análisis y evaluación de los mecanismos de control ciudadano en la ...

INTRODUCCIÓN 1
Unas instituciones políticas que, por su diseño, no facilitan sino que obstaculizan la
participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones colectivas; una burocracia
imposibilitada de satisfacer el interés público como consecuencia de los sucesivos planes
de racionalización y ajuste que disminuyen su capacidad institucional; un Estado
incapaz de garantizar el imperio de la Ley sobre su territorio y que ejerce el poder de
manera patrimonialista; una sociedad signada por relaciones asimétricas de poder, con
grupos y sectores de excluidos sin voz, que sufren reiteradas lesiones de sus derechos
por la actuación del Estado, de sus agencias o de los privados. Estos son algunos de los
principales problemas que aquejan a la mayoría (¿o deberíamos decir a todos?) de los
países latinoamericanos. La temática del control ciudadano en la Administración Pública
puede ser situada entonces en el contexto del problema de la representación política
y de la relación entre la gestión estatal y el ciudadano. En otras palabras, al problema
de la rearticulación de las relaciones del Estado con la sociedad.
El proceso de reconstrucción institucional del Estado presenta, al menos, dos dimensiones:
primero, dotar al aparato estatal de los instrumentos necesarios para el logro
de una intervención efectiva en la formulación e implementación de políticas públicas
y, segundo, crear las estructuras institucionales necesarias que aseguren que las agencias
estatales -y sus funcionarios- actúen como representantes del interés público.
Además de la creación de incentivos institucionales que fomenten el compromiso y
aseguren la probidad de los funcionarios públicos, la realización de este doble objetivo
requiere la institucionalización de mecanismos de supervisión y control ciudadano
sobre la Administración Pública. Este aspecto alude a la exigencia de la rendición de
cuentas -accountability- por parte de los funcionarios públicos a la ciudadanía.
El control social en la Administración Pública puede ser visto como la contracara de
este proceso de accountability en la medida que su objetivo es poner en práctica la
capacidad de los funcionarios públicos de rendir cuentas por las acciones realizadas.
De esta manera, el control social puede definirse como aquellas acciones formales e
informales de control que son ejercidas por la ciudadanía no sólo en el plano electoral
sobre los representantes políticos sino también -y esto es lo más importante a los efectos
de nuestro trabajo- sobre los comportamientos individuales de los administradores
públicos y las organizaciones que brindan servicios públicos, cualquiera sea su carácter.
Definido en estos términos, el control social sobre la Administración Pública se
ejerce de abajo hacia arriba, cuando la sociedad se organiza autónomamente para ejercer
el control sobre aquellas instituciones en las cuales no tiene poder formal; o de
arriba hacia abajo, cuando el espacio para el ejercicio del control social es generado
desde el mismo Estado y se lleva a la práctica, por ejemplo, a través de la participación
ciudadana en los consejos directivos de las instituciones públicas.
El objetivo de este trabajo es analizar las posibilidades de incorporar en el ámbito de
1 Agradecemos la colaboración de todo el personal del INAP en la elaboración de este proyecto, especialmente
a Diego Grillo, Ernesto Calvo, Juan Pablo Micozzi, Belén Alonso y Julieta Suárez Cao.
Siendo tan valiosas las ideas y sugerencias recibidas a lo largo de este trabajo, sólo podemos culpar a
nuestra torpeza los errores u omisiones que aparezcan en el mismo.
3