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214 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 16 de agosto de 2000
localización correspondiente, se conoce que el origen de la presunta propiedad es de a) manifestación de
bienes ocultos, b) por información ad-perpetuam y c) sin inscripción:
a) Por manifestación de bienes ocultos:
Ramón Garrido Arroniz; Nicolás, Roberto, Ramón y Arturo de apellidos Garrido López; Jacinto Garrido
Arroniz; Tomás Escobar Fernández; Araceli y Paula de apellidos Garrido Tinoco; Nemesio Arroniz
Parroquín; Ruperta Pimentel Salcedo; Ramón y Juan de apellidos Garrido Orozco, Ramón Garrido
Pimentel; Hilda, Esteban y Sergio de apellidos Lugo Martínez, Sergio Lugo Rodríguez; Cristina Martínez
de Lugo; Delfina Reyes Hernández; Wilfrido Mulato Reyes; María del Rosario Gómez Acevedo (y
Concepción Altamirano y Esteban Chávez Gómez); Alberto Reyes Lugo; Everardo Rivera Mendoza;
Quirino Rivera Frías; Mucio Chávez Fernández; Crecencio y Adán de apellidos Brígido Rubio; Carmen
Amador Licona; Alicia Hernández Esquivel; Benjamín Amador Ríos (e Irma Ginger Zamora); José y Mauro
de apellidos Camacho Ortiz; Ricardo Abaroa Navarro; Pascual Gregorio Cruz (y David Maciel Sosa);
Daniel y Gustavo de apellidos Morales Hipólito, y Manuel Palacios Bautista.
b) Por información ad-perpetuam:
Flavio Mulato Reyes; Carlos Villanueva Arteaga; Anatolio y José de apellidos Robles García; Marcelino
Medina Torres; Angela Mendoza Medina (y Marcelino Medina Torres), e Ismael Reyes Herrera.
c) Sin inscripción:
Alberto Rosales; Consuelo López Cruz; Fernando León Nava, Rolando Vásquez y Agustín Rodríguez
Ortiz.
Resulta primordial el análisis de las historias registrales, según constancias de los registros públicos
de la Propiedad de María Lombardo Caso y de Oaxaca de Juárez, para su valor probatorio:
El decreto de veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y dos, relativo a la manifestación
de bien oculto alude a una manifestación ante el Subrecaudador de Rentas; esto no implica que el
"interesado" se convirtiera ipso jure en propietario del bien manifestado, puesto que tal acto jurídico es
eminentemente administrativo y únicamente para fines fiscales, ya que se concedía una exención o
condonación de pago de impuesto predial, de la fecha de manifestación hacia cinco años atrás.
En congruencia el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos alude a la
propiedad original de la Nación y la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías, en el artículo
tercero fracción I, alude a los terrenos baldíos, y en esta misma -artículo 4- señala que son terrenos
baldíos los que no han salido del dominio de la Nación por título legalmente expedido; finalmente el
artículo 86 de la ley en comentario preceptúa que los terrenos baldíos no prescriben y que su adquisición
sólo podrá realizarse en los términos y requisitos que establece la propia ley.
Con base en lo anotado, la única conclusión lógica y jurídica válida es que los terrenos particulares, de
las personas anotadas, tienen la característica de baldíos propiedad de la Nación y, consecuentemente,
afectables de conformidad con el artículo 204, en lo conducente, de la Ley Federal de Reforma Agraria.
Igual conclusión jurídica debe aplicarse respecto de las personas indicadas en el inciso c) relativo a
terrenos sin inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
Por lo que se refiere a la presunta propiedad derivada de diligencias ad-perpetuam, debe señalarse
que fueron promovidas con posterioridad a la fecha de publicación de solicitud-cuatro de junio de mil
novecientos treinta y ocho- por lo que "los títulos de adquisición" que obran en autos presentados por sus
presuntos propietarios, resultan insuficientes -como medios probatorios- puesto que no se demuestra la
posesión cuando menos de cinco años anteriores a la fecha de publicación de la solicitud, como lo señala
el artículo 252 de la Ley Federal de Reforma Agraria.
Por lo tanto, se concluye que la presunta titularidad de las personas mencionadas, no produce efectos
jurídicos en materia agraria por resultar terrenos baldíos propiedad de la Nación, por no haber salido de
su dominio por título legalmente expedido por autoridad competente, afectables de conformidad por el
artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria.
No pasa desapercibido, para este Tribunal Superior Agrario que dentro de los cincuenta predios
investigados se incluyen los relativos a "La Isla" e innominado, con una superficie de 74-36-12.43 (setenta
y cuatro hectáreas, treinta y seis áreas, doce centiáreas, cuarenta y tres miliáreas) y 100-00-00 (cien
hectáreas) de propiedad presenta de Ricardo Abaroa Navarro, el primero, y de Daniel y Gustavo de
apellidos Morales Hipólito, el segundo. Predios que en el procedimiento administrativo se mencionan
como afectables por haberse encontrado sin explotación por más de dos años consecutivos, sin causa
justificada, de conformidad con el artículo 251, interpretado a contrario sensu de la Ley Federal de
Reforma Agraria. Sin embargo con lo ya sostenido respecto a que los predios investigados tiene la
característica de ser baldíos propiedad de la Nación, es claro que estos dos predios se subsumen con tal
calidad.
Con apoyo en el numeral invocado resulta afectable una superficie de 4,203-50-85.23 (cuatro mil
doscientas tres hectáreas, cincuenta áreas, ochenta y cinco centiáreas, veintitrés miliáreas), según el