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10 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 17 de junio de 2008<br />
Esta Comisión, con fundamento en el precepto legal invocado, emitió la Circular 1458, aplicable a la<br />
información financiera al 31 de enero de 2006, que establece en el párrafo 11 del Criterio B-4 “Bienes<br />
Adjudicados”, lo siguiente:<br />
“En caso de que el valor en libros del crédito, definido como el valor contractual del mismo, sea<br />
superior al valor del bien adjudicado, la diferencia se reconocerá cancelando la estimación preventiva<br />
para riesgos crediticios en el momento de la adjudicación. En el caso de que el valor en libros del<br />
crédito fuese inferior al valor del bien adjudicado, el valor de este último deberá ajustarse al valor en<br />
libros del crédito, en lugar de atender a las disposiciones contempladas en los párrafos 8 y 9.”<br />
El párrafo 14 del Criterio B-4 de la Circular citada establece que:<br />
“Al momento de la venta de los bienes adjudicados, la diferencia entre el precio de venta y el valor en<br />
libros del bien deberá reconocerse en resultados.”<br />
TERCERO.- Que el artículo 45, fracción VIII de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares<br />
del Crédito, prevé que a las uniones de crédito les estará prohibido operar sobre sus propias acciones.<br />
CUARTO.- Que el primer párrafo del artículo 134 de la Ley General de Sociedades Mercantiles prohíbe a<br />
las sociedades anónimas adquirir sus propias acciones, salvo por adjudicación judicial, en pago de créditos de<br />
la sociedad.<br />
QUINTO.- Que en lo conducente, el artículo 78 de la Ley General de Organizaciones y Actividades<br />
Auxiliares del Crédito, textualmente prescribe que: “Tratándose de uniones de crédito, la Comisión Nacional<br />
Bancaria podrá revocar la autorización correspondiente cuando esas organizaciones auxiliares del crédito se<br />
ubiquen en cualquiera de los supuestos señalados en las fracciones anteriores de este artículo, o cuando las<br />
mismas no operen conforme a lo dispuesto en el Capítulo III, del Título Segundo de esta Ley. Para los efectos<br />
de este párrafo la señalada Comisión deberá escuchar previamente a las uniones de crédito afectadas”.<br />
Dicho párrafo, remite a las fracciones anteriores del mismo precepto legal, entre las cuales, se encuentran<br />
las fracciones V y VII que consideran como causales para revocar la autorización a las uniones de crédito<br />
para operar con ese carácter: “Si efectúa operaciones en contravención a lo dispuesto por esta Ley…” y<br />
“Cuando por causas imputables a la organización no aparezcan debida y oportunamente registradas en su<br />
contabilidad las operaciones que haya efectuado;” respectivamente.<br />
SEXTO.- Que esta Comisión, mediante Oficio número 132-3/873411/2007, referido en el numeral 2 del<br />
apartado de Antecedentes de esta Resolución, dio cabal cumplimiento al artículo 78 de la Ley General de<br />
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, otorgándole a esa Unión de Crédito Agropecuaria,<br />
Comercial e Industrial del Noroeste de Durango, S.A. de C.V., un plazo para que en uso de su derecho de<br />
audiencia que le concede el citado artículo 78, manifestara lo que a su derecho conviniera, ofreciera pruebas y<br />
formulara alegatos en relación con las causales de revocación de su autorización para operar como unión de<br />
crédito en que se encuentra ubicada, previstas en las fracciones V y VII del precepto legal invocado, como se<br />
precisó en dicho Oficio.<br />
SEPTIMO.- Que los argumentos que expuso esa Unión de Crédito Agropecuaria, Comercial e Industrial<br />
del Noroeste de Durango, S.A. de C.V., mediante su escrito fechado 19 de octubre de 2007, referido en el<br />
numeral 3 del apartado de Antecedentes de esta Resolución, en uso de su derecho de audiencia, no lograron<br />
desvirtuar la causal de revocación en que se encuentra ubicada, prevista en la fracción V del artículo 78 de la<br />
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, por lo siguiente:<br />
a).- En cuanto a su afirmación de que ese tipo de operaciones las tienen debidamente reglamentadas a<br />
través de su “Manual de Procedimientos para el Retiro de Socios”, el cual tiene fundamento en su escritura<br />
constitutiva y en la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la simple lectura de los artículos 45 fracción<br />
VIII de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 134 de la Ley General de<br />
Sociedades Mercantiles, se desprende de manera expresa la prohibición para las uniones de crédito<br />
constituidas como sociedades anónimas de operar sobre sus propias acciones, sin que se encuentre previsto<br />
como excepción a su cumplimiento que las operaciones se permitan en manuales emitidos por dichas<br />
entidades.<br />
No se omite señalar que esa Sociedad previó, en el Manual de Procedimientos aludido, para este tipo de<br />
operaciones, la amortización de las acciones y como consecuencia, la disminución de su capital social<br />
pagado; sin establecer un supuesto en el que proceda la liquidación por parte de esa unión de crédito de sus<br />
acciones, según se desprende del punto III “Políticas”, inciso d), que dispone: “A falta de comprador, la<br />
institución procederá a amortizar dichas acciones y a reducir el capital social pagado cuando ello fuere posible<br />
pues de lo contrario, la separación no podrá llevarse a cabo cuando tenga como consecuencia disminuir a<br />
menos del mínimo legal”; en el mismo sentido, en su punto IV “Procedimiento” “Retiro Voluntario de Socios”,<br />
numeral 4, se prevé: “A falta de comprador, y de manera discrecional, el Gerente General podrá autorizar que<br />
se proceda a amortizar dichas acciones y a reducir el capital social pagado cuando ello fuere posible pues de<br />
lo contrario, la separación no podrá llevarse a cabo cuando tenga como consecuencia disminuir a menos del<br />
mínimo legal”.