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208 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 16 de agosto de 2000
pacífica y pública, cuando menos por un término de cinco años anteriores a la fecha de publicación de la
solicitud o del Acuerdo que inicie el procedimiento agrario y, además que el predio se encuentra en
explotación, conforme lo ordenan, asimismo el Artículo 27 Fracción XIV de la Constitución Federal...".
No obstante lo anterior, a fin de no violar las garantías individuales de los causahabientes a que se ha
hecho referencia, este Tribunal no pasa desapercibido, de que mediante escritos recibidos en la Oficialía
de Partes el día doce y treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, Mateo Gerardo Amezcua
Núñez, por sí y en representación de María del Socorro Núñez Acevedo de Amezcua, Eduardo Amezcua
Núñez y Ana Dolores Amezcua Núñez, aportaron pruebas y formularon alegatos, con el carácter de
propietario de las fracciones I, II, y III del predio denominado "Camécuaro", las primeras consistentes en
documentales, como son copias certificadas de sus escrituras, de constancias registrales, de planos de
sus fracciones y otras, así como ofrecieron la pericial, testimonial e inspección ocular, medios probatorios
que independientemente que carecen de relevancia en este asunto, en razón de no ser los idóneos para
desvirtuar la causal de afectación que se invoca en este fallo, el promovente se desistió mediante escrito
que presentó ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito dieciséis, el tres de septiembre de mil
novecientos noventa y siete.
Ahora bien, en cuanto a los alegatos que tratan de hacer valer en su favor, consistentes
esencialmente, el primero en que sus predios se encuentran amparados con Certificados de
Inafectabilidad Tácita, arguyendo para ello, que fueron intocados por este Organo Jurisdiccional, al emitir
sus sentencias, el tres de enero de mil novecientos noventa y cuatro, en el juicio agrario 881/93, relativo a
la acción de ampliación de ejido, promovida por un grupo de campesinos del poblado denominado "San
Juan Chilatán", Municipio de Jilotlán de los Dolores, Estado de Jalisco y el seis de marzo de mil
novecientos noventa y cinco, en el diverso juicio agrario 1274/93, correspondiente a la acción de
ampliación de ejido promovida por campesinos del poblado "San Juan Chilatán y su Anexo Chilatán", del
mismo Municipio y Estado; estos fallos que de ninguna manera tienen los alcances que tratan de darle los
promoventes, en el sentido de que constituyen declaratorias de inafectabilidad, tal ha sido el criterio
sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la Séptima Epoca, Tercera Parte,
Volumen 66 a página 15, bajo el siguiente rubro:
"...INAFECTABILIDAD. NO LA ESTABLECEN RESOLUCIONES PRESIDENCIALES QUE NO
AFECTARON EL PREDIO A PESAR DE ENCONTRARSE EN EL RADIO DE AFECTACION DE
DOTACIONES REALIZADAS. Es jurídicamente inconsistente el argumento de que el predio del quejoso
fue declarado inafectable tácitamente, al haberse dictado las resoluciones presidenciales que dotaron de
ejidos a poblados vecinos, porque estando comprendido dicho inmueble dentro del radio legal de
afectación, los mandamientos presidenciales no fincaron en él afectación alguna; puesto que la
circunstancia de que una resolución presidencial omita la afectación de uno o varios predios
comprendidos dentro del radio legal previsto por el artículo 57 del Código Agrario (cuyo contenido
reproduce substancialmente el artículo 203 de la vigente Ley Federal de Reforma Agraria) podría implicar,
entre otros supuestos, los siguientes a).- Que con las áreas afectadas quedan satisfechas las necesidades
de tierras del núcleo de población solicitante; b).- Que por razones de política agraria se haga reserva, en
forma expresa o tácita, de áreas de tierras para fincar en ellas posteriores afectaciones, en orden a la
satisfacción de necesidades de dotación de otros núcleos de población; y c).- Que por error cometido al
realizarse los trabajos técnicos informativos o al elaborarse el plano respectivo, se hubiera dejado de
incluir dentro del polígono de dotación, área de tierras afectables. De lo cual se concluye que el hecho de
que una resolución presidencial ubicados dentro del radio legal de afectación, no significa reconocimiento
tácito de que tales inmuebles guarden situación jurídica alguna de inafectabilidad; ya que para que esta
hipótesis pueda realizarse se requiere, necesariamente, que la declaratoria contenida en el mandamiento
presidencial sea expresa, es decir, identificándose el predio mediante el señalamiento concreto del
nombre de su propietario y de su localización, en el plano informativo correspondiente y expresándose las
razones de la propia declaratoria de inafectabilidad, en los términos del artículo 252, fracción II, del
Código Agrario, cuyo contenido reproduce literalmente el artículo 305, fracción II, de la vigente Ley
Federal de Reforma Agraria..."
En cuanto al segundo de ellos, referente a tratar de desvirtuar que los terrenos del predio denominado
"Camécuaro" sean Propiedad de la Nación, con la copia certificada del folio número 77 del Prontuario de
Fincas Rústicas del Distrito de Apatzingán, Municipio de Tepalcatepec, Estado de Michoacán, en donde
aparece registrada Casimira Torres viuda de Acevedo, desde el primero de enero de mil novecientos
veintiocho, como contribuyente, en relación a los predios denominados "Camécuaro", "Calderitas", "Maris"
o "Capire" y "Camécuaro", la que según refieren fue la titular original de la finca en estudio y que fue la
que la transmitió a Emeterio Nuñez Escalera y que por lo tanto dicha finca constituye una propiedad
privada de origen; independientemente de que los interesados no aportaron ninguna prueba que venga a
demostrar la causahabiencia referida, tal documental de ninguna manera se puede considerar como un
título de propiedad, puesto que solamente demuestra que los predios mencionados, aparecían inscritos en