análisis y evaluación de los mecanismos de control ciudadano en la ...

procesos de informatización y la permanente crisis fiscal atentan contra la incorporación
de nuevas tecnologías de información. Desde el punto de vista externo, la universalización
de usuarios conectados a la red es un ideal difícil de alcanzar en el corto
plazo. Por todo esto, aumentan nuestras dudas sobre la efectividad y el impacto de
este proceso a corto y mediano plazo. Si recordamos que nuestra Constitución se ubica
en la zona de participación que hemos denominado gris, es decir, que integra la
zona compuesta por aquellas Constituciones que desde el punto de vista legal sólo
permiten un nivel intermedio de participación ciudadana, al lector atento no debería
resultarle extraño el resultado obtenido en nuestro estudio de campo. Por un lado,
señalamos que ni el CONICET ni la AFIP-DGI presentan mecanismos de accountability
que puedan poner a prueba la capacidad de los funcionarios públicos de rendir cuentas por
parte de la ciudadanía. Hasta tanto la AFIP-DGI no institucionalice su proyecto de
Defensoría del Contribuyente, que representaría un buen ejemplo de accountability,
podemos afirmar que este organismo sólo presenta, en términos comparativos, mejores
mecanismos de acceso a la información pública que el CONICET. Sin embargo,
también hemos afirmado que esto se explica, entre otras razones, por la distinta función
que ambos organismos realizan (lo que determina el tipo de interacción que
mantiene con la ciudadanía), por la diferencia de recursos disponibles (humanos y
financieros) y por su clientela (la cooptación del CONICET vs. el poder de policía de
la DGI). En consecuencia, ninguno de los dos organismos privilegia una política de
apertura amplia a la ciudadanía, en la cual el ciudadano como tal, sin mediaciones políticas
ni organizativas, pudiera poner a prueba la capacidad de accountability de los
funcionarios responsables de los organismos estudiados.
Convencidos que la incorporación de mecanismos de control ciudadano es beneficiosa
para la Administración Pública en tanto puede contribuir a superar la ineficiencia y la
crisis de legitimidad que sufren las organizaciones estatales, podemos afirmar que ello
representa un desafío que debe ser encarado por los responsables de los organismos
estudiados a la brevedad. En este sentido, consideramos que la AFIP-DGI cuenta con
los recursos institucionales, humanos, financieros y tecnológicos necesarios como
para llevar adelante este proceso de reforma. Por su parte, creemos que el CONICET
debe superar en primer lugar sus dificultades internas antes de iniciar la reforma. De
lo contrario, es probable que la cooptación del organismo por parte de su clientela sea
mayor que la actual. Un riesgo que, sin dudas, debería evitarse.
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