análisis y evaluación de los mecanismos de control ciudadano en la ...

pecto de la posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a la información elaborada
y utilizada por el gobierno, tanto en su nivel nacional como provincial. Esto es,
de acceder a la documentación que manejan los organismos públicos -tanto centralizados
como descentralizados- más allá de los bancos de datos personales. Si bien este
principio está garantizado en el artículo nº 1 de nuestra Constitución 42 , los progresos
legislativos en la materia han sido hasta el momento incipientes 43 .
El Congreso Nacional y el libre acceso a la información pública 44
Hasta el momento, el Poder Legislativo no sancionó una Ley que regule el derecho de
acceso a la información pública. Sin embargo existen diversas propuestas (exactamente
ocho, siete de las cuales tienen como origen a la Cámara de Diputados y la restante, la
de Senadores 45 ) que fueron giradas en su mayoría a las Comisiones de Asuntos Constitucionales
y Derechos Humanos y Garantías. La orden Nº 506 de la Cámara de Diputados
de la Nación deja constancia del proyecto de Ley aprobado con dictamen
mayoritario -con dos disidencias parciales 46 y tres totales 47 - en las dos comisiones mencionadas.
El mismo surge de la consideración del proyecto de Ley de la diputada E.
Carrió y de tener a la vista los restantes proyectos girados hasta la fecha a ambas comisiones.
A los fines de nuestro trabajo, introducimos los puntos que consideramos mejor dan
cuenta de las posibilidades formales de acceso a la información que garantizaría esta
Ley, de prosperar el proceso legislativo en cuestión. Para ello, se organizan los contenidos
del proyecto según cuatro variables: 1) requisitos y costos previstos para el acceso a
la información; 2) limitación temática a la información pasible de ser consultada; 3) plazo
42 El artículo nº 1 dice “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana
federal, según la establece la presente Constitución”. La bastardilla es nuestra.
43 No queremos dejar de mencionar en este punto el Decreto del PEN 229/2000 por medio del cual se
crea el Programa “Carta Compromiso con el Ciudadano”, un claro ejemplo de hasta qué punto se está
intentando lentamente avanzar en dirección a una administración verdaderamente pública, en la cual el
derecho del ciudadano a informarse se encuentre plenamente garantizado. Véase al respecto López, A.
y Ruffolo, F., “Carta Compromiso con el Ciudadano”, DIEI, INAP, Buenos Aires, 2000.
44 Ya en el marco de los debates de la Convención Constituyente de 1994, la Comisión de Nuevos
Derechos y Garantías consideró cuatro (4) proyectos de reforma en los cuales se propugnaba la incorporación
de un derecho más general que el de hábeas data en cuanto al acceso a la información pública
o gubernamental. El dictamen de minoría alcanzado por esta Comisión, así como el último intento
conducido por la Comisión de Redacción –la cual tampoco consiguió más que un dictamen minoritario-no
lograron la incorporación de una medida más explícita. Para un estudio de los argumentos que
dan cuerpo al debate en torno a la incorporación expresa del derecho a la información pública en el
marco del capítulo segundo de la parte dogmática de la CN -denominada “Nuevos Derechos y Garantías”,
véase Chumbita, H., op. cit.
45 J. Domingo Zacarías-PJ, Entre Ríos; Nilda Garré-Frepaso, Capital y Gustavo C. Galland-Frepaso,
Pcia. de Bs.As.; Alfredo Bravo-Frepaso, Capital y Otros; Elisa Carrió-UCR, Chaco; Alejandro M.
Nieva-UCR, Jujuy y Jesús Rodríguez-UCR, Capital; Marta Palou-PJ, Misiones y Mario Das Neves-PJ,
Chubut; Simón Hernández-Frente Cívico y Social, Catamarca. El único proyecto que tiene al Senado
por Cámara de Origen es de Mario Losada-UCR, Misiones. Nótese que el Poder Ejecutivo Nacional
no ha presentado ningún proyecto de ley en la materia.
46 De Simón F. Hernández y Alberto A. Natale.
47 De Alfredo J. Castañón, Eduardo R. Di Cola y Guillermo A. Francos.
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