análisis y evaluación de los mecanismos de control ciudadano en la ...

de entrega previsto para que el organismo consultado facilite la información y 4) formalización
de las quejas. Posibilidad de denuncias, reclamos y sanciones frente a eventuales
transgresiones del derecho.
Proyecto de Ley: Derecho de Acceso a la Información. Reglamentación 48 .
Antes de introducirnos en el análisis de las cuatro variables mencionadas, resulta pertinente
citar el artículo nº 1 de la Ley en el cual se manifiesta su objeto:
Artículo nº 1 -Objeto. La presente Ley tiene como finalidad reglamentar el derecho de
acceso a la información y la obligación de la administración central y descentralizada
de los poderes del Estado de hacer pública la información que obre en su poder o bajo
su control o que haya sido producida por o para dicha administración.
Variable Nº 1. Requisitos y costos previstos para el acceso a la información
A continuación se citan los artículos dos (2), cinco (5) y siete (7), en los cuales se evidencia
que son formalmente escasos los requisitos y costos previstos para el acceso a la
información, facilitándose de este modo la democratización de su demanda.
Artículo nº 2 -Legitimación. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información
de cualquier órgano perteneciente a la administración central y descentralizada
de los poderes del Estado, sin que sea necesario acreditar derechos subjetivos, interés
legítimo o las razones que motivan el requerimiento.
Artículo nº 5 -Tipo de información. La persona solicitante abonará los costos de la
reproducción o proveerá los medios para tal reproducción.
Artículo nº 7 -Solicitud de información. La solicitud de información a un organismo
comprendido en esta Ley deberá ser realizada por escrito, con el detalle necesario para
identificar la misma con un esfuerzo razonable. El organismo receptor no podrá denegar
la información por no cumplir con este requisito, sin antes haber dado posibilidad
a la persona solicitante de reformular el pedido y haberle brindado el asesoramiento
pertinente a tal efecto.
Si bien el hecho de que el requirente deba abonar los costos de la reproducción o proveer
los medios para su reproducción cercena de algún modo la igualdad en cuanto al
ejercicio de este derecho, la normativa propuesta se encuentra dentro de los parámetros
de gratuidad de la legislación comparada 49 . Por ejemplo, la Ley de Libertad de
48 Nos basamos en el proyecto de la Dip. Carrió (1429 –D.2000).
49 De hecho, debemos tener en cuenta que, por ejemplo, la Freedom of Information Bill inglesa de 1999
(18/11/1999 – Bill 5; página web: www.publications.parliament.uk) carga a cualquier requeriente no
solo en relación a los costos de reproducción de la información solicitada, sino que incluso es parte del
“fees notice” el tiempo que utiliza el funcionario en la búsqueda de información. A su vez, es llamativo
el que la clause once (11) de la propia ley desligue a las autoridades públicas de la obligatoriedad de
proveer la información demandada, en los casos en que los costos de hacerlo excedan ciertos límites –
fijados por el Secretario de Estado-. De esta manera, puede sostenerse, en principio, que nuestra legislación
se encuentra un paso más adelante que la del Reino Unido en cuanto a la gratuidad del acceso a la
información.
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