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50 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 16 de agosto de 2000
realizar las acciones tendientes a la depuración del inventario del patrimonio inmobiliario federal, mediante
la ágil y oportuna enajenación a título oneroso de inmuebles de propiedad federal que hayan dejado de ser
útiles para la prestación de servicios públicos a cargo de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, o que no sean adecuados para dichos fines;
Que de conformidad con lo previsto en los lineamientos mencionados en el considerando anterior,
cuando existan inmuebles federales que ya no resulten útiles para la prestación de servicios públicos se
debe proceder a su enajenación a título oneroso, preferentemente mediante el procedimiento de subasta
pública para asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes;
Que con el propósito de agilizar el procedimiento de subasta para la enajenación de inmuebles
previsto en los lineamientos mencionados, el Gobierno Federal ha estimado conveniente reducir los
plazos que se establecen para efectuar los actos de presentación y apertura de ofertas en las subastas
correspondientes, así como para realizar el pago de los inmuebles adjudicados mediante dichos
procedimientos, y
Que en mérito de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO
ARTICULO UNICO.- Se reforman los lineamientos Décimo Noveno y Vigésimo Séptimo del Acuerdo
por el que se establecen los lineamientos para la enajenación onerosa de inmuebles de propiedad federal
que no sean útiles para la prestación de servicios públicos, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de diciembre de 1998, para quedar como sigue:
“DECIMO NOVENO.- El acto de presentación y apertura de ofertas se celebrará cuando menos con
diez días naturales posteriores a la publicación de la convocatoria respectiva en el lugar, fecha y hora
establecidos, y será presidido por quien designe el Presidente de la Comisión de Avalúos de Bienes
Nacionales.
VIGESIMO SEPTIMO.- El adjudicatario de la subasta deberá pagar dentro de los treinta días naturales
siguientes a la fecha del fallo, el importe total de la operación en favor de la Tesorería de la Federación,
mediante cheque de caja de institución bancaria autorizada para operar en la República Mexicana,
transferencia bancaria, giro bancario, orden de pago, valores gubernamentales, depósito en efectivo en el
país o en el extranjero, o mediante otros instrumentos que a juicio de la Comisión de Avalúos de Bienes
Nacionales se consideren aplicables.”
TRANSITORIO
UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a los ocho días del mes de agosto de dos mil.- El Secretario de Contraloría y
Desarrollo Administrativo, Arsenio Farell Cubillas.- Rúbrica.
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
ACUERDO por el que se reconocen diversas entidades paraestatales del Sistema SEP-CONACYT,
como Centros Públicos de Investigación.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
Educación Pública.
ACUERDO POR EL QUE SE RECONOCEN DIVERSAS ENTIDADES PARAESTATALES DEL
SISTEMA SEP-CONACYT, COMO CENTROS PUBLICOS DE INVESTIGACION.
MIGUEL LIMON ROJAS, Secretario de Educación Pública y CARLOS BAZDRESCH PARADA,
Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con fundamento en el artículo 36 y Cuarto
Transitorio de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica y 9o. de la Ley que crea
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y
CONSIDERANDO
Que la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica tiene, entre otros propósitos,
el de fortalecer la autonomía técnica, operativa y administrativa de las entidades paraestatales dedicadas
a la investigación científica y tecnológica, y que las actividades de dichas entidades se distinguen de las
que son propias de otras, en razón de que para el cumplimiento de sus fines de investigación científica y
tecnológica requieren la existencia de condiciones administrativas apropiadas en cuanto a flexibilidad,
tiempos y contenido, los cuales consideró el legislador al instituir la figura jurídica de Centro Público de
Investigación.
Que la Ley establece las condiciones para el reconocimiento de determinadas entidades paraestatales
como centros públicos de investigación, en virtud de que el mismo conlleva que la entidad paraestatal
cuente con el soporte legal suficiente para una mayor flexibilidad administrativa y financiera, así como
para disfrutar de una autonomía de gestión más efectiva, de tal manera que las reglas de su relación con