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Miércoles 16 de agosto de 2000 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 193
Por auto de veintinueve de enero de mil novecientos noventa y siete, se tuvo por radicado el presente
juicio en este Tribunal Superior, se registró bajo el número 47/97, notificándose a los interesados en
términos de ley y a la Procuraduría Agraria, se turnó a esta Magistratura para que fuera dictada la
resolución que en derecho correspondiera, y
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos: tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; y 1o., 9o. fracción
VIII, y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
SEGUNDO.- La presente resolución se dicta en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo
número D.A. 1457/98, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso José de
Jesús Zúñiga Mendoza, contra el acto reclamado al Tribunal Superior Agrario, consistente en la resolución
definitiva dictada el dos de octubre de mil novecientos noventa y siete, que declaró la afectación del predio
de su propiedad denominado "La Colomera", con superficie de 114-62-55 (ciento catorce hectáreas,
sesenta y dos áreas, cincuenta y cinco centiáreas) de agostadero cerril, considerada como demasías
propiedad de la Nación. En cumplimiento de la Ejecutoria de Amparo; tercero transitorio del Decreto de
seis de enero de mil novecientos noventa y dos, que reformó el artículo 27 Constitucional; tercero
transitorio de la Ley Agraria; y cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, por
acuerdo de treinta de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, resolvió dejar insubsistente la
sentencia en comento para que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, en su oportunidad,
formule el proyecto de sentencia, y lo someta a la aprobación del pleno.
TERCERO.- El requisito de procedibilidad a que se refiere el artículo 241 de la Ley Federal de Reforma
Agraria quedó satisfecho, al comprobarse que las tierras concedidas al poblado solicitante por dotación y
primera ampliación, se encuentran en su totalidad debidamente explotadas.
CUARTO.- La capacidad agraria individual se define en función del cumplimiento por parte de cada
campesino, de los requisitos que prescribe el artículo 200, de la Ley Federal de Reforma Agraria en
relación con los artículos 287 y 288 del propio ordenamiento y el número de capacitados se determina
conforme a lo prescrito en el artículo 220 de dicho ordenamiento legal.
La capacidad agraria individual de quienes suscriben una solicitud de ampliación, sólo puede
determinarse mediante la realización de las diligencias censales a que se refieren los artículos 287 y 288,
ya que es en tales diligencias en las que se pueden comprobar los extremos a que nos conduce el artículo
200 de la Ley Agraria que se viene invocando. Esto es la capacidad individual en materia agraria no es
posible determinarla por la sola suscripción que se haga de la solicitud que dio inicio al procedimiento
relativo, sino que es menester de la información que resulte de los trabajos censales.
En la especie, los solicitantes satisfacen los requisitos del artículo 197, fracción II, de la Ley Federal de
Reforma Agraria para requerir la ampliación, toda vez que ninguna de ellos tiene parcela registrada, y por
lo que atañe a la ausencia de los integrantes del Comité Particular Ejecutivo, tal ausencia en modo alguno
constituye una causal de improcedencia de la acción intentada (solicitud de ampliación), justo porque
únicamente la desaparición del grupo, como entidad social provoca jurídicamente la improcedencia de la
acción, de tal forma que si de este grupo queda un solo miembro del censo original, éste puede hacer que
se convalide el censo nuevamente.
La razón de esta argumentación se encuentra en el hecho de que el Comité Particular Ejecutivo,
constituye un órgano que prevé la Ley para la atención del procedimiento relativo, de tal forma que si sus
integrantes de aquél, nada hacen o desaparecen, ello no afectará ni la validez del procedimiento ni la
validez de la resolución que se dicte.
Ahora bien, en cuanto a lo señalado por Ramón Moreno Zermeño (se ostentó como miembro del
Consejo de Vigilancia del poblado "La Taberna"), respecto de que el grupo se desintegró, es oportuno
señalar que dicha persona no probó la persualidad con la que se ostenta, ni obra en autos constancia
alguna que pruebe que tiene tal carácter, y a mayor abundamiento, al no ser miembro del grupo
solicitante, con capacidad individual probada, resulta que a tal persona no se puede atribuir ningún interés
jurídico legítimo para intervenir en el juicio, en los términos del artículo 1o. del Código Federal de
Procedimientos Civiles. Asimismo, de conformidad con el artículo 202 del mismo ordenamiento antes
invocado, lo informado por Ramón Moreno Zermeño carece de valor por ser contrario a las constancias de
autos, según las cuales, mediante actuaciones de las autoridades agrarias competentes, actuando en
ejercicio de sus atribuciones se verificó que existen 43 (cuarenta y tres) campesinos con capacidad
agraria individual, y por el contrario, no existe ninguna constancia que desvirtúe estos informes y menos
que el grupo se hubiese desintegrado.