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214 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 16 de agosto de 2000<br />
localización correspondiente, se conoce que el origen de la presunta propiedad es de a) manifestación de<br />
bienes ocultos, b) por información ad-perpetuam y c) sin inscripción:<br />
a) Por manifestación de bienes ocultos:<br />
Ramón Garrido Arroniz; Nicolás, Roberto, Ramón y Arturo de apellidos Garrido López; Jacinto Garrido<br />
Arroniz; Tomás Escobar Fernández; Araceli y Paula de apellidos Garrido Tinoco; Nemesio Arroniz<br />
Parroquín; Ruperta Pimentel Salcedo; Ramón y Juan de apellidos Garrido Orozco, Ramón Garrido<br />
Pimentel; Hilda, Esteban y Sergio de apellidos Lugo Martínez, Sergio Lugo Rodríguez; Cristina Martínez<br />
de Lugo; Delfina Reyes Hernández; Wilfrido Mulato Reyes; María del Rosario Gómez Acevedo (y<br />
Concepción Altamirano y Esteban Chávez Gómez); Alberto Reyes Lugo; Everardo Rivera Mendoza;<br />
Quirino Rivera Frías; Mucio Chávez Fernández; Crecencio y Adán de apellidos Brígido Rubio; Carmen<br />
Amador Licona; Alicia Hernández Esquivel; Benjamín Amador Ríos (e Irma Ginger Zamora); José y Mauro<br />
de apellidos Camacho Ortiz; Ricardo Abaroa Navarro; Pascual Gregorio Cruz (y David Maciel Sosa);<br />
Daniel y Gustavo de apellidos Morales Hipólito, y Manuel Palacios Bautista.<br />
b) Por información ad-perpetuam:<br />
Flavio Mulato Reyes; Carlos Villanueva Arteaga; Anatolio y José de apellidos Robles García; Marcelino<br />
Medina Torres; Angela Mendoza Medina (y Marcelino Medina Torres), e Ismael Reyes Herrera.<br />
c) Sin inscripción:<br />
Alberto Rosales; Consuelo López Cruz; Fernando León Nava, Rolando Vásquez y Agustín Rodríguez<br />
Ortiz.<br />
Resulta primordial el análisis de las historias registrales, según constancias de los registros públicos<br />
de la Propiedad de María Lombardo Caso y de Oaxaca de Juárez, para su valor probatorio:<br />
El decreto de veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y dos, relativo a la manifestación<br />
de bien oculto alude a una manifestación ante el Subrecaudador de Rentas; esto no implica que el<br />
"interesado" se convirtiera ipso jure en propietario del bien manifestado, puesto que tal acto jurídico es<br />
eminentemente administrativo y únicamente para fines fiscales, ya que se concedía una exención o<br />
condonación de pago de impuesto predial, de la fecha de manifestación hacia cinco años atrás.<br />
En congruencia el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos alude a la<br />
propiedad original de la Nación y la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías, en el artículo<br />
tercero fracción I, alude a los terrenos baldíos, y en esta misma -artículo 4- señala que son terrenos<br />
baldíos los que no han salido del dominio de la Nación por título legalmente expedido; finalmente el<br />
artículo 86 de la ley en comentario preceptúa que los terrenos baldíos no prescriben y que su adquisición<br />
sólo podrá realizarse en los términos y requisitos que establece la propia ley.<br />
Con base en lo anotado, la única conclusión lógica y jurídica válida es que los terrenos particulares, de<br />
las personas anotadas, tienen la característica de baldíos propiedad de la Nación y, consecuentemente,<br />
afectables de conformidad con el artículo 204, en lo conducente, de la Ley Federal de Reforma Agraria.<br />
Igual conclusión jurídica debe aplicarse respecto de las personas indicadas en el inciso c) relativo a<br />
terrenos sin inscripción en el Registro Público de la Propiedad.<br />
Por lo que se refiere a la presunta propiedad derivada de diligencias ad-perpetuam, debe señalarse<br />
que fueron promovidas con posterioridad a la fecha de publicación de solicitud-cuatro de junio de mil<br />
novecientos treinta y ocho- por lo que "los títulos de adquisición" que obran en autos presentados por sus<br />
presuntos propietarios, resultan insuficientes -como medios probatorios- puesto que no se demuestra la<br />
posesión cuando menos de cinco años anteriores a la fecha de publicación de la solicitud, como lo señala<br />
el artículo 252 de la Ley Federal de Reforma Agraria.<br />
Por lo tanto, se concluye que la presunta titularidad de las personas mencionadas, no produce efectos<br />
jurídicos en materia agraria por resultar terrenos baldíos propiedad de la Nación, por no haber salido de<br />
su dominio por título legalmente expedido por autoridad competente, afectables de conformidad por el<br />
artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria.<br />
No pasa desapercibido, para este Tribunal Superior Agrario que dentro de los cincuenta predios<br />
investigados se incluyen los relativos a "La Isla" e innominado, con una superficie de 74-36-12.43 (setenta<br />
y cuatro hectáreas, treinta y seis áreas, doce centiáreas, cuarenta y tres miliáreas) y 100-00-00 (cien<br />
hectáreas) de propiedad presenta de Ricardo Abaroa Navarro, el primero, y de Daniel y Gustavo de<br />
apellidos Morales Hipólito, el segundo. Predios que en el procedimiento administrativo se mencionan<br />
como afectables por haberse encontrado sin explotación por más de dos años consecutivos, sin causa<br />
justificada, de conformidad con el artículo 251, interpretado a contrario sensu de la Ley Federal de<br />
Reforma Agraria. Sin embargo con lo ya sostenido respecto a que los predios investigados tiene la<br />
característica de ser baldíos propiedad de la Nación, es claro que estos dos predios se subsumen con tal<br />
calidad.<br />
Con apoyo en el numeral invocado resulta afectable una superficie de 4,203-50-85.23 (cuatro mil<br />
doscientas tres hectáreas, cincuenta áreas, ochenta y cinco centiáreas, veintitrés miliáreas), según el