análisis y evaluación de los mecanismos de control ciudadano en la ...

· Cuando se afecte la intimidad de las personas o se incurra en una invasión a la
privacidad personal.
· Cuando implique la desprotección del secreto profesional o bancario.
· Cuando se trata de notas internas que sean parte del proceso previo a la toma de
decisiones y no formen parte de los expedientes.
· Cuando se trata de secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o
técnicos cuya revelación perjudique la competitividad de la Nación Argentina.
· Cuando se comprometan los derechos legítimos de un tercero, siempre y cuando,
el interés vinculado a la salud, medio ambiente y seguridad públicas no se vean
desprotegidos.
· Cuando se trata de secretos comerciales, y todo cuanto sea referido a información
financiera o bancaria, cuya publicación pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento
del sistema financiero o bancario.
· Cuando pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona 55 .
Pese que a primera vista parecen ser muchas las materias que se clasifican como reservadas,
el proyecto de Ley –tal como se viene de mencionar- se encuentra dentro de los
parámetros de la legislación comparada.
En aras de realizar una lectura prudente de los avances en la materia, debemos señalar
que representa una novedad que el derecho a la información pública se convierta en
un derecho explícito. Si bien en los Estados Unidos existe la mencionada Freedom of
Information Act desde el año 1966, en países como Gran Bretaña 56 y algunos de nuestra
región como Brasil, este derecho sólo se volvió explícito a partir de las décadas del
ochenta y noventa. Esto sin mencionar aquellos como Chile o Argentina, en los cuales
tal legislación aún no se hizo efectiva.
Por último, cabe mencionar que el proyecto de Ley establece dos limitaciones a la
prohibición de acceder a la información. La primera introduce lo que jurídicamente se
denomina “suspensión limitada del derecho”. Esto se debe a la exigencia al Poder Legislativo
como al Ejecutivo de fundamentar las razones de clasificar la información
reservada y, a su vez, que fijen la fecha a partir de la cual la información pasaría nue-
de accountability vertical. Por el contrario, la Ciudad de Buenos Aires se ajusta al caso americano dado
que autoriza a la legislatura.
55 En este punto, cabe destacar que la Freedom of Information Act de los Estados Unidos, hace mención
a “cierta información de fuerzas de seguridad o policiales cuya difusión pueda provocar peligro a la vida
o seguridad de una persona”; es entonces que surge la reflexión al respecto de la existencia de un vacío
en nuestra legislación, en cuanto en ella no se fija posición al respecto de la apertura al público de la
información manejada por las fuerzas de seguridad o policiales.
56 Si bien en Gran Bretaña existe desde 1958 la Public Records Act -la cual fija obligaciones al responsable
de la Public Record Office de proveer razonables facilidades en la obtención de copias e inspección
del material por él clasificado y ordenado- no puede, de ninguna manera, compararse este primer paso
con el dado por los Estados Unidos en 1966; o mismo por la formalización del derecho de acceso a la
información generada por el sector público nacional, regional o local, previsto en la ley de 1999.
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