de la Armada y los de los hospitales reales
(nota 109). En cuanto a los benefi cios simples y pensiones
eclesiásticas, que no pedían residencia y no tenían más obligación
que una de clarada inclinación al estado eclesiástico,
se atendía con mayor interés a los clérigos pobres y a los
beneméritos en servicio del bien público.
2.1.4.4. El derecho de resulta
Fue éste un utilísimo instrumento regalista en manos de la
corona españo la, al que se aferraron los reyes para proveer
multitud de benefi cios.
La nominación de un individuo para una prebenda eclesiástica
del Real Pa tronato podía dejar vacante a su vez otra,
cuya provisión pasaba a tocar al mo narca por derecho de
resulta, aun cuando no perteneciese al Regio Patronato. De
75

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
este modo, la provisión de una plaza podía generar toda una
cadena de nombramientos de individuos afectos para benefi
cios que, de cualquier otra manera, hubieran quedado al
margen de sus prerrogativas (nota 110).
Pero no sólo el rey podía extender subrepticiamente las redes
de su Patro nato. También la Santa Sede hizo uso de tal
derecho para acceder a ciertos car gos ajenos a su amplia
jurisdicción (nota 111).
2.1.4.5. La red de informadores
Era habitual que las propuestas para los diferentes empleos
eclesiásticos fueran precedidas de informes secretos enviados
por diversas instancias de la jerarquía eclesiástica,
haciendo diversas alusiones acerca de la diferente bon dad y
conveniencia de los candidatos.
Esta red de informadores llegó a jugar un papel muy signifi
cativo en la Es paña de la época. Tras el Concordato de
1753, y la decisión de alejar a los pre tendientes de Madrid,
la infl uencia de estos informes se acrecentó, pues de ellos
dependían, en gran medida, las futuras provisiones. Pero a
menudo, di chos informes no se detenían únicamente en las
esferas eclesiásticas, sino que interferían decisivamente en
la vida pública. No en vano la Iglesia era la única instancia
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76

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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
con una presencia efectiva en todos los rincones de la monarquía
(nota 112).
2.1.4.6. El Padre Confesor
Hemos dejado para el fi nal del capítulo el factor de mayor infl
uencia en materia de provisiones: la actividad del Confesor
Real. Los historiadores de la Iglesia del XVIII no se cansan
de repetirlo (nota 113).
La labor realizada en el fuero sacramental era la parte mínima
e insignifi cante de las tareas anejas al cargo de Confesor
Real. Sea por una práctica inve terada, que databa de la época
de los Austrias, o por una corruptela paulatina, lo cierto
es que por manos del Confesor Real pasaban casi todos los
negocios eclesiásticos del reino, y otros muchos políticos o
puramente civiles -imposi ción de contribuciones, arbitrios
económicos o cuestiones de comercio, dife rencias con el
nuncio o la Santa Sede, o minucias de etiqueta protocolaria-
(nota 114). El rey se servía de su confesor utilizándolo, al
mismo tiempo, como sacerdote, moralista y teólogo, y también
como agente político, administrador eclesiásti co, consultor
y consejero. Era, como puede apreciarse, una fi gura de
suma tras cendencia en la vida pública del país.
77

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Queda claro, pues, que en absoluto se reducían las funciones
del Confesor Real a oír las confesiones del monarca, absolverle
y darle los consejos espiri tuales pertinentes. Aunque el
confesionario real no podía compararse con una Secretaría,
puede decirse, sin exageración, que el Padre Confesor formaba
par te del «equipo ministerial», porque en la práctica ejercía
el papel de ministro de asuntos eclesiásticos (nota 115);
en otras palabras, era el «verdadero factotum de la política
religiosa del gobierno de los Borbones» (nota 116).
El cambio de dinastía trajo, entre otros, el de los titulares del
confesionario regio, que dejaron de ser dominicos, encargándose
de él los jesuitas (nota 117). De to dos ellos destacó el
Padre Rávago, fautor del Concordato de l753 (nota 118).
El infl ujo del Padre Confesor era tan grande en la corte que
su dictamen solía prevalecer muchas veces al de los ministros
y consejeros reales (nota 119).
Uno de sus principales negocios -en el que su poder era decisivo-,
que le granjeaba no pocas envidias y animosidades
(nota 120), era la provisión de obispados y benefi cios eclesiásticos
de presentación real. Prácticamente era él quien
confe ría las piezas eclesiásticas, limitándose el monarca a
dar su «visto bueno» (nota 121).
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78

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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
2.2. PROVISIONES DE BENEFICIOS REGULARES
2.2.1. INTRODUCCIÓN
Roberto Fernández Díaz, en su ya mencionado artículo «La
clerecía catala na en el Setecientos», al analizar el estado actual
de los conocimientos referen tes al clero regular catalán,
dice rotundamente: «Nuestra ignorancia en este punto es
notoria» (nota 122).
Obviamente, resulta una tarea inabarcable intentar ofrecer
una bibliografía exhaustiva sobre el clero regular catalán.
Sí podemos afi rmar, comulgando con la opinión del citado
Fernández, que su calidad es muy desigual y que carece
-salvo alguna excepción- de monografías que aborden los
temas desde un punto de vista rigurosamente científi co e
imparcial (nota 123).
Sobre la jerarquía regular (nota 124) no disponemos de más
información que la que se puede extraer de las historias generales
de las distintas órdenes, de algunas hagiográfi cas
biografías de abades o superiores de órdenes, y de las historias
de los monasterios más poderosos -como los de Poblet,
Montserrat o Santes Creus-, que nos aportan datos sobre
sus personajes más ilustres. La razón de estas carencias hay
que buscarla en el celo con que las diferentes instituciones
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
religiosas guardaron sus interioridades, impidiendo el acceso
a la vasta e in mensamente rica documentación conservada
plurisecularmente en sus archi vos. Por ello, el estudio social
de estos religiosos está aún por hacer.
No obstante, intentaremos salvar estas difi cultades para
ofrecer un estado actual de los conocimientos sobre el clero
regular catalán del XVIII.
Su principal nota distintiva fue la gran estabilidad que mantuvo
a lo largo de toda la centuria. La atonía fundacional -
manifi esta ya en la segunda mitad de la centuria anterior- se
acentuó. No se fundó ninguna nueva orden, y las existentes
apenas abieron nuevas casas.
El cambio más espectacular se produjo con la expulsión de
los jesuitas de España en 1767, y la subsiguiente extinción
de la orden en 1773 por Clemente XIV, a instigación de la
corte española. La Corona decretó que todos los establecimientos
de la Compañía, y sus correspondientes rentas, se
destinaran a fi nes religiosos y educativos. A nivel nacional,
las confi scaciones permitieron al Estado fundar nuevos seminarios
para mejorar la calidad del clero parroquial, establecer
nuevas escuelas tuteladas por religiosos, pero con planes
de estudios más avanzados, y crear instituciones de caridad
bajo dirección clerical (nota 125).
ÍNDICE
80

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
Las comunidades regulares preferían la ciudad al campo.
No obstante, las grandes fundaciones monásticas -de benedictinos
claustrales y cistercienses- (nota 126) tenían sus
monasterios en áreas rurales. Pese a ello, el clero regular
adolecía de una mala distribución de su personal, quedando
una importante porción de la población de las zonas rurales
sin la mínima atención espiritual.
Para estas comunidades monásticas, el Siglo de las Luces
fue, en general, una época de prosperidad, consolidación y
progreso material. Las diferencias entre comunidades ricas y
pobres se incrementaron. Al no ser ya frecuentes las grandes
y generosas donaciones de otros siglos, algunos monasterios
malvi vían de pequeñas rentas, de limosnas y a veces,
incluso, de arbitrios menos cla ros. La mayoría, en cambio, se
vio benefi ciada con el incremento de las rentas de sus tierras,
a causa de la infl ación de los precios agrícolas. Además, sus
ar cas se llenaron aún más con los diezmos de las parroquias
que se hallaban bajo su tutela espiritual -aunque ésta habitualmente
no era directa, sino que solían pagar un salario
miserable a un clérigo secular que ejercía los ofi cios sacramentales
como vicario- (nota 127).
Pero esa aparente, confortable y apacible prosperidad ocultaba
su inercia, su rutina estéril, su relajación y su falta de
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ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
vitalidad intelectual y espiritual. Es ta decadencia era más evi-
dente en los grandes monasterios benedictinos y cistercienses.
Sus casas estaban, en teoría, dedicadas a la contemplación
y al rezo, pero cuestiones más mundanas y menos
espirituales concentraban la atención (disputas internas por
el poder de cara a las elecciones de los abades, o a dispo ner
de la administración de los bienes temporales, que dieron
lugar al desarro llo de faccionalismos dentro de los propios
monasterios; o proliferación de pleitos en defensa de los tradicionales
e intocables privilegios monacales tanto de orden
jurisdiccional como económico).
De todo ello se dieron cuenta los ilustrados. Y sobre el clero
regular diri gieron multitud de ataques (nota 128). Criticaban
su ingente poderío económico, la can tidad de tierras que iban
a parar a sus «manos muertas». Su excesivo e improductivo
número, cuyo consiguiente celibato consideraban una de
las cau sas de la despoblación del país, en comparación con
las magnitudes demográfi cas alcanzadas en otros países
europeos. Les acusaban de ser los máximos adversarios de
las Luces, los propagandistas de la superstición (nota 129).
Sapos y cule bras salen de la mordaz boca del Padre Isla al
hablar de los frailes: «Son ami gos de los buenos manjares y
celebran regalados banquetes», «acaban de pre dicar sobre
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
el ayuno, y desde el púlpito se van a sentar en una mesa
ostentosa. Claman contra la profanidad, y sus personas, sus
casas, sus celdas y sus apo sentos están llenos de mil superfl
uidades ...» (nota 130). Los frailes, según él, «no se contentan
con ser glotones, sino que además suelen tener sus pretensiones
de elegancia y parecen petimetres» (nota 131).
También el «ilustrado» gobierno español era consciente de
los males que aquejaban a las congregaciones regulares.
Continuamente recibía denuncias contra el poder «despótico»
de las altas jerarquías, pues los superiores controlaban
de forma arbitraria el proceso de elección de cargos, el funcionamiento
interno de los capítulos, la gestión económica de
los conventos, e incluso la propia admisión de novicios, favoreciendo
sus clientelas o «facciones» particu lares. Conocía
que la pugna faccional envenenaba las relaciones existentes
en tre los miembros de las comunidades tanto como contribuía
a su creciente desprestigio público. También sabía perfectamente
que la relajación y la inob servancia de las reglas
de las órdenes constituían una práctica común en todos los
ámbitos de la vida monacal (nota 132).
Por otro lado, el hecho de que los obispos ejercieran poca
o ninguna auto ridad sobre las órdenes religiosas (nota 133)
83

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
justifi caba la intervención directa de los ministros de la monarquía
en la vida conventual (nota 134).
Pero ahí topaba la monarquía con otro obstáculo, pues exceptuando
un grupo reducido de religiones (nota 135), el
grueso de los conventos españoles seguía formando parte
de congregaciones más amplias, que excedían el ámbito
terri torial de la monarquía hispana, es decir, que los cargos
de responsabilidad de estas órdenes estaban ocupados por
extranjeros (nota 136), lo que, además de la de pendencia de
los institutos españoles respecto al exterior, signifi caba una
im portante transferencia de rentas hacia sedes ultrapirenaicas
(nota 137).
Por ello, la formación de congregaciones nacionales, con
superiores pro pios, y en cuyo nombramiento desempeñara
un papel destacado la Corona, se convirtió en uno de los objetivos
insoslayables de la política regalista-ilustrada, puesto
que además de asegurarse su control, el rey quedaba legitimado
para incrementar la presión fi scal sobre los regulares,
al tiempo que frenaba el dre naje de rentas hacia el exterior.
Pero el Estado no se limitó únicamente a controlar las más
altas jerarquías del clero regular, sino que también cargos
del escalafón inmediatamente infe rior -los abades- fueron
provistos con lupa. Se siguió una política de nombra miento
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84

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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
de adeptos: bien adeptos a la causa borbónica, tras la Guerra
de Sucesión (nota 138); bien adeptos al ideario político-reformista.
Y es que cuando los tratadistas de la época recalcan la importancia
del Pa tronato Real, están afi rmando la supremacía
del monarca sobre la Iglesia «na cional», no sólo frente a
la jurisdicción romana, sino también frente al propio poder
del estamento eclesiástico; es decir, están defendiendo la
existencia de un poder monárquico «centralizado», libre de
intromisiones de fuerzas feuda les superiores -el Papado-, y
al mismo tiempo exento de la concurrencia de unos poderes
intermedios -como la Iglesia española- cuya pervivencia, sin
em bargo, se juzga necesaria para el mantenimiento del orden
social.
Resumiendo, los ilustrados quisieron formar un clero regular
menos nume roso, que pudiera sustentarse con las rentas de
los patrimonios monásticos; un clero reformado y disciplinado
-mediante un retorno a la observancia de las re glas primitivas-
con un mayor nivel intelectual, necesario para cumplir de
una manera más efi ciente con su misión educativa y ejemplifi
cadora dentro de la sociedad estarnental.
Pero sus logros fueron más bien parcos, pues en su haber
sólo cabe incluir un leve aumento de la presión fi scal sobre
85

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
los institutos de regulares y la for mación de ciertas congregaciones
«nacionales» independientes de sus homóni mas
extranjeras (aunque este último éxito fuera originado por la
coincidencia de intereses de los ilustrados con el propio clero
español) (nota 139).
2.2.2. ORDEN PREMONSTRATENSE
La orden Premonstratense corresponde al grupo de
Canónigos Regulares de San Agustín. Su fundador es San
Norberto, por lo que son llamados Norber tinos. La denominación
de Premonstratenses la toman de Premontré (Pratum
Monstratum) cerca de Laon (Francia), donde se fundó el primer
monasterio en 1120. Aprobados por Honorio II en 1126,
pronto se extendieron por casi todos los países cristianos,
especialmente por Francia, Alemania, Países Bajos, Hun gría
y España (nota 140).
En Cataluña hallamos, en la diócesis de Lérida, el venerable
monasterio de Santa María de Bellpuig de las Avellanas,
cuna de grandes fi guras de la cultu ra española (nota 141).
La provisión de su abadía sufrió diferentes vicisitudes a lo
largo del tiem po. Antes de 1665, los prelados ostentaron el
cargo vitaliciamente. Años más tarde, en 1682, cambió el
sistema de provisión en virtud de una concordia fi rmada en-
ÍNDICE
86

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
tre el rey y el monasterio y confi rmada por bulas pontifi cias.
La provi sión de la abadía se convirtió en trienal, debiendo el
monarca elegir al nuevo abad entre una tema «de sujetos de
virtud, letras y otras buenas partes, que reúnen las calidades
necesarias» que serían propuestos el abad y cabildo de
aquella casa.
Pero no siempre se mantuvo el sistema de provisión intacto.
Durante la Guerra de Sucesión, el monasterio se alineó en
el bando austracista, de modo que en 1718, tras el trienio
de José Agustín Bover, al nombrar nuevo abad, la Cámara,
lejos de conformarse con la terna propuesta por la casa, solicitó
infor mes particulares sobre los candidatos. Al ser todos
austracistas declarados, tu vo que nombrar al menos afecto a
dicha causa, Cándido Coromines.
La documentación nos permite elaborar un listado de los abades
electos en el período estudiado (1715-1788):
87

ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
FECHA NOMBRE DEL ABAD
2-9-1715
20-10-1718
21-10-1721
11-6-1725
28-6-1728
14-1-1733
9-2-1736
16-1-1738
14-1-1742
11-5-1745
2-4-1748
18-3-1751
27-4-1754
12-7-1757
11-7-1760
18-8-1763
8-7-1766
31-10-1769
24-11-1772
23-1-1774
7-10-1777
1780-1783
1783-1786
4-11-1786
José Agustín Bover
Cándido Coromines
José Agustín Bover
Gerónimo Serrano
Daniel Finestres
Pedro Juan Bover
Pedro Trelles
Cándido Coromines
Pedro Juan Bover
Antonio Trueta
Gerónimo Comabella
Antonio Trueta
Jaime Caresmar
Francisco Amell
Antonio Trueta
Francisco Amell
Jaime Caresmar
Francisco Amell
Antonio Trueta
Antonio Bellsolla
Francisco Amell
Antonio Bellsoll
(nota 142)
José Rey
Francisco Amell
88
A. H. N. «REGISTROS
DEL REAL PATRONATO».
Libro 280, f. 2v.
Libro 280, f. l l 1v.
Libro 280, f. 150v.
Libro 280, f. 173v.
Libro 280, f. 215v.
Libro 280, f. 240v.
Libro 280, f. 259v.
Libro 280, f. 273.
Libro 280, ff. 312v-314.
Libro 280, ff. 371-372.
Libro 281, ff. 119v-121.
Libro 281, ff. 180v-182.
Libro 281, ff. 319v-321v.
Libro 282, ff. 10v-12.
Libro 282, f. 58v.
Libro 282, f.110.
Libro 282, f.125.
Libro 282, f. 148.
Libro 282, f. 172v.
Libro 282, f. 206.
Libro 282, f. 247.
Libro 283, f. 58v.

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
2.2.3. ORDEN CISTERCIENSE
Esta orden religiosa monacal nació del gran tronco benedictino
a fi nes del siglo XI. Fue fundada por San Roberto de
Molesmes en el monasterio de Ci taux o Cister, cerca de Dijon
(Francia), el 21 de marzo de 1098. El papa Pas cual II la aprobó
en 1110.
Debido a la dureza de la regla estuvo a punto de extinguirse
a los pocos años de su fundación. Pero la llegada al Cister de
San Bernardo con otros 30 compañeros en 1112 supuso el
comienzo de un desarrollo espectacular que iba a convertirla
en la Orden más importante de Europa. En muy pocos años
se fundaron las cuatro abadías madres que darían origen a
centenares de monaste rios: La Ferté en 1113, Pontigny en
1114, Claraval y Morimond en 1124 (nota 143).
Dieciséis de esos monasterios conformaban la Congregación
Cisterciense aragonesa-navarra. Se distribuían del modo siguiente:
cuatro se hallaban en Aragón (Veruela, Santa Fe,
Piedra y Rueda), dos en Valencia (Valldigna y Benifaza),
uno en Mallorca (Mallorca), cinco en Navarra (Fitero,
Iranzu, Marci lla, Leyre y Oliva), y los cuatro restantes en el
Principado de Cataluña (Santes Creus, Poblet, Escarpe y
Labaix) (nota 144). No obstante, el rey sólo nombró abades
89

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
en los monasterios catalanes de Escarpe y Santa María de
Labaix, ambos sitos en la diócesis de Lérida.
El gobierno central de la Congregación se componía de un vicario
general asistido de un defi nidor por cada reino. El cargo
de vicario correspondía por turno sucesivo a los cinco reinos.
Los defi nidores elegían también, en el capítulo provincial, un
visitador por cada reino. Todos estos cargos tenían que recaer
en abades o superiores de los monasterios.
Una concordia establecida según real cédula de 23 de agosto
de 1649 fi r mada por Felipe IV defi nía el sistema de provisión.
Los abades serían elegidos 141 por el rey, tras el examen y
consulta de la Cámara (nota 145), cada cuatro años entre los
religiosos de los monasterios de la congregación propuestos
en terna por el vi cario general y los defi nidores de la misma
(nota 146). Los propuestos debían ser «indi viduos de virtud,
letras y otras buenas partes, que reúnen las calidades necesarias
para el buen desarrollo de su empleo».
Durante la Guerra de Sucesión, el sistema de provisiones
varió, pues en los territorios controlados por el Archiduque
la presidencia de la Congregación la detentaba el abad de
Poblet, y al defi nitorio tan sólo podían asistir el defi nidor de
Cataluña y el secretario de la Congregación por estar el resto
de los monas terios en la obediencia del Borbón (nota 147).
ÍNDICE
90

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
De los monasterios catalanes el único que prácticamente permaneció
bajo el dominio de Felipe V durante la contien da fue
el de Escarpe, y terminó amenazado de ruina (nota 148).
Otra peculiaridad de la Congregación Cisterciense era que
cuando concluía el cuatrienio del vicario general, si éste
era al mismo tiempo abad de algún monaste rio de la orden,
había de nombrarse un administrador para este monasterio
(nota 149).
La Congregación desapareció prácticamente en 1835, si bien
continuó nombrando sus vicarios generales hasta 1887.
Monasterio de Escarpe
La abadía fue fundada el 8 de abril de 1214 por el rey de
Aragón, Pedro II el Católico, quien dispuso ser enterrado
en ella, aunque lo fue en Sigena. Sufrió di versas vicisitudes
y destrucciones, incluida la producida durante la Guerra
de Sucesión. Su Iglesia, de tres altas naves, fue edifi cada
en el siglo XVIII. Subsistió hasta la Desamortización de
Mendizábal. Actualmente sólo quedan ruinas (nota 150). Los
provistos por el rey para esta abadía en el período estudiado
fueron:
91

ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
FECHA NOMBRE DEL ABAD
16-2-1716
11-10-1720
1-7-1723
1-2-1725
30-6-1733
15-12-1736
19-12-1740
6-10-1744
3-9-1748
13-10-1752
28-9-1756
13-1-1761
11-10-1764
12-1-1769
7-3-1773
26-9-1776
19-8-1781
23-9-1784
4-9-1788
José Borrues.
Administrador.
Miguel Escuder.
Manuel Más.
Mauro Más.
Administrador.
Mauro Más.
Administrador.
Francisco Beltrán.
Gerónimo Borrás.
Pablo Vallés.
Gerónimo Morgadas.
José Salvador.
Jaime Roca.
Jacinto Albacar.
Jaime Roca.
Jacinto Albacar.
Bernardo Vilanova.
José Escalona.
Roberto Ravaseall.
José Escalona.
Luis Miret.
92
A. H. N. «REGISTROS
DEL REAL PATRONATO».
Libro 280, f. 35.
Libro 280, f. 137.
Libro 280, f. 162v.
Libro 280, f. 170v.
Libro 280, f. 240v.
Libro 280, f. 263.
Libro 280, ff. 297-297v.
Libro 280, ff. 352v-353v.
Libro 281, ff. 138v-140.
Libro 281, ff. 288-289.
Libro 281, ff. 377-378v.
Libro 282, f. 59.
Libro 282, ff. 116v-118.
Libro 282, f. 139v.
Libro 282, f.177.
Libro 282, f. 233.
Libro 282, f. 303v.
Libro 282, f. 345v.
Libro 283, f. 83.

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
Santa María de Labaix
La abadía se halla ubicada a 3 km. de Pont de Suert. En un
primer momen to fue benedictina, llamándose de San Martín.
Consta su existencia a mediados del siglo IX. Hacia 1100
pasó a los canónigos de Aquisgrán, y en 1223 a abadía cisterciense.
Poseyó una antiquísima iglesia románica, así como
el claustro y el capítulo, ambos del siglo XI. Actualmente sólo
quedan ruinas informes de lo que fue un grandioso edifi cio.
Después de la Desamortización de Mendizá bal fue convertido
en cantera de la vecina población (nota 151).
Los encargados por el rey para la dirección de la abadía fueron:
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
FECHA NOMBRE DEL ABAD
10-11-1716
11-10-1720
1-2-1725
30-7-1733
15-12-1736
19-12-1740
3-10-1744
5-9-1748
26-9-1752
11-11-1756
26-5-1761
11-10-1764
12-1-1769
7-3-1773
26-9-1776
19-8-1781
23-9-1784
4-9-1788
Isidro Turno
Joaquín Puyol
Bernardo Gavá
Francisco Abad
Francisco Pericón
José Gil
José Piquer
José Gil
José Piquer
José Gil
Roberto Furlan
José Gil
Miguel Doncel
Juan Sanz
Miguel Doncel
Medardo Dorán
Miguel Doncel
Miguel Ferrer
94
A. H. N. «REGISTROS
DEL REAL PATRONATO».
Libro 280, f. 33v.
Libro 280, f. 137v.
Libro 280, f. 170v.
Libro 280, f. 240v.
Libro 280, f. 263.
Libro 280, f. 297.
Libro 280, ff. 351-352v.
Libro 281, f. 140.
Libro 281, ff. 207-208v.
Libro 281, ff. 383v-385.
Libro 282, f. 85v.
Libro 282, f. 118.
Libro 282, f. 139v.
Libro 282, f. 176v.
Libro 282, f. 233.
Libro 282, f. 303v.
Libro 282, f. 345v.
Libro 283, f. 83.

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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
Como ya se indicó, el acceso a la provisión de los otros dos
monasterios - Santas Cruces y Nuestra Señora de Poblet- le
estaba vedado a la Corona, por lo que su logro se convirtió en
uno de los objetivos centrales de la ambiciosa po lítica regalista
de Carlos III, en tomo a la extensión de su Real Patronato
(nota 152).
Y aunque su reinado terminó sin que la provisión de ambos
monasterios corriese a su cargo, excepcionalmente pudo
nombrar al abad del monasterio de Poblet en dos ocasiones.
Veamos el caso con detenimiento.
Una de las primeras medidas tomadas por Carlos III en materia
religiosa se orientó hacia la consecución de la concesión
papal del Patronato sobre dichos monasterios. Originó
el proceso una petición de Miguel Cuyás, abad de Poblet, a
comienzos de 1761.
Éste envió a la Cámara un memorial acompañado por varios
documentos y privilegios, con el fi n de demostrar que dicha
fundación era del Real Patronato, para que fuera aprobada
su declaración como tal (nota 153).
El fi scal de la Cámara expresó que no cabía duda alguna
de que dicho mo nasterio era del Real Patronato, como
construido, fundado y dotado, en virtud de diversos indultos
95

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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
apostólicos (nota 154), por Ramón Berenguer IV -conde
de Barcelona- a mediados del siglo XII. El fi scal reforzaba
la «realeza» del monasterio al afi rmar que fue amplifi cado
y enriquecido por diversos reyes de la Corona de Aragón,
que lo eligieron como su panteón y sepulcro, colmándolo de
cuan tiosas rentas, honores y jurisdicciones (nota 155). Y culminaba
su intervención afi r mando sin tapujos que no existía
razón alguna para que el rey no pudiera nominar abades en
este monasterio y en los demás de esa misma congregación.
Además, insistía en que sería muy conveniente y poderosa
razón de estado que el rey pasara a proveer la abadía
(nota 156) para una más acertada elección de los aba des,
para la quietud y observancia de la disciplina monástica
(nota 157), y para que las abundantes riquezas del monasterio
no se disiparan lastimosamente en inopor tunos pleitos
(nota 158).
Por estas consideraciones, la Cámara informó a Carlos III
sobre los moti vos que asistían al monasterio para que fuera
declarado del Real Patronato, in sinuándole al mismo tiempo
los que también concurrían para que, haciendo uso del derecho
de presentación, eligiese abades para él -a proposición y
terna del defi nitorio- tal como se hacía en los otros cuatro de
96

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
los que también era pa trón. Y que lo mismo podría verifi carse
para todos los cistercienses de la Coro na de Aragón.
Dos años después, el 18 de septiembre de 1763, el rey
mandó un despacho a Manuel de Roda y Arrieta (nota 159)
para que solicitase a Su Santidad, Clemente XIII, la ansiada
bula que concediera a la Corona el derecho a nombrar abades
en varios monasterios de la Congregación Cisterciense
(nota 160). Pero la mediación de Roda sirvió de poco, y el
rey siguió sin poder proveer dichos establecimientos pese a
estar plenamente convencido de poder demostrar que pertenecían
a su Real Patronato.
Tuvieron que pasar dos décadas para que Carlos III pudiera
designar a un abad en Nuestra Señora de Poblet. No obstante,
antes de conocer los detalles de este éxito regalista, hay
que incidir sobre el estado del monasterio.
Poblet puede ser considerado como un prototipo del deterioro
que sufrió la vida monástica en la España del XVIII
(nota 161). A su estéril rutina y su falta de vita lidad intelectual,
se unía una irritante inobservancia de los preceptos
eclesiásticos. Sus monjes no podían ocultar extramuros que
su prescrita dedicación a la contemplación y al rezo no era
más que una fi cción. Sus energías y recursos se consumían
en asuntos más mundanos: una interminable lluvia de plei-
97

ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
tos. De este modo, Poblet, el gran monasterio cisterciense
-cuya fama sobrepasaba los límites de la nación-, poseedor
de grandes propiedades y múltiples derechos señoriales y
jurisdiccionales en la región circundante, a principios de la
década de los '70 se hallaba al borde de la más completa y
triste bancarrota. Y aún más, intramuros, los monjes estaban
divididos en facciones enfrentadas, de modo que la casa refl
ejaba un estado de guerra civil no declarada. Las dispu tas,
como veremos, surgieron cuando los superiores intentaron
obligarles a ob servar las reglas de la orden, y también en
torno a la elección de los abades.
Tras terminar en 1780 el cuatrienio de José Güell, se suscitó
en la Cámara un pleito sobre su sucesión. El 22 de julio de
1780, como dictaban las constitu ciones de la orden, el defi -
nitorio confeccionó la terna de la que había de salir el nuevo
prelado. La Cámara, para asegurar la tranquilidad y paz de los
monjes del monasterio, comunicó al rey que no debía aceptar
dicha terna, y dictaminó que el abad electo debía proceder de
una nómina de tres religiosos de dicho estableci miento propuesta
por su comunidad de monjes. Ésta formalizó la terna y
la remi tió al citado tribunal el 6 de octubre siguiente. Al mismo
tiempo, una «facción» de 17 monjes de la misma casa envió
otra terna completamente diferente.
98

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
Años más tarde, el 19 de abril de 1784, la Cámara, tras
escuchar dos repre sentaciones del Prior General de la
Congregación Cisterciense, pasó al rey una consulta en la
que le recomendaba a José Salvador, propuesto en segundo
lugar en la terna de toda la comunidad, para el cargo de abad.
Carlos III se conformó con el parecer de la Cámara, y sin perjuicio
de lo que decidiera ésta con el re ferido Prior General
en relación con las vacantes y elecciones sucesivas, nom bró
provisionalmente y con la calidad de «por ahora» a José
Salvador. Y en virtud del real despacho de 23 de mayo del
mismo año se le puso en posesión de la abadía (nota 162).
Pero el nombramiento no supuso el fi n de las desavenencias.
Pronto se sus citaron nuevas diferencias y parcialidades -con
grave perjuicio de la disciplina regular-, que conducirían a la
segunda designación real de un abad para el mo nasterio de
Poblet.
En este estado de cosas, Carlos III, deseando la conservación
de la paz en tre dichos súbditos regulares, mandó dar
noticia de ello a Pío VI, para que su intervención pusiese el
más pronto y efi caz remedio.
Su Santidad, condescendiendo con sus piadosos deseos,
expidió un breve datado el 29 de noviembre de 1786, removiendo
enteramente de la administra ción, gobierno y régimen
99

ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
del monasterio a José Salvador. Y lo que es realmente destacable,
concediéndole a Carlos III, en virtud de su autoridad
apostólica, por esa sola vez, y «por gracia especial que nunca
se pueda alegar por ejemplar», y sin que hicieran presentación
de tema ni el defi nitorio ni la comunidad de monjes del
monasterio -con arreglo a sus constituciones y costumbres-,
plena y amplia facultad para que nombrara nuevo abad para
el siguiente cuatrienio, con todos los derechos y privilegios de
su prelacía, aunque el sujeto electo no «estuviera adicto» a
dicho monasterio ni a otros del Principado.
Tras ser el breve papal examinado por la Cámara, el fi scal
comprobó que no perjudicaba las regalías ni el patronato
«que tal vez podrá fundar la Corona al nombramiento libre y
absoluto de abades de dicho monasterio en lo sucesi vo». Y
por real decreto del 15 de febrero de 1786, el rey le concedió
el pase.
Entonces, la Cámara comenzó la búsqueda de una persona
digna de ocupar la prelacía del monasterio, y que además
tuviera las calidades necesarias para hacerse con su gobierno,
régimen y administración, pese a sus difíciles cir cunstancias.
Y despúes de obtener los informes convenientes, pasó
a Carlos III su consulta el 29? de abril de 1786.
100

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
El rey resolvió nombrar abad a Agustín Vázquez Varela -defi
nidor general y ex-general de la Orden Cisterciense de los
Reinos de Castilla y León-, y para que pudiera tomar posesión
de su prebenda sin que mediase problema alguno, el 26
de julio siguiente le despachó el correspondiente título, junto
a dos cartas dirigidas respectivamente a las autoridades seculares
del Principado, y al prior y comunidad de monjes del
monasterio (nota 163).
Desde octubre de 1786, Vázquez emprendió una serie de
medidas orienta das a recuperar la observancia de la disciplina
monástica. Dichas provisiones no fueron bien vistas por
los monjes. Viendo que la situación se tornaba cada vez más
delicada, el 8 de julio de 1788 el abad envió a Carlos III una
repre sentación para comunicarle «las revoluciones suscitadas
por varios monjes de la casa», proponiendo los medios
para atajarlas. Preocupado, el rey remitió di cho informe a la
Cámara para que ésta analizase en profundidad el asunto.
Cuatro días despúes, varios monjes del citado monasterio se
quejaron a Carlos III, por medio de la Cámara, del referido
abad y de su prior, pidiendo que se diese comisión a un «sujeto
de carácter» para que realizara las pesqui sas necesarias.
Posteriormente, otros monjes repitieron las quejas.
101

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
La muerte impidió a Carlos III zanjar el tema. No obstante, la
misma incli nación general hacia el mantenimiento del orden
eclesiástico propició que su hijo y sucesor intentara esclarecerlo.
Para ello, Carlos IV requirió a Vázquez un detallado
informe. El abad lo remitió el 15 de abril de 1789, junto con
una copia de los reglamentos, disposiciones y providencias
que había tomado para restablecer el buen orden y la tranquilidad
en el monasterio, desde octubre de 1786 hasta últimos
de marzo de 1789, poniendo a continuación de cada una de
di chas providencias una nota explicativa de las razones que
la habían motivado.
Tras estudiar la Cámara la documentación aportada por el
abad, el 12 de agos to siguiente Carlos IV promulgó un real
decreto en el que libraba al abad de las acusaciones y libelos
de los diferentes monjes de su monasterio, contra su conducta
personal y su forma de gobierno, al haber merecido
la aprobación de la Cámara todas las providencias tomadas
para el restablecimiento de la disciplina monástica, «pues no
son preceptos nuevos, sino remedios contra la relajación experimentada
de muchos años a esta parte, cuyos abusos se
califi can ser antiguos».
Y para que dicho decreto tuviera su debido efecto, el día 23
del referido mes le expidió una real cédula, encargándole
ÍNDICE
102

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
que reuniera a la comunidad de monjes y les hiciera saber
la licitud de todas sus providencias (nota 164). Además, es
cribió a las autoridades seculares del Principado, al arzobispo
de Tarragona, y al vicario general y defi nitorio de la
Congregación Cisterciense de los Reinos de la Corona de
Aragón y Navarra, para que le dispensasen la protección y
au xilio que les requiriese.
Vázquez permaneció al frente de la abadía hasta 1793
(nota 165).
Como puede observarse, el presente caso, amén de ser
signifi cativo por el acceso real a la provisión de la abadía
de Poblet -sobre la que reclamaba el pa tronato-, es un claro
exponente de la activa intervención real en los asuntos que
podían poner en peligro la salud eclesiástica de sus reinos.
2.2.4. CONGREGACIÓN BENEDICTINA CLAUSTRAL TARRACONENSE
CAESARAUGUSTANA
A principios del siglo XIII, la Santa Sede mostró un claro interés
por esta blecer vínculos entre los monasterios de una
misma región y orden, mediante la celebración de capítulos
o reuniones periódicas de abades. Aprovechando la celebración
del IV Concilio de Letrán en 1215, Inocencio IV los impuso
a to dos los benedictinos.
103

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
En 1336, Benedicto XII dio un paso adelante al publicar la
bula Summi magis tri, que determinaba el funcionamiento
de los capítulos y agrupaba los monaste rios benedictinos
en 32 circunscripciones. Cuatro de ellas correspondían a
la Península Ibérica: Compostela-Sevilla, Toledo, Braga y
Tarragona-Zaragoza (nota 166).
Así nació la Congregación Tarraconense y Caesaraugustana,
también llamada Congregación Claustral. Abarcó todos los
monasterios independientes situados en Cataluña y Aragón,
con sus respectivos prioratos y otras dependencias menores.
En Cataluña, las doce fundaciones benedictinas claustrales
se hallaban repartidas por tres diócesis. En la de Barcelona:
San Cugat del Vallés (nota 167), San Pablo del Campo
(nota 168 )y San Pedro de la Portella (nota 169), y Santa
María de Serrateix (nota 170). En la de Urgel: Santa María
de Gerri (nota 171). Y en la de Gerona, las ocho restantes,
esto es: Santa María de Amer (nota 172) y Rosas (nota 173),
San Pedro de Besalú (nota 174), San Pedro de Camprodón
(nota 175), San Esteban de Bañolas (nota 176), San Pedro
de Galligans (nota 177), Santa María de Ripoll (nota 178),
San Pedro de Rodas (nota 179) y San Salvador de Breda
(nota 180).
ÍNDICE
104

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
En Aragón, tres eran los monasterios de esta Congregación:
San Juan de la Peña, Nuestra Señora de la O, y San
Victorián.
Fundada y originada en una época de gran decadencia monástica,
la Con gregación Claustral nunca llegó a restablecer
en sus monasterios la plena ob servancia de los puntos
esenciales de la regla benedictina. Sus presidentes, abades
y monjes se distinguieron por su habilidad para esquivar cualquier
ama go de reforma. Sus comunidades parecían más cabildos
seculares que verdade ras comunidades benedictinas.
La Congregación estaba sujeta al Real Patronato, de modo
que el rey goza ba del derecho de presentación sobre todas
sus abadías. Éstas se proveían co mo los obispados, previa
consulta de la Cámara -antes, del Consejo de Aragón-, y sus
vacantes se producían con el fallecimiento del abad, o -lo
que era también bastante frecuente- con su promoción a otra
abadía. Como contra partida al hecho de tener que atender al
mantenimiento del monasterio (nota 181), el monarca podía
disponer de una parte de los frutos y rentas de éste (que no
de bía superar el tercio de su valor líquido) para otorgarlas a
modo de pensiones según su libre voluntad.
El Patronato Real le permitía, asimismo, crear unos lazos de
interdepen dencia muy sólidos puesto que, cuando promovía
105

ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
a un religioso al cargo de abad -en virtud del derecho de presentación
que le correspondía-, conseguía por el ya defi nido
anteriormente derecho de resulta la provisión de la plaza u
ofi cio que el religioso detentaba (nota 182). Este procedimiento
se convirtió en un útil instrumento para extender a
sus adeptos por las piezas eclesiásticas más impor tantes de
los monasterios (limosneros, enfermeros, pavordes, obreros,
despen seros, camareros, chantres, etc.) (nota 183), pues
frecuentemente un nombramiento iniciaba una cadena que
podía implicar a tres o cuatro piezas eclesiásticas más, que
evidentemente no tocaban al Real Patronato. Por ello, en no
pocas ocasio nes fue causa de disputas y contenciosos con
Roma. Además, hay que tener muy en cuenta que el uso
sistemático de esta prerrogativa fue exclusivo, dentro de los
límites de clero regular, de la religión de San Benito de los
Claustrales, pues no la observamos ni en la Cisterciense ni
en la Premonstratense.
A continuación se incluyen por orden cronológico y de forma
esquemática los ofi cios de los distintos monasterios a
los que el rey tuvo acceso en virtud del derecho de resulta.
Observaremos también la existencia de las cadenas de nombramientos.
La documentación aporta casi siempre referencias
sobre la causa de la vacante y el cariz de la provisión.
106

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
No obstante, en algunos -pocos casos, este dato no aparece,
aunque la casuística general nos hace inferir que los ofi cios
en cuestión no corresponden al Patronato Real, sino que más
bien el rey los provee gracias al citado derecho.
22-12-1715. Limosnero de San Pedro de Rodas. Vacante:
promoción de Francisco Guanter a la abadía de
Santa María de Amer y Rosas. Nombramiento:
José Domenech, monje de San Pedro de Rodas
(1. 280, ff. 5v-6).
9-1-1716. Hospitalero y hostalero de San Pedro de Rodas.
Vacante: promoción de Francisco Pastor a la
abadía de San Pedro de Besalú. Nombramiento:
Miguel Bergés, clérigo de la diócesis de Gerona
(1. 280, ff. 6v-7).
18-7-1716. Obrero de San Cugat del Vallés. Vacante:
promoción de Félix Taberner a la abadía de
San Salvador de Breda. Nombramiento: José
Grimau, monje del mismo monasterio (l. 280, ff.
30-31).
8-6-1720. Enfermero del Monasterio de San Cugat del
Vallés. Vacante: promo ción de Onofre Nogués
a la Abadía del Monasterio de Santa María de
107

ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Serrateix. Nombramiento: Antonio Ameller (1.
280, ff. 132-132v).
6-3-1721. Limosnero del Monasterio de San Pedro de
Rodas. Vacante: promoción de José Gayola a la
Abadía del Monasterio de San Pedro de Rodas.
Nombramiento: Juan Vila, monje profeso y sacerdote
del mismo monas terio, elegido por su
fi delidad y dedicación (1. 280, ff. 144v-145).
30-5-1721. Enfermero del Monasterio de San Esteban
de Bañolas. Vacante: promo ción de José
Puigdoura a la Abadía del Monasterio de San
Pablo del Campo y San Pedro de la Portella.
Nombramiento: Francisco Vileta y Portell, monje
y enfermero del Monasterio de Santa María
de Amer y Rosas (1. 280, ff. 142-143).
30-5-1721. Enfermero del Monasterio de Santa María
de Amer y Rosas. Vacante: promoción de
Francisco Vileta y Portell al empleo de enfermero
del Monasterio de San Esteban de Bañolas.
Nombramiento: Raimundo Pas tor y Descallar
(1. 280, ff. 141-142).
108

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
10-11-1727. Pavorde mayor del Monasterio de San Cugat
del Vallés. Vacante: pro moción de José de
Lupia a la Abadía de San Cugat del Vallés.
Nombra miento: Antonio Ameller (nota 184), enfermero
del Monasterio de San Cugat del Vallés
(1. 280, ff. 205v-206v).
10-11-1727. Enfermero del Monasterio de San Cugat del
Vallés. Vacante: promoción de Antonio Ameller.
Nombramiento: Francisco de Cortada y Bru (1.
280, f. 206v).
10-11-1727. Refi tolería del Monasterio de San Cugat del
Vallés. Nombramiento: Gaspar Suñer y de
Bastero (l. 280, f. 206v) (nota 185).
?-9-1735. Pavorde del Monasterio de San Cugat del Vallés.
Vacante: promoción de Antonio Ameller a la
Abadía de San Pedro de Besalú. Nombramiento:
Antonio de Grimau y Grimau, despensero
del Monasterio de San Cugat del Vallés (1. 280,
ff. 252-253v).
24-10-1735. Despensero del Monasterio de San Cugat
del Vallés. Vacante: promo ción de Antonio de
Grimau y Grimau a la Pavordía del mismo
109

ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
monaste rio. Nombramiento: Jaime Planella (1.
280, f. 263v).
7-10-1735. Pavordía de Berga en el Monasterio de Santa
María de Ripoll, diócesis de Gerona. Vacante:
promoción de Pedro Copons y de Copons a
la Aba día del Monasterio de San Pedro de
Camprodón. Nombramiento: José Garnés
Castella de Magarola, monje del Monasterio de
San Cugat del Vallés (1. 280, ff. 259v-260v).
24-11-1740. Enfermero del Monasterio de San Cugat del
Vallés. Vacante: promoción de Francisco de
Cortada y Bru a la Abadía del Monasterio de
San Pedro de Rodas. Nombramiento: Antonio
Ignacio de Beralt (1. 280, ff. 290v-291).
4-12-1740. Despensero mayor del Monasterio de Santa
María de Ripoll. Vacante: promoción de Gaspar
de Queralt a la Abadía del Monasterio de Santa
María de Amer y Rosas. Nombramiento: Antonio
Graell y Anglasell (1. 280, ff. 293v-294).
12-2-1741. Enfermero del Monasterio de San Salvador
de Breda. Vacante: promo ción de Antonio
Graell y Anglasell al ofi cio de despensero ma-
110

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
yor del Monasterio de Santa María de Ripoll.
Nombramiento: Pablo de Salva dor, monje de la
misma congregación (l. 280, f. 299).
22-10-1741. Camarero del Monasterio de Santa María
de Ripoll. Vacante: promo ción de Francisco
Olaguer de Marles a la Abadía del Monasterio
de San Pablo del Campo y San Pedro de la
Portella. Nombramiento: Manuel de Brazó y
Serra, monje benedictino claustral (1. 280, ff.
312-312v). 22-2- 1742. Ejecutorial (1. 280, ff.
315-316).
25-4-1743. Enfermero del Monasterio de San Pedro de
Besalú. Vacante: promoción de José Romá a la
Abadía del Monasterio de Nuestra Señora de la
O (nota 186). Nombramiento: Antonio Barrera,
monje de la misma congregación (I. 280, ff.
328v-329). 3-10-1743. Ejecutorial (280, ff. 334v-
335v).
28-9-1745. Despensero del Monasterio de San Esteban
de Bañolas. Vacante: pro moción del doctor
Raimundo Padró a la Abadía del mismo monasterio.
Nombramiento: Guillermo Borrás, doctor,
monje benedictino claustral, limosnero de San
111

ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Pedro de Galligans (l. 281, ff. 31-31v). 27-1-
1746. Ejecutorial (l. 281, ff. 52v-53v).
16-1-1746. Limosnero del Monasterio de San Pedro de
Galligans. Vacante: promo ción de Guillermo
Borrás al ofi cio de despensero del Monasterio
de San Esteban de Bañolas. Nombramiento:
Manuel Pascual y de Regás, monje benedictino
claustral (1. 281, ff. 48v-49v). 26-5-1746.
Ejecutorial (1. 281, ff. 75v-76v).
4-3-1747. Obrero del Monasterio de San Pedro de Rodas.
Vacante: promoción de Buenaventura Gayola a
la Abadía del Monasterio de San Cugat del Vallés.
Nombramiento: Antonio de Bru y Descallar,
sacristán del Monasterio de San Esteban de
Bañolas, monje benedictino claustral (1. 281,
ff. 90-90v). 13-4-1747. Súplica al papa de las
bulas (l. 281, ff. 94-95). 25 7-1747. Ejecutorial
(1. 281, ff. 102v-103v).
13-4-1747. Sacristán del Monasterio de San Esteban de
Bañolas. Vacante: promo ción de Antonio de Bru
y Descallar al ofi cio de obrero del Monasterio de
San Pedro de Rodas. Nombramiento: Narciso
Pascual, monje benedictino claustral (1. 281, ff.
112

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
95-96). 8-8-1747. Ejecutorial (1. 281, ff. 105v-
107).
14-2-1749. Pavorde del Monasterio de San Cugat del
Vallés. Vacante: promoción de Antonio Grimau
y Grimau a la Abadía del Monasterio de San
Pedro de Galligans. Nombramiento: Francisco
Guanter, monje del Monasterio de Santa María
de Ripoll (1. 281, ff. 147v-148v). 9-7-1749.
Ejecutorial (1. 281, ff. 154v-155v).
9-11-1756. Despensero mayor del Monasterio de Santa
María de Ripoll. Vacante: promoción de Antonio
Graell y Anglasell a la Pavordía de Aja del mismo
monasterio. Nombramiento: Francisco de
Valencia y Segrera (1. 281, ff. 381v-382v).
11-11-1756. Chantre del Monasterio de Santa María de
Ripoll. Vacante: promoción al ofi cio de despensero
mayor del monasterio de Francisco
de Valencia. Nombramiento: Francisco Jalpi y
Villalba (l. 281, ff. 382v-383v).
26-5-1757. Pavordía de Aja en el Monasterio de Santa
María de Ripoll. Vacante: promoción de José de
Oriol y Tord a la Abadía del Monasterio de Santa
113

ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
María de Ripoll. Nombramiento: Francisco de
Valencia y Segrera, des pensero del mismo monasterio
(1. 281, ff. 395v-396v).
16-6-1757. Despensero mayor del Monasterio de Santa
María de Ripoll. Vacante: promoción de
Francisco de Valencia a la Pavordía de Aja.
Nombra miento: Benito Jaime Romeo y Cerezo,
monje del monasterio de Nues tra Señora de la
O (1. 282, ff. 3-4).
2-8-1757. Pavorde mayor del Monasterio de San Cugat
del Vallés. Vacante: pro moción de Francisco
Guanter y de Pi a la abadía de San Pedro de
Ro das. Nombramiento: Antonio Despujols y de
Pons, prior y sacristán mayor del monasterio de
San Cugat del Vallés (l. 282, ff. 16-17).
20-12-1757. Sacristán mayor y prior del Monasterio de San
Cugat del Vallés. Vacan te: promoción de Antonio
Despujols y de Pons a la Pavordía del Monasterio
de San Cugat del Vallés. Nombramiento:
Antonio Dorí y Basols (1. 282, ff. 41-42).
8-9-1757. Prepositura de Palau, del monasterio de San
Cugat del Vallés. Vacante: promoción de
114

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
Antonio Ravirra a la abadía de San Salvador
de Breda. Nombramiento: Antonio de Sabater y
Oriol, prepósito de Panadés (1. 282, ff.19v-20).
8-9-1757. Prepositura de Panadés, del monasterio de
San Cugat del Vallés, dióce sis de Barcelona.
Vacante: promoción de Antonio de Sabater y
Oriol a la prepositura de Palau. Nombramiento:
León de Vilosa, refi tolero del mismo monasterio
(1. 282, f. 20v).
18-9-1757. Refi tolería del Monasterio de San Cugat del
Vallés. Vacante: promo ción de León de Vilosa a
la prepositura de Panadés en el mismo monasterio.
Nombramiento: Antonio de Dorí y Basols
(282, ff. 21v-22v). 6-12-1757. Despensero
y candelero del Monasterio de San Esteban
de Bañolas. Va cante: promoción de José
Areny y Castell a la Abadía del monasterio.
Nombramiento: Peregrín de Verthamón, monje
del monasterio (1. 282, ff. 37-37v).
26-6-1760. Enfermero del Monasterio de Santa María de
Ripoll. Vacante: muerte de Juan de Fluviá.
Nombramiento: Juan Ford y de Morer (1. 282, f.
58).
115

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
2-8-1761. Despensero menor del Monasterio de Santa
María de Ripoll. Nombra miento: Jacinto de
Montella (1. 282, f. 88v).
2-8-1761. Camarero del Monasterio de Santa María de
Amer y Rosas. Nombra miento: Juan Biñolas,
enfermero del mismo monasterio (1. 282, f.
89).
14-3-1762. Enfermero del Monasterio de Santa María de
Amer y Rosas. Vacante: promoción de Juan
Biñolas a la camarería del mismo monasterio.
Nom bramiento: Jaime Coll, sacristán menor del
mismo monasterio (1. 282, ff. 97v-98).
12-7-1762. Sacristán menor del Monasterio de Santa María
de Amer y Rosas. Va cante: promoción de Jaime
Coll al ofi cio de enfermero del Monasterio de
Santa María de Amer y Rosas. Nombramiento:
Antonio Listocella (1. 282, f. 101).
11-1-1763. Enfermero del monasterio de Rosas. Vacante:
promoción de Jaime Fus ter para el ofi -
cio de camarero del Monasterio de Rosas.
Nombramiento: Francisco Codina (1. 282, f.
105).
ÍNDICE
116

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
11-3-1764. Limosnero del Monasterio de Santa María de
Gerri. Nombramiento: Francisco Llobet, monje
del mismo monasterio (l. 282, f. 113v).
29-9-1767. Cellerero del Monasterio de San Pedro de
Rodas. Vacante: promoción de Pedro Azcón y
de Potau al ofi cio de obrero del mismo monasterio.
Nombramiento: Francisco de Paz y Sola
(1. 282, f. 131).
2-2-1769. Refectoría o refi tolería del Monasterio de San
Cugat del Vallés. Nom bramiento: Manuel de
Verthamón (1. 282, f. 139v).
11-3-1773. Camarero del Monasterio de San Cugat del
Vallés. Nombramiento: José Gregorio Montero
y de Alós, limosnero de San Pedro de Besalú
(1. 282, f. 177).
10-8-1773. Limosnero del Monasterio de San Pedro de
Besalú. Vacante: promoción de José Gregorio
de Montero al ofi cio de camarero del Monasterio
de San Cugat del Vallés. Nombramiento:
Francisco de Codol y de Mingue lla (1. 282, f.
200).
117

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
10-5-1774. Pavorde del Monasterio de San Salvador de
Breda. Vacante: falleci miento de Miguel Trelles.
Nombramiento: Cristóbal de Ford y Morer (1.
282, f. 210).
26-1-1779. Pavordía mayor del Monasterio de San Cugat
del Vallés. Vacante: pro moción de Gaspar de
Salla y de Tarau a la abadía del Monasterio de
San Salvador de Breda. Nombramiento: José
Ignacio de Figueras (1. 282, f. 272v).
8-8-1779. Pavordía de Panadés del Monasterio de San
Cugat del Vallés. Vacante: promoción de José
Ignacio de Figueras a la pavordía mayor del
mismo monasterio. Nombramiento: Ignacio de
Villalva y Fivaller (1. 282, f. 279).
27-6-1780. Despensero mayor del Monasterio de San Cugat
del Vallés. Vacante: promoción de Ignacio de
Villalva y Fivaller a la pavordía de Panadés del
mismo monasterio. Nombramiento: Raimundo
de Oriola y Mir (1. 282, f. 288).
14-1-1787. Despensero del Monasterio de San estean de
Bañolas. Vacante: promo ción de Peregrín de
Verthamón a la pavordía mayor del Monasterio
ÍNDICE
118

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
de San Cugat del Vallés. Nombramiento: Juan
Padró y Argullol (1. 283, f. 63).
11-10-1787. Pavordía mayor del Monasterio de San Cugat
del Vallés. Vacante: pro moción de Peregrín de
Verthamón a la abadía del Monasterio de Santa
María de Serrateix. Nombramiento: Raimundo
de Oriola y Mir (1. 283, f. 70v).
1-3-1788. Despensero mayor del Monasterio de San
Cugat del Vallés. Vacante: promoción de
Raimundo de Oriola y Mir a la pavordía mayor
del mis mo monasterio. Nombramiento: Diego
de Pedrolo y Castelví (1. 283, f. 76).
8-5-1785. Enfermero del Monasterio de Santa María de
Ripoll. Vacante: promo ción de Juan Bautista
Olmera para la abadía de Santa María de Gerri.
Nombramiento: Francisco de Peguera y de Sala
(1. 282, f. 358v).
4-9-1785. Refi tolero del Monasterio de Santa María de
Ripoll. Vacante: promo ción de Francisco de
Peguera a la enfermería del mismo monasterio.
Nombramiento: Antonio Burgues y Corominas
(1. 283, f. 24).
119

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
29-6-1785. Camarero del Monasterio de San Cugat del
Vallés. Vacante: promoción de Antonio Dou a
la pavordía de Palau del mismo monasterio.
Nombra miento: Ignacio Gras (1. 282, f. 363v).
10-1-1786. Sacristán del antiguo monasterio de San Miguel
de Cruilles, pertene ciente al Monasterio de San
Pedro de Galligans. Vacante: promoción de
Ignacio Gras a la camarería del Monasterio de
San Cugat del Vallés. Nombramiento: Antonio
de Canal de Gible (1. 283, f. 39).
11-10-1787. Camarero del Monasterio de San Cugat del
Vallés. Vacante: promoción de Ignacio Gras a
la abadía del Monasterio de Santa María de la
O -de la misma congregación-. Nombramiento:
Cayetano Xatmar (1. 283, f. 70).
30-10-1787. Refi tolero del Monasterio de San Cugat del
Vallés. Vacante: promoción de Cayetano
Xatmar a la camarería del mismo monasterio.
Nombra miento: Manuel de Regás (1. 283, ff.
70v-71).
18-9-1785. Enfermero del Monasterio de San Pedro de
Camprodón. Vacante: pro moción de José de
ÍNDICE
120

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
Cruillas y de Tord a la abadía del Monasterio de
San ta María de Amer y Rosas. Nombramiento:
Ignacio Ventós (1. 283, f. 26v).
6-7-1786. Sacristán del Monasterio de San Pedro de
Camprodón. Vacante: pro moción de Ignacio
Ventós al ofi cio de enfermero del Monasterio
de San Pedro de Camprodón. Nombramiento:
Ignacio Pla y Guardia (283, f. 49).
14-1-1787. Pavordía de Aja del Monasterio de Santa María
de Ripoll. Vacante: pro moción de Francisco
de Valencia a la abadía del citado monasterio.
Nombramiento: Antonio Pastors y de Gible (1.
283, f. 63).
18-10-1787. Pavordía de Palau del Monasterio de Santa
María de Ripoll. Vacante: promoción de Antonio
Pastors y de Gible a la pavordía de Aja del mismo
monasterio. Nombramiento: Magín Moxó (1.
283, f. 70v).
24-6-1788. Obrero del Monasterio de Santa María de
Ripoll. Vacante: promoción de Magín Moxó a
la pavordía de Palau del mismo monasterio.
121

ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Nombra miento: Jacinto de Montella y Canal (1.
283, f. 82) (nota 187).
20-7-1788. Priorato de Santo Domingo de Palera. Vacante:
promoción de Magín Moxó a la pavordía de
Palau del Monasterio de Santa María de Ripoll.
Nombramiento: Ignacio de Oriola y Guanter (1.
283, f. 82v).
14-10-1788. Despensero mayor del Monasterio de Santa
María de Ripoll. Vacante: promoción de Jacinto
de Montella y Canal a la obrería del mismo monasterio.
Nombramiento: Isidro de Rocabruna
(1. 283, f. 84v).
14-1-1787. Camarero del Monasterio de San Pedro de
Camprodón. Vacante: pro moción de Joaquín de
Parrella a la abadía del mismo monasterio. Nombramiento:
Silvestre Miguel (1. 283, f. 63).
13-2-1787. Cellero del Monasterio de San Pedro de
Camprodón. Nombramiento: Antonio Fanges y
Sanz (1. 283, f. 63).
Podemos, pues, concluir que el derecho de resulta fue un
precioso instru mento en las manos del monarca. Asimismo,
puede afi rmarse que el provisto en virtud de este derecho
122

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
para un determinado ofi cio tenía muchas posibilida des de ser
promovido a otro de superior cualifi cación, y con el tiempo, a
una de las apetecibles abadías de esta religión en Cataluña
o Aragón.
Pero no sólo disponía el rey del derecho de resulta para proceder
a la pro visión de piezas eclesiásticas que quedaban
fuera de su patronato. De hecho, el monarca podía nombrar
a los prebendados de los benefi cios que por cualquier motivo
confi scaba (nota 188). Este procedimiento es menos frecuente
en los benefi cios regulares que en los seculares. No
obstante, sí existen casos.
Pujol habla en su memoria de licenciatura de un caso que no
aparece en la documentación estudiada. Se trata del patronato
sobre un benefi cio en el mo nasterio de Ripoll que detentaba
Jaime Descallar, tras la muerte en Roma de su hermano
Pedro. Al hallarse el mencionado Jaime con el enemigo, en
marzo de 1718 le fueron confi scados sus bienes y, con ellos,
el derecho de presentación sobre los benefi cios de su patronato.
El que nos ocupa tenía una renta de 25 libras catalanas
anuales y sus obtentores pretendían entrar en las distribuciones
de la Iglesia Parroquial de Ripoll. Fue nombrado para
el mismo Pedro Aliot, que había servido en Roma durante la
123

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
guerra y había procurado la obtención de algunos benefi cios
eclesiásticos como agente de la corona (nota 189).
Sí aparece en la documentación tratada un caso similar, el
del benefi cio de San Francisco sito en el convento de Santa
María de Belloc, en Santa Coloma de Queralt, cuyo valor ascendía
a 25 libras anuales, además de 2 libras y 5 sueldos
por cargos anexos. Al serle confi scada la hacienda al patrón,
el conde de Zavalla, el rey procedió el 25 de noviembre de
1718 al nombramiento de José Febrer, que aparecía en
primer lugar en la terna de la Cámara y en la del Capitán
General, Marqués de Castelrodrigo (nota 190).
El rey aún se sirvió de otro artifi cio para poder, si no elegir
directamente según su voluntad a los benefi ciados, al menos
controlar los nombramientos de determinadas piezas
eclesiásticas: las de los donatarios de la Corona. En una
real cédula de 5 de marzo de 1754 aparecen unas líneas
que por su trascenden cia transcribimos literalmente: «En
virtud de las regalías que pertenecen al Real Patronato, por
orden del Consejo de la Cámara de 8 de noviembre de 1753
se previno a los donatarios de la Corona que para todos los
benefi cios simples que vacasen, en los que tuvieran la posesión
de presentar, nombrasen y pidiesen la real aprobación»
(nota 191). Es decir, que antes de proceder a la colación de
ÍNDICE
124

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
cualquier benefi cio simple sobre el que tuvieran el patronato,
los donatarios de la corona debían esperar la confi rmación
real (nota 192).
Cuatro benefi ciados necesitaron la confi rmación real para
poder acceder a su prebenda:
Miguel Albert al benefi cio simple porcionero del monasterio
de Santa Ma ría de Amer y Rosas, vacante por fallecimiento
de Juan Cadirach, con fecha de 5 de marzo de 1754
(nota 193).
José Renart, clérigo de prima tonsura, al benefi cio simple de
Santa María en la Iglesia Parroquial de San Lorenzo de Sous,
llamado comúnmente San Lo renzo del Monte, perteneciente
al monasterio de San Pedro de Besalú, vacante por muerte
del doctor Antonio Álvarez y Castrillón, y cuya nominación
corres ponde al abad de este monasterio, con fecha de 28 de
julio de 1754 (nota 194). Antonio Saballé al benefi cio llamado
reviscolería del monasterio de San Esteban de Bañolas,
vacante por muerte de José Casadevall, correspondiéndole
la nominación al sacristán mayor del monasterio, Narciso
Pascual y de Regás, con fecha de 29 de junio de 1756
(nota 195).
125

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Y, por último, Juan Sayrol y Carreras al benefi cio de San
Miguel en el al tar de San Miguel en el monasterio de San
Esteban de Bañolas, correspondien do la nominación al prior y
vicario general, Guillermo Borrás y de Riba, por estar vacante
la abadía, con fecha de 27 de enero de 1757 (nota 196).
Aún tenía el rey un último recurso cuando el derecho de
presentación so bre las abadías del Real Patronato no era
respetado, era violentado por la pre sencia de «intrusos», o
suspendido por las difi cultades interpuestas por Roma a la
hora de expedir las bulas pertinentes para la confi rmación
del nombramien to. El monarca, en estos casos, procedía al
secuestro de los frutos y rentas de la abadía en cuestión y, si
existiere, al extrañamiento del enemigo.
No obstante, los secuestros también solían decretarse al
quedar vacante una abadía por muerte del titular, hasta que
el nuevo abad electo tomase pose sión de su cargo. Como en
tiempos forales estos secuestradores eran nombra dos por
los virreyes, el Marqués de Castelrodrigo, Capitán General
de Cataluña, pretendió arrogarse semejantes prerrogativas.
Sin embargo, el mo narca se reservó la nominación de los
mismos con ocasión de la muerte de Juan Soler, abad de San
Pablo del Campo y San Pedro de la Portella, nombran do el
20 de octubre de 1718 al doctor José Ciurana secuestrador
ÍNDICE
126

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
de sus rentas sobre una terna presentada por el Marqués y
confi rmada por la Cámara (nota 197). Posteriormente, el 23
de abril de 1739, el rey volvió a escribir al Capitán General,
Marqués de la Mina, para que se respetara la regalía de
nombrar secuestrado res en las vacantes menores del Real
Patronato, pues en estas nominaciones se habían producido
abusos. Asimismo, le ordenó que no nombrara secuestradores
ni consintiera que lo hicieran los intendentes, bajo ningún
pretexto (nota 198).
Como ya se ha indicado, el Patronato Real sobre la
Congregación Benedic tina Claustral Tarraconense Caesaraugustana
tenía su principal manifestación en el nombramiento
de los abades de todos sus monasterios. Por ello,
intenta remos ofrecer un puntual seguimiento de la evolución
de las nomnaciones en cada uno de ellos, sin dejar de hacer
constar otras circunstancias como las va cantes o los secuestros.
127

DIÓSESIS DE BARCELONA
SANTA MARÍA DE SERRATEIX
ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
DATOS
BIOGRÁFICOS
FECHA DE LA
OBTENCIÓN DEL
EJECUTORIAL
FECHA DE LA
PRESENTACIÓN
EN LA SANTA
SEDE
NOMBRE DEL
NUEVO ABAD
FUENTES CAUSA DE LA
VACANTE
Onofre Nogués 23-4-1717 13-5-1721 Enfermero de
29-5-1720
San Cugat del
(nota 199)
Vallés
Juan Bautista 20-5-1727 20-5-1728 Refi tolero de San
Berart
Cugat del Vallés
Fallecimiento de
Jaime Ginestar
Fallecimiento de
Onofre Nogués
18-12-1761 28-3-1762
Martín Martínez
de Aspurz
Libro 280,
ff. 46v-47v, 129v,
139
Libro 280
ff.203v-204v,
213v
Libro 282,
ff.91v. 98-99
Fallecimiento de
Juan Bautista
Berart (nota 200)
Fallecimiento de
Martín Martínez
de Aspurz
(nota 203)
Promoción de
Escofet a la
abadía de S.
Pablo
Fallecimiento de
José Ignacio de
Figueras
(nota 205)
128
27-5-1781
(nota 202)
21-12-1780
(nota 201)
Francisco de
Escofet y Roger
Libro 282,
f.295v,
300v-303v
27-3-1785 5-6-1785 Pavorde mayor
de San Cugat del
Vallés
José Ignacio de
Figueras
Libro 282,
ff.353, 360-363
23-6-1787 Pavorde mayor
de San Cugat del
Vallés
17-2-1787
(nota 204)
Peregrín de
Verthamón
Libro 283,
ff.63v, 65v-68

SAN PABLO DEL CAMPO Y SAN PEDRO DE LA PORTELLA
ÍNDICE
DATOS
BIOGRÁFICOS
FECHA DE LA
OBTENCIÓN DEL
EJECUTORIAL
NOMBRE DEL
NUEVO ABAD
FUENTES CAUSA DE LA
VACANTE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
FECHA DE LA
PRESENTACIÓN
EN LA SANTA
SEDE
13-8-1720 Doctor
Enfermero de
San Esteban de
Bañolas
José Puigdoura ?-?-1720
(nota 206)
Fallecimiento de
Juan Soler
(nota 207)
Libro 280,
ff. 126v-127,
135v
- Antonio Portell - 2-4-1730
3-9-1732 Despensero
mayor de San
Cugat de Vallés
?-?-1732
(nota 208)
Francisco de
Rius
Fallecimiento de
Antonio Portell
Libro 280,
f. 221v
Libro 280,
ff. 229v.-231, 238
Camarero de
22-10-1741 15-2-1742
(nota 209)
Francisco
Olaguer de
Marles
Libro 280,
ff. 310v-311v,
314-315
129
Santa María de
Ripoll
Pablo Fuster 23-12-1762 6-3-1763 Monje
cisterciense
Fallecimiento
de Francisco de
Rius
(nota 210)
Fallecimiento
de Francisco
Olaguer de
Marles
Fallecimiento de
Pablo Fuster
Libro 282,
ff. 104, 105v-
106v
15-7-1784 18-11-1784 Abad de Santa
María de
Serrateix
Francisco de
Escofet y Roger
Libro 282,
ff. 340, 348

SAN CUGAT DEL VALLÉS
ÍNDICE
DATOS
BIOGRÁFICOS
FECHA DE LA
OBTENCIÓN DEL
EJECUTORIAL
FECHA DE LA
PRESENTACIÓN
EN LA SANTA
SEDE
NOMBRE DEL
NUEVO ABAD
FUENTES CAUSA DE LA
VACANTE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Libro 280, Fallecimiento Jaime Oliver 23-4-1717 ? Monje
ff. 45-46 de Baltasar
cisterciense de
Montaner
Stas. Cruces
- ? (nota 211) Antón Solanell ? (nota 212) ?
Libro 280, Fallecimiento de José de Lupia 12-10-1727 8-4-1728 Pavorde mayor
ff. 204v-205v, Antón Solanell
de San Cugat del
213
Vallés
- ? Francisco Serra Probablemente ? Abad de San
y Portell fi n 1737 - inicio
Salvador de
1738
Breda (nota 213)
Libro 281, Fallecimiento de Gaspar de 12-8-1746 No obtiene
f. 80v Serra y Portell Queralt
ejecutorial
(nota 214)
Libro 281, El nombramiento Buenaventura 31-1-1747 22-6-1747 Obrero de San
ff. 87-87v, 96-97 del abad anterior Gayola
Pedro de Rodas
no tuvo efecto (nota 215)
Libro 282, Buenaventura Eustaquio de 25-4-1784 15-8-1784 Abad de Santa
ff. 337v, 342v- Gayola
Azara
(nota 216) María de Amer y
345v (nota 217)
Rosas
130
8-11-1788 19-2-1789 Abad de San
Esteban de
Bañolas
José Gregorio de
Montero y Alós
Promoción
de Azara al
obispado de
Ibiza
Libro 283,
ff. 84v-86

DIÓSESIS DE URGEL
SANTA MARÍA DE GERRI
ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
DATOS
BIOGRÁFICOS
FECHA DE LA
OBTENCIÓN DEL
EJECUTORIAL
FECHA DE LA
PRESENTACIÓN
EN LA SANTA
SEDE
NOMBRE DEL
NUEVO ABAD
FUENTES CAUSA DE LA
VACANTE
- -
4-12-1740 19-3-1741 Abad de Santa
María de Amer y
Rosas
20-4-1761 -
- ? Francisco de
Cordellas
Libro 280, Fallecimiento Francisco de
ff. 291v-293, 301 de Francisco de Miranda y Testa
Cordellas (nota 219)
(nota 218)
Libro 282, Fallecimiento José de Areny y
f. 82v de Francisco de de Castella
Miranda
(nota 220)
Libro 282, Promoción de Juan Bautista
ff. 340, 348 José de Areny a Olmera
la abadía de S.
Pedro de Besalú
131
15-7-1784 18-11-1784

DIÓSESIS DE GERONA
SANTA MARÍA DE AMER Y ROSAS
ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
DATOS
BIOGRÁFICOS
FECHA DE LA
OBTENCIÓN DEL
EJECUTORIAL
FECHA DE LA
PRESENTACIÓN
EN LA SANTA
SEDE
NOMBRE DEL
NUEVO ABAD
FUENTES CAUSA DE LA
VACANTE
- -
1702 No existió
19-8-1715 10-9-1716 Limosnero de
San Pedro de
Rodas
132
- 28-4-1735
4-12-1740 23-3-1741 Despensero
mayor de Santa
María de Ripoll
- - Juan Antonio
Clemente
- Fallecimiento Galderich Sant
de Juan Antonio Just
Clemente (nota 221)
(nota 222)
Libro 280, No aceptación Fransisco
ff. 1-2, 31v-33 por el papa del Guanter
propuesto por (nota 223)
Felipe V
Libro 280,
? Francisco de
f. 247.
Miranda y Testa
Libro 280, Promoción de Gaspart de
ff. 293v, 301v Miranda a la Queralt
abadía de Santa
María de Gerri
Libro 282,
?
Eustaquio de
ff. 171, (nota 224) Azara y Perera
175v-176v
Libro 282, Promoción José de Cruillas
ff. 347, 351-352v de Azara a la y de Tord
abadía de San
Cugat
11-10-1772 7-2-1773
31-10-1784 17-3-1785

SANTA PEDRO DE CAMPRODÓN
ÍNDICE
DATOS
BIOGRÁFICOS
FECHA DE LA
OBTENCIÓN DEL
EJECUTORIAL
NOMBRE DEL
NUEVO ABAD
FUENTES CAUSA DE LA
VACANTE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
FECHA DE LA
PRESENTACIÓN
EN LA SANTA
SEDE
?-?-1709 No existió
Pavorde de
Berga de Santa
María de Ripoll
23-4-1717 20-2-1736
(nota 226)
19-2-1743 11-7-1743 Abad de Santa
María de la O
- - Félix Taberner
(nota 225)
Libro 280, No aceptación Francisco
ff. 49-50, 259v por el papa del Copons y de
propuesto por Copons
Felipe V (nota 227)
Libro 280, Promoción de Pedro Trelles
ff. 325-326, Copons a la (nota 228)
331-331v abadía de Santa
María de Ripoll
Libro 282,
?
Ignacio de
f. 298 (nota 229) Francolí y de
Sabater
Libro 283, Fallecimiento de Joaquín de
ff. 43v-46 Francoli Parrella
(nota 231)
133
27-3-1781 -
Camarero
del mismo
monasterio
- 18-5-1786
(nota 230)

SAN ESTEBAN DE BAÑOLAS
ÍNDICE
DATOS
BIOGRÁFICOS
FECHA DE LA
OBTENCIÓN DEL
EJECUTORIAL
FECHA DE LA
PRESENTACIÓN
EN LA SANTA
SEDE
NOMBRE DEL
NUEVO ABAD
FUENTES CAUSA DE LA
VACANTE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
- -
15-7-1745 17-1-1746 Doctor.
Despensero
del mismo
monasterio
- - Juan Bautista
Descallar y Fort
Libro 281, Fallecimiento de Raimundo Padró
ff. 26v-27, Descallar (nota 232)
47v-48v, 50-51 (nota 233)
2-6-1757 28-8-1757
Antonio Salvador
de Otamendi
Fallecimiento de
Padró
(nota 234)
Fallecimiento de
Otamendi
(nota 235)
Promoción
de Francolí a
la abadía de
Camprodón
Libro 282,
ff 2v, 19
20-4-1761 20-7-1761
Ignacio Francolí
y de Sabater
Libro 282,
ff 82v, 86-86v
134
15-12-1781 -
José Gregorio de
Montero y Alós
Libro 282,
f. 311v

SAN PEDRO DE GALLIGANS
ÍNDICE
DATOS
BIOGRÁFICOS
FECHA DE LA
OBTENCIÓN DEL
EJECUTORIAL
FECHA DE LA
PRESENTACIÓN
EN LA SANTA
SEDE
NOMBRE DEL
NUEVO ABAD
FUENTES CAUSA DE LA
VACANTE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
- -
?-12-1735 - Monje
benedictino
observante
(nota 237)
12-2-1749 5-8-1749 Pavorde mayor
de San Pedro de
Galligans
- - Manuel Mir y
Cadena
Libro 280, Fallecimiento de Bernardo de
ff. 253v-254v Mir y Cadena Urtusustegui
(nota 236)
Antonio Grimau
y Grimau
Urtusaustegui a
la abadía de S.
Pedro Basalú
Libro 281,
ff. 129v, 146v-
147v, 155v-156v
135

SANTA MARÍA DE RIPOLL
ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
FUENTES CAUSA DE LA NOMBRE DEL FECHA DE LA FECHA DE LA DATOS
VACANTE NUEVO ABAD PRESENTACIÓN OBTENCIÓN DEL BIOGRÁFICOS
EN LA SANTA EJECUTORIAL
SEDE
- - Félix Vilaplana 1712 -
Libro 280, Fallecimiento de Fernando de 11-11-1734 30-3-1735
ff. 242v-243v, Vilaplana Zúñiga
247
Libro 280, Fallecimiento de Francisco 14-2-1743 11-7-1743 Abad de San
ff. 324-325, Zúñiga Copons y
Pedro de
330-331 (nota 238) Copons
Camprodón
(nota 239)
Libro 281, Fallecimiento de Martín Sarmiento 21-10-1755 No existió Doctor.
ff. 339-341 Copons (nota 340)
Benedictino
(nota 341)
observante
Libro 281, Renuncia de José de Oriol y - 21-10-1756 Pavorde de
ff. 378v-380 Sarmiento
Tord
Aja del mismo
(nota 242)
monasterio
Libro 282, Fallecimiento de Francisco de 21-11-1784 9-4-1785
ff. 349v, 353 Oriol
Valencia y
(nota 243) Segrera
136

SAN PEDRO DE BESALÚ
ÍNDICE
DATOS
BIOGRÁFICOS
FECHA DE LA
OBTENCIÓN DEL
EJECUTORIAL
FECHA DE LA
PRESENTACIÓN
EN LA SANTA
SEDE
NOMBRE DEL
NUEVO ABAD
FUENTES CAUSA DE LA
VACANTE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
31-8-1735 - Pavorde de San
Cugat del Vallés
28-5-1748 16-1-1749 Abad de San
Pedro de
Galligans
2-6-1757 28-8-1757 Abad de San
Pedro de Rodas
Antonio de
Ameller
Bernardo de
Urtusaustegui
(nota 245)
Francisco de
Cortada y Bru
Anselmo Rubio 20-4-1761 20-7-1761
Libro 280, Fallecimiento de
ff. 250v-252 Francisco Pastor
Libro 281, Fallecimiento de
ff. 129v, 145-146, Ameller
149v-151 (nota 244)
Libro 282, Fallecimiento de
ff. 1-2v, 19 Urtusaustegui
(nota 246)
- Fallecimiento de
Cortada
(nota 247)
Libro 282, Fallecimiento de
ff. 315v-316v, Rubio
322-325 (nota 249)
Libro 283, Fallecimiento de
ff. 71-74
Areny
(nota 250)
137
Abad de Santa
María de Gerri
17-10-1782 6-2-1783
(nota 248)
José de Areny y
de Castella
8-11-1787
Mediados de
1787
Iñigo Abad y
Lasierra

SAN PEDRO DE RODAS
ÍNDICE
DATOS
BIOGRÁFICOS
FECHA DE LA
OBTENCIÓN DEL
EJECUTORIAL
FECHA DE LA
PRESENTACIÓN
EN LA SANTA
SEDE
NOMBRE DEL
NUEVO ABAD
FUENTES CAUSA DE LA
VACANTE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
José Gayola 23-4-1717 20-2-1721 Limosnero de
(nota 251)
San Pedro de
Camrodón
Francisco 24-11-1740 5-2-1741 Enfermero de
Cortada y Bru (nota 252)
San Cugat del
Vallés
Francisco de 14-7-1757 25-10-1757 Pavorde mayor
Guanter y de Pi
de San Cugat del
Vallés
Fallecimiento de
Félix Piñana
Libro 280,
ff. 47v-48v,
106-106v, 138
Libro 280,
ff. 287-287v, 301
Promoción de
Gayola a la
abadía de Breda
Promoción
de Cortada a
la abadía de
Besalú
Libro 282,
ff. 12-13v,
30v-32v
138

SAN SALVADOR DE BREDA
ÍNDICE
DATOS
BIOGRÁFICOS
FECHA DE LA
OBTENCIÓN DEL
EJECUTORIAL
FECHA DE LA
PRESENTACIÓN
EN LA SANTA
SEDE
NOMBRE DEL
NUEVO ABAD
FUENTES CAUSA DE LA
VACANTE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
Fallecimiento de Félix Taberner - 3-12-1716 Abad de San
Gerónimo Nadal
Pedro
? Francisco Serra - 13-12-1730
y Portell
Promoción de José Gallart y de - 29-1-1738
Serra a la abadía Pastor
de San Cugat del
Libro 280,
f. 33v
Libro 280,
f. 221v
Libro 280,
f. 265v
17-11-1739 17-11-1740 Abad de San
Pedro de Rodas
José Gayola
(nota 253)
Vallés
Fallecimiento de
Gallart
(nota 254)
Fallecimiento de
Gayola
(nota 255)
Libro 280,
ff. 282-282v,
289v-290v
Libro 281,
ff. 115v, 121-122,
136v-138
139
24-1-1748 23-8-1748
2-6-1757 28-8-1748
Francisco
Montaner y de
Ramón
(nota 256)
Antonio Ravirra y
de Montaner
Fallecimiento de
Montaner
(nota 257)
Fallecimiento de
Ravirra
(nota 258)
Libro 282,
ff. 2v-3, 17v-18v.
1-1-1777 17-5-1778
Gaspar de Salla
y de Tarau
Libro 282,
ff. 247, 260-261

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
2.3. PROVISIONES DE BENEFICIOS SECULARES
2.3.1. INTRODUCCIÓN
Sin duda, el grueso de las actuaciones de la Cámara en materia
de Patrona to Real se referían a benefi cios y prebendas
seculares. El Patronato Real no se limitaba únicamente al
derecho de presentación de las prelaturas. En casi todas
las catedrales, el monarca disponía de una o varias piezas
eclesiásticas. Lo mismo sucedía en las Iglesias Colegiales
(nota 259). Y también en el nivel inferior, pues algunos centenares
de parroquias diseminadas por la geografía del país
aseguraban la puntual presencia del Patronato Real en la
mayor parte del terri torio (nota 260).
Bien conocida era por la monarquía la enorme infl uencia que
ejercía el cle ro secular sobre todo el pueblo llano. Por ello
cobraba gran valor el Patronato Real, pues las nominaciones
de las diferentes piezas eclesiásticas proporcionaban a
la Corona la posibilidad de penetrar y de mantener un cierto
control so bre estratos sociales que, de cualquier otra forma,
habrían escapado de éste. Además, el derecho de presentación
de los obispos le permitía contar con el apoyo de los
más altos jerarcas canónicos y espirituales a escala nacional,
que veían gustosos cómo la comunión con los planes rega-
ÍNDICE
140

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
listas de la monar quía podía traducirse indirectamente en el
refuerzo de sus posiciones frente al poder de los cabildos,
en la puesta en práctica de sus ideales reformistas, y también,
en una cierta protección de su más o menos emergente
episcopalismo. Y aún más, la política de nombramientos de
sujetos afi nes a las ideas de la Corona servía para asegurar
lealtades y recompensar fi delidades sin tener que acudir a
sangrar el erario público.
Por consiguiente, puede comprenderse sin mucha difi cultad
el interés real por fi jar los mecanismos de provisión de benefi
cios eclesiásticos y por contro lar las apetecibles rentas
eclesiásticas.
Mantendremos la triple división esbozada -prelaturas, benefi
cios capitula res, benefi cios extracapitulares- en esta introducción,
para proceder al desarro llo del Patronato Real por
diócesis.
2.3.2. ARCHIDIÓCESIS DE TARRAGONA
Aunque el único derecho real sobre esta archidiócesis era el
de presenta ción del arzobispo, el monarca pudo proveer en
cadena, en virtud del derecho de resulta dos benefi cios: el
arcedianato mayor y canonjía de la Metropolitana, y el curato
o rectoría en la Parroquial de Valls.
141

ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
La dignidad de arcediano mayor de la Metropolitana de
Tarragona, y su canonjía anexa, eran de patronato pontifi cio.
No obstante, tradicionalmente és te venía siendo sorteado
mediante el derecho de resulta (nota 261). Así, al vacar por
promoción de Raimundo de Marimón al obispado de Vic, fue
nombrado el 6 de marzo de 1721 el doctor José Gisbert y
Velásquez (nota 262), que dejaba a la real provisión el curato
o rectoría que detentaba en la villa de Valls.
Éste recayó el 11 de septiembre del mismo año en la persona
del doctor Pedro Rovira, que a su vez dejó a la real
provisión por derecho de resulta el priorato que obtenía en
la villa de Castellón de Farfaña, en el arciprestazgo de Ager
(nota 263).
Aunque pertenezca a la diócesis de Urgel, incluimos la provisión
de este priorato con el espíritu de no romper la cadena
de nombramientos. Con fecha de 20 de febrero de 1722, fue
nombrado el doctor Raimundo Closa, catedrático de Filosofía
de la Universidad de Cervera (nota 264).
Pero lo realmente importante desde el punto de vista de
nuestro estudio es la provisión del arzobispado.
142

ARZOBISPADO DE TARRAGONA
ÍNDICE
DATOS
BIOGRÁFICOS
NOMBRE DEL
NUEVO ABAD
FUENTES CAUSA DE LA
VACANTE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
FECHA DE LA
OBTENCIÓN DEL
EJECUTORIAL
FECHA DE LA
PRESENTACIÓN
EN LA SANTA
SEDE
23-4-1720 20-2-1721 Obispo de
Gerona
Miguel Juan
Taberner y Rubí
Libro 280,
ff. 127v-128v,
151v
- 14-1-1722 Convocó los
concilios de
1722 y 1727
Manuel de
Samaniego y
Jaca
Libro 280,
f. 151v
143
26-10-1728 29-1-1729 Obispo de
Gerona
Pedro Copons y
de Copons
Fallecimiento
de José Linás
(1710)
No aceptación
del austracista
Isidro Beltrán
(nota 265)
Fallecimiento
de Miguel Juan
Taberner y Rubí
(24-3-1721)
Traslado de
Samaniego al
arzobispado de
Burgos
(26-10-1728)
Fallecimiento de
Pedro Copons y
de Copons
(19-4-1753)
Libro 280,
ff. 217-218v,
219v
2-9-1753 30-10-1753 Obispo de
Zamora
Jaime Cortada
y Bru
Libro 281,
ff. 305v-307v,
309v-312

10-5-1763 14-8-1763 Obispo de
Mallorca
Lorenzo Despuig
y Cotoner
Libro 282,
ff. 1108-109,
109v
ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
6-7-1764 18-9-1764 Obispo de Leta
Juan Lario y
Lancis
Libro 282,
ff. 113v-114,
114-116v
Obispo de Urgel
24-11-1778 22-4-1779
(nota 266)
Joaquín de
Santiyán y
Valdivieso
Libro 282,
ff. 272v-272v,
273v-275v
11-1-1785 17-4-1785 Obispo de Lugo
Francisco
Armanyá
Fallecimiento de
Jaime Cortada
y Bru
(27-4-1762)
Fallecimiento de
Lorenzo Despuig
y Cotoner
(22-2-1764)
Fallecimiento
de Juan Lario y
Lancis
(6-9-1777)
Fallecimiento
de Joaquín de
Santiyán
Libro 282,
ff. 351,
353v-356v
144

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
2.3.3. DIÓCESIS DE BARCELONA
Es, junto con la de Gerona, la diócesis en la que el Patronato
Real estaba más extendido. Lo conformaban el obispado; en
la Catedral, tres dignidades (los arcedianatos de Lobregat y
Badalona, y la tesorería) y dos benefi cios (el benefi cio segundo
de S. Blas, y el benefi cio de Santa Espina en la capilla del
Santo Sepulcro); el benefi cio de San Francisco y San Juan
en la Iglesia Parroquial de San Pedro de Barcelona; un benefi
cio en el monasterio de Santa Clara de Bar celona; y una
capellanía en la Parroquia de Nuestra Señora del Pino de
Barcelona.
Al igual que estaba extendido el Patronato Real, las intervenciones
directas de la Monarquía sobre el territorio catalán
fueron harto frecuentes. Tras la Guerra de Sucesión,
comenzó un período de desenfreno regalista, que persistió
durante todo el siglo XVIII, y se manifestó en la suspensión
gubernativa de los sínodos diocesanos, el control absoluto
de las actividades episcopales, la inter vención en los nombramientos
de los vicarios generales, reduciendo al mínimo
la jurisdicción episcopal y su prestigio.
Además de todas las piezas eclesiásticas señaladas, el rey
pudo proveer otras en virtud de dos mecanismos ya comentados
con motivo de las provisio nes del clero regular: el de-
145

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
recho de resulta y la confi scación de las haciendas de los
acusados de austracismo.
Al primer grupo pertenecen el arcediano de Vallés y seis
canonjías perte necientes a la Canonica (nota 267), una canonjía
en la Iglesia Colegial de Santa Ana de Barcelona, un
benefi cio en la capilla de San Lorenzo en la Parroquial de Argentona,
y el curato de Santa Cruz del Orden.
Las seis canonjías de la Catedral, provistas por el monarca
en virtud del mencionado derecho, fueron por orden cronológico
las siguientes.
El 30 de mayo de 1721 vacó la primera por promoción de
José Tabemer al obispado de Gerona; fue nombrado en su
lugar Francisco Esteban Bellet (nota 268).
La segunda vacó por promoción de Pedro Copons y de
Copons (nota 269) al obis pado de Gerona, nombrándose el
22 de julio de 1726 a Antonio Rius (nota 270).
Para el tercer canonicato fue nombrado el 9 de diciembre
de 1731 José de Quintana, presbítero de la diócesis de
Zaragoza, catedrático de Artes en la Uni versidad de Cervera,
en sustitución de Narciso de Queralt, promovido a la dignidad
de maestrescuela de la Catedral de Lérida, cancelario de la
Universidad de Cervera (nota 271).
ÍNDICE
146

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
El cuarto vacó el 23 de noviembre de 1751 por promoción de
Esteban Vi lanova al obispado de Jaca. En su lugar, fue nombrado
Juan de Alós y Fonta ner, presbítero de la diócesis de
Barcelona (nota 272).
Vilanova dejó, asimismo, a la real provisión por derecho de
resulta, el ar cedianato de Vallés, que el 25 de noviembre
del mismo año fue cubierto con la designación de un tal
«Esteban Bellet de Valencia», que probablemente fuera el
«Francisco Esteban Bellet» que obtuvo una canonjía en la
misma Catedral treinta años antes (nota 273).
La quinta canonjía provista por el rey recayó en el catedrático
de Prima de la Universidad de Cervera, Manuel Joben el 31
de agosto de 1752, ante la va cante por promoción de Jaime
Cortada al obispado de Zamora (nota 274).
La promoción de Jaime Cortada también afectó a un benefi cio
que detenta ba en la capilla de San Lorenzo de la Parroquial
de Argentona. En su lugar, el rey nombró a Francisco Puig,
clérigo de prima tonsura de la diócesis de Gero na, el 23 de
noviembre de 1752 (nota 275).
La sexta y última canonjía que fue objeto de la provisión real
vacó por pro moción de Blas Rafael de Quintana a la dignidad
de maestrescuela de la Cate dral de Lérida-cancelario de la
147

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Universidad de Cervera. Un personaje conocido en los ámbitos
ilustrados valencianos fue nombrado en su lugar el 7
de sep tiembre de 1752: el presbítero y catedrático de lengua
hebrea de la Universidad de Salamanca, Francisco Pérez
Bayer (nota 276).
El rey dispuso la provisión de otra canonjía, pero ésta en la
Iglesia Cole gial de Santa Ana de Barcelona. Vacó por promoción
del doctor Jaime Olsina a la dignidad de arcipreste de la
Iglesia Colegial de Villabeltrán. Y en su lugar fue nombrado el
doctor Juan Bautista Romeu y Perelló el 21 de abril de 1744
(nota 277), obteniendo ejecutorial el 12 de noviembre del
mismo año (nota 278).
La última pieza eclesiástica de esta diócesis que cayó en la
real provisión por el derecho de resulta fue el curato de Santa
Cruz del Orden, que vacó el 20 de septiembre de 1757, por
promoción de Manuel de la Fuente y Caro a tres benefi cios
simples sitos en las diócesis de Sevilla, Zamora y Córdoba,
y cuyo nombramiento benefi ció a Juan Fernández Calderón
(nota 279).
El segundo grupo de benefi cios eclesiásticos provistos por
el rey sin ser de su patronato lo conforman dos benefi cios
cuyos patronos fueron acusados de austracismo: el benefi cio
simple de la Parroquial del lugar de Villamor, y el benefi cio
ÍNDICE
148

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
de San Salvador y Santa Magdalena en la Parroquial de San
Esteban de la villa de Granollers.
Como en parte se adelantó al hablar de las confi scaciones de
benefi cios re gulares, de forma coyuntural, la corona procedió
al nombramiento y provisión de ciertos cargos eclesiásticos
que, siendo de patronato particular, se agregaron a la monarquía
al confi scar ésta los bienes de sus legítimos propietarios
por militar en las fi las del archiduque. Se trataba de una
apropiación temporal que, en la mayoría de los casos, sería
restituida a sus primitivos obtentores una vez fi rmados los
armisticios de Utrecht y Viena. Generalmente, estos bienes
con fi scados fueron puestos bajo la custodia de un Juez de
bienes secuestrados o confi scados, quien se ocupaba de la
administración de los mismos en tanto se mantenía la situación
de irregularidad jurídica interpuesta por la contienda. Sin
embargo, se suscitaron algunas dudas sobre la legitimidad
de entrar en la cola ción de cargos eclesiásticos sobre los que
no se tenía ningún patronato ofi cial mente reconocido.
El benefi cio simple de la Parroquial del lugar de Villamor tenía
como pa trón a Francisco Sanz y Monrodón, dueño del castro
de Monrodón. Al estar se cuestrado y confi scado, el nombramiento
real recayó el 9 de enero de 1716 en Francisco de
149

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Alós y Rius, en cuya elección se tuvieron en consideración
los méritos y servicios de su padre José Alós (nota 280).
El benefi cio de San Salvador y Santa Magdalena de la Iglesia
de San Este ban en la villa de Granollers tenía como legítimo
patrón a José Galcerán de Pi ñós y Rocabertí, quien se distinguió
en la contienda como uno de los principa les jefes de las
alteraciones y de la obstinada defensa de Barcelona. Por este
motivo le fue confi scada la hacienda. En esta situación vacó
el benefi cio por fallecimiento del licenciado y presbítero Juan
Masagur. En un principio, el rey no quiso proveer el benefi cio,
mostrándose especialmente escrupuloso en el cumplimiento
de las condiciones fundacionales del mismo, que declaraban
que debía ser provisto en el plazo de un mes desde el momento
de la vacante por un individuo del linaje del fundador.
Pero posteriormente, convencido por la Cámara y el Capitán
General, marqués de Castelrodrigo, decidió nombrar por real
cédula de 13 de enero de 1717 a José Roqueta (nota 281).
Una vez desarrollados los casos especiales en los que el
monarca pudo ac ceder a la provisión, nos introducimos en el
Patronato Real de la diócesis de Barcelona. Comenzaremos
por los benefi cios y capellanías parroquiales, para terminar
con los capitulares y la pieza más preciada, el obispado.
Tres eran los benefi cios extracapitulares de Patronato Real.
ÍNDICE
150

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
El de San Francisco y San Juan en la Parroquial de San
Pedro vacó por falle cimiento de Pedro Vidal, siendo nombrado
Ramón Miguel, que perdió la cédula de nombramiento.
Por ello pidió al rey el despacho de un duplicado el 16 de
marzo de 1718 (nota 282), y otro el 28 de abril del mismo
año, por la misma causa (nota 283).
La capellanía de Nuestra Señora de Gracia y Santa
Magdalena en la Parro quia de Nuestra Señora del Pino
(nota 284) vacó durante el tiempo en que el emperador
ocupaba el Principado, nombrando al doctor Agustín Rovira.
Éste fue removido y apartado de la capellanía por Felipe V el
28 de abril de 1718 (nota 285). En su lu gar colocó al doctor
Domingo Soler. Pero con la Paz de Viena (nota 286), el rey
tuvo que reintegrar a Rovira, por lo que el 23 de mayo de
1726 encargó al obispo que apartara a Soler y volviera a darle
colación de la capellanía a Rovira (nota 287).
Y por último, el benefi cio del monasterio de Santa Clara de
Barcelona, que vacó por muerte de Jaime Flotats, siendo nombrado
el 20 de enero de 1763 Jo sé Balaguer (nota 288).
En la Catedral, dos nuevos benefi cios pertenecían al Real
Patronato.
151

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Por un lado, el benefi cio segundo de San Blas, vacante en
1718, para el que fue nombrado el doctor Ramón Rovira por
cédula de 14 de junio (nota 289), quien falleció en 1741. El rey
nombró el 4 de junio al licenciado José Curas (nota 290), que
vivió hasta 1756, fecha en que fue sustituido por Clemente
Navarro, siendo nombrado el 14 de marzo (nota 291).
Y por otro, el benefi cio de Santa Espina en la capilla del Santo
Sepulcro. Éste vacó por fallecimiento de Juan Foch, siendo
nombrado el 7 de diciembre de 1719 el doctor Salvador
Vilella, por sus méritos y buenas prendas (nota 292). A
la muerte de Vilella, el rey designó el 24 de julio de 1743,
también por sus méri tos y buenas prendas, a Juan Gibert y
Rabasa (nota 293).
Asimismo, tres dignidades fueron provistas regularmente por
el monarca: los arcedianatos de Lobregat y Badalona, y la
tesorería.
El arcedianato de Lobregat fue provisto por el rey en tres
ocasiones durante el período estudiado. El 22 de febrero
de 1724, nombrando a Jaime Cortada, an tes citado, que ya
era canónigo de la catedral, para cubrir la vacante producida
por el óbito de Antonio Frías (nota 294). El 12 de octubre de
1745, cuando a la muerte del doctor Onofre Rovira, nombró
a Narciso Amat y Juñent por su virtud, le tras y otras buenas
ÍNDICE
152

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
partes (nota 295), expidiendo un extenso ejecutorial con fecha
de 27 de enero del año siguiente (nota 296). Y por último,
tras la muerte de Narciso Amat, el 10 de noviembre de 1776
benefi ciando por la provisión a Cayetano Moxó (nota 297).
En la provisión del arcedianato de Badalona aparecen dos
sujetos que, con el tiempo, llegaron al arzobispado. Antes del
22 de julio de 1726, ocupaba la dignidad Pedro Copons y de
Copons, que fue promovido, como ya sabemos, al obispado
de Gerona. Su sustituto fue Jaime Cortada (nota 298). Al ser
éste promociona do a la mitra de Zamora, el nombramiento
real recayó en Manuel Salvador y del Olmo, presbítero de la
diócesis de Valencia, el 28 de noviembre de 1752 (nota 299).
La última provisión real de este arcedianato sobrevino cuando
Salvador volvió a Valencia para ocupar el deanato de su
catedral. Fue sucedido el 14 de agosto de 1760 por Mariano
Joaquín de Huerta (nota 300).
La provisión de la tesorería de la Catedral de Barcelona se
vio complicada por la coyuntura bélica. Puesto que al principio
del período estudiado estaba ocupada por el doctor
Tomás Llorens, sujeto nombrado por el gobierno intruso, se
procedió al nombramiento de un secuestrador a satisfacción
del electo por Felipe V. Así, tras el nombramiento de José
Taberner y Dárdena, canónigo de la misma catedral, el 23 de
153

ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
abril de 1717 (nota 301), en sustitución del fallecido Ma nuel
de Agulló, fue su hermano, Francisco Taberner y Dárdena, el
designado por el rey para secuestrar los frutos y rentas de la
tesorería el 13 de enero de 1718 (nota 302). No obstante, al
no poder tomar posesión de dicho cargo, suplicó al rey que le
exonerara de él y nombrara a otro sujeto. Por ello, eligió, por
resolución a consulta de la Cámara de 24 de abril de 1720,
a Antonio de Rius (nota 303). A José Taberner, promovido al
obispado de Gerona, le sucedió en la dignidad Lorenzo Tomás
Costa, quien falleció en 1739, pasando el rey a nombrar el
12 de mayo a José de Rius, hermano de Antonio de Rius e
inquisidor más antiguo del tribu nal de Cuenca (nota 304).
Rius estuvo en el cargo hasta su muerte, siendo sucedido por
designación real del 20 de agosto de 1739 por Manuel Güell,
clérigo de prima tonsura de la diócesis de Barcelona, destacado
por su virtud, letras y otras bue nas partes (nota 305).
Güell ocupó la tesorería durante muchas décadas, hasta la
fecha de su muerte. Fue sucedido por José Generes y Mateu
quien obtuvo el título para la dignidad el 21 de octubre de
1787 (nota 306).
Resta la pieza más codiciada, la provisión del obispado de
Barcelona.
154

OBISPADO DE BARCELONA
ÍNDICE
NOMBRE DEL
NUEVO ABAD
FUENTES CAUSA DE LA
VACANTE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
FECHA DE LA FECHA DE LA DATOS
PRESENTACIÓN OBTENCIÓN DEL BIOGRÁFICOS
EN LA SANTA EJECUTORIAL
SEDE
4-2-1716 4-6-1716 Inquisidor en
el Tribunal de
Murcia
Diego de Astorga
y Céspedes
Libro 280,
ff. 8-14, 16-16v,
20v-22
22-9-1720 17-1-1721 Inquisidor en
el Tribunal de
Cuenca
Andrés Orbe y
Larreategui
(nota 308)
Fallecimiento del
austracista
(nota 307)
benedictino
Benito Sala
Promoción
de Astorga al
arzobispado de
Astorga
Promoción
de Orbe al
arzobispado de
Valencia
(18-4-1725)
Fallecimiento de
Jiménez
(13-12-1730)
Promoción
Libro 280,
ff. 135v-137
155
- -
Bernardo
Jiménez de
Cascante
-
(nota 309)
22-4-1731 5-8-1731 Obispo de
Santiago de
Cuba
Gaspar de
Molina
Libro 280,
ff. 223-224v
20-5-1735 - Doctoral de la
Felipe Aguado
Requejo
de Molina al
obispado de
Málaga
(28-4-1733)
Libro 280,
ff. 245-246v
Catedral de
Sevilla

20-6-1738 20-9-1738
Francisco
del Castillo y
Vintimilla
Francisco Díaz
Santos de Bullón
Libro 280,
ff. 271v-272v
ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
18-1-1748 9-5-1748 Penitenciario
Catedral de
Salamanca.
Miembro de la
Cámara
Fallecimiento de
Aguado
(3-11-1737)
Traslado de
Castillo al
obispado de
Jaén
(31-6-1747)
Traslado de Díaz
al obispado de
Sigüenza
Libro 281,
ff. 114v-115v,
124-127
18-8-1750 Cura de San
21-4-1750
1-5-1750
Manuel López
Aguirre
Justo y Pastor de
Madrid
Libro 281,
ff. 160v-162,
165-167v
(nota 310)
Asencio Sales 27-8-1754 14-1-1755 Dignidad de
la Catedral de
Valencia
(nota 311)
José Climent 3-6-1766 28-8-1766 Magistral de
la Catedral de
Valencia
Gabino de 18-7-1775 22-10-1775 Carmelita
Valladares y
Mesía
Fallecimiento de
López
(7-2-1754)
Libro 281,
ff. 329-331v
156
Fallecimiento de
Sales
(17-1-1766)
Renuncia de
Climent
(18-5-1774)
(nota 312)
Libro 282,
ff. 124-125, 127
Libro 282,
ff. 217-218v,
222-223
(nota 313)

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
2.3.4. DIÓCESIS DE GERONA
En esta diócesis, el Patronato Real estaba muy extendido.
Ya lo comproba mos con ocasión de las provisiones relativas
al clero regular, con ocho abadías benedictinas claustrales.
Las piezas seculares cuyo nombramiento tocaba al monarca
eran la dignidad de deán, el arciprestazgo de la Colegial de
Villabel trán, un sinfín de benefi cios parroquiales y la presentación
para el obispado,
Además, Su Majestad se sirvió de los subterfugios habituales
para acceder a la provisión de otros benefi cios ajenos a su
patronato.
En virtud del derecho de resulta, nombró a sus candidatos
para la abadía de San Feliu -que era una dignidad de la
Catedral-, el benefi cio de Santo Domingo -también en la
Catedral-, y la doma simple de la Parroquial de San Juan de
Bellcaire.
La promoción de Jaime Cortada al obispado de Zamora dejó
a la real pro visión las dos piezas eclesiásticas de la Catedral
(nota 314). Por un lado, el 22 de agos to de 1752 el monarca
nombró a Luis de Mergelina, presbítero de la diócesis de
Cartagena para la abadía de San Feliu (nota 315). Y por otro,
dos días más tarde, nombró a Andrés de Sales, presbítero de
157

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
la diócesis de Valencia para el benefi cio de Santo Domingo
(nota 316).
La doma simple de la Parroquial de San Juan de Bellcaire
también cayó a la real provisión por promoción de su obtentor
a un obispado (Narciso de Que ralt al de Ávila). Por ello, el rey
nombró el 16 de mayo de 1738 a Ignacio Co nill (nota 317).
Gracias a la confi scación de haciendas de austracistas, el
monarca pudo ac ceder al nombramiento de un benefi cio
en la Parroquial de San Julián y Santa Basilisa de Llers,
cuyo patronato correspondía a Gaspar de Verart, barón de
Esponella. El 28 de abril de 1718 fue benefi ciado Miguel de
la Vall y Potau (nota 318). Entre la documentación relativa a
la diócesis de Gerona encontramos un par de documentos en
los que la Corona provee benefi cios en virtud del Con cordato
de 1753.
El primero de ellos tiene por fecha el 26 de mayo de ese año
(nota 319). En él, el benefi cio diaconil de la Iglesia de San
Esteban de Bañolas, vacante por dimi sión de Buenaventura
Calsa, fue provisto por Fernando VI en la persona de Antonio
Girabanes. El monarca explica su modo de proceder en la
misma real cédula de nombramiento: «Por el Concordato
concluido y ratifi cado en día 20 de febrero de 1753 entre la
Santa Sede y la Corona española se le concedió perpetua-
ÍNDICE
158

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
mente al rey el derecho universal de nombrar y presentar
indistinta mente las prebendas y benefi cios y demás piezas
eclesiásticas que por cual quier motivo vacaren en todas las
Iglesias del Principado, en los ocho meses apostólicos».
Asimismo, en virtud del citado concordato, Carlos III pudo
acceder por primera vez a la provisión de la primera dignidad
de la Catedral: el arcedianato mayor. Tras el fallecimiento de
Isidoro Horteu, por real despacho del 21 de agosto de 1782
(nota 320), el rey eligió a Felipe de Bojons, con tres condiciones.
Por un lado, que pasara a servir y residir la dignidad
como estaba obligado (nota 321). Por otro, que dejase a la
real provisión la canonjía que obtenía en la misma cate dral.
Y en tercer lugar, que aceptara la resolución real en el pleito
pendiente en la Cámara sobre el traslado al cabildo de canónigos
de la jurisdicción ordinaria eclesiástica del obispado
durante los períodos de sede vacante, que antes ejer cía el
arcediano mayor (nota 322).
Comenzaremos el desarrollo del Patronazgo Real por los
benefi cios simples.
El 17 de octubre de 1731 fue nombrado el licenciado
Raimundo Fogueres para ocupar el benefi cio sito en la capilla
del Castillo de Tomells (nota 323). Treinta y seis años
después, el 30 de julio de 1767, la Corona volvió a proveer
159

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
este benefi cio, vacante por muerte de Mateo Ditró y Lloras,
en la persona de Ignacio Narciso Puig (nota 324).
La Corona también proveyó el benefi cio de Nuestra Señora
Antigua de la Parroquial de la villa de Pals el 20 de junio de
1756, vacante por muerte de Ig nacio Garriga, en favor de
Pedro Dalmau (nota 325).
Del mismo modo procedió al proveer nueve días después el
de San Quintín en la Parroquial de la villa de Ripoll para José
Antonio Peraller (nota 326).
Los tres siguientes benefi cios de Patronato Real en la diócesis
de Gerona se hallan en la Parroquial de San Genís en la
villa de Torroella de Montgrí.
Un benefi cio -sin advocación- vacó el 26 de noviembre de
1727 por re nuncia del doctor Gaspar Rovira, quien suplicó al
rey el nombramiento de su sobrino Pedro Rovira. El monarca
accedió a la petición (nota 327).
El benefi cio de la Virgen María fue provisto por el rey el 18 de
octubre de 1757 en favor de Cristóbal Ros, atendiendo a sus
méritos y circunstancias. Ha bía vacado por fallecimiento de
José Buscarons (nota 328).
El tercero, el benefi cio simple servidero de Santiago o San
Jaime, fue pro visto el 26 de enero de 1732 en el persona de
ÍNDICE
160

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
Pedro de Pujol y Litró (nota 329). A su muerte, le sucedió, por
elección real de 4 de junio de 1741, Clemente Fuster, que lo
sirvió durante diez años, hasta su muerte (nota 330). En su
sustitución, el rey nombró el 15 de junio de 1751, en atención
a sus méritos, a Pablo Verdeguer (nota 331). Asimismo, otros
trece benefi cios extracapitulares fueron provistos por Car los
III el 6 de abril de 1780 (nota 332). A saber:
- El curato de la Parroquial del lugar de Sols -vacante por fallecimiento
de Antonio Moner- en favor de Juan Trull.
- El curato de la Parroquial del lugar de Cistella -vacante
por falleci miento de Vicente Pi- en favor de Bartolomé
Carreras.
- La sacristía curada de la Parroquial de San Feliu de Boada
-vacante por fallecimiento de Benito Ridal- en favor de
Tomás Llach.
- El curato de la Parroquial del lugar de San Martín Vell -vacante
por fa llecimiento de José Moregas- en favor de José
Martinilla.
- La doma curada llamada segunda de la Parroquial de la villa
de Palafrugell -vacante por muerte de José Fina- en favor
de Francisco Pujol y Galcerán.
161

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
- El curato de la Parroquial del lugar de San Aciscle de
Ampurdán -va cante por muerte de Pedro Palmada- en favor
de Poncio Moret.
- El curato de la Parroquial del lugar de Santa Pelaya -vacante
por falle cimiento de José Mir-en favor de José Geronés.
- La doma curada de la Parroquial del lugar de Bergés -
vacante por fa llecimiento de José Comellas- en favor de
Gregorio Santaló.
- La sacristía curada de la Parroquial del lugar de Batet -
vacante por fa llecimiento de Juan Codina- en favor de
Francisco Coromina.
- El curato de la Parroquial del lugar de Bagur en favor de
José Bonet.
- El curato de la Parroquial del lugar de Dosquers -vacante
por falleci miento de José Deu- en favor de Miguel Ferres.
- El curato de la Parroquial del lugar de Aviñonet -vacante
por falleci miento de Gerónimo Ros- en favor, primero de
Raimundo Serna y Orri, y más tarde de Ramón Ferrol.
- Y fi nalmente, el curato de la Parroquial del lugar de
Vilaveniot -vacan te por fallecimiento de Ramón Comas- en
favor de Pedro Godó.
ÍNDICE
162

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
Y otros ocho fueron provistos por el mismo Carlos III el 9 de
julio de 1780, cubriendo algunas de las promociones anteriores
(nota 333):
- El curato de la Parroquial del lugar de Sadernas -vacante
por promo ción de Francisco Coromina a la sacristía curada
de la Parroquial de Batet- en favor de Jaime Bruci.
- El curato de la Parroquial del lugar de Tuya -vacante por
promoción de Francisco Pujol y Galcerán a la doma curada
de Palafrugell- en favor de Juan Bru.
- La doma curada de la Parroquial del lugar de Borrosa -vacante
por pro moción de Bartolomé Carreras al curato del
lugar de Cistella-en favor de Juan Moret.
- El curato de la Parroquial del lugar de Fayala -vacante por
promoción de José Bonet al curato de la Parroquial de
Bagur- en favor de Francisco Mauri.
- El curato del lugar de Sala -vacante por promoción de Poncio
Moret al de la Parroquial de San Aciscle de Ampurdán- en
favor de Juan Joany y Ga creu.
- El curato de la Parroquial del lugar de Rocacorba -vacante
por promo ción de Gregorio Santaló a la doma curada del
lugar de Bergés- en favor de Pedro Pagues.
163

ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
- El curato de la Parroquial del lugar de Foyxa -vacante por
promoción de Tomás Llach a la sacristía curada de San
Feliu de Boada- en favor de Anto nio Rovira.
Y por último, para el curato de la Parroquial del lugar de
Bolós, vacante por promoción de Ramón Ferrol al curato de
Aviñonet, designó a José Font.
En la Catedral, la dignidad de deán pertenecía al Real
Patronato. El 22 de julio de 1721 fue nombrado Miguel
Goncer, sujeto de virtud, letras y buenas partes, al igual
que era el fallecido deán, Antonio de Marimón (nota 334).
Goncer fue promovido el 20 de junio de 1738 a la dignidad
de maestrescuela de la Catedral de Lérida y cancelario de la
Universidad de Cervera. El rey nombró para cubrir la vacante
a otro individuo de virtud y letras, Narciso Amat y Juñent
(nota 335), a quien otorgó el ejecutorial el 4 de septiembre
del mismo año (nota 336). Como se in dicó, Amat fue promocionado
en 1745 al arcedianato de Lobregat. El rey nom bró
nuevo deán el 28 de octubre a Fernando Diern (nota 337),
confi rmándolo el 20 de febrero del año siguiente (nota 338).
Diern se mantuvo en la dignidad hasta su muerte. Lo sustituyó
el rey, el 20 de febrero de 1772, por el doctor Miguel de
Castellón y Vila (nota 339).
164

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
Pieza codiciada y de gran valor fue el arciprestazgo de la
Iglesia Colegial de la villa de Villabeltrán (nota 340). El rey
ejerció su derecho de patronato ya en 1715, debido a la
muerte de José Sanz. Nombró arcipreste por real cédula
de 24 de diciembre de 1715 al clérigo presbítero Gerónimo
Llovera, de virtud, letras y otras buenas partes (nota 341), a
quien confi rmó mediante la expedición de las «cartas executoriales»
el 4 de junio de 1716 (nota 342).
A su muerte, el rey dio comisión el 15 de enero de 1720 a
Gerónimo Más y Gabell para secuestrar sus frutos y rentas
(nota 343), hasta que decidió nom brar arcipreste a Manuel
de Alós y Rius el 25 de julio (nota 344), con ejecutorial del 31
de octubre (nota 345).
Alós ocupó la dignidad sin ninguna alteración hasta el 10 de
septiembre de 1726 (nota 346). Ese día, Jaime de Oriola y
Tord, amparándose en el artículo nono de la Paz de Viena,
reclamó para sí la dignidad arciprestal puesto que para ella
obtuvo bulas fechadas el 10 de febrero de 1712 y el 14 de
junio de 1713 tras presentación por el emperador. Objetó
también que tomó posesión del arci prestazgo en 1719. El rey
inició unas pesquisas que le llevaron a conocer que la villa de
Villabeltrán estuvo bajo la dominación de la plaza de Rojas,
que nunca ocupó el emperador, y que desde 1711 -antes de
165

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
la expedición de las bulas- estaba reducida a la obediencia
real la plaza de Gerona y el Ampurdán, donde se halla sita la
citada villa. Y además declaró nula la toma de posesión que
Oriola hizo en 1719, «cuando las armas de Francia entraron
en este terri torio» por no estar aprobada por la mayoría del
cabildo colegial. Por todo ello, desestimó la pretensión de
Oriola quedando en posesión del arciprestazgo Ma nuel de
Alós y Rius.
Alós ocupó el cargo hasta el 10 de marzo de 1744, fecha
en que fue pro mocionado a la dignidad de maestrescuela
de la Catedral de Lérida y cancela rio de la Universidad de
Cervera (nota 347). Le sustituyó el doctor Jaime Olsina, que
obtuvo el necesario ejecutorial el 4 de agosto del mismo año
(nota 348).
Olsina murió en 1760, por lo que el rey se vio obligado a
nombrar a Cos me Mascaró el 20 de mayo (nota 349). La real
cédula de su nombramiento incluye un interesante párrafo
relacionado con el Concordato de 1753. Dice literalmente:
«En virtud del último Concordato ajustado entre la Santa
Sede y la Coro na sobre la gran controversia del Patronato
Universal, y otros puntos, está dispuesto que los sujetos presentados
por el rey o sus sucesores para cuales quiera dignidades,
prebendas, benefi cios y otras piezas eclesiásticas
ÍNDICE
166

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
para cu ya obtención y goce se necesitaban antes bulas de
Su Santidad, deban en el futuro recibir las instituciones y colaciones
canónicas de sus respectivos ordi narios sin expedición
alguna de bulas apostólicas exceptuando solamente los
Arzobispados, Obispados, Monasterios y benefi cios consistoriales,
en los cua les se convino que hubiese continuación
de la expedición de sus respectivas bulas, del mismo modo
practicado hasta entonces».
Por tanto, tras el Concordato sólo requerirán bulas confi rmatorias
los arzo bispados, obispados, abadías y benefi cios
consistoriales.
La última provisión real del arciprestazgo de Villabeltrán que
aparece en la documentación manejada es del 29 de marzo
de 1767, cuando a la muerte de Cosme Mascaró, fue nombrado
José Campins y Barnola (nota 350). No se encuentra
ya el ejecutorial, antes necesario tras la comprobación de las
bulas pontifi cias por la Cámara.
167

OBISPADO DE GERONA
DATOS
BIOGRÁFICOS
NOMBRE DEL
NUEVO ABAD
FUENTES CAUSA DE LA
VACANTE
ÍNDICE
FECHA DE LA
OBTENCIÓN DEL
EJECUTORIAL
FECHA DE LA
PRESENTACIÓN
EN LA SANTA
SEDE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
José Taberner - 20-2-1721 Canónigo y
tesorero de la
Catedral de
Barcelona
Promoción de
Miguel Juan
Taberner y Rubí
al arzobispado
de Tarragona
(23-4-1720)
Fallecimiento de
Taberner
(16-1-1726)
Libro 280,
ff. 128v-129v,
138
22-7-1726 15-10-1726 Canónigo de
la Catedral de
Barcelona y
arcediano de
Badalona
Pedro Copons y
de Copons
Libro 280,
ff. 187-188,
197-198
168
- 29-1-1729
Baltasar de
Bastero y Lladó
Promoción
de Copons al
arzobispado de
Tarragona
(26-10-1728)
Renuncia de
Bastero
(8-9-1744)
(nota 351)
Fallecimiento de
Taranco
(3-2-1756)
Fallecimiento de
Palmero
(7-5-1774)
Libro 280,
f. 220
22-12-1744 8-4-1745 Obispo de
Avaren
(nota 352)
Lorenzo y
Taranco y
Mazaurieta
Libro 280,
ff. 347, 363-364,
367-369v
20-5-1756 12-8-1756 Doctoral de la
Catedral de
Manuel Antonio
Palmero y Rallo
Zamora
Deán de la
Catedral de
Zaragoza
18-12-1774 27-4-1775
30-4-1775
Tomás de
Lorenzana
(nota 353)
Libro 281,
ff. 359-360v,
367-369v
Libro 282,
ff. 214-216v

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
DIÓCESIS DE LÉRIDA
Sufrió trastornos y graves perjuicios con ocasión de la Guerra
de Sucesión, ya que fue ocupada primero por las tropas del
archiduque, y después, tras he roica lucha, por las del rey
Felipe (nota 354). Durísimas fueron las consecuencias: pérdida
de los privilegios, cierre de la catedral al culto (noviembre
de 1707), derribo del palacio episcopal para dar lugar a
un fortín, supresión de la Univer sidad y traslado a Cervera en
1717.
Todos los benefi cios provistos por el rey a lo largo de la secuencia
crono lógica estudiada lo fueron en virtud de su Regio
Patronazgo.
Comenzaremos por los benefi cios extracapitulares.
El 14 de mayo de 1750, ante la vacante de la rectoría de los
lugares de Er das y Centenera por fallecimiento de Sebastián
de Eulacia, el rey nombró a Antonio Faro -sujeto de literatura,
celo y demás requisitos-, que la tenía en sustitución e interinidad
por resolución del 9 de marzo de 1750 (nota 355).
También dispuso de la rectoría o benefi cio curado de la
Parroquial de San ta Cecilia del lugar de Tortosa (nota 356),
vacante por muerte de Sebastián López de Boltaña. Nombró
169

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
en su lugar a Francisco Llored, por su sufi ciencia, letras y
buenas costumbres (nota 357).
La capellanía del Puente de Monzón fue provista por el rey en
dos ocasio nes. La primera, el 1 de abril de 1756, al vacar por
matrimonio de Próspero Xi ménez, siendo el benefi ciado el
doctor Agustín Montull (nota 358). La segunda, tras el ascenso
de Montull a una canonjía de la Catedral de Lérida, siendo
nombrado el 20 de junio de 1760, José Nadal (nota 359).
El último benefi cio extracapitular de Patronato Real era el
curato de Via camp, que quedó vacante por renuncia de
Francisco de Torres y Castro, siendo nombrado por su sufi -
ciencia, letras y buenas partes, el 14 de marzo de 1752, Juan
Francisco de la Ruy (nota 360).
Una dignidad del cabildo catedralicio ilerdense pertenecía al
Real Patrona to: la de maestrescuela, que al mismo tiempo
era el cancelario de la Universi dad de Cervera.
El primer documento que hace referencia a la provisión de
la dignidad ca pitular está fechado el 17 de marzo de 1716,
por lo que hace referencia no a la Universidad de Cervera
-creada en 1717-, sino a la Universidad y estudio general de
la misma ciudad de Lérida (nota 361). Vacante por muerte
de Jaime Alós, la dignidad recayó por su virtud, letras y otras
ÍNDICE
170

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
buenas partes en el doctor Francis co de Queralt, que recibió
el ejecutorial el 2 de julio de 1716 (nota 362).
Francisco de Queralt falleció en 1731, por lo que el rey nombró
maestres cuela de la Catedral de Lérida y cancelario de la
Universidad de Cervera a Narciso de Queralt el 9 de diciembre
(nota 363).
Éste fue promovido al obispado de Ávila (nota 364), siendo
sustituido el 30 de abril de 1738 por el doctor Miguel Goncer
(nota 365), con ejecutorial del 13 de junio (nota 366). Goncer
falleció en 1743, por lo que el rey nombró por su virtud y letras
a Manuel de Alós y Rius el 21 de noviembre del mismo
año (nota 367). En real cédula con la misma fecha le encargó
que pasase al gobierno político, directivo y eco nómico de
la Universidad con la mayor brevedad posible, sin esperar a
que lle gasen las bulas (nota 368). El ejecutorial fue expedido
el 4 de agosto de 1744, por lo que Alós gobernó la universidad
sin las bulas necesarias durante más de ocho meses
(nota 369).
Tras una azarosa existencia, rodeada de pleitos, Manuel de
Alós y Rius fa lleció en 1752. El 22 de agosto el rey nombró sucesor
en ta persona de Blas Rafael de Quintana (nota 370),
quien tras pedir dispensa para residir en Cervera, obtuvo ejecutorial
el 24 de octubre del mismo año (nota 371).
171

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Unos diez años transcurrieron con Quintana en el cargo,
hasta su muerte. El rey nombró el 13 de junio de 1762 a
Francisco Fuertes Piquer (nota 372), que en 1788 aún era
maestrescuela de la Catedral de Lérida y cancelario de la
Univer sidad de Cervera.
ÍNDICE
172

OBISPADO DE LÉRIDA
DATOS
BIOGRÁFICOS
NOMBRE DEL
NUEVO ABAD
FUENTES CAUSA DE LA
VACANTE
ÍNDICE
FECHA DE LA
OBTENCIÓN DEL
EJECUTORIAL
FECHA DE LA
PRESENTACIÓN
EN LA SANTA
SEDE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
Gregorio Galindo - 17-5-1736 Obispado de
Aulona
Fallecimiento
del agustino
Francisco de
Olasa Hipenza
(6-5-1735)
(nota 373)
Fallecimiento de
Libro 280,
f. 260v
31-3-1757 16-6-1757 Cura de San
Justo y Pastor de
Madrid
Manuel Macías
Pedrejón
Galindo
(11-12-1756)
173
11-4-1771 21-7-1771 Doctoral de la
Catedral de
Joaquín Antonio
Sánchez
Ferragudo
Gerónimo María
de Torres
Fallecimiento de
Macías
Santiago
Canónigo de la
Iglesia de Tolego
(27-12-1770)
Fallecimiento de
28-11-1783 28-1-1784
(nota 374)
Sánchez
(1783)
Libro 281,
ff. 392v-394
Libro 282,
ff. 4-6v
Libro 282,
ff. 150,
153-154v
Libro 282,
ff. 333-334,
335-337

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
2.3.6. DIÓCESIS DE URGEL
Amén de la presentación de los obispos, el rey tenía a su
disposición en es ta diócesis piezas eclesiásticas en dos importantes
iglesias: la Colegial de la vi lla de Ager y la Colegial
de Castelbó. Además, también era de su patronato la rectoría
de la Parroquial de San Cosme y San Damián en el lugar de
Cairans.
Por mediación del derecho de resulta, pudo el monarca nombrar
sus candi datos en tres prebendas: una canonjía de la
Catedral de Urgel; y el Priorato de la villa de Castellón de
Farfaña, y el curato de la Parroquial de Milla, ambos benefi -
cios en los límites del arciprestazgo de Ager.
La canonjía de la Catedral urgelitana fue provista por el rey el
20 de agosto de 1738 por la promoción que hizo de Narciso
Amat y Juñent al deanato de la Catedral de Gerona que,
como hemos visto antes, era del Real Patronato. En su lugar
quedó Francisco Borrás y Viñals (nota 375).
El priorato de la villa de Castellón de Farfaña fue provisto por
la promo ción de Pedro Rovira al curato o rectoría de la Iglesia
Parroquial de la villa de Valls, en la diócesis de Tarragona. El
20 de febrero de 1722, el rey nombró pa ra este priorato al
doctor Raimundo Closa (nota 376).
ÍNDICE
174

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
El curato de la Parroquial de Milla, vacante por la promoción
de Pedro Fargas al curato del lugar de Bisfret -igualmente
inserto en los límites del arci prestazgo-, recayó en Francisco
Siso, a quien se le expidió el conveniente títu lo el 27 de septiembre
de 1785 (nota 377).
Para la provisión del benefi cio de San Simón y Judas en
la Catedral de Ur gel compartían el patronato Juan Bautista
Rosell (nota 378) y María Inés de la Plaza y Gili (nota 379).
Al tener ésta secuestrados sus bienes y castros, juntamente
con el derecho de compatrón, el rey procedió a nombrar al
licenciado Paulo Casan¡, de buenas partes y calidades, el l l
de marzo de 1717 (nota 380).
Del Real Patronato era la rectoría o curato de la Iglesia
Parroquial de San Cosme y San Damián, del lugar de
Cairans. Al quedar vacante, el rey nombró el 18 de junio de
1748 al presbítero destacado por sus buenas prendas, Pedro
Martí Suñer (nota 381).
También era del Regio Patronazgo el canonicato llamado sacristía
de la Iglesia Colegial de Castelbó. El 18 de noviembre
de 1717 fue nombrado Juan Blasi (nota 382). Éste murió durante
el tiempo en que el emperador ocupaba el Principado,
por lo que la nueva nominación recayó en el licenciado
Gerónimo Ta rrull. El rey le mandó remover, nombrando en
175

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
su sustitución al licenciado Antonio Rui. Por renuncia de este
último, el 13 de abril de 1723 fue desig nado el licenciado
Manuel Campí (nota 383). Pero con motivo de la Paz fi rmada
con el emperador en Viena, por su artículo nono, «cuya observancia
debe ser puntual y efectiva», el rey se vio obligado
a reintegrar la sacristía el 23 de mayo de 1526 a Gerónimo
Tarrull, apartando a Campí (nota 384). Tarrull falleció en
1735, por lo que el monarca dispuso libremente del canonicato
para benefi ciar a Miguel Gisbert el 18 de septiembre de
ese año (nota 385). Éste murió en 1760, por lo que Ramón
Boxadell le sustituyó con real cédula de nombramiento de 20
de junio de 1760 (nota 386).
En la Iglesia Colegial de la villa de Ager, el rey nombró a
Pedro Ezpeleta comensal el 14 de julio de 1762, pues la dignidad
se hallaba vacante por falle cimiento de Mateo Cónsul
(nota 387). Pero la pieza realmente interesante de esta colegial
es su arciprestazgo.
El Arciprestazgo de la Colegial de Ager, que era del Real
Patronato, se ha llaba en los límites del obispado, con jurisdicción
sobre más de 70 parroquias en las que el arcipreste
ejercía jurisdicción «casi episcopal», circunstancia que el
obispo estimaba contraria a las disposiciones conciliares y
era motivo de pleitos entre ambas autoridades.
ÍNDICE
176

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
Ya en 1679 y 1680, los canónigos de Ager y sus lugares suplicaron
la erec ción de obispado propio, aduciendo la sufi ciencia
de su demarcación territorial y el hecho de haber gozado
de tal consideración antes de la pérdida de España a manos
de los musulmanes.
El arcipreste ejercía además la omnímoda jurisdicción ordinaria
en dicho arciprestazgo (conceder dimisorias para ordenar,
convocar concursos para rec torías, realizar la colación
en los meses ordinarios, visitar, convocar sínodos, dar la
bendición solemne, conceder cuarenta días de indulgencia.
..) (nota 388).
La Cámara de Castilla desestimaba radicalmente la petición
del obispo al considerar que no interesaba desprenderse de
una pieza del Patronato Real co mo el arciprestazgo de Ager,
de gran lustre, sólo para acrecer las rentas del obispado, parecer
que era confi rmado por el monarca.
Tras la muerte de Miguel de Marimón, el arciprestazgo lo
detentaba un su jeto intruso, el doctor Benito Viñals de la
Torre. Tras declarar nula esta nomi nación, Felipe V nombró
el 23 de abril de 1717 por su virtud y letras a Pedro Descallar
(nota 389). Pero éste murió poco antes de tomar posesión
del cargo.
177

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Hasta la elección del nuevo arcipreste, el 28 de julio de 1718
fue nom brado secuestrador y ecónomo de los frutos de la
dignidad el doctor Antonio Pairo (nota 390).
Aunque el documento no aparece en los registros, suponemos
que se pro dujo en 1726 la restitución del arciprestazgo
al doctor Viñals de la Torre con motivo de la amnistía decretada
a raíz de la Paz de Viena con el emperador.
En 1735 falleció el citado Viñals, pasando el rey a sustituirle
nombrando el 26 de mayo por su virtud, letras y otras buenas
partes a Nicolás Estáun (nota 391).
La muerte le acaeció a Estáun en 1745. El rey designó entonces
el 7 de di ciembre de ese año a un secuestrador y
ecónomo, el doctor Felipe Soler, hasta el nombramiento del
arcipreste (nota 392). Esto ocurrió el 11 de enero siguiente,
con el nombramiento de Juan Gerónimo Mateu y Mora
(nota 393). Éste pidió al rey que le concediera los frutos caídos
de la dignidad en el tiempo de la vacante, argu mentando
el excesivo gasto que le había supuesto la consecución de
las bulas pontifi cias. El rey accedió a la súplica por real cédula
del 8 de marzo de ese año, ordenando a Soler que se los
entregara sin dilación (nota 394).
De nuevo la vacante del arciprestazgo aconteció por el fallecimiento
del ti tular. A Maten y Mora le sucedió el 26 de enero
ÍNDICE
178

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
de 1756 Francisco Esteba (nota 395), que obtuvo del rey
ejecutorial el 6 de mayo de ese año (nota 396).
A la muerte de Esteba en 1772, el rey creyó conveniente
nombrar secues trador y ecónomo a Francisco Gibert por real
orden de 24 de diciembre (nota 397). El nuevo arcipreste
electo fue Mariano de Sabater y Prior, nombrado por real
cédula del 4 de marzo de 1773 (nota 398), y confi rmado por
ejecutorial del 27 de mayo del mismo año (nota 399.)
Tras la muerte de Mariano de Sabater y de Prior, el 21 de
noviembre de 1780 el rey expidió despacho a Domingo Jover
para que procediera al secues tro de los frutos y rentas del
arciprestazgo (nota 400). Jover cesó en su comisión de ecónomo
cuando Carlos III presentó como sucesor de Sabater a
la cabeza del arciprestazgo a Mariano Ambrosio Escudero,
canónigo de la Catedral de Léri da. El papa le concedió las
bulas el 25 de septiembre de 1782. Y para que pu diera tomar
posesión de su benefi cio, el rey ordenó la expedición de las
cartas ejecutoriales con fecha del 7 de noviembre de 1782
(nota 401).
No obstante, la pieza más codiciada por la monarquía era el
propio obispa do pues, entre otros motivos, el rey podía disponer
de un tercio de su valor lí quido para pensiones.
179

OBISPADO DE URGEL
ÍNDICE
DATOS
BIOGRÁFICOS
FECHA DE LA
OBTENCIÓN DEL
EJECUTORIAL
FECHA DE LA
PRESENTACIÓN
EN LA SANTA
SEDE
NOMBRE DEL
NUEVO ABAD
FUENTES CAUSA DE LA
VACANTE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
1714 - Agustino
Simón de Guinda
y Apeztegui
27-2-1738 7-6-1738
Jorge Curado
Torreblanca
180
19-3-1747 22-6-1747 Monje jerónimo
Prior de
El Escorial
Sebastián de
Vitoria
5-12-1756 19-4-1757 Canónigo del
Sacromonte de
Granada
Francisco José
Catalán de Ocón
Francisco
Fernández de
Xátiva
- Traslado de
Julián Cano al
obispado de
Ávila
(17-1-1714)
(nota 302)
Libro 280, Fallecimiento de
ff. 265v-266, Guinda
269v (27-8-1737)
Libro 281, Renuncia de
ff. 92-94,97-99v Jorge Curado
(2-9-1745)
(nota 403)
Libro 281, Fallecimiento de
ff. 387-388v, Vitoria
394-394v (2-10-1756)
Libro 282, Fallecimiento de
f. 106v
Catalán
(8-9-1762)
20-2-1763 17-4-1763 Doctor. Cura
de San Justo y
Pastor de Madrid

15-12-1771 - Canónigo y deán
de la Catedral de
Lugo
Joaquín de
Santiyán y
Valdivieso
Libro 282,
ff. 156-157
ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
Cura de Santa
Cruz de Madrid
(nota 405)
13-7-1779 31-10-1779
(nota 404)
Juan García
Montenegro
Libro 282,
ff. 289-292
11-11-1780 -
José Boltas
(nota 406)
Fallecimiento de
Fernández de
Xátiva
(22-4-1771)
Promoción de
Santiyán al
arzobispado de
Tarragona
(15-5-1779)
- Fallecimiento de
Montenegro
(23-5-1780)
181

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
2.3.7. DIÓCESIS DE SOLSONA
En esta diócesis, aparte de la tradicional presentación del
obispo, sólo cua tro benefi cios pertenecían al Real Patronato,
cuatro dignidades de la Catedral: arcediano, chantre, deán y
tesorero.
En virtud del derecho de resulta, el rey pudo proveer distintas
piezas ecle siásticas.
El benefi cio de Santa María en el altar mayor de la Iglesia
Parroquial de la ciudad de Cervera, vacante por promoción
de José Roca al deanato de la Cate dral de Solsona, siendo
nombrado el 31 de agosto de 1731 José Ramón (nota 407).
Una ración en la misma catedral, que vacó por promoción
de Próspero An tonio de Leris a un canonicato de la Iglesia
Metropolitana de Zaragoza, fue provista por el rey en la persona
de Isidro Font, el 13 de junio de 1732 (nota 408).
El benefi cio octavo de la Parroquial de Santa Eulalia en la
villa de Berga, que vacó por promoción de Juan Aquilino
de las Heras a una capellanía del convento de Mercedarias
Descalzas de Madrid, recayendo el nombramiento re al el 20
de mayo de 1749 en Rafael Marrugat, gracias a la recomendación
del obispo -en virtud de la concesión real de hacer
ÍNDICE
182

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
en su nombre el nombramiento del sujeto más apropiado -
(nota 409).
El curato de San Miguel de la villa de Cardona, vacante por
promoción de José Burgués y Capdevila a una canonjía de la
Catedral de Solsona, benefi ciándose de ello el 19 de julio de
1757, Marcelo Mirabate, tras haber pasado examen sinodal y
aprobación ad curam animarum (nota 410).
Y, por último, la canonjía doctoral de la Catedral, que vacó
por promoción de Clemente Llocer a una de las reales
Capellanías de Honor -del Real Patro nato-. Según prescribía
la real cédula de 5 de noviembre de 1765 para la pro visión
de canonjías de ofi cio, el obispo y el cabildo catedralicio presentaron
a la Cámara a los sujetos más idóneos de los aprobados
en el concurso y oposi ción; y por despacho de 11 de
diciembre de 1786 la elección de Carlos III re cayó en Manuel
Rojas (nota 411).
En cuanto a las dignidades de Patronato Real, el arcedianato
estaba ocupa do por José de Santa Cruz al inicio de nuestra
investigación. A su muerte, le si guió el nombramiento real de
Juan del Vao y Durán en diciembre de 1728 (nota 412). Sin
que se especifi que la causa de la vacante, la real cédula con
fecha de 17 de noviembre de 1733 nos informa del nombramiento
de Francisco Palacio (nota 413), que obtendría el eje-
183

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
cutorial el 18 de enero de 1736 (nota 414). No tenemos más
noticias hasta que el 21 de noviembre de 1786 (nota 415)
es elegido arcediano Jaime Fomiols, ante la promoción de
su antecesor Manuel Marañosa al arcedianato de Terran tona
(nota 416). Dicho nombramiento sirvió para encadenar otros
en virtud del derecho de resulta, puesto que dejó vacante la
canonjía presbiteral que detentaba en di cha catedral, quedando
a la real provisión. Y en virtud del citado derecho, la
prebenda fue cubierta por Francisco Escoyn y Molla por real
despacho del 1 de marzo de 1787 (nota 417). Entonces, el
rey tuvo acceso a la provisión de la ración bajo la invocación
de Santa María Magdalena que obtenía Escoyn también en
la re ferida catedral, siendo nombrado Fidel Soler por título
con fecha del 11 de no viembre de 1787 (nota 418).
Seis meses después de este último nombramiento, Forniols
falleció, por lo que el rey pudo proveer de nuevo el arcedianato.
Éste recayó por despacho del 18 de mayo de 1788 en
Domingo Ardevol (nota 419), quien a su vez dejó a la real
pro visión, por el referido derecho de resulta, la canonjía que
ocupaba en la misma Catedral. Ésta benefi ció a Pedro Juan
Larroy y Lasala a partir del 25 de mayo de 1788 (nota 420).
No conocemos quien fue el chantre entre 1715 y 1735. El 25
de marzo de este último año se le expidió ejecutorial a Pedro
ÍNDICE
184

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
Cervera (nota 421). Este falleció en 1755, siendo nombrado
en su sustitución Pedro Antonio Ortiz el 13 de noviem bre de
ese año (nota 422).
La primera noticia sobre el deanato es el ejecutorial fechado
el 6 de marzo de 1722 para el doctor José Roca, nombrado
por su virtud, letras y otras bue nas partes (nota 423). Tras su
fallecimiento, el rey nombró al doctor José Antonio de Urien
el 23 de abril de 1748 (nota 424), expidiéndole el pertinente
ejecutorial el 20 de agosto del mismo año (nota 425).
La provisión de la tesorería fue más accidentada. Estando
vacante la teso rería que detentaba el intruso Esteban Mata,
el rey nombró el 12 de noviembre de 1715 al licenciado
Jaime Bayona (nota 426). Al no poder abonar el benefi ciado
la cantidad exigida por la Dataría, montante que se consideraba
«insoportable», el rey, por resolución a consulta de la
Cámara de 23 de marzo de 1718, decidió nombrarlo secuestrador
y ecónomo de los frutos y rentas de la tesorería el 28
de abril (nota 427). Por fi n, Bayona consiguió el ejecutorial el
31 de octubre de 1720, tras haber sido vistas las bulas por
el fi scal; casi cinco años después del inicial nombramiento
(nota 428). El 20 de marzo de 1721 se le expidieron nuevos
ejecutoria les, pero con la condición de la residencia personal
en Solsona de Bayona (nota 429). Éste ocupó la dignidad
185

ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
hasta su muerte. En su lugar, fue nombrado el 25 de mayo
de 1746 Gaspar de Portell (nota 430), obteniendo el ejecutorial
el 30 de agosto del mismo año (nota 431). El período
marcado para el estudio lo termina como tesorero Mariano
Bargues, que sucedió el 14 de abril de 1761 a Portell, tras su
falleci miento (nota 432).
186

OBISPADO DE SOLSONA
DATOS
BIOGRÁFICOS
NOMBRE DEL
NUEVO ABAD
FUENTES CAUSA DE LA
VACANTE
ÍNDICE
FECHA DE LA
OBTENCIÓN DEL
EJECUTORIAL
FECHA DE LA
PRESENTACIÓN
EN LA SANTA
SEDE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
8-7-1717 Benedictino
Pedro Magaña 2-4-1717
(nota 433)
Libro 280,
ff. 43v-44v, 85v
18-7-1720
Principios de
1720
Tomás Broto y
Pérez
Destierro del
austracista
Francisco Dorda
(3-12-1716)
(nota 434)
Fallecimiento de
Magaña
(9-2-1718)
Fallecimiento de
Broto
(Abril 1737)
Fallecimiento de
Noriega
(10-5-1739)
Fallecimiento de
Zarceño
(23-1-1746)
Fallecimiento de
Libro 280,
f. 132v
18-12-1737 19-3-1738 Premonstratense
José Esteban de
Noriega
Libro 280,
ff. 266-267
187
Francisco 20-11-1739 14-1-1740 Trinitario calzado
Zarceño y
Martínez
José de Mezquia 28-6-1746 15-11-1746 Mercedario
Libro 280,
ff. 283-283v
Libro 281,
ff. 76v-77, 78-80,
- Agustino.
Obispo de
Adrameto
1-5-1773
1
Rafael Lasala y
Locela
(nota 435)
82-84v
Libro 282,
ff. 179v-181
Mezquia
(9-9-1772)

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
2.3.8. DIÓCESIS DE VIC
Esta diócesis sufragánea de Tarragona, enclavada como intermedia
entre las restantes de Cataluña, mantuvo siempre
un carácter de profunda religiosi dad que fue fomento continuado
de vocaciones, no sólo para llenar las necesidades del
servicio parroquial y aumentar los contingentes de las varias
colegiatas y residencias de benefi cios y capellanías, sino
también para proveer a las diócesis vecinas y suministrar
gran número de misioneros a América.
El Patronato Real se redujo al deanato de la Catedral, a los
arciprestazgos de las Iglesias Colegiales de San Juan de las
Abadesas y Nuestra Señora de Es tany, y a la presentación
de los obispos.
El deanato de la Catedral de Vic, declarado en la documentación
como «del Patronato antiguo», fue provisto por el rey
el 13 de julio de 1762, por fa llecimiento de Fernando Masía,
en la persona de Francisco Vadell (nota 436). Éste mu rió en
1775, siendo sucedido el 11 de junio por Alfonso Claramunt
(nota 437).
La provisión de la Colegial de San Juan de las Abadesas al
principio del período estudiado, se nos muestra confusa, si
nos atenemos a los datos aporta dos por los registros del Real
Patronato. Tras la muerte de Miguel Molins, el rey procedió al
ÍNDICE
188

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
nombramiento el 23 de abril de 1717 del doctor Pío Fondevilla,
sujeto de virtud y letras (nota 438). Suponemos que el gobierno
intruso propuso entre la muerte de Molins y la nominación
de Fondevila a un individuo para el arci prestazgo, y que éste
obtuvo las bulas pontifi cias. Ello explicaría la designa ción real
el 13 de enero de 1718, de un secuestrador y ecónomo de la
confi anza del nombrado por Felipe V, que muy posiblemente
fuera su hermano: Geróni mo Fondevila (nota 439).
Posteriormente perdemos la pista hasta 1745. No obstante,
podemos supo ner que fi nalmente Pío Fondevila consiguió
la expedición de las bulas, y que el provisto por el gobierno
intruso recuperó el arciprestazgo a raíz de la amnistía declarada
con la fi rma de la Paz de Viena en 1726. El 26 de enero
de 1745, se anuncia la vacante del arciprestazgo por muerte
de Juan Bautista de Vilana y Millas, que podría ser el nombrado
en tiempos del archiduque y reintegrado con la Paz de
Viena, o algún individuo nombrado por Felipe V tras la muerte
del anterior. El rey encargó a Isidro Padrós el secuestro de
los frutos y rentas del arciprestazgo (nota 440), hasta que el
8 de abril procedió al nombramiento de Ma riano de Sabater
y Prior (nota 441), que pidió al rey que, por el excesivo gasto
seguido a la expedición de las bulas y los que se había visto
precisado a hacer en 14 años que había regentado varias
189

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
cátedras y otros tantos que había sido profesor y cursante, le
concediese los frutos caídos del arciprestazgo en el tiempo
de la vacante. El rey, por real cédula de 18 de noviembre
del mismo año, se los con cedió, ordenando al secuestrador
Padrós que se los entregase (nota 442). Sabater obtuvo el
ejecutorial el primero de agosto de 1747.
Permaneció en el arciprestazgo hasta que en 1773 fue promocionado
al de la Colegial de la villa de Ager. Ello propició, el
14 de septiembre de ese año, el nombramiento de un nuevo
secuestrador y ecónomo: Gerónimo Serrat (nota 443), hasta
que el rey decidió otorgar la dignidad arciprestal a Eudaldo
Guanter, por des pacho del 12 de diciembre del mismo año
(nota 444). El rey le concedió el ejecutorial el 9 de mayo de
1774 (nota 445).
Años más tarde, Guanter falleció, de modo que Carlos III
presentó a Su Santidad como nuevo arcipreste a Honorato
Crehuet -canónigo de la misma iglesia (nota 446)-. El papa
le despachó las bulas necesarias con fecha del 20 de no
viembre de 1782. Tras la revisión del fi scal de la Cámara, el
rey le expidió el ejecutorial el 2 de febrero del año siguiente
(nota 447).
Los datos sobre la Colegial de Nuestra Señora de Estany
no son más com pletos. El 12 de mayo de 1724, tras morir
ÍNDICE
190

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
su poseedor, el doctor Carlos Sola, el rey nombró al doctor
Francisco Amador de Azustia (nota 448). El siguiente
despacho referente a esta Colegial llevó por fecha el 25 de
noviembre de 1760, y en él, el monarca nombró arcipreste a
Juan Carrancio de Medina, para cubrir la vacante dejada por
el difunto Juan de Prat y Santjuliá (nota 449).
Terminaremos con la actividad del Real Patronato en esta diócesis
comen tando la provisión en la catedral de dos prebendas
que no eran del «Patronato antiguo», esto es, en virtud
del Concordato de 1753. Un benefi cio de Parente la, vacante
por promoción de Luciano Masía a una canonjía de la misma
cate dral, en favor de Andrés Estevanell, por título del 20 de
junio de 1776 (nota 452). Y el benefi cio de San Salvador,
vacante por fallecimiento de José Homs, en la per sona de
Bartolomé Colom el 6 de septiembre de 1781 (nota 453).
191

OBISPADO DE VIC
DATOS
BIOGRÁFICOS
NOMBRE DEL
NUEVO ABAD
FUENTES CAUSA DE LA
VACANTE
ÍNDICE
FECHA DE LA
OBTENCIÓN DEL
EJECUTORIAL
FECHA DE LA
PRESENTACIÓN
EN LA SANTA
SEDE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
20-7-1720 13-2-1721 Arcediano mayor
Raimundo de
Marimón y
Corbera
Fallecimiento del
austracista
(nota 450)
Manuel de
Santjust y de
Pagés
(18-1-1720)
Fallecimiento de
Marimón
(16-1-1744)
Fallecimiento de
Muñoz
(30-9-1751)
Fallecimiento de
Sarmentero
(6-12-1775)
Fallecimiento de
Artalejo
Libro 280,
ff. 157v-159
y canónigo de
la iglesia de
Tarragona
17-5-1744 20-8-1744 Canónigo de San
Justo y Pastor de
Manuel Muñoz
y Guil
192
Alcalá
22-6-1752 22-8-1752 Franciscano.
Provincial de la
Concepción
Bartolomé
Sarmentero
9-1-1777 20-4-1777
(nota 451)
Antonio Manuel
de Artalejo
10-8-1783 28-1-1784
Francisco de
Veyán y Mola
Libro 280,
ff. 345-345v,
348v-350v
Libro 281,
ff. 196-197,
197v-199
Libro 282,
ff. 229v-230,
243-245
Libro 282,
ff. 330, 337

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
2.3.9. DIÓCESIS DE TORTOSA
El Patronato Real se reduce a la presentación del obispo y a
la provisión del benefi cio de Nuestra Señora en el castillo de
la ciudad de Tortosa, fundado por el infante don Fernando de
Aragón.
No obstante, en virtud del derecho de resulta, la monarquía
accedió a la provisión de otras prebendas, como la sacristía
y pavordía de la Catedral que, estando vacante por la promoción
de Tomás de Rato y Aonelli al obispado de Córdoba, fue
cubierta en enero de 1732 por Francisco de Velasco y Tobar
(nota 454).
En 1771, Carlos III proveyó la comensalía de la misma
Catedral, en favor de Francisco Mendiondo, tras la vacante
por promoción de Jaime Soriano a una media ración de la
Catedral de Orihuela (nota 455).
Y en 1780, tuvo acceso a la provisión de tres benefi cios en esta
diócesis. En primer lugar, el 6 de abril, en virtud del derecho
de resulta, dio despacho a José Escalzo para el arcedianato
de Culla, dignidad de la Catedral de Tortosa, que se hallaba
vacante por promoción de Juan Antonio Rosilló Velarde a una
canonjía de la Metropolitana de Zaragoza (nota 456). Dos
meses después, ante la va cante del curato de la Parroquial
de la Asunción, en la villa de Vall de Uxó, por fallecimiento de
193

ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Juan Bautista Boix, nombró a Domingo Vilarroig (nota 457).
Y en tercer lugar, el 30 de julio dio título a Tomás Guarch para
el curato de la Parro quial del lugar de la Galera, vacante por
muerte del doctor Gabriel Segura (nota 458).
Por otra parte, la pavordía y dignidad de camarero de la
catedral, vacante por fallecimiento de Antonio Cortés, debía
proveerla el canónigo del cabildo que, por su antigüedad, se
hallaba en tumo según concordia. Éste nombró el 29 de enero
de 1758 a su sobrino, Pablo Leyda, pues le consideraba
«muy hábil e idóneo para obtener la dignidad» (nota 459).
Pero al ser dignidad presbiteral y de canónigos regulares
agustinos, y tener Leyda sólo 19 años, necesitaba dispensa
pontifi cia tanto para la cualidad presbiteral como para la edad
que le faltaba. Por ello, el cabildo suplicó el permiso real para
obtener del papa dicha dispen sa. El rey, aprobando el nombramiento,
concedió al cabildo dicho permiso.
El benefi cio de Nuestra Señora en el castillo de la ciudad de
Tortosa, del Real Patronato, fue provisto por el rey, tras la vacante
producida por matrimo nio de José Francisco Alós, en la
persona de Francisco Cortés y Gelabert, de buenas prendas,
por despacho de 9 de julio de 1743 (nota 460).
194

OBISPADO DE TORTOSA
DATOS
BIOGRÁFICOS
FECHA DE LA
PRESENTACIÓN
EN LA SANTA
SEDE
NOMBRE DEL
NUEVO ABAD
FUENTES CAUSA DE LA
VACANTE
ÍNDICE
FECHA DE LA
OBTENCIÓN DEL
EJECUTORIAL
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
26-3-1718 23-4-1720 Lectoral de la
Catedral de
Palencia
Bartolomé
Camacho y
Madueño Osorio
Fallecimiento de
Juan Miguélez
de Mendaña
Osorio
Fallecimiento de
Camacho
(1-4-1757)
Libro 280,
ff. 98v-99v, 125
Francisco Borrull 31-7-1757 20-10-1757 Auditor de la
Sacra Rota por
la Corona de
Aragón
Libro 282,
ff. 14v-16, 26-29
16-12-1759 -
Luis García
Mañero
Fallecimiento de
Borrull
(5-8-1758)
Promoción
de Mañero al
arzobispado de
Zaragoza
(26-11-1764)
Promoción
de Velarde al
arzobispado de
Zaragoza
(1-3-1779)
Renuncia de
Cortés
(nota 462)
Libro 282,
ff. 52v-55
195
19-3-1765 14-5-1765
Bernardo
Velarde Velarde
Libro 282,
ff. 119v, 120-122
Arzobispo de
Guatemala
24-8-1779 23-1-1780
(nota 461)
Pedro Cortés y
Larranz
Libro 282,
ff. 279-279v,
280v-284
Obispo de la
Puebla de los
Ángeles
29-3-1786 21-9-1786
24-9-1786
Victoriano López
Gonzalo
Libro 283,
ff. 40-42, 55-58v

ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
2.3.10. NOMBRAMIENTOS DE PROVISORES Y VICARIOS GENERALES
Para terminar con el presente apartado sobre las provisiones
de benefi cios seculares, haremos alusión a los nombramientos
de provisores y vicarios gene rales.
En virtud del real decreto del 16 de julio de 1784, Carlos
III resolvió que todos los prelados hiciesen presentes a la
Cámara a las personas que designa ran para provisores y
vicarios generales a fi n de que este tribunal juzgara si tenían
«los grados, edad, estudios, años de práctica y buen olor de
costumbres que se requieren por las leyes eclesiásticas y del
reino, y por los últimos de cretos reales, e instrucciones» para
ejercer judicaturas, y los presentara al rey para que, con su
aprobación, tuviese efecto el nombramiento. Dicha aprobación
se hacía práctica mediante el despacho al electo de una
real cédula auxi liatoria para que las autoridades tanto seculares
como eclesiásticas del Principado le aceptaran como
nuevo provisor y vicario general de su diócesis.
De este modo, desde la fecha del decreto hasta el fi nal de su
reinado, Car los III hubo de confi rmar los nombramientos de
cuatro provisores y vicarios generales para las diócesis catalanas,
como se muestra en la siguiente tabla.
196

OBISPADO Urgel Tarragona Tortosa Barcelona
OBISPO José Boltas Francisco Armanyá Victoriano López Gabino de
ÍNDICE
Valladares
Manuel Romero Agustín García de
Almarza
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
Manuel Antonio
de las Fuentes y
Angostina
Tomás Bremond y
Bouligni
PROVISOR Y
VICARIO GENERAL
15-3-1785 9-7-1785 7-2-1788 16-7-1788
FECHA
PRESENTACIÓN
Libro 283,
ff. 83v-84v
EPISCOPAL
FECHA
16-3-1785 20-7-1785 20-2-1788 9-8-1788
CONSULTA
CÁMARAA
FECHA
3-5-1785 28-8-1785 27-4-1788 18-9-1788
APROBACIÓN
REAL
FUENTE Libro 282,
Libro 282,
Libro 283,
ff. 357v-358v ff. 366v-367v
ff. 76-77
197

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
1. Mª Jesús Álvarez-Coca González: La Cámara de Castilla. Inventario
de los li bros de la Secretaría de Gracia y Justicia que se conservan en
el Archivo Histórico Na cional. Dirección de Archivos Estatales, Madrid,
1994, p. 17.
2. J. A. Pujol: La Corona de Aragón en la Cámara de Castilla (1709-
1721), me moria de licenciatura, Alicante, 1994, p. 13. Al ser resumida
para su publicación, las in dicaciones que daremos en las notas harán
referencia a las páginas de los dos volúmenes de la tesina, y no al
libro. Un estudio válido para aclarar ideas sobre las dife rentes categorías
de Secretarios es el de José Antonio Escudero: Los secretarios de
Es tado y del Despacho, 4 vol., Instituto de Estudios Administrativos,
Madrid, 1976.
3. F. Tomás y Valiente, en Los validos en la monarquía española del
siglo XVII, Madrid, 1982, pp. 39-41, se mostraba remiso a aceptar el
uso del término «sistema» pa ra defi nir este modelo organizativo al no
existir una vertebración sistémica entre los distintos consejos. Idéntica
actitud manifi esta en su artículo «El gobierno de la monar quía y la
administración de los reinos en la España del siglo XVII» en Historia
de Es paña de R. M. Pidal, t. XXV, Madrid, 1982, pp. 126-127; cit. en F.
Barrios: El Consejo de Estado de la monarquía española. 1521-1812,
Madrid, 1984, p. 31.
4. Sobre todo, como veremos posteriormente, a raíz de la abolición de
los Conse jos de Aragón e Italia; en J. A. Pujol, op. cit., p. 13.
5. Desde ser el órgano supremo de apelación de las Audiencias territoriales,
hasta encargarse de conceder licencias de impresión a los
más banales folletos.
ÍNDICE
198

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
6. R. Olaechea: Las relaciones hispano-romanas en la segunda mitad
del siglo XVIII. vol. I, p. 167.
7. Ver tabla de camaristas. Entre ellos, podemos encontrar condes
(Gerena, Aran do), marqueses (Miraval, Aranda, Lara, Llanos), obispos
(Gaspar Vázquez de Tablada - de Oviedo-, Francisco Díaz Santos
de Bullón -de Barcelona, promovido más tarde a Sigüenza-, Diego de
Rojas y Contreras -de Calahorra y la Calzada y, más tarde, pro movido
a Cartagena-).
8. R. Olaechea, op. cit., pp. 167-168.
9. G. Desdevises du Dezert: «Les Institutions de l’Espagne. Les
Conseils», en Hispania, 70 (1927), p. 85. Citado por R. Olaechea, op.
cit., p. 186. Los agentes «ofi ciales» que tramitaban el papeleo relativo
a las provisiones de benefi cios eclesiásticos recibían el nombre
de agentes de preces. Había dos, uno en Madrid y otro en Roma.
Merecerán un apartado en este mismo capítulo.
10. J. Fayard: Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746),
Madrid, 1982, p. 13, los comenta. Eran tratados por el pleno todos los
asuntos que el rey quería someter a su consejo, y otras cuestiones
sobre puntos concretos, como los breves credenciales de los nuncios,
las fundaciones de conventos, hospitales, hospicios, seminarios, los
res cates de cautivos en tierras de infi eles, la provisión de cátedras
universitarias...
11. Eran la Sala primera de gobierno, la Sala segunda de gobierno, la
Sala de Mil y Quinientas, la Sala de justicia, y la Sala de provincia.
12. R. Olaechea, op. cit., p. 168.
199

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
13. J. Fayard, op. cit., p. 22. Fue estudiada con detenimiento por A.
Martínez Sola zar: Colección de memorias y noticias del gobierno general
y político del Consejo..., Madrid, 1764, pp. 317-539.
14. J. A. Pujol, op. cit., p. 31. J. Fayard, op. cit., p. 22.
15. Mª. J. Álvarez-Coca González: La Cámara de Castilla.
Inventarios..., p. 21. Véase el análisis de la «vía de cámara» realizado
por Salustiano de Dios en El Consejo Real de Castilla (1385-1522),
Madrid, 1982.
16. J. Fayard, op. cit., p. 22.
17. Francisco Xavier Garma y Durán: Theatro Universal de España,
Madrid, 1751, v. IV, p. 210. Citado por Mª. J. Álvarez-Coca, en op. cit.,
p. 21.
18. J. Fayard, op. cit., p. 22. R. Olaechea, op. cit., p. 168.
19. Novísima Recopilación, libro IV, título IV, ley I.
20. J. A. Pujol, op. cit., p. 44.
21. J. Fayard, op. cit., pp. 137-138.
22. Ibidem, p. 153.
23. Ibidem, p. 120.
24. Novisima Recopilación, libro IV, título IV, ley III.
25. J. Fayard, op. cit., p. 120.
26. Mª. J. Álvarez-Coca, op. cit., p. 21.
ÍNDICE
200

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
27. A. Domínguez Ortiz, en Sociedad y Estado en el siglo XVIII español,
Barcelo na, 1976, p. 88, considera que la abolición del Consejo de
Aragón no debe interpretarse como una medida centralizadora, sino
más bien como lo contrario, en función del repar to de sus atribuciones
entre las Secretarías del Despacho, por un lado, y las Audiencias territoriales,
por otro, radicadas en los respectivos reinos.
28. J. A. Pujol, op. cit., pp. 18-19.
29. M’. J. Álvarez-Coca, op. cit., p. 23.
30. A.H.N. Consejos. Libro 2052. «Consejo de Aragón. Protonotario.
Decretos del Consejo», fol. 4r-5r. Citado por Mª. J. Álvarez-Coca: «La
Corona de Aragón: documen tación en el Consejo y la Cámara de
Castilla (1707-1834). Fuentes en el Archivo Histó rico Nacional» en
Hispania, XLIX/173 (1989), p. 906.
31. Ello se comprueba a través de los libros registros, pues entre el último
asiento del Consejo de Aragón y el primero de la Cámara apenas
transcurrieron unos días. Ibí dem, p. 904.
32. Estas secretarías se encargaban, por separado, de los asuntos de
Gracia, Justicia y Patronato Real, de Castilla.
33. Las fuentes documentales de la Cámara de Castilla se hallan dispersas
entre el Archivo General de Simancas y el Archivo Histórico
Nacional. Completando la infor mación que se dio en el prólogo sobre
los fondos del Archivo Histórico Nacional, se conserva documentación
de la Cámara de Castilla en el Archivo General de Simancas, repartida
en varias secciones: 1. Patronato Real. II. Secretaría de Estado (registro
de consultas de la Cámara). III. Cámara de Castilla. VII. Patronato
201

ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
eclesiástico. VIII. Gracia y Justicia (registros del Consejo y Cámara,
años 1697-1789); en Angel de la Plaza y Borés: Archivo General de
Simancas. Guía del investigador, Madrid, 1986.
34. Mª. J. Álvarez-Coca, op. cit., p. 922.
35. Al fi nal de casi todas las reales cédulas de los libros analizados,
aparece la fra se: «Por mandado del rey,...» y el nombre del secretario
de la Cámara para los asuntos de Gracia, Justicia, y Real Patronato
de los reinos de la antigua Corona de Aragón.
La documentación manejada nos permite ofrecer los nombres de todos
los se cretarios a lo largo del periodo estudiado (1715-1788). Los
citaremos por orden crono lógico:
1715-1720, Juan Milán de Aragón; 1721-1727, Lorenzo de Vivanco
Angulo; 1728-1729, Antonio Bescansa; 1730- mayo 1736, Lorenzo
de Vivanco Angulo; sep tiembre 1736, Francisco Javier de Morales
Velasco; diciembre 1736-noviembre 1740, Iñigo de Torres y Oliverio;
noviembre 1740-junio 1747, Francisco Campo de Arbe; ju lio 1747,
Iñigo de Torres y Oliverio; julio 1747-octubre 1747, Francisco Campo
de Ar be; noviembre 1747- febrero 1748, Iñigo de Torres y Oliverio; marzo
1748, Fernando Triviño; abril-mayo 1748, Iñigo de Torres y Oliverio;
mayo 1748-diciembre 1749, An drés de Otamendi; abril-agosto 1750,
Iñigo de Torres y Oliverio; septiembre 1750-no viembre 1752, Andrés
de Otamendi; octubre 1752, Iñigo de Torres y Oliverio; noviembre
1752-octubre 1757, Andrés de Otamendi; noviembre 1757, Iñigo de
Torres y Oliverio; noviembre 1757-enero 1758, Andrés de Otamendi;
abril-diciembre 1758, Francisco Miguel Benedid; mayo-diciembre
1759, Agustín de Montiano y Luyando; di ciembre 1759-marzo 1762,
202

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
Nicolás Manzano y Marañón; marzo junio 1762, Agustín de Montiano
y Luyando; junio 1762-agosto 1769, Nicolás Manzano y Marañón;
octubre 1769-julio 1770, Nicolás de Mollinedo; abril 1771-octubre
1775, Tomás del Mello; di ciembre 1775-abril de 1776, José Ignacio de
Goyeneche; abril-noviembre 1776, Tomás del Mello; noviembre 1776abril
1777, Nicolás de Mollinedo; desde abril 1777 hasta el fi nal del
período estudiado, Pedro García Mayoral (con alguna intervención de
Juan Francisco de Lartiri).
36. M°. J. Álvarez-Coca, op. cit., p. 930. Para los medievalistas, ésta
es una docu mentación muy interesante, ya que entre los expedientes
de los siglos XVIII y XIX se localizan pergaminos y libros de época
medieval, al igual que en el Real Patronato de Castilla. Entre la documentación
manejada, hemos podido localizar reales cédulas con
las transcripciones de privilegios de varias instituciones eclesiásticas
-iglesias catedra les de Tarragona y Barcelona, monasterios de San
Cugat del Vallés, Montserrat y Po blet-, privilegios que, en ocasiones,
se remontan incluso a los «ancestrales» tiempos de los condes
Ramón Berenguer III o Ramón Berenguer IV.
37. J. Fayard: «La tentative de reforme du Conseil de Castille sous
le Règne de Phi lippe V (1713-1715)», en Melanges de la Casa de
Velázquez, t. II, 1966, pp. 259-282.
38. «...Con esta Planta y nuevo reglamento [del Consejo de Castilla]
he resuelto se suprima enteramente el Consejo de la Cámara y quede
extinto desde ahora para siem pre, y que las materias que en él se
tratavan y se han tratado hasta aquí, se repartan en las tinco salas del
Consejo que he señalado...» 10 de noviembre de 1710. «Decreto de
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Nueva Planta para los Consejos de Castilla y de Hacienda y Sala de
Alcaldes, con la su presión de la Cámara de Castilla»; en Salustiano
de Dios: Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla, pp.128-
132.
39. «Regla y práctica del Consejo Real y Sala de Alcaldes», cit. en Mª.
J. Álvarez- Coca, op. cit., p. 925.
40. La Sala de Gobierno del Consejo de Castilla «ha de conocer también
todo lo que toca al patronato Real, y hacer las Consultas (yncluso
en ellas el voto del fi scal) de arzobispados, obispados, abbadías,
prelacías, prevendas, dignidades y benefi cios, y de todos los demás
que yo aya de proveer y presentar. Por esta Sala se han de expedir
la cédulas de gracias, lizencias, mercedes, indultos, privilegios, mayorazgos
y otras, y se han de consultar todas las plazas, empleos,
corregimientos y otros que la Cámara con sultava hasta aquí». Regla y
práctica del Consejo Real y Sala de alcaldes citado en Mª. J. Álvarez-
Coca, op. cit., p. 924.
41. Mª. J. Álvarez-Coca, La Cámara de Castilla: Inventarios..., pp.
23-24.
42. 1715, junio 9. «Restauración de la antigua planta del Consejo
y nuevo Regla mento del mismo», en S. de Dios, op. cit., pp. 141-
148. Esta organización se mantendrá inalterable, salvo en el período
1814-1819, en el que Fernando VII ensayará de nuevo la fórmula de
repartir los negocios de la Corona de Aragón entre las Secretarías de
Cas tilla.
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204

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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
43. Novísima Recopilación, libro IV, título IV, ley IV. «La Cámara
se ha de com poner del Presidente, Gobernador del consejo, cinco
Consejeros y quatro Secretarios, uno de Justicia, otro del Patronato,
otro de Gracia, y otro con las negociaciones de Aragon, Cataluña y
Valencia».
44. El número de consejeros se incrementaba en dos.
45. En la documentación manejada, la fi gura del fi scal aparece cuando
el rey se dis pone a tomar una decisión, a dar una orden, casi
siempre con las misma palabras: «oído lo expuesto por el fi scal del
Consejo...». Vid. Santos M. Coronas González: Ilustración y Derecho:
los fi scales del Consejo de Castilla en el siglo XVIII, Madrid, 1992.
46. J. Fayard, op. cit., p. 155.
47. Como dice Carmen Martín Gaite en su libro El proceso de Macanaz.
Historia de un empapelamiento, Madrid, 1970, p. 174, gracias a este
cargo, por fi n podría consa grarse a su lucha contra el poder de la corte
de Roma, «para correctivo y freno de la Corte Romana».
48. Novísima Recopilación, libro IV, título XVI, ley II.
49. A. Martínez de Salazar, op. cit., cap. I, «Del actual estado del
Consejo y Salas de que se compone», pp. I-18. Citado por M’. J.
Álvarez-Coca, «La Corona de Aragón: documentación...», p. 907.
50. «... es tan copioso y executivo el número de expedientes, pleytos
y negocios que se añaden á mi Real Patronato, con lo que el
Secretario de él me ha hecho ver está usurpado y abandonado, que
no siendo justo distraer al Fiscal del Consejo de los gra ves negocios
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
pertenecientes á él por entregarse á aquellos (...);para ocurrirá estos
in convenientes, he resuelto crear un Fiscal (...) que entienda y conozca
únicamente por sí, y sin Agente que nunca ha de tener, en las
materias y negocios de mi Real Patrona to, Regalías y derechos que
por él me pertenecen...»; Novísima Recopilación, libro I, tí tulo XVII,
ley XV.
51. Carlos III, por resolución de 19 de junio de 1769. Novísima
Recopilación, libro IV, título XVI, ley VII.
52. Novísima Recopilación, libro I, título XVII, nota 3.
53. «Por real decreto de 19 de agosto de 1792, dirigido al Consejo y
Cámara, atendiendo S.M. haber sido muy considerable el atraso que
habían sufrido los negocios de la Cámara, en perjuicio de los interesados
y de los derechos del Real Patronato, desde la expedición del
anterior de 786, por la imposibilidad de atender los fi scales a su despacho,
a los asuntos del Consejo y a otros encargos y comisiones; se
sirvió resol ver que, en observancia del Real Decreto de 6 de agosto
de 1735, los fi scales del Con sejo no lo sean de la Cámara en lo sucesivo,
sino que se destine para la fi scalía de este Tribunal a un ministro
del Consejo, como se practicaba anteriormente»; en Novísima
Recopilación, libro IV, titulo IV, nota 10.
54. G. Desdevises du Dezert, «Les institutions de l’Espagne au
XVIIl éme siécle», en Revue Hispanique, 70 (1927). Citado por J. A.
Pujol, op. cit., p. 6.
55. J. Fayard, op. cit., pp. 22-23.
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206

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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
56. Novísima Recopilación, libro IV, titulo IV, ley I. Los artículos del 13
al 27 dan instrucciones sobre el modo de tratar las provisiones de los
ofi cios de justicia.
57. La Cámara, si bien no tenía competencias sobre asuntos de
relaciones exterio res, sí ejercía jurisdicción casi exclusiva sobre las
cuestiones de Patronato Real, que agriaron las relaciones entre Roma
y España durante tanto tiempo.
58. Novísima Recopilación, libro I, título XVII, ley XI. Los artículos del
8 al 12 dan instrucciones sobre el modo en que han de proveerse los
ofi cios eclesiásticos del Real Patronato.
59. Novísima Recopilación, libro I, título XVII, ley XIII. Felipe III en 7
de abril de 1603.
60. R. Olaechea, op. cit., p. 169.
61. Novísima Recopilación, libro IV, título IV, ley I.
62. Ibidem, nota 1.
63. Para conocer sus rasgos biográfi cos, ver J. Fayard, op. cit.
64. R. Olaechea, op. cit., p. 170.
65. Ésta era una de las principales fuentes de ingresos de la
Cámara.
66. Como veremos, en la documentación abundan los casos en que
el rey no conce de su pase a una bula de provisión porque vulnera
sus derechos y regalías; o que advier te al nominado para que en el
juramento que éste deberá prestar ante el papa «en conformidad con
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
lo prevenido en la bula de consagración que contiene su fórmula, sea
y se entienda sin perjuicio de la fi delidad debida al rey, y en cuanto no
perjudique las regalías de la Corona, leyes del reino, disciplina de él,
Concordato, legítimas costum bres, y otros cualesquiera derechos adquiridos;
constándose al dorso de la bula origi nal y poniéndose al pie
del juramento que debe remitirse a Roma esta declaración». Además,
para mayor seguridad, el provisto tenía que remitir un duplicado en
forma au téntica -copia certifi cada- de este juramento al secretario de
la Cámara.
67. Refl exiones sobre el ofi cio de Agente del Rey en esta Corte (1780).
(Minuta au tógrafa de Manuel de Roda). Archivo General de Simancas,
Gracia y Justicia, legajo 994. «Por ser tan graves las obligaciones de
este ofi cio y de tanto interés para las re galías de la corona y el real
patronato de S. M., el sujeto en quien recayese debe ha llarse bien
instruido en los puntos del mismo patronato; estar muy ejercitado en
negocios, y versado en los idiomas latino e italiano, y ser persona de
habilidad, sufi ciencia y demás circunstancias que se requieren para
que no se incida en los inconve nientes experimentados». Citado por
R. Olaechea, op. cit., p. 189, nota 68.
68. Archivo General de Simancas, Estado, legajo 5102. «De la forma
en que se ha de servir en adelante el ofi cio de Agente de S. M. en esta
Corte, para las Bulas y nego cios de Roma pertenecientes a la Corona
de Castilla y León, Indias, Aragón, Valencia y Cataluña. Madrid, 6
de diciembre de 1708. De orden del rey, José Francisco Sáenz de
Vitoria». Citado por R. Olaechea, op. cit., p. 189, nota 69.
208

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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
69. Esta práctica la observamos en el encabezamiento de las reales
cédulas que se dirigen a Roma. En todas ellas, el rey escribe al
embajador, al ministro interino, o al agente de preces, para que le
comunique el asunto de la carta a Su Santidad. Es ésta una situación
compleja, que se deriva de las dobles relaciones diplomáticas que
mantenían ambos estados.
Roma era la única corte a la que el monarca español enviaba dos delegados;
uno, el embajador, ministro o plenipotenciario, representaba
al rey ante el soberano de los Estados Pontifi cios; el otro, el agente
general de preces o peticiones, representaba al príncipe católico ante
el cabeza visible de la Iglesia. Con el primero trataba los asuntos
político-religiosas. Con el segundo, los puramente eclesiásticos, en
tribunales como la dataría o la cancillería.
La documentación manejada nos permite elaborar un cuadro cronológico
de los destinatarios de los despachos de la Cámara en Roma:
el auditor decano de la Sacra Ro ta, José Molines (1715-16); el embajador,
cardenal Francisco Aquaviva (1717-24); el agente de preces,
Félix Cornejo (1725-26); el embajador, cardenal Bentivoglio (1726 32),
el embajador, cardenal Belluga (1733-34); el embajador, Tomás
Ratto, obispo de Córdoba (1734-35); el embajador, cardenal Troyano
Aquaviva (1735-47); el ministro interino y auditor, Alfonso Clemente
de Aróstegui (1748); el embajador, cardenal Por tocarrero (1749-59);
el agente de preces, Manuel de Roda (1759-65); el embajador, Tomás
de Azpuru (1766-70); el ministro interino, José Moñino -conde de
Floridablanca (1770-1777); y, por último, el embajador, el duque de
Grimaldi (1777-1786).
70. Datos extraídos de R. Olaechea, op. cit., pp. 177-181.
209

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
71. Se prefería a un laico antes que a un clérigo para este puesto,
ya que, dadas las previsibles disputas que mantendría con la Curia
durante el ejecicio de su cargo, un se glar podría ejecutar sin tantos
prejuicios las órdenes de la corte madrileña.
72. R. Olaechea, op. cit., pp. 181-182.
73. Ibidem, p. 183.
74. Ibidem, p. 5.
75. Como ya se dijo, el agente del rey en Roma solía remitir a Madrid
las expedi ciones que se despachaban para España en los tribunales
de la Curia. Estas expedicio nes eran recibidas por el agente de
Madrid, y enviadas a sus respectivos destinos.
76. Agentes apostólicos que, extendidos por toda la Cristiandad, tenían
la prove chosa labor de proceder al cobro de los espolios y vacantes,
y de los demás tributos eclesiásticos.
77. R. Olaechea, op. cit., p. 57.
78. Pago considerado como abusivo desde España, y que era uno de
los motivos más justifi cados de las críticas hacia la Curia romana.
79. Olaechea, op. cit., p. 59, muestra tres factores claves de las frecuentes
dilacio nes: el complicado papeleo del proceso, las vacaciones
que se tomaba la Curia, y la pe reza de los funcionarios.
80. Ibidem, p. 60.
81. Toda esta valiosa relación de las Reglas de Cancillería aparece en
R. Olaechea, op. cit., pp. 67-68.
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
82. Ibidem, p. 68. Afección y reserva se diferencian en que la primera
es tácita y momentánea -sólo para aquella vez-, y la segunda, expresa
y a perpetuidad.
83. Toda la tipología benefi cial entraba en las reservas y las afecciones:
benefi cios seculares y regulares, curados y sin cura de almas,
consistoriales o mayores y menores, residenciales y no residenciales,
dobles -con cura de almas y dignidad aneja- o senci llos, compatibles
con otro benefi cio o incompatibles...
84. R. Olaechea, op. cit., pp. 70-71.
85. R. Olaechea, op. cit., p. 79.
86. R. Olaechea nos ofrece la siguiente categorización, ibídem, pp.
80-82.
87. Ya conocemos sus funciones. Podían negarse a aceptar una expedición,
a pagar una componenda desorbitada. Podían amenazar con
represalias al gozar del respaldo de sus gobiernos. Acertadamente,
tenían fi jado un sueldo -independientemente de la canti dad de preces
despachadas-, lo que les alejaba de los abusos de los curiales. Pese
a to do, no tenían el poder sufi ciente como para eliminar las trampas
de éstos.
88. Comprobaremos sobre los documentos cómo esta pensión no podía
ser superior a un tercio del valor del benefi cio. Entre los casos de
resignas con pensión reservada destaca el de Jorge Curado, obispo
de Urgel, que en 1745 renuncia a la mitra reserván dose una pensión
de 15000 reales de vellón (A. H. N. «Registros del Real Patronato».
Libro 281, ff. 30v-31).
211

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
89. R. Olaechea, op. cit., p. 92.
90. A pesar de que en Amsterdam se cambiaran 1.000 reales de vellón
por 86 duca dos de oro de la Cámara Apostólica, para los banqueros
autorizados y coligados con la Dataría, la misma cantidad de reales
de vellón devengaba únicamente 64, aunque en las bulas se indicara
la cantidad del mercado holandés. Así, el agravio venía a ser de casi
un 30 %.
91. Es decir, la Cámara de Castilla, las agencias de preces de Madrid
y Roma, y la Curia romana.
92. Como ya se indicó, el ordinario -normalmente el obispo, aunque a
veces deter minados abades o dignidades de colegiatas tenían facultades
similares a las de los obis pos- sólo podía proveer en los cuatro
-en ocasiones, seis- meses que tenía reservados.
93. Este sistema es el que describiremos cono más detenimiento.
94. R. Olaechea, op. cit., p. 70.
95. Jesús Izquierdo Martín, José Miguel López García y otros, en «La
reforma de regulares durante el reinado de Carlos III. Una valoración
a través del ejemplo madrile ño», en Equipo Madrid: Carlos III, Madrid
y la Ilustración, Madrid, 1988, p. 213.
96. Felipe II, ya en 1588, para atender a la provisión de los benefi cios
eclesiásticos vacantes, que debían ser consultados por la Cámara,
advertía «que se ponga particular mente en principio de la consulta, lo
que vaca, por quién, el valor y calidad que tuvie re, y qué cargos, pensiones
y otras obligaciones» datos que la Cámara conocía gracias a
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
los informes de obispos y abades-. Este esquema lo veremos repetido
una y otra vez en las propuestas que la Cámara eleve a la consideración
del rey. En Novísima Recopi lación, libro I, título XVII, ley XI.
97. R. Olaechea, op. cit., p. 175.
98. En virtud del derecho de resulta, que trataremos en este mismo
epígrafe.
99. El rey, por medio del secretario de la Cámara para los asuntos
de la Corona de Aragón, enviaba reales cédulas referentes a cada
benefi cio eclesiástico al agente de pre ces o al embajador español en
Roma para que «suplicaran» a Su Santidad la expedición de las bulas
o breves necesarios para la colación de dicha prebenda. Se trataba de
con fi rmar los nombramientos reales, como la tradición acostumbraba
a hacer. Todas estas reales cédulas presentaban una similar estructura:
salutación al destinatario, asunto tra tado, postura de la Cámara
-con especial atención a lo expuesto por el fi scal-, resolu ción real razonada,
y data tópica y crónica.
100. En la documentación manejada encontramos dos tipos de ejecutoriales.
Unos redactados en extenso y con todo lujo de detalles; y
otros que se reducen a unas escue tas líneas.
Los primeros siguen un mismo esquema estructural, tanto si son relativos
al clero secular como si lo son al regular. Las reales cédulas se
dirigen al agente o al em bajador en Roma. El rey le informa que, tras
la presentación de un individuo para un benefi cio, el papa expidió las
bulas pertinentes, quedando a la espera de las «cartas ejecutoriales».
Una vez revisadas en la Cámara, el rey las otorgó al benefi ciado, de
lo que uno de los dos representantes de España en la Ciudad Eterna
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
debe informar al papa. Las reales cédulas terminan advirtiendo a
las autoridades seculares -Gobernador Capi tán General, Regente
y Audiencia del Principado- que acepten al nuevo nombrado en su
cargo, respetando sus derechos jurisdiccionales; y a las eclesiásticas
que se le dé co lación del benefi cio con todos sus frutos, diezmos,
rentas y réditos, haciéndosele entre ga, asimismo, de las fortalezas y
casas correspondientes a su dignidad.
Los segundos se reducen a unas líneas: «Se despacha executorial
para [y el nombre del benefi cio en cuestión]».
101. Para el ejercicio de sus judicaturas, habían de nombrar, en lugar
de eclesiásti cos, a jueces legos públicos y reales que las ejercieran
como temporales, yendo asimis mo las apelaciones a los jueces seculares
a los que correspondieran.
102. No fue caso excepcional que, debido a la negativa del fi scal, no
se admitieran los rescriptos pontifi cios, y tuvieran que volver a ser
remitidos a Roma para corregir al guno de sus términos o cláusulas.
(Vidit capítulo «La Cámara de Castilla», donde se ha bla de las fi scalías).
103. La tarea previa a cualquier elección consistía en distinguir las
clases de piezas eclesiásticas y conocer las obligaciones con que se
fundaron y establecieron.
104. Según V. Pinto Crespo, en su artículo «Una reforma desde arriba:
Iglesia y reli giosidad» en Equipo Madrid, en Carlos III, Madrid y la
Ilustración, p. 180, la generali zación del sistema de ternas para dotar
los benefi cios parece que contribuyó a mejorar la calidad de los nom-
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
brados, aunque los mecanismos de patronazgo sobre muchos de los
cargos operaban en contra.
105. R. Olaechea, op. cit., p. 174. J. A. Pujol, en op. cit., p. 414, destaca,
asimismo, las cualidades que debían reunir obispos y arzobispos:
«nacimiento, virtud, ejemplo, le tras, prudencia y experiencia de
gobierno».
106. Encontramos esta idea tanto en tiempos de Felipe V como en los
de Carlos III. La política regalista -como ya se ha indicado- tendía a
utilizar la Iglesia al servicio del Estado. Ya a comienzos de la centuria,
Felipe V aprovechó la coyuntura bélica para in tensifi car el regalismo,
sobre todo, en los reinos orientales, donde el estamento religioso jugó
un papel relevante en la contienda -situándose el clero bajo del lado
de las fuerzas austracistas.
107. La elite religiosa era un grupo muy bien formado de la sociedad
española. Con frecuencia, obispos y canónigos eran doctores en
teología, fi losofía, derecho canónico e incluso derecho civil. En W.
Callahan, Iglesia, poder y sociedad en España, p. 21. Tam bién R.
Fernández, en «La clerecía catalana...», señala la valía cultural como
factor nece sario para la promoción en el escalafón jerárquico de la
Iglesia española, pp. 69-70.
108. A. Morgado García, Iglesia y sociedad en el Cádiz del siglo XVIII,
Cádiz, 1989, p. 41.
109. La Cámara solía acumular otros benefi cios para completar la
congrua de los cu ratos que no tenían renta sufi ciente, como puede
215

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
apreciarse en los Planes benefi ciales de unión, reducción y supresión
de los diferentes obispados.
110. J. A. Pujol, op. cit., p. 415. Muy pocas excepciones hemos hallado
al ejercicio real del derecho de resulta. El caso más llamativo es el
de Joaquín Carrillo, quien el 18 de diciembre de 1787 fue nombrado
por Carlos III deán de la Catedral de Lérida, dejan do a la real provisión
por el citado derecho una canonjía de la misma iglesia que hasta
ese momento detentaba. No obstante, en atención a diversas causas,
Carrillo suplicó al rey que le permitiese retener dicha canonjía. Por
verse afectado el Real Patronato, el asunto pasó a la jurisdicción de la
Cámara, que requirió un informe al obispo de Lérida, Gerónimo María
de Torres. Éste permitió comprobar que los motivos argüidos por el
deán eran ciertos, por lo que el rey, en real cédula del 3 de junio de
1788, le concedió el permiso correspondiente para retener la citada
canonjía junto con la dignidad. A.H.N. «Registros del Real Patronato»,
Libro 283, pp. 82-82v.
111. Ibidem, p. 543.
112. Enrique Giménez y Mario Martínez la tratan en «El episcopado
español y la en cuesta del Marqués de la Ensenada de 1750»; en J.
Pradells y E. La Parra (editores): Iglesia, sociedad y Estado en España,
Francia e Italia (ss. XVIII al XX), Alicante, 1991, pp. 263-299.
113. R. Olaechea, op. cit., afi rma rotundamente que en la consulta
de prebendas eclesiásticas «tenía parte decisiva el Padre Confesor»,
p. 175. A. Domínguez Ortiz, en Sociedad y Estado en el siglo XVIII
español, p. 370, escribe que «el nombramiento de pendía del rey, a
través de la Cámara de Castilla (con más frecuencia, en la práctica,
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216

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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
del Confesor Real)». El mismo autor, en su capítulo «Aspectos sociales
de la vida ecle siástica» de la Historia de la Iglesia en España, de
la B.A.C., t. IV, p. 58, en la misma línea opina que «los nombramientos
siguieron siendo hechos por el rey a través de la Cámara, que era el
órgano ofi cial, y del Padre Confesor, que seguía siendo el elemen to
decisivo».
114. R. Olaechea, Las relaciones hispano-romanas..., p. 111; también
en «La políti ca eclesiástica del gobierno de Fernando VI», en La época
de Fernando VI, p. 151.
115. T. Egido, «Regalismo y relaciones Iglesia-Estado en el siglo
XVIII», en la His toria de la Iglesia en España de la B.A.C., p. 179.
116. J. A. Pujol, op. cit., pp. 416-417.
117. No sólo los monarcas, reinas e infantes de España se confesaron
en el XVIII ante jesuitas; también las familias reales de Francia, Viena,
Nápoles y Parma descarga ban sus pecados a los pies de algún miembro
de la Compañía. R. Olaechea, Las relacio nes hispano-romanas...,
p.110.
118. Domínguez Ortiz opina que no acompañó el acierto a los monarcas
españoles al escoger a confesores jesuitas: «Lo mismo el francés
Daubenton, confesor de Felipe V que el Padre Rávago, que lo fue de
Fernando VI, resultaron intrigantes y ambiciosos», en su ya citada colaboración
en la Historia de la Iglesia de la B.A.C. «Aspectos socia les
de la vida eclesiástica», p. 58. Este juicio de valor es susceptible de ser
criticado, pues a pesar de que Rávago sí era intrigante y ambicioso,
fue uno de los principales ar tífi ces de la consecución del Concordato
217

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
de 1753, por lo que no se puede dudar del acierto de Fernando VI
al encumbrarlo al confesionario regio. Olaechea no duda en ca lifi car
-con más «acierto»- de efi caz la labor del jesuita. No es extraño encontrar
citas favorables en sus textos. Por ejemplo, en Las relaciones
hispano-romanas..., p. 110: «Otra estrella de primera magnitud era el
confesor real de Fernando VI, el padre je suita Francisco Rávago». O
p. 112: «„.desempeñó el cargo de confesor real desde abril de 1747
hasta el 30 de septiembre de 1755, e intervino efi cazmente en los
princi pales negocios del reinado de Fernando VI».
119. Para molestia de muchos ministros y consejeros, al pie de miles
de consultas y despachos se podía leer escrita, de mano del ministro
o del propio monarca, la fórmula defi nitiva: «El rey se conforma con el
dictamen del Padre Confesor». En R. Olaechea, op. cit., p. 111.
120. No se hace difícil entender que el resentimiento de muchos
excluidos juzgara injustas y desacertadas las provisiones conferidas
por el Padre Confesor. W. Callahan, en Iglesia, poder y sociedad en
España, p. 36, escribe que «el Padre Rávago, confesor de Fernando
VI, adquirió una extraordinaria infl uencia en el sórdido mundo del
patro nazgo eclesiástico, y con ello suscitó múltiples resentimientos».
121. Aunque la infl uencia del Padre Confesor queda plenamente demostrada
en la multitud de consultas y documentos en que su nombre
aparece expresamente, en la do cumentación manejada, el Confesor
Real no aparece en ninguna ocasión. La razón de ello hay que buscarla
en el hecho de que la infl uencia del Padre Confesor se hace
mani fi esta en el preciso momento de la elección del clérigo para un
benefi cio determinado, y no después, cuando se remite la real cédula
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
a Roma con el fi n de obtener las bulas o gracias correspondientes,
necesarias para la confi rmación de la resolución real.
122. R. Fernández Díaz: «La clerecía catalana en el Setecientos», en
Esglèsia i so cietat a la Catalunya del s. XVIII, vol. l, Cervera, 1990, p.
63.
123. R. Fernández, op. cit., pp. 63-64, nota 54. En ella, cita una serie
de obras gene rales que pueden ser objeto de consulta: F. Aragonés,
Los frailes franciscanos de Cata luña, 2 vol., Barcelona, 1891. F. D.
Gazulla, La orden de Nuestra Señora de la Merced, Barcelona, 1934
(se ocupa esencialmente de la Edad Media). R. Ortiz, El convento de
los carmelitas descalzos de Barcelona, Valencia, 1945. P. Sanahuja,
Historia de la Se ráfi ca Provincia de Cataluña, Barcelona, 1959. A.
Pladevall, Els monestirs catalans, Barcelona, 1968. A. Albareda,
Historia de Montserrat, Montserrat, 1977. A. Masoliver, História del
Monaquisme cristià, 3 vol., Montserrat, 1978-1981. A. Altisent, Historia
del real Monasterio de Poblet, 6 vol., Barcelona, 1947-1955. Historia
de Poblet, Po blet, 1974. De superior calidad son las aportaciones sobre
los jesuitas de A. Collel, Es critores dominicos del Principado de
Cataluña, Barcelona, 1965. M. Batllori, La cultura hispano-italiana de
los jesuitas expulsos. Españoles, hispanoamericanos, fi lipi nos, 1767-
1814, Madrid, 1966. Pese a los juicios de valor que en ocasiones
se acometen es remarcable la obra sobre los capuchinos de B. de
Rubí, Els caputxins a la Barcelona del segle XVIII, Barcelona, 1984.
Cf. también, J. M. Castells, Las asociaciones religio sas en la España
contemporánea (1767-1965), Madrid, 1973.
219

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
124. Como comprobaremos más adelante, el ejercicio real del
Patronato en el Princi pado de Cataluña se centró fundamentalmente
en el nombramiento de los abades de los distintos monasterios.
125. A. Domínguez Ortiz, «Aspectos sociales de la vida eclesiástica»,
en Historia de la Iglesia en España, de la B.A.C., t. IV, p. 62. W.
Callahan, op. cit., pp. 35-38. En Ca taluña, el Colegio de la Compañía
en Tortosa se transformó en un seminario sacerdotal en 1772. A. H. N.
«Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 160v-166.
126. Junto a las premonstratenses, las abadías benedictinas claustrales
y las cistercienses pertenecían al Real Patronato.
127. W. Callahan, op. cit., p. 31.
128. Las críticas de los ilustrados hacia el clero regular las recoge J.
Sarrailh en La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII,
F.C.E, Madrid, 1974. Especial mente, en la Tercera Parte «Panorama
del pensamiento nuevo», dentro del capítulo VII «El pensamiento religioso:
I. La crítica de la Iglesia», pp. 612-660.
129. El anticlericalismo fue una realidad ambiental en las elites ilustradas.
Se tenía la sensación de que los frailes eran los más poderosos
adversarios de las Luces y los responsables del fanatismo y la superstición
que rezuman en sus escritos apasionados, en sus sermones
modeladores de la opinión popular. En T. Egido: «Actitudes religiosas
de los ilustrados españoles», en Carlos III y la Ilustración, tomo I,
Madrid, 1988, p. 231.
130. P. Isla: Cartas apologéticas, p. 327b. Citado en J. Sarrailh, op.
cit., p. 636.
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220

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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
131. Como queda refl ejado en numerosos pasajes de su obra Fray
Gerundio de Campazas. Citado en J. Sarrailh, op. cit., p. 640.
132. Jesús Izquierdo Martín, José Miguel López García y otros: «La
reforma de re gulares durante el reinado de Carlos III. Una valoración
a través del ejemplo madrile ño» en Equipo Madrid: Carlos III, Madrid y
la Ilustración, Siglo XXI de España Editores, Madrid, 1988, p. 208.
133. Los grandes monasterios benedictinos o cistercienses formaban
a todos los efectos prácticos minidiócesis con jurisdicción sobre las
parroquias de la zona rural cir cundante. En W. Callahan, op. cit., p.
17.
134. J. A. Pujol, op. cit., p. 492.
135. Que eran las tres en las que el rey tenía el patronato en el
Principado, esto es, la Benedictina Claustral, la Cisterciense, la
Premonstratense; y otras como la de San Jeró nimo, San Francisco,
la del Carmen Descalzo, Merced Descalza y Trinidad Descalza, y la
Merced Calzada. La referencia aparece en la Respuesta de los Tres
Señores Fiscales del Consejo en el expediente consultivo de las
Cartujas de España, Madrid, 1779, p. 301. Citado por J. Izquierdo
Martín, J. M. López García y otros en «La reforma de re gulares durante
el reinado de Carlos III. Una valoración a través del ejemplo madrileño»,
en Equipo Madrid: Carlos III, Madrid y la Ilustración, Madrid,
1988, p. 205.
136. Como los monarcas españoles no tenían ninguna posibilidad de
intervenir en dichas elecciones, la ya de por sí cuasi irreductible independencia
de los abades escapa ba aún más de sus manos.
221

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
137. Ejemplo de ello eran las salidas ocasionadas por el mantenimiento
de las casas matrices, el sostenimiento ante la Curia de pleitos
internos, o la elección de las altas je rarquías de las órdenes-gastos
de desplazamiento de los electores españoles a capítulos generales,
remuneración de prelados, derechos pagados a Roma con tal motivo
138. Y -como veremos más adelante- no fue tarea fácil, dada la mayoritaria
adhe sión de ciertos monasterios a la causa austracista. Es
el caso del premonstratense de Bell puig de las Avellanas, en el que
no hubo ningún religioso reputado por fi el, según confi rmaba José
Buenaventura Güell, oidor de la Audiencia y antiguo juez de Lérida,
nombrándose el menos signifi cado por mal afecto, fray Cándido
Coromines.
139. J. Izquierdo Martín y otros, op. cit., p. 218.
140. Q. Aldea Vaquero y otros: Diccionario de Historia Eclesiástica de
España, C.S.I.C., Madrid, 1972, p. 2021.
141. El siglo XVIII fue la época dorada de este monasterio. A la prosperidad
mate rial se le unió la espiritual. Desarrolló una fl oreciente vida
intelectual, y en él surgió un grupo de capaces historiadores, numismáticos
y archiveros, entre cuyos nombres fi gu ran personalidades
como Daniel Finestres, Jaime Caresmar, Jaime Pascual y José Martí.
W. Callahan, en op. cit., p. 31, apostilla que este monasterio era tan
sólo una luz entre la rutina, extravagancia y mediocridad intelectual de
las órdenes religiosas. Por otra parte, tanto la historia del monasterio
como su producción intelectual han sido estudia das por E. Corredera:
Historia del Monasterio de Santa María de Bellpuig de las Ave llanas,
ÍNDICE
222

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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
tesis doctoral. Universidad de Valencia, 1954. Id.: La escuela avellanense.
Barcelona, 1962.
142. Los datos sobre los abades entre 1780 y 1786 han sido extraídos
de Q. Aldea Vaquero, op. cit., p. 1528, puesto que la documentación
no nos ofrece las cédulas de nombramiento.
143. Ibidem, pp. 412-415.
144. Antonio Luis Cortés Peña: «Regalismo y Reforma. El caso de
los Cistercienses de Aragón», en J. Pradells y E. La Parra (edit.):
Iglesia, sociedad y Estado en España, Francia e Italia (ss. XVIII al
XX), Alicante, 1991, pp. 331-340.
145. Ch. Hermano, op. cit., p. 64.
146. El proceso de elaboración de las temas fue objeto de una viva
polémica entre los propios miembros de la orden. Sirva de muestra
los confl ictos vividos durante la se gunda mitad del siglo XVIII y de los
que nos ofrecen algunos ejemplos A. L. Cortés Pe ña, op. cit., o W.
Callahan, op. cit. p. 30.
147. Agustí Altisent: Història de Poblet, Poblet,1974, p. 539.
148. J. A. Pujol, op. cit., p. 493.
149. Ibidem, p. 483.
150. Agustín Altisent: «El monasterio de Escarp. Contribución a su
historia (s. XVI XIX)», en Yenno 3 (1965), pp. 245-271. Citado en Q.
Aldea Vaquero y otros, op. cit., p.1560.
151. Q. Aldea Vaquero y otros, op. cit., p. 1582.
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
152. Sus principales esfuerzos se orientaron hacia la declaración
papal de los monas terios cistercienses de Aragón, Valencia, Mallorca
y Cataluña como pertenecientes al Real Patronato, puesto que únicamente
le era permitida la provisión de dos en Cataluña (Escarpe y
Labaix) y otros dos en Aragón (Veruela y Rueda).
153. Con la petición, el abad pretendía que el monasterio pudiese
benefi ciarse de las prerrogativas, exenciones e inmunidades que pertenecían
a los establecimientos del Re al Patronato.
154. Concedidos a la Corona por los papas Gregorio VII y Urbano II.
155. Q. Aldea Vaquero, op. cit., pp. 1622-1623. Fueron enterrados en
él: «Alfonso el Casto, Jaime el Conquistador, Pedro el Ceremonioso
con sus tres esposas, Juan el Amador de la gentileza y sus dos esposas,
Martín el Humano y su esposa, Fernando de Antequera, Alfonso
el Magnánimo, Juan sin fe y su esposa; Beatriz de Aragón, reina de
Hungría; el príncipe heredero Juan de Viana y casi medio centenar de
infantes, prínci pes y vástagos reales».
156. Como insinuó antiguamente el Consejo de Aragón, recordó mucho
después el conde de Xerena, y propusieron en 1750 los ministros
comisionados para el registro de los papeles concernientes a la fundación
y dotación de los monasterios de esta Congre gación.
157. El fi scal consideraba que la opulencia en jurisdicción y rentas era
el motivo de la escasa observancia regular que en ese monasterio se
guardaba.
158. Los monjes aseguraban haber gastado mas de 100.000 ducados
en pleitos. En tre éstos destacó el tantos años litigado en Roma contra
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224

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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
el monasterio de Santas Cruces sobre preeminencia de sus respectivos
abades.
159. Agente de preces en Roma en el período 1757-1765.
160. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 110-110v.
Como consta en el registro a la letra de dicho despacho que se halla
en Decretos y Ordenes generales, Patronato (folios 109 a 117).
161. W. Callahan: Iglesia, poder y sociedad en España. 1750-1874,
Madrid, 1980, p.30.
162. A.H.N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 338v-340.
163. A.H.N. «Registros del Real Patronato», Libro 283, ff. 51-55.
164. A.H.N. «Registros del Real Patronato», Libro 283, ff. 91v-93v.
165. Q. Aldea Vaquero, op. cit., p.1623.
166. Ibidem, p. 210.
167. Como puede verse, la bibliografía sobre este monasterio es copiosísima.
E. Ro gent: San Cugat del Vallés. Apuntes histórico-críticos,
Barcelona, 1881. B. Moxó y de Francolí: Memorias históricas del Real
Monasterio de San Cugat del Vallés, Barcelona, 1790. J. de Peray y de
March: San Cugat del Vallés. Su descripción y su historia, Bar celona,
1931. V. Garriga: Descripción del monasterio de San Cugat del Vallés,
Barce lona, 1929. F. Durán: Las relaciones jurídicas del Monasterio de
San Cugat del Vallés, Madrid, 1914. M. Farreras Munné: Monografía
del monasterio de San Cugat del Va llés, Barcelona, 1904. J. Rius
Serra: Cartulario de San Cugat del Vallés, Barcelona, 1945-1947.
Citados en Q. Aldea Vaquero y otros, op. cit., p. 1641.
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Se halla en la villa de su nombre. Su primitivo nombre era Monasterio
de San Cucufate, mártir. Su fundación se atribuye a Carlomagno, en
785, edifi cado sobre ante riores construcciones romanas y de culto
cristiano de los primeros siglos. Atacado en repetidas ocasiones por
los agarenos, tuvo que ser levantado de nuevo en el siglo XI.
Su abaciologio se nutre, desde un principio y muy frecuentemente,
con nom bres de linajes destacados en la trabajosa reconquista y
rehabilitación de las comarcas litorales catalanas entre el Gaià y el
Llobregat, cuya repoblación y despegue económico fomentó tan ejemplarmente
la abadía de San Cugat.
En 1435, el papa se reservó la desginación del abad de San Cugat. Su
decaden cia comenzó con la llegada de los abades comendatarios en
1471. En 1561 los abades pasaron a ser designados por el rey, y con
esta intromisión se perseveró hasta los últi mos días del monasterio.
San Cugat fue forjador de personalidades egregias. Varios de sus
abades fueron llamados a ceñir mitras diocesanas. Otros ejercieron
diversos cargos cortesanos y en el gobierno del país. El monasterio
fue, durante más de mil años, vehículo de cultura a tra vés de su escritorio
y su imprenta, la primera que se estableció en Cataluña. Poseyó
una valiosa biblioteca que, al ser dispersada la comunidad, se perdió
en su mayor parte.
En la actualidad, el monasterio presenta uno de los conjuntos arquitectónico-ar
tísticos más singulares del Principado.
168. A. Feu Y J. Monfort: Estudi històrich, artístich i arquitectónich
del monestir de Sant Pau del Camp, Barcelona, 1902. J. Riera:
«Professions monàstiques emeses al mo nestir de Sant Pau del Camp
(1672-1883)», en Catalonia Monastica, l (1927), pp. 241- 294. Citados
226

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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
en Q. Aldea Vaquero y otros, op. cit., p. 1526. El monasterio de San
Pablo del Campo fue erecto a fi nes del siglo XI, extramuros de la
ciudad para ser posteriormente englobado en ella. En un principio
fi guró como priorato de San Cugat. Desde 1229 solió ser sede de
los Capítulos Generales de la Provincia Benedictina Tarraconen se,
costumbre que se convirtió en regla en tiempos de la Congregación
Claustral. En 1593, los claustrales lo destinaron a colegio-noviciado
para todas sus casas. En la actua lidad, se conserva su pequeño
claustro y su iglesia del siglo XII, que desde la exclaus tración de 1835
sirve de parroquial.
169. J. Santamaría Rovira: Memòries del monestir de Sant Pere de
la Portella i de tot el seu abadiat i baronia, Solsona, 1936. Citado en
Q. Aldea Vaquero y otros, op. cit., p. 1624. En cambio, el monasterio
de San Pedro de la Portella, pese a hallarse en Barcelona, pertenece
a la diócesis de Solsona. Fue fundado hacia el año 1000 por mon jes
de Ripoll. Su iglesia fue solemnemente consagrada en 1035. Varios
siglos de relati va prosperidad dieron paso a su decadencia en el siglo
XIV. En 1624 fue incorporado al monasterio de San Pablo del Campo,
quedando reducida su comunidad a la mínima ex presión. Fue defi nitivamente
suprimido en la Desamortización del siglo XIX.
170. Q. Aldea Vaquero y otros, op. cit., p. 1672. Fue fundada en la
primera mitad del siglo IX, y consolidada en 977 con el apoyo de los
condes de Cerdaña. Nunca llegó a ser muy rica ni a contar con una
comunidad numerosa. En 1505 cayó en manos de co mendatarios.
Fue suprimida en 1835. Se conserva su iglesia, consagrada en 1126,
en la aldea de su nombre, término municipal de Viver y Serrateix.
227

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
171. Q. Aldea Vaquero y otros, op. cit., p. 1569. Fue fundado el 20 de
junio del año 807, siendo el monasterio doméstico de los condes de
Pallars. En 1096 pasó a depender de San Víctor de Marsella. A fi nales
de la Edad Media cayó en manos de comendata rios. En 1631 se incorporó
a la Congregación Claustral. Fue suprimida en 1835. Subsis te
su iglesia románica, consagrada en 1149.
172. Q. Aldea Vaquero y otros, op. cit., p. 1515. El monasterio de Santa
María de Amer existía ya en tiempos de Carlomagno. Fue edifi cado
en el lugar actual entre 922 y 949. Formó parte de la Congregación
Claustral Tarraconense. Sufrió mucho en las gue rras del siglo XVII.
Fue suprimido en 1835.
173. Ibidem, p. 1632. El monasterio de Santa María de Rosas fue primero
abadía priorato de San Pedro de Rodas. A mediados del siglo X
fue restaurado y alcanzó su in dependencia. En 1592 fue incorporada
a Santa María de Amer. Sus edifi cios se hallan, hoy en día, en estado
de completa ruina y abandono.
174. A. Sequestra: Sant Pere de Besalú, abadía reial de la Congregació
benedictina claustral tarraconense (977-1835), Santa María del Mont,
1934. Citados en Q. Aldea Va quero y otros, op. cit., p. 1531. Sito en
la villa homónima. Fue fundado en 977. Hacia 1031 se pone bajo la
jurisdicción de San Víctor de Marsella. En 1466 cae en manos de
abades co mendatarios. A principios del siglo XVII se incorpora a la
Congregación Claustral. Su co munidad se dispersó en 1835. La iglesia
es un excelente ejemplar del románico catalán.
175. F. Monsalvatje: Monasterio de San Pedro de Camprodón. Noticias
históricas, Olot, 1895. A. Serrallach, San Pedro de Camprodón,
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
Barcelona, 1896. Citados en Q. Aldea Vaquero, op. cit, p. 1539. Fue
fundado antes de 953 por Wifredo, conde de Be salú, al lado de la
Iglesia de San Pedro. Prosperó rápidamente gracias a generosos bienhechores.
Desde 1088 estuvo bajo la dependencia de Moissac, lo que
impidió su progresiva decadencia. En 1592 se unió a la Congregación
Claustral, con cuya historia se confunde la suya propia hasta la exclaustración
de 1835.
176. J. Comerma: El monestir de Banyoles. LI. G. Constans:
Monacologi de Banyo les. Citados en Q. Aldea Vaquero y otros, op.
cit., p. 1524. Fue fundado en 812. En el siglo IX cayó en manos de laicos
y, posteriormente, fue restaurado por el monasterio de San Víctor
de Marsella. Una nueva iglesia fue consagrada en 1086. Perteneció
a la Pro vincia Benedictina de Tarragona y, luego, a la Congregación
Claustral, a la que aquélla dio origen. Entre sus prioratos sobresalen
Santa María de Finestres y San Marcial de Montseny. Fue suprimido
en 1835.
177. Q. Aldea Vaquero y otros, op. cit., p. 1654. Situado extramuros
de la ciudad de Gerona. Existía ya en 992. Fue sometido a la abadía
de La Grasse en 1117. En 1592 le fueron incorporados los monasterios
de San Miguel de Fluviá y San Miguel de Cruilles. Su último abad
murió en 1835.
178. J. M. Pellicer y Pagés: Santa María de Ripoll. Reseña histórica,
Mataró, 1888. F. Carreras: El monasterio de Ripoll, Barcelona, 1893.
M. Figueras: Mil años de histo ria: Ripoll y su monasterio, Ripoll, 1893.
J. Masferrer: El monasterio de Ripoll. Reseña histórica. Sus relaciones
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
con el desarrollo de la civilización en Cataluña, Ripoll, 1888. Citados
en Q. Aldea Vaquero y otros, op. cit., p. 1630.
Sito en la villa del mismo nombre, fue fundado por el conde Wifredo
el Vello so, quien adjudicó el lugar al abad Daguino, poco después
de 879. Bajo la protección del fundador y de sus descendientes, la
casa prosperó rápidamente. Alcanzó el cénit de su prestigio a partir
de 1002, en que ingresó en las fi las de la comunidad el conde Oliba,
señor del país. A la muerte del gran prelado sigue un período turbio,
caracterizado por la injerencia de abades simoníacos. La relajación
pudo ser detenida gracias a que Ber nardo II, conde de Besahi, sujetó
en 1070 el monasterio a la abadía de San Víctor de Marsella. Esta
tutela, que duró hasta 1169, marca un nuevo apogeo en la historia de
Ri poll. Entretanto, tuvo lugar la anexión de los condados de Besalú y
Cerdaña al de Bar celona. Ramón Berenguer III y Ramón Berenguer
IV colmaron al monasterio de gracias y donaciones, continuando la
tradición de sus mayores, y, como Wifredo el Velloso, quisieron ser
enterrados en su sagrado recinto.
En adelante, Ripoll vivirá de su prestigio. Aunque su poderío temporal
irá aún cre ciendo, su tradición literaria y artística se desvanecerá poco
a poco, al mismo tiempo que se acentuará su decadencia religiosa. La
historia del monasterio se reduce más y más a la de sus luchas contra
la jurisdicción y la tutela eclesiástica de los obispos de Vic. En 1460
co mienza la desastrosa serie de abades comendatarios. La reforma
introducida en 1597, cuan do la erección de la Congregación Claustral,
devolvió el gimen a los abades regulares, pero los monjes siguieron
llevando una vida cada vez más semejante a la de los canónigos. El
monasterio fue saqueado e incendiado el 9 de julio de 1835.
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
179. A. Papell: Sant Pere de Roda, Figueres, 1930. J. Subías Galter: El
monestir de St. Pere de Roda, Barcelona, 1948. J. Guitert i Fontseré:
Monestir de Sant Pere de Ro des, Barcelona, 1927. Citados en Q.
Aldea Vaquero y otros, op. cit., p. 1655.
Su nombre aparece por primera vez en un documento de 880. Sujeto
en un prin cipio al monasterio de Bañolas, obtuvo su independencia en
943, y se puso bajo la in mediata obediencia de la Santa Sede. Desde
entonces y durante varios siglos vivió una vida prospera. Recibió
abundantes y ricas donaciones, llegando a señorear numerosas poblaciones
e iglesias. El abad gobernaba a sus vasallos como señor
feudal y tenía su palacio en Castelló. Los condes de la región envidiaban
su poderío, y tantas riquezas no pudieron menos que atraer a los
comendatarios.
Con éstos se acentuó la decadencia del monasterio a lo largo del siglo
XV. Además, estando situada la abadía cerca de la frontera francesa,
fue tomada y saqueada varias veces. La pobreza que había seguido
a la opulencia, la perspectiva de una vida más agradable en el llano
y la ciudad y, sobre todo, las guerras con Francia, indujeron a la comunidad
a abandonar el venerable cenobio y trasladarse, primero, a
Vilasacra (1798) y, luego, a Figueras (1805).
Por entonces, y desde hacía mucho tiempo, los monjes se habían repartido
las rentas, vivían como canónigos en casas particulares dentro
del recinto amurallado, la comunidad se titulaba a sí misma Capítulo,
y el abad parecía un obispo. La exclaustra ción de 1835 acabó defi nitivamente
con la institución. El antiguo cenobio, que en la Edad Media
fue centro activo de peregrinaciones, se halla en el más triste y total
aban dono, aunque en 1973 se inició su restauración.
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
180. Q. Aldea Vaquero, op. cit., p. 1533. Sito en la villa homónima, fue
fundado en 1038, y en 1067 tuvo lugar la consagración de su iglesia.
Pronto ocupó un lugar muy honorable entre las abadías catalanas,
cuyas vicisitudes compartió a lo largo de los si glos XIII-XIX, formando
parte de la Congregación Claustral. Su secularización defi niti va acaeció
en julio de 1835.
181. El monarca debía proceder al nombramiento de abades al tiempo
que velaba por los intereses morales y materiales de los establecimientos.
182. Los benefi ciados podían conservar los cargos que detentaban
siempre que no fuesen incompatibles con la nueva plaza a la que
habían sido promocionados. Para evi tar ocultaciones por parte de los
benefi ciados, con el evidente fi n de seguir cobrando las rentas de su
benefi cio anterior, Carlos II exigió en 1690 que todo sujeto provisto
para un benefi cio de Patronato Real declarase todos aquéllos que
detentaba so pena de anu lación de la gracia. En J. A. Pujol, op. cit.,
pp. 497-498.
183. Sobre todo al fi nalizar la Guerra de Sucesión, en un momento en
que no era ta rea fácil encontrar eclesiásticos libres de la sospecha de
haber sido partidarios del Ar chiduque. También hay que hacer notar la
notoria infl uencia que tuvieron en las provisiones los informes remitidos
por los distintos obispos, sobre todo el de Gerona.
184. El 22 de junio de 1724, Ameller fue nombrado secuestrador de
los frutos y rentas de la abadía, cargo que, como vemos, no era incompatible
con el ofi cio de enfermero.
ÍNDICE
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ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
185. Aunque no aparece la referencia en el documento, es muy posible
que la vacan te se produjera por la promoción de Francisco de
Cortada y Bru al ofi cio de enfermero del mismo monasterio de San
Cugat del Vallés, dejada a la real provisión por el ascenso de Antonio
Ameller a la abadía del citado establecimiento.
186. Un documento de 21 de marzo de 1743 da fe de la vacante en
la Abadía del Monasterio de Santa María de la O, sito en el reino de
Aragón, por promoción de Pedro Trelles a la Abadía de San Pedro de
Camprodón, y del consiguiente nombramiento por derecho de resulta
de José Romá, monje y enfermero del monasterio de San Pedro de
Besahi, ofi cio que deja, asimismo, a la provisión real en virtud del precitado
derecho.
187. Con anterioridad, Montella fue comisionado por Carlos III para secuestrar
los frutos y rentas de la abadía de San Pedro de Camprodón
en 1779.
188. Los principales afectados por las confi scaciones de sus haciendas
fueron, por supuesto, los austracistas declarados.
189. J. A. Pujol, op. cit., p. 518.
190. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 111 v. En
los informes, Febrer fue destacado por su fi delidad y por pertenecer a
una familia de destacados feli pistas. Su hermano Juan Febrer era el
bayle de Centelles, empleado por el capitán gene ral con gran satisfacción.
Otros pretendientes eran Antonio Noguera, Raimundo Rovira
-ambos de lealtad inexcusable-, y Antonio Conangla, presbítero de la
parroquia y no signifi cado en la contienda.
191. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 317-318v.
233

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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
192. En todos los casos, los donatarias hacen saber al rey que el
nominado reúne «las calidades requeridas» para cumplir con las obligaciones
de su cargo.
Novísima Recopilación, libro 1, título XVIII, ley III: «El Consejo de la
Cámara por circular de 8 de noviembre de 1753, aprobada por S. M.
en resolución a consulta de 18 de junio de 1804. Requisitos para la
provisión de Benefi cios simples pertenecien tes á donatarios de la
Corona, ó á presentación real. Para todos los Benefi cios sim ples, de
qualquiera calidad que sean, que pertenezcan á algun donatario por
Reales donaciones, y vacaren en los quatro meses ordinarios, ú otros
en que tuviere actual mente el dicho donatario la posesion de presentar,
remita por mano del Secretario de la Cámara la nominacion que
hiciere de un sugeto para cada Benefi cio, á fi n de que recaiga sobre
esta nominacion la Real aprobacion. Y quando en algun territorio
exénto vacare á presentacion Real en virtud del Concordato algún
Benefi cio simple ó Présta mo, se dará cuenta por mano del Secretario,
con expresion de su valor y circunstan cias, para que S. M. use de su
Real derecho».
193. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 317-318v.
194. Ibidem, ff. 323-324.
195. Ibidem, ff. 365v-366.
196. Ibidem, ff. 389v-391.
197. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 110-111 v.
El elegido era canónigo y capiscol de la catedral de Gerona, juez subdelegado
del Breve Apostóli co y vecino de Barcelona. Los otros dos
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
candidatos del marqués eran José Rius y Beni to Vacti, canónigos de
la catedral de Barcelona. En J. A. Pujol, op. cit., p. 506.
198. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 277-277v.
199. En esta segunda fecha se expidió un real despacho igual al anterior.
La docu mentación no nos proporciona la razón. No obstante,
algún problema debió existir en la colación de la abadía pues el 13 de
enero de 1718 el rey nombró secuestrador y ecóno mo de sus frutos y
rentas a Ramón Nogués, quien, casi con toda probabilidad, era familiar
del abad electo. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro
280, f. 95v.
200. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 89-90. A
la muerte de Berart, el rey decidió por real cédula de 30 de agosto de
1761 nombrar como secuestra dor y ecónomo de los frutos y rentas
de la abadía a Manuel de Verthamón, monje del Monasterio de San
Cugat del Vallés.
201. Escofet obtuvo de Roma las bulas el 2 de abril del año siguiente
y, seguidamen te, las presentó en la Cámara. En ella le fue retenida
la bula de vasallos legos, acordán dose, asimismo, que las bulas en
que se le daba comisión a cualquier arzobispo u obispo para que
pudiera bendecir al electo, debían entenderse sin ofensa ni de las
pre rrogativas del metropolitano de Tarragona, ni de las facultades del
diocesano de Barce lona -a cuya diócesis pertenecía el territorio de
Serrateix-.
202. Escofet consiguió la expedición del ejecutorial y de la carta de
posesión del se ñorío y la jurisdicción de su dignidad abacial (que se
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
extendía por los «términos y pa rroquias de Serrateix, y San Martín de
Avia, Cuadra de Villamart, y términos de Xuriguera y Xuriguerola en
la Cerdaña»), tras reconocer que para el ejercicio de sus judicaturas
temporales no nombraría a ningún eclesiástico, sino que necesariamente
pondría jueces legos; que en los autos no intervendrían notarios
apostólicos, sino escri banos legos públicos y reales; y, por último,
que las apelaciones serían vistas en la Au diencia del Principado (Ley
VIII, titulo III, libro I, de la Recopilación, que corresponde a la ley X,
título I, libro II, de la Novísima Recopilación).
203. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, f. 285. A la
muerte del abad, Ángel Ponsich fue nombrado secuestrador y ecónomo
de las rentas de Santa Ma ría de Serrateix por real cédula del 6 de
abril de 1780.
204. Las bulas papales fueron despachadas el 23 de abril de 1787.
205. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 283, ff. 39-40. Tras
la muerte de Figueras, el 14 de febrero de 1786 Carlos III nombró a
Benito Romeo secuestrador de los frutos y rentas de la abadía.
206. El documento no nos permite conocer el día y el mes. Pero al
obtener el ejecu torial en agosto, el nombramiento debió decidirse en
la primera mitad del año, si se tie ne en cuenta que hubo que esperar
a que el documento llegara a Roma, el Papa expidiera las bulas de
confi rmación del nombramiento, y éstas llegaran de nuevo a Ma drid,
vía agencia de preces.
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
207. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 110-111
v. El 20 de oc tubre de 1718, Felipe V designó al doctor José Ciurana
secuestrador y ecónomo de las rentas de estas dos abadías unidas.
208. El nombramiento debió producirse antes de septiembre de 1732
a juzgar por la fecha del ejecutorial.
209. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 318-319.
Al haberle ori ginado unos gastos excesivos la obtención de las bulas
pontifi cias, el provisto pidió al rey que se le entregaran los frutos y
rentas de la abadía «caídos» desde el tiempo de la vacante. El rey
accedió a la solicitud y, por real cédula del 3 de junio de 1742, ordenó
a las autoridades seculares que mandaran al secuestrador que se los
entregase.
210. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 306-307v.
Al quedar vacante la abadía por la muerte de Rius, Felipe V, antes de
elegir al nuevo abad, desig nó como secuestrador y ecónomo, por real
cédula de 8 de junio de 1741, a Ventura Ga yola.
211. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 168-169v.
La documen tación deja muchas lagunas en este periodo. La siguiente
referencia documental, tras el nombramiento de Jaime Oliver como
abad, la proporciona una real cédula expedida el 22 de junio de 1724.
Dicho despacho recogía el cese del doctor Gerónimo Oliver como
secuestrador de las rentas de la abadía, y su sustitución por Antonio
de Ameller, monje y enfermero de ese mismo monasterio, sin ofrecer
información alguna del referido abad.
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
212. Las carencias de la documentación prosiguen pues conocemos
que Antón Sola nell fue abad de este monasterio gracias a que la cé-
dula de nombramiento de su sucesor indica su defunción. Por la fecha
del secuestro anteriormente citado, debió ser promovi do a la abadía a
fi nales de 1724 o en el año 1725.
213. De este personaje conocemos que en 1530 fue nombrado abad
del monasterio de San Salvador de Breda, siendo sustituido en 1537
por José de Gallart y de Pastor. Es muy probable que fuese promovido
a la abadía del monasterio de San Cugat del Vallés.
214. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 36v-38.
Tras la muerte de Serra y Portell, el monarca nombró secuestrador y
ecónomo de las rentas de la aba día a Antonio Güell y Trelles por real
cédula del 18 de noviembre de 1745.
215. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 101-102v.
El 20 de julio de 1747, el rey le concedió los frutos caídos de la abadía
durante el tiempo de la vacan te, ordenando al Capitán General que
ordenase lo conveniente para que el anterior se cuestrador, Antonio
Güell y Trelles, se los entregase.
216. La carta de posesión del señorío temporal y la jurisdicción de
la abadía nos menciona el ámbito de infl uencia de la misma: «la baronía
de Bendrill, Villa de Ben drill, lugares de Santa Oliva, Alviñana,
Bonastre, San Vicente del Caldes, y Cuadras de Albornar, y de Canals
de Rojas».
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
217. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 326v-327v.
A su muer te, Carlos 111 encargó el secuestro y economato de las rentas
de la abadía a Francisco Llovet el 1 de mayo de 1783.
218. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 280-281.
La primera re al cédula referente a la provisión de la abadía data del
13 de octubre de 1739. En ella, el rey ordenaba a Guillermo Borrás
que secuestrase sus rentas, hasta la elección de un nuevo abad que
sucediese al fallecido Francisco de Cordellas.
219. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 307v-308v.
El nuevo abad, el 11 de junio de 1741, elevó al monarca una petición
para que, por su quebranta da salud y por los crecidos gastos que
siguieron a la expedición de las bulas, le conce diese los frutos caídos
de la abadía en el tiempo de la vacante. El rey accedió, por lo que
ordenó a las autoridades civiles que le mandasen a Borrás que se los
entregase.
H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 99v-101. Asimismo,
cono cemos también que el 4 de julio de 1747, argumentando su delicada
salud, Miranda pi dió permiso al rey para ir a Madrid cuatro o seis
meses a restablecerse, y también para seguir varios negocios relativos
a la dignidad abacial, y otros de unas capellanías inicia dos por su
difunto hermano, Juan de Miranda. El rey, por resolución a consulta de
la Cámara del 29 de mayo de 1747, le concedió el permiso para cuatro
meses, con la con dición de que, acabado el plazo, volviese a servir y
residir en la abadía.
220. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 58v-59.
Carlos III, por real cédula de 24 de septiembre de 1760, hizo uso
239

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
de su regalía nombrando secuestra dor de los frutos de la abadía a
Francisco Llovet.
221. Sant Just no logró obtener las bulas pontifi cias, por lo que tuvo
que actuar co mo secuestrador de las rentas de la abadía hasta que el
emperador le nombró abad de San Pedro de Camprodón. Entre 1702
y 1715 se sucedieron varios secuestradores más, cuyos nombres no
aparecen en la documentación.
222. En 1701, al fallecer el abad Juan Antonio Clemente, fue nombrado
secuestrador José de Ruiz.
223. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 182-183v.
El 5 de febre ro de 1726 tuvo que elevar una queja ante el emperador
para que los secuestradores an teriores le devolviesen las rentas que
cobraron entre 1701 y su nombramiento como abad.
224. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, f. 166. No se
menciona la causa de la vacante. Suponemos que Queralt acabó sus
días en dicha abadía. La siguien te provisión alusiva a la abadía se
expidió el 27 de febrero de 1772, y en ella José Crui llas fue designado
secuestrador de sus rentas.
225. Los datos que aporta la documentación acerca de la provisión de
esta abadía co mienzan con un caso de corrupción. En plena ruptura
de relaciones con Roma (1709), y es tando a la espera de las bulas
de confi rmación para el electo abad, Félix Tabemer, el rey nombró al
conde de Damius (hermano de Tabemer) secuestrador y ecónomo de
las rentas de la abadía para que Roma no pudiera objetar que el provisto
entraba en la administración de las mismas. Y aunque Taberner
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240

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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
no llegó a tomar posesión de la abadía al ser promovido a la abadía de
San Salvador de Breda, su hermano, el conde de Damius, siguió en
el secues tro de las rentas hasta la entrada del nuevo abad, Francisco
Copons y de Copons.
226. Como podemos apreciar, tuvieron que pasar casi dos décadas
para que Copons obtu viese el ejecutorial, sin duda a causa de la negativa
papal a despachar las bulas de la abadía.
227. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 114116,
117v- 119v. Co pons y de Copons solicitó al monarca el cese del secuestrador
por su pésima administración de las rentas del monasterio,
no habiendo acudido a la reparación de la casa abacial como se le
había pedido reiteradamente. Corroboraron el testimonio del nuevo
abad, el secretario del monasterio -José Mir- y el presidente de la
congregación cisterciense -Juan Soler-. Ade más se quejaba el abad
electo de que Félix Tabemer, de modo ilegítimo, no dejó de percibir los
frutos y rentas que la Abadía de Camprodón tenía en Francia, en los
condados de Rose llón y Confl ent. Atendiendo a la súplica de Copons,
por resolución a consulta de la Cámara de 12 de diciembre de 1718, el
rey decidió cesar al conde de Darnius en su empleo y nom brar en su
sustitución a Antonio Bru y Canta, para colectar los frutos y rentas de
la abadía y los de los condados de Rosellón y Confl ent. Pero Antonio
Bru y Canta se excusó de admitir el cargo, por lo que, por decreto de
28 de junio de 1719, el rey nombró en su lugar al doctor Ra fael Soler,
enfermero del Monasterio de San Pedro de Rodas. Soler interpuso
ante la Audien cia de Cataluña un recurso contra su antecesor, reclamándole
los productos que había administrado. Cuando el monarca
241

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
y sus ministros se venían mostrando tan fi rmes en la defen sa de las
regalías, sorprende el trato de favor recibido por el conde de Damius,
insigne militar y miembro de una familia infl uyente, al que se le permitió
entrar en el cobro y administración de las rentas eclesiásticas
mencionadas sin control alguno y, prácticamente, condenando a las
catacumbas judiciales un proceso en su contra cuando se requería
una acción rápida y efi caz, pronto como estaba a dirigirse con su regimiento
hacia Extremadura.
228. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 332v-334.
El 26 de sep tiembre de 1743, Trelles consiguió que el rey accediera
a su petición de que el secues trador le entregara los frutos y rentas
caídos de la abadía en el tiempo de la vacante, aduciendo los crecidos
gastos seguidos a la consecución de las bulas pontifi cias.
229. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, f. 280.
Volvemos a dispo ner de información de esta abadía con la designación
real de Jacinto de Montella y Ca nal como secuestrador de los
frutos y rentas de la abadía el 12 de octubre de 1779.
230. La dignidad abacial del monasterio de San Pedro de Camprodón
ejercía el seño río temporal y la jurisdicción sobre la villa y término de
Riudaura.
231. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, f. 366. A la
muerte de éste, Carlos III volvió a nombrar un secuestrador, en la persona
de Luis Nouvillas el 31 de julio de 1785.
232. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 60v-61 v.
El 8 de marzo de 1746, el monarca le concedió, por el excesivo gasto
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242

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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
seguido a la consecución de las bulas, los frutos caídos en el tiempo
de la vacante.
233. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 362-363. A
la muerte de Descallar en 1744, el rey nombró secuestrador y ecónomo
a Francisco de Ramón y Ma garola el 13 de diciembre del mismo
año.
234. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 369v-371v.
Fallecido Raimundo Padró en 1756, el rey nombró como secuestrador
y ecónomo a Francisco Es cofet y Roger el 19 de agosto.
235. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 46v-48.
Poco tiempo ocupó la abadía Otamendi, pues tras su fallecimiento, el
rey nombró el 15 de diciembre de 1758 a José Castán de Otamendi,
presbítero, como secuestrador y ecónomo de las rentas de la abadía.
236. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 248-250.
Manuel Mir y Cadena murió en 1735 por lo que el 24 de mayo, el rey
designó como secuestrador y ecónomo de los frutos y rentas de la
abadía a Ignacio de Gayola; cargo que tendría efec to hasta el nombramiento
del nuevo prelado.
237. No es nada frecuente que un benedictino observante ocupe una
abadía claustral. Junto al caso de Bernardo de Urtusaustegui, puede
citarse el de Martín Sarmiento que fue electo para la abadía de Ripoll,
pero no llegó a tomar posesión de ella al serle acep tada la renuncia.
238. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 319v-320v.
Zúñiga fa llece en 1742, por lo que el 14 de agosto es designado
243

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Cayetano Pallejá secuestrador y ecónomo de los frutos y rentas de la
abadía.
239. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 332v-334.
El 26 de sep tiembre de 1743 logró del rey -aduciendo su avanzada
edad, los gastos seguidos de la consecución de las bulas pontifi cias,
y los originados en la abadía por los pleitos, die tas, y derechos de
administración- que Pallejá le entregase los frutos caídos de la aba día
durante el tiempo de la vacante.
240. Fue electo bajo la condición de que si vacare alguna de las pensiones
viejas de designación real, el monarca la podría volver a cargar
pasando el benefi ciado a gozarla desde el tiempo en que se pasare la
gracia de la abadía.
241. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 336-338.
En 1755, in merso en multitud de pleitos, Copons y de Copons falleció,
siendo nombrado secuestra dor y ecónomo el 1 de junio de ese mismo
año José Montero.
242. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 371v-372v.
Tras supli car al rey, el 19 de agosto de 1756, Martín Sarmiento obtuvo
de éste el permiso para ro gar al papa que le admitiese la renuncia a
la abadía.
243. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, f. 340. A su
muerte, Carlos III decidió el nombramiento de Angel Ponsich y de Alós
como secuestrador de los fru tos y rentas de la abadía el 20 de junio de
1784. Recordemos que en 1780 Ponsich tam bién había sido secuestrador
de la abadía de Santa María de Serrateix.
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244

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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
244. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 116v-117v.
Por la muerte de Ameller, el 8 de febrero de 1748 el rey nombró secuestrador
y ecónomo a Jo sé Escofet y Matas.
245. Fue nombrado bajo la condición de que se dispusiese la minuta
del instrumento de consentimiento de las pensiones que debía otorgar
el electo. Además, el 24 de abril de 1749, consiguió del monarca los
frutos caídos de la abadía en el tiempo de la vacan te, en atención a
los gastos seguidos a la expedición de las bulas pontifi cias.
246. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 361-361v,
ff. 362-363v. Joaquín de Montero y Alós, por orden real en cédula del
6 de junio de 1756, se ocupa del secuestro.
247. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, f. 56v. Ocupa
la dignidad abacial hasta su muerte en 1760. Otro Montero y Alós -
José, en este caso- es designa do secuestrador por real cédula del 8
de marzo.
248. El abad de Besalú ejercía su jurisdicción sobre el lugar de San
Ciprián de Mo llet.
249. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 293-294v.
A raíz del fa llecimiento de Rubio, el 9 de noviembre de 1780, Carlos
III nombró secuestrador y ecó nomo de su frutos y rentas a Francisco
Codol, indicando que debía dar cuenta de su gestión a la Audiencia
del Principado.
250. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 283, ff. 46v-47.
Tras el falleci miento de Areny, el rey, «teniendo entera satisfacción»
de Francisco Xavier Esteve, por real cédula del 20 de junio de 1786 le
245

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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
encomendó el secuestro de los frutos y rentas de la abadía, durante
el tiempo de la vacante.
251. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 93v-95.
Ante la nomi nación por el gobierno intruso de José Despalau, el 13
de enero de 1718 el rey secuestró los frutos y rentas de la abadía por
mediación de Francisco Gayola, quien prob ablemente fuera hermano
de José Gayola. Era frecuente que el secuestrador fuera pa riente del
abad electo, para que Roma no se quejase de que el electo administraba
las rentas de la abadía sin tener las bulas de confi rmación de la
colación.
252. El rey escribe de nuevo al cardenal Aquaviva para que suplique
al papa la expe dición de las bulas. Y a tenor de la fecha del despacho
del ejecutoria¡, éstas llegaron a Madrid con cierto retraso.
253. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 298-299. El
7 de febrero de 1740 logró del monarca la concesión de los frutos caídos
de la abadía desde la va cante, por su avanzada edad y múltiples
achaques, los méritos contraídos en el tiempo en que sirvió en Rodas
«padeciendo muchas incomodidades por la aspereza del terreno y del
clima», y los crecidos gastos que conllevó la consecución de las bulas
pontifi cias.
254. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 278v. Tras
su muerte, el 21 de julio de 1739 Jaime Puidobra y Planell es designado
secuestrador de las rentas de la abadía.
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
255. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 104-105v.
Gayola mu rió en 1747, siendo nombrado secuestrador el l de agosto
Miguel Trelles, monje y pa vorde del mismo monasterio.
256. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 141v-143.
El l de octu bre de 1748, según práctica común de los abades, pidió y
consiguió del rey los frutos caídos de la abadía desde la vacante (por
los crecidos gastos seguidos a la consecución de las bulas).
257. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 387v-389v.
Tras diez años, el 10 de febrero de 1757 la abadía vuelve a estar
secuestrada por Peregrín de Verthamón, monje de San Esteban de
Bañolas.
258. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, f. 241. Ante la
vacante, el 16 de enero de 1777 Carlos III designó secuestrador de los
frutos y rentas de la abadía a Diego de Pedrolo y Castelví.
259. Las Iglesias Colegiales o Colegiatas eran iglesias insignes o célebres
que tenían erigido un cabildo colegial (corporación o colegio de
canónigos erigido en una ciudad - capital de provincia sin capitalidad
diocesana, ciudad de alto valor histórico- o iglesia importante -para
mantener la dignidad del culto-, por razón histórica o también demográfi
ca). Su origen es antiguo, y desde la Baja Edad Media fueron
muchas e importan tes las existentes en España. Su decadencia comenzó
en el siglo XVII. El titular de la primera silla solía denominarse
abad. Tenían dos canónigos de ofi cio -doctoral y ma gistral- y ocho
canónigos. El número de benefi cios auxiliares ascendía a seis, todos
de igual dotación. En la diócesis de Barcelona, destaca la Colegial
de Santa Ana. En la de Gerona, las de San Feliu, o Villabeltrán. En la
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
de Solsona, las de Berga y Cardona. En la de Lérida, las de Tamarite
y Monzón. En la de Vic, la de Manresa y la de San Juan de las
Abadesas. Y en la de Urgel, las de Castellbó y Ager.
260. A. Pujol, op. cit., pp. 522, 537.
261. Ya en 1689, Oleguer Montserrat, su titular, fue promocionado al
obispado de Urgel siendo nombrado en su lugar Miguel Juan Tabemer
y Rubí, quien diez años más tarde, a su vez, sería promovido al obispado
de Gerona.
262. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff.139-139v.
Otros preten dientes fueron Miguel Gonzar e Ignacio Colomer.
263. Ibidem, ff. 147-148v.
264. Ibidem, ff. 153-153v.
265. Si observamos las fechas en que Linás fue arzobispo de
Tarragona, comproba remos una mayúscula irregularidad, pues ocupó
el sillón episcopal entre 1695 y 1710, año en que falleció. La raíz
de esta irregularidad hay que buscarla en una coyuntura ple namente
marcada por la Guerra de Sucesión. Al morir Linás, los dos contendientes
del confl icto bélico presentaron sus candidatos: Isidro Beltrán
por parte del Archiduque, y Miguel de Taberner y Rubí por parte de
Felipe V. Fue nombrado el primero, que ocupó la mitra desde el 13 de
noviembre de 1712 hasta el momento de su muerte, el 9 de agos to de
1719. Por ello, se le dieron nuevos despachos a Taberner, pero haciendo
constar la vacante por muerte de José Linás, último arzobispo
presentado legítimamente.
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
266. El documento nos informa que el territorio sobre el que el arzobispado
de Ta rragona tenía derechos y jurisdicciones comprendía
la ciudad de Tarragona, y los pueblos de Constantí, Villaseca,
Ruidoms, Montroig, Alforja, Las Borjas, El Pla, Ruidecols, Ta marit,
Rieza, La Selva, Burguet, Albiol, Pradell, Castelbell, Vilabella, Irlas,
Boltas, Mi la, Vilabert, Ruidecañas, Argentera, Dos Aguas, Arboset,
Coldejou, Villanueva de Escornalbou, Alcober, Muster, Valls, Viñols,
Franquezas, Las Sorts, Las Comas, Terri torio, Reus, y el valle de Ager
con sus cinco pueblos.
267. Denominación del cabildo catedralicio, una de las instituciones
más antiguas de la diócesis.
268. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff.143v-144.
269. Podemos seguir en la fi gura de este eclesiástico la carrera hacia
los niveles más altos de la jerarquía eclesiástica del Principado.
Antes de 1726 le hallamos detentando una canonjía en la Catedral
de Barcelona, para ser promovido a la mitra de Gerona. Allí estaría
dos años, para ser promocionado al arzobispado de Tarragona, donde
permane cería hasta el 19 de abril de 1753, fecha de su muerte.
Era miembro de una familia de importancia singular entre las altas
esferas de la clerecía catalana del Setecientos. Cabe en este aspecto
recordar que su hermano Francisco Copons y de Copons también
llegó a lo más alto dentro de la Congregación Benedictina Clautral
Tarraconense Caesarau gustana. Comenzó como pavorde de Berga
del monasterio de Santa María de Ripoll. En 1717 se le nombró abad
de San Pedro de Caprodón, cargo que ocupó hasta que en 1743 fue
249

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
promovido a la abadía del monasterio de Santa María de Ripoll, donde
consumió sus últimos doce años.
270. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff.189-189v.
271. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 227v-
228v.
272. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 187-187v.
273. Ver canonjía de la Catedral de Barcelona provista por derecho
de resulta el 30 de mayo de 1721.A. H. N. «Registros del Real
Patronato». Libro 281, ff. 187v-188v.
274. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 202v-203v.
Cortada ocupa ría el sillón episcopal zamorano hasta su promoción al
arzobispado primado de Catalu ña en octubre de 1753, sucediendo al
fallecido Pedro Copons y de Copons.
275. Por real cédula de 20 de julio de 1753 el rey, en virtud de que tras
el concordato de ese mismo año ya no eran necesarias las presentaciones,
encargó al obispo que cuan do le presentara Puig la cédula, le
diera canónica institución del benefi cio. A. H. N. «Registros del Real
Patronato». Libro 281, ff. 293v-294v.
276. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 206-207.
Es interesante la transcripción realizada por Mª. Carmen Irles de su
obra «Por la libertad de la litera tura española», para el Instituto de
Cultura «Juan Gil-Albert», Alicante, 1991.
277. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 339v-340.
ÍNDICE
250

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
278. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 356v-
357v.
279. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 23-24.
280. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 14v-15v.
281. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 33v-35.
282. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 98v.
283. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 104v.
284. De valor estimado en 200 libras, había sido instituida para exhortar
a las mere trices a la penitencia y mutación de vida.
285. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 104v.
286. Por el artículo nono de la Paz de Viena, todos los intrusos removidos
y extraña dos de sus prebendas fueron reintegrados a las
mismas.
287. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 185-185v.
288. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, f.105.
289. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 107.
290. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 306.
291. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 356v-
357v.
292. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 122-123.
293. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 332-332v.
251

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
294. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 164-164v.
295. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 32v-33.
296. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 51-52v.
297. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, f. 237.
298. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff.188v-189.
299. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 296-297.
300. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, f. 58v.
301. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 52v-53.
302. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 95v.
303. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 130-131
v.
304. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 278-278v.
305. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 278v.
306. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 283, f. 70v.
307. Durante el período de guerra, la provisión de las prelaturas
se vio difi cultada por la ruptura de relaciones con Roma, pues el
derecho de presentación requería el con sentimiento expreso de la
Santa Sede, que se materializaba en las bulas de confi rmación del
nombramiento. Además, la presencia en algunas de las mitras de
sujetos intrusos complicó aún más la situación. Éste era el caso del
obispado de Barcelona, cuya mitra estaba ocupada por Benito Sala,
afecto a la causa del archiduque. Por ello, se decretó la mitra vacante
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2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
y el secuestro de sus rentas, nombrándose el 4 de enero de 1716 un
admi nistrador, Antonio de Marimón (deán de la Iglesia Catedral de
Gerona e inquisidor en el Tribunal de Barcelona), que debía remitirlas
a Cantuchi y Compañía para que las depo sitaran hasta nueva orden.
La actitud de la monarquía y de sus ministros era negar cual quier
legitimidad a los nombramientos realizados por los intrusos, hasta
el punto de proceder a la presentación de los obispos en función de
la vacante producida a la muer te del último provisto legítimamente,
esto es, por el propio Felipe V o sus antecesores. Como quiera que
los prelados nombrados por el Archiduque hubiesen conseguido de
Roma las bulas que les conferían el sillón episcopal, los ministros de
la curia embaraza ban la expedición de nuevas bulas en los términos
pretendidos por los ministros del rey.
308. Gozaba de un benefi cio de porción entera en la Iglesia Parroquial
de Santiago, de la villa de Hermue, en la diócesis de Calahorra -que
dejó por el derecho de resulta a la real provisión-. Perteneció a una
ilustre familia relacionada con todos los ámbitos de la administración,
como escribe E. Giménez en Militares en Valencia (1707-1808), Alicante,
1990.
309. En la documentación no hemos hallado ni la cédula de anuncio
de la vacante y del nuevo nombramiento, ni tampoco el ejecutorial
real.
310. Uno de los pocos casos en que un clérigo procedente de una
parroquia asciende directamente a una mitra, pues López Aguirre era
cura de la Iglesia Parroquial de San Justo y Pastor de Madrid.
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
311. Prepósito de Teología Escolástica de la Iglesia Metropolitana de
Valencia y ca tedrático de la Universidad de dicha ciudad en la facultad
de Teología.
312. La impresionante hoja de servicios de este obispo reformista a
la cabeza de su diócesis no le salvó de la cólera de Madrid cuando
cayó bajo la sospecha -un tanto in justifi cada- de apoyar aspiraciones
separatistas en Cataluña. La administración real de cidió alejar a
Climent de Barcelona y, al mismo tiempo, evitar el escándalo público
promocionándole a una diócesis no catalana. Pero Climent, fi el a sus
principios, rehusó y dimitió de su cargo el 18 de mayo de 1774, fecha
en que «con motivo del quebranto que padecía en su salud y de la
imposibilidad en que se hallaba de dar cumplimiento a las muchas y
gravísimas obligaciones de su ministerio pastoral», el rey le concedió
«permiso» para que hiciera renuncia y dimisión del obispado en manos
de Su Santidad, señalándole para su congrua sustentación 1562
ducados de oro de Cámara y 8 julios y medio, moneda de Roma,
libres y sin descuento alguno.
313. Valladares ocupó el sillón episcopal hasta su óbito el 13 de febrero
de 1794.
314. Jaime Cortada sí era realmente un «benefi ciado». Cuando fue
promovido a la catedral de Zamora dejó a la real provisión por derecho
de resulta, junto a estos dos be nefi cios, una canonjía en la Catedral
de Barcelona, el arcedianato de Badalona de la misma catedral, y un
benefi cio en la capilla de San Lorenzo de la Parroquial de Argen tona,
también en la diócesis de Barcelona.
ÍNDICE
254

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
315. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 200v-
201v.
316. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 201v-
202v.
317. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 269v.
318. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 104v.
Encabezaba la terna presentada por la Cámara. Su padre había
muerto en el Rosellón, huyendo de la guerra. Tenía 17 años. Era colegial
en el colegio del obispo, donde había empezado la carrera de
Filosofía. El benefi cio rentaba 700 reales, con residencia.
319. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 299-299v.
320. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 314v-315.
321. Novisima Recopilación, Libro 1, título XV, ley III. «D. Carlos III.
por Real ór den de 11 de Junio, y circular de la Cámara de 11 de Dic.
de 1781. Precisa residencia de los provistos en Benefi cios eclesiásticos».
322. Como hizo Bojons en representación con fecha del 8 de agosto
de 1782.
323. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 226.
324. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, f.131.
325. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 363-364.
326. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 364-365v.
255

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
327. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 202v-
203v.
328. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 24v-26.
329. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 229v.
330. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 305v-306.
331. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 183v-
184v.
332. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 85-85v.
333. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 288-288v.
334. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 146.
Recordamos que fue administrador de las rentas del obispado de
Barcelona hasta el nombramiento en 1716 de Diego Astorga y
Céspedes.
335. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 270.
336. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 272v.
337. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 36-36v.
338. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 57v-59.
339. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 160. En
esta real cédula se especifi ca que la dignidad de deán de la Catedral
de Gerona es del Patronato antiguo.
340. Se verá inmerso en multitud de pleitos a lo largo del siglo.
341. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 7v-8.
ÍNDICE
256

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
342. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 19-20.
343. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 123-124v.
344. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 134v-135.
345. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 137v.
346. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 190-191
v.
347. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 339-339v.
348. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 346-346v.
349. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 57-57v.
Sujeto de vir tud, letras y otras buenas partes. Capellán del regimiento
de dragones de Sagunto.
350. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, f. 131.
351. Por su quebrantada salud. En la carta que mandó el rey a Roma
con la renuncia y el nuevo nombramiento, se adjuntó el instrumento
de dejación de Bastero, y se pidie ron para su «decente» manutención
468 ducados y 16 julios y medio de moneda de la Cámara Apostólica,
y la retención de un benefi cio eclesiástico en la Catedral de Gero na,
llamado Pavordía de la Limosna del Par, que ya había retenido con el
indulto ponti fi cio cuando accedió a la mitra barcelonesa.
352. Auxiliar del arzobispo de Santiago.
353. Lorenzana ocupó el sillón episcopal gerundense hasta su muerte
el 21 de enero de 1796.
257

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
354. En 1705, el virrey de Cataluña rendía Barcelona ante las fuerzas
combinadas del paisanaje sublevado y de las tropas del conde
de Peterborough. A la capitulación de Barcelona siguió la de todo
el Principado. Sólo la ciudad de Lérida opuso fuerte resis tencia. El
dominio del archiduque en tierras ilerdense duró dos años, pues en
1707, Lé rida y toda su comarca ya habían sido «reconquistadas» por
la causa borbónica.
355. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 162v-163.
356. Aunque sea del lugar de Tortosa, en la real cédula se especifi ca
claramente que pertenece a la diócesis de Lérida.
357. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff.182-183.
358. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, f. 357v.
359. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, f. 58.
360. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 194-195.
361. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 17-17v.
362. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 27-28.
363. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 226v-227v.
Canónigo de la Catedral de Barcelona. De virtud y letras.
364. Queralt disponía además de la doma simple de la Parroquial de
San Juan de Bell caire, que dejó a la real provisión por derecho de
resulta.
ÍNDICE
258

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
365. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 269-269v.
Catedrático de prima de Cánones de dicha Universidad, deán de la
Santa Iglesia de Gerona.
366. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 271 v.
367. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 337-338.
Arcipreste de la Colegial de Villabeltrán.
368. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 336v-337.
369. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 346-346v.
370. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 199-200.
Canónigo de la Catedral de Barcelona, de virtud y letras.
371. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 292-293v.
372. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, f. 99.
373. Había sido nombrado en abril de 1714.
374. Los pueblos sobre los que la mitra ilerdense tenía jurisdicción
eran los doce lu gares de la baronía del valle de Barrabés, sito en los
Pirineos: Nuy, Montanuy, Ginaste, Forcat, Estet, Aneto, Seret, Villaler,
Viguet, Castejón de Fort, Llest, y Coll; el lugar de Aspa en Cataluña; y
los lugares de Aguinaliu, La Almonia, Conchel, Pomar, y villa de Fonz
del reino de Aragón.
375. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 272v-273.
376. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 153-153v.
Catedrático de Filosofía en la Universidad de Cervera.
259

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
377. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 283, f. 26v.
378. Vecino de la ciudad de Puicerdá.
379. Vecina de la ciudad de Urgel.
380. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 42-43.
381. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 130-131.
382. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 93v.
383. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 161 v.
384. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff.184-184v.
385. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 250.
386. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, f. 58.
387. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, f. 101v.
388. El arciprestazgo de Ager se fundó en el año 1050, con setenta
villas y lugares, sobre el territorio de un obispado ya destruido y posteriormene
integrado dentro del de Urgel, pero con omnímoda libertad
y ejecución de este obispado según bulas de Nicolás II y Alejandro
II. Ya en 1165, el obispo de Urgel, había opuesto ante Alejandro llI
la falsedad de las bulas anteriores, pero él papa acabó confi rmándolas.
Posteriores bulas de Clemente VIII, Urbano VIII, Clemente X,
Inocencio X, Inocencio XI e Inocencio XII, expresaban la exención del
arciprestazgo respecto del obispo de Urgel.
389. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 51v-52.
390. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff.108-110v.
ÍNDICE
260

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
391. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 247-248.
392. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 44v-46.
393. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 46-47.
394. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 59-60.
395. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 342-343v.
Cura de la Parroquia de Santa María del Mar de Barcelona. De virtud,
letras y otras buenas partes.
396. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 357v-359.
397. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 171-172v.
398. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 178v-179.
Arcipreste de la Colegial de San Juan de las Abadesas.
399. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 181-182.
400. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, f. 295.
401. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 316v-
317v.
402. Durante la Guerra de Sucesión, Urgel estuvo al lado del archiduque
Carlos. Ello obligó al rey a trasladar al obispado de Ávila a su
partidario, el obispo Julián Cano, de la orden de los carmelitas descalzos.
403. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 30v-31,
87v-88v. El 2 de septiembre de 1745 el monarca consintió la renuncia
reservándole 15.000 reales de vellón de pensión sobre los frutos y
261

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
rentas de la mitra para su «decente» manutención. Posteriormente,
el 3 de febrero de 1747, rectifi có la pensión reservada, concediéndole
8.911 reales de vellón (278 ducados y 8 julios) anuales sobre los frutos
y rentas de la abadía de San Cugat del Vallés, para que sobre la
mitra de Urgel sólo quedaran carga dos 6.089 (190 ducados y 4 julios
y medio), que eran los que cabían en la tercera parte del valor líquido
de la mitra, porque los demás estaban impuestos con bulas pontifi cias
a favor de otras personas y comunidades.
404. «Las baronías de la ciudad de Urgel, de las villas de Tremp,
Vilamitjana, de la Conca, Guisona y Sanahuja, y de los lugares de
Montesquiu, Arcabeli, Armirri, Torres, Pla, Valle de la Llosa, valle de
Arques, Rivera, Salada, Castellnou de Basella, y Agui lar, y de las aldeas
adictas a dichas baronías y sus jurisdicciones, con el Principado
de Andorra en el que ejercen los obispos de Urgel la jurisdicción
temporal como prínci pes soberanos en dicho Principado con el Rey
Christianissimo».
405. Teólogo consultor de la Real Junta de la Inmaculada Concepción
de Nuestra Señora.
406. Hay que destacar que los libros para Cataluña de los «Registros
del Real Patro nato» omiten el nombramiento del siguiente obispo de
Urgel. Juan García Montenegro murió el 23 de mayo de 1780, siendo
sucedido en el cargo por José Boltas el 11 de no viembre de ese mismo
año. Boltas siguió ciñendo la mitra urgelitana hasta el 8 de di ciembre
de 1795, fecha de su muerte. En su lugar fue nombrado Antonio de la
Dueña Cisneros. Quintín ALDEA, op. cit., p. 2433.
ÍNDICE
262

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
407. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 224v-226.
Presbítero, natural y vecino de la ciudad de Cervera. Dejó a la real
provisión por derecho de resulta el benefi cio simple tercero en la capilla
y altar de San Antonio Abad en la Iglesia Parro quial de San Nicolás,
de la villa de Bellpuig, en la misma diócesis de Solsona.
408. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 231v-232v.
Cura de la Iglesia Parroquial de San Saturnino del lugar de la Llena,
en la diócesis de Solsona.
409. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 153-154.
410. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 24-24v. En
el documen to se especifi ca que el curato es de obligada residencia.
411. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 283, ff. 60v-61v.
412. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 219-219v.
Presbítero, de virtud, letras y buenas partes.
413. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 241.
414. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 258.
415. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 283, f. 60v.
416. Dignidad de la Catedral de Lérida.
417. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 283, f. 63v.
418. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 283, f. 74.
419. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 283, f. 81v.
420. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 283, f. 81 v.
263

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
421. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 246v.
422. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 341-342.
423. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 154-155.
424. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 122-123.
También se hacen constar su virtud, letras y otras buenas prendas.
425. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 135-136v.
426. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 2v-3.
Presbítero, de vir tud, letras y otras buenas partes.
427. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 103-104.
428. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 137v.
429. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 140-141.
430. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 74v-75.
Presbítero. De virtud, letras y otras buenas prendas.
431. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 80v-82.
432. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, f. 82.
433. En dicha cédula se especifi caba que la sede se hallaba vacante
por fallecimiento de Guillermo Golorons -último obispo legítimo-. La
Santa Sede accedió a mandar las bulas tras incluir en ellas una cláusula
certo modo pastoris solatio destituta, evitando nombrar al último
poseedor de la mitra. Esta voluntad de entendimiento hay que in cluirla
en el marco de las negociaciones de un nuevo concordato que pusiera
fi n a los li tigios entre ambas cortes.
ÍNDICE
264

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
434. La presentación real de los obispos de Solsona se vio turbada
por la coyuntura bélica. Comenzó el siglo en la mitra el agustino
Guillermo Golorons, que murió el 12 de agosto de 1708. El gobierno
intruso presentó entonces a Francisco Dorda, que ocupó la mitra
hasta el 3 de diciembre de 1716, fecha en la que fue desterrado por
Felipe V. Entonces le encargó a José Parent la administración de las
rentas de la mitra vacante, y que remitiera su producto a los depositarios
Cantuchi y Compañía hasta nueva orden. Asimismo, por decreto
de 24 de enero de 1717 le mandó que entiendiese en lo tocante a
los espolios del obispo difunto -Golorons- para que se cobrasen y
distribuyesen legíti mamente, y se supiese lo que quedaba en residuo
para ser también incluido en la admi nistración. No debía entender, en
cambio, en lo jurisdiccional, cuyo conocimiento tocaba a los ministros
reales, y lo debía tener el veguer o la persona que ejerciere en esa
ciudad la jurisdicción ordinaria.
435. Lasala ocupó el sillón episcopal hasta su muerte el 17 de junio
de 1792.
436. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 99-100.
Capellán de los reales ejércitos. De virtud, letras, servicios y otras
buenas circunstancias.
437. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, f. 216v.
438. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 50v-51.
439. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 95.
440. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 365v-367.
265

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
441. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 369v-371.
Doctor. Clé rigo de órdenes menores, de la diócesis de Urgel, de virtud,
letras y buenas prendas.
442. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 38-39v.
443. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, f. 205.
444. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 205v-206.
445. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 208-209v.
446. Adjuntando la dimisión de su canonjía.
447. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 320v-321
v.
448. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 164v-167v.
Que deja a la real provisión por derecho de resulta el curato de la villa
de Otero de Herreros (dióce sis de Segovia).
449. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, f. 59.
450. La provisión del obispado de Vic también se vio alterada por la
coyuntura béli ca. Aunque la documentación nos habla del nombramiento
el 20 de julio de 1720 de Raimundo de Marimón y Corbera
tras la muerte de Antonio Pascual, la realidad es que el obispo que
murió el 18 de enero de 1720 fue Manuel Sanjust y de Pagés. Al ser
pre sentado por el gobierno intruso, Felipe V no quiso que fuera mencionado
en la cédula. Tampoco quiso que constaran en los despachos
de presentación las pensiones concedi das por Santjust y sancionadas
con bulas apostólicas.
ÍNDICE
266

ÍNDICE
2. Las provisiones de benefi cios eclesiásticos
451. «Las parroquias de la ciudad de Vic, Manresa, Cervera, Caldes,
Monbuy, San Pedor, castillo o término del Brull, y tres contiguos que
son de San Martín, San Cristó bal de la Cartaña, y Santa María de
Ceva, parroquias de San Cipriano de la Mora, de San Martín de
Aiguafreda, Santa Coloma de Biñolas, San Fructuoso de Beleña,
San Ginés de Faradell, San Marcial? de Montseny y San Martín de
Viladrau, Castillo de Gurs?, y de Voltregá, Cuadra de Cananglell, parroquias
de San Miguel de Ordeig, de Santa Cecilia de Voltregá, y de
San Martín de Sobremunt?, castillo y parroquia de Na lech, Rocafort y
Grañanella, parroquias o castillos de Sallent, Artes, Orta, y Castelnou,
parroquias de Santa Eulalia, de Ruipimer, y su castillo de Torruella, y
cualquier otro, cuyo señorío temporal pertenece a la mitra y dignidad
episcopal de Vic».
452. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 229v-230.
453. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, f. 311v.
454. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 228v-229v.
Clérigo de prima tonsura y cuatro menores de la diócesis de Sevilla.
455. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, f. 155v.
456. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, f. 285.
457. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, f. 288.
458. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, f. 289v.
459. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 42v-43v.
460. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 329-330.
267

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
461. Los lugares del señorío del obispado tortosino eran las villas de
Cabanes, Alza mora, Cabases -y los cinco pueblos de su jurisdicción:
Margalef, Bisbal, Figuera, Lloa y Vilella-, Lledó, Benlloch, Torreblanca
y Areny; los lugares de Subirana y El Molar; las baronías de Miravet y
Zufera; la población de Albalat; y el manso de Nacambrils.
462. Con motivo del quebrantamiento de su salud y de no poder dar
cumplimiento a las «muchas y gravísimas obligaciones de su ministerio
pastoral». Se le reservó una pensión anual de 1.375 ducados de la
Cámara Apostólica (4.000 reales de vellón) a car gar sobre los frutos
y rentas de la mitra, para la «congrua sustentación» del renuncian te;
cantidad que debería percibir sin más descuento que lo correspondiente
a su conducción fuera del obispado -donde fi jase su residencia.
Tras cubrir la vacante con Victoriano López Gonzalo, para dar cabida
a la pensión de Cortés, y se trata de una ex cepción, el obispo electo
consintió en que fueran fi jados para carga de pensiones 5.130 ducados,
5 julios y 2/3 de otro, cantidad que excedía de la tercera parte del
valor de la mitra en 1.007 ducados, 5 julios y 1/8.
ÍNDICE
268

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3. El acceso real a las rentas eclesiásticas:
la carga de pensiones
3. EL ACCESO REAL A LAS RENTAS
ECLESIÁSTICAS: LA CARGA DE PENSIONES
Al contrario de lo que podría pensarse, no son muchos
los libros que han tratado directamente el tema de las
rentas de la Iglesia, en relación con su im portancia
en la economía y en la sociedad española. Y muchos de los
que han tratado estos aspectos, lo han hecho desde enfoques
poco útiles, siendo real mente muy contados los que
procuraron hallar explicaciones sobre su funcio nalidad y su
signifi cado económico, tanto a nivel cuantitativo como desde
un punto de vista cualitativo (nota 1).
Es un hecho generalmente reconocido que, en el siglo XVIII,
la Iglesia era la institución más rica del reino (nota 2). Los
mismos economistas españoles de aquel tiempo tenían conciencia
de que la Iglesia había venido disfrutando de una situación
privilegiada y era dueña de una parte importantísima
de la fortuna na cional (nota 3). Y dentro de la estructura de la
269

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Iglesia, las mitras y, en menor medida, los monasterios mas
poderosos, recogían y canalizaban hacia variados fi nes una
parte importante de la riqueza del país (nota 4).
Pese a que las grandes donaciones -tan notorias en siglos
anteriores- casi habían terminado, la acumulación de bienes
en las manos muertas de la Iglesia seguía siendo una actividad
en expansión: las comunidades con mayores recursos
económicos buscaban la «inversión» más segura, productiva
y generaliza da, por lo que compraban tierras para ponerlas a
renta. Este hecho no agradaba en absoluto a los ilustrados,
quienes eran de la opinión de que «la Iglesia, olvi dada de sus
modestos orígenes, disfruta de riquezas excesivas, y son éstas
las que la desvían de la pureza evangélica, las que están
a punto de matar una parte de su alma» (nota 5).
Pero todo esto es teoría. En la práctica, la variedad de los
recursos de la Iglesia, la complejidad de las formas de tenencia
de la tierra en el Antiguo Ré gimen y la transferencia de
caudales eclesiásticos hacia el Estado que se generó con las
obligaciones fi scales, hacen difícil una medición exacta de la
totalidad de la riqueza del clero (nota 6).
No obstante, autores como Miguel Artola han trabajado para
ofrecer cifras y demostrar la realidad de los enormes recursos
económicos de la Iglesia espa ñola (nota 7). El citado his-
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270

3. El acceso real a las rentas eclesiásticas:
la carga de pensiones
toriador afi rma que la Iglesia poseía el 14,7% de la superfi cie,
siendo ésta de calidad, pues le proporcionaba el 24,1% del
total de las rentas agrícolas. También era dueña de una gran
cabaña ganadera. Y aunque su participación en los sectores
industrial y comercial era muy escasa, disponía de una gran
cantidad de fi ncas urbanas, juros y censos. Domínguez Ortiz
remata estos datos al escribir que aproximadamente la sexta
parte de las rentas ecle siásticas pertenecía a los prelados,
lo que venía a signifi car que un 2% de toda la riqueza de
España era administrada por 54 personas: 35 obispos de
Castilla y 19 de la Corona de Aragón (nota 8).
Los destinos que se daban a estas cantidades eran varios y
dispares. Aparte de la adquisición de nuevos inmuebles -tierras
(nota 9), una parte de los fondos se di rigía al sustento
físico del clero. El «esplendor del culto» se llevaba una importante
porción de las rentas; para mantener un culto público
de extraordinaria variedad y lujo, las instituciones religiosas
incurrían en fuertes gastos en cons trucciones (nota 10), ornamentos,
y sostenían miles de edifi cios artísticos.
Pero también ejercía la Iglesia una amplia función social. Las
obras de be nefi cencia completaban el capítulo de gastos.
Éstas se traducían en limosnas, y -lo que nos interesa más-
en la concesión de multitud de pensiones. Estas pen siones
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271

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
podían resultar muy gravosas. Hay que tener en cuenta que
no todas las sedes episcopales permitían vivir en la opulencia
a sus prelados. Los contrastes entre las rentas de los obispados
eran muy acentuados. Los más pobres se con centraban
en Galicia, Aragón y en la Cataluña rural. En cambio, en la
costa ca talana y Levante, los obispos disfrutaban de rentas
considerables, aunque nunca comparables a las de los más
ricos, los arzobispos de Toledo, Sevilla y Valencia (nota 11).
En Cataluña, los diezmos -que en Castilla constituían la parte
fundamental de los ingresos eclesiásticos- solían desviarse
para llenar las arcas de laicos. Tarragona, Barcelona y Lérida
tenían rentas sufi cientes, aunque nunca equiparables a las
de las primeras sedes castellanas. Tortosa obtenía una buena
por ción de sus ingresos en territorios del reino valenciano.
Y las demás diócesis catalanas disponían de rentas realmente
reducidas (nota 12).
A nivel general español, la Iglesia consolidó su posición a lo
largo del si glo. La continua subida de los precios agrarios a
partir de la mitad de la centu ria benefi ció a los propietarios de
tierras y a los que recibían pagos en especie. No obstante,
el crecimiento de los ingresos fue menos espectacular en las
dió cesis catalanas, excepto en el obispado de Barcelona,
que vio cómo se duplica ban sus rentas entre 1735 y 1768.
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272

3. El acceso real a las rentas eclesiásticas:
la carga de pensiones
Los agudos procesos infl acionistas de fi nales de siglo disminuyeron
el valor real de estos incrementos, pero al recibir la
Igle sia los pagos en especie, pudo mantener los ingresos sin
grandes difi cultades (nota 13).
El conocimiento de los ingentes recursos eclesiásticos se
tradujo en un de clarado interés de la corona por incrementar
su participación en ellos. El rey obtenía por derecho una parte
de las rentas y benefi cios eclesiásticos por me dio de una
serie de impuestos especiales, como la mesada y la media
annata, y recibía la renta de todos los benefi cios que quedaban
vacantes por muerte o traspaso de sus titulares (espolios
y vacantes) (nota 14). Otros impuestos reales sobre la Iglesia
(el escusado y el subsidio) aumentaban la Hacienda estatal,
así como también el derecho de la Corona a recibir dos novenas
partes del total recauda do por el pago de los diezmos.
Asimismo, el afán estatal por incrementar su participación en
las rentas de la Iglesia española explica las seculares disputas
con la Santa Sede en pos del Real Patronato Universal,
con el fi n de encauzar hacia el real tesoro las sumas enormes
que iban a desembocar a Roma.
Los monarcas españoles también tenían acceso a las rentas
de las mitras y abadías principales puesto que la Santa Sede
les había atribuido la potestad de cargar pensiones hasta por
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273

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
un tercio de su valor líquido. Esta fracción se reducía a un
cuarto en las que tenían menos disponibilidades (nota 15).
Sólo las más pobres -caso de Jaca en los territorios de la Corona
de Aragón- quedaban exentas de esta carga (nota 16).
Aunque habitualmente el tercio era respetado por el rey
(nota 17), en algunas oca siones, la cantidad cargada era
mayor. Ello se producía cuando las pensiones consignadas
por bulas apostólicas excedían la cantidad mencionada
(nota 18), por ha ber bajado las rentas del obispado.
En Cataluña, todas las mitras fueron cargadas con pensiones
de designa ción real. Lo mismo les ocurrió a algunos de
los monasterios de la Congrega ción Benedictina Claustral
Tarraconense Caesaraugustana. En la diócesis de Urgel,
al de Santa María de Gerri. En la de Barcelona, al de San
Cugat del Va llés. Y en la de Gerona, a los de San Pedro de
Camprodón, San Pedro de Besa lú, San Pedro de Galligans,
San Esteban de Bañolas, San Salvador de Breda y Santa
María de Ripoll.
El organismo competente en la concesión de pensiones era
la Cámara de Castilla, puesto que también era atribución
suya la presentación de prelados (nota 19). Normalmente, a
la muerte de un obispo, el cabildo eclesiástico o el vicario de
la diócesis notifi caba la vacante al rey. La Cámara solicitaba
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3. El acceso real a las rentas eclesiásticas:
la carga de pensiones
un detallado in forme sobre las rentas de la mitra para ver qué
pensiones estaban ya consigna das y qué pensiones podía
cargar el rey, dentro de los límites del tercio estipulado. La
valoración se efectuaba por quinquenios para tener un valor
me dio aproximado y eliminar las diferencias anuales, a veces
muy marcadas, pues siendo de ordinario los diezmos el factor
principal de recaudación, estaban fuertemente infl uidas
por la variabilidad característica de las cosechas (nota 20).
La guerra, con sus consecuencias, también podía sumarse
como factor distorsiona dor de estas valoraciones, a menudo
provocando una cierta infl ación de las rentas, meramente coyuntural
(nota 21).
Una vez revisado el informe por la Cámara, se notifi caba al
rey la cantidad disponible para nuevas pensiones, cantidad
que éste repartía entre los nuevos benefi ciados.
Después, el obispo electo debía dar su consentimiento a todas
las pensio nes cargadas en el tercio real, tanto a las viejas
como a las nuevas (nota 22). Ello era un requisito previo
inexcusable para la presentación regia.
Sólo entonces, se producía la presentación real ante el papa.
Se remitían a la Curia tanto la cédula de presentación del
nuevo prelado como la lista o «fee» de pensiones cargadas
sobre las rentas de esa mitra.
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
En el caso de quedar vacante alguna de las pensiones «viejas»
consentidas antes de que la Curia pasase la gracia del
obispado -antes de llegar las bulas de confi rmación del nombramiento-,
el rey podía volver a cargar la cantidad libre hasta
el límite marcado, de modo que la nueva o nuevas pensiones
se comen zarían a cobrar, al igual que las demás, desde la
fecha en que se pasase la gra cia de dicha mitra.
Los benefi ciados con pensiones reales también debían conseguir
las bulas pontifi cias de confi rmación para hacerlas
efectivas. Para ello disponían del plazo de un año, pasado el
cual, si no las habían conseguido, quedaban de nue vo a la
libre disposición del monarca (nota 23).
En la documentación, la mayoría de las cédulas sobre pensiones
repiten la siguiente fórmula: el rey escribe al representante
real en Roma para que supli que al Papa la expedición
de las bulas que confi rmen la concesión de la pen sión, cargada
en el momento de la presentación del obispo o del abad
correspondiente.
Los benefi ciarios de las pensiones tenían que cumplir una
serie de requisi tos (nota 24). Debían ser españoles, pues por
pragmática de 20 de noviembre de 1539 se prohibía que los
extranjeros gozaran de pensiones cargadas sobre los benefi -
cios «de estos reinos», y que los obtentores de benefi cios
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3. El acceso real a las rentas eclesiásticas:
la carga de pensiones
consintieran que és tas se cargaran sobre foráneos. También
quedaba terminantemente prohibido que los naturales recibieran
pensiones «para acudir con ellas á extrangeros», a
modo de testaferros. Tampoco podían recaer pensiones sobre
sujetos menores de 18 años o que no tuvieran una conocida
determinación de dedicarse al esta do eclesiástico.
Las pensiones estaban gravadas con una carga porcentual
por el subsidio y el escusado que pesaban sobre todas las
rentas de la Iglesia. Pero fue práctica común entre los prelados
el que hicieran más descuentos que éstos en el pago de
las pensiones. A ello respondió la publicación por Fernando
VI del real de creto de 7 de junio de 1746, en el que se fi jaban
las formas que debían seguir los obispos en el pago de éstas
(nota 25).
Tras la publicación del real decreto, el rey escribió cartas
al arzobispo de Tarragona y a los obispos de Barcelona,
Gerona, Lérida, Tortosa, Vic y Urgel, comunicándoles hallarse
informado del perjuicio que sufrían las «comunidades y particulares
pensionistas» del Real Patronato en la percepción
de sus respec tivas pensiones, por los descuentos que los
prelados catalanes les hacían por gastos de administración,
recolección de frutos, reducción de ellos a dinero, y benefi cio
y cobranza de las rentas de la mitra.
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Enterado de este abuso, que se había convertido en práctica
frecuente, y para evitar que siguiese produciéndose, el rey
resolvió prevenirles para que pa gasen a los pensionistas
íntegramente, en dinero efectivo, en la capital del ar zobispado,
sin más demora que 18 meses para la primera paga
y 6 meses para cada una de todas las siguientes, y sin otro
descuento que el porcentual corres pondiente al subsidio y el
escusado, pues los gastos de administración, recolec ción de
frutos, reducción de éstos a dinero, benefi cio y cobranza de
las rentas y todas las demás cargas que tenían las mitras, les
fueron descontadas y abona das al tiempo de su ingreso en
ellas.
Las cartas enviadas a los prelados catalanes acababan ahí,
pero el real de creto copiado en la Novísima Recopilación incluía
la forma de proceder en ca so de que algún obispo descontase
más que por el concepto de subsidio y escusado o
se retrasase en los pagos. La Cámara debería proceder contra
los frutos y rentas de esa mitra hasta que se «verifi que la
íntegra satisfacción de lo que legítimamente se le debiere».
Tras la fecha del real decreto abundan las cartas mandadas a
los obispos recién electos para que paguen íntegramente las
pensiones de designación real. En algunas ocasiones, el rey
ruega a los obispos que paguen íntegramente las pensiones
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3. El acceso real a las rentas eclesiásticas:
la carga de pensiones
reales amparándose en que, sumándolas, no llegan al tercio
del valor de la mitra (nota 26). En otras, a pesar de haber
cargado la totalidad del tercio que por derecho le corresponde,
el rey le «ruega» al obispo que pague íntegramente las
pensiones, sin descontarles siquiera el subsidio y escusado
(nota 27).
Si hubo tensiones entre el rey y los prelados, también existieron
entre la monarquía y la Santa Sede. El ejemplo más
claro lo hallamos en la real cédula de 21 de enero de 1762
(nota 28), en la que se le adjudican 93 ducados y 13 julios de
la Cámara Apostólica a José de Novales, tras haber fallecido
Pedro de Santa Ma ría, sobre los frutos y rentas de la mitra de
Tortosa, al tiempo que fue presenta do el obispo Luis García
Mañero. Este despacho es el que está copiado en el Libro
del Registro, pero en su lugar se remitió a Roma otro liso y
llano con fe cha en El Pardo de 4 de marzo de 1762 porque
«el agente del rey en esta corte dijo que así se expedían en la
Secretaría del Patronato de Castilla». La polé mica debió relacionarse
con la facultad real de poder cargar las pensiones
vita licias en cuanto vacaren.
Las pensiones podían ser personales, a favor de un particular
con carácter vitalicio; o institucionales, en benefi cio de una
institución, por lo general, un centro de estudios, un conven-
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
to, un hospital, u otra institución de carácter benéfi co o asistencial.
Éstas solían ser perpetuas, aunque algunas necesitaban
ser renovadas cada 14 años. Las que aparecen con mayor
frecuencia en la docu mentación son las que recaen sobre
el Hospital de la Corona de Aragón en Ma drid (nota 29),
y sobre la Universidad literaria de Cervera (nota 30). No
obstante, otras instituciones también se vieron benefi ciadas
por las pensiones de designación real: la Capilla del embajador
en La Haya, el Convento de religiosas arrepenti das de
Barcelona, el Colegio de la Compañía de Jesús de Lérida, el
Cabildo de la Catedral de esa misma población, el Convento
de religiosos dominicos de Vic, la Inquisición de Aragón, y la
capilla de Nuestra Señora de Covadonga.
Por otro lado, los individuos benefi ciados en las pensiones
eclesiásticas confi guran un amplio abanico sociológico.
Entre ellos encontramos, eclesiásti cos de diversa categoría
(nota 31), alto personal de la administración (nota 32), parientes
de obispos (nota 33), obispos auxiliares, los mismos
obispos (nota 34), militares...
La política de concesión de pensiones sigue directrices realmente
comple jas. J. A. Pujol refl exiona muy acertadamente
sobre estos aspectos: «La pre ponderancia de pensiones personales
nos permitiría hablar de una política de recompensas
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3. El acceso real a las rentas eclesiásticas:
la carga de pensiones
por los servicios prestados, en un momento en el que resulta
cru cial la creación de una red de fi delidades. No se trata, sin
embargo, de una actitud meramente coyuntural, a causa de
las consecuencias de la guerra (nota 35). Se inscribe dentro
de una idea y un modelo de monarquía, con un fuerte componente
dinástico-patrimonial, en la que el monarca podía actuar
sobre los bie nes del Estado como si se tratasen de los
suyos propios, en su condición de señor particular. Una idea
que entró en crisis en estos momentos y que, a lo largo del
siglo, fue derivando hacia una concepción estatalista de la
monar quía» (nota 36).
Por último, antes de entrar a valorar las cantidades que el rey
podía cargar a modo de pensiones, de los frutos y rentas de
las diferentes mitras y abadías del Real Patronato, hay que
realizar una última anotación. Si bien las rentas benefi ciales
se obtenían en especie y su cómputo se hacía en ducados de
oro de Castilla, las cantidades a pagar a modo de pensiones
solían ser tasadas en du cados de oro y julios, monedas ambas
de la Cámara Apostólica de la Curia Ro mana. En cuanto
a su equivalencia, 17 julios conformaban un ducado de oro,
que venía a suponer 1.42 ducados de oro castellanos; es
decir, mientras el du cado castellano equivalía a 11 reales de
vellón, el romano era cambiado por 15,62. También aparece
281

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
en las reales cédulas sobre pensiones otra moneda, propia
del Principado, la libra catalana, cuyo valor unitario se equiparaba
al del ducado castellano (1 libra catalana valía 10.38
reales de vellón).
En aras a la brevedad, obviaremos la relación de la totalidad
de las pensio nes que fueron cargadas por los monarcas del
Setecientos español en Cataluña, para realizar un análisis
sobre la riqueza de las diferentes mitras y abadías del Real
Patronato.
Tomando como referencia las cantidades cargadas por el
rey en pensiones, que venían a coincidir con la tercera parte
del valor líquido de las mitras, pode mos ordenar las mitras
catalanas de mayor a menor riqueza: Tarragona, Barce lona,
Tortosa, Gerona, Urgel, Lérida, Vic y Solsona.
ÍNDICE
Arzobispado de Tarragona
La sede metropolitana del Principado no gozaba de unos
ingresos adecua dos a su categoría. Aunque en Cataluña era
la mitra más rica (nota 37), comparada con las castellanas
resultaba de segundo orden.
Su territorio era pequeño -la mitad de su provincia actual-
pero lo sufi cientemente fértil como para producir abundantes
diezmos (nota 38).
282

ÍNDICE
3. El acceso real a las rentas eclesiásticas:
la carga de pensiones
Estos ingresos se completaban con los procedentes de Ibiza
y Formentera, con el producto de una canonjía unida a la
mitra, el del controvertido señorío de la ciudad de Tarragona
(nota 39), el de algunos censos, el arriendo del puerto de
Constantí, el tercio del arriendo de la curia de los vegueres, y
otros pequeños derechos.
Las cédulas de nombramiento de cuatro arzobispos nos informan
sobre el tercio del valor líquido de la mitra. Tras el
estancamiento propio de la postgue rra, las rentas de la mitra
van ascendiendo considerablemente para alcanzar ci mas
nunca igualadas en los años fi nales del siglo (nota 40).
23-4-1720. Miguel Juan Taberner y Rubí. 2680 ducados y 4
julios (1. 280, ff. 127v-128v).
26-10-1728. Pedro Copons y de Copons. 2452 ducados y 10
julios (1. 280, ff. 217-218v).
10-5-1763. Lorenzo Despuig. 3484 ducados (1. 282, ff. 108-
109).
24-11-1778. Joaquín Santiyán y Valdivieso. 5088 ducados y
4 julios (1. 282, ff. 272-272v).
283

ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Obispado de Barcelona.
Casi el 60 % de las rentas del obispado procedía, a partes
prácticamente iguales, del derecho de cuartera o cops que
pagaba el trigo forastero que se vendía en el mercado público
de la capital, y de los derechos y frutos que tenía en Mallorca.
El obispo, siempre que asistiera a los actos del culto, también
te nía derecho a percibir tres porciones en las distribuciones
del cabildo. Asimis mo, el arriendo de las escribanías le producía
cantidades importantes. Como ya quedó escrito, los
ingresos procedentes de los diezmos eran prácticamente
in signifi cantes, puesto que la mayor parte de ellos acababan
en poder del rey o de particulares. Por último, el prelado era
señor de los lugares de Ribes y Vila rrodona, de los que también
obtenía tributos (nota 41).
Los datos que aporta Domínguez Ortiz sobre el valor líquido
de la mitra a lo largo del siglo refl ejan que éste se mantuvo
en leve alza desde el fi n de la Guerra de Sucesión hasta la
entrada en la década de los '40. A fi nales de este decenio,
las rentas se incrementan de modo considerable, para registrar
otro li gero ascenso en la de los '60. En los años '70,
las cantidades de la década ante rior casi se duplican. No
existe una subida tan astronómica en ninguna otra diócesis
española. Tal incremento traduce el del derecho de cops, es
284

3. El acceso real a las rentas eclesiásticas:
la carga de pensiones
decir, el producto cada vez más alto de los granos entrados
en Barcelona para alimentar a una población en rápido crecimiento.
En menor grado contribuirían también los derechos y
tasas judiciales de las escribanías y el tribunal episcopal; quizá
también los que percibía en la isla de Mallorca (nota 42).
Los datos que podemos extraer sobre el tercio del valor líquido
de la mitra a partir de las cédulas de nombramiento
de ocho obispos (nota 43) muestran con toda claridad la
«astronómica subida» de las rentas en la década de los '70.
En cambio, la lenta pero continua alza a lo largo del siglo no
se observa, quizá porque la cantidad cargada por el rey (que
es la que aparece en las cédulas de nombramiento) no sea
exactamente el tercio del valor líquido, sino una canti dad menor,
«que no excede de la tercera parte».
4-2-1716. Diego de Astorga y Céspedes. 1168 ducados y 7
julios (1. 280, ff. 16-16v).
22-9-1720. Andrés de Orbe y Larreategui. 1277 ducados y
13 julios (1. 280, ff. 135v-137).
22-4-1731. Gaspar de Molina. 1168 ducados y 7 julios (1.
280, ff. 223-224).
20-5-1734. Felipe Aguado Requejo. 1147 ducados y 9 julios
(1. 280, ff. 245-246v).
ÍNDICE
285

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
20-6-1738. Francisco del Castillo y Vintimilla. 1294 ducados
y 3 julios (1. 280, ff. 271v-272).
1-2-1748. Francisco Díaz Santos Bullón. 1172 ducados y
10 julios y medio (1. 281, ff. 115v-116v).
3-6-1766. José Climent. 1800 ducados y 10 julios y medio
(1. 282, ff. 124 125).
18-7-1775. Gabino de Valladares y Mesía. 3099 ducados y
8 julios y medio (1. 282, ff. 217v-218v).
ÍNDICE
Obispado de Tortosa.
La diócesis tortosina era, sin duda, la más extensa de
Cataluña, pues com prendía la mitad de la provincia de
Tarragona y casi toda la de Castellón.
Sus ingresos procedían de orígenes y lugares sumamente
diversos, y mu chos de los derechos sobre los que se asentaban
tenían un claro origen feudal. Además de los diezmos de
gran cantidad de poblaciones -que muy frecuentemente se
fi jaban en una cantidad determinada para evitar los excesivos
gastos de recaudación-, el arriendo de la escribanía eclesiástica
de Tortosa suponía a la mitra 500 libras, a las que
se añadían 18 panes canonicales diarios y las dis tribuciones
286

3. El acceso real a las rentas eclesiásticas:
la carga de pensiones
correspondientes a tres canónigos, que el cabildo entregaba
al pre lado si cumplía la condición de la residencia (nota 44).
En cuanto a la evolución de sus rentas, tres cédulas de
nombramiento nos permiten completar la valoración de
Domínguez Ortiz:
26-3-1718. Bartolomé Camacho. 1281 ducados y 6 julios
(1. 280, ff. 98v 99v).
24-8-1779. Pedro Cortés y Larranz. 3910 ducados y 9 julios
y medio (1. 282, ff. 279-279v).
29-3-1786. Victoriano López Gonzalo. 4123 ducados (1.
283, ff. 40-41).
Si nos basamos en el estudio del autor supraescrito, predominan
los incre mentos en las rentas a lo largo del período
estudiado, siendo éstos de mayor in tensidad en la década de
los '70. Por los datos de las cédulas de nombramiento de los
prelados, vemos que el incremento prosigue en la década de
los '80.
ÍNDICE
Obispado de Gerona.
El origen de las rentas de esta mitra radicaba en la tributación
de los luga res de su jurisdicción (Báscara, Ulla, La Bisbal,
San Sadurní, Palamós, Corça, Ayguaviva, Paulana, Ruyna,
287

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
y la Pera) -casi la mitad-; también en los derechos «de Corts
y scrivanies», y en los censos, o los actos religiosos celebrados
en la Catedral, entre otros ingresos de menor cuantía.
Las rentas episcopales, según el estudio de Domínguez Ortiz,
disminuye ron la década siguiente a la Guerra de Sucesión.
En los '30 se produjo una re cuperación, que se confi rmó con
un alza constante en los '40. En los '50 se dio una ligera baja,
manteniéndose después una cantidad estable en los '60. Al
igual que en la diócesis de Barcelona, los años '70 son muy
provechosos para la mitra, pues se alcanza el tope de rentas
de los 60 años abarcados en el pre sente estudio (nota 45).
Los datos que nos ofrecen las cédulas de nombramiento sobre
las cantida des cargadas por el rey para pensiones confi
rman el descenso de las rentas de la década de los '20, y el
alza de la de los '40.
23-4-1720. José Taberner. 900 ducados y 8 julios (1. 280,
ff. 128v) 129v..
22-7-1726. Pedro Copons y de Copons. 898 ducados (1.
280, ff. 187-188).
22-12-1744. Lorenzo de Taranco. 1120 ducados y 15 julios y
medio (1. 280, ff. 364-365v).
ÍNDICE
288

ÍNDICE
3. El acceso real a las rentas eclesiásticas:
la carga de pensiones
Obispado de Urgel.
El derecho a nombrar escribano en los lugares de su señorío
ofrecía al pre lado urgelitano una parte considerable
de las rentas de la mitra. Además de es tos ingresos, percibía
otros en razón de una larga serie de quistias, hornos y
censos. Asimismo, los valles de Andorra tributaban en años
alternativos al obispo de Urgel y al rey de Francia. En conjunto,
aunque su territorio era ex tenso, el obispado era pobre
(nota 46).
La tendencia al alza es la constante en las rentas de esta
mitra desde la dé cada de los '10 hasta la del '40, inclusive.
En los '50 los aumentos son más marcados. El ritmo de crecimento
se mantiene, si no se acentúa hasta llegar al límite
temporal marcado para la investigación.
Conocemos los tercios reales gracias a las cédulas de nombramiento
de tres obispos (Jorge Curado, Sebastián de
Vitoria y Juan García Montenegro) y a una real cédula de
concesión de pensiones.
27-2-1738. Jorge Curado. 962 ducados y 10 julios (1. 280,
ff. 265v).
19-3-1747. Sebastián de Vitoria. 882 ducados y 9 julios y
medio (1. 281, ff. 92-94).
289

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
23-10-1747. 26.246 reales de vellón de Cataluña (1. 281, ff.
111-113).
13-7-1780. Juan García Montenegro. 953 ducados y 1.75
julios (1. 282, ff. 289-289v).
ÍNDICE
Obispado de Lérida.
Los diezmos del norte de la actual provincia de Lérida pertenecían
al de Urgel. En cambio, sí correspondían a la mitra
ilerdense los de Monzón y otras poblaciones limítrofes de
Aragón.
Sus rentas sufren los efectos de la guerra. La recuperación
postbélica se manifi esta en el ascenso de los valores en la
década de los '30. Un incremento muy leve marca el transcurso
de los siguientes decenios. En los años 50 se dan notas
de gran irregularidad interanual. El incremento se mantiene
en los '60 y en los '70, pero los valores muestran mucha mayor
estabilidad (nota 47).
La única información sobre la cantidad a cargar por el rey a
modo de pen siones aparece en la real cédula del 12 de septiembre
de 1727, en la que se conceden pensiones al Colegio
de la Compañía de Jesús en Lérida y a la Universidad literaria
de Cervera. Esta cantidad asciende a 497 ducados y 8 julios
(14.800 reales de ardites), (1. 280, ff. 200v-202v).
290

ÍNDICE
3. El acceso real a las rentas eclesiásticas:
la carga de pensiones
Obispado de Vic.
El obispado de Vic se hallaba en el norte de la actual provincia
de Barcelo na, completándolo pequeñas porciones de las
provincias limítrofes. Su valor era muy reducido. Pese a ello,
la corona no lo agració con una reducción en la carga de las
pensiones, y se vio sometido a descuentos de hasta un tercio
de sus ingresos líquidos.
No hay datos acerca de la evolución de sus rentas durante
las décadas de los '20 y los '30. No obstante, se debe suponer
que éstas gozaron de un buen incremento si miramos los
tercios cargados por el rey. Otro vacío hallamos en la documentación
hasta la década de los '70, en la que se aprecia
que la mitra, no sólo no había aumentado su valor sino que ni
siquiera se vio afectada por el efecto del encarecimiento de
los frutos (nota 48).
Disponemos de información sobre tercios reales gracias a
dos cédulas de nombramiento del obispo y a un despacho
de pensiones para la Universidad de Cervera, el Hospital de
Aragón en Madrid, el convento de dominicos de Vic, y Tomás
Elgueta.
20-7-1720. Raimundo de Marimón. 362 ducados y 14 julios
(1. 280, ff. 157v-159).
291

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
17-5-1744. Manuel Muñoz. 577 ducados y 6 julios (1. 280,
ff. 345).
23-11-1752. 1.060 libras catalanas (1. 281, ff. 294v-296).
ÍNDICE
Obispado de Solsona.
Este obispado, erigido en 1594, era el más pobre de Cataluña
y uno de los más pobres de toda España, pese a que se le
añadiera la abadía de Santa María de Gerri para acrecentar
sus rentas. Esto se debía, como señala A. Domínguez Ortiz,
«no sólo a que su territorio era pequeño y en gran parte
montañoso, si no también a que los diezmos estaban en gran
parte en poder de señores tem porales, entre ellos el duque
de Cardona» (nota 49).
Conforme a la tendencia general de las mitras catalanas,
tras la Guerra de Sucesión, sus rentas disminuyeron, para
después estancarse. No hubo una cier ta recuperación hasta
el inicio de la década de los '40. En adelante, se produjo un
crecimiento sostenido, para doblarse las cantidades de los
'40 en los años '70.
Las cifras obtenidas a partir de las cédulas de nombramiento
de los obispos adelantan la recuperación a la segunda mitad
de la década de los '30, y confi r man el crecimiento de los
'40.
292

3. El acceso real a las rentas eclesiásticas:
la carga de pensiones
2-4-1717. Pedro Magaña. 5.000 reales de ardites (171
ducados y 2 julios) (1. 280, ff. 43v-44v).
18-12-1737. José Esteban de Noriega. 10.000 reales de
vellón de Cataluña (336 ducados y 2 julios), (1.
280, ff. 266-267).
20-11-1739. Francisco Zarceño. 10.000 reales de vellón de
moneda de Cata luña (336 ducados de oro de
Cámara y 2 julios), (1. 280, ff. 283 283v).
4-8-1746. José de Mezquia. 500 ducados de oro de
Cámara y 4 julios (1. 281, ff. 78-80).
Por otra parte, cerraremos el capítulo indicando que el rey
no sólo cargaba pensiones sobre los frutos y rentas de las
mitras, también lo podía hacer sobre las abadías de su Real
Patronato. En nuestro caso, las Benedictinas Claustrales de
la Provincia Tarraconense Caesaraugustana.
Como ya se indicó, entre estas pensiones predominaban las
individuales y vitalicias, benefi ciando a clérigos de diferentes
diócesis. El único caso de pen sión institucional recayó sobre
el Hospital de la Corona de Aragón en Madrid, siendo cargada
sobre los frutos y rentas de la abadía del monasterio de
Santa María de Ripoll.
ÍNDICE
293

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Las cédulas de nombramiento de sus abades nos permiten
conocer la rique za de las abadías cargadas con pensiones
reales. Si las ordenamos siguiendo un criterio descendente
de recursos, obtendremos la siguiente lista: San Cugat
del Vallés, San Pedro de Besalú, Santa María de Gerri,
Santa María de Ripoll, San Salvador de Breda, San Pedro
de Galligans, San Pedro de Camprodón, y San Esteban de
Bañolas.
ÍNDICE
Monasterio de San Cugat del Vallés.
Tres cédulas de nombramiento de abades nos dan una idea
sobre la canti dad que podía cargar el rey, dentro de la tercera
parte del valor líquido de la abadía. Observamos la baja del
período postbélico, y también el crecimiento posterior de las
rentas, que se es manifi esto en la década de los '40, y cuya
enorme progresión queda patente a fi nales de la década de
los '80.
23-4-1717. Jaime Oliver. 112 ducados y 16 julios (1. 280, ff.
45-46).
12-10-1727. José de Lupia. 3.300 reales de vellón de
Cataluña (110 ducados y 15 julios), (1. 280, ff.
204v-205v).
294

3. El acceso real a las rentas eclesiásticas:
la carga de pensiones
2-3-1747. Buenaventura Gayola. 278 ducados y 8 julios
(1. 281, ff. 88v-90).
8-11-1788. José Gregorio de Montero y Alós. 575 ducados
y 1.6 julios (1. 283, ff. 84v-85v).
ÍNDICE
Monasterio de San Pedro de Besalú.
31-8-1735. Antonio de Ameller. 243 ducados y 11 julios (1.
280, ff. 250v 252).
26-11-1748. Bernardo de Urtusaustegui. 243 ducados y 12
julios (1. 281, ff. 140v-141 v).
17-10-1782. José de Areny y Castella. 234 ducados y 6,375
julios (1. 282, ff. 315v-316v)
Monasterio de Santa María de Gerri.
4-12-1740. Francisco Miranda y Testa. 218 ducados y 8
julios (1. 280, ff. 291v-293).
Monasterio de Santa María de Ripoll.
11-11-1734. Fernando de Zúñiga. 5650 reales de vellón de
Cataluña (189 du cados y 15 julios), (1. 280, ff.
242v-243v).
295

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
14-2-1743. Francisco Copons y de Copons. 189 ducados y
2 julios (1. 280, ff. 324-325).
ÍNDICE
Monasterio de San Salvador de Breda.
10-6-1716. Félix Taberner. 112 ducados y 16 julios (1. 280,
ff. 22v).
17-11-1739. José Gayola. 3.300 reales de vellón de
Cataluña (110 ducados y 15 julios), (1. 280, ff.
282-282v).
4-4-1748. Francisco de Montaner y de Ramón. 135 ducados
y 7 julios y medio (1. 281, ff. 121-122).
Monasterio de San Pedro de Galligans.
12-2-1749. Antonio Grimau y Grimau. 75 ducados y 10 julios
y medio (1. 281, ff. 146v-147v).
Monasterio de San Pedro de Camprodón.
23-4-1717. Francisco Copons y de Copons. 68 ducados y 8
julios (1. 280, ff. 49-50).
19-2-1743. Pedro Trelles. 67 ducados y 3 julios (1. 280, ff.
325-326).
296

ÍNDICE
3. El acceso real a las rentas eclesiásticas:
la carga de pensiones
Monasterio de San Esteban de Bañolas.
15-7-1745. Raimundo Padró. 50 ducados y 6 julios y medio
(1. 281, ff. 26v 27).
297

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
1. En A. M. Bernal y A. L. López Martínez: «Las rentas de la Iglesia
española en el Antiguo Régimen», en J. Pradells y E. La Parra (dit.):
Iglesia, sociedad y Estado en España, Francia e Italia (ss. XVIII al XX),
Alicante, 1991, p. 15.
2. W. Callahan: Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1814,
Madrid, 1988, p.45.
3. J. Sarrailh: La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII,
Madrid, 1974, p. 628.
4. A. Domínguez Ortiz: «Las rentas episcopales de la Corona de Aragón
en el si glo XVIII», en J. Nadal y G. Tortella (edit.): Agricultura, comercio
colonial y creci miento económico en la España Contemporánea,
Esplugues de Llobregat (Barcelona), 1974, p. 13.
5. J. Sarrailh, op. cit., p. 634.
6. W. Callahan, op. cit., p. 45.
7. Por ejemplo, en su estudio La economía al fi nal del Antiguo
Régimen, Madrid, 1982, p. 203.
8. A. Domínguez Ortiz, «Las rentas episcopales...», p. 13.
9. Antonio Domínguez Ortiz, «Aspectos sociales de la vida eclesiástica»,
en R. García-Villoslada (dir.): Historia de la Iglesia en España, t.
IV, Madrid, 1979, p. 71.
10. «El siglo XVIII asistió a una orgía constructora», en W. Callaban,
op. cit., p.53.
11. Ibidem, p. 50.
ÍNDICE
298

ÍNDICE
3. El acceso real a las rentas eclesiásticas:
la carga de pensiones
12. A. Domínguez Ortiz, op. cit., p. 14.
13. W. Callahan, op. cit., p. 52.
14. Sólo a partir del Concordato de 1753. Antes, éste fue uno de los
puntos que en grosó el ya de por sí cargado acervo de reclamaciones
que demandaba la monarquía es pañola a la Santa Sede.
15. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 294v-296.
En otras oca siones, atendiendo a la cortedad de los recursos de las
mitras, el rey no cargaba todo su tercio correspondiente. Es el caso
del Obispado de Vic. Por real cédula de 23 de no viembre de 1752
cargó la «moderada cantidad» de 1006 libras catalanas, repartidas
del modo siguiente: 666 para la Universidad de Cervera, 100 para el
Hospital de la Corona de Aragón en Madrid, 120 para el convento de
dominicos de Vic, y otras 120 para To más de Elgueta. Cuando podía
dotar sus pensiones con 54 más, hasta llegar al tercio (1.060 libras).
16. A. Domínguez Ortiz, op. cit., p. 13.
17. En algunas cédulas de nombramiento de obispos aparece la cantidad
reservada para pensiones de designación real, y tras ella la frase
«que no excede del tercio de su valor líquido».
A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff 111-113. En
algunas ocasiones, los benefi ciados no cobraban todo el montante
señalado en su pensión por no caber en el tercio del valor líquido
reservado para el rey. Es el caso de la pensión de 16.000 reales de
vellón señalada por bulas pontifi cias sobre los frutos y rentas de la
misma mitra en favor de la Universidad de Cervera el 23 de octubre
de 1747. Al no ca ber en el tercio más que 11.958 reales de vellón, ésta
299

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
cantidad fue la cobrada por la Universidad, hasta que vacara alguna
de las pensiones vitalicias señaladas sobre los fru tos y rentas de la
mencionada mitra.
A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 90v-92. En
otras, la cantidad que no cabía en la tercera parte era también entregada
al benefi ciado por me dio de la concesión de otra pensión sobre
los frutos y rentas de otra mitra o abadía. Esta situación benefi ció al
ex-obispo de Urgel, Jorge Curado. Con la renuncia, el 2 de sep tiembre
de 1745, se reservó para su manutención 15.000 reales de vellón. Al
no caber dicha cantidad en la tercera parte del valor líquido de la mitra
(porque lo demás estaba impuesto con bulas pontifi cias a favor de
otras personas y comunidades) se cargaron 8.911 sobre los frutos y
rentas de la Abadía de San Cugat del Vallés, quedando sobre la mitra
urgelitana únicamente 6.089.
18. Novísima Recopilación, libro I, título XXIII, ley X. «Don Fernando
VI por Re al orden de 13 de Mayo de 1750. Consentimiento de los
nombrados en mitras, al tiem po de su aceptación, para las pensiones
impuestas en ellas.
He resuelto, que en adelante, al tiempo que los nombrados en Mitras
avisen de su aceptación, se les pida el consentimiento para la pensión
que cupiere en la tercera parte de sus valores, y también para
la cantidad que excediere de ella y estuviere con fi rmada por bulas
Apostólicas, aunque, por lo que puedan haber baxado los valores, no
tenga cabimiento el exceso en la referida tercia parte: y esta providencia
quedará anotada por punto general en la Secretaría del Real
Patronato».
ÍNDICE
300

3. El acceso real a las rentas eclesiásticas:
la carga de pensiones
19. La presentación de los obispos, y también la de los abades
de los monasterios del Real Patronato. En nuestro caso, los de la
Congregación Benedictina Claustral en Cataluña.
20. A. Domínguez Ortiz, op. cit., pp. 14-15.
21. J. A. Pujol: La Corona de Aragón en la Cámara de Castilla (1709-
1721), p.575.
22. En ocasiones, el rey mandaba una real cédula al obispo electo
para que prepara ra la minuta o borrador del instrumento de consentimiento
de las pensiones ya consig nadas con anterioridad sobre las
rentas de la mitra.
23. El ejemplo más claro es el caso de la concesión de una pensión
de 103 ducados y 2 julios -moneda de la Cámara Apostólica- sobre
los frutos y rentas del Arzobispado de Tarragona a Pío Gómez de
Castro, según decreto del 25 de junio de 1784, para que tuviera goce
de ella desde el 1 de enero del año anterior. Pero Gómez no practicó
dili gencia alguna para impetrar a Su Santidad la bula correspondiente,
por lo que por otro decreto del 7 de septiembre de 1787, el rey reasignó
dicha pensión a Fermín San Juan, para lo que envió una carta a
José Nicolás de Azara con fecha del 5 de diciembre de 1787, para que
mediara por él ante el papa. A.H.N. «Registros del Real Patronato».
Li bro 282, f. 342; libro 283, ff. 74-74v.
24. Novísima Recopilación, libro I, título XXIII, leyes I, II y VI.
25. Este real decreto aparece en la Novísima Recopilación, libro I,
título XXIII, ley VIII, así como en la documentación manejada, en real
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
cédula de 2 de julio de 1746. A. H. N. «Registros del Real Patronato»,
libro 281, ff. 77-78.
26. Pongamos como ejemplo la real cédula de 18 de diciembre
de 1746 remitida al obispo de Solsona con motivo de cargarle tres
pensiones: una para las cuatro dignidades del Real Patronato de la
Catedral de Solsona, otra para el Hospital de la Corona de Ara gón en
Madrid, y la tercera para la Universidad literaria de Cervera. A. H. N.
«Regis tros del Real Patronato», libro 281, ff. 84v-87.
27. Real cédula de 11 de julio de 1748. Con motivo del nombramiento
del camaris ta Francisco Díaz Santos Bullón para la mitra barcelonense,
el rey le abona todas las cargas, incluido todo lo que corresponde
al subsidio y excusado, para sacar la tercera parte del líquido valor
de la mitra y repartirlo a su agrado a modo de pensiones. A. H. N.
«Registros del Real Patronato», libro 281, ff. 131v-134.
28. A. H. N. «Registros del Real Patronato», libro 282, ff. 91v-93.
29. Todas las mitras catalanas tienes pensiones señaladas en favor
del Hospital, sal vo la ilerdense. Todas las pensiones concedidas sobre
los frutos y rentas de las abadías son individuales y vitalicias, salvo
las cargadas en el Monasterio de Santa María de Ri poll en benefi cio
del citado Hospital.
30. Era perpetua, y no precisaba la renovación cada 14 años. En las
mitras de Ta rragona, Barcelona, Gerona, Lérida, Solsona, Urgel y Vic
hallamos pensiones cargadas en su favor. Por tanto, era Tortosa la
única que no acudía a la Universidad con sus fru tos y rentas.
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302

3. El acceso real a las rentas eclesiásticas:
la carga de pensiones
31. En la mayoría de las ocasiones se trata de clérigos de prima
tonsura o de presbí teros de otras diócesis. Hay pensiones para
religiosas, como las del Monasterio francis cano de Jerusalén en
Barcelona (María Fontana, Eleonor Janed, Magdalena Castella y
Antonia Martínez Araujo). O abades, como el de Cardona, que gozó
una pensión situa da sobre los frutos y rentas de la mitra de Vic. O
el capellán de honor, Juan de Bravo, sobre los de la abadía de San
Pedro de Besalú.
32. El embajador en La Haya.
33. El caso más claro fue el del obispado de Lérida cuando era ocupado
por Fran cisco de Olaso Hipenza, quien consiguió que el rey cargara
pensiones para tres sobrinos suyos: Blas Fernández Olaso -54
ducados y 10 julios en 1722-, Emeterio Hernández - 100 ducados en
1726-, y Próspero Ximénez de Olaso -75 ducados y 5 julios en 1731-.
«Registros del Real Patronato», libro 280, ff. 186-187, ff. 221v-222v.
34. Como Bernardo Velarde, obispo de Tortosa, a quien, por resolución
a consulta del 22 de abril de 1765, el rey otorgó los 1.170 reales de
vellón que quedaban en su real distribución hasta completar la tercera
parte que le correspondía. A. H. N. «Registros del Real Patronato»,
libro 282, f. 122v.
35. De este tipo es la pensión de 190 ducados concedida el 3 de
noviembre de 1747 a Antonio Copons y de Copons -miembro de una
ilustre familia-, sobre los frutos y rentas del arzobispado de Tarragona
-que en esos momentos ocupaba su hermano, Pe dro Copons y de
Copons-, en atención a su fi delidad a la causa borbónica en la Guerra
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303

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
de Sucesión. A. H. N. «Registros del Real Patronato», libro 281, ff.
113v.
36. J. A. Pujol, op. cit., p. 606.
37. Si nos guiamos por los tercios cargados por el rey para pensiones.
Pese a que Domínguez Ortiz escriba en «Las rentas episcopales...»,
p. 36, que «apenas sobrepasa ba a alguna de sus sufragáneas».
Habiendo estudiado las cifras que ofrece en el men cionado estudio,
las rentas de Tarragona superan a las de las demás diócesis, incluida
la de Barcelona.
38. De sus tierras se obtenían productos variados: trigo, cebada, avellanas,
vino tin to y aceite. Ibidem, p. 37.
39. Aunque ya en 1696 el arzobispo manifestaba que sólo producía
gastos. Ibidem, p.37.
40. Domínguez Ortiz lo considera un efecto del encarecimiento de la
vida. En op. cit., pp. 36-39. Por otra parte, en la siguiente relación de
cédulas de nombramiento, las fuentes aparecen entre paréntesis.
41. A. Domínguez Ortiz, op. cit., p. 19.
42. Ibidem, p. 20.
43. No aparece esta información en las reales cédulas de nombramiento
de los obis pos Manuel López de Aguirre y Asencio Sales. La
de Bernardo Jiménez de Cascante no aparece en la documentación.
44. A. Domínguez Ortiz, op. cit., pp. 39-40.
45. Ibidem, pp. 21-22.
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304

3. El acceso real a las rentas eclesiásticas:
la carga de pensiones
46. Ibidem, pp. 32-33.
47. Ibidem, pp. 24-25.
48. Ibidem, pp. 41-42.
49. Ibidem, p. 34.
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305

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
4. EL REY: PATRÓN DE LA IGLESIA NACIONAL
4.1. INTRODUCCIÓN
Las contrapartidas a los privilegios y benefi cios que
el monarca obtenía de su condición de patrón de las
iglesias nacionales eran, entre otras, su obliga ción de
atender las necesidades de los templos y edifi cios religiosos;
socorrer a las comunidades afectadas por escaseces u otras
calamidades; cuidar del boato y la dignidad del culto; atender
a la celebración de las fi estas religiosas; confi r mar y prorrogar
los privilegios de las instituciones eclesiásticas; defender las
iglesias nacionales ante las intromisiones de otras potencias
(Francia, Santa Sede); atender al correcto funcionamiento
de la Iglesia; promover el bien co mún de las comunidades
eclesiásticas; velar por el mantenimiento de la obser vancia
de los preceptos católicos más ortodoxos; proteger las manifestaciones
de la cultura eclesiástica e incrementar el nivel
intelectual de la clerecía; racio nalizar la administración ecle-
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306

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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
siástica por medio de planes de unión, reducción y supresión
de benefi cios; y un largo etcétera.
4.2. DEFENSA DE PARTICULARES Y COMUNIDADES
ECLESIÁSTICAS CONTRA DETERMINADOS
ABUSOS
Como ya señalamos en el capítulo de las provisiones de benefi
cios regula res, el 16 de junio de 1757, el monje aragonés
Benito Jaime de Romeo y Cere zo fue nombrado despensero
mayor de Santa María de Ripoll. Y tras la nominación, el rey
escribió al abad de Ripoll, José de Oriol y Ford, para que
cuando se presentara Romeo ante él, en el plazo de dos meses,
le diera cola ción y posesión del ofi cio.
Cuando Romeo se presentó ante el abad, éste le pidió que
presentase justi fi cación de ser noble o caballero. Y Romeo le
mostró el privilegio de caballero hijodalgo de sangre y solar
conocido. No quedó satisfecho el abad por no expresarse en
la partida de depositarios de Romeo que contrajo matrimonio
como infanzón, y porque en la de bautismo no se hallaba el
nombre de Benito, sino únicamente el de Jaime. Romeo se
excusó diciendo que no era práctica de Ara gón incluir en la
partida de depositarios el matrimonio, y que el nombre de Be-
307

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
nito le fue puesto al tiempo de vestírsele el escapulario. Pero
aun así, Oriol no le dio posesión del ofi cio.
Por ello, acudió Romeo al monarca suplicándole que le expidiera
un nuevo despacho al abad para que le pusiese en
posesión del ofi cio. Y habiéndose visto su pedimento en la
Cámara, con lo expuesto por el fi scal, y quedando justifi cada
la cualidad de nobleza del prebendado, por decreto de 5 de
diciembre de 1757, el rey ordenó expedir una real cédula fechada
ocho días después y dirigi da al citado abad para que
sin dilación hiciera efectivo el nombramiento de Romeo como
despensero mayor del monasterio (nota 1).
El segundo caso de intervención real coartando abusos hace
referencia al priorato de San Ginés (nota 2). Éste fue unido
perpetuamente al monasterio cistercien se de Nuestra Señora
de Labaix en 1246 por Inocencio IV. Dicha unión fue aprobada
y confi rmada por Urbano VIII en 1635. No obstante, el
priorato co menzó a ser concedido en encomienda a clérigos
seculares.
En 1644, el prior comendatario, Mateo González, entabló
pleito en la Cu ria romana contra el abad de Labaix sobre la
exención del priorato. El tribunal pontifi cio dictaminó en favor
del monasterio, sentenciando que se le mantuvie ra en la
«quieta y pacífi ca» posesión de visitar el priorato.
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308

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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
Con motivo de la donación hecha por Lergardo Gureta y sus
hijos de la he redad llamada de Salas, se cargó al priorato
con la celebración de una misa diaria en su nombre. El abad,
en el ejercicio de sus visitas pastorales, advirtió que, por la
desidia de los priores encomendadores, la iglesia se estaba
arrui nando, que no se cumplía con la misa pertinente ni con
los demás ofi cios divi nos, y que, además, invertían las rentas
y frutos de la donación en sus propios usos y negocios. Por
ello acudió a Benedicto XIV. Éste, por bula de 1744, reu nió
dicho priorato al monasterio según lo había estado antiguamente,
para que en lo sucesivo no se diera en encomienda a
clérigos seculares, y se cumplieran las cargas piadosas a él
anexas. El papa marcó el procedimiento a seguir orde nando
que, tras vacar el priorato por muerte o dimisión de Pedro
Trangues, no se volviera a dar en encomienda a clérigo secular,
concediendo facultad al abad para encomendarlo al
religioso del monasterio que creyere idóneo. De ese modo
procedió el abad, puesto que habiendo fallecido Trangues,
nombró prior a Santiago Batalla, siendo éste confi rmado por
el papa mediante breve expedi do en 1751.
Pasadas dos décadas, el 30 de junio de 1772, el abad del
monasterio de La baix se dirigió a Carlos III suplicándole la
expedición de una real cédula para que, en atención a la rec-
309

ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
titud del prior a la hora de cumplir con las cargas anexas al
priorato, el monasterio conservara en lo sucesivo la posesión
de tal pie za, sin permitir que se perturbara dicha posesión
con la pretensión de una nueva encomienda, confi rmando el
citado indulto, bula y reunión de Benedicto XIV.
Visto el pedimento en la Cámara, con el acuerdo que dio el
obispo de Léri da -Joaquín Antonio Sánchez Ferragudo- el 19
de noviembre para la segura resolución de este expediente,
y con lo expuesto por el fi scal, por decreto de 12 de junio
del año siguiente, el rey confi rmó la reunión en benefi cio del
monas terio, encargando a las autoridades del Principado,
tanto seculares como ecle siásticas, que dieran su auxilio
para el puntual cumplimiento de lo precisado en el escrito
papal.
En este documento, Carlos III nos muestra una verdadera
declaración de principios relativos a su regalía de patronato
de la Iglesia española, pues afi r ma que le corresponden
«la protección de los Sagrados Cánones y Establecimientos
eclesiásticos y su debido y exacta observancia, y el cortar los
abusos que se produzcan contra ellos, conservando a mis
vasallos en la quieta y pací fi ca posesión de sus privilegios y
exenciones».
310

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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
4.3. CONSECUENCIAS DE LA GUERRA DE SUCESIÓN
SOBRE EL REAL PATRONATO
Los monarcas españoles consideraban la regalía del patronato
como un de recho útil pues les permitía acceder a una
suculenta porción de las copiosas rentas eclesiásticas y
utilizarla como más les conviniese. Esta actitud real la hallamos
nítidamente manifi esta tras la Guerra de Sucesión en el
Principado.
Finalizada la contienda, Felipe V procedió a la expulsión de
sus piezas eclesiásticas de las autoridades de clara fi liación
austracista (nota 3). Estas medidas signifi caron que sedes
episcopales como las de Tarragona, Barcelona, Solsona o
Vic, y abadías como Montserrat o Santes Creus quedaran
vacantes (nota 4). Intentó cubrirlas con clérigos catalanes
procedentes del sector que le había sido fi el, pero al no
hallar personajes afectos dignos o sufi cientes, echó mano
de ecle siásticos de origen castellano, rompiendo así con la
tradición que él mismo ha bía jurado respetar en las cortes de
1701, de proveer las mitras y demás cargos eclesiásticos del
Principado únicamente con regnícolas.
En 1717, en el Concilio provincial celebrado en Tarragona
se proclamaba sin ambajes que «...todos han de dar por
buena la soberanía de Felipe V, bajo pena de excomunión
311

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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
ipso facto incurrenda, excomunión que afecta también a los
eclesiásticos que no persuadan a los fi eles y no los orienten
en este mismo sentido» (nota 5). Además, las autoridades
reales del Principado recomendaron que, en adelante, todos
los que hubieran de ocupar cargos eclesiásticos poseyeran
cer tifi cado borbónico.
Por otra parte, la administración de las sedes episcopales vacantes
fue ob jeto de polémica secular entre la Monarquía y la
Santa Sede. Mientras en el resto de países católicos, los despojos
o espolios (nota 6) eran administrados por los cabildos,
en España era el nuncio, por mediación de los subcolectores
de la Cá mara Apostólica, quien se encargaba de la administración
de los frutos y rentas de los obispados vacantes,
emolumentos y temporalidades, comprendiendo también las
jurisdicciones temporales y baronales de las mitras.
Con motivo de la ruptura de relaciones con Roma y de la expulsión
del nuncio apostólico de la corte (nota 7), mediante
las reales cartas de 19 de junio y 10 de julio de 1709 Felipe V
ordenó que las rentas de los obispados vacantes, que hasta
el momento había venido cobrando la Cámara Apostólica, las
administra ra una persona secular de su elección y una eclesiástica
designada por el pro pio cabildo, siendo depositadas
312

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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
en las arcas de los cabildos para que las percibiese el obispo
electo.
Poco más tarde, en virtud de los reales decretos de 7 de
septiembre de 1710 y 24 de abril de 1711 se estipuló, tras
dictamen de teólogos y juristas, que el Director General de
Víveres de los Ejércitos, Alonso Pérez Dóniz, se valiera «de
los granos, maravedíes y demás frutos de los obispados vacantes
y que va casen» para afrontar los gastos de la guerra,
con la obligación de reintegrarlos a quien legítimamente pertenecieren.
Acabada la guerra, y habiendo cesado por tanto los motivos
de estos reales decretos, por orden del 28 de septiembre de
1715, el rey mandó que, en lo su cesivo, en los obispados
que vacaren las rentas fueran administradas «según la forma
habitual» (la que establecían las cartas de 19-6-1709 y 10-7-
1709).
Estando vacante el obispado de Barcelona -por muerte de
Benito Sala- y en espera del nombramiento del nuevo obispo
-que sería Diego de Astorga-, Felipe V advirtió las inconveniencias
que suponía la administración de dichas rentas por
los cabildos (nota 8). Por ello, tras promulgar un real decreto
el penúltimo día del año 1715, nombró a Antonio de Marimón
exclusivo administrador de las rentas de dicha mitra, remi-
313

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
tiendo su producto a Cantuchi y Compañía, resi dentes en
Madrid, quienes tendrían las cantidades en depósito hasta
nueva or den. De ello le informó a Marimón por real cédula del
4 de enero de 1716 (nota 9).
Asimismo, resolvió, por decreto de 8 de mayo de 1716, que
los demás eclesiásticos nombrados para la administración y
cobro de los obispados va cantes, habrían de entender también
en todo lo tocante a los bienes de los espo lios de los
obispos difuntos, para que se cobraran y distribuyeran legítimamente,
y con la intención de conocer «lo que quedaba de
residuo» pa ra que fuera incluido en la administración que se
les encargaba, sin entrar en lo jurisdiccional que competía a
la justicia ordinaria.
Al igual que en Barcelona, se designó un administrador para
las rentas de la mitra de Solsona, tras quedar ésta vacante
por fallecimiento de Guillermo Golorons. Este administrador
debía ocuparse también de los despojos del obispo difunto
(nota 10). El elegido fue el doctor José Parent (nota 11),
a quien le fue comunicado el nombramiento mediante real
cédula del 12 de febrero de 1717. Además, en ella advirtió
que todas las rentas que estuvieran en depósito o en poder
de otras personas le fueran entregadas para que pudiera dar
puntual cumplimiento a la real orden.
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
En cuanto a las facultades jurisdiccionales, por resolución de
la Cámara de 5 de mayo de 1717, se ordenó que se practicara
en este particular lo mismo que en Castilla, esto es, que durante
la vacante, el cabildo de Solsona tuviera la jurisdicción
temporal en los lugares en que la habían ejercido los obispos
prece dentes, otorgando las apelaciones a la Audiencia del
Principado en los casos que se ofrecieren. Y asimismo, que
el veguer o la persona que ejerciera en aquella ciudad la jurisdicción
ordinaria tuviera el conocimiento jurisdiccional del
espolio del obispo difunto de Solsona (nota 12).
Tras la fi rma del Concordato de 1717 se produjo la vuelta del
nuncio Pom peyo Aldobrandi. El real decreto de 29 de agosto
signifi caba la restitución de las facultades ejercidas por sus
predecesores. Ello supuso la reintegración a su actividad de
los subcolectores de la Cámara Apostólica, y la cancelación
de la escritura de depósito de los Cantuchi.
Poco tiempo duró esta situación puesto que con la nueva
ruptura con Roma en 1718, se volvió al antiguo sistema de
administración de rentas, vacantes y espolios por dos personas,
una secular de elección real y otra eclesiástica esco gida
por el cabildo.
En 1719, Juan Lluch, canónigo de la Catedral de Solsona
y subcolector de la Cámara Apostólica, se dirigía a Felipe
315

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
V para informarle que, tras la nueva salida del nuncio, habían
quedado pendientes algunos pleitos relacionados con
los espolios de Guillermo Golorons; y que tras la muerte de
su sucesor, Pedro Magaña, el 9 de febrero de 1718, se había
encargado de administrar las rentas de la mitra vacante
cumpliendo con sus pensiones y cargas hasta junio de ese
año. El rey resolvió, por cédula de 18 de marzo de 1719, que
prosiguiera en di cha labor (nota 13).
El año siguiente, un decreto del 22 de noviembre restituyó
a la Cámara Apostólica, a través de los agentes del nuncio,
todos los espolios secuestrados (nota 14). Además de estas
cuestiones, gozan de interés las relacionadas con las provisiones.
Como en su momento ya se trataron, ofreceremos
únicamente una vi sión general del proceder de la corona en
defensa de sus derechos, en especial de la regalía del Real
Patronato.
Felipe V escribió un despacho al Príncipe Pío, marqués de
Castelrodrigo, capitán general del Principado, el 4 de agosto
de 1717, declarando nulas y con tra sus prerrogativas las presentaciones
hechas por el gobierno intruso para diferentes
abadías y prebendas de su Real Patronato. Por este motivo,
había decidido que removiera a todos estos benefi ciados de
sus piezas eclesiásticas, restituyendo, por supuesto, las ren-
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316

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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
tas correspondientes a ellas. Y así procedió el gobernador de
Cataluña (nota 15).
Los propuestos por el Borbón para sustituir a los desafectos
ocuparon las prebendas de éstos hasta 1726. El 30 de abril
de 1725, tras la fi rma del Primer Tratado de Viena con el
emperador austríaco, y en virtud de su artículo nono, Felipe
V hubo de resolver el reintegro de los apartados a sus benefi
cios, asegu rándoles el entero goce de sus rentas. Dicha
resolución tuvo efecto como con secuencia de la publicación
de la real cédula del 15 de enero de 1726 (nota 16). Se
resituaron en la prebenda: Antonio Solanell en la Abadía
de San Cugat del Va llés; Galderich Sant Just en la Abadía
de San Pedro de Camprodón; el doctor Benito Viñals en el
Arciprestazgo de la Iglesia Colegial de San Pedro de Ager; el
doctor Juan Vilana en el Arciprestazgo de la Colegial de San
Juan de las Abadesas; el doctor Tomás Llorens en la dignidad
de tesorero de la Catedral de Barcelona; el doctor Juan Prat
en la dignidad de arcipreste de la Colegial de Santa María de
Estany y Meyá; el doctor Juan Maciá en la dignidad de deán
de la Catedral de Vic; y el doctor Onofre Rovira en la dignidad
de arcediano de Lobregat en la Catedral de Barcelona. Y la
ocuparon hasta su muerte.
317

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Quedan claras, pues, las dos vertientes del Patronato Real
en las que la co rona intervino con suerte dispar. Por un lado,
frenando la evasión de capitales hacia Roma, con el control
de las rentas de vacantes y espolios. Y por otro, proveyendo
a sujetos adictos y leales en algunas de las piezas eclesiásticas
de más lustre del Principado.
4.4. EXTENSIÓN DEL REAL PATRONATO
Ante cualquier posibilidad de ampliar su Regio Patronato, la
monarquía actuaba sin remilgos ni dilaciones. Los siguientes
hechos son buena muestra de ello.
Felipe V, por medio de una real cédula registrada el 13 de
marzo de 1742 (nota 17), informó al Capitán General del
Principado que, por fallecimiento de Juan Taberner, había vacado
el benefi cio que obtenía unido al Castillo de la Tallada,
y que aunque tocaba su presentación al conde de Ampurias,
cabía la posibilidad de que fuera del Real Patronato por pertenecer
el citado castillo a la Corona. Ante tal sospecha, le
instaba a inspeccionar y reconocer los autos, manuales y
demás papeles del archivo y Curia Eclesiástica de Gerona
para la más rápida averiguación de la fundación del benefi -
cio, su dotación y sus pre sentaciones. Además, le mandaba
que diera las órdenes y providencias conve nientes para que
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
el prelado de Gerona -Baltasar Bastero- y los ofi ciales de su
Curia pusieran de manifi esto los referidos manuales y demás
libros y papeles que les pareciesen conducentes al reconocimiento
de su regalía.
Al igual que su padre, también Fernando VI actuó decididamente
cuando se le presentó la oportunidad de ampliar el
Real Patronato. Así, el 15 de sep tiembre de 1750 encargó
al arcediano de la Catedral de Tortosa, Narciso Fonges, que
realizase las averiguaciones necesarias para poder declarar
la pertenencia al Real Patronato de dos benefi cios de dicha
iglesia -el de la Vir gen María, y el de San Jaime y San Juan
Bautista-, ordenando al obispo, al deán y al cabildo que le
permitieran el acceso a los archivos y papeles condu centes
a la investigación, para luego enviarlos compulsados a la
Cámara por mano del secretario real (nota 18).
4.5. ACTUACIONES ANTE ATAQUES DE LA SANTA
SEDE CONTRA EL REAL PATRONATO
Con mayor urgencia, si cabe, intervinieron los monarcas al
sentir atacadas sus regalías por intromisiones de la Santa
Sede. El 16 de diciembre de 1749, Fernando VI escribió al
cardenal Portocarrero para advertirle que estaba informado
de que la Dataría iba a proveer distintas piezas eclesiásti-
319

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
cas en perjuicio de los reales derechos (nota 19). Deseando
evitarlo, le encargó que, antes de dar curso a las provisiones
practicadas por dicho organismo pontifi cio que recayeran sobre
benefi cios que constasen tocar al Real Patronato o, al
menos, se dudase que le pudieran pertenecer, procediera a
dar noticia de ello a la Cámara, para que allí se determinase
lo más justo y conveniente a la preservación de la rega lía. Y
con el mismo texto y fecha, expidió reales cédulas dirigidas
al metropo litano de Tarragona, a los obispos, a los cabildos
catedralicios, y a los abades de los monasterios benedictinos
claustrales del Principado.
4.6. ACTITUD REAL HACIA LAS COFRADÍAS
Aunque en el ámbito rural la observancia de los preceptos
de la Iglesia era virtualmente universal, en las ciudades comenzaron
a existir tenues signos de falta de afecto hacia la
Iglesia. Éstos se tradujeron en la aparición de otro mundo de
devoción que subrayaba lo individual y sus relaciones con
Dios, y en la decadencia progresiva de las asociaciones pías
o cofradías (nota 20). A esa caída con tribuyeron las campañas
desencadenadas por el Consejo de Castilla para redu cir,
o cuando menos, acceder al control de las cofradías, únicas
entidades en el Antiguo Régimen con ciertos -y peligrosos-
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
derechos de asociación, y a las que, con frecuencia, se hacía
responsables de tantos males (nota 21).
A pesar de la hostilidad manifi esta de las tendencias regalistas
hacia las cofradías, Felipe V honró a una de ellas, la de
Nuestra Señora de la Cinta de Tortosa. En 1725, los estados
eclesiástico y seglar de Tortosa le informaron que, hallándose
favorecidos durante siglos por la piedad de María, desde que
bajando del cielo entregó personalmente a los habitantes de
la ciudad el tesoro de la Sagrada Cinta o Cíngulo, y deseosos
de manifestar su devoción y grati tud, habían comenzado a
erigir una suntuosa capilla en la misma Catedral para trasladar
a ella la imagen de la Virgen y su Santa Cinta con motivo
de su festi vidad. Y le suplicaron que les honrara aceptando
escribir su real nombre en el Libro de los Hijos de María
Santísima de la Cinta de su Hermandad, como her mano
mayor de ella. El rey -asistido por la reina-, considerando su
devoción hacia esta reliquia por ser costumbre y tradición
respetada e inveterada que se llevara a la Corte con ocasión
de los nacimientos de los príncipes e infantes, tuvo por bien,
el 12 de abril del citado año, signifi car a los tortosinos su real
gratitud por la erección de la capilla y por la inclusión de su
real nombre en el Libro de la Hermandad de Nuestra Señora
de la Cinta (nota 22).
321

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Del mismo modo procedió su hijo Carlos III en 1768, cuando
el prior y mayordomos de la referida hermandad le elevaron
una súplica similar para que, tal como hizo Felipe V en 1725,
condescendiera a que se «sentase» su re al nombre en el
Libro de dicha cofradía con el título de Hermano mayor de
ella. Y en atención a la devoción que, al igual su padre, le
profesaba a la «pre ciosa e inestimable» reliquia de la Santa
Cinta, por resolución a consulta de la Cámara de 18 de julio
de ese año, accedió a tan honrosa petición (nota 23).
4.7. SOLICITUDES A LA SANTA SEDE DE EXTENSIÓN
DE CULTOS Y CANONIZACIÓN DE BEATOS, A
PETICIÓN DE SUS SÚBDITOS
Hemos contabilizado cinco casos de súplicas al Sumo
Pontífi ce para la ex tensión de rezos.
Cronológicamente, la primera de ellas tuvo lugar el 29 de
noviembre de 1726, fecha en la que Felipe V encargó al
cardenal Bentivoglio que suplicara a Su Santidad que concediera
los indultos necesarios para se rezara al «glorioso»
San Fructuoso, obispo y natural de la ciudad de Tarragona, y
a sus diáconos, Augurio y San Eulogio, en todos sus reinos y
dominios con rito doble (nota 24).
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
La segunda nace a raíz de la petición del obispo y los cabildos
eclesiástico y secular de la ciudad de Tortosa de extender
por todo el obispado el rezo es pecial en honor a la Virgen
de la Cinta que se practicaba el día de su festividad. Felipe
V, considerando muy propio de su piadoso católico celo y
devoción condescender a su instancia, el 16 de diciembre de
1727 escribió al supraes crito cardenal encargándole que le
suplicara al papa la extensión de tal rezo (nota 25).
De modo similar, pocos años después, el cabildo de la
Catedral de Urgel pidió al monarca que mediara ante Su
Santidad para que concediera la gracia de un nuevo y peculiar
rezo con rito doble en honor de San Ermengol, patrón de la
diócesis, y que lo extendiera por todos los reinos de España.
Felipe V, en atención su insigne santidad y alta estirpe, accedió
a tal pedimento encargando al cardenal Bentivoglio la
consecución del nuevo rezo por real cédula de 18 de julio de
1732 (nota 26).
Siete años más tarde, los monjes del monasterio aragonés
de San Juan de la Peña informaron al rey que habían solicitado
a Su Santidad la extensión del rezo de San Indalecio con
rito doble en todos los dominios hispanos. Por ello, el 15 de
septiembre de 1739, Felipe V escribió al cardenal Aquaviva
para que, en su real nombre, suplicase al Pontífi ce que ac-
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
cediese a la petición de los monjes del referido monasterio
benedictino claustral (nota 27).
La última extensión de culto recomendada por la monarquía
española fue la del Misterio de Nuestra Señora de la
Purísima Concepción. El obispo de Vic escribió al rey para
que mediara ante el papa a fi n de que declarara la promo
ción de dicho culto del rito de segunda clase al de primera
en esa ciudad y obispado. Movido por la devoción que profesaba
a dicho misterio, el monarca escribió el 9 de abril de
1758 al cardenal Portocarrero para que consiguiera, pasando
los ofi cios necesarios, que Su Santidad condescendiese a la
súplica (nota 28).
En cuanto a la canonización de beatos, sólo hemos hallado
un caso en la documentación: el de Dalmacio Moner.
Atendiendo a la cumplida solicitud del obispo, el cabildo catedralicio
y la ciudad de Gerona, el 31 de agosto de 1717,
Felipe V encargó al cardenal Aquaviva que suplicara al papa
la inclusión de dicho beato en los decretos de la santidad de
Urbano VIII (nota 29).
4.8. PROTECCIÓN DE CONGREGACIONES
Aparte del conocido favor de la Corona hacia la Congregación
Benedictina Claustral, la monarquía también otorgó su protec-
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
ción a otras entidades. De este modo, por decreto del 25 de
octubre de 1744, Felipe V decidió proteger a la Congregación
del Corazón de Jesús y Concepción de María de la ciudad
de Manresa, enviando el 8 de diciembre siguiente un despacho
al Capitán General para que así lo tuviera entendido
(nota 30).
4.9. REGLAMENTACIÓN DEL BOATO Y LA DIGNIDAD
DEL CULTO
Un curioso documento fechado el 23 de enero de 1772 nos
puede servir para comprobar hasta qué límites llegaba la
infl uencia real en cuestiones ecle siásticas (nota 31). En él,
Carlos III se vio obligado a intervenir para poner fi n a las
dis putas entre Joaquín Antonio Sánchez Ferragudo -obispo
de Lérida- y José Antonio Senronia -canónigo y diputado del
cabildo catedralicio de esa ciudad y obispado- sobre las sillas
que el prelado debía ocupar en el coro para asistir a los
ofi cios divinos.
En observancia, protección y cumplimiento de las disposiciones
del Conci lio de Trento, mandó que el obispo de Lérida se
sentara en dos sillas exclusivas que debían tener «la distinción
y el adorno» correspondientes a su dignidad, tanto para
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
tomar posesión de la mitra como para su residencia: una junto
a la reja, y la otra entre las dos alas del coro.
4.10. CONTRIBUCIÓN AL LUSTRE Y EL HONOR DE LAS
IGLESIAS Y BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN DE LA
COMUNIDAD ECLESIÁSTICA
Ambas intenciones las hallamos explícitas al decretar Felipe
V la creación en el Principado de las tres canonjías de ofi cio
que no existían en sus catedra les, esto es, la magistral, la
doctoral, y la lectoral.
El 23 de septiembre de 1717, el rey envió una cédula al obispo
de Gerona, Miguel Juan de Tabemer y Rubí -por ser el
obispo con más tiempo en el cargo y, por tanto, el que había
de presidir el Concilio Provincial de Cataluña-, comentándole
que en las catedrales catalanas sólo existía la canonjía
penitencia ria (función de confesor en la institución) (nota 32),
y que, aunque en algunas existía un lector que enseñaba las
Sagradas Escrituras, no estaba establecida la canon jía lectoral
(teólogo del cabildo), ni las otras dos canonjías de ofi cio -
magistral (principal predicador) y doctoral (asesor jurídico)-. Y
que consideraba conveniente el establecimiento de las referidas
canonjías para que existieran en los cabildos personas
más doctas para resolverlas dudas graves que se pudieran
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
presentar, y para una mayor aplicación a las letras divinas y
canónicas, lo que conllevaría mayor crédito del estado eclesiástico,
benefi cio público y lustre de las iglesias.
Por ello, le informó haber resuelto escribir a todos los obispos
para que su plicaran a Su Santidad se sirviera expedir las bulas
apostólicas para crear en las catedrales las tres canonjías
de ofi cio a partir de los tres primeros canonicatos que vacaren,
asegurando que él, como patrón y protector de dichas
iglesias, ordenaría a sus ministros en la corte de Roma que
actuaran con la mayor efi ca cia para conseguir en breve el
éxito de la petición.
Asimismo, le anunció que escribiría a los cabildos catedralicios
para que se superaran las difi cultades surgidas en las
iglesias de Tarragona, Barcelona, Gerona y Vic, por la oposición
de los procuradores, con el fi n de lograr la una nimidad a
la hora de elevar al Papa la súplica (nota 33).
Pero los prelados no se pusieron de acuerdo en este Concilio
provincial, por lo que la súplica no se presentó hasta después
de terminar el concilio con vocado por el arzobispo de
Tarragona, Manuel de Samaniego y Jaca, en 1727.
El 12 de marzo de 1728, el rey escribió a dicho arzobispo
para que comu nicase la gratitud real a todos los prelados y
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
cabildos del Principado por llegar al acuerdo. Asimismo, le
informó haber escrito al cardenal Bentivoglio para que presentase
diligentemente la súplica conciliar a Su Santidad con
el fi n de obtener las bulas precisas (nota 34).
No obstante, el ejemplo más claro de esa preocupación real
por el bien de sus súbditos eclesiásticos es su actuación ante
las convocatorias de capítulos de las órdenes regulares.
A mediados del siglo XVIII, si exceptuamos a un grupo reducido
de reli giones (la de San Benito, la de San Bernardo, la
Premonstratense, la de San Je rónimo, la de San Francisco,
la del Carmen Descalzo, la Trinidad Descalza, la Merced
Descalza, y la Merced Calzada) (nota 35), el grueso de los
conventos españo les seguía formando parte de congregaciones
más amplias, que excedían el ám bito territorial de la
monarquía hispana. Por ello, eran frecuentes las salidas de
España de sus cabezas de religión para acudir a los capítulos
generales.
En 1743, el vicario general de los carmelitas descalzos informó
a Felipe V sobre la proximidad del capítulo general de
esa religión, que debía celebrarse en Roma en junio del año
siguiente. Atendiendo a las difi cultades causadas por la guerra
de sucesión austríaca y los riesgos que suponía el viaje
tanto por tie rra -por haberse abierto un nuevo frente bélico en
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
Italia (nota 36)- como por mar -por la presencia naval inglesa
en el Mediterráneo-, el rey encargó al citado vica rio, por real
despacho del 12 de noviembre, que comunicara a todos los
conventos de su jurisdicción que les estaba terminantemente
prohibida la sa lida de España (nota 37).
La voluntad de control de las órdenes religiosas del país no
se limitaba tan sólo a la censura de las comunicaciones con
el exterior. También se hizo pa tente mediante la inspección y
vigilancia efectiva de las disposiciones internas de los capítulos
territoriales y el control de la vida monástica.
Esto lo podemos comprobar años después cuando, el 11 de
abril de 1754, Fernando VI escribía a Bartolomé Sarmentero,
obispo de Vic, para designarle -conforme a la voluntad del
nuncio apostólico- presidente del capítulo provincial de los
trinitarios calzados, que tendría lugar en Barcelona, con la
intención de evitar la inquietud y parcialidad de los religiosos
de esta orden en la provin cia de Aragón, Cataluña y Valencia,
a la hora de realizar las designaciones y nombramientos de
los ofi cios y demás cargos, y para que recaigan «en las personas
de más aprobación y prendas, sin que se atienda a
otros fi nes», siendo todo «para el mayor servicio de Dios»
(nota 38). Por lo tanto, el rey interviene para coartar los corruptos
abusos que se estaban cometiendo, y en benefi cio
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
del buen funcionamiento y la observancia de las reglas de
esa religión (nota 39).
4.11. ATENCIÓN POR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
INTERNO DE LA IGLESIA NACIONAL
Esta apuntada atención de la monarquía tuvo múltiples manifestaciones.
Por ejemplo, en 1723, el padre Baltasar Pastor
informó al rey que, el 20 de ju nio de 1700, Carlos II había
concedido nuevos estatutos para el colegio de Santiago y
San Matías de la ciudad de Tortosa, y que con las turbaciones
de la guerra, se perdieron, necesitándolos con urgencia.
En respuesta a tal petición, el monarca ordenó a Francisco
Antonio de Ayala, secretario real a cuyo cargo estaban las
escrituras del Archivo de Simancas, por decreto de 12 de
mayo, en carta datada dos días después, que mandara buscar
dichos estatutos, y cuando los hallase, que hiciera una
copia y la remitiera fi rmada, cerrada y sellada a la Cámara
(nota 40).
Por otra parte, cuando el rey decidía nombrar a algún miembro
del estado eclesiástico para una plaza judicial secular,
se veía en la obligación de evitar «la nota de irregularidad»
encargando a su representante en Roma que supli cara a Su
Santidad el despacho de la dispensa necesaria para que
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
«pudiera ves tir toga y votar en todas las causas criminales
sin restricción alguna». Esta competencia real aparece refl e-
jada en dos documentos, uno de ellos traspape lado.
Éste está fechado el 16 de marzo de 1755, y en él, Fernando
VI escribe al cardenal Portocarrero para que suplique al papa
la expedición de la menciona da dispensa con el fi n de que
Francisco García de la Cruz pueda ocupar la pla za de alcalde
del crimen de la Chancillería de Valladolid (nota 41).
El otro lleva por fecha el 20 de septiembre de 1758. En él,
el rey escribe a Portocarrero para que proceda ante Su
Santidad de igual manera con la inten ción de que Antonio
Villalba, clérigo de prima tonsura, pueda obtener una pla za
de ministro de la sala del crimen en la Audiencia de Cataluña
(nota 42).
Otra atribución real consistía en designar, junto con el nuncio
de Su Santi dad, a los visitadores de monasterios del Real
Patronato, que tenían la misión de revisar sus estatutos a fi n
de realizar los cambios convenientes para el buen funcionamiento
interno de las comunidades y el mantenimiento de la
obser vancia de los preceptos de la regla monástica correspondiente.
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
En 1725, el abad del monasterio premonstratense de Nuestra
Señora de Bellpuig de las Avellanas informó a Felipe V que
en 1692, a instancia de Car los II, el nuncio nombró visitador
del monasterio al obispo de Lérida, Miguel Jerónimo de
Molina, quien redactó los estatutos y ordenaciones que le
parecie ron pertinentes; normas que seguían en vigor al no
haberse realizado una nue va visita. Y que aunque no requerían
nuevas órdenes en cuanto a la observancia regular o a
la administración de los bienes temporales, sí la nece sitaban
para «la mayor seguridad de sus conciencias», pues afi rmaba
que el monasterio había cambiado mucho desde aquel
tiempo. Por ello, suplicaba la realización de una visita, para
lo que Felipe V debía interponer su autoridad ante el nuncio
a fi n de que éste expidiera su comisión a uno de los prelados
del Principado.
Vista la petición en la Cámara, el rey tuvo por bien condescender
con ella, resolviendo que el nuncio expidiera su
comisión dirigida a Baltasar Sayol, abad del monasterio de
Poblet. Así procedió el delegado de Su Santidad, de modo
que Felipe V remitió la citada cédula de comisión junto con
un real des pacho a Sayol el 13 de septiembre de ese año,
para darle cuenta de su condi ción de visitador del monasterio
de Bellpuig, y de la misión a realizar, que sería revisar sus
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
estatutos de gobierno y establecer las nuevas ordenaciones
conducentes «al mayor servicio de Dios, utilidad y benefi cio
de dicho monas terio y sus individuos», remitiéndolas a la
Cámara por mano del secretario (nota 43).
Otra designación real de un visitador, algo más problemática,
fue la que re cayó en el arcipreste de la Colegial de San Pedro
de Ager para la parroquia de la villa de Artesa de Segre.
La rectoría de dicha parroquial, sita en el arciprestazgo supraescrito,
fue secular y de libre colación desde mediados
del siglo XIII hasta 1540, año en que Paulo III la unió al monasterio
de Nuestra Señora de Montserrat, reduciéndola a la
naturaleza de regular y amovible, y pasando de ese modo a
pertenecer a su dominio temporal (nota 44). A partir de ese
momento, nunca los arciprestes la vi sitaron ni tomaron, por
tanto, razón de sus rentas.
Esta falta propició la intervención de Carlos III, por medio
de la resolución del 26 de noviembre de 1762, dirigida al
arcipreste Francisco Esteba, a quien se le comunicó que
el monasterio de Montserrat debía continuar como hasta
ese momento en la nominación de la mencionada iglesia de
Artesa de Segre, y que no podía seguir faltando a su obligación
arciprestal de visitarla. Y se le ex pusieron los motivos
de forma muy fundamentada, apoyándose en el Concilio de
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Trento. Éste ordenaba que todas las uniones de benefi cios
curados a monas terios que hubiesen sido hechas en los 40
años anteriores a su publicación (26 de enero de 1564), y su
aceptación en la Provincia Tarraconense (24 de octu bre del
mismo año), habían de ser visitadas por sus respectivos ordinarios.
Y puesto que la unión de la rectoría de la Parroquial
de la villa de Artesa de Se gre al monasterio de Montserrat
fue realizada en 1540, 24 años antes, su ordi nario, el arcipreste
de la Colegial de San Pedro de la villa de Ager, tenía
la obligación de visitarla. Y en dicha visita debía procurar el
cumplimiento de sus cargas y obligaciones, guardar por la
conservación de sus rentas, iracas y emo lumentos, y proveer
lo necesario para la cura de almas.
Esteba falleció en 1772 siendo nombrado en su lugar, por
real cédula del 4 de marzo de 1773, Mariano de Sabater y
Prior. A su muerte, le sucedió Maria no Ambrosio Escudero el
21 de noviembre de 1780. Escudero, en atención a todas las
razones expuestas, suplicó a Carlos III que le concediese por
una vez la visita de la unión.
Tras ser tratado el asunto en la Cámara y comprobarse que
la solicitud co rrespondía a lo prevenido por el Tridentino, por
decreto del 20 de mayo de 1786, el rey le expidió una real cé-
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
dula auxiliatoria del 1 de junio siguiente para que procediera
a practicar la referida visita (nota 45).
La anteriormente citada atención real por el buen funcionamiento
interior de las iglesias nacionales también llegaba
al cerrado mundo de los cabildos ca tedralicios. Valga como
ejemplo esta intervención de Carlos III en el gobierno del
obispado de Gerona en sede vacante.
El cabildo catedralicio de dicha ciudad se dirigió al monarca
para hacerle saber que, con arreglo a las disposiciones
canónicas, siempre había residido en él el ejercicio de la jurisdicción
y el gobierno del obispado en sede vacante, como
acreditaban y podían demostrar en caso de necesidad muchos
y antiquísi mos documentos de los Archivos Episcopal
y Capitular. Y que el arcediano mayor, aprovechándose del
descuido de los canónigos a lo largo de los años, y sin tener
a su favor ley, título ni estatuto particular, sino solamente la
confi an za con que el cabildo le había encargado en algunas
vacantes la administración y el gobierno, había actuado en
repetidos actos en su propio benefi cio.
Y que las disputas surgidas incluso habían servido para
suscitar dilatados litigios en la Curia Romana. Las primeras
sentencias fueron favorables al ca bildo, pero las de 1687 y
1688 mantuvieron al arcediano en la facultad de ad ministrar
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
la jurisdicción episcopal, durante el período de sede vacante,
sólo en el caso de hallarse presente en la ciudad o diócesis
de Gerona en el momento de producirse la vacante; y en el
caso de no hallarse dentro de tales límites, la prerrogativa
quedaba en posesión del cabildo.
El propio cabildo expresó a Carlos III que tales resoluciones
le perjudica ban, y que, además, separaban su iglesia de la
disciplina uniforme de todas las demás iglesias de España.
Y teniendo en cuenta que la falta de dicha prerrogativa había
sido un «perenne manantial de pleitos» así en los tribunales
roma nos como en los españoles, y la necesidad de establecer
«una sólida quietud» en esa catedral y de uniformar su cabildo
con los demás, demandaba al rey que, a propósito de la
vacante del arcedianato mayor acaecida por el falleci miento
de Isidoro Horteu, suprimiese dicha dignidad; que la sacristía
mayor pasase a ser la primera del capítulo y a pertenecer al
Real Patronato en todo tiempo y vacante; que las rentas del
arcedianato se dedicasen a la mitra, para compensar la pérdida
del patronato sobre la citada sacristía y también en atención
a la cortedad de sus rentas; y por último, que en caso de
vacante de la silla episcopal, la jurisdicción y el gobierno del
obispado volviera al cabildo.
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
En enero de 1781, Carlos III encargó a la Cámara que formara
consulta so bre dicho asunto. Y para que ésta tuviera la información
necesaria, requirió al obispo de Gerona, Tomás de
Lorenzana, que enviara a la corte real un detalla do informe.
Así procedió el prelado y en carta del 19 de abril expresó su
pare cer. Tras exponer «difusamente» sus razones y motivos,
declaraba que no consideraba oportuno que la sacristía mayor
pasase a ser primera dignidad des pués de la Pontifi cal,
y que era más útil a la Corona su provisión en los meses
ordinarios que la unión de las rentas del arcedianato mayor
a la mitra. Asimis mo, se mostró contrario a que la jurisdicción
episcopal en tiempo de sede va cante fuera devuelta al cabildo,
porque al ser el obispo de Gerona -y el arcediano mayor
en sede vacante-, en virtud de concesiones apostólicas, juez
del breve de atroces en todo el Principado, sería gran inconveniente
para el ejercicio de dicho breve que la judicatura
recayera en el cabildo.
Al expediente se anexaron varios antecedentes. Como la real
cédula expe dida el 18 de noviembre de 1770 a instancia del
mencionado Isidoro Horteu por la que Carlos III declaraba
-entre otras cosas- que la providencia tomada para que las
dignidades de las Catedrales de la Corona de Aragón no sirviesen
los ofi cios de provisores, visitadores ni delegados uni-
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
versales de causas, con forme a los breves expedidos para
las Iglesias de Castilla y León por Paulo V y Gregorio XV, no
afectaba en manera alguna al arcediano mayor de la Catedral
gerundense, según aprobaba una concordia de 1757.
O como la negativa de la Cámara, por acuerdo del 4 de mayo
de 1774, y con motivo del expediente seguido sobre supresiones,
reducciones y agregaciones de benefi cios de esa
catedral, a la solicitud del cabildo de suprimir el ar cedianato
mayor, entre otras dignidades, para no perjudicar al Real
Patronato y por considerar que, estando bien dotado, debía
conservar todos sus honores y prerrogativas.
La Cámara, en consulta del 30 de junio de 1781, le dio cuenta
de su pare cer al rey. Éste, en su resolución, afi rmó que tanto
las leyes del derecho común y las disposiciones del Concilio
de Trento, como la práctica y costumbre de casi todas las
Iglesias de sus dominios, parecían estar a favor de los canónigos
en relación con el ejercicio de la jurisdicción ordinaria
eclesiástica en las vacantes del obispado, y que cualquier
privilegio o exención en contrario debía conside rarse «odiosa
por el mero respeto de singularidad», aún prescindiendo de
las poderosas razones que prescribieron la norma de suceder
en la jurisdicción los cabildos a los obispos estando la mitra
vacante. Asimismo, Carlos IIl recono ció que el capítulo de
Gerona estaba «desairado» por ver cada vacante ajena a su
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
cuerpo una jurisdicción que los demás cabildos gozaban en
sus respectivas iglesias; y que no se podrían aquietar fácilmente
sus justas quejas ni fi nar los pleitos (nota 46 )sin que
se le facultara para ejercer dicha jurisdicción, uniformándolo
de ese modo en honores y preeminencias con los cabildos de
otras iglesias.
Por todo ello, el rey, conformándose con el dictamen de la
Cámara, ordenó que no se suprimiese el arcedianato mayor
por diversos y justifi cados motivos: para no perjudicar a su
Real Patronato (nota 47); porque su subsistencia daba «lustre»
a la Iglesia; por su competente dotación económica; y
por la oposición del obispo al medio propuesto por el cabildo
de que la sacristía -de su provisión pasara al Real Patronato.
Queda clara, pues, la actitud de defensa del Real Pa tronato
respecto a la posibilidad de perder la provisión de una importante
pre benda, con gran valor tanto por su rango como por
su dotación económica. No obstante, en relación con el tema
del ejercicio de la jurisdicción ordinaria en tiempos de vacante,
la resolución real no fue tan contundente, sino que, bajo la
excusa de que sería «el medio más fácil de cortar los resentimientos
del cabil do», encargó al referido obispo Lorenzana
la difícil misión de llegar a un acuerdo entre las dos partes, informando
de él a la Cámara para que, con el re al beneplácito,
fuera aprobado por el metropolitano tarraconense o por Pío
339

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
VI, si fuese necesario. Y aún sintió la necesidad de blindar
un poco más su real pa tronato sobre el arcedianato mayor,
al expresar nítidamente que de ninguna forma el acuerdo
podría impedir que dejara de proveer dicha dignidad, y que
el electo para cubrir la vacante habría de conformarse con lo
dispuesto por el arreglo.
Y diez días después de la fecha de la resolución real, el 23
de agosto de 1781, Carlos III expidió, a instancia del cabildo,
una real cédula dirigida al obispo para que éste comenzase a
ejercer de mediador en la negociación (nota 48).
La mediación de Lorenzana concluyó con la presentación en
la Santa Sede del Decreto o Estatuto formalizado por él, en
el que la jurisdicción ordinaria en sede vacante, que ejercía el
arcediano mayor, pasaba al cabildo catedralicio. Pío VI aprobó
la concordia por bula del 26 de septiembre de 1782 y, tras
ser ésta examinada por la Cámara, Carlos III le concedió el
pase el 23 de enero de 1783 (nota 49).
4.12. INTERVENCIONES REALES EN CUESTIONES
JURISDICCIONALES
En primer lugar hemos de destacar una actuación de Felipe
V en defensa de los derechos de una comunidad religiosa, el
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
monasterio de Santa María de Montserrat, ante la intromisión
de la corona francesa.
El monasterio de San Genís de las Fuentes, sito en el
Rosellón, fue unido e incorporado al de Nuestra Señora de
Montserrat a instancia de Fernando el Ca tólico, por bula de
Julio II de último de abril de 1507. Desde ese momento, el
abad de Montserrat pasó a nombrar a los abades de San
Genís.
A raíz de una apelación interpuesta en 1723 por Luis
Fontgavado -monje de San Genís- en el Consejo de Estado
de Francia, y en virtud del informe re dactado por los comisarios
y consejeros de Estado que para este efecto fueron nombrados
mediante el decreto de 18 de septiembre de 1723,
Luis XV decretó en Fontainebleau el 7 de octubre de 1724
que tanto la bula como el decreto del Consejo de Estado del
6 de diciembre de 1688 se ejecutaran.
De ese modo, se mantuvo a los abades de Montserrat en la
facultad de nombrar para el gobierno tanto espiritual como
temporal -según la regla de San Benito de la reforma de
Valladolid- a un abad trienal, natural y vasallo de sus reinos,
con obligación de residir en él. Se ordenó que se observara
y guar dara estrictamente la conventualidad; que todos los
religiosos conventuales fueran naturales y vasallos france-
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
ses -para lo que se establecía un noviciado para recibir a
los súbditos que quisieran entrar en la orden-; que todas las
ren tas se emplearan en la manutención de los religiosos, la
reparación de los edifi cios o el aumento de los bienes del monasterio,
sin que pudiera «divertirse porción alguna para otro
cualquier uso ni transportarse fuera de los Estados de S.M.»;
y que los visitadores enviados por el abad de Montserrat fueran
franceses y se conformaran con las leyes del reino, especialmente
las promul gadas en enero de 1681 por Luis XIV.
Se permitió al referido Fontgavado retirarse a una casa de su
orden que le sería señalada por el obispo de Perpiñán, donde
recibiría una pensión anual de 500 libras cargada sobre las
rentas de San Genís, que comenzaría a percibir desde el primero
de enero de 1724.
Asimismo, se encargó al citado obispo y al Intendente de
Justicia y Finan zas del Rosellón que proveyesen lo conveniente
para la ejecución del decreto, por encima de cualquier
oposición o impedimento.
El abad de Montserrat, Benito Tizón, se quejó ante el rey
español puesto que consideraba que dicho decreto francés
era contrario a la bula pontifi cia (nota 50), al artículo 48 de
la Paz de los Pirineos (nota 51), y a la práctica existente en
el monasterio de admitir «al Santo Hábito» y para regentar
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
los empleos de gobierno a personas de todas las naciones,
especialmente de Francia, de donde ha habido sujetos de
toda distinción (nota 52). Y le suplicó que le comunicara la
actitud a tomar cuando se pretendiera ejecutar dicho decreto
del Consejo de Estado de Luis XV.
Tras tratarse el asunto en la Cámara, y teniendo en cuenta
que el expresado decreto francés «miraba totalmente a la
separación de aquel monasterio con una conocida y notoria
novedad y alteración del estado que tenía cuando se cedió a
la Corona de Francia el Rosellón» y que por razón de estado
no se le debía permitir a la comunidad la total independencia
que solicitaba, el rey re solvió que «de ninguna suerte» se debía
dar ejecución a dicho decreto del 7 de octubre de 1724,
por lo que previno al abad de Montserrat para que de ninguna
forma lo consintiera y para que no tuviera la menor reticencia
a protestar a fi n de que quedaran en todo momento salvos
sus derechos. Y por real cédula de 18 de julio de 1726 se lo
comunicó (nota 53).
Por consiguiente, se produciría el choque de intereses entre
ambas monar quías. No conocemos cómo terminó la causa,
pero en lo que realmente debe mos fi jar nuestra atención es
en la rectitud del rey a la hora de defender a dicho monasterio,
en abierto confl icto con la corona francesa.
343

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
No fue la única ocasión en que la monarquía hispana tuvo que
tratar temas jurisdiccionales del monasterio de Santa María
de Montserrat, ni mucho menos. En 1741, su abad, Francisco
Gamboa y Tamayo, informó a Felipe V que, teniendo el monasterio
el derecho de dominio sobre diferentes baronías,
con jurisdicción civil, y criminal en los casos que por su corta
entidad no tocara el conocimiento a los tribunales reales, tradicionalmente
nombraba en ellas bailes o alcaldes ordinarios
con la jurisdicción civil omnímoda en primera instancia, y con
la criminal para los delitos de poca consideración, y con calidad
de instruir la sumaria y remitirla sustanciada al corregidor
para los de mayor gravedad.
Y en esa conformidad se gobernó la baronía de Esparraguera
y demás que poseía el monasterio hasta que, con la Nueva
Planta, pasó la Audiencia a nom brar alcalde para lo criminal
en grave perjucio de la jurisdicción de aquél. Por ello, el abad
suplicó a Felipe V que mandara se le reintegrase la antigua
juris dicción como era costumbre, tanto en la Baronía de
Esparraguera como en las demás afectadas.
Habiéndose tratado el tema en la Cámara, oído al fi scal de la
misma, y la información de la Audiencia, se tuvo, asimismo,
en cuenta la real cédula de 25 de noviembre de 1718 sobre el
arreglamiento de los Corregidores del Principado.
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
En ella, el rey estableció por regla general que todas las baronías
en las que los barones sólo tuvieran la jurisdicción civil
simple o plena, siendo el ejercicio de la criminal y mero imperio
de la corona, contribuyeran en los sala rios del corregidor y
alcalde mayor de su Partido la mitad de lo que contribu yeran
los otros lugares realengos en que la jurisdicción era enteramente
real y el ejercicio de ella del corregidor y su teniente.
Atendiendo a estas razones, Felipe V resolvió que, cumpliendo
el monaste rio con lo prevenido en la citada orden de
1718, y conociendo el baile de la Baronía de Esparraguera
las causas criminales de poca entidad y dando cuenta de las
graves al corregidor del Partido, el capitán general procediera
al cese del baile criminal puesto por la Audiencia, sin que se
molestase la jurisdicción del monas terio, comunicándoselo
por real depacho fechado el 25 de abril de 1741 (nota 54).
No acabaron ahí los problemas del monasterio, puesto que la
Audiencia puso bailes criminales en las baronías de Terrasola
y San Pedro de Riudevillas, sobre las que el monasterio tenía
también jurisdicción. Por ello, el referido abad volvió a suplicar
su cese, por concurrir las mismas circunstancias que en
el caso anterior de la baronía de Esparraguera.
Tras la consulta de la Cámara, el rey resolvió, por real cédula
del 5 de sep tiembre de 1741, que todas las baronías del
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
monasterio quedaran en la situa ción mencionada en la real
orden de 25 de abril de 1741, por lo que ordenó a las autoridades
seculares del Principado que cesasen a los bailes
criminales nombrados por la Audiencia (nota 55).
Más tarde, el abad de Montserrat volvió a recurrir ante Felipe
V ya que su real orden no había tenido cumplimiento al ser
nombrados bailes criminales en los lugares de Mayans,
Valldelshort, Navantes, San Fructuoso y Torruella, per tenecientes
al Monasterio de San Benito de Bagés -unido plenamente
al de Montserrat-.
Habiendo visto dicha instancia la Cámara con lo expuesto por
el fi scal, y teniendo presente que concurrían iguales motivos
que en los casos anteriores, el rey, por real despacho del 10
de octubre de 1743, resolvió que la menciona da real cédula
de 5 de septiembre de 1741 se extiendera también a todos
los lu gares y villas del monasterio de San Benito de Bagés
(nota 56).
El mismo problema tuvo el abad del monasterio de San Cugat
del Vallés (nota 57) en 1741, pues la Audiencia colocó alcaldes
criminales en la misma villa de San Cugat, y en las demás
baronías sobre las que tenía jurisdicción, originándose
varios disturbios. Al acudir al rey, éste dispuso, por real orden
de 27 de abril, que se procediera tal como se había hecho en
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
el caso de la baronía de Esparra guera, es decir, cesando a
dichos alcaldes de lo criminal (nota 58).
También hallamos cédulas entre la documentación que
hacen referencia a las jurisdicciones episcopales. Valga
como ejemplo el real despacho del 15 de diciembre de 1771,
en el que Carlos III, para confi rmar los privilegios del obispo
de Urgel, ordena a los consejos, justicias y regimientos de las
baronías de su jurisdicción (nota 59), y de las aldeas adictas
a dichas baronías, y a los del Principa do de Andorra -del que
los obispos urgelitanos son «copríncipes soberanos», que le
pongan en posesión del señorío temporal que le corresponde,
con sus ju risdicciones y derechos anexos, pero con la calidad
de que para el ejercicio de la jurisdicción temporal no nombre
personas eclesiásticas, sino necesariamente legos; que no
actúen notarios apostólicos sino escribanos legos públicos;
y que cuando hubiere lugar una apelación, la admitiera y la
remitiese a la Audiencia (nota 60).
4.13. INTERVENCIONES EN LOS PLEITOS JUDICIALES
RELATIVOS AL REAL PATRONATO
Los monarcas españoles dispusieron por reales decretos
que todas las cau sas que afectaran al Real Patronato fueran
vistas, sustanciadas y determinadas en primera instancia por
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
la Audiencia de Cataluña, siendo las apelaciones -si las hubiere-
dirigidas hacia la Cámara.
Los pleitos que contaron con intervención real fueron de
diversa índole, destacando los relativos a la defensa de la
regalía por excelencia: el Patronaz go Regio. Entre los demás
motivos, podemos entresacar los cobros indebidos de rentas,
las respuestas ante la interposición de rescriptos pontifi cios,
las ena jenaciones ilegales de propiedades eclesiásticas, los
choques de competencias entre las jurisdicciones de eclesiásticos
y seglares, o entre los mismos eclesiás ticos (obispos,
abades, arciprestes, priores) (nota 61).
4.14. MANTENIMIENTO DEL ORDEN ECLESIÁSTICO
Los monarcas debían afrontar situaciones de índole variadísima
con el fi n de mantener el orden en las comunidades
eclesiásticas de sus reinos. El si guiente caso es un claro exponente
de ello.
El 25 de noviembre de 1770, Carlos III estableció que la villa
de Tamarite de Litera -en la diócesis de Lérida- continuase
gozando de la facultad de pro veer los diferentes benefi cios
de su Iglesia Colegial. No obstante, habían de cumplirse
varias prevenciones. Conforme al breve de erección de la
Colegiata, debía reintegrarse el salario del predicador de
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
Cuaresma para dotar un canoni cato que se proveería por
concurso entre los naturales o forasteros que fueran maestros
o licenciados en teología, precediendo edictos y formal
oposición de los concurrentes, y eligiendo los canónigos de
dicha iglesia una terna que re mitirían al ayuntamiento secular
de la villa para que nombrase al que tuviera por conveniente.
De todo ello informó el rey al obispo de Lérida -Joaquín
Antonio Sánchez Ferragudo-, quien procedió a su ejecución
por real decreto de 14 de julio de 1772-.
Así, se fi jaron edictos para la oposición a la canonjía nuevamente
erigida en dicha Iglesia Colegial. Tras concluir los
ejercicios de los opositores, el prior y los canónigos formaron
una terna con los que parecieron más dignos, proponiendo
en primer lugar a Joaquín Regales, en segundo a Lorenzo
Bosquets, y en tercero a José Tudor. Después de remitirla al
ayuntamiento, éste se reunió el día 25 de octubre de 1772.
Con algún retraso provocado por la duda de si había de votar
o no el alcalde, los cuatro regidores procedieron a la elección.
Dos de ellos votaron por José Tudor, uno por Joaquín
Regales y el otro por Lorenzo Bosquets. Al no hallarse unanimidad,
dos días después se volvió a juntar el ayuntamiento,
acordándose consultar a la Cámara si bastaban para nombrar
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
a José Tudor dos votos, o se requerían tres; y también si el
alcalde había de tener voto de calidad en casos de equilibro o
si debía votar junto a los regidores. Asimismo, tanto Joaquín
Regales como José Tudor se dirigieron a Carlos III para que
proveyese en su respectivo favor la referida canonjía.
La Cámara pidió un informe al obispo ilerdense, quien lo
ejecutó el 31 de enero de 1773. Y visto este informe, junto
con la representación del otro miembro de la terna -Lorenzo
Bosquets-, y lo expuesto por el fi scal, por decreto del 16 de
junio, Carlos III declaró como legítima la elección de José
Tudor.
Y a pedimento de éste, el rey expidió una real cédula el 6
de julio siguien te, rogando y encargando a Joaquín Antonio
Sánchez Ferragudo y a los demás jueces y eclesiásticos del
Principado que «guarden, cumplan y ejecuten» la ex presada
declaración (nota 62).
Asimismo, en diversas ocasiones, el mismo monarca hubo
de intervenir para poder mantener el orden de sus súbditos
eclesiásticos instando a la Cáma ra a investigar a quién pertenecía
el patronato de determinados benefi cios. Manifi esto
exponente de esta práctica es la real cédula auxiliatoria que
ordenó expedir el 2 de diciembre de 1787 para que fuera ejecutado
un decreto de la Cámara que declaraba corresponder
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
al cabildo de la Catedral de Gerona la pro visión del benefi cio
fundado en el altar de San Andrés, vacante por falleci miento
en Roma de Jaime Pladeval (nota 63).
El interés de la Corona por el mantenimiento del orden eclesiástico
se ma nifestó también en la insistencia en los documentos
reales de las alusiones a la necesaria residencia de
los clérigos en sus benefi cios. Esta constante no fue únicamente
una obsesión de Fernando VI y de Carlos III, sino que,
como pode mos ver en el título XV, del libro I de la Novísima
Recopilación, desde los tiempos del emperador Carlos I ya
hallamos leyes referentes a estos aspectos. De hecho, todo
dicho título únicamente hace referencia a la citada «residencia
de los clérigos en sus Iglesias y Benefi cios». Valga como
primer ejemplo la ley dictada por D. Carlos y Dª. Juana en
Madrid el año 1534, en la que se deja muy claro que todos
los clérigos que tuviesen a su cargo un benefi cio curado habrían
de residir en él, si no querían perder todos sus frutos
(nota 64). Otra ley de con tenidos semejantes es la real orden
promulgada por Carlos III el 11 de junio de 1780, en la que
la obligada residencia se extendía a todos los provistos en
cualquier tipo de benefi cio eclesiástico (nota 65). Volviendo
un poco atrás en el tiem po, y situándonos en el contexto de
la fi rma del Concordato de 1753, Fernando VI, por real orden
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
y edicto de la Cámara del 3 de noviembre de dicho año, ordenó,
ante el aluvión de pretendientes de benefi cios, que
se retiraran de la cor te madrileña a sus diócesis y pueblos
(nota 66). Semejante disposición tomaría algunos años más
tarde Carlos III quien, por real orden del 23 de diciembre de
1759, renovada el 26 de abril de 1766, decidió que «los eclesiásticos
sin destino ni ocupación precisa en la Corte se retiren
á sus Iglesias y domicilios» (nota 67). Abun dando en todas
estas medidas, Carlos III perfi ló aún más sus intenciones
pues to que, por real orden del 22 de marzo de 1778, impidió
«la venida de Prebendados á la Corte, con título de diputados
de sus Cabildos sin Real li cencia», exponiendo como razones
el quebrantamiento del precepto de la obli gada residencia
y el consiguiente perjuicio del decoro de sus iglesias, y lo
que era aún más importante, del servicio del culto divino a los
feligreses (nota 68).
En la documentación podemos muy bien observar los recelos
reales a la hora de conceder dichas licencias. El caso más
destacable es el que afectó a un personaje de tanta categoría
como Manuel Abad y Lasierra. El entonces prior de Santa
María de Meyá expuso al rey que, al estar sus dos hermanos
menores empleados al servicio de la Corona (nota 69), era
él, y no otra persona, quien tenía que cuidar de la defensa
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
de los derechos y de la subsistencia de sus ancianos pa dres,
hermanos y demás dilatada familia. Y que para asegurar la
subsistencia de todos ellos había de acudir a la corte, puesto
que además de otros asuntos particulares, se estaba siguiendo
en ella una instancia sobre el cobro de ciertas cantidades
provenientes de unas salinas sobre las que su «honrada familia»
ha bía tenido los derechos desde tiempo inmemorial.
Por ello, le pidió a Carlos III que le concediera la real licencia
y permiso para ir a la corte por tiempo de seis meses.
Visto en la Cámara, por decreto del 20 de diciembre de 1779,
el rey le con cedió permiso para que pudiera ir a la Corte por
término de cuatro meses para los expresados fi nes particulares,
y al acabar el referido plazo volviera al citado priorato. Y
se lo comunicó por real cédula fechada cuatro días después
(nota 70). Como podemos apreciar, Carlos III no atendió al
plazo demandado por Abad y Lasierra, y casi a regañadientes
le concedió la licencia para cuatro meses.
La última manifestación real que trataremos en relación con
el manteni miento del orden eclesiástico es la que hace referencia
a la concesión de licen cias reales para los contratos
enfi téuticos de las tierras propias de los monasterios del Real
Patronato (nota 71). Veremos dos casos, ambos de 1773.
353

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
En el primero de ellos, Antonio de Grimau, abad de San
Pedro de Galli gans, informó a Carlos III que había concedido
una porción de bosque y monte de 70 besanas (nota 72) sita
en el término del lugar de Torrent, que servía de poco al monasterio
por estar inculta y no ofrecer a algunos particulares
del lugar más que un poco de leña y matas, a establecimiento
enfi téutico a los regidores y co mún del referido lugar, a cambio
de una pensión anual perpetua de 6 libras bar celonesas
en reconocimiento del dominio directo y de 45 libras más en
concepto de entrada.
Por su parte, los regidores acudieron a la Cámara haciendo
presente su inu tilidad, «el ningún benefi cio que producía» a
dicho pueblo, con la intención de que Carlos III les concediera
la real licencia -necesaria por ser la abadía del Real
Patronato-, para plantar viñas y emplear los benefi cios en la
redención de los capitales de los censos con que se hallaban
gravados los propios de dicho lugar.
Visto en la Cámara, con lo expuesto por el fi scal, por decreto
de 6 de mar zo de 1773, el rey concedió la licencia, a fi n de
que el establecimiento fuera «fi rme y valedero perpetuamente
sin que se le pueda poner nulidad o defecto», bajo la condición
de que se repartiese el pago de la pensión de 6 libras
entre los compradores a prorrata de la porción de tierra que
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
cada uno tomara, que dando el común y los propios de la villa
libres y sin responsabilidad alguna. Y para que se cumpliera
tal disposición, advirtió por medio de un real despacho fechado
el 28 de marzo de 1773 al capitán general y a la Audiencia
(nota 73).
El segundo caso hace referencia al monasterio de San
Esteban de Bañolas; igualmente, del Real Patronato por pertenecer
a la Congregación Benedictina Claustral.
Los cuatro administradores de la iglesia de dicho monasterio
(nota 74) repre sentaron a Carlos III que habían acordado
establecer una pieza de tierra conti gua a la citada villa de
Bañolas, llamada vulgarmente el Camp dels Turrers, de
siete besanas y media, que producía anualmente 415 reales
catalanes, a censo enfi téutico para la fábrica de casas.
Justifi caban su petición afi rmando que en tres distintas reuniones
capitulares, los benefi ciados de dicha iglesia resolvieron
a favor de la enfi teuticación con uniformidad de votos; y
que de ella se de rivaba el benefi cio público de aquella villa,
puesto que sus vecinos y moradores «anhelaban la extensión
de su población».
Visto el asunto en la Cámara, con lo que sobre ello expuso el
fi scal, y te niendo presente el benefi cio que signifi caba para la
iglesia abacial (por el in cremento de ingresos que supondría
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
en la administración de misas, aniversarios y demás pías memorias)
y para la villa (por la extensión de su po blación), el rey
concedió su real permiso y licencia a los expresados protectores
en real cédula del 21 de octubre de 1773 (nota 75).
4.15. ATENCIÓN REAL POR LAS NECESIDADES
ESPIRITUALES DE SUS SÚBDITOS
Como se adelantó, al rey correspondía velar para que las
necesidades espi rituales de sus súbditos estuvieran bien cubiertas.
Un medio para conseguir es te utópico fi n (nota 76)
fue la erección de capillas en lugares despoblados.
Un ejemplo de ello lo tenemos en la resolución de Carlos III
en 1774 de erigir una capilla en el sitio despoblado de las
Salinas, llamado de los Alfaques -en la diócesis de Tortosa-, a
fi n de que «el crecido número de sus dependientes consigan
el pasto espiritual que necesitan». Al tocar a perpetuidad su
pro visión al Real Patronato, dispuso que en ella se colocase
a un vicario, «capaz de instruir en la doctrina cristiana, de
predicar el Santo Evangelio y de admi nistrar los sacramentos»,
asignándole una congrua de 300 ducados anuales, consignados
sobre la renta general de Salinas del reino, y casa
para su residen cia, a condición de que dijera misa todos los
días (nota 77) conforme a las constitucio nes apostólicas.
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
Y tras ser visto el asunto en la Cámara, por decreto del 4
de junio, expidió real cédula doce días después al obispo de
Tortosa, para que procediera a la formación del concurso de
la vicaría, al tiempo que dispusiera que dicha cédula fuera
registrada en los libros de la Curia Eclesiástica para que se
tuviera constancia de ella a la hora de cubrir las futuras vacantes
(nota 78).
Siguió el prelado las instrucciones reales de modo que, tras
el concurso y examen de los examinadores sinodales -según
la normativa tridentina-, envió a la Cámara la terna compuesta
por los sujetos más idóneos para el desempeño de las
obligaciones de la vicaría. De ellos, el rey nombró a Juan
Bautista Chi cola, a quien expidió despacho de presentación
con la cláusula de que de él se habría de tomar razón en
la Contaduría Principal de la Renta General de Sali nas del
Reino, de donde salía su sueldo. Asimismo, remitió carta el 6
de sep tiembre de 1774 al obispo para que le diera a Chicola
posesión de la nueva prebenda (nota 79). Éste ocupó la
vicaría hasta la fecha de su muerte. Al quedar el be nefi cio
vacante, el obispo convocó el correspondiente concurso y
examen sino dal, siendo propuestos a la Cámara los tres sujetos
más idóneos de los aprobados. De ellos, el rey escogió
al doctor Domingo Giner, expidiéndole la real cédula de 13 de
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
noviembre de 1778 para facilitarle el acceso a la posesión de
la citada prebenda (nota 80).
Contamos con otros casos similares a éste. En ellos el rey
crea diferentes vicarías perpetuas, erige parroquias, convierte
iglesias en anexos.
El primero que citaremos lo localizamos en la diócesis de
Barcelona. Su obispo, Gabino de Valladares y Mesía, remitió
el 21 de enero de 1777 a la Cá mara una terna de sujetos
para la provisión del curato de la Parroquial de San Ginés
de Vilasar, vacante por promoción de Domingo Carles al de
Santa María del Pino, en esa ciudad, bajo la condición de que
el nombrado por el rey se ha bría de avenir a lo que se determinase
en su Curia en relación con la erección de un nuevo
curato en el vecindario de San Juan del Mar, y de una vicaría
nu tual, de continua residencia, en el vecindario de Santa
Cruz de Cabrils.
Estudiada la terna por la Cámara, la pasó al rey en los mismos
términos que la había presentado el obispo en consulta
del 19 de febrero siguiente. Car los III nombró para el referido
curato a José Fisonell, a quien se le expidió el título de presentación,
con la citada calidad, el 16 de marzo.
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
Tras resolver el obispo en su curia eclesiástica las instancias
seguidas por los expresados vecindarios, el 12 de noviembre
del mismo año remitió a la Cá mara los dos decretos formados,
fechados dos días antes, en los que estableció en anexos de
la dicha parroquial de San Ginés de Vilasar las dos iglesias
de los vecindarios, con un vicario perpetuo en cada una, y de
continua residencia. Hallándolos arreglados y conformes, la
Cámara acordó pasarlos a las re ales manos, como hizo en
consulta del 16 de febrero de 1778, y por resolución a ella,
Carlos III les prestó su real consentimiento, mandando que le
fueran de vueltos al obispo, junto a una real cédula auxiliatoria
de su publicación y eje cución, con fecha del 29 de marzo
siguiente (nota 81).
Para conocer la siguiente actuación de este tipo, habremos
de trasladarnos al obispado de Vic. Su prelado, Antonio
Manuel de Artalejo, ante la necesidad de asistencia espiritual
del lugar de Mayans, anexo a la parroquia de Castellfollit del
Boix, y con la anuencia de la Cámara, formalizó con fecha del
27 de agosto de 1778 el decreto de erección de Parroquia en
la Iglesia de San Andrés de Mayans, segregándola de la de
San Pedro de Castellfollit del Boix, y lo en vió al citado organismo,
junto a una copia autorizada.
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Una vez fue observado por los camaristas, el decreto original
pasó a manos de Carlos III en consulta del 26 de mayo
de 1779. Y por resolución a dicha consulta, el rey prestó su
consentimiento al citado establecimiento parroquial, mandando
que le fuera devuelto el decreto junto con una cédula
auxiliatoria de su publicación y ejecución datada el 18 de julio
siguiente (nota 82).
Para reseñar la siguiente intervención real hemos de remontarnos
a los tiempos del gobierno episcopal del prestigioso
José Climent. El 5 de junio de 1768, Carlos III le escribió
una carta encargándole que, tras oír al prior y mo nasterio
de San Gerónimo del valle de Hebrón, en uso de sus nativas
facultades procediese al remedio de los abusos y perjuicios
que padecían las parroquiales de San Ginés de Agudells y
San Martín de Cerdañola estableciendo en ellas vi carios
perpetuos seculares, asignándoles la congrua que estimase
conveniente, e informando de todas las providencias que al
respecto tomase a la Cámara.
El asunto se dilató más de una década de modo que, el obispo
sucesor, Ga bino de Valladares y Mesía fue quien, tras dar
audiencia al fi scal eclesiástico de su obispado y al referido
prior, formalizó y remitió a la Cámara el 28 de noviembre de
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
1778 el correspondiente decreto de erección y dotación de
las men cionadas vicarías perpetuas seculares.
La Cámara lo pasó al rey, junto con su dictamen, en consulta
del 22 de abril de 1780. Y por resolución a ella, Carlos III le
prestó su real consentimien to, mandando que le fuera devuelto
el original, junto con una real cédula auxiliatoria para
su ejecución con fecha del 30 de mayo, en la que dejaba bien
claro que ambas vicarías habían de quedar en lo sucesivo a
la real provisión en las vacantes que ocurriesen «en los ocho
meses y casos de las reservas especiales y generales», hecho
éste que debía quedar expresado en el decreto antes de
ser publicado (nota 83).
En el siguiente caso, Carlos III presta su apoyo tanto a una
iniciativa parti cular de repoblación como al interés de dicho
particular por cubrir las necesi dades espirituales de los nuevos
pobladores. Conocemos todo esto gracias a una real
cédula expedida el 15 de julio de 1783 al obispo de Tortosa,
Pedro Cortés y Larranz, para que formalizase el decreto de
erección de una parro quia, que había de construir José White
y Vague, vecino de la villa de Benicar ló, en la nueva población
que había de hacer en una heredad que poseía en los
términos de la ciudad de Tortoa (nota 84).
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
También llegó la actuación real hasta los confi nes de la dióce-
sis de Solso na. El 2 de junio de 1785 expidió un real cédula
auxiliatoria para la publica ción y ejecución del decreto de
adición de la Parroquial de San Gil de la villa de Torá, formalizado
por el obispo Rafael Lasala y Locela (nota 85).
Y, por último, aludiremos a un documento en el que intervienen
el obispo de Tortosa, Pedro Cortés y Larranz, y el mismo
Carlos III. El 26 de enero de 1784, el citado obispo envió una
carta a la Cámara expresando la necesidad de asistencia espiritual
de los lugares de Serra, Darmós, Guiamets y Valldelós,
anexos a la Parroquial de la villa de Tiviza, proponiendo la
erección de vica rías perpetuas en ellos. Posteriormente, el 1
de marzo del mismo año, también el ayuntamiento de la citada
villa dio noticia de tal necesidad a la Cámara.
Por ello, el expresado tribunal central encargó en carta del
21 de junio al obispo que formalizase el proceso instructivo
que debía preceder al estableci miento de vicarios en la
feligresía de Tiviza, teniendo en cuenta el estado de la parroquia,
justifi cando las ventajas que devendrían, tanto en lo
espiritual como en lo temporal, de la erección de las vicarías
perpetuas, y fi jando la dotación que había de señalarse a los
vicarios y al cura.
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
Así procedió Cortés y Larranz, de modo que, en uso de sus
nativas faculta des ordinarias, formalizó el 3 de septiembre el
correspondiente decreto de erección de vicarías perpetuas
en los referidos lugares anexos de la Parroquial de Tiviza, y
lo remitió a la Cámara por duplicado.
Tras ser examinado por los camaristas, éstos lo pasaron al
rey, con su dic tamen en consulta del 17 de mayo de 1786. Y
por resolución a ella, Carlos III prestó su real consentimiento
al decreto, devolviéndolo al obispo, junto con una real cédula
auxiliatoria del 17 de junio siguiente, para que su publicación
y ejecución no hallara obstáculo alguno (nota 86).
Como indicamos, entre los deberes que se imponían los
monarcas españo les al considerarse patrones de las iglesias
nacionales se hallaba el de atender a las necesidades inmediatas
del clero.
Y de imperiosa necesidad parecía resultar para el cabildo de
la Catedral de Tortosa el hecho de que Carlos III declarara
la secularización de dicha iglesia. En 1771, Juan Antonio de
Rosilló, novicio de dicha catedral, como apode rado del cabildo,
le presentó al rey las razones que debían persuadirle de
que dicha iglesia, que se tenía por regular de San Agustín,
debía ser secularizada. Pretendía que le prestara su real
363

ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
consentimiento para poder desplazarse a la Ciudad Eterna y
suplicar al Sumo Pontífi ce que declarara la secularización, o
bien que encargara a su ministro en Roma que obtuviera de
Su Santidad la ci tada declaración.
Por resolución a consulta de la Cámara de 13 de noviembre
de 1771, Carlos III prestó su permiso para que el expresado
cabildo acudiera a Roma para llevar a cabo tal solicitud, mandando
además a su representante en Roma que pasase en
su real nombre los ofi cios correspondientes para su logro.
La operación fi nalizó con éxito, pues Su Beatitud se sirvió declarar
la se cularización de la Catedral de Tortosa, expidiendo
la bula correspondiente el 5 de septiembre de 1772, bula que
llegó al ministro en Roma, quien la remitió sin dilación a la
Cámara. Vista en el Consejo, con lo expuesto por el fi scal, y
al no encontrar cláusula alguna perjudicial a las regalías de la
corona, conducien do todas a la mayor fi rmeza de la secularización,
por decreto de 4 de noviem bre de 1772, el rey concedió
el pase a dicho escrito apostólico, mandándolo entregar
al cabildo en real cédula fechada cuatro días después para
su puntual ejecución y cumplimiento (nota 87).
364

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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
4.16. PROTECCIÓN DE LA CULTURA ECLESIÁSTICA:
FUNDACIÓN DE SEMINARIOS Y CONSERVACIÓN
Y ESTUDIO DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
Como ya sabemos, el catolicismo personal de Carlos III no
era la religión de gran ceremonial y prácticas supersticiosas
tan extendida en la España del XVIII (nota 88). Más bien,
el Estado, de acuerdo con sus ideales ilustrados, pretendía
reformar la Iglesia, eliminando la superstición, racionalizando
su administra ción, e incrementando el nivel intelectual general
de la clerecía (para crear una Iglesia más atenta a sus
responsabilidades pastorales) (nota 89).
En 1766, Carlos III promulgó un decreto con el fi n de estimular
la funda ción a gran escala de seminarios e incrementar el nivel
de instrucción de los ya establecidos (nota 90). Perseguía
con ello varios objetivos. Por un lado, convertirlos en parauniversidades,
liberándolos del control de los cabildos catedralicios
y eli minando las disputas entre escuelas fi losófi cas
(nota 91). Por otro, poner fi n a la for mación de sacerdotes
en las escuelas de latinidad locales, donde los candidatos al
sacerdocio recibían una educación tan rudimentaria que apenas
iba más allá del catecismo y de la forma de decir misa y
de administrar los sacramentos.
365

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Los esfuerzos de Carlos por incrementar el número de seminarios
fueron tan fructíferos que se fundaron 17 durante su
reinado. Pero las reformas que promovió el Estado fracasaron
a la hora de incrementar signifi cativamente el nivel educativo
del clero más bajo; la mayoría continuó adquiriendo
los cono cimientos que necesitaban para su ministerio de la
manera tradicional, y los se minarios tampoco fueron capaces
de igualar el prestigio de las facultades universitarias de teología
y fi losofía.
La expulsión de los jesuitas de España en 1767 abrió nuevos
horizontes al gobierno reformista de Carlos III. La Corona ordenó
que las casas y rentas de la orden fueran destinadas a
fi nes religiosos y educativos. La confi scación de las propiedades
de los jesuitas permitió al Estado establecer nuevas escuelas
bajo auspicios religiosos, pero con planes de estudios
más avanzados, crear instituciones de caridad bajo dirección
clerical, y fundar nuevos seminarios pa ra mejorar el nivel del
clero parroquial (nota 92).
A estas directrices responde el caso siguiente, pues, tras
consulta de la Cá mara, Carlos III decidió utilizar el edifi cio y
la iglesia que tenían los jesuitas en Tortosa para el establecimiento
de un seminario sacerdotal. Se pidió la opinión tanto al
obispo, Bernardo Velarde, como al gobernador de dicha pla-
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366

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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
za «en calidad de comisionado de temporalidades». Ambos
dieron su visto bueno. Superados los preliminares, la Cámara
acordó que el prelado formalizase y remitiese los estatutos y
constituciones oportunos para el gobierno y la direc ción del
nuevo Real Seminario Sacerdotal, como así se ejecutó el 15
de abril de 1770. Al pertenecer dicho establecimiento al Real
Patronato y poder verse afectadas las regalías de la corona,
la Cámara estimó conveniente, en reunión ex traordinaria del
23 de junio siguiente, que el obispo remitiese tales constituciones,
en copia certifi cada, al secretario para los asuntos de
los reinos de Aragón.
Tras su examen, el fi scal halló algún reparo respecto a la conservación
del seminario, por lo que pidió informe al obispo,
quien lo envió el 29 de diciembre de 1771. Las dudas existentes
se disiparon por completo, no quedando obs táculos para
su aprobación. Ésta se produjo por decreto del 15 de febrero
de 1772, reservándose el rey la posibilidad de «alterar y variar
esta fundación y sus constituciones siempre que hubiese
útiles y justas causas para ello». Y se gún los procedimientos
ordinarios, por real cédula de 23 de febrero de 1772, encargó
al metropolitano de Tarragona, a los obispos del Principado -y
señala damente al de Tortosa-, y a los demás jueces, prelados
y personas eclesiásticas de él, y al Capitán General, regente
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
y Audiencia, y demás ministros y personas a quienes tocar
pudiere que guardaran, cumplieran y ejecutaran las referidas
constituciones (nota 93).
No es el único caso de erección de seminarios en Cataluña.
Dos años des pués, el mismo Bernardo Velarde representó
al rey «la gran utilidad de erigir un seminario conciliar» en
el Real Colegio de Santiago y San Matías de la ciudad de
Tortosa (nota 94), ya que al ser su patrón por haber sido
fundado por Carlos I, necesitaba su real consentimiento.
Antes de resolver sobre su concesión, Car los III quiso tener
delante la cédula fundacional, por lo que envió sendos despachos
fechados el 17 de abril de 1774, a Manuel de Ayala y
Rosales -a cuyo cargo se hallaba el Archivo de Simancas- y
a Francisco Xavier de Garma y Durán -encargado del Archivo
de la ciudad de Barcelona-, para que la encon traran y remitieran
a la Cámara una copia íntegra y certifi cada (nota 95). De
cualquier forma, la erección del seminario en el citado colegio
no fue nada fácil, pues suscitó un pleito entre los rectores
de los colegios de Santiago y San Matías, y Santo Domingo
y San Jorge, por una parte, y el promotor fi scal de la Curia
eclesiástica de ese obispado, por otra; pleito que en 1778
aún permanecía pen diente de sentencia (nota 96).
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
Otro tipo de contribución eclesiástica a la cultura fue la construcción
y conservación de archivos y bibliotecas, efectuadas
unas veces por mandato de los propios obispos, otras por iniciativa
de los curas párrocos o de las propias congregaciones
regulares (nota 97), como es nuestro caso.
Hay que poner «en el haber de los monjes el celo con que
custodiaban los libros, los pergaminos y las infi nitas riquezas
que encerraban los monasterios. Pero se ocupaban más de
conservar que de acrecentar, y muy pocos sentían la curiosidad
de resolver aquellos tesoros bibliográfi cos y documentales»
(nota 98). Una labor callada, a veces resistencial contra
los efectos de los confl ictos bélicos, que se han encontrado
las nuevas generaciones de estudiosos como un legado de
suma importancia.
Uno de esos pocos religiosos fue Manuel Abad y Lasierra
(nota 99), quien en 1771 recibió del rey comisión para reconocer
los archivos y bibliotecas de los mo nasterios de
su congregación, la Benedictina Claustral Tarraconense
Caesara gustana.
Abad, que conocía la realidad de dichos monasterios por ejercer
de visita dor de la congregación, le representó a Carlos III
que éstos habían dado asilo a los fi eles «de esas provincias»
durante el tiempo en que estuvieron invadidas por los sarra-
369

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
cenos, descansando en sus templos «los cuerpos de los
príncipes que gobernaron en Aragón y Cataluña los cuatro
primeros siglos», y sirviendo sus archivos de depósito de
documentos relativos «a la Iglesia, el Estado, los intereses
de muchas catedrales y sujetos particulares», papeles que
se utilizaron anteriormente en infi nidad de ocasiones para
evidenciar derechos y justifi car privilegios, y entre los que
se acababa de encontrar una bula de Urbano II concedida a
Pedro I.
Continuaba argumentando que al estar todos estos monasterios
«en lo más áspero de los Pirineos», había sido tarea
difícil para los escritores examinar a fondo los archivos, «y
con la refl exión que piden las importantes memorias y antigüedades
que en ellos se conservan, de donde nace que
muchos, fi ándose de trasuntos defectuosos, los han impreso
llenos de equivocaciones; y otros, ayudados por la autoridad,
extrajeron de los referidos archivos memorias muy útiles
de las que se hizo lastimosa dispersión hasta el reinado de
Felipe V, en que prohibió que se sacase ejemplar alguno sin
el real permiso».
Le comentó que, habiendo tenido desde hacía muchos años
a su cargo el archivo del monasterio de San Juan de la Peña,
y visitado, por razón de su em pleo, con toda diligencia, los
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
de los otros monasterios, consideraba que podía ser muy
útil confeccionar «una colección de los muchos manuscritos,
códices, cartularios, bulas, cartas reales y otras memorias
de ese género» que se halla ban en los referidos archivos,
«especialmente para la luz de los primeros si glos de la restauración
de España en que los primeros monjes dejaron
admirables testimonios de su laboriosa aplicación».
Y que, deseando contribuir a este designio, desde hacía
muchos años se empleaba en recoger cuantas memorias de
este género se le proporcionan, y en adquirir noticias de las
dispersas, para proceder a su recuperación si ello fuere posible,
consiguiendo juntar un número apreciable de manuscritos,
inscripcio nes, monedas y otros testimonios semejantes
conducentes al fi n propuesto, siendo su hallazgo más destacable
un manuscrito de la Historia General de Aragón de más
de 400 años que hasta entonces no había salido nunca a la
luz pública.
Abundaba en su importancia, insistiendo en que dicho manuscrito
consti tuía «la única y más pura fuente donde bebieron
los primeros cronistas del rei no», y que por su pérdida
se había turbado vergonzosamente «la verdad de nuestras
historias, llenándolas de confusión y contradicciones los escritores
modernos».
371

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Y deseando someter esta pieza indemne «a la serenidad de
la más riguro sa critica», se había propuesto confi rmarla «con
las mismas escrituras, de don de cogió su autor la verdad, y
con otras muchas inscripciones y testimonios de la antigüedad
que están en las losas u olvidados en los archivos de
estos mo nasterios».
Para ello pidió licencia al presidente de la Congregación. Éste
reconoció, por decreto del 7 de noviembre de 1770, que era
necesario el real permiso para poner en práctica la deseada
investigación.
Ante tal recomendación, fi nalizaba su petición al monarca
con un lenguaje sumamente lustroso, brillante y halagador
hacia su real persona, arguyendo que, para que su trabajo
y aplicación en honor de la antigüedad de los monasterios y
conservación de tantas memorias ilustres estuviera dedicado
a la me moria de los reyes predecesores, fundadores y patronos
de esos monasterios, era necesario que le concediera
comisión para examinar los archivos y biblio tecas de dichos
monasterios, mandando a sus abades y cabildos que le
permi tieran el acceso a los manuscritos y demás documentos
útiles para continuar su labor, sin que ocultaran ninguno, así
como poder fi jar su residencia para poder llevarla a cabo con
la pausa que requerían comprobar la legalidad de las escri-
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
turas y escribir acerca de ellas, tarea para la que le sería de
gran valor la ayuda de algún monje de la comunidad.
Visto el pedimento en la Cámara, con lo expuesto por el fi scal,
por resolu ción a consulta de 6 de mayo de 1771, en atención
a la utilidad de la obra que quería perfeccionar el referido
Manuel Abad, Carlos III le concedió permiso para examinar y
reconocer los archivos y bibliotecas de la congregación con
las prevenciones expresadas, bajo la condición de remitir a
manos de su secre tario para los asuntos de la Corona de
Aragón un extracto o índice de su traba jo anterior, así como
un informe de los documentos y manustritos que encontrare,
pues los originales debían permanecer en su lugar de origen.
Dicha orden le fue comunicada por real despacho de 4 de
junio de 1771 (nota 100).
Abad y Lasierra tomó por ayudante en el monasterio de
Santa María de Gerri al limosnero, Francisco Llovet y Mas
(nota 101). Éste, entre otras labores, con feccionó un índice
de los documentos manuscritos del archivo del monasterio.
Tras acabar los trabajos en él, remitió los resultados a
Manuel Abad, que ya era por entonces prior de Santa María
de Meyá.
Después pasó al monasterio de San Cugat del Vallés, donde
halló difi culta des por parte del abad y del cabildo a la hora
373

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
de reconocer el archivo, pues és tos, tras consultar con sus
abogados, consideraron que la real cédula del 4 de junio
de 1771 no le facultaba para el registro de archivos fuera
del monasterio de Santa María de Gerri, pues únicamente
permitía a Abad elegir ayudante en tre los miembros de cada
establecimiento.
Llovet dio cuenta de ello al prior, y al conocer que no podría
obtener pron tamente una real declaración a su favor, decidió
aprovechar su estancia en Bar celona para iniciar un
Compendio Canónico Cronológico de la Historia Eclesiástica
de España. Pudo terminar el primer tomo, y lo envió a la
Cámara.
Al no poder continuar la obra por falta de libros, sus superiores
le hicieron retirarse a su monasterio. Ello propició la reacción
de Abad, quien suplicó a Carlos III que le dispensara a
Llovet su real protección y permiso «para enmendar, corregir
o ilustrar» dicho primer tomo, y para confeccionar otros dos
más; que, en calidad de asociado suyo, le autorizara a reconocer
los archivos y sacar de ellos las noticias que precisare;
y que le concediera licencia para per manecer en la Ciudad
Condal todo el tiempo que necesitare.
La petición de Abad llegó a la Cámara, donde fue objeto de
estudio, hasta que, por real decreto del 16 de octubre de 1776,
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
Carlos III ordenó que Llovet hiciese lo conveniente en cuanto
a la censura y edición de dicho primer tomo del Compendio,
y que continuara la obra hasta concluirla. Sobre la residencia
en Barcelona, el rey le despachó la licencia para permanecer
en dicha ciudad todo el tiempo que estimase necesario para
la formalización del citado com pendio. Y en relación con el
reconocimiento de archivos, le expidió una real cédula, con
fecha de 28 de noviembre del mismo año, encargando a los
Presi dentes de la Congregación Benedictina Claustral y a los
abades y cabildos de los monasterios de dicha congregación
que le proporcionasen el acceso a di chos archivos, para que
así procediese de acuerdo con el prior de Meyá, comi sionado
por la Cámara para este asunto, de modo que ambos dieran
puntual información de todos los documentos y papeles que
hallaren concernientes a instruir «el asunto de los derechos
de la Corona», que proyectó y ofreció de sempeñar el mencionado
prior (nota 102).
Dentro de esta labor de protección y conservación de la cultura
eclesiástica podemos enmarcar también los intereses que
propiciaron la expedición de la real cédula de 17 de febrero
de 1771. Dirigida a los diferentes arzobispos, obispos y cabildos,
resolvió, entre otras cosas, que se estableciese en cada
diócesis un bibliotecario.
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Aunque el 26 de mayo de 1774, Carlos III expidió un despacho
dirigido al doctor Antonio Rubiol para que se hiciera cargo
de la biblioteca de la diócesis de Lérida (nota 103) -cuyo
registro en los Libros del Real Patronato no es más que una
escueta mención al nombramiento-, conocemos la existencia
de dicha real cé dula del 17 de febrero de 1771 gracias a un
documento que refi ere la vacante de este empleo en la diócesis
de Barcelona, causada por la promoción de Félix Amat a
la canonjía magistral de la Iglesia Metropolitana de Tarragona
(nota 104). El obispo, Gabino de Valladares, envió a la
Cámara una terna con los sujetos más idóneos para servir dicho
ofi cio. Allí, por resolución a consulta del 31 de agos to de
1785, y en virtud del real despacho del 29 de septiembre siguiente
(nota 105), Carlos III nombró al doctor Vicente Lobo -
uno de los componentes de la ter na-, al que asignó un sueldo
anual de 500 ducados de vellón, cargados sobre los frutos y
rentas de la mitra. Las obligaciones del bibliotecario diocesano
eran diversas. Antes de entrar al ejercicio del cargo debía
hacer obligación for mal a favor de la mitra de responder de
cuantos libros se le entregaran. Y debía asistir a la Biblioteca
tres horas por la mañana y dos por la tarde todos los días
festivos. Además, el empleo de bibliotecario podía ser un
efi caz trampolín, pues el rey dejaba claro en su real cédula
que atendería particularmente a quienes se distinguieran por
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
sus méritos en dicho ofi cio, y que encargaría a los prelados
que favorecieran a los que destacasen por su aplicación y
aprovechamiento, dando cuenta de ellos a la Cámara para
que fueran benefi ciados con las mejores pre bendas en las
provisiones reales de vacantes del Real Patronato.
Mencionaremos un último caso de protección de la cultura,
que demuestra plenamente el carácter ilustrado de la gestión
carlotercerista y, especialmente, su preocupación por
elevar el nivel cultural de sus súbditos, tanto seglares como
eclesiásticos. Todo el asunto que relatamos a continuación
devino a raíz de la supresión de un convento de agustinos
calzados cercano a Viella. Remonté monos a su origen.
El prior, consejeros y procurador síndico del valle de Arán,
diócesis de Co menge, en el Principado de Cataluña, acudieron
a Carlos III con un memorial fechado el 9 de marzo de
1772 diciendo que desde «tiempo antiquísimo e in memorial»
había en el centro del valle, a un cuarto de legua de la villa
de Vie lla -su capital-, un convento de agustinos calzados, en
el que por sus pocas rentas sólo vivían dos religiosos, que se
mantenían del producto de las pías fundaciones hechas por
los naturales del valle.
Y a pesar de ello, decían que el convento era muy útil para
el valle puesto que los monjes se aplicaban a la enseñan-
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
za de primeras letras y de gramática a los habitantes del
lugar, quienes «por este medio fácil ascendían al estado
sa cerdotal, y a otros». Y que, habiendo hecho visita Javier
Agustín, Provincial de la Orden en 1771, había trasladado
a los dos religiosos a otros conventos, quedando el valle
sin aquellos estudios e imposibilitado de poderlos dar a sus
naturales, porque los más inmediatos estaban en la villa de
Graus, distante tres jornadas, y los de facultades mayores en
las Universidades de Cervera y Hues ca, que distaban cinco.
Y los naturales, tanto por lo intransitable de sus puer tos, especialmente
en invierno «por la mucha nieve», como por no
poder costear los alimentos en la villa de Graus, «carecerían
de unos estudios tan precisos para emprender cualquier carrera,
y aun para la precisa enseñanza e instrucción en el
gobierno económico de sí mismos».
Además, se quejaban de que el Provincial se había hecho
con los ornamen tos y vasos sagrados de la iglesia del convento,
con los censos que éste gozaba por la celebración
de misas en la parroquia de Viella, y con las demás rentas,
poniéndolas a cargo de administradores.
Por ello, los representantes del valle de Arán suplicaron al
rey que ordena se que ya que los bienes y las rentas del convento
procedían de donaciones pías de los naturales, fueran
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
destinados para establecer dos maestros de prime ras letras
y gramática en la villa de Viella, «para la mayor comodidad
de la enseñanza».
La Cámara pidió información del asunto a la Audiencia del
Principado, al Gobernador del valle de Arán, y al provisor y
ofi cial eclesiástico del obispo de Comenge, formándose un
dilatado expediente. En él, el Provincial presentó una copia
testimoniada de un decreto expedido el 20 de agosto de
1771 en el nominado convento, por el que, teniendo la licencia
del Padre General de la Orden y el uniforme dictamen del
Capítulo privado celebrado en Barcelona, hacía dimisión y renuncia
de él, y de todos los «derechos y acciones que sobre
él tenía en virtud de cualquier breve apostólico, real decreto,
última voluntad, donación o cualquier otro instrumento». Y
que para que todo tuviese su debi do efecto, había hecho
formar un exacto inventario de las obligaciones y car gas del
convento, y de los bienes y jocalias pertenecientes a su iglesia
y sacristía, poniéndolos en depósito en poder del capítulo
de la villa de Viella; y había encargado a Miguel Valle, último
prior del convento, que entregase al obispo de Comenge dichos
inventario y testimonio de depósito, junto con las llaves
del convento y el decreto original de dimisión y renuncia de
él.
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
No obstante, las investigaciones del expediente permitieron
conocer que el convento poseía diversos bienes inmuebles
-una casa, dos huertos, dos prados, un campo- y algunos
derechos de diezmos y pensiones de censos, todos ellos
arrendados, y productores de 173 libras, 15 suelos y 7 ardites
anuales, quedan do cedidos graciosamente al arrendatario la
casa y los huertos para el cultivo de vid (nota 106). Y también
dieron noticia de que el convento percibía además 23 li bras,
3 sueldos y 11 ardites por varios censos sujetos a celebraciones
de misas, cantidad que venía cobrando el capítulo eclesiástico
de la villa de Viella, a quien provisionalmente había
encargado el provisor del valle las celebraciones.
Y sucedió que la orden de San Agustín pretendió hacerse con
la primera de las cantidades. Por ello, y por la urgente necesidad
de reparar la iglesia que pu so de manifi esto el provisor,
dichas rentas fueron embargadas y guardadas en depósito
por orden del gobernador.
Este hecho provocó la rápida intervención del Provincial de la
Orden por medio de la presentación en la Cámara de dos recursos.
En el primero, preten dió que se librase el real decreto
pertinente para que no se le impidiese a la Orden la percepción
de las rentas, y su aplicación o enajenación con arreglo
a la libre voluntad de su General. Y en el segundo, solicitó
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
que se providenciase lo conveniente a fi n de que los mencionados
bienes raíces quedasen aplicados en su benefi cio
espiritual con el gravamen anterior de celebración de misas
y ani versarios, para que en caso de necesidad pudiesen ser
enajenados una vez obte nido el correspondiente permiso.
Tras estudiar ambos recursos, y teniendo en cuenta que la
dimisión y re nuncia a dicho convento y sus bienes hecha
por la Orden de San Agustín fue li bre, absoluta y sin reserva
alguna, la Cámara declaró no haber lugar a las pretensiones
del Provincial.
Posteriormente, el 9 de abril de 1775, los representantes del
valle acudie ron a ella presentando una copia testimoniada de
un decreto expedido por el obispo de Comenge el 1 de marzo
anterior, en el que, con vista de la dimisión y renuncia del
convento, admitía las peticiones de los habitantes del valle,
eri giendo dos benefi cios eclesiásticos de obligada residencia
en Viella con el títu lo de Escuela de Gramática, en los que
sus obtentores tenían que enseñarla dos horas por la mañana
y dos por la tarde, a excepción de los domingos, días
de fi esta y jueves por la tarde, y que debían salir a concurso
general que tendría lugar ante el propio obispo, y al que podrían
presentarse todos los clérigos del valle. Para la dotación
aplicó todos los bienes muebles e inmuebles que habían
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
pertenecido al convento. El gobierno de la Escuela recaería
en un Consejo par ticular, compuesto por siete consejeros,
siendo el presidente el ofi cial del obis po en el valle, y los
otros seis nombrados por el Consejo General del mismo valle
-tres entre los curas de sus parroquiales, y tres del Estado
secular, uno de los cuales había de encargarse de cobrar las
rentas y dividirlas en dos partes para pagar a los maestros-.
Pero como para la erección, eran necesarios los bienes que
tenía el rey secuestrados, el decreto concluía pidiendo a S.M.
que los aplicara a tal fi n o como su merced dispusiese para el
mejor servicio de sus vasallos del valle.
La Cámara volvió a examinar la cuestión, pasando consulta
con su dicta men el 3 de octubre de 1777. Y por resolución a
ella, Carlos III prestó su real asenso para que tuviera efecto el
citado decreto episcopal del 1 de marzo de 1775 de erección
de dos benefi cios para la enseñanza de Gramática en Viella,
a condición de que ambos fueran nutuales y no colativos, con
el fi n de que si los provistos faltaren al cumplimiento de sus
respectivas obligaciones pudieran ser removidos; y con la
calidad de que, tras realizar el concurso, el obispo re mitiese
la propuesta de dos sujetos -de los más dignos entre los
aprobados - para cada benefi cio al Consejo particular para
que éste procediese a la elección entre los propuestos; siem-
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
pre que todo ello no perjudicase las regalías de la Corona ni
las ulteriores disposiciones que quisiere tomar.
Y para que el decreto pudiese ser ejecutado, escribió sendas
reales cédulas, con fecha del 8 de marzo de 1778, al gobernador
del valle de Arán, para que alzase el secuestro sobre
los bienes y rentas que pertenecieron al convento agustino
suprimido; y a las autoridades seculares del Principado para
que die ran al obispo el auxilio que requiriere para el cumplimiento
del decreto (nota 107). Esta interesante aplicación
de rentas eclesiásticas a la enseñanza, junto con las demás
medidas anteriormente citadas, nos hace comprender que
la protec ción de la cultura eclesiástica tenía un gran peso
específi co entre las competen cias de los monarcas hispanos
como patrones de la Iglesia nacional.
4.17. ASISTENCIA A LOS MARGINADOS
Con el avance del siglo XVIII, la monarquía fue ocupándose
de esta fun ción que, con anterioridad, había sido patrimonio
casi exclusivo de las institu ciones eclesiásticas. En un documento
hallamos a Fernando VI admitiendo bajo su protección
y aprobando las constituciones de una reciente fundación: el
Monte de Piedad de Barcelona.
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
La idea de fundar en Barcelona un Monte de Piedad -institución
de crédito en metálico- ya se había concebido en el
siglo XVI. No obstante, sólo se hizo realidad en los últimos
años del reinado de Felipe V, cuando en 1740 Gaspar Sanz
de Antona fundó la Congregación de Nuestra Señora de la
Esperanza y Salvación de las Almas. Fue, por tanto, una congregación
religiosa, al igual que en Granada o Zaragoza, la
que originó la fundación del Monte de Piedad. Sanz falleció a
fi nales de 1748 por lo que su consiliario, Bernardino Martínez
de Cabezón, erigido en administrador del mismo, presentó al
rey el proyecto de constituciones.
Cabezón informó a Fernando VI que al estar muy extendidas
las usuras por Barcelona (nota 108), y deseando extinguir
estos abusos por ser su «principal instituto evitar ofensas a
Dios», la citada congregación acordó el 25 de marzo de 1749
fundar un Monte de Piedad a fi n de «socorrer a muchas personas
necesitadas y lograr el aumento de los caudales de la
Congregación para los piadosos fi nes a que están destinados,
que son implorar el auxilio divino para que los pe cadores
detesten de la culpa y las mujeres públicas, abandonando
su vida estragada, se recojan en la Casa de Retiro, donde
la Congregación las man tiene temporal y espiritualmente,
habiendo conseguido en poco más de cuatro años recoger y
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
sacar de tan deplorable estado a 38 mujeres, de las que las
nueve se hallan profesas en los Conventos de Arrepentidas
de dicha ciudad, y la de Valencia, otras recogidas por sus
parientes, otras casadas y otras conci liadas con sus maridos,
de quienes antes estaban fugitivas» (nota 109).
Y en atención a lo referido, le suplicó al monarca que se sirviera
admitir bajo su real protección y amparo la fundación
de dicho Monte de Piedad -y la referida Casa de Retiro o
Refugio-, concediéndole hermandad con el establecido en
Madrid, para gozar de sus prerrogativas, privilegios, inmunidades,
exen ciones y preeminencias (nota 110).
Visto en la Cámara, con el informe de la Audiencia de
Cataluña, por reso lución a consulta de 9 de diciembre de
1751, condescendiendo con la instancia de la mencionada
congregación, Fernando VI admitió bajo su real protección y
amparo al Monte de Piedad -y Casa de Retiro-, aprobando
las constituciones presentadas, especifi cando que siempre
habrían de ir unidas a la real cédula de admisión fechada
el 28 de enero de 1751. Asimismo, envió despacho a las autoridades
seculares del Principado para que lo atendieran,
ampararan y defen dieran en todas sus causas y negocios, al
igual que a las otras comunidades y fundaciones que gozaban
de la real protección (nota 111).
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Poco después, Cabezón volvió a dirigirse a Fernando VI para
que, siguien do el ejemplo de los Montes de Piedad de Madrid
o Granada, el de Barcelona pudiera gozar también de la prerrogativa
de tener juez privativo, con jurisdicción activa y pasiva
en las causas pertenecientes al real Monte, sus ministros,
sirvientes y demás dependientes, sin que pudieran tener los
jueces eclesiásticos conocimiento alguno ni en lo gubernativo
ni en lo contencioso con dicho Mon te de Piedad.
Visto en la Cámara, con lo informado por la Audiencia y lo
expuesto por el fi scal, el rey declaró, por real despacho de 23
de marzo de 1752, que el juez protector del Monte de Piedad
de Barcelona, Francisco Ramírez de Arellano - oidor de esa
Real Audiencia-, tuviera el conocimiento de las causas de
dicho Monte, sus ministros, sirvientes y demás dependientes,
interponiendo sus ape laciones en la Audiencia, donde
deberían decidirse con arreglo a las leyes mu nicipales, usos
y costumbres del Principado, a menos que el rey diera alguna
providencia particular. Asimismo, declaró que las vacantes de
dicho empleo fueran cubiertas por presentación del Capitán
General, conforme a lo preveni do en las referidas constituciones
(nota 112).
Dos años después, el protector informó al monarca que algunos
dependien tes de la institución se negaban a reconocer la
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
autoridad del administrador, lo que suponía graves perjuicios.
Por ello, le suplicó que se sirviera declarar que la dirección
del Monte de Piedad -y la subordinación de sus empleados-
le co rrespondía al administrador general, tal como era práctica
en el de Madrid. Visto en la Cámara, por decreto de 28
de septiembre de 1754, Fernando VI declaró que la dirección
de dicho centro asistencial correspondía al administra dor
general, y que sus empleados y dependientes debían subordinarse
a sus ór denes. Por ello, mandó real despacho al juez
protector el 11 de octubre, para que diera las providencias
pertinentes para que los mencionados dependientes acataran
su resolución (nota 113).
Dentro de esta misma línea de atención a los asuntos asistenciales
pode mos enmarcar las pretensiones de Carlos III
de extender su Real Patronato a la Orden Hospitalaria de
San Antonio Abad.
Dicha orden fue instituida como cofradía en Vienne en el año
1095 por el noble Gastón. Posteriormente recibió la regla de
San Agustín. En el Principado contaba con varias encomiendas.
La más antigua era la de Cervera, fundada en 1215.
Tras ella, la de Lérida, en 1271. La de Valls, a fi nes del siglo
XIII. La de Tárraga en 1315. La de Perpiñán en 1319. Y la de
Barcelona en 1434 (nota 114).
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Hallándose pendiente en la Cámara un expediente sobre
la declaración de esta congregación como perteneciente
al Real Patronato, por real decreto del 9 de noviembre de
1761, Carlos III estableció que, sin perjuicio de los reales de
rechos, el preceptor general de la congregación remitiese a
la Cámara una lista de pretendientes -con informes adjuntos-,
para cubrir las vacantes que acae cieren en los meses y
casos reservados, para que el citado tribunal los consul tase
al rey, y éste procediese al nombramiento. Dicho acuerdo le
fue comunicado al preceptor en real cédula del día 1 del mes
siguiente.
Pero no fue hasta 1787 cuando Carlos III pudo por fi n acceder
a la provi sión de una encomienda de esta orden. Hallándose
vacante la de la Casa Hos pital de la ciudad de Lérida, por
fallecimiento de Lorenzo Belenguer en mes reservado, el preceptor
envió a la Cámara la lista de pretendientes, junto con
los informes. Y a consulta de la Cámara, y teniendo en consideración
sus méri tos, el rey nombró a Miguel Amengual por
título expedido el 27 de marzo. Y ordenó que las rentas que
excediesen los honorarios del comendador, fueran aplicadas
al sustento, abrigo y recogimiento de los pobres enfermos
que acu diesen a dicha casa hospital. Y que para la mejor
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
administración tuviese «libro de cuenta y razón particular»
(nota 115).
Meses más tarde, el 11 de septiembre, Carlos III nombró otros
tres comen dadores (nota 116). Para la Casa Hospital de
Valencia, vacante por fallecimiento de Ra món de Santolaria,
designó a Juan Bautista Salvador. Para la encomienda de la
villa de Valls, vacante por promoción de Pedro Vella a la de
Zaragoza, el rey prebendó a Pablo Martí. Y por último, para la
encomienda titulada Priorato de la Casa Hospital de Tárraga,
vacante por muerte de José Raón, Carlos III eligió a Toribio
Berenguer.
4.18. REGLAMENTACIÓN DE LAS FIESTAS
ECLESIÁSTICAS
La Iglesia era una institución rica y poderosa, y en una nación
donde la práctica religiosa estaba tan profundamente arraigada,
imponía sus modelos de conducta sobre toda la sociedad.
Puede afi rmarse que la verdadera fuerza de la Iglesia
residía en su ascendente espiritual sobre la población, desde
la aristo cracia hasta las masas campesinas. Sobre éstas
ejercía una infl uencia casi má gica, una infl uencia que parecía
impregnar todos los aspectos de la vida. Los momentos
más básicos de la existencia humana -nacimiento, matrimo-
389

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
nio, muerte- estaban rodeados de un ritual sacramental. Las
procesiones religiosas llenaban las calles en las grandes festividades
del año. Tanto los campesinos como los habitantes
de las ciudades establecían sus horarios diarios al toque de
las campanas de sus iglesias (nota 117).
La Iglesia controlaba completamente el tiempo, incluso el
dedicado al ocio, pues establecía más de noventa fi estas de
guardar, en las que no se trabajaba, amén -nunca mejor dicho-
de la costumbre inveterada de guardar los lunes.
Y en el siglo XVIII, la monarquía no ocultaba su intención de
intervenir, de romper tan arraigado monopolio de la Iglesia,
de tener algún control -aun que fuera mínimo- del tiempo cotidiano.
En el Concilio episcopal de la Provincia Tarraconense celebrado
en 1727, se trató el tema de la enmienda y reforma
de algunos abusos introducidos con tra la observancia de
diferentes preceptos, especialmente el quebrantamiento de
los sagrados días de fi esta por trabajar en ellos, a pesar del
grave daño que tal proceder suponía para la conciencia de
los católicos infractores.
Esta falta tenía su origen en la necesidad que tenían «rústicos,
labradores y artesanos» de trabajar para poder escapar
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
de la miseria, «dada la esterilidad del país», propia del período
postbélico (nota 118). Se quejaban de los excesivos días
de precepto que mandaba guardar la Iglesia.
El Concilió decidió elevar al papa una súplica con el objeto
de que se dig nara permitir a los moradores del Principado
trabajar en algunas de estas fe chas preceptivas, quedando
en «total observancia de precepto riguroso las 52 dominicas
del año, los días de la Natividad del Señor, y siguiente de
San Este ban, el de la Circuncisión, Epifanía, el día siguiente
al de la Resurrección, As censión del Señor, día siguiente al
de Pentecostés, día de Corpus, días de San Juan Baptista,
San Pedro y San Pablo, Santiago patrón de España-, y día
de todos los Santos, con las cinco festividades de María
Santísima, Madre de Dios». En los restantes días preceptivos,
cumplida la obligación de oír misa, se podría trabajar,
con la conciencia tranquila.
Asimismo, el Concilio pidió a Felipe V que interpusiera su
infl uencia ante Su Beatitud para lograr la consecución del
mencionado indulto.
El monarca no dudó en despachar una real cédula el 12 de
marzo de 1728 al cardenal Bentivoglio condescendiendo con
la petición de los obispos del Principado (nota 119).
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Resulta curioso observar que la concepción del trabajo del
pueblo catalán muestra gran afi nidad con las ideas que sobre
el tema tendrían posteriormente los representantes de
la denominada «Ilustración ofi cial». Éstos declararon abiertamente
la guerra a la costumbre de guardar los lunes y a los
excesivos días de precepto, incompatibles con su aversión
al ocio (nota 120). Los ilustrados con sideraban que el ocio
y la fi esta -referencia de la percepción del tiempo en la religiosidad
popular- se habían multiplicado en desmesura y a
costa del traba jo. Entre ellos, Campomanes se convirtió en
adalid del combate contra tantos días inútiles. Tanto él como
los otros debeladores de las fi estas hablaban del peligro que
suponían para el orden público; para el jornalero, que al no
poder trabajar, se veía, junto con su familia, al borde de la
miseria; de la necesidad de romper con la costumbre inveterada
de «guardar los lunes» y de trasladar los festivos a los
domingos (nota 121).
Como también en las fi estas y celebraciones (nota 122) el
clero aspiraba a moldear la sociedad y hacer patente su presencia
en ella, actuando como organizador, acompañante o
vigilante, Felipe V decidió intervenir en ellas, ofreciendo a algunas
su real protección. Esto lo podemos comprobar en un
documento de 1725.
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
Felipe V informó a las máximas autoridades seculares del
Principado por real despacho de 10 de julio de ese año que,
por decreto publicado el 26 de junio anterior, asignaba 100
libras catalanas, a extraer del producto de penas de cámara
y gastos de justicia o, en su defecto, del residuo que quedare
de los de rechos de sentencias de la Audiencia, para la
celebración solemne de la festivi dad de San Francisco de
Borja en el Colegio Belense de la Compañía de Jesús en
Barcelona, montante que debía ser entregado al rector de
dicho colegio (nota 123).
4.19. CONFIRMACIÓN DE PRIVILEGIOS A
INSTITUCIONES ECLESIÁSTICAS
La monarquía, como ente conservador de un status defi nido
por una tradi ción plurisecular, consideraba como una obligación
propia el mantenimiento de los privilegios adquiridos
por las diversas comunidades e instituciones eclesiásticas.
No faltan en la documentación casos en los que los diversos
obispos y abades del Principado demandan a la corona la
confi rmación de sus invetera dos e indiscutibles privilegios,
para que no se les embarace en su posesión y disfrute.
En 1750, el abad del monasterio de San Cugat del Vallés,
Buenaventura Gayola, se dirigió a Fernando VI para infor-
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
marle que sus predecesores reyes de Aragón, en reconocimiento
de las memorables conquistas que se consiguieron
sobre los infi eles, erigieron y dotaron dicho monasterio con
distintos alo dios y los propios de varios pueblos, comprehendiendo
el dominio directo pleno y privativo de las aguas,
molinos, hornos, tiendas de comestibles y de más ofi cinas de
dichos pueblos. Y que estos privilegios se habían mantenido
en pacífi ca e inmemorial posesión hasta que la Intendencia
del Principado qui so obligar a los enfi teutas del monasterio a
cabrevar los referidos propios (nota 124) y al propio monasterio
a «exhibir los títulos» legitimadores de tales derechos;
lo que, si tuviera efecto, causaría graves perjuicios al verse
la abadía privada de las dotaciones con que la fundaron sus
«augustísimos patrones». Por ello, le suplicó al rey que le
confi rmara los referidos privilegios, «con las cláusulas que
más aseguren su permanencia».
Visto en la Cámara, con lo informado por la Audiencia de
Cataluña, por resolución a consulta de 18 de noviembre de
1750, el rey confi rmó a dicho mo nasterio los privilegios en
real cédula del 20 de enero de 1751, dejando claro que no se
diera a éstos más valor del que en realidad tenían, y que no
perjudi caran nunca las regalías de la corona (nota 125).
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
Similar petición elevó el abad de Santa María de Montserrat
a Fernando VI. Inició su representación informándole que todos
sus predecesores hasta Carlos II, «en manifestación de
su devoción por la Milagrosa Imagen de Nuestra Señora de
Montserrat y su Santa Casa», le concedieron y confi rmaron
di ferentes privilegios y mercedes. Por las turbaciones de la
guerra no pudo hacerlo Felipe V. Y como el monasterio deseaba
«conservar esta real memo ria» y que no se le pusiera
embarazo en el uso de dichos privilegios, le suplicó que se
sirviera concederles su confi rmación.
Visto en la Cámara, con lo informado por la Audiencia de
Cataluña, por resolución a consulta de 9 de diciembre de
1750, en carta del 20 de enero si guiente, el rey aprobó y honró
a dicho monasterio con la confi rmación de sus privilegios,
siempre que se cumplieran determinadas condiciones. Sobre
todo, que éstos no perjudicaran a sus «regalías, derechos,
tributos e imposiciones, al derecho de comunes universidades
y demás personas particulares»; que no se considerara
exenta persona alguna «de la general prohibición de llevar
armas establecida por edictos en el Principado» (nota 126);
y que no habría de haber «impu nidades ni estorbo alguno a
la justicia» a la hora de perseguir a los delincuen tes y castigarlos
(nota 127).
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Algunos meses después, era el abad de Poblet quien acudía
ante Fernando VI demandando la confi rmación de los privilegios
del monasterio. Comenzaba su pedimento aludiendo
a los orígenes del monasterio y de los privilegios; a su «antiquísima
fundación y dotación por los señores condes de
Barcelona y re yes de Aragón», que erigieron en él su panteón
real -«en el que yacen los hue sos de muchos de ellos»-,
quienes «deseando el mayor esplendor y conveniencia del
monasterio usaron de su real liberalidad, desde Jaime I has ta
Carlos II, unos concediendo y otros confi rmando varios privilegios,
señala damente el de limosnero mayor concedido por
Pedro IV de Aragón».
Seguidamente, relataba de modo poco concreto dichas
concesiones: «la pose sión, uso y dominio de la jurisdicción
y señorío de distintos lugares y términos, cobrando varias
rentas y derechos pertenecientes a tal dominio, concediendo
por establecimientos enfi téuticos el uso de las aguas para
el riego, y molinos, y el permiso de tener hornos sin que por
los tribunales y ministros reales se haya puesto embarazo
alguno al monasterio». Y terminaba con la súplica de la real
confi rmación, «deseando asegurar la observancia y cumplimiento
de los referidos privilegios y que en lo venidero no
haya estorbo en su ejecución».
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
Visto en el Consejo de la Cámara, con lo informado por la
Audiencia, por resolución a consulta de 18 de noviembre de
1750, en cédula de 21 de agosto del siguiente año, el rey
confi rmó a dicho monasterio sus reales privilegios, siempre
que no se sobrevaloraran, ni perjudicaran a las regalías de
la corona o a los derechos de comunidades y particulares
(nota 128).
Además de estos abades, tres mitras piden a Fernando VI la
confi rmación de sus privilegios: las de Barcelona, Tarragona
y Urgel.
Manuel López Aguirre, obispo de Barcelona se dirigió al
monarca con la intención conocida. En su preámbulo histórico,
informó hallarse en posesión de las «fábricas, hornos y
otros derechos en dicha ciudad y su diócesis», en virtud de
concesiones y donaciones reales de los señores condes de
Barcelona, que eligieron aquella catedral para su sepulcro,
desde muchos años antes a 1413. Dicho año, por tener el cabildo
que justifi car esas posesiones, consiguió real privilegio
de confi rmación de Fernando (nota 129). A pesar del referido
privile gio, en 1429 se pretendió interrumpir dicha posesión,
y el rey Alfonso V (nota 130) tu vo que volver a confi rmarlo.
Permaneció la mitra en quieta y pacífi ca posesión de sus
derechos hasta que en 1726 se entabló pleito en el juzgado
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
de la Inten dencia, en Barcelona, con la Real Hacienda sobre
las rentas que percibía. Se dictaminó en favor del cabildo
catedralicio, declarándose la justa posesión de dichos emolumentos
y logrando además el honor de que se considerara
a los reyes predecesores como canónigos de dicha catedral.
Y al haber sido confi r mados dichos privilegios por todos los
reyes anteriores, suplicó a Fernando VI que procediera del
mismo modo.
Habiéndose visto en la Cámara, con lo informado por la
Real Audiencia del Principado, y lo que expuso el fi scal, por
resolución a consulta de 29 de no viembre de 1751, el rey
confi rmó a dicha Catedral de Barcelona sus privile gios, con
las cláusulas habituales, por real cédula del 29 de febrero de
1752 (nota 131). El siguiente caso es el del arzobispado de
Tarragona. Su titular, Pedro Co pons y de Copons demandó al
rey la confi rmación de los privilegios de su mi tra, accediendo
éste por despacho de 28 de septiembre de 1752 (nota 132).
No entraremos en más detalles puesto que el caso -más
complejo que los demás- requiere un estudio especial, que
esperamos poder realizar en un futuro próxi mo. No obstante,
adelantaremos que algunos de los documentos referentes a
privilegios mostraban signos de falsedad.
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
El último documento relacionado con confi rmaciones reales
de privilegios tiene como destinatario a Sebastián de Vitoria
y Emparam, obispo de Urgel. Éste manifestó al rey que, en
virtud de las donaciones que se hicieron a la dignidad episcopal
«mucho antes de que se uniese el reino de Aragón al condado
de Barcelona», a ésta le correspondía «la jurisdicción
civil y criminal, y el dominio directo, con todos los derechos
enfi téuticos de la villa de Guisona y su término, y del castillo
de Fluviá, y de las aguas de los citados términos». Y que
desde 1101 hasta el momento de la expedición de la carta,
habían estado los obispos en quieta y pacífi ca posesión del
dominio directo de dichos térmi nos, y de sus aguas, concediéndolas
a sus vasallos en enfi teusis; y que éstos les habían
reconocido el dominio directo repetidas veces (1664, 1693),
sin que ja más se hubiera inmiscuido ningún ministro de la
Real Hacienda.
No obstante, el Intendente de Ejército y Principado de
Cataluña, José de Contamina, con motivo de la providencia
general tomada para el reconoci miento y cabrevación de
todas las regalías, expidió, de acuerdo con su asesor, un
despacho el 9 de mayo de 1750 para que el obispo y diferentes
vecinos de la villa de Guisona presentaran los títulos de
posesión y uso de los hornos y las aguas de su término.
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Al conocer esta providencia, el obispo recurrió ante el intendente
el 12 de noviembre de 1751, solicitando que no se le
molestase ni a él ni a sus vasallos, y mandó a Martín Roca,
vecino de la villa de Guisona y baile de las del corregimiento
de Cervera, y los demás a quienes conviniese, que no se
mezclasen en el gobierno y distribución de las aguas citadas,
sus acequias y caminos, ni usase del establecimiento enfi -
téutico que el intendente hizo en su favor por mantener unos
poyos inmediatos a las puertas de su casa, y construir en ella
un molino de aceite.
El asesor y fi scal de la intendencia despreció la pretensión
del obispo, con cediéndole sólo el término de seis meses para
que acudiese a solicitar la confi r mación de estos títulos o
concesión de las referidas regalías.
Por ello, le suplicó a Fernando VI que, examinados los títulos,
los confi r mase, prohibiendo de ese modo al intendente y a los
demás ministros que le perturbaran bajo pretexto alguno a él
o a sus sucesores, o a «los vasallos de su dignidad», y que
concedieran contratos enfi téuticos en los términos comprendidos
en los privilegios, dando por nulo el celebrado en favor
de Martín Roca. En vista de este recurso, el rey acordó que la
Audiencia de Barcelona tu viera el conocimiento del proceso,
y que le remitiera un informe.
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
Tras comprobar la veracidad de la múltiple y variada documentación
apor tada por el obispo, la Audiencia remitió su
informe el 14 de agosto de 1755. En él, justifi caba la posesión
antíquisima de la dignidad episcopal, recomendando al
monarca la confi rmación de los privilegios pretendidos por el
obispo.
Y visto por la Cámara, con lo dicho por el fi scal, por decreto
de 1 de di ciembre de 1755, Fernando se sirvió confi rmarlos,
comunicando al prelado su decisión por real cédula del primero
de febrero de 1756 (nota 133).
4.20. RACIONALIZACIÓN DEL MAPA ECLESIÁSTICO
Como ya se apuntó en el capítulo sobre pensiones y economía,
a las dife rencias en las dimensiones territoriales de las
diócesis, correspondían severas disparidades de renta. Por
ello, la monarquía era consciente que, como patrona de la
Iglesia nacional, era necesario realizar una racionalización
del mapa ecle siástico (nota 134). No obstante, las difi cultades
para vencer los intereses adquiridos impidieron cualquier
modifi cación sustancial de las demarcaciones territoriales
de las diócesis. Durante el siglo XVIII se establecieron cuatro
nuevas sedes - Santander (12 de diciembre de 1754),
Ibiza (30 de abril de 1782), Tudela (27 de marzo de 1783) y
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Menorca (23 de julio de 1795)-, pero sólo la primera es taba
localizada en una ciudad importante.
En lo que respecta a Cataluña, gracias a una real cédula fechada
el 20 de abril de 1720 y dirigida al cardenal Aquaviva,
conocemos la intención de Feli pe V de trasladar la sede de
Solsona a la ciudad de Cervera, donde acababa de establecer
la Universidad literaria (nota 135). Para este fi n, le encargaba
a dicho su re presentante en Roma que solicitara al papa la
licencia para poder realizar dicha traslación. Y para facilitarle
la gestión, le enviaba copias del decreto de funda ción de la
Universidad y del breve del nuncio, y dos descripciones de
ambas ciudades. También le pedía al cardenal que intentara
que la comisión fuera di rigida al doctor Tomás Broto, a quien
había nombrado para esta mitra, y no pa ra el obispo de
Huesca, Pedro de Padilla.
Pese a las esforzados trabajos del cardenal, la intención de
Felipe V no se tra dujo en ningún cambio en el mapa eclesiástico
de la Provincia Tarraconense. También en relación
con la Universidad de Cervera hemos hallado un do cumento
de gran valía. En él podemos comprobar la rectitud del
comporta miento de Carlos III en su papel de justo patrón,
puesto que respeta y reafi rma los decretos de patronato de
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
la Universidad por encima de su propio derecho de resulta y,
por consiguiente, de su Real Patronato.
La bula fundacional de la Universidad, dada por Clemente XII
con el título de Imperscrutabilis el 6 de diciembre de 1730,
concedía a la Universidad el «Patronato activo y pasivo» de
una canonjía en cada una de las catedrales del Principado,
esto es, la primera que quedase vacante por muerte, permuta,
pri vación o por cualquier otro motivo, quedando derogadas
las reglas de Cancille ría y las reservas apostólicas en
el caso de que la prebenda fuera de patronato pontifi cio. La
provisión correría a cargo del claustro de diputados de la Universidad,
y recaería en uno de sus catedráticos.
En consecuencia a esta gracia, el 12 de febrero de 1733 el
claustro en ple no creó un estatuto según el cual, «conspirando
a la más pacífi ca y recta justi cia distributiva», en cualquier
vacante de las enunciadas canonjías había de entrar el
catedrático que hubiese regentado su cátedra más tiempo.
La facultad de Medicina protestó contra dicho estatuto, y el
claustro acordó consultar a Su Majestad por medio del ministro
protector de la Universidad, Antonio Francis co Aguado.
El rey, enterado de la creación de dicho estatuto, y por medio
del protector, en cédula del 30 de enero del año siguiente
mostró al claustro su aprobación y su gratitud al considerar
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
«laudable por tan justa» la regla establecida para el patronato
de las canonjías.
En 1757, con motivo de la vacante por fallecimiento de Isidro
Florenza de una canonjía que obtenía en la Catedral de
Tortosa a presentación de la Uni versidad, el claustro proveyó
al doctor Francisco Mayans, su catedrático más antiguo.
Pero teniendo en cuenta que esta vacante era la primera que
ocurría tras el Concordato de 1753, antes de despacharle a
Mayans el título de pose sión, se consultó a la Cámara. Ésta
respondió al cancelario y claustro de dipu tados, en real cédula
del 17 de junio, que la Universidad podía seguir en la
posesión del patronato de una canonjía en cada una de las
catedrales catalanas, según el estatuto de 12 de febrero de
1733, puesto que por el concordato no se había hecho ninguna
novedad en tal derecho.
Posteriormente, a consulta de la Cámara del 20 de noviembre
de 1770 eje cutada con vista de un recurso de la Facultad
de Medicina de dicha universidad en relación con el referido
estatuto y otros particulares, el 7 de enero siguiente Carlos
III resolvió, entre otras cosas, que se observase «en todo y
por todo» di cho estatuto en atención a que la presentación
por el claustro no requería una aprobación de la Santa Sede,
puesto que bastaba para su perpetua validez y ob servancia
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
la concesión hecha por su padre Felipe V. Y para que dicha
resolu ción fuera llevada a su debido cumplimiento expidió un
despacho el día 25 del mismo mes.
Años más tarde, la Cámara pasó al rey el 5 de julio de 1777
una consulta proponiendo sujetos para la dignidad de arcediano
mayor de la Catedral de Barcelona, vacante por fallecimiento
de Juan Berneda. Por resolución a esta consulta,
Carlos III nombró para la expresada dignidad a Felipe Paysa,
para la dignidad de capiscol que obtenía éste en la misma
iglesia a Cayetano Janer y de Segarra, y para la canonjía
que éste poseía en la Catedral de Gerona a José Francisco
Cistué.
Publicadas estas gracias en la Cámara, el cancelario y claustro
de la Uni versidad presentaron al rey un memorial que recogía
la bula apostólica del 6 de diciembre de 1730 y el estatuto
del 12 de febrero de 1733, y en el que le recordaban que,
tras el Concordato de 1753, su pacífi ca posesión del derecho
activo y pasivo de presentar una canonjía en cada una de las
catedrales del Principado había quedado confi rmada por otro
real decreto. De este modo, le hicieron sa ber a Carlos III que
la provisión de la canonjía que había detentado Cayetano
Janer en la Catedral de Gerona competía a la Universidad, y
que por no haber tenido en cuenta dicho patronato el rey la
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
había hecho recaer, en virtud del de recho de resulta, en José
Francisco Cistué. Por ello, le suplicaron que, en el ca so de
que Janer aceptase el ascenso a capiscol de la Catedral de
Barcelona, declarara que dicha canonjía correspondía a la
Universidad, y que considerase nulo el nombramiento hecho
a favor de Cistué.
Asimismo, la Universidad presentó otro memorial haciendo
mención del anterior, y expresando al rey su preocupación
por el hecho de que lo acaecido con la canonjía referida pudiese
repetirse. Para solucionar el problema y que el derecho
de patronato le fuera reconocido, le suplicó que ordenase que
cuando fuera promovido a otra prebenda un sujeto provisto
por la Universidad, éste notifi case al claustro dicho ascenso.
La Cámara unió este nuevo memorial al anterior, y anexó al
expediente los antecedentes del asunto. Tras tratar el tema,
y atender a la exposición del fi s cal, pasó al rey su dictamen
en consulta del 21 de enero de 1778. Y por resolución a esta
consulta, Carlos III decretó que no había de observarse novedad
alguna en el goce y pacífi ca posesión del referido patronato
de la Universidad de Cervera, y quedó en situar a José
Francisco Cistué en otra prebenda de su agrado. Además,
con la intención de evitar nuevos nombramientos equívocos,
mandó que la Secretaría del Real Patronato tuviera un libro
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
en el que constaran las canonjías cuyo patronato competía
a dicha universidad. Y para que dicha resolución tuviese
el efecto conveniente expidió a la Universidad una carta fechada
el 12 de marzo de ese mismo año (nota 136).
Aunque la intención real de trasladar la sede episcopal de
Solsona a Cerve ra se quedó en únicamente en eso, en intención,
la creación del obispado de Ibiza sí tuvo repercusión en
el mapa eclesiástico nacional (nota 137).
El 20 de diciembre de 1781 (nota 138), Carlos III escribió al
duque de Grimaldi pi diéndole que suplicara al papa -«haciendo
las preces más efi caces»- el despa cho de la bula correspondiente
a la erección del obispado ibicenco, quedando éste
como sufragáneo del Arzobispado de Tarragona (nota 139),
y sujeto a la jurisdic ción del metropolitano en segunda instancia
por vía de apelación, en las causas que ocurrieren
tanto en sede plena como en sede vacante. Asimismo, le
encar gó al embajador que le hiciera presente al pontífi ce que
le había concedido a la villa de Ibiza el «honroso» título de
ciudad (nota 140), para su mejor «condecoración» cuando la
Parroquia de Santa María se convirtiere en Iglesia Catedral.
La mediación del duque de Grimaldi propició que el 30 de
abril de 1782 Pío VI expidiera la bula Ineffabilis Dei benignitas
para que tuviese efecto la erección del obispado.
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
El siguiente paso fue el nombramiento del primer prelado. En
real cédula del 1 de junio de 1783, Carlos III encomendaba
a Grimaldi que presentara en su nombre al elegido para tal
honor: Manuel Abad y Lasierra, a fi n de obtener las bulas
pertinentes (nota 141). Éstas fueron despachadas el 19 de
julio. Tras su revisión en la Cámara y ser retenida la bula de
vasallos, el 15 de agosto siguiente el rey expidió las letras
ejecutoriales, declarando ser de su real agrado y acep tación
que Abad y Lasierra, tras tomar posesión de su dignidad
episcopal, eje cutara la bula de erección del nuevo obispado
-dando noticia de ello a la Cámara-, y diera sus Estatutos
a la nueva Iglesia Catedral, siguiendo el ejem plo de los de
la Santa Iglesia Metropolitana de Tarragona (nota 142). Y
Abad y Lasierra tomó posesión de su mitra el 5 de febrero de
1784.
Tras formar los estatutos catedralicios, crear la división de
parroquias, lle var a cabo el arreglo y establecimiento de
la Catedral, dar vida al seminario y, aún más, obtener del
Gobierno un plan notable de mejoras para la isla, el 28 de
septiembre de 1787 Manuel Abad y Lasierra fue promocionado
al obispado de Astorga. La sede vacante fue cubierta por
la designación real de Eustaquio de Azara, quien obtuvo la
cédula de presentación el 28 de febrero de 1788 (nota 143).
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
Y tras ser examinadas en la Cámara las bulas papales -fechadas
el 7 de abril-, y serle retenida la de vasallos legos,
el 11 de mayo el rey le concedió las cartas ejecutoriales
para que pudiera tomar posesión de la dignidad episcopal
(nota 144). Aza ra ceñiría la mitra ibicenca hasta 1794 -año
en que sería trasladado a Barcelo na-, siendo sustituido por
Clemente Llocer.
4.21. INTERVENCIONES EN ASUNTOS DE ÍNDOLE
ECONÓMICA
Y para acabar con esta exposición sobre las facultades y
competencias de los reyes españoles como patrones de la
Iglesia nacional, hablaremos de la atención que prestaron a
los asuntos de vinculaciones económicas.
Por un lado, cuando se trataba de asegurar el sustento a comunidades
ecle siásticas que estaban bajo su Real Patronato.
Ésta es la situación en que se vio inmerso el monasterio de
Nuestra Señora de Montserrat cuando la corte roma na se
negó a renovarle una indulgencia (nota 145).
En 1722, el abad de este monasterio informó a Felipe V que
había hallado difi cultades para obtener la continuación de
una gracia concedida por Urbano VIII a su santuario el 18 de
marzo de 1625. Dicha indulgencia se refería a las cruces y
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
medallas que hacían los ermitaños del monasterio; éstas permitían
a cualquier sacerdote que las llevara, diciendo misa
o comulgando, sacar un al ma del purgatorio. Asimismo, le
expuso que, de no renovarse, el monasterio perdería la gran
devoción que tenía dentro de la Cristiandad, especialmente
en España, así como los benefi cios que obtenía de su venta.
Por todo ello, acaba ba suplicándole que mediara ante Su
Santidad para que se aviniera a confi rmar la citada gracia.
Felipe lo tuvo por bien, puesto que además de ser de la misma
opinión que los monjes, sentía el mismo afecto que sus
predecesores -a los que quería imi tar- hacia tales cruces y
medallas, y consideraba que sería cuestión de «sumo desconsuelo»
que faltasen. Y por real despacho de 17 de diciembre
de 1722 encargó al cardenal Aquaviva que consiguiera
en su nombre la continuación de la indulgencia (nota 146).
No le resultó nada fácil al cardenal la misión encomendada,
ya que el abad volvió a representar al rey tres años después
que, tras tratarse el tema en su real nombre en una congregación
que tuvo lugar el 7 de agosto de 1725, los ministros
asistentes «encontraron algunos reparos que hacían impracticable
la sub sistencia de la gracia». Y al creer que dichos
reparos podrían vencerse con su mediación, le suplicó que
diera orden a su representante en Roma (que por en tonces
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
ya era Félix Cornejo) para que se pasaran de nuevo los ofi -
cios del caso en su nombre.
Felipe V volvió a condescender con la petición y así procedió
por real des pacho del 15 de noviembre de ese mismo año
(nota 147). No conocemos si tuvo éxito o no. Lo que queda
claro es que no dudó el rey en actuar en atención a las necesidades
del citado monasterio.
Y por otro lado, a la hora de intentar racionalizar la organización
y dota ción de benefi cios del Real Patronato.
En relación con ello, hemos de destacar la Real Orden del
9 de marzo de 1777, que conectaba con la circular de la
Cámara del 12 de junio de 1769, y que iba dirigida a los ordinarios
eclesiásticos (nota 148). En ella se instaba a los prelados
a formalizar planes generales de todos los benefi cios
-simples y residen ciales- de sus diócesis, distribuyéndolos
por arciprestazgos, vicarías o arcedianatos.
La Orden era sumamente detallada, y hacía referencia a múltiples
aspectos. Respecto a los «prelados inferiores» diferenciaba
dos casos. El primero hacía referencia a los que, pese
a ser coladores de los benefi cios de sus territorios, no tenían
capacidad para unirlos, por lo que debían ser incluidos en los
planes de los prelados ordinarios. El segundo, en cambio, se
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
refería a los prelados infe riores que tenían territorios exentos,
con la calidad de nullius y el ejercicio de la jurisdicción ordi-
naria, y que podían realizar por sí mismos las uniones, por lo
que debían formar su propio plan, independientemente del
que hiciesen sus obispos correspondientes.
La orden insistía en que la dotación de los benefi cios, a estimación
del pre lado y de acuerdo con el nivel económico
del país, fuera sufi ciente para la de cente manutención del
benefi ciado, en atención a «lo penoso de su ofi cio» y a su
precisa residencia. Y si se diese el caso de que los recursos
disponibles fue ran insufi cientes, se daban instrucciones a los
prelados para que no omitieran diligencia ni providencia alguna
para su aumento, pudiendo incluso asignar a los párrocos
la parte de las primicias y los diezmos que fuese necesaria
para hacer competente y ajustada la citada dotación.
También dejaba bien claro que cualquier unión, supresión o
desmembra ción de piezas eclesiásticas debía estar plenamente
justifi cada.
En cuanto a los curatos unidos a iglesias, monasterios y
comunidades, la orden estipulaba que fueran servidos por
vicarios perpetuos convenientemente dotados.
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
Asimismo, Carlos III tomó las medidas oportunas para allanar
cualquier difi cultad que impidiese a los «parroquianos»
cubrir sus necesidades espiritua les. De este modo, cuando el
elevado número de feligreses o la distancia de los anexos de
las iglesias hacían incómoda al párroco la cura de almas, la
disposi ción real proponía una desmembración de los frutos y
rentas del curato para dotación de nuevos párrocos o vicarios
perpetuos adscritos a la misma parro quia o a otras de nueva
erección.
Las uniones que decretaran los obispos para hacer las dotaciones
compe tentes habían de ser hechas según el criterio
de la uniformidad, agregando a los benefi cios de libre provisión
a otros semejantes, y a los de patronato particular con
otros de la misma naturaleza.
Por otro lado, los benefi cios y capellanías que por su «tenuidad»
no llega sen al tercio de la congrua, tanto de libre colación
como de patronato, habían de ser suprimidos o extinguidos,
siendo destinados los primeros al seminario conciliar,
fábricas de iglesias, dotación de párrocos y otros usos píos
(dotes pa ra huérfanas, escuelas de primeras letras u hospitales),
y convirtiendo los se gundos en legados piadosos.
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Los benefi cios congruos, esto es, bien dotados, quedaban
sujetos a la libre y correcta imposición de las cargas y obligaciones
que el prelado considerase convenientes.
Y concluía el texto de la Real Orden con un párrafo dirigido
personalmen te a los obispos, que manifestaba nítidamente
la seriedad y el interés real por ser el patrón de la Iglesia
nacional: «Aplicará todo su cuidado á la perfeccion de esta
importante obra, en que es interesado por la utilidad de las
Iglesias, y el benefi cio espiritual de las almas que estan á su
cargo; evacuando con la po sible brevedad el referido plan
general...».
Una vez que el prelado había formalizado el plan general de
uniones, reduc ciones y supresiones, lo enviaba a la Cámara,
donde era pasado al rey, quien, tras darle su asenso, lo devolvía
a su autor, junto con una cédula auxiliatoria, para que
procediese a su publicación y ejecución con la menor demora
posible.
No obstante, conocemos diversos antecedentes que originaron
el dictado de dicha real orden.
El primer documento que analizaremos se relaciona con la
organización de las rentas de las dignidades y canonjías de
la Catedral de Tarragona. En él, Carlos III mostraba al cabildo
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
su intención de «mudar el estado de esa Iglesia Catedral en
la parte que baste para el socorro de sus necesidades y para
el mayor esplendor del Culto divino».
Para tal efecto, el fi scal de la Cámara elaboró un nuevo plan y
estableci miento de las rentas (nota 149), que se remitió a los
canónigos y dignidades, para que dijeran si lo confi rmaban
o no, a fi n de que procediera seguidamente el arzobispo a
la redacción del decreto y a su ejecución. En carta de 17 de
diciembre de 1766, contestaron afi rmativamente.
Puesta dicha respuesta en conocimiento del rey, por resolución
a consulta de la Cámara de 16 de febrero de 1767,
éste prestó su consentimiento para que «en virtud de las
facultades ordinarias y sin recurrir a Roma» se redactara el
decreto para la nueva planta de dicha Catedral. Ella supondría
la supresión de dos canonjías, una que vacó a la real
provisión por derecho de resulta al pro mocionar a Francisco
Satorre a otra de la Catedral de Murcia, y otra que tenía José
Todas Capiscol. Concluía la real cédula de 30 de agosto de
1767 encar gando al arzobispo que cuando tuviera el decreto
«formado y extendido» remi tiera el original y una copia a la
Cámara, para reconocer su contenido, devolviendo después
el original (nota 150).
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Algunos meses después tuvo Carlos III una nueva oportunidad
para reorga nizar las dotaciones de benefi cios de su
patronato.
Por orden del 9 de septiembre de 1767, se le comunicó al
obispo de Urgel, que era Francisco Fernández de Xátiva, la
resolución real a consulta de la Cámara de 29 de julio anterior
de que, en la Parroquial de San Martín de la villa de Arén,
de las tres monjías o mensalías existentes, se suprimiesen
dos, que dando únicamente la monjía o mensalía del órgano
(nota 151); y que los frutos que «por razón de pie, congrua,
título, residencia y distribuciones» habían percibi do hasta entonces
los monjes que las servían, pasaran perpetuamente al
monas terio de Santa María de Labaix.
El abad de dicho monasterio, José Gil, acudió a la Cámara
el 1 de marzo para que se fi jaran las cantidades que debía
percibir.
Por ello, la Cámara envió nueva orden al obispo de Urgel el
25 de mayo encargándole que «sin dejar abierta la puerta de
nuevos pleitos y disensio nes», y tras oír «instructiva e informativamente»
a ambas partes, procediera a la «regulación,
fi jación y determinación de la cantidad o porción de frutos»
que debiese percibir el monasterio anualmente por sus dos
mensalías suprimidas. La cantidad a percibir por el monaste-
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
rio quedaría fi jada en las dos terceras partes de lo correspon-
diente a las mensalías en un quinquenio, inde pendientemente
de que aumentaren o disminuyeren en un futuro las rentas de
dicha iglesia, quedando en los Libros de la Curia así como en
los de la Parro quial de Arén la correspondiente escritura de
reconocimiento y obligación de pago anual.
Asimismo, se estableció que el monasterio comenzaría a
percibir la canti dad reservada desde el mismo día en que
quedaron suprimidas las dos monjías y dejaron los monjes
de servirlas y residirlas.
Por ello, se le ordenó al obispo que expidiera el correspondiente
decreto con la mayor brevedad y claridad, y lo enviase
a la Cámara ad effectum viden di antes de su publicación,
para poner fi n a este negocio y evitar pleitos en lo sucesivo.
Dicho decreto fue formalizado el 7 de abril de 1769. En él se
declaraba que, aunque la cantidad era imposible de cuantifi
car en atención a las repre sentaciones de ambas partes,
quedaba fi jada en 200 libras catalanas. Y el día siguiente se
envió a la Cámara. Allí acudió el cabildo de la Parroquial de
Arén a deducir lo conveniente a sus derechos sobre la expresada
asignación.
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Y visto en la Cámara, con todos los autos y antecedentes
del asunto, y lo que sobre ello expuso el fi scal, por real decreto
de 29 de julio, Carlos III expi dió real despacho el 20 de
agosto, declarando que la disposición episcopal tu viera fi el
cumplimiento, impidiendo cualquier embarazo a su ejecución
y registrándola en los libros de la Curia (nota 152).
Pocos días después, el 10 de octubre de 1769, Francisco
Esteba, arcipreste de la Colegial de San Pedro de la villa de
Ager, a requerimiento de Carlos III, envió a la Cámara el Plan
general de uniones, supresiones y aplicaciones bene fi ciales
del territorio separado de su arciprestazgo. Dicho organismo
ligado al Consejo de Castilla pasó al rey su consulta el 12 de
marzo del año siguiente. Y éste prestó su consentimiento al
citado plan según real cédula del 24 de abril, devolviéndolo
al arcipreste para que formalizase el correspondiente decreto
del modo propuesto en el plan, a excepción de cuatro benefi
cios sobre los que en la misma cédula se previno lo que se
debía practicar (nota 153). Esteba debía formali zar el decreto
y enviarlo de nuevo a la Cámara antes de su publicación,
junto a una copia, ad effectum videndi, para que tras ser
examinado, le fuera devuelto el original y pudiera proceder a
su ejecución. Una nueva real cédula del 13 de septiembre de
ese mismo año de 1770 previno al arcipreste que insertase
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
en el decreto la cláusula de que las supresiones, uniones y
aplicaciones que se decre tasen no se podrían alterar ni variar
sin el consentimiento real, procediendo an tes a la averiguación
de las justas causas de utilidad y necesidad.
El asunto quedó paralizado durante más de siete años, de
modo que el 8 de noviembre de 1777, al amparo de las disposiciones
de la Real Orden del 9 de marzo anterior, tras
comprobar que el decreto cumplía las prevenciones de la
citada real cédula del 24 de abril de 1770, Carlos III resolvió
enviarlo al nuevo arcipreste, Mariano de Sabater y de Prior
(nota 154) para que dispusiera su publicación, observancia y
cumplimiento, con una última condición, que fi jara y señalara
los legados píos a que quedaban reducidos algunos benefi -
cios, especifi cando que eran para dotar doncellas, huérfanas
y pobres de la parentela del fundador del antiguo benefi cio, o
en su defecto, a naturales del pueblo de la fundación, o para
alimento y socorro de estudiantes pobres en quienes concurrieran
iguales circunstancias. Y junto al decreto le mandó
una real cédula auxiliatoria fecha da el 2 de diciembre de
1777 (nota 155).
En 1773, el monarca hizo lo propio con el Plan general de
benefi cios del priorato de Santa María de Meyá. El proceso
se remonta hasta el 10 de marzo de 1770, cuando el prior,
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
Rafael de Subirá y Portola, en cumplimiento de las órdenes
que se le dieron, remitió a la Cámara dicho plan benefi cial,
proponien do las uniones, supresiones y reducciones benefi -
ciales que le parecieron con venientes.
Pero la muerte sorprendió al prior antes de que su plan fuera
visto en el Consejo de la Cámara. En estas circunstancias, a
fi n de retardar la ejecución de tan importante obra, acordó la
Cámara el 13 de noviembre que se le remitiese el expresado
plan al arzobispo de Tarragona para que, en su calidad de
metro politano, formalizase el correspondiente decreto, remitiéndolo
original al Con sejo, para que Carlos III prestara su
real consentimiento.
En cumplimiento de dicha orden, formalizó y remitió al
Consejo el 19 de enero de 1773 el decreto con una copia
testimoniada, para que ésta quedara en la secretaría del Real
Patronato.
Habiéndose visto en la Cámara el referido escrito, con lo
expuesto por el fi scal, se pasó en consulta de 26 de mayo
de 1773 su dictamen. Por resolución a esta consulta, el rey,
«como patrono universal y protector de la disciplina de las
Iglesias de sus dominios», prestó su consentimiento al mencionado
decreto. Por ello, el 1 de julio siguiente, le mandó al
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
metropolitano el original junto con una real cédula auxiliatoria
para que procediera a su publicación y ejecu ción (nota 156).
Si nos centramos en el obispado de Tortosa, veremos una
triple actuación real. El 4 de noviembre de 1773, la Cámara
ordenó al obispo de Tortosa, Ber nardo Velarde, que formalizara
el decreto respectivo a la residencia e incompa tibilidad
de las dignidades y canonjías de esa Catedral (nota 157),
y se lo remitiera por mano del secretario real. Así procedió
Velarde el 13 de noviembre siguiente. Habiéndose visto en
la Cámara, con los antecedentes del asunto y lo que sobre
ello expuso el fi scal, el citado organismo lo pasó original a las
reales manos junto con su dictamen en consulta de 22 de diciembre.
Por resolución a esta consulta, el rey prestó su real
consentimiento al referido decreto. Y junto a una real cédula
auxiliatoria fechada el 24 de julio de 1774, lo devolvió original
al prelado para que dispusiera su publicación y ejecución, sin
que alterase en na da su contenido (nota 158).
Por otro lado, el mismo obispo, Bernardo Velarde, el 7 de
marzo de 1772 formalizó el decreto general de uniones, supresiones
y reducciones de benefi cios de su diócesis, y lo
envió a la Cámara para solicitar el real consentimiento. Con
una real cédula auxiliatoria del 21 de junio siguiente, Carlos
III se lo de volvió para que procediera a su publicación y eje-
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El Real Patronato en la Corona de Aragón
cución, pero Velarde informó a la Cámara que debían incluirse
en el decreto las «congruas, cargas y concu rrencias» de
los vicarios de la diócesis, que habían sido hechos perpetuos
de nuevo.
En consecuencia, el obispo formalizó el nuevo decreto con
fecha de 10 de diciembre de 1775, declarando que los referidos
vicarios perpetuos debían per cibir las congruas fi jadas en
el anterior decreto; que no se les había de gravar con cargas
penales que les embarazaran la puntual asistencia al pasto
espiri tual; y que debían concurrir a las Juntas o Capítulos clericales
tras los rectores o curas, y que en su ausencia habían
de ejercer todas sus veces y funciones. Y volvió a enviarlo a
la Cámara solicitando la real aprobación.
Examinado en ella, junto con los antecedentes del asunto, se
pasó al rey la consulta con el dictamen correspondiente el 5
de febrero de 1776. Por resolu ción a dicha consulta, Carlos
III prestó su real consentimiento al referido plan.
Habiéndose publicado dicha resolución en la Cámara, los
curas y clero de las parroquiales de las villas de Vinaroz y
Benicarló acudieron a ella pidiendo que el obispo les oyese
en justicia y que los vicarios perpetuos siguieran comportándose
como desde tiempo inmemorial lo habían hecho
los temporales.
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
Y sin hacer mención de dicho pedimiento, el rey mandó que
le fuera de vuelto al obispo el citado decreto, junto con una
real cédula auxiliatoria del 1 de agosto del último año citado,
para su publicación y ejecución (nota 159).
La tercera actuación real en el obispado de Tortosa se remonta
a los inicios de la década de los '60, aunque su desenlace
se produce en 1786. El 22 de fe brero de 1760, Bernardo
Velarde remitió a la Cámara un expediente que había sido
suscitado en su Curia por Gerónimo Arnau, vicario perpetuo
de la Parro quial de la villa de Castellón de la Plana, para que
el monasterio de la Cartuja de Valdecristo -en la diócesis de
Segorbe- al que estaba unida en lo temporal, le aumentase
la congrua a costa de los diezmos que el monasterio percibía
del distrito en el que se hallaba la citada parroquial.
Pasaron más de cuatro años hasta que el 26 de septiembre
de 1764, la Cá mara pasó a Carlos III una consulta sobre dicho
asunto. Y el rey declaró a fa vor del referido vicario, de
modo que el 14 de octubre siguiente le devolvió al obispo el
expediente y le previno que procediese a dotar al vicario con
los fru tos decimales y primiciales expresados en su petición,
saliendo también de ellos lo que se asignase por razón de
oblata para la celebración de misas en di cha iglesia y en concepto
de salarios al sacristán y al campanero. Que proveye se
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El Real Patronato en la Corona de Aragón
de los tenientes necesarios a dicha iglesia para que los feligreses
estuvieran bien asistidos en lo espiritual, dotándolos
a partir de las referidas rentas. Y que todo lo que decidiese
para el mejor servicio de la Iglesia, lo incluyese en un decreto
que, una vez fi rmado y sellado, y antes de publicarlo, enviase
a la Cá mara en aras de obtener el real consentimiento.
En su cumplimiento, Velarde remitió el 27 del mismo mes de
octubre el decreto, en el que incrementaba la dotación del
vicario mayor y creaba un tercer subvicariato. Examinado en
la Cámara, obtuvo un dictamen favorable que fue comunicado
a Carlos III en consulta del 21 de agosto de 1776. Pero la
re solución del tema tardó en llegar más de diez años, pese
a dos reverentes re cuerdos el 4 de febrero de 1782 y el 21
de agosto de 1786. El rey prestó su consentimiento al expresado
decreto y se procedió como de costumbre de cara
a su publicación y ejecución, con la única excepción de que
estando vacante la sede de Tortosa, por renuncia de Pedro
Cortés y Larranz, Carlos III escribió al vicario capitular su real
cédula auxiliatoria el 12 de noviembre de ese último año, advirtiéndole
que no se hiciese novedad en el Plan, número, y
benefi cia dos de dicha Parroquial (nota 160).
Volviendo algo atrás en el tiempo, hallamos un documento
un tanto espe cial porque se trata de la aprobación real de
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
un plan general de benefi cios de un monasterio del Real
Patronato, el benedictino claustral de Santa María de Labaix.
El 11 de mayo de 1777, Carlos III expidió un real despacho
para que Miguel Doncel, abad de dicho monasterio, procediera
a la publicación del de creto de uniones, supresiones y
reducciones benefi ciales de su abadía (nota 161).
Sin salir del mundo de la clerecía regular, pero trasladándonos
a la diócesis de Gerona, encontramos una nueva
intervención con vinculaciones económi cas. Se trata de una
demostración de la facultad real para aprobar los planes de
unión y supresión de los benefi cios de los monasterios del
Real Patronato.
El obispo de Gerona, Tomás de Lorenzana, remitió a la
Cámara, en aten ción a la orden del 3 de noviembre de 1781,
el decreto formalizado de unión e incorporación del monasterio
de la villa de Rosas al monasterio de la villa de Amer,
ambos de la Congregación Benedictina Claustral, con fecha
del 23 de agosto del año siguiente. Dicho decreto suponía
una nueva planta para éste, y la supresión para aquél, siendo
agregados los tres monjes que componían su comunidad al
de Amer. Además, el Plan benefi cial arreglado por su abad,
Eus taquio de Azara, se preocupaba por la conveniente dota-
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El Real Patronato en la Corona de Aragón
ción de los clérigos que debían atender la parroquia de la villa
de Rosas.
La Cámara analizó los contenidos del referido decreto, y tuvo
en cuenta, asimismo, la exposición del fi scal y la protesta
del ayuntamiento de la villa de Rosas. Y hallándolo enteramente
adecuado a la orden del 3 de noviembre de 1781 lo
pasó a las reales manos, con su dictamen, en consulta del
21 de octu bre de 1782. Y por resolución a dicha consulta,
Carlos III, «como Patro[no] que soy de los Monasterios de
la referida Orden Benedictina Claustral Tarra conense y
Cesaraugustana, y como universal que también lo soy de las
Igle sias de mis dominios», le prestó su real consentimiento,
necesario para que se ejecutase la expresada supresión del
monasterio de Santa María de Rosas, y la incorporación de
sus monjes al de Santa María de Amer, de forma que «dichos
dos monasterios queden incorporados y unidos en uno solo,
que haya de tener y tenga un solo Abad en el nominado de
Santa María de la villa de Amer». Y junto al decreto original,
se le envió a Tomás de Lorenzana una real cédula au xiliatoria
con fecha del 12 de enero de 1783 para que se procediese a
su publi cación y ejecución (nota 162).
También en la diócesis de Gerona, el mismo Tomás de
Lorenzana, a solici tud real, envió a la Cámara el decreto de
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
extinción del priorato de la Iglesia de Santo Tomás de Fluviá.
Tras ser examinado en dicho organismo, a fi nales de 1788 le
fue devuelto junto con una real cédula auxiliatoria para que
procediese a su publicación y ejecución (nota 163).
Concluiremos este análisis de las actuaciones reales en
asuntos de raciona lización benefi cial con dos casos referentes
al clero regular.
El primero de ellos nace al introducir Jaime Martí, cura párroco
de la igle sia del lugar de Ventola, una instancia en la curia
abacial del monasterio bene dictino claustral de Santa María
de Ripoll, solicitando un aumento de su congrua sobre los
diezmos y primicias del término de su feligresía, que estaba
percibiendo enteramente el dispensero mayor del monasterio.
Éste alegó in competencia de fuero ya que, por ser su ofi -
cio regular del Real Patronato, la instancia debía de tratarse
en la Cámara. Y el abad, en auto del 17 de agosto de 1780,
declaró la expresada incompetencia de fuero.
Entonces, el cura de Ventola acudió a la Cámara presentando
copia de di cho auto y alegó lo que le pareció en guarda
de su derecho. Y visto el expe diente en la Cámara, por real
cédula del 10 de enero de 1781 se previno al abad que determinase
el asunto con la mayor brevedad, según exigía la
necesi dad. Pero fueron necesarios tres señalamientos y pró-
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El Real Patronato en la Corona de Aragón
rrogas de tiempo para que el dispensero mayor dedujese lo
conveniente a su derecho, por lo que hasta el 25 de junio de
1782 el abad no pudo remitir a la Cámara el auto con su determinación.
La sentencia favoreció al referido cura de Ventola
puesto que se le aumentó la dotación hasta la cantidad de 20
libras barcelonesas anuales sobre los diezmos que percibía
el dispensero mayor.
Visto el auto en la Cámara, se acordó su devolución para
la formalización del decreto. Éste quedó redactado el 6 de
octubre del mismo año, y fue enviado a la Cámara con una
copia legalizada. Allí fue revisado por el fi scal, quien lo halló
conforme y arreglado, y lo pasó a manos del rey en consulta
del 22 de enero de 1783 con un dictamen favorable. Y el rey
le prestó su real consenti miento, devolviéndolo junto con una
real cédula auxiliatoria el 13 de febrero siguiente (nota 164).
Únicamente resta una intervención real: la aprobación y
confi rmación del decreto de arreglo de rentas de los ofi cios
regulares del monasterio benedictino claustral de San Cugat
del Vallés.
El 2 de febrero de 1788, el abad del monasterio de San Cugat
del Vallés, «impulsado del celo del mayor benefi cio espiritual
y temporal de la Real Ca sa», comunicó al rey que en los actos
capitulares celebrados los días 29 de diciembre de 1787
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428

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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
y 2 de enero posterior la comunidad acordó unánimemente
reincorporar al monasterio la administración de todas las
rentas de sus distintos ofi cios y dignidades, conforme fueran
vacando.
En el cabildo citado del día 29 de diciembre, los monjes
profesos del mo nasterio, presididos por su vicario general,
examinaron los perjuicios que les suponía a los ofi ciales el
haber de cuidar de la administración de las rentas, porque
les impedía aplicarse al estudio y a las demás obligaciones
propias del estado religioso, junto a otros inconvenientes.
Refl exionaron sobre los medios de evitar tales males, y
acordaron que el más útil era la unión de todos los ofi cios
al cuerpo del monasterio, encargándose éste de satisfacer
todos los cargos de dichos ofi cios y correspondiendo anualmente
a cada ofi cial una pensión fi ja, según el valor de los
ofi cios, por lo que acordaron nombrar comisionados para que
informasen al abad de lo que había proyectado el capítulo y
se tomara la resolución.
El 2 de enero de 1788 se celebró un nuevo capítulo con los
mismos mon jes, presididos de nuevo por el vicario general.
Los comisionados dijeron que el abad estaba conforme a la
reunión de los ofi cios al cuerpo del monasterio según había
proyectado el cabildo, por lo que se acordó unánimemente
429

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
supli car al rey su real permiso para llevar a efecto la expresada
unión, sin perjuicio del Real Patronato.
El valor líquido de los ofi cios y dignidades del monasterio en
el último quinquenio era el siguiente: pavordía mayor, 6.322
reales de vellón; pavordía de Panadés, 6.000; pavordía de
Palautordera, 6.453; camarería, 3.500; priorato y sacristía
mayor, 2.232; dispensa mayor, 2.000; obrería, 1.000; enfermería,
1.000; refectoría, 910; pavordía de Llobregat, 1.600. Y
el valor que tendrían según el nuevo Plan de unión o incorporación
de los mismos ofi cios y dignida des al cuerpo del monasterio
proyectado en los mencionados Actos Capitulares
sería el siguiente: pavordía mayor, 6.400; pavordía del
Panadés, 5.333; pavor día de Palautordera, 5.333; camarería,
4.800; priorato y sacristía mayor, 2.880; dispensa mayor,
2.880; obrería, 2.880; enfermería, 2.880; refectoría, 1.067; y
pavordía de Llobregat, 1.600.
El abad se dirigió al rey en carta del 2 de febrero de 1788
para suplicar su autorización para la aplicación del referido
plan.
El asunto pasó a la Cámara, donde por decreto del 18 de
abril del mismo año, el rey aprobó dicha resolución relativa a
la administración y recaudación de rentas de las dignidades
y ofi cios de ese monasterio, «entendiéndose esta mi real
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
aprobación sin perjuicio de mi regalía y Real Patronato, y con
las salve dades y reservas correspondientes a los derechos
de mi Corona, así en esa re al casa como en la provisión de
los expresados ofi cios y dignidades de ella». Y para que todo
pudiera ejecutarse el 27 de abril despachó una real cédula
au xiliatoria, en la que se especifi caba que había de ser registrada
en los libros de la dignidad abacial y de resoluciones
capitulares de ese monasterio, y que he cho esto, se colocara
en su archivo (nota 165).
Cabe, pues, destacar de este documento fi nal diferentes
aspectos como la necesidad de aprobación real de los planes
de modifi cación del orden interno de las casas del Real
Patronato; el hecho de la iniciativa provenga del cabildo del
monasterio; y, por supuesto, el celo puesto por el rey para
que no se me noscabaran sus regalías y derechos.
431

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
1. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 39-41.
2. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 182v-184v.
3. Muchos de los eclesiásticos partidarios del nuevo emperador, que
marcharon al destierro, fueron favorecidos por éste en su muy españolizada
corte vienesa o en las an tiguas posesiones españolas en
Italia, logrando honores que seguramente no habrían al canzado en
España. Como muestra valgan los casos de Isidro Beltrán -arzobispo
de Tarragona-, o Manuel de Sant Just -obispo de Vic-. En cambio, los
clérigos austracis tas que permanecieron en España tuvieron una vida
sumamente difícil. En A. Domín guez Ortiz: Sociedad y Estado en el
siglo XVIII español, p. 44.
4. En Solsona, tras el destierro de Francisco Dorda fue nombrado
Guillermo Golo rons. Ramón de Marimón sustituyó en Vic al desterrado
Manuel de Sant Just. Miguel Juan de Taberner y Rubí fue nombrado
arzobispo de Tarragona en detrimento de Isidro Beltrán. Y en
Barcelona, Diego de Astorga y Céspedes sustituyó a Benito Sala.
5. Según J. Bonet, L’Església catalana de la ll.lustració a la Renaixença,
Barce lona, 1984, pp. 43 et alli.
6. Los espolios eran todos los bienes muebles -no patrimoniales- procedentes
de las fi ncas y rentas de la mitra, que un obispo dejaba al
morir. También se llamaban fru tos intercalares.
7. En 1709, siendo muy desfavorable la situación de las tropas borbónicas
en Ita lia, Clemente XI tuvo que reconocer a Carlos de Austria
como rey de España. Sus con secuencias inmediatas fueron la ruptura
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432

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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
de relaciones con Roma y la expulsión del nuncio apostólico de la
corte de Madrid.
8. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 3-5.
9. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 8-14.
10. En atención al real decreto del 24 de enero de 1717.
11. Canónigo de la misma Catedral de Solsona. A. H. N. «Registros
del Real Patro nato». Libro 280, ff. 35v-39v.
12. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 53v-57.
13. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 116v-117.
14. Hasta el concordato de 1753 mantuvieron el nuncio y los colectores
de la Cá mara Apostólica el monopolio en la administración de los
espolios.
15. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 92v-93.
16. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 177-179.
17. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 317-318.
18. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 168v-169v.
19. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 159v-160v.
20. W. Callahan, op. cit., pp. 59-60, 66.
21. Teófanes Egido, «El regalismo en España», en J. Pradells y E. La
Parra (edit.): Iglesia, sociedad y Estado en España, Francia e Italia
(ss. XVIII al XX), Alicante, 1991, p. 212. Convendría investigar con
433

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
más profundidad los integrantes regalistas ac tuantes en la hostilidad
manifi esta hacia las cofradías.
22. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 171-173.
23. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 138-139v.
24. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 198-199.
25. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 207-208v.
26. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 233v-236.
27. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 279-280.
28. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 43v-44v.
29. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 86-87v.
30. Es signifi cativa la fecha, pues la admisión de esta congregación
bajo la protec ción real se produce en un momento de pleno auge del
jesuitismo en España. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro
280, ff. 361-361 v.
31. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 159-160.
32. Era provista por el obispo, en virtud de las disposiciones del
Concilio de Trento.
33. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 89v-91.
34. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 209-210.
35. La referencia aparece en la Respuesta de los Tres Señores
Fiscales del Consejo en el expediente consultivo de las Cartujas de
España, Madrid, 1779, p. 301. Citado por J. Izquierdo Martín, J. M.
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
López García y otros en «La reforma de regulares durante el reinado
de Carlos III. Una valoración a través del ejemplo madrileño», en
Equipo Madrid: Carlos III, Madrid y la Ilustración, Madrid, 1988, p.
205.
36. Enrique Giménez y otros: Introducción a la Historia Moderna,
Madrid, 1991, p. 508: «La diplomacia británica, tras incluir a Sajonia
en el campo austríaco, supo convencer a Carlos Manuel III de Saboya,
ofi cialmente aliado de Francia, para que se uniera a Austria a cambio
de la cesión por ésta de una parte de la Lombardía, el duca do de
Plasencia y el marquesado de Finale. El Tratado de Worms, en septiembre
de 1743, entre Austria y Saboya certifi caba la nueva alianza
y abría un nuevo frente en Italia. Al fi nalizar 1743, Francia se hallaba
aislada, con sólo el apoyo de España, con la que había suscrito el 18
de octubre el segundo Pacto de Familia».
37. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 338-339.
Tampoco se vio nunca bien en los círculos de la monarquía el que los
prelados españoles salieran del país para acudir a capítulos generales,
por la doble pérdida que suponía: de control sobre sus órdenes; y
de rentas, que fl uían hacia las casas matrices.
38. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 319-319v.
39. Esta actuación real se inscribe dentro del programa de reforma
del clero regu lar. Según Jesús Izquierdo Martín, José Miguel López
García y otros, en «La reforma de regulares durante el reinado de
Carlos III. Una valoración a través del ejemplo ma drileño», del libro
del Equipo Madrid: Carlos III, Madrid y la Ilustración, Madrid, 1988,
p. 205, la reforma de los regulares hacía hincapié en tres aspectos
435

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
fundamentales: el aumento del control real sobre las congregaciones
hispanas, la paralización del pro ceso de amortización con sus consiguientes
efectos positivos sobre los ingresos de la Hacienda Real, y
la dignifi cación de los miembros de las órdenes monásticas -que es lo
que pretende Fernando VI con la designación del obispo de Vic-.
40. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 161v-162v.
41. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 335-336.
42. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 45v-46.
43. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 175-176v.
Resulta algo chocante que sea el abad de Ripoll el visitador de
Bellpuig, cuando en este monasterio se cumpía con las reglas y se
llevaba una apacible vida caracterizada por la efervescen cia intelectual,
y en el que regía el visitador, las rentas se consumían en pleitos
intermi nables y se descuidaba casi por completo la observancia de los
preceptos de la regla cisterciense.
44. El prior de esa iglesia pasó a ser el abad del monasterio de
Montserrat, que era quien debía proporcionar lo preciso para la subsistencia
tanto al rector como a un vica rio secular que éste tenía como
coadjutor.
45. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 283, ff. 49v-51.
46. «( ...) que por lo común tienen malas resultas, y alteran la buena
armonía y tranquilidad entre los capitulares, con escándalo del pueblo
que murmura y toma parte en las diferencias según el partido...».
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
47. Puesto que, como primera silla después de la Pontifi cal, el arcedianato
mayor era de provisión real en todo tiempo y vacante.
48. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 304-308.
49. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, f. 320. La carta
se halla re gistrada a la letra en el Libro III de Concordato de Cataluña,
f. 29v.
50. Por dejar únicamente el gobierno espiritual según la regla benedictina
reforma da en Valladolid.
51. El Tratado de los Pirineos se fi rmó el 7 de noviembre de 1659,
como conse cuencia de las conversaciones mantenidas por Mazarino
y Luis de Haro. En él, España cedía a Francia varias plazas fuertes en
la frontera del noroeste repartidas desde Flandes a Luxemburgo, el
Artois, y el Rosellón. En Enrique Giménez, op. cit., p. 312.
Además, la corona francesa basaba sus aspiraciones en un indulto
apostólico del papa Clemente IX que le concedía la presentación del
obispado de Elna y de las de más piezas eclesiásticas consistoriales
de Real Patronato en el Rosellón y la Cerdaña.
Ante ello, el rey español respondió que ni antes ni después de la
unión de San Genís a Monserrate había pertenecido aquél al Real
Patronato, por lo que tampoco la corona francesa podía proceder a
su presentación.
52. Pues el decreto intentaba «practicar desigualdad recibiendo sólo
a franceses en San Genis».
53. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 192-196v.
437

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
54. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 301v-303v.
55. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 308v-310v.
56. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 335v-336v.
57. Posiblemente Francisco Serra y Portell.
58. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 303v-305v.
59. A saber: Tromp; Vilasmitjana; de la Conca: Guisona y Sanahuja;
y de los luga res de Montesquí: Arcabell, Asmurri Torres, Pla, Valle de
la Llosa, Valle de Aroues, Ribera Salada, Castellnou de Basella, y
Aguilas.
60. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 157-158.
61. Todas estas cuestiones son tratadas con detenimiento en nuestro
artículo «Las intervenciones reales en los pleitos del Real Patronato»,
publicado en la Revista de His toria Moderna. Anales de la Universidad
de Alicante, 16 (1997).
62. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 187-189.
63. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 283, f. 74.
64. Ley 11, título XV, libro I, de la Novisima Recopilación.
65. Ibidem, ley III.
66. Ibidem, ley V.
67. Ibidem, ley VI.
68. Ibidem, ley VII.
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
69. Conocemos a uno de ellos: Migo Abad y Lasierra, quien el 28 de
septiembre de 1787 obtuvo las bulas pontifi cias para la abadía del
monasterio de San Pedro de Besalú, y el 8 de noviembre siguiente las
cartas ejecutoriales y de posesión.
70. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 280-280v.
71. Aunque la Iglesia del siglo XVIII era predominantemente urbana,
la fuente de su riqueza se hallaba en el campo. Las instituciones religiosas
dedicaban sólo una pe queña parte de sus propiedades a la
explotación directa. El resto se cedía a particulares mediante una gran
variedad de contratos de arrendamiento tan pronto como las adqui rían
mediante compra o donación, de ahí el carácter fragmentado de la
propiedad de la Iglesia en todo el reino. Aunque cabildos y monasterios
intentaban exprimir al máximo sus propiedades, la naturaleza
dispersa de las posesiones les impedía aprovechar plena mente su
riqueza, y a pesar de que mantenían un pequeño ejército de administradores,
abogados y recaudadores de rentas para mantener a raya a
sus arrendatarios, las econo mías de escala no eran posibles. En W.
Callahan, op. cit., pp. 48-49.
72. Medida superfi cial utilizada en Cataluña.
73. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 177-178v.
74. Estos cuatro «protectores, conservadores y generales administradores
de los aniversarios, misas y demás pías memorias» de la iglesia
del citado monasterio eran: Francisco Escofet y de Roger -camarero
del mismo monasterio-, Antonio Prim y de Bahí, Bernardo Gual y
Esteban Guijeras.
439

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
75. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, fi . 204-205.
76. Si tenemos en cuenta el descuido generalizado de las parroquias
rurales que he redaron los Borbones, el hecho de que todo el pueblo
español quedara mínimamente atendido desde el punto de vista espiritual
era algo más bien utópico. Antonio Domín guez Ortiz ha refl ejado
claramente en sus «Aspectos sociales de la vida eclesiástica» de la
Historia de la Iglesia en España de la B.A.C., p. 61, que «gran parte
del clero rural se sentía postergado», por lo que no era nada extraño
que parte de la población del campo estuviera insufi cientemente atendida.
77. Aplicando la de los domingos por la salud del rey y de sus antecesores,
y por el bien de la Monarquía, y la de los demás días festivos
por el de sus feligreses.
78. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 210-211.
79. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 212v-214.
80. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 271v-272.
La cédula concluía con una cláusula especial, puesto que, para que
tuviera validez, había de ser copiada, además de en la Contaduría
General de la Media Annata Eclesiástica, en la
Contaduría General de la distribución de la Real Hacienda -donde estaba
incorporado el Registro General de Mercedes- y en la Contaduría
de la Renta General de Salinas del Reino.
81. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 256-257.
82. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 277v-278.
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440

ÍNDICE
4. El rey: patrón de la iglesia nacional
83. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 286-288.
84. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, f. 329v. La cédula
se regis tró a la letra en el libro III de Concordato, f. 44.
85. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, f. 359v.
86. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 283, ff. 47v-49.
87. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 172v-174v.
88. El ideal del movimiento reformista era una religión intelectual en
la que el fi el entendiera las verdades de la fe, practicara la liturgia con
sencillez y avanzara por el ca mino de la perfección espiritual y temporal.
En W. Callahan, op. cit., p. 74.
89. Ya pudimos comprobar que Felipe V, mediante la instauración de
las canonjías de ofi cio en las catedrales catalanas, perseguía una mejor
dotación intelectual del clero capitular para cubrir más adecuadamente
las necesidades y los problemas espirituales de sus católicos
súbditos.
90. W. Callahan, op. cit., pp. 14, 25, 26. A. Domínguez Ortiz, Sociedad
y Estado en el siglo XVIII español, Madrid, 1976, p. 373.
91. Su plan de estudios estaba distribuido en cuatro grandes materias
que a su vez contemplaban algunas disciplinas complementarias: gramática,
retórica, fi losofía y teo logía. A la par, el estudio de las Sagradas
Escrituras y la recomendación de conocer al gún idioma componían
el grueso de la materia escolar. Sin duda, una preparación dirigida
principal y fundamentalmente a la transmisión de conocimientos
para mantener la fe cristiana en el ejercicio pastoral. Hablar y escribir
441

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
bien, estar preparado para pole mizar y convencer y conocer a pies
juntillas los textos sagrados eran las partes esencia les. Junto a ellas,
los futuros curadores de almas debían tener un proceder ejemplar,
puesto que las constituciones de los seminarios regulaban también la
conducta cívica de los alumnos, para lo no había mejor solución que
el régimen de internado y una fuerte disciplina. En R. Fernández, op.
cit., pp. 70-72.
92. W. Callahan, op. cit., p. 38. J. Sarrailh, en La España Ilustrada
de la segunda mitad del siglo XVIII, Madrid, 1974, p. 629, ofrece otra
explicación de la expulsión de la Compañía. Alude al interés de Carlos
III por recuperar una porción importante de las posesiones del clero.
De ahí que, tras la expulsión de los jesuitas, se decretara la secularización
de los bienes de la Compañía y el empleo de sus inmuebles para
obras públicas.
93. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 160v-166.
94. Por lo general, y sobre todo en la segunda mitad de siglo, los obispos
españoles eran hombres cultos y formados, asiduos en el cumplimiento
de sus deberes pastorales, que, al mismo tiempo, cooperaban
activamente con la política reformista de la Corona, creando seminarios
o alentando a sus sacerdotes a participar en periódicas conferencias
espirituales. Durante el reinado de Carlos III se estableció una
estrecha alianza entre re forma y regalismo, de modo que los clérigos
interesados en promover cambios, para poder llevarlos a cabo, respaldaron
la expansión del intervencionismo real en los asun tos de la
Iglesia, incluso en el campo de la disciplina. Además, los intereses de
los re formadores y burócratas reales coincidían en temas tales como
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442

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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
el poder de los obispos en relación al papado y el control episcopal de
las órdenes religiosas. Bernardo Velarde -a quien se debe incluir en
esta tendencia-, movido por la dolorosa consciencia de la pobreza intelectual
de su clero, propició la fundación de este seminario conciliar.
No obstante, fue durante la década siguiente, la de los 80, cuando la
reforma comenzó a in clinarse por un programa más vigoroso, que preveía
cambios más profundos dentro de la Iglesia, y por un desafío más
violento a la autoridad papal en el tema de la jurisdic ción episcopal.
En W. Callahan, op. cit., pp. 20, 74, 75.
95. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, f. 208, ff. 208-
208v.
96. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 261v-263v.
97. R. Fernández, op. cit., pp. 109-110.
98. A. Domínguez Ortiz, «Aspectos sociales de la vida eclesiástica»,
en la Historia de la Iglesia en España, de la B.A.C., t. IV, p. 64.
99. En el Diccionario de Historia Eclesiástica de España, dirigido por
Q. Aldea, p. 3, hallamos una breve reseña biográfi ca de este clérigo.
Manuel Abad y Lasierra nació en Estadilla (Huesca) el 24 de diciembre
de 1729, y murió en Zaragoza el 12 de enero de 1806. Estudió
en Calatayud y Huesca. Fue racionero de su pueblo natal. Ingresó en
la orden de San Benito de los Claustrales, en el monasterio de San
Juan de la Peña. En 1771 Carlos III le comisionó para examinar los
archivos benedictinos de la Corona de Aragón. En 1773 fue nombrado
prior de Santa María de Meyá. En 1783 pasó a ser el primer obispo
de Ibiza, y en 1787 ocupó la mitra de Astorga. Aquí prosiguió la obra
443

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
del seminario. Pasó a Madrid, donde lo retendrían otros cargos y empleos
encomendados por el monarca. Como su estancia en la corte
se prolongaba, renunció al obispado en 1791. Fue nombrado titular
de Salimbria el 11-4-1791 e inquisidor general (1793-94), a cuyo
cargo renunció también, retirándose. Está sepultado en el Pilar de
Zaragoza. Fue académico numerario de la Historia.
100. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 150-152v.
101. Conocemos con detalle la carrera de Francisco Llovet y Mas.
El 24-9-1760 fue designado secuestrador de los frutos y rentas de la
abadía del monasterio de Santa Ma ría de Gerri. A. H. N. «Registros
del Real Patronato». Libro 282, ff. 58v-59. Posterior mente, el 11-3-
1764, recibió el nombramiento para el ofi cio regular de limosnero del
mismo monasterio. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro
282, f. 113v. Des pués, el 1-5-1783 volvió a ejercer como secuestrador
y ecónomo, pero esta vez de la abadía del monasterio de San Cugat
del Vallés. A. H. N. «Registros del Real Patrona to». Libro 282, ff. 326v-
327v. Y por último, seguimos su carrera hasta su promoción al priorato
de Santa María de Meyá, al que accedió el 7-10-1784 gracias al
ascenso de Manuel Abad y Lasierra al obispado de Ibiza, obteniendo
el ejecutorial el 17-3-1785. A. H. N. «Registros del Real Patronato».
Libro 282, ff. 347-347v, f. 353.
102. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 237v-
240v.
103. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 210.
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
104. Este empleo era incompatible con cualquier otra dignidad o canonjía
de Iglesia Catedral o Colegial, o con cualquier otro benefi cio
residencial, para evitar que «distrai gan a sus obtentores de cumplir
con sus encargos». Y también con los de subcolector de espolios y
vacantes, provisor, visitador, secretario de Cámara, notario de la Curia
Eclesiástica, o con cualquier otra judicatura u ofi cio.
105. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 283, ff. 27-28v.
106. Dicha cantidad la componían los siguientes conceptos: 64 libras
por los dos prados; 90 por el campo; 8 por los diezmos; y 11 libras, 15
sueldos y 7 ardites por los censos.
107. A.H.N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 249-.256.
108. Se prestaban caudales con intereses de «real, real y medio y dos
reales por do blón en cada mes».
109. P. Voltes Bou también recoge esta cita en «El Monte de Piedad
de Nuestra Se ñora de la Esperanza», Agricultura y Economía, 66 (octubre
1964), pp. 85-86. En Q. Aldea, op. cit., pp. 1734-35.
110. En Q. Aldea, op. cit., p. 1734, hallamos una sucinta exposición
sobre el Monte de Piedad de Barcelona. Entresacamos algunas ideas
de interés. Disponía de los si guientes cargos: administrador, tesorero,
contador, depositario de alhajas, ofi cial de al monedas, dos tasadores
y dos porteros, que serían nombrados por la Junta General. En cuanto
al tiempo de los préstamos, fi jaba un plazo máximo de seis meses
y un día, sin interés alguno, y aceptaba las limosnas que libremente
quisiera dejar el prestatario. Al igual que el de Granada, no admitía
misas de testamentaria, ni colocación de cajas de li mosnas en otros
445

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
lugares que los que ya tenía la Congregación, para no perjudicar a las
demás obras pías.
Voltes relaciona la fundación del Monte de Piedad con el ambiente
económico y social de Barcelona en aquellos años. Tras hacer un
análisis del mismo, concluye en su trabajo citado que «en el hecho
concreto de la fundación de los Montes de Piedad, [podemos] identifi
car en éstos un instrumento de salvaguardia de los valores poseídos
por las clases modestas; aunque fuera débil y parcialmente, los
Montes ejercieron la función desvalorizadora que pesaba especialmente
sobre las clases que no podían re poner sus limitados activos,
y salvaron para éstas una serie de bienes que la subida de precios
hubiera arrastrado cauce abajo».
111. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 176v-179.
112. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 195-196.
113. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 327-328v.
114. Q. Aldea Vaquero, Diccionario de Historia Eclesiástica de España,
Madrid, 1972, p.70.
115. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 283, ff. 63v-65v.
El título de nombramiento tenía como cláusula fi nal que de él había
de tomarse razón en la Conta duría General de la Distribución de la
Real Hacienda, donde se hallaba incorporado el Registro General de
Mercedes, sin cuya formalidad no tendría efecto.
116. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 283, f. 70.
117. W. Callaban, op. cit., p. 12, 58.
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
118. Esta necesidad de trabajar iría marcándose progresivamente
en su personalidad, forjándose a lo largo del siglo «el estereotipo
del catalán laborioso y emprendedor, al que se admira y a la par de
considera con cierta aprensión». En A. Domínguez Ortiz, Sociedad y
Estado..., p. 247.
119. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 211v-
212v.
120. T. Egido, «El regalismo en España», en J. Pradells y E. La Parra
(edit.): Iglesia, sociedad y Estado en España, Francia e Italia (ss. XVIII
al XX), Alicante, 1991, p. 212.
121. En el fondo -como se dice explícitamente en el Discurso sobre
el fomento de la industria popular (1774) que el Fiscal de Castilla se
encargó de divulgar- todo se su bordinaba a cálculos más realistas:
«Para calcular la pérdida de jornales que ocasiona el excesivo número
de fi estas de precepto eclesiástico, con sólo suponer ocho millones
de habitantes trabajadores de ambos sexos, y que una persona con
otra gane dos re ales de jornal, cada fi esta de precepto reducida o
trasladada al domingo producirá en España diez y seis millones de
reales de utilidad y la proporción correspondiente en manufacturas o
en mayor extensión de la agricultura. En Alemania se trabaja actualmente
en reducir los días festivos». En T. Egido, «Actitudes religiosas
de los ilustrados españoles», en Carlos III y la Ilustración, tomo 1,
Madrid, 1988, pp. 233-234.
122. Las fi estas religiosas se celebraban de la mano de la institución
eran de tres ti pos: grandes celebraciones litúrgicas (Semana Santa
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
y Corpus Christi), festividades pa tronales y bendiciones de nuevos
altares. En R. Fernández, op. cit., pp. 77-78.
123. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 173v-174v.
Dicho santo había sido virrey, capitán general y presidente del tribunal
de la Audiencia del Principado.
124. El cabreve, cabreo o capbreu era el reconocimiento periódico del
dominio di recto del señor por el campesino. Los enfi teutas declaraban
las medidas de su terreno, sus características económicas, las transmisiones
efectuadas, etc.
125. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 174-176v.
La real cédu la incluía, como todas las demás referentes a confi rmaciones
de privilegios, dos cláusu las fi nales. La primera era una orden
a la globalidad de autoridades seculares del Principado para que «observaran,
guardaran y cumplieran» con la confi rmación. La segunda
hacía referencia a motivaciones fi scales: la Contaduría general de la
Distribu ción de la Real Hacienda debería tener constancia de las citadas
cédulas.
126. La prohibición a los nobles catalanes de llevar armas, impuesta
tras la Guerra de Sucesión, no se levantó hasta el advenimiento del
reinado de Carlos III. Al suprimir el efecto de tal ley, el monarca se
mostró convencido de que éstos estaban «ansiosos de emplearlas en
defensa y servicio mío». En A. Domínguez Ortiz: Sociedad y Estado
en el siglo XVIII español, Madrid, 1976, p. 246.
127. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 172-174.
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448

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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
128. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 184v-
186v.
129. Quien mandó que «no se inquietase la posesión de sus derechos
bajo pena de 1000 fl orines de oro». Dicho rey gobernó en Aragón entre
1412 y 1416, sin abandonar su condición de regente en Castilla, ante
la minoría de Juan 11. En M. A. Ladero Quesada, Historia Universal.
Edad Media, vol. II., Vicens Universidad, Barcelona, 1988, p. 918.
130. Hijo mayor de Fernando, reinó en la Corona de Aragón entre
1416 y 1458. Ibidem.
131. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 191-194.
132. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 208v-
287v.
133. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 343v-
354v.
134. W. Callahan, op. cit., p. 16.
135. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 125-126.
136. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 257v-260.
137. Podemos hallar un estudio más detallado de la creación de
este obispado en A. CARRASCO RODRÍGUEZ: «Las provisiones
eclesiásticas del Real Patronato en Cata luña a fi nales del reinado de
Carlos III (1776-1788)», en Revista de Historia Moderna. Anales de la
Universidad de Alicante, 15 (1996), pp. 305-311.
138. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 312-314.
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
139. Las islas de Ibiza y Formentera pertenecían a dicha archidiócesis,
y de ella de bían desmembrarse para formar un obispado. Por ello,
Carlos III adjuntó a su real cédu la un instrumento expreso y ratifi cado
por el arzobispo de Tarragona, Joaquín Santiyán y Valdivieso en el
que, movido por su celo y espiritualidad y convencido de la justicia
que asistía a la petición de los insulares, espontáneamente consentía
y formalizaba la dismembración de las enunciadas islas. También incluyó
el rey el consentimiento del cura de la Parroquial de Santa María
la Mayor de Ibiza para trasladarse a otra prebenda.
140. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, f. 316v.
141. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 327v-329v.
La real cé dula deja claro a quién pertenece el patronato del nuevo
obispado: «( ...) reservando, concediendo y asignando perpetuamente
a mi Real persona y a los Señores Reyes de España mis subcesores
el derecho de Patronato y presentación a S. B. y Pontífi ces Ro manos
que le subcedan, de persona idónea para el dicho obispado e Iglesia
Catedral».
142. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 330-333.
Abad recibió la orden de adaptarlos, siempre con arreglo a las disposiciones
canónicas, en cuanto lo permitieran «las circunstancias del
tiempo y del país».
143. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 283, f. 75v. Azara
era abad del monasterio de San Cugat del Vallés, presidente de la
Orden Benedictina Claustral Ta rraconense Caesaraugustana, y hermano
del «ministro plenipotenciario cerca de la San ta Sede», José
Nicolás de Azara.
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4. El rey: patrón de la iglesia nacional
144. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 283, ff. 79v-81 v.
145. Además, la labor de protector de las iglesias nacionales la ejercía
gustoso Feli pe V, sobre todo cuando era la Santa Sede la causante de
algún perjuicio, como sucedía en este caso.
146. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 159v-161.
147. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 179v-182.
148. Dicha real orden es la ley 11, del título XVI, del libro I de la
Novísima Recopilación.
149. Enviado a los eclesiásticos tarraconenses en cédulas de 18 de
septiembre de 1765 y 11 de junio de 1766.
150. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 131v-134.
151. Para que se proveyese siempre en un clérigo secular diestro en
el órgano según lo había practicado José Costa.
152. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 141-148.
153. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, f. 149.
154. Sucedió a Francisco Esteba por real cédula del 4 de marzo de
1773, tras el pe ríodo de secuestro y economato de Francisco Gibert.
155. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 247-249.
156. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 184v-186.
157. Exceptuando las dignidades de hospitalario y sacristán mayor
reservadas a la provisión de Su Santidad en el Concordato de 1753, y
las tres canonjías unidas a la dig nidad episcopal.
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Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
158. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 211 v-
212v.
159. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 233v-
235v.
160. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 283, ff. 59-60v.
161. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, f. 245v.
162. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 318-320.
163. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 283, ff. 85v-86.
Dicha real cé dula auxiliatoria se registró a la letra en el Libro 111 de
Concordato de Cataluña, f. 1718.
164. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 325-326.
165. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 283, ff. 77-79v.
ÍNDICE
452

5. CONCLUSIONES
ÍNDICE
5. Conclusiones
La instauración en España de la dinastía borbónica trajo
consigo multitud de cambios que se sucedieron con
inusitada celeridad. Éstos tuvieron especial incidencia
en el esquema organizativo estatal, pues intentaron imprimir
al sis tema de administración heredado de los Austrias un
nuevo ideal político: el de la centralización. Los decretos de
Nueva Planta, con la consiguiente abolición de los fueros en
los reinos de la antigua Corona de Aragón, supusieron, a partir
de 1707, la sustitución de un sistema por el otro.
La abolición del Consejo de Aragón, el 15 de julio de 1707,
llevó consigo el traspaso de sus competencias a las instituciones
centrales de la Corona. El Consejo de Castilla y la
Cámara se repartieron la administración de Aragón, Valencia,
y Cataluña posteriormente, según las atribuciones de cada
cual: el Consejo de Castilla, el gobierno, y la Cámara, las
cuestiones de Real Patrona to, Gracia y Justicia.
453

ÍNDICE
Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
El fi n primordial de la reestructuración fue mantener clara-
mente diferen ciada la administración de los reinos de Castilla
y los de la Corona de Aragón. Siguiendo esta directriz básica
y ante la necesidad de afrontar la nueva coyun tura mediante
el establecimiento de nuevas unidades administrativas,
en el Consejo de Castilla se creó una nueva escribanía, la
Séptima, por donde corre rían exclusivamente los asuntos
de la antigua Corona de Aragón. Asimismo, en la Cámara
se fundó una nueva secretaría, la «Secretaría de Gracia,
Justicia y Real Patronato de la Corona de Aragón», con entidad
independiente de las tres Secretarías de Castilla (que se
encargaban de los asuntos castellanos de Gracia, Justicia y
Patronato Real).
En relación con el Real Patronato, una de las prerrogativas de
la Cámara era la posibilidad de intervenir en las propuestas
de benefi cios, es decir, podía proponer al monarca, en connivencia
con el Padre Confesor, a las personas que juzgaba
más idóneas para los arzobispados, obispados, abadías, dignidades,
ca nonjías, benefi cios y demás piezas eclesiásticas,
que eran de su real presenta ción. En este ámbito, sería un
error intachable dejar de aludir al deseado Concordato de
1753. Tras su transacción, la Cámara hubo de convertirse
en la gran expendeduría de documentos que hasta entonces
454

ÍNDICE
5. Conclusiones
había sido la Curia ro mana, pasando a monopolizar el negocio
de los nombramientos benefi ciales, así como el no menos
provechoso de la concesión de pensiones cargadas sobre las
rentas de las diferentes mitras y abadías de su patronato.
No obstante, es necesario señalar que esta ingente magnitud
de provisiones no se halla recogida -salvo muy contadas excepciones-
en las fuentes utiliza das para el presente trabajo
de investigación: los libros de la serie «Registros del Real
Patronato» para Cataluña.
Dejando de lado la descripción de los mecanismos burocráticos
de los nombramientos, sí resulta interesante profundizar
en algunos factores que per mitieron a la monarquía acceder a
prebendas eclesiásticas catalanas ajenas al Real Patronato.
Entre ellos, el más destacado fue el ejercicio del derecho de
resulta; sin du da, un utilísimo instrumento regalista en manos
de la Corona. La nominación de un individuo para una prebenda
eclesiástica del Real Patronato podía dejar vacante
a su vez otra, cuya provisión pasaba a tocar al monarca por
derecho de resulta, aun cuando no perteneciese al Regio
Patronato. De este modo, la pro visión de una plaza podía
generar toda una cadena de nombramientos de indi viduos
afectos para benefi cios que, de cualquier otra manera, hubieran
quedado al margen de sus prerrogativas.
455

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
En menor medida, también echaron mano los monarcas de
otros dos recur sos para acceder a la provisión de piezas
eclesiásticas. Por una parte, la confi s cación de bienes y haciendas
de los partidarios de la causa austracista durante los
tiempos de la contienda. Y por otra, la confi rmación real de
los individuos propuestos para los benefi cios simples de los
donatarios de la Corona.
Amén de la infl uencia de la red de informadores de que disponía
la monar quía, hay que destacar como fundamental la
del Padre Confesor. Como es bien sabido, el confesor real
no reducía su campo de actuaciones al asesoramiento espiritual
del rey, sino que su amplio abanico de competencias le
convertía en parte destacada del «equipo ministerial», ocupándose
de la gestión y dirección de los asuntos eclesiásticos.
Entre sus prerrogativas, nos interesa especialmente su
labor en materia de nombramientos, pues uno de sus principales
negocios fue la provisión de las prebendas del Real
Patronato, limitando la acción del monarca a dar su aprobación
defi nitiva.
También hay que hacer notar que, aunque la infl uencia del
Padre Confesor queda plenamente demostrada en la multitud
de consultas y documentos en que su nombre aparece
expresamente, en la documentación manejada, el Confesor
ÍNDICE
456

ÍNDICE
5. Conclusiones
Real no aparece en ninguna ocasión. La razón de ello hay que
buscarla en el hecho de que la infl uencia del Padre Confesor
se hace manifi esta en el preciso momento de la elección del
clérigo para un benefi cio determinado, y no después, cuando
se remite la real cédula a Roma con el fi n de obtener las bulas
o gracias correspondientes, necesarias para la confi rmación
de la resolu ción real, o cuando se expide al benefi ciado
el correspondiente ejecutorial.
Si nos fi jamos en los benefi cios y piezas eclesiásticas que
fueron objeto de provisión real, veremos que entre las regulares
destacan las abadías de tres congregaciones:
a) Orden Benedictina Claustral. Tres en la diócesis de
Barcelona: San Cu gat del Vallés, Santa María de Serrateix,
y San Pablo del Campo -a cuya aba día se hallaba unida la
de San Pedro de la Portella. Una en la de Urgel: Santa María
de Gerri. Y ocho en la diócesis de Gerona: San Esteban de
Bañolas, Santa María de Amer y Rosas, Santa María de
Ripoll, San Pedro de Besalú, San Pedro de Camprodón, San
Pedro de Galligans, San Pedro de Rodas y San Salvador de
Breda.
b) Orden Cisterciense: Nuestra Señora de Escarpe y Nuestra
Señora de La baix.
457

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
c) Orden Premonstratense: Nuestra Señora de Bellpuig de
las Avellanas. Entre las seculares, las piezas de Patronato
Real más valiosas eran las nue ve mitras (Tarragona, y sus
sufragáneas, Barcelona, Lérida, Gerona, Tortosa, Solsona,
Vic, Urgel e Ibiza). En un segundo plano podemos situar tanto
a las dignidades catedralicias como a los arciprestazgos y
prioratos de Iglesias Cole giales rurales. Al primer grupo pertenecen
las cinco dignidades reales (que eran la tesorería, el
arcedianato de Lobregat y el de Badalona, en la Catedral de
Barcelona; el deanato de la Catedral de Gerona; y el deanato
de la Catedral de Vic); las cuatro dignidades de la Catedral
de Solsona (deanato, chantría, ar cedianato y tesorería); y
por último, la dignidad de maestrescuela de la Cate dral de
Lérida y cancelario de la Universidad literaria de Cervera. A la
segunda categoría expresada corresponden los arciprestazgos
de las Iglesias Colegiales de Santa María de Villabeltrán,
San Juan de las Abadesas, Nuestra Señora de Estany, San
Pedro de Ager; y los prioratos de las Colegiatas de Santa
María de Meyá, y San Pedro de Burgal. Y por debajo, hay
que contar también con casi dos decenas de benefi cios, curatos,
rectorías y capellanías de presentación real. Como se
adelantó, aparte de las provisiones, los reyes podían cargar
una determinada cantidad de las rentas y frutos de mitras y
abadías -un tercio de su valor líquido- en concepto de pen-
ÍNDICE
458

ÍNDICE
5. Conclusiones
siones a eclesiásticos o instituciones nacio nales -hospitales
como el de la Corona de Aragón en Madrid, o la Universidad
de Cervera-.
En contraposición con estos dos derechos útiles -provisión y
carga de pen siones-, los monarcas españoles tenían una serie
de obligaciones para con sus súbditos. Desde el Concilio
de Trento, se tenían por protectores de la Iglesia nacional, y
en consecuencia a ello, procedían.
De este modo, los monarcas intervenían directa o indirectamente
cuando una pieza eclesiástica perteneciente al Real
Patronato se veía inmersa en un pleito judicial. De este
modo, dispusieron por reales decretos que todas las causas
que afectaran al Real Patronato fueran vistas, sustanciadas
y determina das en primera instancia por la Audiencia de
Cataluña, siendo las apelaciones -si las hubiere- dirigidas
hacia la Cámara. Los pleitos que contaron con intervención
real fueron de diversa índole, destacando los relativos a la
defensa de la regalía por excelencia: el Patronazgo Regio.
Entre los demás motivos, pode mos entresacar los cobros
indebidos de rentas, las respuestas ante la interposi ción de
rescriptos pontifi cios, las enajenaciones ilegales de propiedades
eclesiásticas, los choques de competencias entre las
459

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
jurisdicciones de eclesiás ticos y seglares, o entre los mismos
eclesiásticos (obispos, abades, arciprestes, priores).
Además, un sinfín de intervenciones en los más diversos
asuntos ocuparon a los monarcas a lo largo del siglo, cuando
se decidían a ejercer su patronato sobre la Iglesia de sus
reinos.
Se aplicaron a la defensa de particulares y comunidades
eclesiásticas, coar tando todo tipo de abusos. Cuidaron el
honor, lustre y dignidad del culto, me diante la creación de las
canonjías de ofi cio en las catedrales catalanas, la extensión
de cultos y rezos, la canonización de beatos, la protección de
cofra días y congregaciones. Procuraron buscar el bien común
de las órdenes regula res, controlando la asistencia y el
funcionamiento de los capítulos y reuniones tanto nacionales
como internacionales. Prestaron gran atención de cara al correcto
funcionamiento de la Iglesia, por medio de la revisión
de los estatutos de los colegios sacerdotales, la petición de
dispensas para que algunos clérigos pudieran ser oidores criminales
en Audiencias y Chancillerías, la concesión de licencias
para enajenaciones de tierras abaciales, el respeto de
privilegios y ju risdicciones, la designación de visitadores para
el mantenimiento de la obser vancia. Intentaron cubrir las necesidades
inmediatas del clero, con la erección de vicarías
ÍNDICE
460

ÍNDICE
5. Conclusiones
o la secularización de iglesias. Asistir a necesitados y marginados,
con las fundaciones de Montes de Piedad. Mejorar la
calidad del clero, con la creación de seminarios. Proteger la
cultura eclesiástica, con la inspección y re conocimiento de los
archivos y bibliotecas monásticas. Asegurar las fuentes de ingresos
a determinadas comunidades, mediando ante el papa
en aras de lograr la confi rmación de indulgencias. Proceder
a la racionalización del mapa ecle siástico, con el traslado de
sedes episcopales; o a la unión, reducción y supre sión de benefi
cios eclesiásticos con el encargo y aprobación de planes
benefi ciales. Incluso prestaron atención a la celebración de
fi estas, cuyo núme ro pretendieron reducir de cara al fomento
del trabajo y la productividad.
Todas estas labores ocuparon a los reyes españoles. No obstante,
los logros obtenidos no alcanzaron las proporciones
deseadas. Y aunque se avanzó en de terminados campos, la
geografía eclesiástica española encaró el fi nal del siglo con
una salud que iría decreciendo hasta alcanzar su punto más
álgido en el pe ríodo de las desamortizaciones.
461

Antonio Carrasco Rodríguez
El Real Patronato en la Corona de Aragón
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