análisis y evaluación de los mecanismos de control ciudadano en la ...

CONCLUSIONES
El desafío de los mecanismos de control ciudadano para las instituciones públicas
La aparición de mecanismos de control ciudadano se explica como consecuencia de la
crisis de legitimidad de las instituciones políticas. El déficit institucional de la democracia
representativa, la incapacidad de los partidos políticos de incorporar a amplios
sectores de la ciudadanía al interior de sus estructuras, la ausencia de debates públicos
que manifiesten con claridad la orientación de las políticas públicas, la debilidad del
Poder Judicial y la incapacidad del Estado de aplicar la Ley en forma homogénea en
todo el territorio nacional son algunos de los factores explicativos para el surgimiento
de los mecanismos de control social en la Administración Pública. En segundo lugar,
las reformas del Estado en América latina abrieron, sin lugar a dudas, importantes
espacios para la participación de la ciudadanía en el proceso de control y fiscalización
de la gestión de gobierno. En algunas oportunidades esto quedó plasmado constitucionalmente
y en otras por medio de la promulgación de legislación nacional o la firma
de decretos que incorporaron en el ámbito de la Administración Pública mecanismos
de control y consulta como las audiencias públicas, la revocatoria del mandato
o el presupuesto participativo, etc. En tercer lugar, la expansión del tercer sector y la
presencia de una sociedad con tradición participativa también son condiciones que
facilitan el surgimiento de estos mecanismos de control. Independientemente de las
tensiones internas que sufren las ONG’s, existen en América latina organizaciones no
gubernamentales que llevan adelante interesantes programas de fiscalización y control
de los actos de gobierno con el objetivo de garantizar el interés público.
Según nuestra perspectiva, que coloca la atención en la relación que existe entre la
accountability y el control ciudadano, la posibilidad de que el ciudadano ejerza algún
tipo de control sobre la Administración Pública estará subordinada a la existencia de
un insumo clave como es el acceso a la información pública. El control sólo podrá ser
ejercido en la medida en que la ciudadanía tenga un acceso relativamente fácil a una
información pública que sea técnicamente objetiva y de sencilla interpretación. Por lo
tanto, todos aquellos mecanismos tendientes a aumentar el poder de la sociedad a través
de la información son insumos clave para el surgimiento y efectividad de estos
mecanismos de control. En este sentido, el Estado debería, en primer lugar, abrir espacios
públicos para la promoción, discusión y puesta en conocimiento de los distintos
proyectos de Ley sobre acceso a la información del gobierno. En segundo lugar,
una vez promulgada la Ley que regula el acceso a la misma, su reglamentación debería
ser lo más detallada posible con el objetivo de posibilitar un ejercicio efectivo del
mismo.
Como vimos en el capítulo 2, el Congreso de la Nación trató en el año 2000 un proyecto
de Ley que, creemos, con algunas pequeñas modificaciones debería ser sancionado
a la brevedad. Hemos señalado que estas modificaciones no se refieren a cuestiones
de fondo dado que el proyecto se ajusta en líneas generales a los parámetros internacionales
del derecho. Por el contrario, las reformas propuestas se orientan a lograr
que las prescripciones de la Ley puedan ser cumplidas en la práctica por la Adminis-
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