AGUILA

Por Walter Ewing
Los inmigrantes son consumidores y
empresarios que crean trabajos mediante su
poder de compra y los negocios que establecen,
ambos sostienen trabajos en Estados Unidos y generan
nuevas corrientes de ingresos fiscales.
Una de las preguntas más importantes que están
siendo formuladas acerca del proyecto de ley de
inmigración del Senado (S.744) es como este
impactará a la economía. Ya existe un consenso
amplio entre los expertos económicos que la reforma
migratoria seria un beneficio neto en términos de
trabajos, niveles de salarios, ingresos fiscales, y
Producto Interno Bruto (GDP por sus siglas en inglés).
Como lo reporta Político el 8 de mayo, por ejemplo,
un nuevo estudio por la Administración de Seguro
Primer Plano-Front page
Social estima que “por 2024, el proyecto de ley de
inmigración habría creado 3.22 millones de trabajos, y
estimulado el GDP por 1.63 por ciento”. Sin embargo,
el cálculo más esperado por todos es el de la Oficina
de Presupuesto del Congreso (CBO por sus siglas en
inglés), el cual estará pronto “calificando” al proyecto
de ley en términos de sus consecuencias fiscales.
En una señal de altos riesgos involucrados en
calificar un proyecto de ley de inmigración en el
actual clima político, el Rep. Paul Ryan, presidente
del Comité de Presupuesto de la Cámara, pidió
al CBO una explicación de cómo analizaría el
impacto económico de la legislación de la reforma
de inmigración. El Director del CBO Douglas W.
Elmendorf respondió al Rep. Ryan en una carta del
2 de mayo, la cual el también resumió en una nota
del blog de CBO. Elmendorf escribió que la CBO
el AguilA Mayo/May 15, 2013 - Junio/June 18, 2013 3
Impacto económico del proyecto de ley de la reforma migratoria del Senado
Economic impact of the Senate
immigration reform bill
By Walter Ewing
Immigrants are consumers and entrepreneurs
who create jobs through their purchasing
power and the businesses they establish,
both of which sustain U.S. jobs and generate new
streams of tax revenue.
One of the most important questions being
asked about the Senate immigration reform bill
(S. 744) is how it will impact the economy. There
is already a broad consensus among economic
experts that immigration reform would be a net
economic benefit in terms of jobs, wage levels,
tax revenue, and Gross Domestic Product (GDP).
As reported in Politico on May 8, for instance, a
new study by the Social Security Administration
estimates that “by 2024, the immigration bill will
have created 3.22 million jobs, and boost GDP by
1.63 percent.” However, the most widely awaited
estimate is that of the Congressional Budget
Office (CBO), which will soon be “scoring” the
bill in terms of its fiscal consequences.
In a sign of the high stakes involved in scoring
an immigration bill in the current political
climate, Rep. Paul Ryan, Chairman of the House
Budget Committee, requested from the CBO an
explanation of how it would analyze the economic
impact of immigration reform legislation. CBO
Director Douglas W. Elmendorf responded to Rep.
Ryan in a May 2 letter, which he also summarized
in a post on the CBO’s blog. Elmendorf wrote
that the CBO would adopt the same approach
to analyzing the Senate’s current immigration
reform bill that it had used when examining the
2006 immigration reform bill.
As Elmendorf explains, the cost estimates
usually produced by the CBO are based on “the
assumption that macroeconomic variables such as
gross domestic product (GDP) and employment
remain fixed.” However, the 2006 bill, like the
current one, would have “the direct effect of
significantly increasing the size of the U.S. labor
force,” meaning that—to come up with an accurate
estimate of the bill’s fiscal impact—the CBO
would have to account for the increase in the “U.S.
population, employment, and taxable wages.” In
the case of the 2006 bill, the CBO concluded that
“the bill would increase federal revenues by $66
billion and direct spending by $54 billion over the
2007–2016 period.”
Just as important as what the CBO did include
in this baseline estimate is what it did not include.
Namely, as Elmendorf describes:
“CBO also prepared a supplemental analysis
encompassing a broader set of macroeconomic
effects, concluding that enacting the bill would
have increased GDP, on average, by between
0.3 percent and 0.4 percent from 2007 through
2011 and by 0.8 percent to 1.3 percent from 2012
through 2016. CBO estimated that those effects
would improve the budgetary impact of the bill by
a total of $20 billion to $30 billion over the 2007–
2011 period and $60 billion to $130 billion over
the 2012–2016 period.”
In other words, the more of the “ripple” effects
one accounts for, the greater the fiscal benefits of
immigration reform turn out to be.
Put simply, immigrants—be they newly
arrived through legal channels or newly
empowered through legalization—do not simply
pay income taxes and consume public benefits.
They are workers who add value to the economy
through what they produce. They are consumers
and entrepreneurs who create jobs through
their purchasing power and the businesses they
establish, both of which sustain U.S. jobs and
generate new streams of tax revenue. The CBO
should keep all of these variables in mind as it
scores the immigration reform bill now making
its way through the Senate. This is the only way
to accurately gauge what the impact of the bill is
likely to be.
Source: Immigration Impact
adoptaría el mismo método para analizar el actual
proyecto de ley de reforma migratoria del Senado que
la que había usado cuando examinó el proyecto de ley
de la reforma inmigratoria de 2006.
Como explica Elmendorf, los cálculos del costo
usualmente producidos por CBO están basados en “la
suposición que las variables macroeconómicas tales
como el producto interno bruto (GDP por sus siglas en
inglés) y el empleo permanecen fijos”. Sin embargo,
el proyecto de ley de 2006, como el actual, tendría
“el efecto directo de significantemente aumentar el
tamaño de la fuerza de trabajo de los Estados Unidos”,
significando que—para surgir con un cálculo veraz del
impacto fiscal del proyecto de ley—la CBO tendría
que tomar en cuenta el aumento de la “población de
los Estados Unidos, empleo, y salarios gravables”. En
el caso del proyecto de ley de 2006 la CBO concluyo
que “el proyecto de ley aumentaría las utilidades
federales por $66 mil millones y gastos directos por
$54 mil millones sobre el periodo 2007-2016”.
Tan importante como lo que la CBO incluyo en el
cálculo básico es lo que no incluyó. Específicamente,
como Elmendorf lo describe:
“La CBO también preparó un análisis
complementario abarcando un amplio set de efectos
macroeconómicos, concluyendo que promulgando
el proyecto de ley aumentaría el GDP, en promedio,
entre 0.3 por ciento desde 2012 hasta 2016. La CBO
calculó que esos efectos mejorarían el impacto
presupuestario del proyecto de ley por un total de
$20 mil millones a $30 mil millones en el período de
2007-2011 y $60 mil millones a $130 mil millones en
el período de 2012-2016”.
En otras palabras, entre más del efecto “domino”
uno toma en cuenta, mayores los beneficios fiscales
de la reforma de inmigración resultan ser.
En resumen, los inmigrantes—ya sea recién
llegados mediante canales legales o recién facultados
mediante la legalización—no simplemente pagan
impuestos y consumen beneficios. Ellos son
consumidores y empresarios quienes crean trabajos
mediante su poder adquisitivo y los negocios que
ellos establecen ambos sostienen trabajos en los
Estados Unidos y generan nuevas corrientes de
ingresos fiscales. La CBO debe mantener todas estas
variables en mente mientras califica el proyecto de
ley de inmigración ahora, abriéndose camino hacia
el Senado. Esta es la única manera de verazmente
calcular cómo será el impacto del proyecto de ley.
Fuente. Immigration Impact