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Miércoles 16 de agosto de 2000 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 207
interesado contrato de compraventa al contado o a plazos, en el que se estipulará que el título
correspondiente que acredite que el terreno ha salido del dominio nacional, se expedirá hasta que, por una
parte, haya sido cubierto el precio total, y por la otra, el comprador compruebe que tiene el terreno
debidamente acotado y lo está aprovechando en un treinta por ciento cuando menos de la superficie
susceptible de aprovechamiento. Una vez que como resultado del deslinde practicado al efecto, la
Secretaría haga la declaración de que un terreno solicitado en compra es nacional, el interesado deberá
solicitar de la misma un permiso de ocupación inmediata del terreno, entre tanto se celebra el contrato de
compraventa. La Secretaría otorgará el permiso de plano, sobre la base de que el comprador pague una
renta anual del cinco por ciento del valor que se le haya asignado al terreno. Si el interesado no solicita el
permiso o no entra en posesión del terreno y se presenta un tercero solicitándolo en compra, se
concederá al primero un plazo de noventa días para que satisfaga el requisito correspondiente, y, de no
hacerlo, se le tendrá por desistido de su solicitud, tramitándose la del peticionario en segundo término,
quien quedará sujeto a las disposiciones del presente artículo (artículo 14). Consecuentemente, si de
acuerdo con las pruebas de autos, un lote esté comprendido en el inmueble objeto de las diligencias de
información ad-perpetuam cuya nulidad de demanda, y, cuando estas se iniciaron, el lote de la actora
pertenecía a la Nación, habiéndose enajenado posteriormente por la Secretaría de Agricultura y
Ganadería, resulta evidente que para obtener la propiedad de ese terreno no procedían las diligencias
citadas, sino el trámite provenido por la aludida ley; de modo que dichas diligencias son nulas por este
motivo, independientemente de que se hayan o no practicado en desacuerdo con las disposiciones
relativas del Código Civil.
PRECEDENTES: Amparo directo 9340/95. Matilde Dávalos de Pichardo. 7 de diciembre de 1966. 5
votos. Ponente: José Castro Estrada.
SEXTO.- En cuanto a los actuales propietarios del predio denominado "Guadalajara", Carlota Díaz
Merlo, Juventino Bravo Zepeda y la sucesión a bienes de Antioco Carrera Cárdenas y de la finca
"Camécuaro", María del Socorro Núñez de Amezcua, Abel Ruiz Díaz, Amparo Núñez Espinosa y Gerardo
Amezcua Núñez, resulta necesario establecer que las adquisiciones celebradas sobre sus fracciones, no
surten efectos jurídicos y que en este caso no puede invocarse en su favor el contenido del artículo 252 de
la Ley Federal de Reforma Agraria, ya que no se está ante una posesión calificada, sino derivada, en
razón de que partiendo de las fechas en que celebraron los correspondientes contratos de compraventa,
se colige que fueron posteriores a la fecha de la publicación de la solicitud que originó este procedimiento,
por lo que no acreditaron el supuesto legal, para que opere en su beneficio la aplicación de este precepto,
invocándose para sustentar este razonamiento la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, visible en la página número 20, del volumen 19, Tercera Parte, Séptima Epoca, del Semanario
Judicial de la Federación, que a la letra dice:
"...POSESION CIVIL Y POSESION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 66 DEL CODIGO AGRARIO.
DIFERENCIAS.- El Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, aplicable en toda la República en
Materia Federal, previene en su artículo 790 que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un
poder de hecho, salvo lo dispuesto en el Artículo 791 preceptúa que cuando en virtud de un acto jurídico el
propietario entrega a otro una cosa, concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder, en
calidad de usufructuario arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario y otro título análogo, los dos
poseedores de la misma cosa. El que la posee en título de propietario tiene una posesión originaria; el
otro, una posesión derivada. "...Del contenido de ambos preceptos legales se advierte, obviamente, que el
titular del derecho de propiedad acredita también como regla general, la posesión originaria de la cosa,
pero no así la de carácter material, ya que ésta puede ser ejercitada, legalmente o simplemente de hecho,
por otra persona. Ahora bien estas hipótesis normativas reguladas por el Derecho Común, resultan
diferentes de las señaladas por el Derecho Agrario, ya que el Artículo 66 del Código de la Materia
configura y exige una protección calificada consistente en que la posesión sea de modo continuo, pacífico
y público sobre tierras y aguas que no excedan del límite fijado para la propiedad inafectable y que tal
posesión sea ejercida, cuando menos, por un término de cinco años anterior a la fecha de publicación de
la solicitud o del acuerdo que inicie el procedimiento agrario. Además, cabe señalar que esta Segunda
Sala ha sostenido criterio en el sentido de que una correcta interpretación del Artículo 66 del Código
Agrario, conduce a entender que la posesión a que el mismo se refiere, es precisamente de carácter
personal de aquel que la hizo valer con la pretensión de que se le equipare con los propietarios titulares de
Certificados de Inafectabilidad; siendo por lo tanto, inadmisible que el tiempo de la posesión del quejoso,
se sume al de sus causantes, pues la causahabiencia en Materia Agraria, es distinta de la de carácter
civil, ya que de otra manera, se desvirtuaría el requisito de temporalidad de la posesión que especifica el
mencionado precepto legal. Lo anterior lleva a la conclusión de que para los poseedores de predios
rústicos tengan los mismos derechos que los propietarios inafectables, la intención del Legislador fue
exigir una posesión especialmente caracterizada que impone al quejoso el requisito de probar no sólo que
posee a nombre propio y a título de dueño, sino también demostrar que dicha posesión es continua,