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230 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 16 de agosto de 2000
e Hijos, con 19-26-60 hectáreas, 6.- Manuel Perla Herrera, con 543-89-58 hectáreas; 7.- Randolfo
Amavizca Castro, con 121-96-44 hectáreas, y; 8.- Teodoro García Lucero, con 175-16-11 hectáreas.
Superficies que en su totalidad suman 1,388-01-80 hectáreas, de las cuales este Tribunal Agrario tiene
injerencia sobre las que se encuentran dentro de las 5,365-71-20 hectáreas, motivo de la solicitud de
restitución, delineadas con color verde en el plano inserto a foja 182 de autos; por lo que las personas que
se encuentran invadiendo según dichos trabajos, son las que se indican con los números 1, 2, 7 y 8,
quienes al igual que el resto fueron llamados a juicio, como se advierte de las constancias de notificación
insertas a fojas 297-303 de autos, compareciendo al mismo los que tuvieron interés, exhibiendo las
probanzas y alegaciones que estimaron pertinentes sin que pase desapercibido que debido a la
exhortación efectuada por este Tribunal para que las partes llegaran a una amigable composición en
términos de la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria, sólo convinieron Manuel Avilés Acuña y Tirzo
García Daniel, sobre lo cual nos avocaremos a su estudio más adelante.
De lo expuesto, podemos afirmar que el requisito relativo al despojo se demuestra plenamente, puesto
que los señores Manuel Avilés Acuña, Benjamín Flores García e hijos, Randolfo Amavizca Castro y
Teodoro García Lucero, se encuentran detentando las fracciones de terreno a que nos referimos, sin
autorización alguna de sus legítimos propietarios.
No obstante lo anterior y por lo que respecta al caso del señor Manuel Avilés Acuña, quien aparece
como invasor de 167-78-38 hectáreas, este Tribunal advierte que llegó a una amigable composición con la
comunidad peticionaria, en la audiencia celebrada el día treinta y uno de marzo de mil novecientos
noventa y ocho, en los siguientes términos: "El señor Manuel Avilés Acuña, posesionario número 1...
manifiesta que de acuerdo con las pláticas sostenidas con los representantes de la comunidad llegaron al
siguiente arreglo, la superficie del ya mencionado polígono uno, se dividirá entre la comunidad y él, con el
cerco que se encuentra en dicho terreno, quedando para la comunidad el terreno... que se encuentra al
lado norte de dicho cerco y el resto del terreno quedará propiedad de los mismos en el concepto con que
se ostenta" (sic) (foja 602). El convenio transcrito fue ratificado por el órgano supremo comunal en
asamblea general extraordinaria celebrada el día veintiséis de abril de mil novecientos noventa y ocho,
misma que fue confirmada por los integrantes del comisariado de bienes comunales del poblado que nos
ocupa, mediante comparecencia del veintidós de mayo del año en curso; por lo que no advirtiéndose
impedimento legal alguno respecto a su validez, este Tribunal en términos de la fracción VI del artículo
185 de la Ley Agraria, lo aprueba, al no advertir declaración o cláusula que sea contraria derecho, a la
moral o a la buena costumbre, elevándolo a la categoría de cosa juzgada, con lo cual se dá por concluido
el conflicto que existía entre la comunidad de "Guadalupe de Tayopa", Municipio de Yécora, Sonora, y el
particular Manuel Avilés Acuña; en el entendido que dicho convenio deberá ser tomado en consideración
al ejecutarse el presente fallo, con el objeto de que se respete el acuerdo de voluntades plasmado y no se
violenten los derechos de los interesados.
Por otra parte, en autos también se demostró que los hermanos Tirzo y Manuel Ramón García Daniel,
comparecieron a diversas audiencias con el objeto de llegar a un arreglo conciliatorio, sin embargo, a la
celebrada el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y ocho, el único que asistió, lo fue el
primero de los mencionados, quien convino con el núcleo accionante en los siguientes términos: "... en
representación de los polígonos 7 y 8 debidamente identificados en el plano que como anexo se agrega al
presente, propone a la comunidad que dichos polígonos sean repartidos a un cincuenta por ciento,
quedando la fracción que mira rumbo al norte, en calidad de pequeños propietarios, y el resto de la
superficie queda en posesión de él y su representado, como comunero reconocido por la asamblea de
"GUADALUPE DE TAYOPA", circunscribiendo dicho reconocimiento únicamente y exclusivamente a la
posesión que detenta, sin tener derecho a reclamar más terreno; con todos los derechos inherentes a las
calidades que como comuneros les otorga la ley, pero sobre dichos terrenos únicamente (POLIGONOS
SIETE Y OCHO MITAD SUR)". (Sic).
No obstante que el convenio de referencia haya sido aprobado por el órgano supremo comunal, este
Tribunal considera que no procede su elevación a la categoría de cosa juzgada, debido a los siguientes
razonamientos:
Por principio de cuentas, de las constancias allegadas los autos, este Tribunal advierte que los
señores Manuel Ramón y Tirzo de apellidos García Daniel, exhibieron para demostrar la propiedad de los
predios señalados con los números progresivos 7 y 8 del plano anteproyecto inserto a fojas 182 de autos,
las siguientes documentales:
1.- Copia certificada del Diario Oficial de la Federación número veintisiete del treinta y uno de julio
de mil novecientos sesenta y ocho (fojas 518-521).
2.- Copia certificada del título primordial del predio "San Antonio de la Cañada", expedido en el año de
mil ochocientos treinta y dos (fojas 522-553).
3.- Copia certificada de la escritura pública número trece mil doscientos, volumen ducentésimo
cuadragésimo séptimo, levantada en Ciudad Obregón, Sonora, el treinta de agosto de mil novecientos