análisis y evaluación de los mecanismos de control ciudadano en la ...

tración Pública Nacional. En particular, nos referimos al tiempo de respuesta establecido
por la Ley, que debería estar más relacionado con la capacidad institucional de la
Administración Pública que con los estándares internacionales del derecho. Por último,
señalamos las ventajas y desventajas que traería aparejada la creación del Comisionado
de la Información. Si bien la creación de una ventanilla única aumentaría la
visibilidad pública del organismo de aplicación de este derecho, su creación no solucionaría
uno de los puntos débiles de nuestra Administración Pública como es el déficit
de capacidad institucional.
A lo largo de las dos últimas décadas hubo en nuestro país una serie de reformas de la
Constituciones provinciales. Con la excepción de Entre Ríos (1933), Neuquén (1957),
Misiones (1958), Santa Fe (1962) y Mendoza (1965) todas las provincias argentinas
experimentaron en este periodo al menos una reforma de su Constitución. A pesar de
que en los proyectos de declaración de reforma se mencionaba la necesidad de incorporar
en la Carta Magna, entre otras cosas, nuevos institutos de democracia semidirecta
o de adecuar la misma a los ya existentes en la Constitución nacional, en el
capítulo 2 vimos que esa fundamentación no quedó plasmada en la letra de la Ley. El
mapa provincial de los mecanismos de control social nos muestra, en primer lugar,
que la reforma de la Constitución nacional no actuó como disparador para la posterior
incorporación de nuevos mecanismos de control en las Constituciones provinciales.
En segundo lugar, que la temática del control social no formó parte de la agenda
del proceso de reforma. En otras palabras, podríamos sostener que la participación
ciudadana en los procesos de fiscalización y control de los actos de gobierno no formaron
parte de la agenda pública, independientemente del partido político que gobernara
en ese momento la provincia en cuestión. Esto dio como resultado que la
mayoría de las provincias argentinas se ubicara en aquella zona que denominamos
negra, es decir, aquella zona integrada por las provincias en las cuales el ciudadano no
es tenido en cuenta como un actor integrante del proceso de implementación y/o
elaboración de las políticas públicas. A pesar de ello, queremos reafirmar la necesidad
de que la ciudadanía promueva acciones tendientes a adquirir estos nuevos derechos
(republicanos) dado que, históricamente, el proceso de adquisición de los mismos estuvo
marcado por el conflicto y la lucha.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la excepción en estos dos puntos (derecho
de acceso a la información y grado de participación permitida). Si la Constitución de
la Ciudad de Buenos Aires (de 1996) incorpora novedosos mecanismos de control
social (como la revocatoria de mandato o el presupuesto participativo), la Ley que
regula el acceso a la información del gobierno representa una novedad en el ámbito
del derecho argentino que debería ser imitado tanto por las provincias como por la
Nación.
Al finalizar el capítulo 2, presentamos las principales líneas del proyecto del Gobierno
Electrónico. Allí vimos que la aplicación de nuevas tecnologías de información al sector
público representa un desafío para el Estado argentino. La viabilidad de este proyecto
está sujeta a la superación de dos tipos de obstáculos: internos y externos al Estado.
Al interior del mismo, la heterogeneidad de organismos, la poca disponibilidad
de recursos humanos en algunos sectores de la Administración Pública para encarar
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