16ago00.pdf

154 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 16 de agosto de 2000
la misma, deberá identificarse la superficie que deberá ser respetada como pequeña propiedad
inafectable, en forma permanente, ajustándose a lo previsto para el caso, en la derogada fracción XV, del
artículo 27 constitucional; y en los artículos 249 y 250 de la Ley Federal de Reforma Agraria, también
derogada, ambas de aplicación transitoria; pues considerar lo contrario, es decir, que el propietario de la
superficie amparada por una concesión de inafectabilidad ganadera temporal, puede al término de ésta
conservar como inafectable en forma permanente, una superficie del mismo predio concesionado, mayor
a la que le corresponda conforme a las disposiciones legales antes citadas, a condición de dar una
superficie en compensación, se tendría que aceptar también, que una persona que es propietaria de un
predio ganadera, que rebasa los límites de la pequeña propiedad ganadera inafectable, podría conservar
la superficie en que excediera a la legalmente inafectable, con tal de dar en compensación, un predio con
superficie equivalente, a la autoridad agraria, lo que no es jurídicamente posible; pues en nuestro régimen
jurídico agrario se establece, en forma imperativa, y no potestativa, que nadie podrá poseer en propiedad
una superficie mayor a la prevista por las disposiciones antes invocadas. Pero además, en la especie, la
superficie que se entregó en compensación, sólo equivale a 1,300-00-00 (mil trescientas hectáreas) de
agostadero de mala calidad, de acuerdo a las equivalencias que establece el artículo 250 de la Ley
Federal de Reforma Agraria, de aplicación transitoria y no a la totalidad de la excedencia afectable, que es
de 2,643-00-00 (dos mil seiscientas cuarenta y tres hectáreas) de agostadero de mala calidad.
Por otra parte, el convenio de marras resulta también nulo de pleno derecho, porque el referido
Director General, carecía de facultades expresas para intervenir en él; pues nuestro sistema constitucional
se rige, en materia de competencias, por el principio de atribuciones específicamente conferidas y no se
puede actuar válidamente si no es dentro de los límites de esa competencia y, la falta de ésta, se traduce
administrativamente hablando en una ausencia de voluntad creadora del acto jurídico, por ende, el
Director General de Tenencia de la Tierra actuó sin tener la competencia y atribución necesarias en el
convenio de finiquito, y por ello, no se puede considerar que éste haya producido consecuencias jurídicas,
ya que, la actuación de una autoridad, fuera de sus atribuciones legales, no puede considerarse como
actuación de un órgano de la administración pública, sino como simple particular, en los términos del
artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.
Lo antes señalado, se corrobora con lo dispuesto por el Reglamento Interior de la Secretaría de la
Reforma Agraria, publicado en el Diario Oficial de la Federación del siete de abril de mil novecientos
ochenta y nueve, derogado, pero vigente en la época en que se celebró el referido convenio, en cuyo
artículo 7o. se consignaba como atribución del Oficial Mayor, la de autorizar convenios y contratos en los
que la citada dependencia fuera parte, sin que entre las atribuciones del Director General de Tenencia de
la Tierra, se encuentre la de poder suscribir convenios en nombre de la misma dependencia; por tanto, el
referido convenio de finiquito, no puede engendrar ningún efecto jurídico.
Pero, además, ninguna autoridad agraria tiene atribución o facultad legal alguna, para convenir
respecto de superficies legalmente afectables, condiciones que contravengan disposiciones de orden
público, que, como las que rigen la materia, no son de carácter potestativo, sino imperativo.
Al término de la Concesión de Inafectabilidad Ganadera que nos ocupa, el propietario, pudo solicitar la
localización de la pequeña propiedad y tramitar la Declaratoria de Inafectabilidad Ganadera permanente, o
se le pudo señalar de oficio, de conformidad con los artículos 99 a 114 del Reglamento de Inafectabilidad
Agrícola y Ganadera; 253 y siguientes, de la Ley Federal de Reforma Agraria, que reproduce
sustancialmente lo prescrito al respecto, en el Código Agrario de mil novecientos cuarenta y dos, en su
artículo 105 y siguientes, vigente en la época en que se otorgó la referida concesión de inafectabilidad
ganadera por veinticinco años, en relación con la derogada fracción XV del artículo 27 constitucional; 249
y 250 de la Ley Federal de Reforma Agraria, derogadas de aplicación transitoria; pero como no lo hizo, la
Comisión Agraria Mixta inició el procedimiento relativo de oficio, y se señaló la pequeña propiedad que
correspondía en el caso.
En cuanto al alegato del amparista, en el sentido de que la acción debe declararse improcedente, en
virtud de que, de las tres personas que acudieron a la diligencia de intento de ejecución de la sentencia de
diez de junio de mil novecientos noventa y siete, impugnada, sólo dos de ellas aparecen entre los
beneficiados en dicha sentencia y, de éstas, sólo una de ellas es integrante de dicho comité, con el
carácter del Presidente del mismo, contraviniendo los artículos 17 y 18 de la Ley Federal de Reforma
Agraria, por lo que carecían de personalidad jurídica, debe señalarse, que en ningún precepto de la
derogada legislación agraria se condiciona la procedibilidad de la acción agraria, a la existencia o
permanencia del Comité Particular Ejecutivo, y menos a la falta de asistencia de éstos, a un intento de
ejecución de una sentencia invalidada. El Comité Particular Ejecutivo era un órgano gestor que preveía la
ley, para que alguien directamente interesado en la resolución satisfactoria de la acción correspondiente,
estuviera pendiente de la tramitación expedita de la misma.
Por lo que se refiere a su alegato de "...que en la especia no se reúne el requisito de procedibilidad
previsto por el artículo 198, de la Ley Federal de Reforma Agraria, en virtud de este numeral establece