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206 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 16 de agosto de 2000
Público de la Propiedad, bajo la partida número 116, del libro 12, sección primera, el veintiséis de
septiembre del mismo año y la segunda por Emeterio Núñez Escalera, ante el Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, en el expediente número 130/951, las que fueron
protocolizadas el siete de febrero de mil novecientos cincuenta y dos, por el Notario Público número 7, de
la ciudad de Morelia, e inscritas en el Registro Público de la Propiedad, bajo la partida número 2863, del
Tomo 21, del Libro de la Propiedad el siete de febrero de mil novecientos cincuenta y dos.
Los mencionados titulares fraccionaron dichos predios, los que de sus levantamientos topográficos,
arrojaron las siguientes superficies: 162-50-00 (ciento sesenta y dos hectáreas, cincuenta áreas) y 737-00-
00 (setecientas treinta y siete hectáreas) respectivamente, por lo que tomando en cuenta sus
antecedentes, ambas fincas deben ser consideradas como terrenos baldíos propiedad de la Nación, ya
que de acuerdo con los datos proporcionados por el Registro Público de la Propiedad, no existían
antecedentes registrales de las mismas, con anterioridad a la tramitación de las diligencias referidas,
además de que la protocolización de actuaciones de ese carácter, de ninguna manera acreditan la
propiedad de un predio, puesto que se celebraron en contravención a lo establecido por los artículos 86 y
88 de la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías, por lo que resulta concluyente que no han
salido del dominio de la Nación por título legalmente expedido y que de acuerdo al diverso 3o. fracción I y
IV del citado ordenamiento legal, deben de estimarse como propiedad de la Nación y por ende afectables
acorde con lo dispuesto por el artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria.
A mayor abundamiento, y en relación a las diligencias de información ad-perpetuam, cabe señalar que
meramente constituyen un indicio del hecho de la posesión en materia civil, y no producen efectos
jurídicos frente a terceros, como en el presente asunto, en razón de que las testimoniales desahogadas en
ellas, se hicieron fuera del procedimiento agrario que nos ocupa, lo anterior conforme a lo que establecen
los artículos 927 al 931 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la
materia agraria, por lo que resultan aplicables en lo conducente, las tesis establecidas por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se citan: la establecida por la Segunda Sala, visible en
el Apéndice 1985, Parte III, Sección: Agraria, Tesis: 144, página: 289; bajo el rubro: "POSESION,
PRUEBA DE LA, PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 66 DEL CODIGO AGRARIO (ARTICULO 252
DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA). DILIGENCIAS DE INFORMACION AD PERPETUAM.
TEXTO La prueba testimonial rendida en diligencias de información ad-perpetuam carece de valor
probatorio pleno en el juicio de amparo para el efecto de acreditar los requisitos del artículo 66 de Código
Agrario (artículo 252 de la Ley Federal de Reforma Agraria), porque esa prueba testimonial se desahoga
fuera del procedimiento del propio juicio constitucional y sin audiencia de las partes en este último,
diversas a los quejosos, quienes no han tenido, por tanto, oportunidad de repreguntar a los testigos; por lo
que en todo caso dicha prueba únicamente constituye un indicio que debe corroborarse con otros
elementos de convicción.
PROCEDENTES: Séptima época, Tercera Parte: Vol. 23, pág. 49. Amparo en revisión 2609/70. Mario
Vázquez Rojas y coags: 6 de noviembre de 1970. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Jorge Iñarritu.
Vol. 80, pg. 25. Amparo en revisión 2020/75. José Osorio Santos. 28 de agosto de 1975. 5 votos.
Ponente: Carlos del Río Rodríguez.
Vols. 91-96, pg. 47. Amparo en revisión 6161/75. Manuel Romero Lizárraga y otros. 8 de julio de 1976.
5 votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez.
Vols. 97-102, pg. 26. Amparo en revisión 5256/76. Pedro Flores Contreras y otra. 9 de marzo de 1977.
5 votos. Ponente: Arturo Serrano Robles.
Vols. 97-012, pg. 26. Amparo en revisión 53/90. Baldomero Monarrez Hernández y otros. 2 de mayo
de 1977. 5 votos. Ponente: J. Alfonso Abitia Arzapalo.
NOTA: En el apéndice 1917-1975 la presente tesis aparece relacionado con la jurisprudencia núm. 71,
Tercera Parte, pág. 149, publicándose solo con el primero procedente.
En el Apéndice 1917-1988 el segundo precedente se publica en el número 2020/76."
Asimismo, en lo que se refiere a la adquisición de Terrenos Propiedad de la Nación, la legislación
aplicable es muy clara al establecer los requisitos necesarios para la expedición del título que acredite su
substracción del dominio de la Nación, tal y como se corrobora con la tesis sustentada por la Tercera
Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Epoca: 6A, Volumen: CXIV, página: 37, bajo el rubro:
"TERRENOS BALDIOS Y NACIONALES, PROCEDIMIENTO PARA ADQUIRIR TERRENOS
NACIONALES CONFORME A LA LEY DE. TEXTO: El artículo 8o. de la Ley de Terrenos Baldíos y
Nacionales, dispone en lo conducente: que todo mexicano, por nacimiento o por naturalización, mayor de
edad y con capacidad legal para contratar, tiene derecho, en los términos de la presente ley, para adquirir
a título oneroso terrenos nacionales y sus demasías en las extensiones fijadas por la misma. En todo
terreno que como nacional se ha solicitado en compra, el interesado debe colocar avisos en lugares
visibles del terreno, de que está tramitando esa ante la Secretaría, fijando además un croquis con los
límites que abarque (artículo 11). Acordada la venta de un terreno nacional, la Secretaría celebrará con el