análisis y evaluación de los mecanismos de control ciudadano en la ...

accountability: en parte, se declaró, porque esas situaciones no se dan en la práctica. La
pregunta que nos hacemos en este caso es: ¿qué sucedería si, efectivamente, esa situación
se diera en los hechos? Algo que ningún funcionario respondió.
Por distintas razones, el caso del CONICET se presenta más problemático. En primer
lugar, resulta llamativo el alto grado de contradicción que se detectó en las respuestas
de los entrevistados –y no sólo entre ellos sino, al mismo tiempo, en sus mismos
discursos- 67 . En segundo lugar, en el caso del CONICET no existen fluidos mecanismos
de acceso a la información por parte de la ciudadanía. Por lo tanto, tampoco
existen instancias que permiten ejercer una accountability ni disposiciones para el desarrollo
de esta actividad. De acuerdo a las contradicciones descriptas en el párrafo
precedente, podría ser que esto sucediera, que los mecanismos funcionaran, pero también
resulta plausible afirmar todo lo contrario.
Por otro lado, cuando afirmamos que la AFIP-DGI parece tener mayores y mejores
mecanismos de acceso a la información que el CONICET, debemos tener en cuenta
una variable interviniente: la finalidad de la institución. Dado que la AFIP-DGI tiene
como objetivo recaudar los ingresos públicos y que, para ello, resulta imprescindible
la interacción con la ciudadanía, es evidente que la posibilidad de brindar información
que facilite dicha relación se convierte en un elemento central.
Asimismo, cuando se analizan los modos en que se brinda dicha información, se puede
observar que la misma es brindada en forma selectiva en ambas instituciones: tanto
en el CONICET como en la AFIP-DGI se admitió que el tipo de información publicada
o entregada requiere una capacitación (o especialización) previa para poder decodificarla,
es decir, entenderla. Así, la información llegaría a circuitos muy reducidos o,
si se quiere, cerrados. De esta forma, no resulta extraño que la información entregada
por parte del CONICET sea brindada y planificada para una comunidad cerrada –la
científica- y no a la totalidad de la ciudadanía, pero sí es contradictorio en el caso de
las posturas más abiertas manifestadas por los entrevistados de la AFIP-DGI. En consecuencia,
la información entregada no cumple con los requisitos de facilidad y objetividad
que, suponemos, puede ser útil para el ejercicio del control ciudadano.
En pocas palabras, podríamos afirmar que la falta de recursos económicos, la ausencia
de voluntad política o de capacidad institucional impiden el desarrollo de mecanismos
de difusión de la información que facilitarían un efectivo control ciudadano en ambas
instituciones. En resumen, en la lógica de los discursos expuestos, para una institución
-CONICET- la ciudadanía es un actor completamente ajeno a su práctica cotidiana y,
para la otra -AFIP-DGI-, la ciudadanía es un actor con el que se necesita interactuar
para solicitarle algo a cambio –extracción de recursos a cambio de bienes públicos-,
pero al que no se tiene en cuenta a la hora de permitirle la fiscalización o el control de
la institución.
Para finalizar con este análisis, nos parece importante destacar las falencias que presenta
un mecanismo de accountability “tradicional” como es el caso del libro de quejas.
Mientras en el caso de la AFIP-DGI fuimos informados que el mismo no es prác-
67 Esto fue particularmente evidente cuando se consultó a los entrevistados acerca de las limitaciones
temáticas y los requisitos para acceder a la información del organismo.
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