análisis y evaluación de los mecanismos de control ciudadano en la ...

las fuerzas locales o la incorporación en el gobierno de terceras fuerzas (como el
Frepaso en la Ciudad de Buenos Aires).
· Por su antigüedad, algunas Constituciones, como la de Entre Ríos (1933), Neuquén
(1957), Mendoza (1965), Misiones (1958) y Santa Fe (1962) necesitan ser actualizadas
para adecuar su normativa a la existente en la Constitución nacional.
Con estos datos podemos dividir a las provincias en tres zonas: a) blanca, integrada
por aquellas provincias que se ubican con un puntaje entre 14-10, que facilitan o consideran
valiosa la participación del ciudadano en el control de los actos del gobierno
(Ciudad de Buenos Aires); b) gris, está integrada por las provincias que, con un puntaje
de entre 9 y 5, se encuentran en una zona intermedia de participación permitida
(Río Negro, La Rioja, Chaco, Tierra del Fuego, Chubut, Córdoba, Misiones, Buenos
Aires, San Luis y Argentina) y c) zona negra, donde se ubica la mayoría de las provincias
argentinas, en las cual la participación del ciudadano no se toma en cuenta ni siquiera
desde el punto de vista legal/formal (Entre Ríos, Neuquén, Santa Fe, Mendoza,
Santiago del Estero, Tucumán, La Pampa, Santa Cruz, Jujuy, Formosa, Salta, Catamarca,
San Juan y Corrientes).
II.5. El derecho a la información pública en perspectiva comparada
Repetidas veces a lo largo del trabajo hemos señalado que el acceso a la información
del gobierno es un requisito fundamental para la existencia de un efectivo control
ciudadano de la Administración Pública ya que todo análisis o evaluación se asienta
sobre la base de una correcta información. La información gubernamental se presenta
entonces como la herramienta imprescindible para que el ciudadano pueda analizar,
juzgar y evaluar en forma completa los actos de gobierno.
El derecho de acceso a la información gubernamental se transforma, de esta manera,
en una de las fuentes de desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa
en tanto permite el control de los representantes y estimula la transparencia de los
actos de gobierno y la Administración Pública.
La existencia de este derecho presenta su contracara en la existencia del deber del Estado
de informar con veracidad, el cual resalta la función por parte de las autoridades
estatales de rendir cuentas a la ciudadanía. Por otro lado, este derecho encuentra su
fundamento en el principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno. A
pesar de esto, consideramos que es necesario, más allá de esta existencia implícita, un
reconocimiento explícito de este derecho a través de la sanción de la legislación correspondiente.
Teniendo en cuenta que la normativa jurídica sobre el derecho a la información puede
ser abordada desde distintos aspectos 41 , queremos identificar nuestro objeto de estudio.
Nuestro interés consiste en evaluar el “estado del arte” de nuestra legislación res-
41 Esto es, tanto desde la óptica del hábeas data, como del derecho a la información relacionada con la
transparencia en los mercados y en cuanto a la libertad de prensa y a la difusión de la información.
Véase Chumbita, H. (coord.), Nuevos derechos a la información, DNEyD, INAP, Ciudad de Buenos
Aires, 1999.
28