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Miércoles 16 de agosto de 2000 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 171
10-52-00 (diez hectáreas, cincuenta y dos áreas) de Juan Gutiérrez Ayala; 26-05-00 (veintiséis hectáreas,
cinco áreas) de José Alvarado Rivera; 13-87-00 (trece hectáreas, ochenta y siete áreas) de Enrique Allen
Trejo; 12-55-00 (doce hectáreas, cincuenta y cinco áreas) de Raúl Garza Urtusastegui; 13-30-00 (trece
hectáreas, treinta áreas), de Luis Antonio Ramos Ramos; 38-08-00 (treinta y ocho hectáreas, ocho áreas)
de Héctor Moreno Cervera; 55-59-00 (cincuenta y cinco hectáreas, cincuenta y nueve áreas), de Celina
Martínez de Moreno; 14-70-00 (catorce hectáreas, setenta áreas) de Juan Miguel Rodríguez González; 3-
07-00 (tres hectáreas, siete áreas) de Hipólito Padilla Olivares; 1-60-00 (una hectárea, sesenta áreas) de
Mario E. Ramírez Cervantes, y 5-13-00 (cinco hectáreas, trece áreas) de Vicente Monsiváis Muro.
Ahora bien, cabe señalar que de la superficie que antecede, en los trabajos realizados en primera
instancia se había considerado como afectable el predio propiedad de Jorge Lamadrid Pérez Abreu, con
superficie analítica de 79-59-00 (setenta y nueve hectáreas, cincuenta y nueve áreas), al haberse
encontrado inexplotado y en posesión de los campesinos solicitantes; sin embargo, de los trabajos
realizados por Salvador Acosta de la Cruz y el ingeniero Juan José Esparza Cardoso, de cuyos informes
de veintiuno de agosto de mil novecientos ochenta y seis y veintidós de septiembre de mil novecientos
ochenta y siete, respectivamente, se conoce que en trabajos preliminares existía un error en cuanto a la
ubicación de la zona urbana, toda vez que ésta se reportó dentro de los predios de Mario E. Ramírez
Cervantes, constatándose que dicha zona urbana se encuentra constituida por una cripta, casas
habitación, una iglesia, una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, una escuela primaria y una
bodega Conasupo, que corresponde a lo que es el casco de la Exhacienda de Vallejo y que forma parte de
los terrenos de Jorge Lamadrid Pérez Abreu; situación que se constata en oficios que corren agregados al
expediente que se estudia, de ocho de junio de mil novecientos setenta, dirigido por el Gobernador
Constitucional del Estado, a Benito Solís Luna, por medio del cual da su anuencia para la constitución de
la Sociedad Granjas Productivas Potosinas, Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada de Capital
Variable, y el funcionamiento de la zona urbana que proveerá a los agricultores; oficio XIX/213-A, signado
por el Director de Derechos Agrarios de la Dirección General de Tenencia de la Tierra, de veintitrés de
marzo de mil novecientos noventa y tres, por medio del cual solicita al Delegado Agrario en la Entidad
Federativa, se respete la superficie que comprende el casco de la Hacienda de Vallejo, en los trabajos que
se realizan para beneficiar al poblado que nos ocupa; y oficio V-105-89.1073, de ocho de diciembre de mil
novecientos noventa y tres, por medio del cual el Consejero Agrario Titular, solicita al Secretario General
del Cuerpo Consultivo Agrario, que en base a los trabajos y documentos que integran el expediente del
núcleo gestor, se respete la superficie que conforma el casco de la Hacienda de Vallejo; documentos que
también anexa entre otros, a su escrito Juan Carlos Solís Mendoza, en representación de Jorge Lamadrid
Pérez Abreu, como socio de la Sociedad que representa, a los cuales se les concede valor probatorio
pleno en términos los artículos 79, 129, 197, 200 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles y de
conformidad con el 167 de la Ley Agraria. En consecuencia, dicho predio con superficie analítica de 79-
59-00 (setenta y nueve hectáreas, cincuenta y nueve áreas), en términos del 262, fracción I de la Ley
Federal de Reforma Agraria, resulta inafectable para satisfacer las necesidades agrarias del núcleo
promovente; además de que la vocación de los terrenos de la misma, no está dirigida a fines
agropecuarios.
Asimismo, de los predios que se proponen en afectación, los relativos a Enrique Allen Trejo, Mario E.
Ramírez Cervantes y Juan Miguel Rodríguez González, cabe señalar, que si bien es cierto con fecha seis
de octubre de mil novecientos ochenta y uno, por lo que toca al primero de ellos, dieciséis de mayo de mil
novecientos ochenta y cuatro, respecto al segundo, y cuatro de agosto de mil novecientos noventa y siete,
comparecieron en defensa de sus predios, mediante escritos que se describen en los resultandos décimo
segundo, décimo cuarto y vigésimo cuarto de esta sentencia, cuyas pruebas analizadas y valoradas a la
luz de lo establecido por los artículos 79, 129, 133, 197, 200 y 203 del Código Federal de Procedimientos
Civiles y de conformidad con el 167 de la Ley Agraria, no logran desvirtuar la inexplotación atribuida
desde los primeros informes de los trabajos técnicos realizados de trece de noviembre de mil novecientos
ochenta y los subsecuentes, encontrándose en posesión y usufructo de las superficies que se proponen en
afectación de sus predios desde mil novecientos setenta y dos, los solicitantes; en consecuencia resultan
afectables, en términos de lo ya señalado.
Por mandamiento gubernamental de veintinueve de julio de mil novecientos setenta y cinco, se afectó
también en provisional 375-00-00 (trescientas setenta y cinco hectáreas), del predio de José Luis López
Quintero, María Amparo Flores de López, José Buenaventura y Virgilio López Flores, con superficie total
de 1,642-35-00 (mil seiscientas cuarenta y dos hectáreas, treinta y cinco áreas), así como del predio
denominado "Rancho Lupita", propiedad de Guadalupe López Flores, con superficie de 301-62-65
(trescientas una hectáreas, sesenta y dos áreas, sesenta y cinco centiáreas), los dos de agostadero en
terrenos áridos; cuyos propietarios comparecieron en diversas ocasiones durante la substanciación del
procedimiento, y ante el propio Tribunal Superior Agrario, cuyos alegatos y pruebas, se transcriben en los
resultandos que anteceden, mismos que se analizan y valoran a la luz de lo establecido por los artículos